Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
Del conflicto de enero a la revolución de octubre: Parto y nacimiento de la Revolución Boliviana
Por su profundidad, el desarrollo de la revolución boliviana recoge el conjunto de las contradicciones históricas seculares de un país situado en el corazón geográfico y político de América del Sur. En sus antecedentes inmediatos, sin embargo, la situación revolucionaria reconoce su origen en las luchas desatadas contra la política hambreadora del gobierno de Sánchez de Lozada, ungido en agosto de 2002, que tuvieron su epicentro en la lucha contra el "impuestazo" de febrero de 2003. A más de medio año de ese levantamiento popular, sin embargo, el completo impasse político del movimiento obrero y popular boliviano había impedido un desenlace, no digamos revolucionario, sino siquiera democrático a la crisis nacional provocada por la política proimperialista y antipopular del gobierno del MNR, que contaba, según las deformadas encuestas de los institutos, con el apoyo de sólo el 9% de la población (el porcentaje real es mucho menor). Esto no impidió la continuidad de la imparable crisis gubernamental, lo que obligó a "Goni" a ampliar la base política del gobierno MNR-MIR-UCS, a través de una reformulación del gabinete, incoporando al ex "opositor" NFR (Nueva Fuerza Republicana) de Manfred Reyes Villa, un ex militar populista-derechista, lo que dio lugar a una mini-crisis política motivada por el reparto del botín gubernamental.
El gobierno tuvo que crear dos nuevos ministerios, para satisfacer los apetitos monetarios de nuevos y viejos aliados. Aun así, el NFR, que el 20 de julio había solicitado cuatro carteras, como precio para sostener a la moribunda coalición de gobierno, se tuvo que conformar finalmente con tres (pero también con 15 vice-ministerios), además de la estratégica prefectura de La Paz, para dotar al gobierno de una mayoría en el Congreso Nacional (senadores y diputados). Votado con un programa de reversión de las privatizaciones, el NFR pasó a sustentar (a cambio de unos – cuantos – dólares) al gobierno entreguista de Goni, en su intención hasta hace poco utópica de llegar al fin de su mandato, en 2007. La "gran" prensa (1), no pudiendo ocultar el sarcasmo popular frente a la desvergonzada negociación – "cuoteo" – que presidió la formación de la nueva coalición, parafraseando la expresión "megacoalición", que dio nombre al gobierno del finado Hugo Bánzer, bautizó como "pegacoalición" al nuevo gobierno MNR-NFR-MIR-UCS. (2)
Ganó así una sobrevida el gobierno responsable por el asesinato "oficial" de 60 trabajadores y luchadores populares (cada cinco días mató un trabajador), (3) conquistando apoyo para, ahora, hacer aprobar en el parlamento el Código Tributario, la Ley de Reestructuración de Empresas y la Ley de Concursos Comerciales, mediante las cuales se estableció la flexibilización laboral "legal" en Bolivia, incluso transgrediendo la Constitución y violando los derechos y conquistas de los trabajadores. Con el "perdonazo" (Ley de Reestructuración de Empresas) el gobierno condonó deudas de los grandes empresarios por un valor superior a 180 millones de dólares, el mismo gobierno que mató a 35 trabajadores, e hirió gravemente a 250, en febrero, intentando imponer un "impuestazo" que le hubiera permitido recaudar… 90 millones de dólares! Y ningún "perdón", en cambio, para los prestatarios, pequeños productores condenados a la ruina por no poder pagar pequeñas deudas usurarias de los bancos, bajo tasas de interés superiores al 35% real anual.
