¿La industria del limón se deslocaliza?

En los últimos meses, la crisis desatada alrededor de los despidos y suspensiones en la industria citrícola se ha agravado, cientos de trabajadores perdieron sus puestos laborales y las patronales amenazan con avanzar con el ajuste. El sindicato de los obreros rurales (Uatre), por ahora, se ha mostrado inmóvil ante este desastre, que, sobre todo, afecta al personal de empaque y de fincas. Las ganancias de las grandes citrícolas han crecido durante todos estos años y sus negocios se han diversificado. El gobierno hace la vista gorda no solo ante las pérdidas de los puestos laborales, sino también a las condiciones inhumanas en las que trabajan, no se quieren meter con uno de los sectores industriales más poderosos de Tucumán. 

Los trabajadores dieron sobradas muestras de su disposición para enfrentar a sus explotadores, pero la burocracia sindical que responde a los patrones y al gobierno logra finalmente contener el descontento. En las intensas jornadas de lucha de 2019, ante el pedido de la Sociedad Rural, de Jaldo y la “justicia”, la policía reprimió ferozmente a los trabajadores, con detenciones, golpes y heridos de bala. 

A pesar de todo esto y si bien el reagrupamiento es incipiente, los trabajadores comenzaron a organizarse de manera independiente.

Veamos a dónde va la industria más importante de la provincia y una de las más importante del NOA.

Una breve historia

La industria citrícola está instalada en la provincia desde hace décadas y con el correr del tiempo se ha convertido en la principal exportadora y en una de las más importantes empleadoras de todo el NOA. 

Hace 40 años, la superficie plantada en la provincia era de apenas unas 6.000 hectáreas, que producían en su mayoría para la venta de limón como fruta fresca; al día de hoy existen unas 41.000 hectáreas plantadas y la producción se ha diversificado, el 75% de lo producido es para los derivados del limón: aceite, jugo, pulpa y cáscara. 

El complejo limonero exportó cerca de 500 millones de dólares en 2022, creciendo un 5,2% con respecto al año anterior, se ubica entre los 20 sectores que más exporta en Argentina y el primero en Tucumán. Comparado con la caña de azúcar, otro de los grandes complejos industriales de la provincia, exporta más del doble. Los principales destinos fueron la Unión Europea y Estados Unidos.

En la actualidad existen 10 plantas industriales y más de 35 empaques en la provincia, la mayoría de ellos pequeños y varios clandestinos, que conviven con empresas que operan a nivel internacional como San Miguel, Citromax, Citrusvil y Argentilemon. El complejo citrícola genera unos 91 mil puestos laborales, de los cuales casi un 90% son temporales. 

Explica mejor esto, el fenómeno de concentración. Está claro que se trata de un negocio de grandes empresas y productores. Desde finales de los años ’80 se ha visto una disminución constante de pequeños productores, plantaciones de entre 15 y 50 hectáreas que en algún momento eran comunes, ya prácticamente no existen. La dinámica del negocio está puesta en las grandes industrias y en plantaciones de más 200 hectáreas. Los pequeños fundos no resultan viables por los altos costos de producción y por no poder acceder a los mejores negocios: los derivados industriales y los contratos con grandes multinacionales como Coca-Cola y PepsiCo, que utilizan derivados del limón en sus productos.

Las principales empresas controlan el 32% del monte limonero tucumano, porcentaje que se eleva al 58% añadiendo explotaciones agropecuarias con más de 500 hectáreas de limón implantado. Todo ello no es más la muestra del proceso de concentración de la tierra, y del poder de decisión, que en el complejo agroindustrial limonero tucumano se ha incrementado de manera muy notable. Es más, como ya indicamos, las cuatro citrícolas más importantes de la provincia dan cuenta por sí solas prácticamente de la mitad de la actividad provincial. 

