Las 62 Organizaciones Peronistas, la burocracia sindical y la izquierda

Por casi medio siglo las 62 fueron el “brazo político” de la CGT que moldeó la relación de los sindicatos con los sucesivos gobiernos, incluyendo las dictaduras militares.

Su origen se remonta a la lucha contra el golpe que desalojó a Perón en el ´55 y la llamada resistencia peronista, que se desarrolló entre 1956 y 1959; una etapa de intensa intervención de la clase obrera, marcada por grandes huelgas, por la persecución y la represión del activismo y, sobre todo, por el protagonismo de las organizaciones de base, los cuerpos de delegados y las comisiones internas.

En rigor, la oposición obrera, la resistencia (a secas), a la ofensiva que la burguesía desató contra las conquistas de la clase obrera en esos años abarcó a amplios sectores no identificados con el peronismo. El añadido “peronista” engloba una experiencia de lucha muy diversa que, al menos en su fase inicial, tuvo contornos políticos difusos y siempre mantuvo “una dinámica autónoma que se estableció por debajo de la profesión de fidelidad a Perón”.  

En sentido inverso, al hablar de la resistencia “peronista” se disimula o se minimiza la capitulación o directamente la colaboración de fracciones de la dirigencia sindical con el gobierno de Lonardi y, más definidamente, con el de Frondizi desde el ´58.

La tendencia a la integración al Estado de las nuevas direcciones que se formaron al calor de la reorganización sindical se manifestó desde el inicio y tuvo un punto de inflexión en la huelga general del 26 y 27 de octubre de 1957.

Lonardi y Aramburu

El régimen militar que se instaló luego de la caída de Perón tuvo una primera etapa, efímera, presidida por Eduardo Lonardi, de la facción nacionalista católica del ejército, que intentó una política de conciliación con el peronismo (plasmada en la conocida sentencia “ni vencedores ni vencidos” de su discurso inaugural).

La CGT, encabezada en ese momento por Hugo Di Pietro, emitió un comunicado instando a los trabajadores a “…mantener la más absoluta calma y continuar en sus tareas… que es el modo de afianzar las conquistas sociales”. La parálisis ante el golpe dio paso rápidamente al primer experimento de colaboración del sindicalismo peronista con un gobierno no peronista; Luis Cerrutti, hasta entonces abogado de la UOM, fue designado ministro de Trabajo y se acordó un plan para avanzar en una “democratización” de los sindicatos dirigido a depurarlos de los elementos más comprometidos con el régimen anterior y a ordenar la actividad gremial eliminando los “abusos” de los trabajadores, es decir las prácticas que cuestionaban y limitaban el poder despótico de las patronales.

En contraste con esta política de entendimiento por arriba, numerosos locales sindicales fueron ocupados violentamente por “comandos civiles” -formados por socialistas (del gorila Partido Socialista de la época) y radicales- que reclamaban la entrega de todas las organizaciones a los autodenominados sindicalistas “libres” y en los principales centros fabriles de todo el país se desató una reacción autónoma de la clase obrera contra el golpe (hubo infinidad de huelgas, movilizaciones espontaneas y choques armados) motivada fundamentalmente por la comprensión de que la dictadura venía a eliminar conquistas fundamentales.

Esta inestabilidad no podía prolongarse; apenas dos meses después el ala “liberal” encabezada por el general Pedro Aramburu -y apoyada por la UCR, el PS, los conservadores y la Democracia Cristiana- tomó el control del gobierno y lanzó una ofensiva mucho más profunda: excluyó de toda actividad gremial a los que hubieran ejercido algún cargo en los años previos, puso al mando de la CGT a un capitán  -Alberto Patrón Laplacette- y a todos los sindicatos bajo el control de supervisores militares. Entre otras medidas, el nuevo gobierno permitió la formación de más de un sindicato por rama de actividad, limitó el derecho de huelga y habilitó acuerdos por empresa.

En el plano laboral, el objetivo declarado por Aramburu fue “llevar a la práctica las conclusiones a las cuales arribó el Congreso de la Productividad de 1955”. Aquel congreso fue un intento de Perón de superar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones incrementando la explotación obrera y cercenando algunas conquistas, que fracasó por la oposición de los cuerpos de delegados y las comisiones internas. En gran medida fue esa incapacidad del gobierno peronista para disciplinar a las bases obreras la que decidió el pasaje de la burguesía al campo del golpe.

