marzo 2000

La emergencia del movimiento obrero argentino y las respuestas del Estado en el terreno de la lucha de clases

José Benco

“El poder es una relación entre los individuos, en último análisis entre las clases (…) Lo decisivo, en último análisis, es la lucha de clases y los cambios producidos dentro de esa lucha”

León Trotsky(1)

1. A modo de introducción

La progresiva consolidación del Estado argentino desde 1862 va a dar lugar a la instalación, en 1880, del llamado “orden conservador*. Pero hacia 1890, la aparente solidez y estabilidad de este régimen se esfuma al calor de la crisis económica y de la “revolución del Parque” que estalla ese mismo año y que termina con el gobierno de Juárez Celman. Los levantamientos armados contra el gobierno y el estallido de importantes conflictos sociales que se multiplican sin cesar y afectan seriamente el sistema, van a convertirse en un dato clave de la realidad política y social del período. Todos estos elementos van imponiendo cambios en el régimen político, que se expresan de manera acabada con la sanción en 1912 de la ley Sáenz Peña y la llegada al poder, en 1916, del radicalismo. En este proceso, el Estado interviene de distintas formas al tiempo que se va transformando el régimen. Sin embargo, la acción y transformación no pueden comprenderse si se prescinde de un análisis de las relaciones sociales, que son las que las generan. En otras palabras, el poder estatal es la expresión de una relación social. En este sentido, dicha relación determina las características de ese poder, y la lucha de clases, es decir, la tentativa de introducir cambios en las relaciones sociales, determina la acción de ese poder.

En este trabajo, nos proponemos analizar cómo el enardecimiento de la lucha clases hacía fines del siglo XIX y comienzos del XX va dictando la intervención del poder estatal y su propia transformación.

El primer elemento a tener en cuenta es la inmigración que para 1880 adquiere características aluvionales. El sólo hecho de que la población se duplique en el término de dos décadas implica necesariamente cambios en la estructura de la sociedad. En efecto, la masa inmigratoria aportará la base humana para la formación de la clase obrera y de la pequeño burguesía urbana. Ambas clases jugarán un papel destacado en la transformación del régimen político, que necesitó asentarse sobre bases más amplias, adecuándose a la nueva realidad. La clase obrera, en particular, provocará la activa intervención de la clase dominante a través del Estado en la arena de la lucha de clases. Es el surgimiento de lo que muchos autores, que piensan el problema desde la perspectiva de la clase dominante, han llamado “la cuestión social". Por último, la llegada masiva de extranjeros plantea la “cuestión nacional" y las consiguientes políticas de asimilación que encara el Estado.

Todas estas cuestiones que producen la activa intervención del Estado en la vida social y, a la postre, el reemplazo del propio régimen oligárquico, serán el objeto de nuestro análisis.

2. El aluvión inmigratorio: sus características

La llegada masiva de inmigrantes provocaría profundos cambios en la sociedad. Esta percepción de la política inmigratoria no sólo era perfectamente clara para los hombres de la generación del ‘37, sino que era buscada activamente. El proyecto alberdiano, que finalmete se impone en el '80, concibe el proceso como un “transplante cultural" (2), en donde la inmigración, está llamada a jugar un papel clave para impulsar el desarrollo de la infraestructura y de nuevas industrias, la colonización de las tierras estatales y la importación de capitales. Se plantean a partir de aquí las premisas básicas para superar la “sociedad tradicional", es decir para impulsar el desarrollo del capitalismo.

Pero las características que adoptó el desarrollo del capitalismo en Argentina, sobre todoa partirdel ‘80, le otorgó a los inmigrantes un papel bastante más acotado. En efecto, más allá de la existencia de cierta cantidad de colonias agrícolas (3) y pequeñas industrias en manos de inmigrantes, la gran mayoría no logró más que vender su propia fuerza de trabajo. Para los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, las limitadas posibilidades de ascenso que existieron en las décadas anteriores habían prácticamente desaparecido, al tiempo que el precio de la tierra ascendía sin cesar.

De ese modo, el sentido del aluvión inmigratorio tuvo características de clase definidas: la enorme mayoría de los inmigrantes se incorporaba al proceso productivo como proletarios. El conjunto del proceso inmigratorio está llamado a cumplir esta función: superar las trabas que suponía la escasez de mano de obra era un aspecto fundamental, desde la perspectiva del Estado y de la clase dominante, para acelerar el proceso de acumulación de capital. Por eso es que, desde nuestra perspectiva, la llamada “cuestión social”, es decir, la intervención del Estado en la lucha de clases, constituye el elemento más importante en el análisis de las distintas formas de intervención del Estado en la vida social.

