México: Cárdenas (1938)-López Obrador (2023). Nacionalizaciones del petróleo y del litio

El sábado 18 de febrero de 2023 Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, “nacionalizaba” el litio mexicano. En un acto lleno de actuado nacionalismo enfatizó que: “Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio de la nación son del pueblo de México”. La referencia a otro tiempo pretende asimilar la nacionalización del petróleo hecha por el gobierno de Cárdenas en 1938, con la recientemente consumada del litio por el gobierno de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) presidido por López Obrador. Es lo que de alguna forma pretenden introducir sectores kirchneristas y, particularmente, las corrientes llamadas de izquierda en Argentina integradas al Frente de Todos (PCR y CCC de Alderete, Frente Patria Grande de Juan Grabois e Itai Hagman y el llamado Partido Piquetero), cuya reacción ha sido reclamarle a Alberto Fernández que siga el ejemplo de AMLO. Es oportuno, por lo tanto, analizar política e históricamente las diferencias entre las medidas expropiadoras de Cárdenas en 1938 y las de AMLO en 2023. Hacerlo constituye una necesidad imprescindible y una obligación irrenunciable que le permita a la vanguardia obrera y a los luchadores comprender la necesidad de la delimitación política con el nacionalismo burgués en nuestras naciones oprimidas por el imperialismo.

AMLO y el litio: ¿Por qué no protestan las empresas imperialistas contra la nacionalización?

La medida anunciada por López Obrador constituye un decreto complementario de la ley minera sancionada en abril de 2022 que ya había declarado de utilidad pública la exploración, explotación y el aprovechamiento de este mineral, otorgando al Estado mexicano el uso exclusivo de este recurso. Podemos añadir que incluso en esa ocasión parecía superflua la sanción de esa ley ya que la constitución de México establece la propiedad nacional de los recursos mineros y petroleros. Con todo, en aquella oportunidad se constituyó la empresa estatal Litio MX para llevar a cabo esa explotación.

No obstante, detrás de la escena montada la realidad es otra. En efecto, la agencia noticiosa Nueva Rioja dio cuenta de una reciente declaración del canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien señaló sin ambages que: “En las próximas semanas habrá una llamada telefónica entre el primer mandatario (mexicano) y Elon Musk (el magnate sudafricano-norteamericano, propietario de Tesla, empresa líder en autos eléctricos) para que instale una planta en México. Según Infobae la inversión ascenderá a 10.000 millones de dólares.

De acuerdo con la publicación Energía estratégica, “López Obrador respaldó el avance de la fábrica BMW”, y añadió que constituirá una inversión de 1000 millones de dólares. El mismo órgano periodístico dejó trascender que había un acuerdo entre AMLO y Joe Biden para compartir información sobre los mencionados yacimientos de litio en Sonora. AMLO destacó los importantes avances tecnológicos de potencias como Estados Unidos y la importancia de trabajar con capitales extranjeros, ratificando los trascendidos. El propio López Obrador destacó las ventajas que su vecino imperialista tendría: “Estados Unidos va a tener cerca de Sonora, chips en Arizona. Además ahí está la Ford, la industria automotriz, y se complementa con los chips. Esto es lo que está haciendo BMW en San Luis Potosí (otra región rica en litio)”. Con un entusiasmo característico más cerca de un CEO de alguna compañía imperialista que de un presidente que actúa como defensor de la soberanía de una nación semicolonial, AMLO declaró: “Ayer nos reunimos en Nogales por la tarde con la gobernadora de Arizona (Katie Hobbs) porque ellos van a tener un complemento que son los semiconductores, los famosos chips. Estados Unidos dependía, y toda América del Norte, de estos semiconductores que se producen básicamente en Asia”.

El gobierno “nacional y popular” de Morena se está convirtiendo en una pieza clave del imperialismo norteamericano en su guerra comercial con China, fortaleciendo su alianza–dependencia (como socio menor del TMEC) con el imperialismo yanqui. Por otra parte, la agencia noticiosa Bloomberg entrevistó al CEO de Litio MX (empresa creada en 2022 por el gobierno mexicano para explotar el litio), Pablo Taddei, quien reveló que “negocia con empresas de toda la cadena de valor para concretar asociaciones público-privadas”. Podemos añadir a estos datos lapidarios e irrefutables que ya existen varias empresas extranjeras que han obtenido concesiones, entre las que se destaca, ya que ha comenzado con la exploración y explotación de litio en Sonora, la china Ganseng Lithium (que compró la empresa a la inglesa Bocanora Minerall) y estará a salvo ya que el artículo 3 del decreto expresa en forma taxativa: “Quedan a salvo los derechos y obligaciones de los titulares de concesiones vigentes que se encuentran dentro de la zona de Litio LIMX (la empresa estatal mexicana ya nombrada). Es decir, se nacionalizan las reservas del litio existente para futuros emprendimientos. Las que ya están entregadas-concesionadas serán respetadas. ¡Extraña nacionalización de AMLO!

