La voluntad quebrada / 2
La crítica al Tomo I de La Voluntad apareció en En Defensa del Marxismo N° 18, de octubre de 1997.
Los tomos II y III de La Voluntad procuran completar una lectura del ciclo político abordado en el primer tomo (1966/1973) y cuya crítica apareciera en En Defensa del Marxismo N° 18. Tras haber reseñado la formación de las organizaciones guerrilleras, el segundo tomo parte de la asunción de Cámpora el 25 de mayo de 1973 y la liberación de los presos políticos. El libro II está dividido en dos subtítulos: “La Patria Socialista” y “La Patria Peronista”, en tanto que el tomo III parte del golpe del 24 de marzo de 1976 hasta la realización del Mundial '78.
Como ya se anunciara en la crítica del primer tomo, la falta de rigor histórico es lo que prevalece en una compilación de sucesos vistos a través del prisma de testimonios de militantes de las organizaciones armadas. La falta de una crítica profunda por parte de los protagonistas es acompañada por el método adoptado por los autores, que procuran la distancia de un “relator imparcial".
Efectivamente, la abundancia de material histórico, permitiría, como lo aceptan los autores, que se escriba “otra historia” que la relatada en sus páginas, que en vez de desenvolverse en el terreno de la lucha de clases, se inscribe en la lucha de aparatos que llevaran adelante el ERP y los Montoneros hasta su extinción.
La designación de la etapa iniciada con la asunción de Cámpora como “La Patria Socialista” no se sabe a ciencia cierta si es una burla macabra o una alusión o las ilusiones políticas de la izquierda peronista.
Sucede que la burguesía argentina había decidido el regreso de Perón con el objetivo de quebrar el rumbo político independiente que comenzaron a tomar las masas a partir del Cordobazo; y la asunción de Cámpora era la cristalización del Gran Acuerdo Nacional del líder justicialista con Lanusse; es decir que, donde los Montoneros y la izquierda en general veían el inicio de una etapa de “Liberación” (“Liberación o Dependencia” había sido la consigna del Frente Justicialista de Liberación -FreJuLi- para las elecciones), tanto la conformación del gabinete políticos conservadores, como las mismas medidas económicas (“suspensión de las convenciones colectivas de trabajo por dos años” y “congelamiento de precios", lo que se dio en llamar el “Pacto Social” y los “20 proyectos destinados a transformar la estructura económica del país”) ponían en evidencia la férrea intención, por parte de la burguesía, de retomar la iniciativa política perdida por la extensión, que en la etapa previa, había adquirido la movilización popular y su radicalización política, expresada en el surgimiento del clasismo en el movimiento obrero. Para que quede claro el carácter de las “transformaciones”, se puede mencionar que éstas apuntaban a que las inversiones extranjeras pudieran “integrarse al proceso de reconstrucción”, lo que significaba más desarrollismo cepaliano; la “nacionalización de los depósitos bancarios” significaba que el Banco Central garantizaba una tasa a las entidades financieras sobre los depósitos y el impuesto a la renta potencial de la tierra sería una realidad, transcurridos dos años y realizado un debido relevamiento catastral.
Como se ve, todo un maquillaje de una orientación profundamente contraria a los intereses de las masas que se movilizaban buscando una salida política.
El retorno de Perón había sido para la izquierda peronista una bandera de lucha, en el entendimiento de que Perón era la expresión maldita de la burguesía y, por tanto, la fisura por donde se podía filtrar la revolución. Nunca había considerado que Perón podía ser un recurso contra las masas. Por eso, se pone en evidencia, tan claramente, la orfandad política que los envuelve cuando esto se hace realidad y FAR y Montoneros pactan el levantamiento de las ocupaciones de edificios públicos y empresas para que Perón regrese en un cuadro de paz y estabilidad. Luego la “teoría del cerco”, por la cual el líder justicialista estaría impedido de hacer su voluntad, seguirá abonando la política de subordinación a Perón y, a través de éste, a la burguesía.