3. Sobre la llamada "cuestión social”

Ciertos autores, ubican los inicios de la “cuestión social" a principios de del ‘80 (4), haciendo referencia, sobre todo, a los problemas de hacinamiento y falta de higiene que generó el descontrolado crecimiento de las principales ciudades, en especial Buenos Aires. La intervención del Estado en este caso, influenciado por la medicina higienista tuvo que ver con el impulso de las obras de salubridad (cloacas, agua corriente), el saneamiento hospitalario, el desarrollo de de la asistencia pública y el control del funcionamiento de los conventillos y de la prostitución.

Todo esto tiene que ver con el disciplinamiento de la ciudad, pero poco nos dice -o por lo menos no lo hace directamente- de la intervención vinculada con el enfrentamiento entre trabajo y capital, es decir, de la lucha de clases. Habrá que esperar más adelante, a medida que los conflictos se vayan multiplicando, a que empiece a aparecer una intervención más activa por parte del Estado.

Va a ser en la segunda mitad de la siguiente década, una vez superado el flagelo de la desocupación masiva -consecuencia de la crisis del ‘90- en la que el movimiento obrero empieza a consolidarse. En 1896 se funda el Partido Socialista, en el que confluyen una serie de grupos que ya venían funcionando y, junto con el anarquismo, contribuyeron a organizar al movimiento obrero, que dio sus primeras batallas.

La primera respuesta -la más obvia- ante el crecimiento de las huelgas y de la agitación obrera fue la represión. El desarrollo de estas actividades era atribuido a la influencia de ideologías (anarquismo, socialismo) de las que serían portadores los inmigrantes. Las mismas aparecían para un amplio sector de la clase dominante, como importaciones ajenas a la realidad nacional que ofrecía supuestamente, prosperidad y perspectivas de ascenso social. De este modo, la lucha de clases no era atribuida a causas internas, por lo que bastaba con aceitar los mecanismos represivos a fin de erradicar a los “elementos extranjeros disolventes” para solucionar el "problema”.

Los primeros años del nuevo siglo marcan, sin embargo la irrupción del movimiento obrero con todo su peso. La huelga general de 1902 (5) marcó el comienzo —hasta 1910- de un ciclo de enorme agitación social, el más importante, según Ricardo Falcón, de la historia argentina (6). En 1902 los trabajadores lograron paralizar la economía del país afectando directamente los intereses exportadores. El Estado respondió con el estado de sitio y la ley de residencia, que autorizaba al poder ejecutivo a deportar inmediatamente a cualquier “agitador". A esto se suma la actividad de la Sección Especial de la Policía, que operaba desde 1901 infiltrando las organizaciones obreras, y más adelante, la creación de la cédula de identidad y del prontuario, para concluir, en 1910, con la sanción de la “Ley de defensa social", destinada especialmente a perseguir a los anarquistas. Todo esté tipo de medidas apuntaban a reforzar el aparato represivo para garantizarla defensa de los intereses dominantes.

Al mismo tiempo, no obstante, una línea de acción política paralela, pero estrechamente vinculada a la anterior, emergía a la superficie. Era la que se planteaba, a partir de ciertas concesiones sociales y políticas, incorporar al sistema aun sector del movimiento obrero aprovechando sus divisiones internas. Así, vemos a Joaquín V. González instaurar desde el gobierno, y en el mismo año de la gran huelga general, la moderada reforma electoral que permitió, en 1904, el triunfo del diputado del Partido Socialista, Alfredo Palacios. Ese último año registra al mismo tiempo la presentación en el congreso, de la mano del mismo González, del proyecto de “Ley nacional del trabajo". El mismo proponía importantes reformas en el ámbito laboral, como la introducción de la indemnización por accidentes de trabajo, la jomada de ocho horas, la instauración del descanso dominical, etc. Dicho proyecto fue rechazado en ese momento para aprobarse muchos de sus artículos por separado en los años subsiguientes aunque, el peso real de estas disposiciones haya sido débil. Mencionemos, por último, la creación, en 1907, del “Departamento Nacional del T rabajo" organismo que tuvo por propósito, en especial apartirde1910, controlar el cumplimiento de las leyes sociales que eran sancionadas.