Para el imperialismo yanqui la asociación de los capitales americanos con el gobierno de AMLO para explotar la extracción de litio mexicano es sumamente ventajosa por los grandes ahorros que implican los bajos costos laborales, así como de electricidad y otros insumos. Es que la magnitud del negocio a explotar es enorme, nada menos que 234.850 hectáreas que abarcan potenciales yacimientos del mineral en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Baja California, según los datos de la Secretaría de Economía mexicana. México tiene solo el 2% de las reservas mundiales de litio (10º en el orden internacional) y su costo es mayor que en Bolivia, Chile y Argentina.

Podemos concluir de las características de las medidas de AMLO respecto al litio que existe una escasamente disimulada alianza con las empresas imperialistas de los Estados Unidos en primer lugar y las europeas en segundo lugar, respetando incluso las concesiones ya realizadas a la china Ganfeng como señal inequívoca de que se garantizará la seguridad jurídica al capital extranjero.

Sin embargo, algo queda sumamente claro, y consiste en que el capital extranjero resulta favorecido, en forma privilegiada el norteamericano, debido a que se le proporciona una materia prima esencial para la industria de semiconductores y automotriz, con un condimento fundamental para defender su tasa de beneficio: fuerza de trabajo muy barata (bajos salarios y jubilaciones, y una legislación laboral con libre despido e inestabilidad laboral).

Cabe agregar, como una reflexión esencial, que la administración estatal estará en manos del Estado mexicano, sin existir ningún control por parte de los trabajadores, siendo el mexicano un Estado claramente alineado con el imperialismo norteamericano.

No es ociosa entonces la comparación con la pseudo nacionalización de YPF realizada por el kirchnerismo, que la convirtió en una empresa mixta, quedándose con el 51% de las acciones y asociándose a los monopolios petroleros en 2013. Estos hicieron así “reservas de concesión” (Vaca Muerta, etc.). Algo típico de los monopolios imperialistas que quieren tener bajo su control los yacimientos de materias primas para que no puedan ser usados por monopolios competidores.

18 de marzo de 1938: Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en México

La expropiación del petróleo decidida por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas afectó a maquinarias, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, oleoductos, embarcaciones, todos los muebles e inmuebles de las empresas petroleras imperialistas instaladas en México, a saber: El Aguila (de Royal Dutch Shell), compañías navieras San Cristóbal, San Ricardo, Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de Standard Oil Company de New Jersey), Sinclair Pierce Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford & Co, Compañía mexicana de vapores San Antonio, El Agwi, Compañía de gas y combustible Imperio, Sabalo Transportation Company, Clarita S.A, y Cacalilao S.A. De acuerdo con este decreto el Estado mexicano se comprometía a pagar compensaciones en el plazo de diez años.

Detonante de la nacionalización petrolera: el choque de las patronales con las demandas obreras

En mayo de 1937 estalla un conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica de México con las patronales petroleras imperialistas debido a la cerrada negativa patronal a dar satisfacción a demandas obreras legítimas, que sostenían con una huelga. El pliego de reclamos sindical planteaba cuarenta horas de trabajo semanal, el establecimiento de un convenio colectivo de trabajo, pago de salarios por enfermedad y 64 millones de pesos mexicanos destinados al pago de salarios, lo que implicaba un aumento salarial. La patronal ofrecía la irrisoria suma de 14 millones de pesos mexicanos. Dada la magnitud que adquiría el conflicto, el gobierno de Cárdenas (nacionalista burgués del Partido Nacionalista Revolucionario) dispuso realizar un arbitraje, función para la cual se conformó una comisión de peritos integrada por sesenta personas, que emitió un informe de 2500 páginas y un dictamen de ochenta. El dictamen definió que el dinero destinado a salarios sería de 25 millones de pesos mexicanos. Las empresas petroleras inglesas y yanquis se negaron a aceptar el laudo, mintiendo sobre la facturación de sus empresas. La empresa El Águila afirmó ser una empresa mexicana que tenía una escasa facturación y nada que ver con la Royal Dutch (angloholandesa). Silva Herzog, miembro de la comisión de arbitraje, para refutarlo, mostró un periódico londinense de 1928 que publicaba declaraciones de representantes de la Royal Dutch en las que se expresaban “Nuestra subsidiaria, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila había obtenido buenas utilidades”. También mostraba una facturación por debajo del precio de mercado para evadir impuestos y defraudar al fisco mexicano.

