La República Bonaerense del economista y periodista Luis Beldi pone en evidencia el entramado de poder en la provincia de Buenos Aires integrado por narcotraficantes, políticos, jueces, fiscales y la policía. Beldi desarrolla en casi 400 páginas las investigaciones que llevó adelante durante años y que conducen a echar luz sobre la presencia de estos actores en casos que tomaron un amplio estado público. Uno de ellos es el doble crimen de Unicenter, el vuelo de los hermanos Juliá, el triple crimen de General Rodríguez, la liberación masiva de presos en pandemia, la banda de los jueces y la del “comisario millonario” que manejaba el dinero de la Bonaerense.
Otro de los casos al que Beldi le da un lugar preponderante es el robo a la casa de Sergio Massa, cuyo desarrollo da cuenta de la relación de la pareja Massa-Galmarini con quienes organizan los robos orquestados por la policía y el poder judicial en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. El autor se explaya en dar detalles sobre cómo este caso se resolvió rápido para no perjudicar la carrera política de Massa producto a las grandes irregularidades que presentó, particularmente, respecto de lo que efectivamente había en la casa de Massa y Galmarini y lo que se declaró. Datos que daban cuenta de que, en efecto, el político no había declarado parte de su patrimonio.
Además, Beldi, redunda sobre los casos donde jueces y, en algunos casos, fiscales dictan órdenes de allanamiento al boleo en casas de narcos donde, si no la encuentran, plantan la droga para luego amenazar con abrir causas y meter en cana a integrantes de las familias de narcos. En el curso de los allanamientos, la policía se roba desde joyas, plata, hasta la carne del freezer y la ropa colgada en los tenders a gente relacionada con el narcotráfico que no puede denunciar el hecho porque producto de las comprobadas pruebas que tiene la policía de su relación con el narcotráfico, los extorsionan con meterlos presos. Por lo tanto, se deja ver que en la República Bonaerense no solo la policía se queda con la droga y pertenencias de los narcos de bajo escalafón, sino que además saben perfectamente quienes son y los encubren para seguir extorsionando y llevarse el mejor botín. Que luego es repartido entre los jueces que dieron la orden de allanamiento, los fiscales que intervienen en los casos, los contadores, abogados y la policía que es la que efectivamente lleva adelante los operativos.
Beldi también menciona a Mario Ishii, intendente de José C. Paz y uno de los barones del conurbano más poderoso. Recuerda cómo este caudillo “carismático” del conurbano, en el marco de una ofensiva por amedrentar a trabajadores de la salud que durante la pandemia protestaban porque estaban obligados a trabajar 24hs por día, había declarado en un estado de desenfreno absoluto “Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa y yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.
Este exabrupto verbal ponía de relieve la aceitada relación de los intendentes con la compra y venta de drogas. Negocio imposible de funcionar sin la participación de la policía y el entramado del poder judicial y político que no solo habilita, sino que además es parte del negociado.
¿Un poder paralelo?
Beldi expone la idea de la existencia de un poder paralelo en la provincia de Buenos Aires, un poder que no responde, dice, “al voto popular” sino a un entramado entre el poder judicial bonaerense, la policía bonaerense y sectores políticos. Es lo que se suele sugerir desde los medios de comunicación, la idea de un poder cuyo funcionamiento es paralelo. El concepto de fondo consiste en sostener que existen sectores de la política que quieren “limpiar” a la policía y al poder judicial, que quieren “combatir el narcotráfico”. Pero lo que se muestra evidente, citando a Carla Deiana, dirigente del Partido Obrero en Rosario que se enfrenta, junto con el Polo Obrero, todos los días al narcotráfico en los barrios populares, es que el problema no son algunas “manzanas podridas” sino que el narcotráfico está enquistado en el corazón del Estado.
Como La República Bonaerense se centra en un ámbito históricamente dirigido por el peronismo, Beldi presenta a la oposición al peronismo, desde la Jueza Arroyo Salgado, hasta Elisa Carrió y María Eugenia Vidal como quienes intentaron, aunque sin éxito, “limpiar” particularmente a la policía y al poder judicial bonaerense. Sin embargo, si hurgamos en el negocio del narcotráfico en todo el país vemos que en este negocio todos los partidos del régimen burgués tienen las manos sucias.