Con respecto al comercio mundial, en 2021, la Argentina se destacó por ser el principal proveedor de aceites esenciales de limón y de jugos de agrios con una participación aproximada del 34 y 24%, respectivamente, de las ventas externas totales. Desde hace varios años, la industria avanza con la apertura de nuevos mercados: Rusia, China, India, o inclusive la vuelta de la fruta fresca a Estados Unidos, bloqueada en 2001 por la circulación de una enfermedad de la fruta (cancrosis) que “amenazaba” a la industria norteamericana. Las negociaciones del gobierno de Macri, primero con Obama y luego con Trump (2018), destrabaron el bloqueo dispuesto en su momento gracias a la presión de los productores citrícolas californianos. Todo esto influyó para que la industria continúe su crecimiento incrementando sus ganancias. 

El avance de la industria y la relocalización

El año pasado, una de las citrícolas más grandes del mundo, San Miguel SA (fundada en 1991 por Franco Macri bajo el nombre Citrus Trade Famaillá), de fuertes vínculos con el macrismo, vendió su negocio de fruta fresca. La venta se cerró por casi 100 millones de dólares. En tiempo récord, como declaró su CEO, Pablo Miedziak (ex Aerolíneas, Techint, Tenaris, Sheraton y otros), se concretó el acuerdo entre las familias Otero Monsegur y Bemberg Miguens con el grupo español “Citri&Co” por las operaciones que tenía la citrícola en Sudáfrica y Perú. La empresa avanza en una reconversión, que ya significó más de 500 despidos, pero podría acarrear miles más. Es urgente avanzar con una campaña por la prohibición de los despidos, por la reincorporación de los despedidos y la expropiación sin indemnización de toda fábrica que cierre o despida. La defensa de los puestos de trabajo es una prioridad frente a los márgenes de ganancias que desean los capitalistas. 

El acuerdo de venta implicó además la exclusividad en la comercialización de la fruta fresca, que la compañía continuará produciendo desde Argentina y Uruguay. Pero dicha producción será solo para cumplir acuerdos ya pactados -es decir, con tendencias a desaparecer. Esta nueva estrategia empresarial es respaldada por el gobierno “nacional y popular” de CFK, Alberto y Massa. 

La reconversión 100% industrial que inició San Miguel SA trajo consigo el cierre del empaque a mitad de la temporada el año pasado, despidos, salarios miserables, mayor precarización, nuevas colocaciones de deuda, refinanciamiento de sus pasivos y ventas de tierras, mientras alista en Uruguay su nueva fábrica para aumentar la capacidad productiva. Posteriormente, se conoció la decisión de otro gigante de la industria, Citrusvil SA, propiedad de la familia Lucci, que se acopló rápidamente a la nueva estrategia, que más temprano que tarde completará la mayoría del sector. Existe una decisión de maximizar las ganancias apelando a los despidos y llevándose una parte importante del negocio a otros países que ofrecen mejores condiciones de explotación y sistemas financieros más laxos.

A raíz de todo esto, la incertidumbre atraviesa a miles y miles de trabajadores que, de manera directa o indirecta (tercerizadoras de mano de obra como La Asturiana, La Martina, Servicios y Soluciones Los Primos, Trading, etc.) se encuentran vinculados con estas empresas. La paritaria a la baja del año pasado, firmada a espaldas de los trabajadores y festejada por la dirección de Uatre -Ferreyra, Ferrari y sectores autoconvocados ligados a Jaldo-, sigue sin actualizarse, tampoco se otorgó el bono nacional decretado por el gobierno, pero desconocido por las patronales. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la industria nucleados en el sindicato de la alimentación (STIA), que dirige Sebastián Núñez.

Para los trabajadores de la Alimentación, la suerte no fue distinta que los de Uatre, sus salarios también quedaron lejos de compensar la inflación. La particularidad de la convivencia de dos sindicatos en una misma fábrica nos plantea el desafío de coordinar acciones de conjunto y lograr un mayor poder de lucha. 

¿Otro desastre como el de 1966?

