El 8 de septiembre se conoció el fallo de la jueza Loretta Preska de Nueva York contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. Aunque restan varias instancias legales, el fallo condena a nuestro país a pagar unos 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital, básicamente un buitre que compró el juicio al grupo Petersen, ex accionista de YPF.
Examinando todo el proceso se hace evidente que todas las partes involucradas han coincidido en proteger los intereses capitalistas y que la condena recaerá en el pueblo trabajador, que será la víctima de una histórica expropiación burguesa.
En marzo de 2023 Preska había dictaminado que quien debía pagar era el Estado argentino, no la empresa mixta (privada-estatal) YPF. Garantizaba así la continuidad de los negocios entre YPF y el monopolio Chevron y beneficiaba al buitre Burford, que reclama una indemnización superior al valor en bolsa de YPF.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales nació en 1922 y fue estatal durante 70 años. No surgió de una política antiimperialista del entonces presidente Hipólito Yrigoyen -probritánico en la Primera Guerra Mundial- sino de una inquietud militar del entonces jefe de logística del ejército, el general Enrique Mosconi, para independizar la movilidad de las tropas del pago de facturas a Shell y Standard Oil. YPF nunca controló la totalidad del petróleo y el gas nacionales, ni la producción y venta de sus derivados1Durante la presidencia de Isabel Perón se decretó que todas las estaciones de servicio quedaban a cargo de YPF, un episodio bizarro conocido como “la nacionalización de las mangueras”. Shell, Esso y las otras privadas siguieron con sus cuotas de refinación y comercialización mayorista, pero los surtidores tenían pintado el logo de YPF.. Al contrario, convivió con los capitales privados, principalmente extranjeros, en la industria de los hidrocarburos, y el Estado siempre les garantizó una porción del mercado y negocios rentables.
Mediante la reinversión constante de utilidades, a 50 años de su fundación YPF era la mayor empresa de Sudamérica. Tenía una característica poco frecuente en el mundo: integraba todas las etapas de la industria del petróleo. Realizaba tareas de exploración geofísica en busca de yacimientos, los desarrollaba mediante perforación de pozos y técnicas de extracción, transportaba los hidrocarburos (gas y petróleo crudo) mediante oleoductos y gasoductos, ferrocarril y flota petrolera, los refinaba en sus propias destilerías, distribuía los subproductos y los comercializaba dentro y fuera del país.
La brusca declinación de la tasa de beneficio del capital que siguió a la crisis del petróleo de los años 70 produjo un viraje de las corporaciones hacia el negocio financiero de los empréstitos. El CEO del Citibank acuñó una famosa frase: “Los Estados no pueden quebrar”, y se montó el gran negocio de la deuda externa de los países periféricos. En Argentina ese negocio coincidió con el establecimiento de la dictadura genocida de Videla y compañía. El ministro Martínez de Hoz estableció, informalmente pero en la práctica, el régimen bimonetario que muchos políticos burgueses reclaman hoy; cargó al Estado con la garantía de los depósitos bancarios y se montó una deuda externa descomunal. Parte de esa deuda fue tomada por las empresas del Estado, YPF principalmente. Durante la retirada de la dictadura, desde el Banco central, Domingo Cavallo estatizó en 1983 la deuda de las empresas privadas.
El nuevo presidente Alfonsín declaró que “Con la democracia se come, se cura y se educa” e intentó pagar la deuda externa con el producto del trabajo argentino. Su política desató la hiperinflación, e incapaz de dar de comer a los trabajadores con la “democracia”, Alfonsín debió ceder el gobierno al peronismo, encabezado entonces por Menem.
Con el objeto de afrontar la deuda del Estado y devolver rentabilidad al capital, Menem procedió a privatizar toda la infraestructura productiva en manos estatales. YPF se convirtió en la presa más codiciada, precisamente por su carácter integrado y sus enormes activos en cuencas petroleras.