La base de la crisis política era la completa crisis del capitalismo y el Estado boliviano: las privatizaciones han fracasado en revertir la crisis fiscal (al contrario, la han acentuado) y no han promovido ningún crecimiento económico sostenido: "Las empresas deben pagar el 25% por concepto de Impuesto a las Utilidades (pero) luego de algunos ajustes a la tasa efectiva, las capitalizadas sólo pagan el 14%, en promedio, y las petroleras menos del uno por ciento" (!). (4) La fuga de capitales se ha acentuado: oficialmente, más de 300 millones de dólares de las "capitalizadas" están fuera del país. Con la privatización del sistema de jubilaciones (pensiones) el Estado dejó de recoger contribuciones, teniendo que bancar sin ellas a los pensionistas amparados en el antiguo sistema: el déficit, que era, en 1997, de 321,1 millones de bolivianos, subió de inmediato a 1364,4 millones, luego a 1876,5 millones, cuando el Estado comenzó a emitir bonos para cubrir el déficit: sólo en 2002, el Tesoro tuvo que pagar 2807,3 millones de bolivianos (5,1% del PBI) para pagar las rentas (con un déficit anual superior a 400 millones) (5). Según un cálculo necrofílico (hecho por el economista universitario Rolando Morales), con una tasa de mortalidad del 6% anual, el déficit será todavía del 1,5% en 50 años, todo para garantizar un negoción, de flujos constantes de fondos sin riesgo y baja ejecución, al capital financiero (AFPs) que se beneficia de la privatización, con los "fondos abiertos" (6). Las AFPs son propietarias del 50% de las empresas privatizadas: a pesar de eso, el total de sus recaudaciones equivale a sólo 4,82% del ingreso fiscal y a… ¡0,66% del PBI! (el porcentaje viene cayendo). El gobierno se vió obligado a crear una nueva dependencia (el SIN, Servicio de Impuestos Nacionales) para hacer de cuenta que está combatiendo este festival de evasiones impositivas y fugas de capital.
La contracara de esta orgía capitalista era, en primer lugar, la miseria jubilatoria, que propició el primer gran paso de las luchas actuales: en marzo y en noviembre del 2001, los jubilados iniciaron marchas desde la población de Caracollo pidiendo la nivelación de sus rentas a 800 bolivianos como mínimo. Después de una semana de caminata, una delegación del Gobierno, a cargo del entonces viceministro de Coordinación Abel Martínez, negoció con los jubilados. Lograron la nivelación de sus rentas a 800 bolivianos y con mantenimiento de valor indexado al dólar. Este nuevo acuerdo recibió críticas incluso del mismo gobierno. El ministro titular de Hacienda de entonces, José Luis Lupo, se molestó y pidió el cambio de Martínez. La nueva medida, dijo, aumentaría el déficit fiscal por pensiones, que cada año es de 300 millones de dólares. El gobierno dijo que era un compromiso "difícil de cumplir". La Ley de Mantenimiento de Valor estableció que todas las transacciones nacionales, como el pago de impuestos, y entre ellos el de rentas, se actualizasen según las UFV, es decir en función de la inflación.
Los rentistas salieron perjudicados, por cuanto el dólar subió en 10 por ciento, mientras la inflación era del 2.2%, 8 puntos de diferencia. El gobierno por su déficit fiscal no pudo pagar el Bonosol (un bono de asistencia social para las familias sin ingresos), y decidió disminuir las rentas de los ancianos elaborando el artículo 2334, quitando alrededor de 90 bolivianos por renta, para 110.000 rentistas. Los jubilados no aceptaron porque 1800 bolivianos, monto asignado a cada jubilado por el Bonosol, era un engaño: "Si se divide entre todo el año, sale a cuatro bolivianos por día y eso no alcanza ni para el pan del desayuno en muchos hogares" (8 bolivianos = 1 dólar), fue la declaración de un jubilado. La tenaz lucha de los rentistas conmovió a la opinión pública boliviana.
Ya en agosto del 2002, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fuera elegido presidente por el Congreso después de haber obtenido poco más del 20% de los votos válidos emitidos, anticipamos que "el gobierno que surge será un gobierno de crisis, minoritario y puesto en jaque político desde el inicio" (7). En junio de ese año, con 20,94 % de los votos, el Movimiento Al Socialismo, partido liderado por Evo Morales (8), obtuvo el segundo lugar. El primer colocado, el MNR, con 22,45 %, obtenía una "victoria" apretada, distante de simbolizar el poder de otrora del Movimiento Nacionalista Revolucionario. El partido gubernamental, la ADN del finado dictador Hugo Bánzer y del presidente Jorge Quiroga, había sido barrido del escenario político. Dos semanas antes de las elecciones, las encuestas daban como vencedor, con 27% de los votos, a la NFR de Manfred Reyes Villa, ex intendente de Cochabamba que prometía, entre otras cosas, duplicar los salarios de militares y policías (las huelgas salariales castrenses han sido un gran factor de crisis en los últimos años). La NFR cayó en el pleito a poco menos del 20%, siendo derrotada en su bastión, Cochabamba, por el MAS, que obtuvo 33% de los votos en la ciudad de la "guerra del agua" y de la Coordinadora. El primer lugar obtenido por el MNR de Sánchez de Lozada, con menos del 22% de los votos, fue poco más o menos que el producto inesperado de una carambola matemática.
