Humedales: las luchas populares por su protección

Los incendios, la contaminación por parte del agronegocio y los gobiernos cómplices y el derrotero del proyecto de ley

En la última década, están cobrando repercusión los pronósticos cada vez más catastróficos sobre el cambio climático, cuyas consecuencias ya afectan de manera severa a prácticamente todos los rincones del planeta. Inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, olas de calor y frío extremos e incendios son claros ejemplos de ello y van a obligar a desplazamientos migratorios forzosos a causa de hambrunas, enfermedades y ruinas materiales. En este marco, la reducción de los humedales, ecosistema fundamental para la biodiversidad, es enteramente proporcional a la alarmante evolución del calentamiento global.

Por caso, en apenas tres años, en la región argentina del Delta del Paraná, fueron devoradas más de 1,5 millones de hectáreas por los fuegos intencionales que las patronales agrarias generan. Estas quemas tienen el objetivo de expandir la frontera agropecuaria para engrosar las ganancias de los depredadores del ambiente. Esto sucede con el aval del gobierno nacional que busca desesperadamente el ingreso de divisas para el pago de la deuda externa mientras sigue ajustando al pueblo trabajador bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional.

A su vez, frente a los graves impactos en la salud y el ambiente de las quemas y el envenenamiento con agrotóxicos, han crecido en las comunidades los movimientos de lucha ambiental en defensa de estos reservorios de agua a través de la pelea contra los gobiernos nacional, provinciales y municipales que hacen yunta con los grandes capitales inmobiliarios, agrarios o mineros que destruyen los humedales. Sin embargo, estos reclamos están limitados ya que un sector del ambientalismo cae en la expectativa de conseguir la preservación de los humedales por la vía de la sanción de una ley o mediante un fallo judicial. Esto se manifiesta en las ataduras de compromisos con los grandes bloques políticos patronales, cuyos legisladores (principalmente los del Frente de Todos) coquetean con los movimientos de lucha, pero forman parte de los gobiernos que representan a los capitales sojeros y de la megaminería. Se incurre en la contradicción de buscar terminar con las quemas y la contaminación del agronegocio mientras se encorseta a la lucha desde el plano legal. El objetivo de fondo de estos bloques políticos capitalistas es el de desactivar estas luchas y llevarlas a un callejón sin salida.

A su vez, los diferentes gobiernos de turno, el actual oficialismo del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio y los Milei, se han dedicado a poner palos en la rueda para obstaculizar el proyecto que han firmado casi un millón de ciudadanos y que cuenta con la adhesión de unas 300 organizaciones socio ambientales por una verdadera Ley de Humedales. El abogado ambientalista Enrique Viale la definió como “la ley más lobbeada de la historia del derecho ambiental argentino”, refiriéndose a cómo las corporaciones capitalistas han trabajado denodadamente para impedir que se sancione una legislación de protección de humedales. O, en su defecto, una eventual aprobación que haya sido mutilada previamente en sus alcances.

El propósito de este artículo es describir qué son los humedales y cuál es su importancia, incluyendo datos estadísticos para dimensionarlo. Además, haremos un recuento de las numerosas iniciativas y luchas que tuvieron lugar en los últimos diez años para preservarlos. Como apartado final, expresaremos un planteo de transición y una salida de fondo.

Definiciones generales

Hay una frase muy común en el movimiento ambiental que dice que “no se lucha por lo que no se conoce”. Por eso, tomar conciencia del significado de los humedales es una herramienta más para fortalecer la organización colectiva y así poder arrancarle al Estado los presupuestos y los recursos para su control y cuidado ante la apetencia de los capitalistas.

En primer lugar, tenemos que saber que el agua es el componente esencial que los conforma y tiene un papel fundamental en la determinación y organización de su estructura y de sus funciones ecológicas. Es decir, sin agua no hay humedal. Con mayor precisión, el término humedal hace referencia a ecosistemas que permanecen en condiciones de inundación de forma permanente o semipermanente, siendo característicos los suelos hídricos. En segundo término, estos ecosistemas presentan una alta biodiversidad y redes alimentarias únicas, en donde habitan especies tanto vegetales (camalotes, juncos, etc.) como animales (carpinchos, yacarés, nutrias, etc.), hongos y microorganismos, con características particulares, que presentan adaptaciones a las condiciones de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y sequía. A grandes rasgos, hay cinco tipos de grupos de humedales: marinos (lagunas costeras, arrecifes de coral); estuarinos (deltas, manglares); lacustres (asociados con lagos); ribereños (adyacentes a ríos y arroyos) y palustres (marismas, pantanos y ciénagas).