La política de Aramburu partió de esa comprensión y se empeñó en llevar la embestida hasta los mismos lugares de trabajo, para desarticular al movimiento obrero desde sus cimientos. Las comisiones internas fueron reemplazadas por delegados designados por los interventores y se dio vía libre a los empresarios para “eliminar los obstáculos a la productividad”; el decreto 2739 fue el santo y seña para una represión sistemática que se combinó con el accionar de la Sección Orden Gremial de la Policía Federal: la denuncia por sabotear la marcha de la producción conducía a la pérdida del trabajo y con frecuencia a la cárcel. Solo como ejemplo: con este procedimiento, la patronal de la textil La Bernalesa se desprendió de un plumazo de sus 120 delegados. Los despidos de los elementos más combativos, peronistas y no peronistas, se contaron por miles.

Al desconcierto inicial siguió una reacción no calculada por la dictadura: la puesta en pie de una red de agrupaciones clandestinas o semiclandestinas que, desde mediados del ´56, protagonizó una serie de conflictos muy radicalizados, contra los despidos, las detenciones y por aumentos de salarios; así ocurrió en astilleros, gráficos, calzado, textiles y la carne; las jornadas perdidas declaradas, solo en la Capital, pasaron de 144 mil en el ‘55 a más de 5 millones un año después. El más emblemático de esos conflictos fue la huelga metalúrgica, que se extendió por casi dos meses; cuya derrota requirió de todo el peso represivo del ejército y las patronales y fue una experiencia que marcó a fuego al gremio metalúrgico y cuyo desenlace consolidó el liderazgo en la UOM de Augusto Vandor.

Esta primera ola de luchas, apoyada sobre todo en una gran actividad de base, hizo emerger una nueva generación de activistas, muy combativa y militante, que confluyó con una parte de la dirigencia que se había formado durante los últimos años del gobierno de Perón y mantuvo una militancia luego del golpe (el propio Vandor, Amado Olmos y José Alonso entre muchos otros). Esas segundas líneas de la vieja burocracia fueron incidiendo de manera creciente en la evolución de todo el movimiento y en la construcción de un nuevo esquema de conducción.

Una nueva burocracia

No sin renuencia el gobierno reconoció la imposibilidad de barrer la organización sindical mediante una franca represión y, confiando en poder controlar las elecciones por medio de los interventores y apoyándose en sus aliados “democráticos” (socialistas y radicales), inició una política de elecciones controladas de comisiones directivas y comisiones internas.

En paralelo a la “normalización” sindical se anunció un plan político que incluía la derogación de la Constitución peronista del ’49 y el llamado a elecciones presidenciales en febrero de 1958.

Este pasaje de la ilegalidad a una etapa de semilegalidad de las organizaciones obreras disparó una controversia importante. Los viejos dirigentes desplazados por el decreto de inhabilitación, reagrupados en la llamada CGT Auténtica (liderada por Andrés Framini) resolvieron, avalados por Perón, boicotear la convocatoria.

En su visión, su retorno a la dirección de los sindicatos dependía enteramente del éxito de la “resistencia civil” alentada por Perón desde el exilio, consistente en acciones de sabotaje y la instigación al levantamiento de sectores militares afines (del tipo del que poco antes, el 9 de junio de 1956, había intentado el general Juan José Valle). El rol subordinado que “el general” otorgaba al movimiento obrero (como un instrumento de presión para forzar a la Libertadora a una salida negociada) fue contradicho por el proceso de movilización y reorganización obrera que había comenzado desde los primeros meses de 1956, uno de los más importantes de la historia.

La orden de no presentarse fue rechazada por las nuevas direcciones emergentes entendiendo que la participación en las elecciones, incluso amañadas, les permitiría consolidar el lugar que ya venían ocupando “de hecho” en varios sectores y niveles de la estructura sindical. Este pronóstico fue confirmado con el triunfo de los peronistas en prácticamente todos los gremios industriales; en algunos casos de manera aplastante. Sobre todo, en las elecciones de base; a modo de ejemplo, en la elección interna en la planta de Alpargatas, la mayor textil del país, la lista peronista se impuso a la socialista por 12.000 votos contra 400.