En la semana previa a la elección, el embajador estadounidense amenazó al país con restricciones económicas si votaba por Evo Morales: "Quiero recordarle al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos a Bolivia", dijo el "gusano" cubano-americano Manuel Rocha, al final de un discurso en el Chapare. El presidente de la República, Jorge Quiroga, se encontraba al lado del diplomático cuando éste lanzó las amenazas. Morales agradeció a Rocha por reforzar su candidatura: "Yo creo que es el último toque que hace mi jefe de campaña, le agradezco mucho". En las calles, la gente lanzaba comentarios irreproducibles contra el "virrey" yanqui. Anteriormente, la predecesora de Rocha, Donna Hrinak, había dicho que los bolivianos "no tienen cojones" al percatarse de que un caso de narcotráfico investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos no era tramitado con agilidad por jueces y policías. El propio Departamento de Estado yanqui (a través de su portavoz, Charles Barclay) expresó oficialmente su preocupación por el resultado de las elecciones bolivianas. Con el segundo lugar en votos y en número de parlamentarios, el MAS y su candidato – el diputado uninominal con mayor votación nacional, 85 % en su región – fueron al segundo turno en el Congreso para elegir al nuevo presidente de la República, siendo derrotados por la coalición de partidos burgueses derechistas. El resultado de las elecciones nacionales del 30 de junio configuró un nuevo mapa político. La votación del líder cocalero Evo Morales y del dirigente campesino Felipe Quispe, superó el porcentaje obtenido por el "ganador" de los comicios.
El MAS de Evo Morales era una corriente que se basaba acentuadamente en la acción directa y la movilización campesina. Desde el punto de vista estratégico, sin embargo, sus posiciones son democratizantes. El MAS obtuvo una rotunda victoria política: resultó segundo en la votación general; ganó en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí; obtuvo 35 parlamentarios y puso a Evo Morales en la segunda vuelta de las presidenciales. Que un dirigente sindical cocalero, impulsor de los cortes de rutas y los bloqueos de caminos, expulsado del Parlamento y "excomulgado" por el embajador norteamericano, obtuviera esta votación excepcional, no sólo en el campo sino también entre los obreros, los jóvenes y las masas empobrecidas de las ciudades, provocó una conmoción política que se extiendió más allá del país del Altiplano. Su ascenso electoral, como el del MIP del dirigente campesino Felipe Quispe, que obtuvo una votación excepcional en el Altiplano paceño, apareció directamente ligado a las grandes luchas de los campesinos cocaleros contra la erradicación del cultivo en el trópico cochabambino, a la "guerra del agua" de abril de 2001 en Cochabamba (contra la privatización del servicio) y al gran bloqueo campesino de La Paz de septiembre/octubre de 2001. Desde el punto de vista de su programa, sin embargo, el MAS integró el amplio marco centrozquierdista latinoamericano, que va de Cárdenas en México a Carrió en Argentina, pasando por Lula y el PT de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay y el Foro Social Mundial de Porto Alegre.
El MAS se declaró partidario de la "condonación de la deuda externa": "No estamos aquí para romper con nadie; son importantes las relaciones internacionales pero no aceptamos políticas de hambre. Si Estados Unidos quiere relaciones, bienvenido, pero con mutuo respeto" (9). El MAS, entonces, no planteaba romper con el FMI (sino negociar "defendiendo la soberanía boliviana"), ni repudiar la deuda externa (sino su "condonación"). En esta cuestión clave, el MAS retomaba una consigna lanzada por la Iglesia Católica. La condonación de la deuda, como su moratoria o su renegociación, restablece la relación de dominación nacional sobre una nueva base. Para el MAS, "la gendarmería de la economía mundial tiene que analizar seriamente esa condonación porque no es posible que la pobreza sea un negocio para el Banco Mundial, para el FMI, tampoco la corrupción". Por este camino, llegó a plantear un relanzamiento del endeudamiento: "Queremos entablar nuevas relaciones internacionales para que las ayudas (es decir, los nuevos préstamos) sean apoyos a políticas nacionales".