Analizando la expulsión de la JP de Plaza de Mayo a manos de Perón el 1o de Mayo del ‘74, momento que La Voluntad tomo II sitúa en la parte subtitulada “La Patria Peronista”, dice Política Obrera: "Muchos izquierdistas consideran el retiro masivo de la JP de la Plaza de Mayo como una victoria de ésta, pues -argumentan-ha deschavado el rol de Perón. Pero los que así piensan se equivocan en una cosa muy elemental: la JP no quiere deschavar a Perón. Quiere ‘recuperar el gobierno para el pueblo y para Perón’ es decir recuperar su lugar dentro del gobierno peronista. Si se vio obligada a abandonar la plaza es porque en relación con sus fines ha sufrido una derrota. Y así lo reconoce: La frustración de este diálogo constituye una derrota del campo popular’
“Si la JP no hubiera concurrido a la Plaza hubiera provocado una crisis política mucho más profunda del gobierno y la política de regimentación; pero esta posibilidad estaba descartada desde el inicio porque no se corresponde con el actual lineamiento político de esa organización” (1).
Y en el mismo artículo se plantea una caracterización ideológica y una salida política: “Para encontrar una salida hay que tratar de admitir lo que es ultraevidente en la situación política nacional: Perón vino a quebrar el ascenso combativo de los trabajadores. Detrás de su figura se agrupan el conjunto de las fuerzas de la burguesía que trabajan por la reconstrucción del Estado burgués, de su dominio sobre los explotados para recuperar la estabilidad y sus superganancias.
“La burguesía nacional, colocada entre las masas y el imperialismo, trata de jugar un papel de árbitro entre ambos, pero para poder hacerlo necesita liquidar el período abierto con el Cordobazo. Cuando la clase obrera comienza a jugar un papel independiente en la lucha de clases, como ocurre en nuestro país, la función contrarrevolucionaria de la burguesía se transforma en absoluta: se apoya en el imperialismo para derrotar y regimentar a las masas.
“La única salida para los explotados es su propio gobierno: el gobierno obrero y para lograrlo es necesario que el proletariado tenga un estado mayor que la conduzca, sin ninguna vacilación ni subordinación a la burguesía ni a la pequeña burguesía, a la conquista del poder; es necesario construir un Partido Obrero" (2).
Pero si los Montoneros eran los que expresaban más claramente esta política de subordinación, el ERP y el PC no se quedaban atrás. En ocasión de las elecciones cuyo propósito fundamental para la burguesía era plebiscitar a Perón y avanzar en el curso de golpear al movimiento obrero combativo, se negaron a apoyar la candidatura de Tosco, que era vista con gran simpatía por los sectores de la vanguardia obrera.
La negativa a enfrentar la política de la burguesía y sus partidos se traduce en que las organizaciones guerrilleras indican como el enemigo a derrotar el “partido militar" y las acciones armadas que llevan adelante en muchos casos se verifican como un factor de bloqueo al accionar independiente del movimiento obrero. Como ejemplo de este accionar podemos mencionar el fusilamiento perpetrado el 30 de diciembre de 1974 del presidente del directorio de Miluz y de su jefe de personal por parte de una comando del ERP en venganza por el secuestro y asesinato de Jorge Fisher y Miguel Angel Búfano, respectivamente, secretario general de la Comisión Interna y uno de las más destacados activistas de la fábrica y militantes ambos de Política Obrera. En un artículo de Política Obrera, de la época, se caracterizaba bajo el subtítulo "La función del terrorismo del ERP”: "El programa del ERP, de defensa del Estado burgués, tiene una manifestación concreta en su política terrorista. El único resultado objetivo de su campaña de atentados indiscriminados ha sido el de permitir el reforzamiento de la injerencia de la policía y las FF.AA. y por lo tanto de la fracción golpista del gran capital que busca una salida de fuerza para arrasar contra todas las conquistas de las masas. Según estos guerrilleristas, esto ensancharía la base de la 'guerra popular’ que por su propia cuenta han decretado, arrogándose presuntuosamente la representación de los trabajadores. La dirección del ERP quiere repetir mecánicamente el papel que los Tupas jugaron en Uruguay: inservibles para movilizar a las masas, facilitaron la instauración de una dictadura.