De la Intersindical al Congreso Normalizador de la CGT de 1957. Las 62

A comienzos de 1957 por iniciativa del Partido Comunista, que dirigía varios gremios (aceiteros, prensa, madera, construcción, etc.) se formó una Comisión Intersindical, junto a sindicatos normalizados que habían vuelto a manos peronistas. El PC compartía todos los postulados “democráticos” (antiperonistas) pero en las fábricas adoptó una línea de trabajo común en defensa de las condiciones laborales.

La Intersindical jugó un papel importante en la centralización de la lucha por la liberación de todos los presos y el fin de la intervención a las organizaciones sindicales; organizó un acto el Primero de Mayo en Plaza Once que congregó a más de diez mil personas, la primera concentración obrera opositora autorizada desde el golpe; el 12 de julio, convocó a una huelga general que tuvo un acatamiento aplastante.

Varios sindicatos del PC -construcción, gastronómicos y canillitas- a último momento resolvieron desertar a cambio de que el gobierno, según se supo luego, le otorgara su legalidad para participar de la Constituyente. Esta conducta “carnera” del PC reforzó la preminencia de los gremios peronistas.

Las elecciones constituyentes, realizadas poco después, se transformaron en una medición de fuerzas que dio ganador al voto en blanco impulsado por el peronismo; detrás quedaron las dos fracciones en que se había dividido la UCR (la UCR del Pueblo encabezada por Ricardo Balbín y la UCR Intransigente liderada por Frondizi)

El congreso que no fue

Bajo la presión de un ascenso huelguístico sostenido y aún convencido de poder imponer una dirección afín, el gobierno convocó el 26 de agosto a un Congreso Normalizador de la CGT.

Los 673 delegados pertenecientes a 98 sindicatos -en representación de 2,5 millones de trabajadores- colmaron las instalaciones del salón Les Ambassadeurs de la Capital Federal; de los cinco gremios con más congresales, cinco pertenecían a los “libres”. Las actas de los debates (de los que participaron algunos protagonistas centrales de los años siguientes, como Agustín Tosco, José Rucci o Antonio Mucci) son el registro de una encarnizada confrontación que se extendió por diez días en torno a la manipulación de los padrones y la legitimidad de los congresales.

La maniobra del gobierno chocó con una fuerte oposición y terminó naufragando. Finalmente, el congreso no pudo sesionar y se fracturó, dando lugar a los dos nucleamientos en los que quedaría dividido el sindicalismo argentino: “Las 32 Organizaciones Democráticas” (gráficos, bancarios, ferroviarios y comercio, entre otros) y “Las 62 Organizaciones” que agrupó a los principales sindicatos industriales (metalúrgicos, textiles, carne y alimentación), de energía (luz y fuerza, petroleros) y de servicios (choferes, portuarios, telefónicos). Aquí se alinearon los gremios peronistas y los dirigidos por los comunistas, además de las Regionales de la CGT ya normalizadas.

Poco después el PC rompió para poner en pie un agrupamiento propio: el Grupo de los 19, luego llamado Movimiento de Unidad Sindical Clasista. De este modo quedaron constituidas Las 62 Organizaciones Peronistas: una conducción nacional que fue a la vez la expresión institucional del peronismo proscripto.

El ascenso de las luchas y el pacto Perón-Frondizi

En los meses siguientes Las 62 fueron el motor de una creciente conflictividad. El reclamo salarial de los telefónicos, que arrancó con quites de colaboración y movilizaciones fue escalando hasta la huelga indefinida y una dura represión (que incluyó la detención de casi 200 activistas); este fue el detonante de un ascenso imparable que condujo a la primera huelga general convocada por Las 62, el 27 de setiembre y luego otra de 48 horas, el 22 y 23 de octubre, aún más contundente. Las medidas de lucha eran decididas en plenarios de los que participaban los gremios (que por ese entonces eran muchos más que 62) acompañados por barras de activistas. El paro de 48 horas, mocionado por ATSA, se impuso a la propuesta de la huelga general por tiempo indeterminado, realizada por panaderos. Se estima que paró el 80 por ciento de la industria en Capital y Gran Buenos Aires, y la mayor parte del transporte en todo el país.