Hay que tener presente que el presidente Cárdenas necesitaba apoyarse en el Sindicato Petrolero, cuya constitución respaldó, debido a que precisaba del movimiento obrero para poder arbitrar entre los trabajadores y el imperialismo (una característica propia de un gobierno bonapartista sui generis, que necesitaba arbitrar entre el imperialismo y la clase obrera) en especial de los petroleros, por ser esta una industria fundamental para la nación azteca. Hay que destacar que la formación de este sindicato unificaba a los petroleros como clase frente a las poderosas empresas imperialistas, ya que en una etapa inmediatamente anterior cada empresa contaba con un sindicato obrero diferente, lo cual determinaba diversas condiciones laborales y salariales.

El dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (aunque más cerca de la cifra ofrecida por las patronales que de la solicitada por el sindicato) laudaba a favor de las demandas obreras: fue rechazado de plano por las compañías británicas y norteamericanas.

El discurso de expropiación de Cárdenas y la respuesta popular

El discurso de Cárdenas al pueblo mexicano dio a conocer la negativa de las compañías petroleras a dar cumplimiento al laudo de la Junta de Arbitraje y de la Suprema Corte, denunció la sustracción de fondos que habían hecho con antelación los empresarios para justificar su incapacidad para pagar a los obreros el monto dictaminado. Por otra parte, las empresas expropiadas habían gozado durante muchos años de beneficios fiscales, franquicias aduanales y prerrogativas en contra del derecho público. Atacó a las empresas acusándolas y señalando que, en contraste, la obra social de las empresas petroleras había sido prácticamente nula, que alrededor de los sitios donde se habían establecido no había escuelas, centros sociales, campos deportivos, hospitales ni obras de aprovisionamiento o saneamiento de agua. Ni siquiera plantas de energía eléctrica que podían haber funcionado con los millones de metros cúbicos de gas que desperdiciaban en sus explotaciones.

Hizo una denuncia de las diferencias entre las condiciones de vida de las que disfrutaban los jerarcas extranjeros de las compañías petroleras en contraste con la miserable de los trabajadores autóctonos. Tampoco se privó de aludir a la historia de abusos, atropellos y asesinatos cometidos por las policías privadas de las empresas para salvaguardar sus intereses, y la intervención en la política nacional cada vez que veían afectados sus negocios.

Tanto la medida expropiatoria como el tono del discurso presidencial despertaron el entusiasmo popular. El 23 de marzo, cinco días después del anuncio de Cárdenas, se reunieron unas cien mil personas en respaldo a la expropiación; el 19 de abril tuvo lugar una gran manifestación femenina en el Palacio de Bellas Artes. Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo que por tanto tiempo había hundido a México.

De inmediato todos los empleados, técnicos e ingenieros extranjeros abandonaron las instalaciones petrolíferas. Una forma de desenvolver un boicot contra la expropiación. Sin embargo, sin pérdida de tiempo, los obreros ocuparon altos puestos abandonados por esos técnicos extranjeros. Durante los primeros años el gobierno dependió casi por entero del Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM) para mantener la industria petrolífera funcionando. Tomó poco tiempo comprobar, contra los pronósticos de muchos, que las innumerables dificultades técnicas no iban a hundir la industria recién nacionalizada. Cabe aquí hacer un paréntesis para establecer una comparación entre la nacionalización del litio de López Obrador con la realizada por Cárdenas con el petróleo. Mientras la de Cárdenas se apoyó en la acción obrera directa, la cual puso en marcha la industria nacionalizada administrándola con sus representantes, la de AMLO ha prescindido por completo de la acción directa de la clase obrera, apoyándose en técnicos y economistas inclinados claramente a las concesiones al gran capital extranjero. Otro aspecto notable que diferencia a ambas medidas consiste en la hostilidad con que tanto las empresas imperialistas inglesas como yanquis enfrentaron las medidas de Cárdenas, en contraste con el silencio con que respondieron a las de López Obrador con relación al litio.