Aunque la extensión y distribución de los humedales es imprecisa, se estima que componen el 6% de la superficie planetaria y que en ella se aloja el 40% de la flora y fauna. Y de ese total, el 31% de los humedales se encuentran en Asia, el 27% en América del Norte, el 17% en América Latina y el Caribe, el 12% en Europa, el 10% en África, y el 3% en Oceanía.

Los humedales están clasificados en lo que se denomina “Convención Ramsar” en la que se distinguen 42 tipos de ellos. Es la convención más importante a nivel mundial en lo que refiere a la reglamentación de los humedales y la conforman 171 estados parte. Argentina adhirió en 1992. Un aspecto importante es que presenta una lista de sitios de humedales llamados “Sitios Ramsar”. En la actualidad existen más de 2300 sitios Ramsar declarados en todo el mundo. Esta convención fue adoptada en la ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971. De hecho, la mencionada fecha es la que se establece para conmemorar el “Día mundial de los humedales”. Su supuesto objetivo de promover acciones y cooperación para su conservación y uso racional no deja de ser una mera formalidad: en la realidad se cumple poco y nada.

Importancia

Estos reservorios almacenan, absorben y purifican agua, constituyendo una de las principales fuentes de abastecimiento de agua dulce y de la recarga y descarga de acuíferos. Además, albergan y son refugio de una gran diversidad de especies y son considerados grandes amortiguadores de excedentes hídricos. Tienen un papel fundamental en los ciclos biogeoquímicos, es decir, en el movimiento de elementos entre los organismos vivos y las distintas esferas ambientales. A su vez, retienen, almacenan y transportan nutrientes y sedimentos; son, a su vez, importantes sumideros de carbono, por lo que representan ecosistemas muy valiosos en relación con el cambio climático, como ocurre en las turberas que almacenan el doble de carbono que los bosques del mundo. Los humedales son necesarios para la vida humana y del planeta porque constituyen una fuente esencial de alimentos, materias primas, recursos para medicinas, madera y otros materiales de construcción. Estas características beneficiosas suelen denominarse “servicios” de aprovisionamiento, de regulación, de hábitat y hasta culturales.

Las causas de su degradación

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), desde el año 1700 los humedales son el ecosistema más degradado y transformado, subsistiendo actualmente tan solo un 15% del total. Incluso, en los últimos 100 años, se estima que han desaparecido el 64% de los humedales, teniendo una tasa de degradación de 1,5% por cada año que pasa.

Son varios los factores que están conduciendo a la degradación o pérdida de humedales, tanto a nivel mundial como en nuestra región. La principal amenaza son los cambios en el uso del suelo ya sea para desarrollo urbano, industrial o rural, ya que modifican drásticamente la dinámica de la circulación del agua y sedimentos y su interacción según la forma y estructura del terreno, alterando a su vez las características ecológicas de forma permanente. El crecimiento compulsivo de los barrios privados y otros emprendimientos emplazados sobre estos ecosistemas aumenta la impermeabilización del suelo, es decir, la interrupción del paso natural del agua hacia las capas subsuperficiales, provocando desconexión del agua superficial con el agua subterránea y al mismo tiempo disminuyendo la conectividad del agua con la vegetación por estar perturbado su flujo natural. Asimismo, la construcción de represas, diques, canalizaciones, terraplenes, infraestructuras viales, etc., con estudios de impacto ambiental cuestionados, generan cambios estructurales irreversibles y fragmentan los hábitats, reduciendo la conectividad natural de los humedales con su componente esencial.

Dos casos emblemáticos del impacto del capital inmobiliario sobre los humedales se dan en el área metropolitana de Buenos Aires: Escobar-Tigre en el Delta y Avellaneda-Quilmes sobre el Río de la Plata.