En 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía produjo uno de los mayores desastres económicos y laborales de Tucumán. Con el decreto-ley 16.926 se intervinieron siete ingenios que luego se extendieron a 15. Las fábricas fueron cerradas, desmanteladas y miles de trabajadores de todo el NOA se quedaron sin sus puestos laborales. Los pueblos y ciudades donde estaban los ingenios cayeron en la penumbra y hasta el día de hoy no pueden salir del atraso generado por el cierre de la industria que les daba vida. 

La situación de hoy en el citrus se emparenta con la del ’66 en algunos aspectos. La industria citrícola es la que mayor cantidad de puestos laborales ofrece hoy en la provincia, más de 90.000; por otro lado, un sector de la economía se mueve a la par de la cosecha del citrus. El retiro de las citrícolas más importantes no solo dejaría un tendal de trabajadores desocupados, sino que dejaría en una situación complicada a decenas de proveedores que se mueven con los empaques. 

La relocalización que plantean las citrícolas más importantes no se hace de un día para el otro, como ocurrió con el cierre de los ingenios, se trata de un proceso de más largo aliento que se viene preparando lentamente. Primero se venden parte de los negocios y solo se garantizan los más rentables; en segundo lugar, se levantan plantaciones y se las sustituye por otros cultivos, como la caña de azúcar o la soja, y finalmente se cierra parte de los empaques, cuando el negocio ya está instalado en otras latitudes. 

Los trabajadores y sus organizaciones sindicales deben estar muy atentos ante esta situación, la inacción podría llevar a los trabajadores tucumanos a una catástrofe. La Uatre puede correr el mismo destino que la Fotia, que en su momento alumbró grandes luchadores sindicales y que ahora está reducida a un grupo burocrático al servicio de los gobiernos de turno. Los trabajadores citrícolas deben tomar en sus manos la tarea de correr a la burocracia sindical y recuperar los sindicatos como herramienta de lucha para defender los puestos laborales.

El limón de verano

Cuando se habla del citrus en nuestra provincia, generalmente se hace referencia a la campaña de exportación de fruta fresca que transcurre entre abril y septiembre, pero el 10% de la fruta que se vuelca al mercado interno contiene al “limón de verano”.

La campaña veraniega comienza en octubre y culmina en marzo (sin industria). En esta, se emplean trabajadores mayoritariamente en negro, ya sea para las tareas de cosecha, empaque o para las labores de campo. Para que la maquinaria de negocios entre la burocracia sindical, el gobierno y los empresarios no se detenga, los cosecheros deben soportar elevadas temperaturas (hasta 40°C) durante una jornada que inicia a la madrugada y puede terminar pasadas las 15 horas, y deben recorrer distancias extensas en busca del calibre 60 (tamaño del limón), el cual debe ser cortado principalmente con tijera.

Si consideremos que la paga de la maleta o bulto (20 kg) fue en promedio de $100 este verano y, además, que con suerte se puede llegar a juntar 15 maletas diarias, siempre que no llueva, en el mejor de los casos se obtiene un jornal de $1.500, con el cual no se puede adquirir ni siquiera un kg de carne.

Esto representa otro negocio redondo para las patronales que pueden vender la fruta por un valor hasta 30 veces mayor de lo que pagan durante la cosecha de invierno. En 2022, gracias al apoyo de Jaldo y Manzur, y de toda la oposición (Sánchez-Alfaro-Bussi), lograron que se declarase la emergencia del sector citrícola. Esto les permitió acceder a nuevos subsidios y promesas futuras de quita de retenciones, y por ese entonces la promesa del dólar limón.

Por otro lado, con el fin de mantener la “paz social”, el gobierno suele otorgar en diciembre un “plan provincial” por un par de meses. Esto le permite engordar a su burocracia sindical con una “caja negra” de unos 160 millones de pesos y permitirles otorgar el beneficio a quienes ellos quieran. El plan provincial, además, apunta a contener los excluidos del plan nacional “intercosecha”, de $24.000, que se define sobre la base de padrones del supuesto personal activo. De ambos programas quedan afuera miles de compañeros y compañeras. Ni hablar de que resultan totalmente insuficientes. Este tipo de planes resultan ser un subsidio encubierto a las patronales que se ahorran conflictos salariales gracias a los fondos provinciales. 