El peronismo menemizado, con apoyo de todo el arco burgués, impulsó la ley de privatizaciones 23.696 para las empresas del Estado, y luego la ley 24.145 que convirtió a YPF en sociedad anónima, dividiendo su capital en acciones entre el Estado nacional y las provincias, que podían ser vendidas al capital privado, y un 10% como propiedad participada para el personal. Esa propiedad participada fue el argumento de la burocracia del sindicato (SUPE) para no enfrentar la privatización. La mitad de las acciones debían ser vendidas en la Bolsa de valores en tres años. La ley también estableció la federalización de los hidrocarburos. Desde Santa Cruz, los Kirchner hicieron campaña para apoyar este reparto a las provincias, convalidando el resto de la ley, que desde el gobierno nacional completaron en 2006 con la sanción de la “ley corta” 26.197 que dio a las provincias la propiedad de los yacimientos en sus territorios y la consiguiente capacidad para concesionarlos al capital privado.
Cabe señalar que antes de la privatización de YPF el Estado regulaba el mercado a través de la fijación de precios y la asignación de cuotas de crudo para cada refinería, mientras que las empresas privadas tenían contratos de servicio con YPF o se habían asociado con la empresa estatal a partir del Plan Houston.2El secretario de energía de Alfonsín, Jorge Lapeña, diseñó el Plan Houston, que entregaba en concesión a inversores privados, principalmente de EE.UU, las áreas petroleras de YPF, algunas pendientes de exploración, pero otras ya exploradas y con reservas probadas de hidrocarburos.
En 1989 el 62% de la extracción de petróleo correspondía a YPF, el 35% a empresas contratistas que entregaban su producción a YPF y un 3% a concesiones anteriores. La exploración históricamente había sido desarrollada por la empresa estatal: desde su creación había realizado el 96% de los pozos exploratorios y había descubierto el 90% de las reservas comprobadas. El 70% de la refinación de petróleo estaba a cargo de las destilerías de YPF (La Plata, Plaza Huincul, Luján de Cuyo, San Lorenzo, Campo Durán y Dock Sud), sólo el 30% restante era refinado por el sector privado (Shell en Dock Sud, Esso en Campana y La Isaura en Puerto Galván). YPF abastecía el 49% del mercado en las provincias centrales y el 67% en las provincias periféricas.
La privatización de YPF significó la desvinculación de 31.245 trabajadores petroleros entre 1991 y 1995. Como ejemplo, en la refinería La Plata fueron cesanteados 4.800 trabajadores, lo que representaba el 89% de su personal. De la planta efectiva total, en 1995 sólo quedaban 5.690 empleados mediante una política compulsiva de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos directos. La eliminación sistemática de trabajadores era parte esencial de la privatización, ya que permitía a los adquirientes establecer reglas laborales flexibilizadas. Pero una empresa de la envergadura de YPF no podía funcionar sin una suficiente mano de obra. La empresa privatizada procedió a la subcontratación de las funciones, lo que le permitió garantizar la realización de actividades que antes desarrollaba pero con menores costos y ejerciendo políticas de flexibilidad laboral interna. Muchos ex trabajadores de YPF se incorporaban a cooperativas -la mayoría de las veces organizadas por la propia burocracia sindical del SUPE- y comenzaron a sufrir una situación laboral precaria en la que se hicieron habituales los cambios en los horarios de trabajo y en la duración de la jornada laboral según las necesidades productivas, la reducción de los salarios de acuerdo a las licitaciones ganadas y la realización de actividades laborales polivalentes.
La privatización de YPF fue su transformación en sociedad anónima, a partir de allí cambió de manos y terminó siendo vaciada. En una primera etapa, la explotación petrolera pasó de estar a cargo mayoritariamente de YPF a distribuirse entre otras empresas. Cinco grupos económicos (Pérez Companc, Techint, Astra, Pluspetrol y Bridas) se apropiaron de 81 de las 147 áreas hidrocarburíferas que fueron concesionadas al capital privado (55,1% del total). Si se incluye al grupo Soldati la cifra sube a 88 (59,9%) en los primeros seis grupos económicos y a 92 (62,6%) al completar las siete principales con la canadiense Glacco. Estos mismos grupos adquirieron otros activos estratégicos que les permitieron integrarse en la cadena productiva petrolera del país. El grupo Soldati adquirió la refinería Dock Sud, y participó con Pérez Companc en la compra de la destilería San Lorenzo.