Las tensiones entre el imperialismo yanqui y el británico por un lado y el gobierno de Cárdenas por el otro estuvieron a punto de desembocar en una intervención armada de Estados Unidos. Gran Bretaña amenazó con traer su flota.

Hubo incluso un intento, en el estado de San Luis Potosí, de levantamiento armado organizado por el cacique Saturnino Zedillo (ex secretario de agricultura), financiado por las compañías petroleras norteamericanas y precedido por el desconocimiento por parte de la legislatura de ese estado del presidente Cárdenas, en función de su oposición a la expropiación petrolera.

Comenzaron a actuar grupos fascistas como Sinarquía, el Movimiento de Acción Nacional financiados por la Falange española y los Camisas Doradas, que eran grupos de choque fascistas armados para atacar las movilizaciones y huelgas obreras. El levantamiento de Zedillo fue aplastado rápidamente.

En forma inmediata a la decisión de la expropiación el gobierno de EE.UU. presidido por Franklin Roosevelt y su embajador en México Josephus Daniels, junto al secretario de estado Cordell Hull, decidieron un boicot económico contra México consistente en no comprar su petróleo y promover la misma medida en el resto del mundo. Entre otras medidas del Departamento del Tesoro yanqui decidió interrumpir la compra de la plata mexicana y promover la disminución de su cotización en el mercado. En 1938 la venta de plata mexicana al exterior se redujo al 50% en relación a 1937, y en 1940 la sexta parte respecto a 1937. Esta medida de boicot del Estado imperialista yanqui fue resistida por las empresas mineras norteamericanas -cuyo porcentaje en la actividad de ese ramo mexicana era del 95% y tenían el 70% de la producción de ese metal- porque les resultaba perjudicial. Con todo, la respuesta del gobierno mexicano a ese boicot y bloqueo fue la de establecer nuevos impuestos a las empresas mineras norteamericanas para resarcirse del perjuicio ocasionado.

Además, las empresas imperialistas retiraron inmediatamente todo el dinero depositado en bancos mexicanos, un daño importante a las finanzas del país azteca, para imponer una presión más, con la finalidad de que el gobierno cardenista diera marcha atrás en la nacionalización del hidrocarburo. Esta medida no fue impedida en ningún momento por el Estado mexicano que, habiendo tomado una medida progresiva y soberana con respecto al petróleo, no lo hizo con respecto a un resorte fundamental de la economía: nacionalizar la banca, creando una banca única estatal bajo administración de los trabajadores, que impidiera la fuga de capitales y permitiera el desarrollo de la industria en una nación atrasada y semicolonial como México. Esa circunstancia revela los limites de un gobierno nacionalista y la necesidad de luchar por un gobierno de los trabajadores en México. Un límite que no solo tenía el gobierno nacionalista, sino que también padecía la dirección del sindicato petrolero. El stalinista Lombardo Toledano se negó a profundizar este curso, resaltando su oposición a marchar hacia una “dictadura del proletariado”, impulsando la creación de “frentes nacionales democráticos y patrióticos”, de colaboración de clases con la burguesía nacional –no solo para México, sino para toda Latinoamérica- adoptando su programa de “desarrollo” burgués: sustitución de importaciones, etc.

Otro de los boicots de Estados Unidos fue el bloqueo comercial al petróleo mexicano, que perjudicó notablemente los ingresos de México. En ese contexto, el gobierno intentó otras vías de salida comercial vendiendo el petróleo a un precio 50% menor al valor del mercado mundial a Alemania, Italia y Japón a cambio de maquinaria para la industria petrolera con Alemania, rayón con Italia o frijoles con Japón, lo cual permitió dar un paliativo al sabotaje comercial imperialista. Por otra parte, el Estado mexicano también logró colocar petróleo en los países escandinavos, Polonia, Francia y algunas naciones latinoamericanas. La Shell y la Standard Oil, que eran las mayores proveedoras de petróleo a Alemania, intentaron ejercer una presión para bloquear el comercio entre México y ese país, pero fracasaron en virtud de los precios sumamente convenientes que ofrecía la nueva empresa estatal PEMEX. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se interrumpió el comercio petrolero con las naciones del Eje (Alemania, Japón e Italia), lo cual mermó los ingresos de divisas a la nación azteca. Es oportuno también decir que México apoyó a la República durante la guerra civil española, razón por la cual Franco financiaba y alentaba el accionar de bandas fascistoides de la derecha mexicana.