La unidad de los trabajadores ocupados y desocupados

La intervención del Polo Obrero en las luchas de los cosecheros fue recibida de la mejor manera por los trabajadores, en sus redes sociales saludaron la solidaridad del Polo y diversas jornadas de cortes se organizaron en forma conjunta, todo con absoluta naturalidad. Lo que sucede es que dentro del Polo hay trabajadores temporarios y en negro de distintas ramas; trabajadores del citrus, del arándano, la frutilla, que participan de la cosecha de la caña de azúcar, trabajadoras de casas particulares, docentes desocupados y, por supuesto, estudiantes de todo tipo.

Decenas de compañeros marchan con el Polo regularmente y durante la cosecha del limón van a las fincas a trabajar en negro. Esposas de cosecheros sostienen los comedores del Polo y estos mismos trabajadores mandan a sus hijos a los merenderos que se arman en los barrios para paliar un poco la miseria reinante. Cuando algunos periodistas entrevistaron a compañeras del Polo en los cortes no podían comprender cabalmente qué hacíamos allí. Están contaminados por la idea de que cada cual debe cuidar su rancho; es decir, que un trabajador debe luchar solo por sus intereses gremiales sin importar lo que le ocurra a la clase obrera de conjunto. Esta idea es promovida desde hace años por el peronismo para dividir a la clase obrera en función de intereses patronales. 

La burocracia de la Uatre tomó nota de esta unidad de acción y salió por los medios de comunicación a “denunciar” que el Polo estaba en los cortes, la respuesta fue inmediata: sí estamos y seguiremos estando. Las presiones del sistema para que cada organización se consuma en su propio jugo son diarias y constantes. Una secta es justamente una organización que está fuera de la lucha de clases que, sin importar lo que ocurra, se ocupa solamente de sus propios problemas. El gobierno empuja a las organizaciones piqueteras y a los sindicatos en este camino constantemente, les ofrece algunas prebendas con la condición de que abandonen las luchas de conjunto. La pelea del Polo Obrero es la de una organización que lucha por trabajo genuino junto a la clase obrera ocupada, pero con la mira puesta en que los trabajadores deben gobernarse por sí mismos. 

Con el decreto 514/2021, el gobierno trató en su momento de solucionar un reclamo de las patronales con respecto a la mano de obra y las dificultades para conseguirla, el decreto disponía una supuesta compatibilidad entre los planes sociales y el trabajo registrado. Las citrícolas se quejan por la supuesta falta de mano de obra disponible; sin embargo, no se detienen un segundo a pensar en las condiciones miserables que ofrecen para ‘contratar’, salarios de hambre y condiciones de trabajo insalubres. El verdadero objetivo del convenio firmado por la burocracia sindical, las patronales y el gobierno tenía por objetivo mantener a la baja los salarios de los trabajadores para reducir los costos empresarios. No existe tal falta de mano de obra en una provincia donde el trabajo es escaso y solo por temporada; el decreto, que vence en agosto de este año, prácticamente no tuvo efecto alguno, la gran mayoría de los trabajadores sigue en negro, sin aportes o cobertura social alguna.

La necesidad de pelear por la dirección del sindicato para la defensa de los trabajadores

El año pasado, José Voytenco (kirchnerismo) ganó la conducción del gremio. Se impuso por 8 votos de diferencia (584 congresales habilitados para votar) sobre la lista del ex diputado macrista y vicepresidente de Osprera (obra social del sindicato), Pablo Ansaloni (hoy vinculado al massismo). 

Si bien es la primera vez en la historia que la burocracia de la Uatre tiene dos listas, la continuidad del régimen del fallecido “Momo” Venegas está garantizada. Voytenco (actual secretario general) se dedicó a repetir mentiras mientras se paseaba por distintas provincias diciendo que su eje de campaña era la reapertura de paritarias, una supuesta lucha contra la corrupción y un bono de 100 mil -solo para trabajadores que cumplen tareas de manera permanente y continua, los miles de trabajadores temporarios (citrus, azúcar, frutilla, cereza, manzana, arándanos, tabaco, etc.) quedarían afuera. Se estima que 7 de cada 10 trabajadores rurales están en negro.