La constitución de la Intersindical, la huelga del 12 de julio, el surgimiento de Las 62 Organizaciones y los paros generales de setiembre y octubre de 1957, fueron los hitos de un ascenso extraordinario que puso a Aramburu contra las cuerdas; pese a los golpes represivos (estado de sitio, detenciones y nuevas intervenciones sindicales) la voluntad de lucha de los trabajadores crecía y se reunían las condiciones para la derrota de la dictadura; el reconocimiento de esta situación aceleró la salida electoral. Profundizar el enfrentamiento con la “Libertadora” hubiera desembocado casi con seguridad en una situación revolucionaria. Por poderosas razones de clase Perón no estuvo dispuesto a hacerlo. Las 62, dueñas ya de una enorme autoridad, fueron la pieza clave para contener y canalizar la rebelión obrera hacia el pacto Perón-Frondizi. La Ley de Asociaciones Profesionales, uno de los pilares de ese pacto, permitió la consolidación de la nueva burocracia y le aseguró el dominio total de los aparatos y las cajas sindicales. Este fue un punto de inflexión del proceso de la resistencia.

La autonomía de la clase obrera

La Libertadora llevó adelante la ofensiva contra la clase obrera en simultaneo con una cruzada para “desperonizarla”. Los trabajadores identificaron aun más que antes sus conquistas económicas y sindicales con Perón, frente a un régimen que venía a arrasarlas. El peronismo, antes doctrina de regimentación de los trabajadores, aglutinó las luchas dispersas y les dio un sentido político determinado. Pero ese proceso no fue lineal.

La autoridad del peronismo y de la burocracia -por sus vacilaciones ante la presión patronal en favor de una mayor productividad y ante los sectores golpistas- ya estaba seriamente erosionada hacia el final del gobierno de Perón y se debilitó aún más con su retirada sin lucha luego de concretado el golpe. Esta defección, objetivamente, planteó las condiciones para el surgimiento de una nueva dirección de la clase obrera.

La reacción de las bases ante la Libertadora fue espontánea y el desbande de las cúpulas sindicales reavivó una suerte de “obrerismo”, un sentimiento de autonomía subyacente en la clase obrera a nivel de la fábrica, que desafío el dominio del peronismo cuando este gobernaba, generando reiteradas confrontaciones con las direcciones burocráticas. Los conceptos formales de armonía social postulados por Perón en la “comunidad organizada” colisionaban con la experiencia de conflictos permanentes en los lugares de trabajo. Esos conflictos se multiplicaron con la crisis económica que precedió al golpe.

En 1954 la renovación de los convenios colectivos llevó a un choque directo con las patronales (que buscaron atar los aumentos a nuevas pautas de productividad) y con el gobierno; las burocracias fueron desbordadas, Perón intervino varios sindicatos y reprimió las manifestaciones, pero las huelgas se extendieron bajo la conducción de las comisiones internas, que terminaron arrancando aumentos salariales mayores y beneficios adicionales.

Esta autonomía nunca pudo ser quebrada por el proceso de estatización de los sindicatos que se desarrolló desde 1945; la tensión entre la “integración por arriba” y la “resistencia por abajo” se manifestó de distinta manera siempre; es lo que explica que las comisiones internas no se hayan hundido junto con el gobierno peronista y, por el contrario, sin Perón en el poder y con la burguesía lanzada a imponer un nuevo ordenamiento laboral, sin la presión de los grandes aparatos nacionales y la CGT, mostraran una enorme vitalidad.

La izquierda se adaptó al peronismo

¿Pudo la izquierda incidir en la evolución de, al menos una fracción, la más combativa, de ese nuevo activismo emergente? Sin dudas tuvo esa posibilidad, pero la malogró por sus limitaciones, organizativas y sobre todo políticas.

El Partido Comunista y el Partido Socialista, con sus diferencias, actuaron ambos a contramano de ese proceso. El PS directamente se constituyó en el “ala sindical de la Libertadora”. Su incapacidad para comprender la transformación material que había experimentado el movimiento obrero lo ubicó en un campo reaccionario en todos los aspectos, incluso condenando las huelgas espontáneas que no encajaban en su tradición sindical. El Partido Comunista, aunque opuesto formalmente al golpe, definía al peronismo como el “enemigo principal”. Su política osciló entre la participación en el bloque de los “sindicalistas libres” y acuerdos prácticos con los peronistas -en torno a la defensa de las conquistas laborales o la liberación de los presos- aunque predominaron sus enfrentamientos tanto en el seno de la Intersindical como en Las 62. El PC se presentó a las elecciones constituyentes de 1957, mientras la masa de los trabajadores votó en blanco.