A su turno, también las empresas imperialistas instaladas en México desarrollaron su propio sabotaje productivo, por ejemplo General Motors, General Electric y Westinghouse.

Como se ve, las tensiones no eran pocas. Las potencias imperialistas se rehusaban a aceptar la nacionalización, e incluso la oferta de alguna compensación; peleaban por la propiedad de las empresas perdidas. Eran temerosas de que el ejemplo mexicano fuese tomado por otras naciones latinoamericanas, como Bolivia, que casi en forma simultánea, pero anterior, había expropiado a la Standard Oil, en razón del no pago de impuestos.

Como ya hemos señalado la única variable que aceptaban las empresas era la devolución de lo que consideraban sus derechos a la propiedad de los bienes expropiados. Por ese motivo es que recurrieron a diversas estratagemas o artilugios y provocaciones. Entre ellas, corresponde destacar la negociación directa entre las empresas monopólicas y el gobierno cardenista; las empresas norteamericanas designaron a un experto abogado de apellido Richberg, cuya propuesta era dar marcha atrás en la medida expropiatoria, propugnando que las plantas petroleras volvieran a sus ex propietarios con una mayor participación del gobierno mexicano sin que esto implicara una asociación, por un plazo de cincuenta años, al cabo de los cuales las empresas petroleras pasarían a manos del Estado mexicano. Desde luego, esta verdadera provocación fue rechazada, con lo cual se dilataron las negociaciones. De todas maneras, la valuación de las empresas realizada por el gobierno mexicano era considerablemente más baja que la brindada por las compañías petroleras británicas y norteamericanas. Las compañías británicas demandaban quinientos millones de dólares de indemnización, y un monto aproximado las norteamericanas. Todas ellas consideraban que no solo había que resarcirlas por el capital invertido (maquinas, instalaciones, infraestructura en general), sino que también por el petróleo existente en el subsuelo. A diferencia de las compañías, el Estado mexicano había considerado, a través de su Secretaría de Hacienda, que el resarcimiento correspondiente era de 40.208.815 de la moneda norteamericana, en el que las reservas del petróleo existente en el subsuelo mexicano, no era contemplado. Pero sí el capital invertido, con la deducción correspondiente de la desvalorización de instalaciones, máquinas, etc., originadas por su desgaste. Igual que las deudas con los trabajadores de las compañías y las deudas impositivas. Esta deuda sería pagada en diez años, tal como establecía la legislación mexicana, y un tercio de ella con petróleo a precio menor que el del mercado mundial. Como se ve, las compañías imperialistas iban a resultar perjudicadas. A pesar de que una verdadera expropiación no debe contemplar ninguna compensación; con sus limitaciones, la medida del gobierno cardenista significó un acto de soberanía y un choque con el imperialismo, en defensa de una riqueza fundamental para México. Es altamente educativo hacer referencia al planteo de Trotsky en relación a las expropiaciones petroleras de Cárdenas en “México, y el imperialismo norteamericano”: “En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación al proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación al los capitalistas extranjeros. La actual política (del gobierno mexicano) se ubica en la segunda alternativa, sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y de las compañías petroleras”. Y agregaba, con la finalidad de establecer lo progresivo de las medidas y la delimitación del gobierno bonapartista, algo que ya hemos mencionado en relación con el rol de la clase obrera en la industria petrolera nacionalizada: “Estas medidas se encuadran en los marcos del capitalismo de Estado. Sin embargo, en un país semicolonial, el capitalismo de Estado se halla bajo la presión del capital privado extranjero y de sus gobiernos, y no puede mantenerse sin el apoyo activo de los trabajadores. Eso es lo que explica por qué sin dejar que el poder real escape de sus manos (el gobierno mexicano) trata de darles a las organizaciones obreras una considerable parte de responsabilidad en la marcha de la producción de las ramas nacionalizadas de la industria”. Trotsky formula una pregunta que se refiere a cuál debe ser la política de los socialistas revolucionarios ante esta circunstancia: “¿Cuál debería ser la política del partido en estas circunstancias?”. Y responde: “Sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el Estado burgués en algunas ramas de la industria y su transferencia a las organizaciones obreras. Pero esta no es la cuestión. El gobierno burgués llevó a cabo por sí mismo la nacionalización y se ha visto obligado a pedir la participación de los trabajadores en la administración de la industria nacionalizada. Por supuesto, se puede evadir la cuestión aduciendo que, a menos que el proletariado tome el poder, la participación de los sindicatos en el manejo de las empresas del capitalismo de Estado no puede dar resultados socialistas. Sin embargo, una política tan negativa de parte del ala revolucionaria no sería comprendida por las masas y reforzaría las posiciones oportunistas. Para los marxistas no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presentan dentro del capitalismo de Estado y hacer avanzar al movimiento revolucionario de los trabajadores”. (Extraído de “La industria nacionalizada y la administración obrera”, artículo de León Trotsky). La participación de los trabajadores -sindicatos- en la administración de las empresas nacionalizadas debería servir para denunciar las maniobras en contra del imperialismo y la propia burguesía nacional.