Por un lado, tenemos las construcciones de mega emprendimientos del tipo Nordelta para cuya realización se rellenaron humedales en la zona de desembocadura del Río Luján. Es un proceso similar al de la polderización que en los Países Bajos se hace desde hace siglos para ganar superficie terrestre al Mar del Norte con el objeto de utilizarla para la agricultura o la actividad portuaria. Este fenómeno neerlandés está dejándose parcialmente en desuso debido a los enormes perjuicios por constantes inundaciones en zonas urbanas. Volviendo al Delta, numerosas investigaciones de universidades públicas de la región (UNGS, UNSAM) han demostrado la exacta vinculación de mayores anegamientos en las localidades lindantes al cauce del Luján con el crecimiento de barrios privados en su vera. Esto se produce porque rellenan los márgenes inundables (humedales) que regulan el excelente hídrico y, a su vez, los countries al levantar su cota inundan a los barrios populares aledaños.

En cuanto a la costa del Río de la Plata, la degradación es diferente. Allí se desmonta el bosque ribereño que es un humedal de transición entre el mar y el continente, de enorme importancia para la biodiversidad y que las organizaciones reclaman que sea declarado reserva protegida. Los vecinos desde hace años luchan para que no se instale un megaproyecto inmobiliario de la multinacional Techint. La intensa batalla ha dado sus frutos, pero la amenaza (disfrazada con otra denominación de emprendimiento) sigue latente. Para peor, los vecinos denuncian también la contaminación del lugar, ya que en el año 2004 lograron cerrar un vertedero del Ceamse que funcionaba desde la última dictadura militar.

En ambos casos, tanto las administraciones municipales y provinciales kirchneristas, massistas, radicales o macristas han sido correa de transmisión para el avance de estos negociados, sin matices.

Por otro lado, la deforestación, la explotación intensiva agroganadera, la sobrepesca, la introducción o eliminación de especies, entre otras calamidades como los incendios o quemas indiscriminadas, modifican y degradan a estos ecosistemas. La contaminación del agua por vertidos residuales no tratados tanto de la urbanización como de actividades productivas e industriales, el uso de fertilizantes, plaguicidas y fármacos que se transportan por escorrentías o efluentes, la contaminación por patógenos, las partículas plásticas persistentes o el asentamiento de basurales a cielo abierto son una amenaza constante para estos ecosistemas que, justamente, dependen del agua.

Que los humedales sean diezmados también es el caldo de cultivo para la expansión de enfermedades que derivan en pandemias. Las mismas, de origen zoonótico, son producto de la destrucción del hábitat de la fauna silvestre y del hecho de que la misma entre en contacto con la población urbana. El Covid o la Viruela del Mono son claros ejemplos de ello.

Algunos datos de Argentina

La República Argentina cuenta con 23 sitios Ramsar, abarcando el 2% del territorio nacional. Este porcentaje representa sin embargo solo una fracción del área total de humedales en nuestro país. Allí, se pueden incluir lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados, etc., que cubren aproximadamente entre el 25% y 30% de la superficie del territorio nacional, casi su tercera parte.

De los 600 mil Km2 de humedales que aproximadamente hay en el país, se destacan los “Esteros del Iberá”, de unos 25 mil Km2, que junto a otros de la región componen el segundo sistema de humedales del mundo, después de “Pantanal” (Brasil). Lamentablemente, estos esteros que se ubican en la provincia de Corrientes han sido gravemente afectados en los últimos tiempos debido a las sequías e incendios provocados por el capital agroforestal. En las últimas décadas, la implantación forzosa de pinos y eucaliptos para la industria maderera y la construcción de terraplenes por parte de las grandes arroceras han ido acaparando el agua disponible y secando los afluentes de ríos, arroyos, lagunas y esteros.