Voytenco se cansó de repetir que “Uatre no es lugar para corruptos”, haciendo clara alusión a la denuncia penal que tiene Pablo Ansaloni por malversación de 10 millones de pesos. Por el contrario, Voytenco no dice nada sobre el desfalco histórico al gremio que hicieron durante décadas Venegas y Ayala. Tampoco dijo nada sobre los vínculos del “Momo” con la “mafia de los medicamentos”. En su paso por Tucumán, felicitó al gobernador Osvaldo Jaldo, quien otorgó una caja negra de $160 millones a Germán Ferrari (interventor de la seccional), sobre los cuales no existe ninguna rendición de cuenta. Finalmente, Voytenco lleva sus denuncias hasta el punto necesario para convencer a los trabajadores rurales, pero da muestras claras al gobierno y las patronales que no saca los pies del plato. 

Ninguna de las listas presentadas planteó una alternativa real para los trabajadores rurales. La descomposición de este régimen sindical no solo se evidencia en la nula defensa del trabajador por parte del sindicato, sino en el método utilizado para dirimir sus negocios, los tiros. Ambas facciones disputan una caja millonaria, 7.200 millones en Uatre y 2.800 millones en la obra social; un mes antes de las elecciones, un sicario de apellido Vallejo (vinculado al narcotráfico, al clan Romero de Rosario) asesinó de siete disparos al chofer de Ansaloni (Mauricio Cordara).

Las elecciones del gremio resultan totalmente ajenas al trabajador rural, porque al sindicato le conviene. No existe la democracia sindical ni asambleas, y mucho menos delegados que defiendan los intereses de los trabajadores rurales. Es evidente que aquellos que tienen que defendernos trabajan para el enemigo. Para que esto cambie es necesaria una inmediata intervención independiente de los trabajadores. Mientras pasa el tiempo y las elecciones, Voytenco se mantiene al frente del sindicato, lo único que logra es hundir a las familias rurales en la informalidad, la pobreza y la indigencia. El contraste es enorme con los ingresos de las patronales del campo, que se apropian de toda la riqueza generada por los trabajadores y han amasado fortunas a costa de ellos. 

Es por todo esto, y mucho más, que necesitamos enfrentar a la dirección del gremio que pacta año tras año con la Sociedad Rural y los gobiernos de turno. Avancemos en la unidad de la vanguardia obrera, para organizarnos de manera independiente y luchar por todas las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores rurales. 

La orientación capitalista de la producción citrícola es incompatible con el bienestar social y ambiental de quienes habitamos la provincia. Proponemos que de inmediato se prohíban los despidos en la industria, la reapertura de los empaques cerrados, la reducción de la jornada laboral a 6 horas y una cobertura de obra social durante todo el año. Un salario igual al costo de la canasta familiar como base para todos los trabajadores ligados a la actividad, con actualización mensual por inflación, tanto en campaña de invierno como de verano. Que se abran los libros de las empresas, se auditen las relaciones con las empresas tercerizadas para terminar con ese negocio y se informe sobre el impacto del convenio de corresponsabilidad gremial. Que se realice una auditoría independiente a cargo de trabajadores profesionales sobre el impacto ambiental de la industria. Por un interzafra automático, que se active al momento de terminar la temporada y finalice con la nueva convocatoria.

Este programa corresponde a un plan de medidas transicionales para defender el salario y las condiciones laborales, pero el problema que se avecina es de mayor gravedad. La relocalización de la industria requiere que la clase obrera tucumana de conjunto defienda los puestos laborales. Cientos de miles de familias subsisten del trabajo en el campo y la industria, y el cierre de los empaques llevaría a una catástrofe a la provincia, conservar los puestos de trabajo requiere de una causa popular de la clase obrera de conjunto. Frente a la amenaza de cierre y/o deslocalización es necesaria la ocupación de plantas y la continuidad de su funcionamiento bajo control obrero, tiene que figurar entre las medidas que los trabajadores estén dispuestos a llevar adelante, juntamente con la exigencia al gobierno que se haga cargo de sostener el trabajo de los tucumanos. No queremos un nuevo cierre de ingenios -como bajo Onganía- con la excusa de avanzar en la eficientización industrial.