Mientras que Astra, Perez Companc, Isaura y Pluspetrol adquirieron el 70% del complejo Campo Durán (destilería y oleoducto). Pérez Companc también participó con Techint, Bolland, Astra, Pluspetrol y Bridas en el oleoducto troncal Allen-Puerto Rosales. Con ello adquirieron una importante participación en el control de las terminales marítimas. Puerto Rosales, sumado a las boyas patagónicas le dio un lugar estratégico al consorcio integrado por los principales grupos económicos: Pérez Companc, Astra Capsa, Bridas SAPIC, Techint, Amoco CAPSA y Total Austral. Con este nuevo escenario se aceleró la extracción de petróleo y gas mediante una sobreexplotación de las reservas que habían sido descubiertas, en su mayoría, por YPF mientras era estatal. Al producir por encima de la demanda interna, la estrategia de las petroleras privadas fue exportar hidrocarburos sin incorporarles valor agregado. En 1991 YPF había exportado subproductos por 520 millones de dólares. El nuevo esquema priorizó la extracción y exportación de productos primarios.
En 1997 apareció un nuevo jugador: la española Repsol. Comenzó comprando hasta un 36% de las acciones de YPF S.A. en la Bolsa. En 1999 adquirió el 14,99% al Estado en una licitación amañada, en la que participaron la italiana ENI, el tándem British Petroleum-Amoco, la norteamericana CNG, el grupo local Pérez Companc y los españoles de Repsol. Ninguno de los otros grupos ofertó, y Repsol, en último lugar, ofreció 38 dólares por acción, coincidentes con el precio base fijado por el Estado en el momento de lanzar la venta de las acciones. Ese precio era el mismo que a mediados del año 1998 había ofrecido la española al gobierno de Menem para acceder al control de YPF. Poco después Repsol adquirió el resto del paquete accionario hasta obtener el 97,81%. Para comprar YPF, Repsol debió endeudarse con una serie de bancos europeos y estadounidenses, por lo que en los años siguientes amortizó sus créditos mediante una operación de vaciamiento de la petrolera. Repsol-YPF giraba a su casa matriz un promedio del 112% de sus ganancias anuales. Coincidentemente abandonó la inversión en exploración y explotación. Los pozos eran succionados hasta vaciar el estrato geológico reservorio. Al agotarse un pozo ni siquiera se invertía en su oclusión para evitar la contaminación de las napas, simplemente se cerraba la cañería poniendo un cartel que anunciaba “pozo en reparación”. Sin exploración de nuevas reservas ni desarrollo de yacimientos, la producción argentina de hidrocarburos empezó a declinar aceleradamente, mientras se exportaban cada vez más petróleo crudo y gas natural.
Al mismo tiempo la privatización de la generación eléctrica determinó que las nuevas empresas llenaran el país de usinas térmicas, mucho más baratas y rápidas de poner en funcionamiento que otras formas de generación sustentables. La combinación de mayor demanda y menor oferta de hidrocarburos generó inevitablemente el desabastecimiento. Argentina se convirtió en un importador neto de gas y combustibles, principalmente de gas oil para usinas y transporte. Todo ello ante la mirada impávida de los gobiernos de la Alianza, de Duhalde y de Kirchner. La crisis financiera mundial de 2007/2008 golpeó duramente a Repsol, que comenzó un proceso de venta de sus activos para cancelar empréstitos.
A finales de 2007 Repsol abrió un proceso para deshacerse de hasta un 45% de sus acciones en YPF y como primer paso en febrero de 2008 vendió una parte al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que compró el 15,46% del paquete con opción de compra de un 10% adicional. Repsol también entregó el 3,3% de las acciones a los fondos de inversión Eton Park y Capital Guardian Trust para saldar otros u$s500 millones.