En cuanto a la variedad de humedales, Argentina cuenta con diversos tipos asociados a la cuenca del Plata, a la región del Chaco, a la región Pampeana, a la Patagonia, a la Puna y a la Zona Costera Patagónica, que se clasifican según la geomorfología (es decir, la forma de la superficie terrestre), el origen del agua que los sustenta y el tipo de vegetación asociada. Algunos ejemplos son el Delta del Paraná, los esteros del Iberá, la laguna de Mar Chiquita, la Bahía Samborombón, las turberas de Tierra del Fuego, las vegas de altura asociadas a la cordillera de los Andes, entre otros.

El derrotero de los proyectos de ley

El primer proyecto de Ley de Humedales fue presentado por la senadora nacional Elsa Ruiz Díaz, en abril del año 2013. La elaboración del texto contó con la colaboración de la Fundación Humedales, que desde el año 2012 venía reclamando la aprobación de una ley de presupuestos mínimos ambientales para protección. En septiembre del mismo año, el senador Rubén Giustiniani presentó otro proyecto de ley similar. Los proyectos luego fueron unificados y se debatió en el Senado, donde obtuvo media sanción. Sin embargo, la Cámara de Diputados nunca trató el proyecto, por lo que perdió estado parlamentario en el año 2015.

Entre 2015 y 2018 se presentaron en total ocho proyectos, todos los cuales perdieron estado parlamentario o nunca obtuvieron la aprobación unificada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, quien prometió sancionar una ley de humedales, se trabajó sobre un proyecto de ley que enfrentó una brutal oposición por parte del sector agropecuario, minero e inmobiliario. Se trató del proyecto del senador Fernando “Pino” Solanas. El proyecto solo tenía giro a la comisión de Ambiente y repentinamente lo giraron a dos comisiones más: Agricultura y Presupuesto. Esto ocurrió tres meses después, algo absolutamente arbitrario, según denunció en su momento el propio Solanas. El proyecto obtuvo media sanción, pero finalmente perdió estado parlamentario en 2018. La estrategia de los legisladores de los bloques mayoritarios fue dejarlo dormir en las comisiones para que nunca llegue al recinto.

Posteriormente, en plena pandemia (2020), se presentaron varios proyectos ante la Comisión de Ambiente de Diputados, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos). Después de debates multisectoriales, con participación de expertos, unas catorce propuestas presentadas (incluida la del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad) se unificaron en un solo dictamen. El proyecto unificado fue girado a cuatro comisiones: Agricultura y Ganadería, Asuntos Marítimos Fluviales, Portuarios y Pesqueros y Presupuesto. Otra vez sopa: se impuso la estrategia de enviarlo a varias comisiones para retrasarlo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, ya a cargo de Alberto Fernández, lo excluyó de la agenda de sesiones extraordinarias y la iniciativa perdió estado parlamentario a fines del año 2021. En marzo del 2022, Grosso volvió a presentar el proyecto, pero el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, junto al Consejo Federal del Ambiente (Cofema), embarra nuevamente la cancha presentando una nueva propuesta a la medida de los intereses de los gobernadores asociados al agro y a la megaminería (en especial el litio), que las organizaciones rechazan por considerarla regresiva.

Es que los colectivos exigen una Ley de Humedales, pero no cualquier ley. Pese a que ya existe el proyecto consensuado por organizaciones independientes ambientales, vecinales y científicas, el Cofema desarrolló una nueva propuesta de texto, sin abrirla a la participación de la ciudadanía. Es un articulado que degrada el texto unificado elaborado del 2020. Entre los principales retrocesos que plantea el está la disminución de los controles por parte de las autoridades ambientales nacionales. Las organizaciones que luchan en defensa de los humedales reclaman que se sostenga el espíritu del proyecto unificado: resarcimiento de las zonas dañadas, que el Estado garantice los fondos y recursos necesarios, una real participación de la comunidad y un verdadero inventario.

Disparan contra el proyecto “consensuado”

Finalmente, hacia fines del 2022 y por la presión del movimiento ambiental, no se presentó el proyecto del Cofema. Sin embargo, los dos grandes bloques políticos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en “consenso” con los lobbies capitalistas reelaboraron nuevas propuestas a la medida de estos. Una especie de garrote (JxC) y zanahoria (FdT). Lo que sí ambos con la misma orientación de anular el proyecto unificado original de las organizaciones ambientales independientes. Idas y vueltas en los debates del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dieron como resultado la aprobación de dos dictámenes: uno de mayoría, Juntos por el Cambio y el otro de minoría, Frente de Todos, lo cual también reveló la impostura y postración de este último.