Por caso, quien fuera intendente de Paraná en Entre Ríos, Sergio Varisco, fue condenado a 6 años y 6 meses por traficar droga. Sus vínculos con Mauricio Macri son conocidos porque fue un caso emblemático en el marco de que la estrategia electoral de Cambiemos, en la que se embandera, sin sonrojarse, la que es hoy Ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, que es la “lucha contra el narcotráfico”.
Además, está el caso del yerno lilito Héctor “Toti” Flores, exdiputado por Cambiemos. Roberto Andrés Herrera, detenido en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, acusado de tener un laboratorio para la producción de drogas sintéticas en su casa. Está casado con Andrea Vanesa Flores, la hija de Héctor “Toti” Flores, compañero de fórmula de Elisa Carrió en ese entonces.
También está el caso del primo de Alfonso Prat Gay (exministro de Economía de Macri) que fue preso por formar parte de una banda narco. Félix Manuel Bejar Prat está en el penal de Devoto por haber participado del lavado de activos de esa banda.
Danna Báez, dirigente del PRO de Misiones cayó en Brasil con 5 kilos de cocaína. En Corrientes, detuvieron con 10 kilos de marihuana a una empleada del municipio de Morón en 2018. Trabajaba con Ramiro Tagliaferro, entonces intendente de Cambiemos de allí y ex marido de Vidal.
En 2016, en la localidad de San Pedro, otra dirigente de Cambiemos cayó presa por “narcotráfico”. Silvia Sampol era consejera escolar de Cambiemos, y tenía importante cantidad de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y proyectiles. Entre otros muchos casos que, de nombrarlos todos, excederían el espacio de este artículo.
Pero volvamos un poco a la causa de Varisco (2017) que fue condenado por hacer un acuerdo con Daniel “Tavi” Celis, acusado de ser el líder de la banda narco, en la que Varisco se comprometía a entregar $50.000 pesos mensuales para financiar el comercio de estupefacientes. En este caso, el ex intendente acusó en el juicio a Patricia Bullrich de pedirle a éste que “entreguen” a dos exfuncionarios.
Es que el axioma del régimen político es el siguiente: como los casos de narcotráfico son tan escandalosos y cada tanto aparecen en la realidad como un ladrillo lanzado a la cara de la población con la fuerza de la muerte, como los pibes que fallecieron por consumir cocaína en mal estado por una riña entre narcos en la provincia de Buenos Aires. O como en los barrios populares que donde no para de haber tiroteos que se llevan la vida de jóvenes y niñes que indignan a la población y generan verdaderos estallidos populares como fue el caso de los vecinos y vecinas de Villa Celina (provincia de Buenos Aires) que desataron una rebelión por el asesinato de un vecino en manos de los narcos y marcharon a la comisaría y el comisario tuvo que renunciar a los días1De la Rosa, G. “La Matanza: Villa Celina, rebelión de los vecinos contra el narcotráfico”. https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/la-matanza-villa-celina-rebelion-de-los-vecinos-contra-el-narcotrafico. En los barrios la gente ya sabe que la policía actúa con los narcos. Algo similar había ocurrido en Rosario, donde asesinaron a un niño de 11 años. Fue la gente la que tomó en sus manos la lucha contra los narcos, mientras la policía respondió reprimiendo la rebelión popular2“Rosario, un barrio rebelado contra los narcos”. https://prensaobrera.com/politicas/rosario-un-barrio-rebelado-contra-los-narcos.
El accionar del Estado consiste en “entregar” algún funcionario, algún policía, alguien, generalmente algún cuatro de copas para calmar la situación y al mismo tiempo seguir protegiendo a los que juegan un rol de peso en el mercado ilegal de las drogas. Alguno cae, pero en ningún caso caen los grandes peces. Y el negocio del narcotráfico avanza con el aval político, judicial y de la policía.
Un poco de historia
La relación entre los políticos de los partidos más poderosos del régimen y el narcotráfico viene de larguísima data. Luis Beldi, en su investigación abarca la última década y solo se limita al ámbito bonaerense. Sin embargo, importa notar que el negocio del narcotráfico en nuestro país tiene su auge en la década del 90, la privatización de los puertos jugó un rol fundamental en ese sentido, así como también lo hizo la economía capitalista en decadencia. Más en su conjunto que encuentra en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas un negocio fundamental para intentar contrarrestar las pérdidas que produce la caída de la tasa de ganancia de los capitalistas en una economía en crisis a nivel mundial.