Recordando la cita de Trotsky sobre el hecho de que “…no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía……”, corresponde considerar que esta misma burguesía nacional que bajo determinadas condiciones históricas adopta medidas progresivas, puede retroceder y adoptar medidas favorables al imperialismo y enfrentar incluso a los trabajadores. Como ocurrió entre el mismo Cárdenas y los trabajadores petroleros cuando reclamaron que se cumpla con el aumento salarial que resultaba del laudo arbitral de 1938 (y la ratificación del mismo por parte de la Suprema Corte), que constituía una verdadera victoria de la clase obrera petrolera: el gobierno bonapartista de Cárdenas respondió negándolo, en virtud de la crisis ocasionada por el boicot imperialista y el bloqueo comercial. Lo cual llevo a un conflicto sindical entre el Estado y los trabajadores.

Las medidas adoptadas por Cárdenas sufrieron un retroceso durante el gobierno de Ávila Camacho (del mismo partido que Cárdenas), que lo sucedió en diciembre de 1941. Su presidencia constituyó un verdadero retroceso en todos los planos respecto a los progresos limitados alcanzados por Cárdenas: se frenó el reparto de la tierra a los campesinos, alivió a las grandes empresas de impuestos y les otorgo más subsidios, se comenzó a limitar el derecho de huelga, etc. Y en relación a la expropiación del petróleo, comienzan a aprovecharse baches de la legislación de Cárdenas y aparecen “los contratos-riesgo” en exploración y perforación, modelo por el cual se comparte la renta petrolera con empresas privadas, en el que supuestamente el riesgo de fracasar en la inversión exploratoria lo asumía la compañía privada, pero se trataba de una falsedad, ya que el dato de la existencia de petróleo en la zona explorada había sido ofrecido por PEMEX, lo cual evitaba cualquier riesgo y aseguraba jugosas ganancias.

El gobierno de Miguel Alemán del Partido Revolucionario Institucional, que reemplazo a Ávila Camacho reprimió huelgas petroleras y mineras en 1950. Por otra parte, mediante la maniobra de contratos de riesgo se entregaron a las empresas petroleras privadas 4 millones de hectáreas. No se trata aquí de hacer un extenso detalle histórico sobre la evolución de la explotación petrolera, pero si hacer referencia a algunos datos que nos permitan extraer conclusiones sobre la necesidad de superar la entrega al capital extranjero y luchar contra la naturaleza semicolonial de las naciones atrasadas en América Latina y en el mundo. Los datos que hemos expuesto revelan que aun las medidas progresivas y limitadas de Cárdenas no tienen perspectiva si no es sobre la base en primer lugar de la independencia política de los trabajadores, de su concreción material en direcciones independientes del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos patronales en los sindicatos. Y de la transformación de la clase obrera en clase para sí, esto es de la construcción de su propio Partido, como estado mayor de la clase obrera. Es en ese sentido que Trotsky planteaba apoyar la medida expropiatoria del petróleo, pero no al gobierno nacionalista de Cárdenas, interviniendo en la lucha contra el imperialismo con una orientación obrera independiente para superar los obstáculos y limitaciones del gobierno nacionalista de Cárdenas. En definitiva, se trata de que la clase obrera como caudillo nacional de las masas oprimidas alcance el poder, expropie a la burguesía y destruya el Estado capitalista, en la perspectiva como señalaba Trotsky de los Estados Unidos Socialistas de América Latina. En definitiva, las cuestiones planteadas en 1938 hoy mantienen toda su vigencia, en la medida que tanto bajo gobiernos nacionalistas burgueses, entre los que se cuentan López Obrador en México, Boric en Chile, Petro en Colombia, Alberto Fernández en Argentina o Lula en Brasil, junto a otros de signo diferente, pero igualmente anti- obreros expresan esa necesidad.