La empresa quedaba repartida entre Repsol (79,84%), Petersen (15,46%), Eton y Capital (3,3%) y el 1,4% en inversionistas menores. Luego Petersen compró el adicional a Repsol, quedándose con el 25,46% y el puesto de CEO para los Eskenazi, para ello se endeudó por u$s1.026 millones con un consorcio encabezado por el Credit Suisse. Eskenazi-Petersen tenían estrecha relación con el ex presidente Néstor Kirchner. El grupo había comprado el privatizado Banco Provincia de Santa Cruz, y la constructora Petersen Thiele y Cruz fue contratista de la obra pública provincial durante la gobernación de Kirchner. El Credit Suisse era depositario de los fondos que recibió Santa Cruz por la privatización petrolera.
El endeudamiento de Petersen reforzó la política de vaciamiento de YPF y hundió la balanza energética argentina. Las importaciones crecientes de hidrocarburos y los subsidios a la producción local de gas se llevaron los excedentes comerciales que había permitido el ciclo de altos precios de las exportaciones sojeras. En 2012 el derrumbe de la producción petrolera era absoluto, en manos de un oligopolio. El 66% de la extracción de crudo se repartía entre 4 empresas (Repsol YPF, Pan American Energy, Chevron y Petrobras, en ese orden), el 75% del gas también lo producían 4 (Repsol YPF, Total Austral, Pan American Energy y Petrobras) y 3 concentraban el 80% de la capacidad de refinación (Repsol YPF, Shell y Esso).
En este cuadro el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió tomar el control de YPF. Se sancionó la ley 26.741. El kirchnerismo presentó esta ley como una gesta nacional y la reestatización de YPF, ya que el Estado se hizo cargo del 51% del paquete accionario.
Una breve ojeada a su contenido revela la estafa. El artículo 1 declara como prioritario el autoabastecimiento energético, mientras que el artículo 3 establece como objetivo “La obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos […]”. Tal finalidad se logrará a través de “La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales” (art.3.c). El artículo 15 establece desde el punto de vista jurídico que YPF seguirá bajo la forma de una Sociedad Anónima Abierta (cotizante en Bolsa), “no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.
Las nuevas autoridades de YPF completaban este enfoque rabiosamente capitalista: “[…] seremos una empresa comprometida con el crecimiento del país y la generación de valor para todos nuestros accionistas” (YPF, Prospecto ON Clase XXVIII, 2014, p. 25). El gobierno se proponía desarrollar el yacimiento no convencional de esquisto en Vaca Muerta, ya que los yacimientos convencionales se estaban agotando y no se habían hecho trabajos exploratorios en esas cuencas en los últimos 30 años.
Pero la explotación de Vaca Muerta era inmensamente más costosa que la convencional, en la que los pozos se perforan verticalmente en el estrato geológico llamado reservorio. En las cuencas petroleras llamadas shale (esquisto en inglés) el hidrocarburo se encuentra en la roca madre, más profunda y todavía no ha migrado a la roca reservorio (un proceso que lleva millones de años). Entonces deben perforarse dos pozos en vez de uno, el primero en parte vertical y al llegar al esquisto se cambia a dirección horizontal, desde este pozo se inyecta agua con arenas a alta presión para fracturar la roca madre (técnica de fracking) creando un reservorio artificial. El segundo pozo, vertical, es el que extrae el hidrocarburo del reservorio. Duplicar la cantidad de pozos por yacimiento, con perforaciones mucho más profundas y complejas requiere una inversión colosal. El plan del gobierno era conseguir un socio inversor extranjero para desarrollar Vaca Muerta, y la empresa elegida fue el monopolio norteamericano Chevron.
El contrato secreto de YPF con Chevron generó un escándalo, cuidadosamente sepultado por el gobierno nac&pop. Ante denuncias sobre su carácter espurio se realizó un proceso judicial que determinó la obligación de publicarlo. El directorio de YPF se negó redondamente, alegando que era un contrato de derecho privado. La cosa llegó hasta la corte suprema, que dictaminó que debía entregarse el contrato. YPF presentó el mismo con numerosas tachaduras “para proteger el secreto comercial de los inversores”.