“Es en este contexto que debemos analizar la acción del ERP en Miluz. ¿Cuál es el propósito del asesinato de los directivos? ¿Tiene algo que ver con el fortalecimiento de la organización fabril? ¿Pretende enseñar a los compañeros de la fábrica el camino de su agrupamiento obrero independiente? Todo lo contrario, el ERP pretende demostrar que estas banderas, por las cuales murieron Fisher y Búfano, no sirven para asegurar su venganza histórica contra nuestros enemigos de clase. El asesinato de los directivos constituye una provocación, un intento por desviar a la clase obrera, y a los trabajadores de Miluz en particular, de su principal tarea: organizarse y fortalecerse, en sus fábricas y talleres, en sus organizaciones de clase para enfrentar mediante el único método posible, la acción directa de masas, la ofensiva del terror y la represión gubernamental.
“El asesinato de los ejecutivos de Miluz es una expresión de bancarrota total. E insistimos, es una provocación: incrementa el terror y la confusión en fábrica, inhibe la voluntad de movilización, crea el clima de retroceso en una fábrica en ascenso, que el asesinato de nuestros compañeros había fortalecido" (3).
El tercer tomo de La Voluntad que se inicia con el golpe de estado del '76 es la descripción de la aniquilación del ERP y los Montoneros a manos de los genocidas y la incapacidad de estas organizaciones para modificar su política. Pero es decididamente inaceptable la apreciación de los autores de que la “militancia revolucionaria” en la Argentina está acabada en 1978, ya que aún en la clandestinidad se desarrollaba una importante actividad militante en fábricas que resistían las políticas antiobreras del gobierno militar y con métodos de acción directa y huelgas lo pusieron en jaque. En octubre de 1979, el periódico de nuestra corriente titula su editorial de tapa “Generalizar las huelgas” y dice: “La actual ola de huelgas forma parte de la nueva etapa de ascenso de la resistencia obrera iniciada a principios de año, que fue parcialmente diluida luego del abortado paro general lanzado por los '25' el 27 de abril último y que ahora se vuelve a retomar. Política Obrera ha venido planteando que todo el proceso de resistencia de la clase obrera desde los inicios del golpe de 1976 ha sido un factor fundamental para frenar el progreso de la situación contrarrevolucionaria y limitarlo, y una de las causas esenciales que provoca la parálisis y crisis de la dictadura”. Sigue “las actuales huelgas se diferencian de las fases anteriores de la resistencia obrera, porque terminan en triunfos directos (reincorporación de despedidos, obtención de reclamos salariales, etc.).” ¿Dónde está la falta de "militancia revolucionaria” en estos sucesos y otros que se suceden durante 1980 y 1981, en tanto que los Montoneros por boca de Firmenich ‘hacían política'como en ocasión del conflicto fronterizo por el canal de Beagle: “La guerra con Chile es posible y, por lo tanto, todos los combatientes deben dejar de atacar a las fuerzas armadas argentina y resistir militarmente a cualquier fuerza extranjera que invada nuestro territorio” (4). En ese mismo fin de año, Política Obrera titula en tapa "Organizar la intervención del proletariado. Acabar con el militarismo y la dictadura” y alude a la importancia de la huelga ferroviaria: “…ha sido un colosal llamado de atención: uno de los gremios más golpeados por los despidos y la represión ha sido capaz de lanzarse a una huelga nacional que obligó a un rápido reacomodamiento de la dictadura. La lucha de los trabajadores del riel no es un fenómeno aislado: es la expresión de la resistencia sorda pero tenaz en todas las fábricas que no se ha interrumpido a pesar de la represión y de la recesión” (5).
La distancia entre los acontecimientos relatados y la percepción de los autores de La Voluntad es la que va del puro impresionismo a la elaboración de un estudio histórico que permita comprender la realidad, para transformarla.