En el ámbito bonaerense, el narcotráfico estuvo históricamente relacionado con Eduardo Duhalde. Duhalde fue señalado como el que manejaba el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires por Luis D’Elía a través de los medios de comunicación en el año 2005. En aquella ocasión D’Elía había afirmado que el policía Claudio Smith, custodio de Chiche Duhalde estaba relacionado con el narcotráfico. También había dicho que había conversaciones grabadas entre narcotraficantes donde se mencionaba a Eduardo Duhalde y que se habían investigado varias pistas clandestinas en la zona de Necochea que eran propiedad del caudillo peronista. Sin embargo, luego de verter estas denuncias D’Elía fue citado a declarar y desmintió las acusaciones que había hecho.
Además de las denuncias posteriormente desdichas por D’Elía, estuvieron las del abogado Sarwer, denuncias que fueron desestimadas por la justicia porque a Sarwer se lo declaró judicialmente como una persona que presenta un cuadro de “síndrome delirante crónico” y que sufre “ideación delirante de contenido megalómano persecutorio” que lo lleva a tener un “juicio desviado”.
Elisa Carrió, quien siempre se presentó como la justiciera frente a los negociados de los políticos, hecho desmentido por sus propios aliados políticos como mencioné anteriormente, se disculpó, como D’Elía, por haber relacionado a Duhalde con el narcotráfico.
Duhalde, el rey de los barones del conurbano durante las primeras décadas de la vuelta a la democracia y quien durante años dirigió de hecho al Partido Justicialista quedó absolutamente “limpio” de cualquier relación con el narcotráfico, así como también Aníbal Fernández. Cualquier prueba se desvaneció en el aire. Claudio Izaguirre, Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, luego de la lectura de los expedientes que relacionaban a Duhalde con el narcotráfico concluye: “Creo que todos los argentinos debemos una extensa disculpa al caudillo bonaerense y todo el desprecio para aquellos que mediante engaños impusieron la idea de que Duhalde era un narcotraficante. Creo que los mezquinos personajes de esta dolorosa historia no han sido suficientemente castigados por la opinión pública. Hoy sabemos que hay detestables personajes, que a través de la mentira destruyen la vida de quienes queremos luchar contra las drogas. Lo hicieron con Eduardo Duhalde, con Alberto Lestelle, con José Ramón Granero y con quien escribe estas líneas”.
Los soldados del régimen capitalista se desdicen no solo porque son intimidados y amenazados cuando denuncian y porque las pruebas que relacionan a los políticos con el narcotráfico son generalmente inaccesibles, desaparecidas, se esfuman con el viento, sino porque además se advierte desde los altos mandos del régimen burgués que si caen quienes habilitan un negocio que se sostiene para garantizar la ganancia capitalista, también puede caer el esquema del andamiaje estatal que sostiene al poder capitalista.
Además de Duhalde hay otros políticos que fueron directamente relacionados con el narcotráfico como es el caso de De Narváez, cuyo vínculo con el negocio de la Efedrina a través de su relación con Mario Segovia, considerado el rey de la Efedrina, tomó estado público. De Narváez, en su campaña para gobernador de la provincia de Buenos Aires para el Frente Renovador de Sergio Massa en 2017, denunció por supuesto sin dar nombres, ni coordenadas y sin que se le cayera la cara tampoco, que “En la Argentina se produce, se consume, se distribuye y se exporta droga”, su promesa de campaña por supuesto era meter a todos presos. Curioso es que, con tan fuerte denuncia, no haya ido nadie preso por estas denuncias y que, De Narváez, relacionado a los tuétanos con el escándalo de la efedrina, haya sido borrado del esquema electoral político. La causa de su desaparición del ámbito político fue un intento de preservar al régimen.
En la actualidad el gobierno de Milei y uno de sus soldados ultraderechistas del Congreso, José Luis Espert que pide cárcel o bala para “Chiquito” Belliboni, Alejandro Crespo y los diputados del Frente de Izquierda, está relacionado con Fred Machado, un reconocido narco.