Esta política ha sido interpretada en ciertos casos como producto de la lucidez de un sector del gobierno que encontraba la explicación del conflicto social no ya en la acción de elementos foráneos sino como concecuencia del propio desarrollo del capitalismo. En este sentido, se trataría de una política de “mediación” en el conflico de clases, para apaciguar a los trabajadores (7). En una variante de esta interpretación, se constata la presencia de un grupo ideológico diferenciado, los “liberales reformistas", que actuarían tanto en la oposición como en el oficialismo impulsando esta política (8).

Si bien desde nuestra perspectiva, ninguno de los dos planteos son incorrectos por completo, la manera en que formulan ciertos aspectos, más que aclarar tienden a oscurecer la comprensión de la cuestión de fondo.

Si bien es cierto que la acción estatal puede “mediar" en algún conflicto determinado entre el patrón y los trabajadores, no debe perderse de vista que el Estado representa el conjunto de los intereses de la clase dominante, y por lo tanto, cuando interviene, lo hace no para mediar entre las clases, sino para defender los intereses antes mencionados. La necesidad de “apaciguar” a los trabajadores se impone como condición sine qua non desde el punto de vista de la burguesía para que no se detenga el proceso de acumulación de capital. Por lo tanto, la acción del Estado tiene que ver en este punto con la intervención activa en la lucha de clases con el objeto de derrotar al proletariado.

La existencia de distintos enfoques e ideologías en el seno del Estado, no debe operar ocultándonos la motivación más general de la intervención estatal. No hay duda que entre la oposición y el gobierno, e inclusive dentro del gobierno podremos encontrar distintas propuestas, motivaciones e ideologías. Pero la prevalencia de unas sobre otras no depende sólo del predicamento o de la lucidez del análisis qu© determinado sector sea capaz de realizar, sino que tiene que ver con la evolución de la lucha de clases. La influencia de ciertas expresiones del positivismo cientificis-ta spenceriano (9) en el análisis de la sociedad se dejó sentir (aunque limitadamente), de la mano de los reformistas liberales” en la intervención estatal, ante la evidiencia de que la mera represión no podía contener el alza creciente de las luchas obreras. Es en este momento que surge con solidez la línea que impulsa una política de ciertas concesiones a la clase obrera desde el Estado. Pero el impulso de esas políticas, insistamos una vez más, es un resultado de la lucha de clases y del avance relativo de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones.

4."Asimilables y excluidos” en las políticas de intervención estatal

Como apuntábamos más arriba, la gran combatividad e intransigencia movimiento obrero hace surgir una línea de intervención estatal que apunta a integrar a un sector del movimiento al sistema, a cambio de ciertas concesiones de tipo social y político. Ahora bien: ¿Cuál es ese sector?

Hacia principios de siglo el movimiento obrero estaba dividido básicamente en dos grandes líneas: El anarquismo (que sin duda predominaba), y la línea vinculada al Partido Socialista.

El anarquismo que se termina imponiendo a comienzos del siglo XX aparece como una superación de las tendencias anti-organizativas que predominaban a fines del siglo pasado dentro de las filas de este movimiento. Su programa se plantea abolir el Estado mediante la insurrección de las masas, a través de la huelga general revolucionaria. Aunque muchas veces encontremos un doble discurso, uno obrero, y otro que apunta a los “oprimidos" en general (10), el planteo anarquista no deja dudas acerca de su rechazo a la conciliación de la clase obrera y la burguesía. Sus métodos de acción directa, su antiestatismo y anti-politicismo, constituirán rasgos centrales que lo diferenciarán del sector vinculado al Partido Socialista.

Este último sector, planteaba un programa de reformas como una vía gradual y pacífica de llegar al socialismo. Esta propuesta no sólo no es antí-estatista, sino que se plantea la activa intervención en el Estado a través de elecciones no fraudulentas, como medio de lograr las reformas. Esto no implica la negación del enfrentamiento de clases, pero plantea su encarrilamiento por la vía de la negociación. Por eso, el método de la huelga general va a ser rechazado, para proponer huelgas sectoriales, a fin de conseguir reivindicaciones laborales y reformas que mejoren las condiciones de vida del los trabajadores. En suma, no plantea diferencias visibles con la comente socialdemócrata reformista europea, que para princios de siglo, defiende un programa muy similar

Esbozadas esquemáticamente ambas perspectivas, no es muy difícil imaginar cuál es el sector que esta política estatal apuntaba a asimilar, y cuál a excluir. A caballo del lenguaje biologisista en boga, el anarquismo era interpretado como una superposición de la “cuestión social" con la problemática de la criminalidad (por sus métodos de acción directa y atentados), por lo tanto, era una grave “enfermedad” que había que “extirpar” del “tejido social". El socialismo reformista, en cambio, era un sector asimilable en tanto y en cuanto su tendencia pacifista y evolucionista no planteaba directamente una impugnación al orden establecido, sino que, por el contrario, reclamaba su derecho de participar en él.