Ocurre que, y como lo denunciamos en su momento en Prensa Obrera, Juntos obtuvo la aprobación de su dictamen por mayoría en el tratamiento de la Ley de Humedales en la reunión plenaria de comisiones de Diputados. Al momento de votar se ausentaron los diputados del Frente de Todos alineados con los gobernadores del PJ.

En medio de movilizaciones y cortes de puentes (Rosario-Victoria) en varios puntos del país, incluidas movilizaciones frente al Congreso, Leonardo Grosso, del oficialista Movimiento Evita y presidente de la comisión de Ambiente, no había querido dictaminar en la primera plenaria. Después se avino al acuerdo entre el PJ con Juntos por el Cambio para postergar la segunda citación y luego soportó el vaciamiento de la misma por la oposición, y, en la tercera convocatoria, finalmente la deserción de los propios. Incluso, la propuesta de Grosso recorta aspectos importantes del proyecto consensuado con los movimientos de lucha. Respecto al inventario, estira el plazo de su realización de dos a tres años. Durante este lapso se elimina el concepto de “moratoria” reemplazándolo por “transición” y en las áreas y zonas de humedales que sean objeto de incendios se elimina el párrafo que establece que las mismas no pueden habilitar ningún cambio de uso del suelo.

También, se eliminan los incisos que establecen una Evaluación Ambiental Estratégica y una Evaluación de Impactos Acumulativos, ya que plantearían un monitoreo constante de los efectos destructivos sobre los humedales de las actividades agrícolas o mineras. Y, con una conclusión capituladora, Grosso cerró la reunión afirmando que “los dos dictámenes tienen parecidos en la definición de humedales, el inventario, las restricciones, la moratoria y el financiamiento”. O sea, no hay grietas entre los dos grandes bloques políticos patronales a la hora de congraciarse con los intereses del gran capital.

En cuanto al proyecto de Juntos directamente no acepta la más mínima regulación. Plantea que no se deben poner restricciones a la actividad productiva. Aparte, le brinda más poder a las provincias en el establecimiento de los inventarios (que pueden alterarlo tranquilamente) y el ordenamiento territorial mete por la ventana a la Secretaría de Agricultura para que junto al Ministerio de Ambiente sean las autoridades nacionales de aplicación. Esto sería un triunfo total para el capital agrario, una ley a su servicio.

Las luchas populares y consideraciones finales

En todo el panorama atravesado por el presente artículo en donde definimos el concepto y tipos de humedales, su rol fundamental en la biodiversidad, los factores que los degradan, los vaivenes para sancionar una ley que los proteja, etc, no debemos omitir lo más importante: las luchas populares del período. Allí, se pueden destacar las de los pueblos y ciudades del sur de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos y del norte de la provincia de Buenos Aires. En medio del tremendo humo de los incendios en las islas del Delta del Río Paraná, imponentes cortes de rutas y puentes se hacían sentir a la vista de todo un país, más allá de cierta reticencia a difundirlos adoptada por grandes medios de comunicación nacionales, ya sean los opositores de la “Corpo” de Clarín y La Nación (ligadas fuertemente al agronegocio) o los medios oficialistas como C5N, del gobierno cómplice de los capitales agrarios o mineros.

Además, hay que hacer notar a los movimientos de lucha en el área metropolitana y el interior de la provincia de Buenos Aires, que se baten a brazo partido con los gobiernos municipales, sean estos macristas o peronistas, para declarar la protección de reservas naturales, que son los últimos pulmones verdes urbanos y contienen humedales. Allí, enfrentan los apetitos de los grandes desarrolladores inmobiliarios o de obras civiles que, en complicidad con los intendentes, buscan impactar de lleno en estas reservas. Por caso, tenemos las reservas de Laferrere y Ciudad Evita (La Matanza); Isla Verde (Morón); Arroyo Morón (Hurlingham y Tres de Febrero); Parque Aguiar (San Nicolás); Albufera de Mar Chiquita (En la Costa); Santa Catalina (Lomas de Zamora); las reservas de las costas de Quilmes y Avellaneda; Giva (Merlo) o las cuencas de los ríos Luján y Reconquista por nombrar algunos de una lista que es interminable. Que los pueblos de los distritos se interesen cada vez más sobre estos espacios refuerza la lucha nacional por los humedales.