Finalmente salió a la luz lo siguiente: Chevron era responsable penalmente de un desastre ecológico en la Amazonia ecuatoriana. En 2011 el Tribunal de Primera Instancia de Ecuador emitió una sentencia por la cual obligó a Chevron a pagar una indemnización de u$s 9.500 millones a las comunidades de pueblos originarios de la Amazonia por los daños socio-ambientales llevados a cabo por su subsidiaria Texaco entre los años 1964 y 1992. En 2013, y por pedido de la justicia ecuatoriana, la justicia argentina dispuso el embargo sobre las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios futuros que recibiera la filial local de Chevron. Sin embargo, la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó, destrabó la situación (La Nación, 2013). Desde ya, tal demanda peligraba la continuidad de las negociaciones con Chevron.
YPF debió crear un entramado jurídico y societario para que Chevron realice sus inversiones. Para ello el contrato comprende el armado de un conjunto de empresas, contratos comerciales, y mecanismos jurídicos con el fin de desligar a Chevron de responsabilidades legales y construirle un canal seguro para la inyección de capitales y el retiro de sus beneficios. El 16 de julio de 2013, YPF y Chevron firmaron el “Acuerdo de Proyecto de Inversión” con la finalidad de extraer conjuntamente recursos de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales en Loma Campana (Vaca Muerta, Neuquén). En total se concretaría una inversión estimada en US$16.506 millones.
Chevron Argentina no se encuentra vinculada al contrato. Chevron no tiene un rol productivo en los proyectos, sino que es un mero financista. Su participación se encuentra intermediada por estructuras jurídicas de propiedad de YPF. En tanto, la subsidiaria de Chevron más relacionada con el contrato se encuentra en un paraíso fiscal. Para explotar la concesión de Loma Campana se constituyó una unión transitoria de empresas (UTE) repartida en partes iguales entre YPF S.A. y una empresa llamada Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L. (CHNC). En dicha UTE, YPF S.A. comprende el rol de operadora de la concesión. Dicha estructura se encuentra controlada por una serie de estructuras jurídicas localizadas en paraísos fiscales. Los controlantes inmediatos de CHNC son YPF Shale Oil Investment I y II (en un 90% y 10%, respectivamente) localizadas en Delaware, EEUU, y creadas el 1 de julio de 2013 (dos semanas antes de la firma del Contrato). YPF Shale Oil Investment II es controlada por YPF Shale Oil Investment I, y esta última se encuentra controlada por YPF Shale Oil Holding LTD, radicada en las Islas Bermudas (puesta en actividad el 7 de noviembre de 2013). A su vez, el controlante inmediato de la subsidiaria en las Islas Bermudas es Wokler Investment S.A. radicada en la República Oriental del Uruguay (puesta en actividad el 3 de abril de 2013). En tanto, el último controlante del entramado de empresas en esos paraísos fiscales es YPF S.A. (CHNC tiene domicilio legal en el edificio de YPF en Puerto Madero).