Estas medidas fundamentales, sólo pueden avanzar con la organización independiente de la vanguardia obrera. Llamamos a discutirlas en todos las industrias, empaques y fincas. Para derrotar el ajuste de las patronales, el gobierno y sus burócratas sindicales, necesitamos poner en pie una dirección sindical que luche por recuperar el sindicato de Uatre, la actual burocracia no llevará adelante una lucha de las características que se plantean en la actual situación.

Algunas conclusiones

Las concesiones del gobierno de Alberto, CFK y Massa para los explotadores del campo no tiene límites, y lo mismo ocurre cuando se trata de cumplir con las exigencias del FMI. Por el contrario, cuando se trata de hacer cumplir los derechos laborales de los trabajadores rurales, o de mejorar su calidad de vida, el peronismo demuestra su agotamiento y claudicación de manera permanente.

Este año comenzó con grandes beneficios para las patronales. La posibilidad de liquidar sus ingresos a un tipo de cambio preferencial de $300 hasta el 31 de agosto y además que dicho importe liquidado se ajuste diariamente en función a la devaluación diaria, lo único que logró fue incrementar la capacidad especuladora de las grandes patronales, que liquidan los dólares pero mantienen los pesos en la cuenta especial a la espera de una devaluación mayor de la moneda. La transferencia al sector privado es monumental, sin contar que empujan la inflación, como ya vimos con el dólar Soja I y II. 

En la temporada de este año se espera una merma en la producción local y también internacional (México, España, Turquía), además de menores stocks iniciales. Los fletes de exportación bajaron sus costos (luego de aumentos exorbitantes durante la pandemia) y lo mismo sucedió con los agroquímicos con respecto al año 2022. Una situación, sin duda, favorable para los exportadores. Sin embargo, la sobreproducción capitalista se mantiene por la emergencia de nuevos competidores como Sudáfrica, y es lo que lleva principalmente a la reorientación del negocio local y la necesidad de un ajuste que mejore los márgenes de ganancia.

Todas las medidas del gobierno para fomentar el ingreso de dólares, terminan siendo un premio a las empresas citrícolas. Estas empresas que ni siquiera liquidan sus divisas en el tiempo que exige el BCRA (como el caso de la empresa Trapani), que eliminan puestos de trabajo, que pagan salarios de indigencia, que empeoran año tras año las condiciones laborales de higiene, salubridad y con múltiples denuncias por esclavitud, serán premiadas con nuevas exenciones impositivas y tipos de cambio diferenciados. 

Los gobiernos capitalistas, por su naturaleza, no pueden hacer otra cosa que conceder mayores beneficios a los evasores y a los negreros, y condenar al hambre a las miles de familias tucumanas que viven del limón. Este fue, sin duda, el verdadero motivo por el cual las patronales citrícolas no iniciaron a tiempo la campaña, esperaban un dólar a $300 para aumentar la tasa de explotación y, por consiguiente, aumentar su tasa de ganancia. La parálisis del gobierno nacional y del provincial ante el traslado de los negocios de las citrícolas más importantes a otros países, como Uruguay, Sudáfrica o Perú, no es más que la muestra de que han perdido hasta el más mínimo sentido de defensa de los puestos de trabajo locales, en un momento en que la desocupación no para de crecer. 

La defensa de los trabajadores rurales es incompatible con la defensa de los políticos capitalistas y sus burócratas sindicales. La organización de los trabajadores rurales de manera independiente es el único camino para golpear con un solo puño al gobierno y a la patronal. Ganar la calle, luchar por nuestra tierra, en defensa del salario, de los puestos de trabajo y de nuestra obra social es una tarea inmediata de los trabajadores rurales.