Conclusión
Anguita y Caparrós han aprendido muy bien una regla no escrita de la democracia por la cual la izquierda revolucionaria, que se reivindica marxista, no existe. Sin duda, el cumplimiento de tal precepto, según los códigos de inclusión en el sistema, ha sido rigurosamente respetado por los autores de La Voluntad-Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1966/1978-, que ha sorteado con éxito editorial su tercer tomo, completando el prodigio de llenar 2.000 páginas sin que se escape nada de caja. Para lograr tal propósito, fue necesario que se omitiera cualquier experiencia que, por aquellos años, protagonizaran las organizaciones que son antecedentes de las expresiones políticas con militancia en la actualidad en la izquierda revolucionaria y que seleccionara cuidadosamente que aquellos que dieran testimonio de su militancia de entonces no tuvieran, ahora, una relación directa con partidos revolucionarios. Del mismo modo que los desaparecidos de la ESMA no existían para la dictadura militar, los militantes de la izquierda revolucionaria, en la actualidad, no existen para la democracia y han pasado a ser los desaparecidos mediáticos; la sociedad no debe saber de su existencia. En el lenguaje de los diarios de aquella época, no se mencionaba a las organizaciones políticas de izquierda, rotulándolos de "delincuentes subversivos', mientras que en la actualidad cuando se hace alguna mención a los partidos de la izquierda marxista se refieren, generalmente, a “la ultraizquierda".
Para llevar adelante este plan, en las 2.000 páginas de La Voluntad no hay una sola línea destinada a la experiencia del Sitrac-Sitram, ni del Smata Córdoba, ni de ninguna fábrica en que la izquierda revolucionaria tuviera influencia, ni de las coordinadoras de fábrica que tiraron abajo a López Rega, a través de una huelga general. Así, el desenvolvimiento de los acontecimientos’históricos no transcurre según el desarrollo de la lucha de clases sino del enfrentamiento de los Montoneros y el ERP con los militares, lo que repite para el relato de La Voluntad la misma mecánica que los grupos militaristas de los ‘70 aplicaban para analizar la realidad sobre la que operaban.
Pero si la izquierda revolucionaria no aparece, al punto de tener que omitir, vergonzosamente, el papel jugado por Catalina Guagnini en la formación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, no por un encono personal sino por su vinculación entonces con Política Obrera y en la actualidad con el Partido Obrero, no es menos llamativa la elección de testimonios sobre la militancia de un miembro de la UCR y de otro del Partido Comunista.
Estas inclusiones obligan a cuestionar el mismo subtítulo “Una historia de la militancia revolucionaria…, ya que una militancia revolucionaria tiene que estarde algún modo— relacionada con una estrategia de ese carácter y estas elecciones están cuestionadas por las organizaciones políticas en las que se desempeñaron los militantes elegidos. La UCR, por ser partido burgués, defensor del sistema capitalista, cómplice de la Dictadura Militar, a la que avaló en su golpe de Estado y luego nutriera sus filas con gran cantidad de funcionarios, y el Partido Comunista, por ser un partido contrarrevolucionario, stalinista, que clamó por un gobierno cívico-militar, es decir, que se postulaba para ingresar en el gobierno de los genocidas y que alababa a Videla porque era el "ala democrática de las fuerzas armadas”.
Naturalmente, la selección de estos testimonios sirve -por contraste- para embellecer la actividad política del ERP y los Montoneros, pero aquí juega un papel fundamental el corte dado en el año 1978, como punto final de la historia, con el argumento de que los golpes dados por la dictadura habrían desmembrado el accionar revolucionario. Sucede que, mientras la clase obrera puso en crisis a la dictadura, llegando a la huelga y a la movilización de masas del 30 de marzo de 1981, los presos y los libres del ERP y de los Montoneros se prepararon para la salida política dada por la dictadura, afiliándose, mayoritariamente, al Partido Intransigente y al Partido Justicialista. El primero capitaneado por Alende, un caudillo burgués, que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la presidencia dül gobierno proimperialista de Arturo Frondizi, y que aplicara con todo rigor el Plan Conintes, de represión contra el movimiento obrero; y el PJ, que levantará la candidatura de Italo Luder, quien había fírmado, en su interinato en la Presidencia de la Nación, el decreto de “exterminio de la subversión". Más actual, pero no por eso menos revelador, fue la adhesión del Partido Intransigente y de la izquierda peronista a la candidatura de Carlos Menem, autor de los indultos a los genocidas. Con semejante accionar posterior se comprende el corte dado en 1978.