En suma, Luis Beldi denuncia que “Las autoridades de la República Bonaerense son hombres de fortuna. No tienen ideología. Los que ingresan a ese círculo, sus sucesores, deberán demostrar con hechos que son dignos de ocupar ese lugar. Después vendrán el dinero y el poder, en ese orden. Manejan la ilegalidad como una empresa. Sobreviven a todos los gobiernos y, para perdurar, cada tanto entregan a alguno de ellos, especialmente si creen que ha ido demasiado lejos con sus ambiciones o está en la mira de los medios. La publicidad es el punto vulnerable de la organización. Por eso, una parte de los fondos se destina a sobornar con pautas a algunos medios y periodistas.”
Más allá de la buena investigación del autor, el lector se queda con una visión absolutamente parcial del problema del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Pero fundamentalmente, Beldi, en su concepción de “poder paralelo” se entrampa en el juego del ilusionista que le hace sacar al niño un pañuelo atrás del otro, sin nunca poder llegar al último.
Entre políticos se tiran cada tanto carpetazos relacionados con sus relaciones narco cuando en efecto, todos los partidos del régimen tienen las manos manchadas, todos tienen carpetas para tirar, con pruebas que, así como aparecen, desaparecen, hasta que algún “pichi” tiene que caer porque los hechos representan un escándalo social que enfurece a la población. Sin embargo, los altos mandos siempre quedan limpios.
Si hay una denuncia más que contundente vertida por Beldi es la de que la policía jamás fue verdaderamente investigada, pero esto no pasa solamente con la policía bonaerense, aunque en su haber se conozcan casos estremecedores relacionados con los delitos más escabrosos contra los seres humanos. La policía como fuerza Estatal jamás fue investigada siendo que jugó un rol clave durante el proceso genocida impuesto en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y que desde entonces se entrena en el delito de los secuestros extorsivos, la tortura y saqueo de las pertenencias materiales de sus víctimas. En la propia fisonomía del cuerpo policial descansa el delito del narcotráfico, los robos organizados, los abusos sexuales, la violencia de género contra las mujeres que denuncian violencia, el gatillo fácil, la persecución a sectores de la juventud que son obligados a participar en los delitos que ellos organizan y sino los matan. La policía no puede ser “limpiada” por el Estado, porque es una fuerza que constituye el andamiaje del propio Estado capitalista, cuyo involucramiento en el negocio ilegal de las drogas es absoluto.
La lucha popular contra el flagelo del narcotráfico es también una lucha contra la policía y el Estado
El narcotráfico, como se mencionó anteriormente, es uno de los negocios ilegales más rentables en el marco de un capitalismo en crisis. El involucramiento del Estado en el mismo, con sus jueces y policías, tiene su fundamento en la función misma del Estado, que es la de sostener y administrar al capitalismo en sus distintas dimensiones. Es decir, la de garantizar la ganancia capitalista. Pero además el Estado, que garantiza y promueve el funcionamiento de este negocio, se dedica a perseguir individualmente a quienes consumen.
La lucha por terminar con este entramado de poder que perjudica y criminaliza particularmente a la juventud está directamente asociada a la lucha contra el capitalismo. Un Estado dirigido por la clase obrera, cuyo norte sea la organización de la economía en función de las necesidades sociales y no de la ganancia capitalista es la condición de posibilidad para frenar con este flagelo que en Rosario ya se está llevando la vida de un habitante cada 21hs. En el camino hay que desarrollar un programa de lucha que incluya la nacionalización de los puertos, por donde ingresa la droga, y de la banca, la estatización del casino, el fin de la especulación inmobiliaria, medidas básicas para desmantelar las redes narco.
A su vez, hay que enfrentar la criminalización a los consumidores porque en los barrios populares son las principales víctimas del acoso policial y de la descomposición social que implica el consumo de drogas fuertes. La propuesta de Centros de Atención para consumos problemáticos y de urbanización del barrio de Las Antenas, que la banca del FIT-PO presentó en La Matanza es un paso en ese sentido. Es ineludible que este venga acompañado de la lucha por el trabajo genuino y la organización independiente en los barrios populares.
No hay un “Estado paralelo”, es el propio carácter capitalista del Estado el problema de fondo. Profundicemos la lucha popular contra el narco Estado.