Al margen de la “izquierda gorila” dos corrientes trotskistas llegaron a tener cierta inserción y pudieron desempeñar un papel en la resistencia: el Grupo Cuarta Internacional, luego Partido Obrero Revolucionario Trotskista, dirigido por J. Posadas, adoptó una posición de semineutralidad, intervino en luchas reivindicativas pero no denunció a los colaboracionistas del sindicalismo “libre” ni enfrentó la persecución de la dictadura a los activistas peronistas. Fue uno de los partidos legalizados por Aramburu para participar de la elección presidencial en la que triunfó Frondizi.

La otra corriente -el Grupo Obrero Marxista, luego Partido Obrero Revolucionario-dirigida por Nahuel Moreno caracterizó inicialmente al peronismo como “un movimiento reaccionario de derecha” y, por tal razón, llamó a votar en 1948 y 1951 al PC y al PS. Posteriormente pasó a considerarlo la expresión de “un frente único antiimperialista” y el POR se disolvió en la Federación Bonaerense del Partido Socialista de Revolución Nacional que, como rezaba su órgano de prensa, actuaba “bajo la disciplina del general Perón”.

Luego del golpe, Moreno rompió con el PSRN e impulsó el Movimiento de Agrupaciones
Obreras (MAO), un frente único con sectores peronistas, que editaba el periódico Palabra Obrera. Profundizando su integración al peronismo, poco después inició su etapa de “entrismo” que se prolongó de diversas formas (en la casi inexistente JP, etc.) hasta 1964.

Este derrotero es justificado por su historiador oficial, Ernesto González, con argumentos, cuanto menos, curiosos; afirma que reconocerse parte del movimiento era la forma de lograr un mayor acercamiento a la vanguardia para “superar su atrasada conciencia política”. Eso implicó autodefinirse como “peronistas”, abusar de la fraseología peronista, “no atacar abiertamente la figura de Perón” y hasta “cantar la marcha”. El MAO aspiraba a convertirse en “la fracción trotskista legal del peronismo”.

El mismo autor reconoce entre los “errores” cometidos “una desviación sindicalista”, es decir, la ausencia de toda lucha política. Pero también dice que “se dejaron de lado los planteos fundamentales del pueblo trabajador, tales como la carestía de la vida” y que las campañas centrales de Palabra Obrera fueron “por la legalidad del peronismo y de Perón, y en el terreno sindical, por la unidad de la CGT y una dirección peronista”. Evidentemente, la mimetización con el peronismo y la adaptación política fue casi total.

El extremo de este sometimiento fue el impulso al voto por Frondizi en las elecciones del ’58, siguiendo la orden de Perón, “para no romper la unidad de movimiento obrero”; incluso caracterizando que esa operación política apuntaba a “frenar, aún más, el impulso que habían alcanzado las luchas durante setiembre y octubre de 1957. La máxima dirección peronista colaboró de esta manera con la tendencia ya adoptada por la dirección de las 62 de desmontar ese formidable movimiento”.

El llamado a votar a Arturo Frondizi, de largo pasado anti-peronista,confrontó con una fracción enorme de la clase obrera y en especial del activismo. Por ejemplo, el plenario de Las 62 de Rosario requirió diez reuniones para resolver el apoyo que reclamó la dirección. Aun así, hubo más de 800.000 votos en blanco o abstenciones.

En resumen: en un momento clave, de cuestionamiento al peronismo y creciente actividad de las bases, cuando -según el mismo González- “dentro del peronismo existían claras tendencias hacia la acción independiente”, en lugar de promover la diferenciación de los sectores más radicalizados la izquierda se confundió política y organizativamente con él. La ausencia de toda referencia política independiente clausuró la posibilidad de una evolución alternativa de la vanguardia.

El Cordobazo en 1969, recrearía un movimiento de renovación sindical, de claro contenido clasista, en las organizaciones obreras. La “resistencia” de la primera etapa de Las 62 fue un combativo antecedente.

Bibliografía:

– James, Daniel. Resistencia e integración: El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976.

– Salas, Ernesto. La Resistencia peronista. La toma del Frigorífico Lisandro de la Torre

-Schneider, Alejandro. Los compañeros

-Gasparri / Panella. El congreso normalizador de la CGT de 1957

-Gonzalez Ernesto. El trotskismo obrero e internacional en la Argentina

-Rath, Christian. Las crisis políticas y la izquierda. Revista “En defensa del Marxismo N°49”

-Santos, Rafael. Perón y la flexibilidad laboral. Revista “En defensa del Marxismo N°13”