La política de asimilación y exclusión se vió reflejada por un lado, en la ley Saénz Peña, que permitió el acceso del Partido Socialista al congreso (11) -junto con el antecedente menor de 1904. Por el otro, la aprobación de ciertas reformas en el régimen laboral y social -a las que ya nos referimos brevemente más arriba-deben ser encuadradas en el marco de esta política, mas allá de sus limitados alcances. Estas limitaciones influirán, luego de la sanción de la ley electoral en 1912, en el hecho que no sean los socialistas reformistas los que se impongan ante la decadencia del anarquismo, sino que pase a predominar la corriente “sindicalista revolucionaria” (luego sindicalista a secas), que se va a caracterizar por el rechazo a la intervención política de los trabajadores y de sus sindicatos.

En lo que hace a la apertura política, la presión no provino exclusivamente, como es sabido, del socialismo reformista. Importantes sectores de la pequeñoburguesía urbana y de la propia burguesía -aunque no los más concentrados-encontraron en la Unión Cívica Radical el canal de expresión de sus demandas. Más allá de su origen oligárquico, para 1912 la UCR contaba con una amplia base de “clase media” (12) la cual sustentará a partir de ese momento -junto a un sector de los trabajadores- las ininterrumpidas victorias electorales que suma ese partido.

Este sector, que venía creciendo al calor del desarrollo capitalista, se encuentra marginado del régimen oligárquico, con la consiguiete desventaja de no tener acceso directo e influencia en la distribución de los recursos del Estado. Por eso es que, mediante los levantamientos radicales, reclaman su ‘'inclusión”, esta vez, al régimen político. Esto nos coloca en el terreno del enfrentamiento al interior de la clase dominante. La movilización de la UCR implica un enfrentamiento con el sector hegemónico de la burguesía -limitado, en el sentido que no se trata de un antagonismo irreconciliable, ya que estamos hablando en última instancia de distintas capas de la burguesía. Al converger en el tiempo con la lucha de la clase obrera, la burguesía se ve obligada a ampliar su base de dominación, bajo la amenaza de que sea abolido el propio orden capitalista mediante la revolución proletaria. Con este enfoque rechazamos los planteos que tienden a ver a la reforma política de 1912 como una “autorreforma de la elite", producto de conflictos internos a ella (13). El cambio de régimen político es producto de la lucha de clases en la medida en que el viejo régimen no podía garantizar por más tiempo el sistema de dominación imperante. Por lo tanto, el análisis de la intervención del Estado en la “vida social”, debe ser emprendido, desde nuestra perspectiva, de modo dialéctico: el Estado interviene en la sociedad capitalista, pero a su vez, lo que sucede allí -lucha de clases- “interviene" en el Estado, cambiando su régimen político, y en otros casos, (el de una revolución proletaria triunfante) hasta modificando el propio carácter del Estado.

5. La cuestión de la nacionalidad: ¿un conflicto diferenciado?

Hacia fines de la década del ‘80 se registra una explosión de preocupaciones del Estado en torno a la cuestión de la nacionalidad. La lenta asimilación de los extranjeros, que seguían manteniendo sus liturgias y festividades de manera pública, en el marco de la libertad “civil" que garantizaba el régimen ponía en guardia al gobierno. Empieza entonces una acción en dos frentes. En primer lugar, se busca fortalecer desde la escuela la formación de la nacionalidad, organizando su participación activa en las festividades patrias a través de desfiles públicos y actos. “Organizados en batallones militares, los niños soldados se convierten en el puente emotivo entre un pasado heroico, en el que nació la patria y que el ejército pretende encamar, y el promisorio futuro en que esos niños vivirán…" (14). Al mismo tiempo, bajo la influencia del positivismo, la enseñanza de la historia patria pasó a ocupar un lugar central en las escuelas, planteadas como las forjadoras de los nuevos ciudadanos (15).

En segundo lugar, constatamos, simultáneamente con lo anterior, una importante política hacia fines de la década del ‘80, orientada a la construcción de estatuas, monumentos y museos que tenía por propósito dotar de imágenes y contenido de culto patriótico -especialmente en Buenos Aires- en una suerte de lucha simbólica y espiritual en un marco cosmopolita (16).