Algunos de los protagonistas de La Voluntad, que reconocen una actividad política en la actualidad, invariablemente han pasado por el Frente Grande y el Frepaso, organizaciones políticas alentadas por la burguesía proimperialista para evitar una radicalización en el seno de las masas. Pero, si miramos atentamente, la estrategia política seguida por las organizaciones guerrilleras y estas adhesiones presentes, se puede encontrar un hilo de continuidad. Por entonces el ERP y los Montoneros sostenían la necesidad de un "frente antiimperialista”, que lo concebían como la unidad del pueblo -trabajadores y burgueses- detrás de un interés común. Como ninguno de ellos postulaba el accionar independiente como clase del proletariado, naturalmente este frente no podía ser liderado sino por la clase social dominante, la burguesía. Por los años setenta, esta defensa del nacionalismo burgués, tercermundista, contaba con la simpatía del stalinismo, que veía en esta orientación una forma de imponerla conciliación de clases en los países dependientes. Los grupos guerrilleros decían servirse de esta posición de la burocracia soviética, del mismo modo que algunas burguesías raquíticas procuraban hacer buenos negocios con el Este. La actual política de los ex guerrilleros es tan sólo una adaptación a las condiciones de la actualidad. Siempre detrás de las posiciones de la burguesía, pero ya no de una burguesía con pretensiones independentistas sino de una burguesía que clama por las migajas de la globalización y que ha cambiado el tercermundismo por el “realismo periférico".
“¿Cómo podía yo militar en Montoneros y tolerar que ese viejo hijo de puta de Perón nos dijera lo que nos decía?”, nos dice Caparros en la actualidad, sin ir más allá de lo puramente emocional, ni advertir la encarnadura de una política de sometimiento a una clase social dominante y su Estado, y sin rever que lo que llama “clima de época” no es más que la ideología predominante.
Pero esta tenacidad por no hacer una crítica del accionar político del setenta, los lleva al disparate de decir que "pedir por los muertos sigue siendo la forma básica de movilización política en la argentina”, esto -dicho después de 16 paros generales, marchas federales, Santiagueñazo, Cutralcazo, cortes de rutas recurrentes- refleja la ceguera del que no quiere ver; pero para peor sugiere que esto de pedir por los muertos debe ser abandonado, cuando en realidad la lucha por la represión del pasado es la lucha por el desmantelamiento del aparato represivo del presente. Cualquier oposición a esta lucha es simplemente reaccionaria.
Anguita y Caparros no quieren que se desenvuelva ninguna política revolucionaria en el presente sino que tan sólo se recuerde esa ‘hermosa utopía' de su juventud, y conservar un lugar de prestigio en los escenarios culturales ‘progres'. Por eso la cobertura del 'estabíishment' sobre su obra a sido tan amplia, y tan bien secundados por la dirigencia de la Alianza, que aportaran a Fredy Storani y Juanpi Cafiero para la presentación del tomo II, bendiciendo a estos 'enfants-terribíes' que se atrevieron a mostrar cómo era la vida de los guerrilleros en los años setenta.
Notas
1. Política Obrera, 8 de mayo de 1974. Política Obrera era el nombre de la organización que dio origen al Partido Obrero (y también el nombre del periódico que publicaba).
2. Idem.
3. Política Obrera, 8 de enero de 1975.
4. O Estado de Sao Pablo, 2 de octubre de 1978.
5. Política Obrera, 11 de diciembre de 1981.
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