Provincias como Jujuy o las del “triángulo del litio” como Salta y Catamarca protagonizan otra pelea clave. Las comunidades originarias denuncian que los métodos de extracción del mineral arrasan con los salares, arruinan el trabajo histórico de los lugareños, privan de agua a la zona, ya que los salares contienen acuíferos (humedales de altura) y es un saqueo liso y llano, ya que se extrae la materia prima sin industrialización al mercado mundial y la actividad es un monumento a la superexplotación de los propios trabajadores mineros. Sobre el tema, recomendamos el artículo del compañero Claudio Del Pla que hace unos meses escribiera para “EDM digital” donde pormenoriza la cuestión del litio.1Ver “Acerca del llamado boom del litio…”. Recuperado de: https://revistaedm.com/edm-22-10-23/acerca-del-llamado-boom-del-litio/ Para colmo, el gobernador jujeño radical-macrista Gerardo Morales fue uno de los que picó en punta en la oposición feroz a una Ley de Humedales debido a que choca con los negociados de la megaminería a costa del ambiente.

En todas estas luchas enfrentamos a un régimen social y político del capital en decadencia que depreda el ambiente para ampliar sus horizontes de ganancias, supera los límites de la propia naturaleza para intentar recomponer sus tasas de beneficios. Avasallar los humedales, tiene esos objetivos de fondo. Frente a un planteo de transición, somos defensores de la llamada Ley de Humedales consensuada, porque fue un factor de deliberación, organización y movilización popular. Ante el dictamen de minoría propuesto por el kirchnerismo, un sector del movimiento ambiental propugna votarla porque sería “la mejor versión posible” frente al proyecto de Juntos que directamente sería casi la nada misma. No debemos entramparnos en esa falsa disyuntiva. Ante esto insistimos en que hay que relanzar un debate de asambleas para definir qué acciones tomar, siempre que deriven en la movilización popular y una fuerte campaña de difusión con el eje de un frente único independiente y de lucha.

Incluso, desde el Partido Obrero, tenemos nuestro propio proyecto de ley que es superador de los aspectos progresivos de la ley consensuada porque plantea el punto nodal del veto de las comunidades si un emprendimiento productivo u obra pone en riesgo una zona de humedal.

El mérito más importante del texto del PO-FITU es que aborda la protección de los humedales de un modo integral y de la mano de una estricta planificación que solo puede ser llevada a cabo por las organizaciones ambientales independientes, trabajadores, etc. Es decir, que precisa el modo del uso de las comunidades en armonía con su disponibilidad presente y para las generaciones futuras. O sea, una orientación social en favor de las mayorías populares.

También, el proyecto es muy claro en la prohibición del cambio de uso cuando un humedal es degradado y plantea la expropiación sin pago hacia grandes empresas o terratenientes involucrados en la destrucción de los mismos mediante desmontes, quemas, rellenos, contaminación, etc.

Nuestro proyecto está a disposición para dar una salida de fondo a la situación.

En conclusión, la cuestión es allanar el camino en la unidad con otros sectores de lucha del movimiento obrero ocupado y desocupado contra el ajuste, la represión, por el salario, salud, educación, la mujer y que organice una salida de fondo por un gobierno de los trabajadores. Un gobierno que, sobre nuevas bases, termine con la explotación humana y establezca un desarrollo productivo en armonía con el ambiente, y que, por ende, los servicios que brindan los humedales sean para la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador de la mano de su uso cuidadoso y la regeneración para el abastecimiento del agua.


Fuentes consultadas:
– Prensa Obrera
– Infobae
– Chequeado
– Portal web “Desde el conocimiento” (artículo de Jezabel Primost, Licenciada en Química e investigadora de la Universidad Nacional de la Plata)
– Ministerio de Ambiente de la Nación

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