¿A que se debe esta intensa preocupación por la cuestión de la nacionalidad?

Ciertos autores, encuentran la explicación en la necesidad de la “elite" de contar con un instrumento para la afirmación de la nación y su soberanía (17). Ciertas pretensiones externas -un ejemplo sería la italiana-sumadas a la falta de identificación con la nación (y la identificación con su país de origen) de amplias capas de la población pondrían en peligro, desde esta perspectiva, la soberanía nacional. Así, la necesidad de afirmación de la nación aparece como una cuestión central de la época, hecho que veríamos reflejado en la febril actividad del Estado en este campo. Siguiendo esta línea, Halperín Dongui va a plantear que el conflicto de clases no es el dominante en el período, sino que lo que es dominante es el conflicto nacional, expresado en el surgimiento de un “nuevo nacionalismo”, que tendría como cometido fundamental fortalecer a la nación ante el avance de los diversos imperialismos (18). En esta versión, se verifica un deterioro en la alianza entre la burguesía terrateniente y el capital financiero internacional, que produciría la necesidad de una base política más amplia que la oligárquica. Así se explica la actuación de la UCR como el emergente de este “nuevo nacionalismo".

En relación a estas últimas interpretaciones, cabe la siguiente interrogación: ¿es válido separar y hasta oponer esta cuestión “nacional” de la lucha de clases? El sentido de pertenencia a la nación, promovido desde el Estado, tiene implicancias sociales directas, ya que no se trata de cualquier “nación", sino de Argentina, a fines del siglo XIX. En otras palabras, el sentido de pertenencia a la nación esta relacionado directamente con la aceptación del orden capitalista imperante que le da forma a esa nación. En especial, para las últimas décadas dél siglo pasado, en que la nación argentina se conforma justamente en tomo a ese orden (19).

Desde esta perspectiva el “nuevo nacionalismo” tiene que ver con una batalla ideológica en el terreno de la lucha de clases, en la que el Estado interviene intentando imponer la identificación del movimiento obrero con sus explotadores, que dirigen la nación. El fantasma de la “amenaza externa", es esgrimido en este sentido, pero plantear la mencionada “amenaza” como una de las motivaciones últimas de la acción estatal carece totalmente de rigurosidad en el análisis. Desde el punto de vista externo, Italia -y mucho menos España- no tiene el mínimo de fortaleza necesaria para generar preocupaciones serias en torno a la sobreranía argentina. Si a esto sumamos el papel hegemónico que para ese momento está jugando el imperialismo inglés, asociado directamente con el Estado argentino, y por lo tanto, interesado en su soberanía, la hipótesis carece por completo de sentido.

Pero analicemos el frente interno: hacia fines de siglo pasado, y principios del presente, el movimiento obrero, conducido por el anarquismo, y en menor medida por el Partido Socialista, no aparece en su mayoría apoyando sentimientos de nacionalismos “extranjeros", sino que se coloca en otro plano: el del internacionalismo proletario. Visto desde este ángulo, la batalla simbólica adquiere otra dimensión: no se trata de un símbolo argentino contra uno de otra nación; se trata del himno nacional contra la Internacional, del día de la independencia contra el Primero de Mayo (20), en suma, del nacionalismo burgués contra el internacionalismo proletario. Esta lucha ideológica produce enfrentamientos concretos, como los que se producen repetidamente los 1o de Mayo, o como por ejemplo, con la campaña anarquista contra los festejos del Centenario, la que llevó, junto con el reclamo de derogación de la ley de residencia, a la huelga general y al estado de sitio declarados por el movimiento obrero y por el gobierno respectivamente. La batalla simbólica aparece asi como un aspecto de la lucha de clases, y no puede ser separada de ella. Por eso es que, la preocupación por la nacionalidad aparece como un aspecto más de la lucha del Estado burgués por asimilar a un sector del movimiento obrero al orden capitalista.

6. A modo de conclusión

A lo largo de este trabajo hemos subrayado el papel de la lucha de clases en el delineamiento de la intervención estatal.