En lo que respecta a las características del préstamo, la amortización del capital es pagadera a una tasa del 0,2604% mensual (3,16% anual) a partir del tercer aniversario de la Fase I (septiembre de 2016). En tanto, el interés que devenga el capital supone: 1) un 7% anual, más 2) un “Monto de Interés Adicional” calculado sobre el “Flujo Neto de Fondos” de CHNC cuando este sea positivo y supere el capital y los intereses. Es decir, no existe una tasa de interés fija en el Contrato. La ganancia de Chevron significa una mezcla de renta financiera y renta atada al devenir productivo. Por lo tanto, se le garantiza un piso de ganancia a Chevron si el proyecto resulta a pérdida (del 7%). Sin embargo, no existe un techo en caso de que el mismo sea rentable. Toda ganancia productiva o financiera es remitida al exterior, con destino a la subsidiaria de Chevron en las Islas Bermudas, aunque la cuenta bancaria del prestamista se encuentra en la ciudad de Nueva York. En el Balance YPF, 2015, p.103 se lee: “La Sociedad [YPF] mantiene indirectamente el 100% del capital social de CHNC, pero dado que en virtud de los acuerdos contractuales existentes, no ejerce las decisiones financieras y operativas relevantes de CHNC ni financia sus actividades, no se encuentra expuesta a riesgos ni beneficios por su participación en CHNC”. Es decir, YPF posee la propiedad de CHNC pero no tiene la potestad sobre sus decisiones ni percibe beneficios. En caso de que CHNC posea saldos positivos, estos serán remitidos a la subsidiaria de Chevron en las Islas Bermudas. En lo que respecta a los temas operativos de extracción de hidrocarburos, el contrato menciona que “El Tomador obtendrá la aprobación del Prestamista de cualquier Programa de Trabajo y Presupuesto, Plan de evaluación, Plan de Desarrollo, Autorización para Gastos”. En cuanto a temas impositivos: “[…] El Tomador arbitrará todos los medios que resulten comercialmente razonables para […] [que las empresas pantallas] operen de modo tal de evitar quedar sujetos a impuestos en o por una Autoridad Gubernamental […]” (Contrato YPF-Chevron, 2013, pág. 46). Cualquier posible litigio entre las partes se dirimirá bajo: “[…] (i) Ley Aplicable: Leyes del Estado de Nueva York. (ii) Arbitraje: Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce). El arbitraje se llevará a cabo en París, Francia; y el idioma será el inglés. […]” (Acta de CHNC, 2013, p.12). Se garantiza así a Chevron la resolución de conflictos en cortes extranjeras. Así funciona la YPF “renacionalizada”.
Además de la ganga a favor de Chevron, la pretendida “refundación” de YPF tuvo otros costos multimillonarios. Repsol litigó contra la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) valorando en 10.500 millones de dólares la participación del 51 por ciento en YPF que le expropió el gobierno argentino en 2012. Finalmente, en 2014 se acordó una indemnización pagadera en bonos argentinos que garantizara a Repsol un mínimo de u$s 5.000 millones. El congreso argentino votó la ley y Repsol obtuvo bonos que vendió en Nueva York por u$s 6.039 millones. El presidente de Repsol, Brufau, fue condecorado por el gobierno español y recibido con aplausos en la Bolsa hispana.
Mientras tanto YPF, que en 2015 tenía un valor de mercado de US$ 6.550 millones; en 2019 cuando terminó el gobierno de Macri, valía poco más de la mitad, US$ 3.400 millones. La estructura jurídica de la nueva YPF mantiene el giro comercial de una sociedad anónima, con parte de acciones que cotizan en la Bolsa local y parte en el NYSE (la Bolsa de Nueva York). Esta situación la mantiene como rehén de todas las demandas.
Tan pronto como Repsol cobró su reclamo se deshizo de la porción minoritaria de acciones que le quedaban. En el 49% del paquete accionario privado hoy predominan los inversionistas institucionales. El grupo Petersen, impedido de continuar el sobregiro de utilidades con que amortizaba los créditos que tomó para comprar su 25% de YPF S.A. se presentó en quiebra. A continuación acusó a YPF de no haber cumplido con su propio estatuto, que obligaba a presentar una oferta pública a los accionistas si compraba el 51% del paquete. El buitre Burford le compró el juicio en una opaca operación (pagó u$s 15 millones, lo que hace sospechar que hay otro acuerdo secreto de reparto). Ahora Argentina ha sido condenada a pagar, por el 25% de las acciones, un monto que supera tanto lo obtenido por Repsol por el 51%, como lo que Chevron prestó para Vaca Muerta.
Todo lo expuesto lleva a una conclusión elemental: hay que desconocer el fallo imperialista que obliga al pueblo de la Argentina a pagar miles de millones de dólares en forma ilegítima y usuraria.
La burocracia sindical del SUPE tenía una muletilla para referirse a YPF: “Es la vaca lechera” decían. Exactamente eso ha sido y es para los capitalistas de todo pelaje, locales y extranjeros. YPF sólo será nacional cuando se expropie sin indemnización y funcione bajo control obrero. Esa tarea sólo puede ser garantizada por un gobierno de trabajadores en el marco de una acción revolucionaria.