Por eso, a la hora de analizar la política de represión-asimilación, que encara el Estado hacia fines del siglo XIX y principios del XX, señalamos de qué manera el enardecimiento de la lucha de clases guiaba la política estatal. Se trataba de excluir a un sector revolucionario (anarquistas), que amenazaban con subvertir el orden capitalista impugnando las relaciones sociales imperantes. Por otro lado, apuntaba a asimilar al sector del movimiento obrero que no cuestionaba directa ni inmediatamente las relaciones de producción capitalistas (socialismo reformista). Es en este marco en que explicamos la aparición, a pesar de su debilidad, de una línea reformista en la política del Estado.

Los conflictos al interior de la propia clase dominante, sumados a la impugnación revolucionaria de la clase obrera, obligó al sector hegemónico de la burguesía a ampliar su base social. El resultado visible del proceso es la sanción, en 1912, de la Ley Sáenz Peña.

Por último, señalamos que la “cuestión nacional” aparece como un frente de lucha ideológica y simbólica contra la clase obrera, donde la imposición de la liturgia patria va de la mano con la de la aceptación de las relaciones sociales capitalistas que caracterizan a la nación argentina. En este sentido, esta preocupación del Estado aparece como un aspecto de la lucha de clases, que como en los demás, interviene activamente para sostener y defender las relaciones sociales de producción imperantes.

En todos los casos, y retomando el clarificador epígrafe incluido en este trabajo, el poder aparece como una relación social, y por lo tanto su intervención -la del poder estatal- está definida por esa relación y por las tendencias que aparecen en el sentido de modificar dicha relación, es decir, por la lucha de clases.

Notas

1. León Trotsky, “¿Porqué no di un golpe militar contra Stalin?", (1935), en Nuevos Aires N°7, Bs.As., Abril, mayo, junio de 1972, pág. 78.

2. Ver Botana, El orden consen/ador,Bs. As., Hyspamérica, 1986, pág. 45.

3. Nos referimos, especialmente, al desarrollo de las colonias santafesinas.

4. Ver, por ejemplo, Suriano, Juan, “El Estado argentino frente a los trabajadores urbanos: política social y represión, 1880-1916" en Anuario 14, segunda época. Escuela de Historia de la Universidad de Rosario, 1989-90.

5. La huelga general de 1902 había estado precedida por un importante movimiento huelguístico en Rosario, Bahía Blanca y Buenos Aires.

6. Ver Falcón, Ricardo, “Izquierdas, régimen político, cuestión étnica y cuestión social en Argentina (1890-1912)" en Anuario 12, segunda época, Escuela de Historia de la Universidad de Rosario, 1986/7, pág. 365.

7. Ver Suriano, op. cit.

8. Ver Zimmermann, Los liberales reformistas, Bs. As., Sudamericana, 1995.

9. Ver Terán, Positivismo y nación en la Argentina, Bs. As., Prontosur, 1987, especialmente puntos 1 y 6.

10. Ver Falcón, op.cit., pág. 375 y 376.

11. Y desde ya, a la UCR, asunto que analizaremos en seguida.

12. Ver Rock, David, El radicalismo argentino. 1890-1930, Bs. As., Amorrotu, cap.lll.

13. Esta tesis es sostenida por ejemplo por Botana, en El orden conservador, ver especialmente cap. VI y VII.

14. Bertoni, Lilia Ana “Construir la nacionalidad: héroes, estatuas y fiestas patrias, 1887-1891" en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani, N° 5, 3a serie, 1o semestre, Bs. As., 1992, pág. 88.

15. Ver Terán, op. Cit., passim.

16. Así, por ejemplo, en 1889 se crea el Museo Histórico Nacional, se diseña el escudo nacional definitivo, se hacia obligatorio en la provincia de Buenos Aires el izamiento de la bandera por parte de los particulares -nativos y extranjeros- los días de fiesta patria, etc. Para ampliar sobre el particular, ver Bertoni, op.cit., passim.

17. Ver, por ejemplo, Bertoni. op. Cit., o Halperín Donghi, “Para qué la inmigración", en El espejo de la historia, Bs. As., Sudamericana, 1987.

18. Ver Halperín Donghi, op.cit., passim.

19. Ver Oszlak, La formación dei estado argentino, ed. de Belgrano, 1982, especialmente cap. 3. Más allá de que este autor tiende a hacer un análisis estructuralista de la intervención estatal, en el sentido de que no le otorga a la lucha de clases la capacidad de influenciar decididamente en la política estatal, sus aportes resultan interesantes en la medida en que vincula la “penetración ideológica” del Estado a la aceptación del orden capitalista.

20. Ya desde 1891, la jornada del 1o de Mayo generó la represión estatal. Ver Bertoni. op. Cit, p. 105.