Uno de los ejes del programa del MAS fue "recuperar las riquezas naturales del país para los bolivianos". La privatización fue el motor de algunas de las mayores puebladas continentales, como la "guerra del agua" de Cochabamba, el Arequipazo peruano, la lucha de los campesinos paraguayos contra la privatización telefónica, o las movilizaciones campesinas en Ecuador. ¿Mediante qué métodos, sin embargo, el MAS se propone "recuperar las riquezas nacionales"? No dijo si indemnizaría a los pulpos privatizadores, como establecen los contratos; o los expropiaría sin pago. En el primer caso, la "recuperación" del gas y del petróleo se convertiría en una hipoteca ilevantable para Bolivia, que debería pagar a precio de oro sus propios yacimientos. Para que las empresas renacionalizadas puedan convertirse en un instrumento para el desarrollo nacional, no basta con que sean estatales. El capitalismo de Estado es también una vía para el saqueo nacional. ¿Cómo poner a funcionar las empresas nacionalizadas? El MAS no plantea la dirección y el control obrero de las empresas nacionalizadas, sino la integración a ellas del capital "boliviano" (bajo la forma de cooperativas, empresas locales, etc.). "Como ha fracasado el capitalismo de Estado – dijo Evo Morales – ahora les toca a los pueblos crear sus empresas autogestionarias, empresas colectivas. El Estado tiene que fortalecer estas empresas" (10).
El objetivo estratégico del MAS era "recuperar la democracia secuestrada por el neolib eralismo", para lo cual planteó "una Asamblea Popular Constituyente, para que el pueblo defina la nueva estructura del Estado", o sea que se limitaba a la reforma de la Constitución Política del Estado. El planteo de la Constituyente en Bolivia tiene dos fuentes: los nacionalistas que pretenden transplantar al Altiplano la experiencia chavista; y las comunidades indígenas que, por medio de la reforma constitucional, pretenden "reconstruir la identidad" quechua, aymará y guaraní de la nación boliviana y establecer el ayllu, la primitiva comunidad indígena, como la base constitutiva del nuevo Estado. El MAS defiende el planteo indigenista. Plantea la reivindicación social del campesino, la lucha por la tierra, en terminos étnicos. El planteo indigenista se basa en la idealización (falseamiento) de la historia de las comunidades, pues en el incario, los elementos comunitarios del ayllu estaban integrados a un sistema opresivo de castas al servicio del estamento superior, los incas. Establece un bloque político "nacional" entre los indígenas sin tierra, las comunidades que mantienen una agricultura de subsistencia y los elementos capitalistas de origen indígena. No levanta un programa de expropiación del latifundio constituido después de la reforma agraria de 1953, ni levanta, tampoco, un programa que entronque la lucha campesina con la lucha del proletariado.
Los campesinos cocaleros del trópico cochabambino, muchos de los cuales son ex mineros que debieron emigrar en busca de una nueva forma de subsistencia, después de una lucha sañuda por la manutención de sus fuentes de trabajo y de la minería estatal (11), libraron y libran una lucha a muerte contra la erradicación forzosa de sus cultivos, contra la militarización de sus territorios, la persecución de sus cuadros sindicales y la ingerencia imperialista en Bolivia. Han denunciado que la supuesta "campaña antidrogas" no es más que la cobertura de un operativo de expropiación masiva de los campesinos para, como denuncia Morales, "reconvertir los cultivos en función de las necesidades de las empresas multinacionales, transformar a los campesinos en obreros rurales, y dejar el terreno libre a los gasoductos, oleoductos y al camino interoceánico". El MAS transformó esta lucha social en una reivindicación de la hoja de coca, "hoja milenaria (y) bandera nacional en la defensa de nuestra dignidad y de nuestra soberanía". Pero la coca ha permitido a los campesinos bolivianos desde hace siglos sobrellevar larguísimas y brutales jornadas de trabajo con una alimentación escasa y pobre; si algo simboliza la coca no es la dignidad sino la miseria a que han sido sometidos históricamente el campesino y el indígena boliviano.
Para Filemón Escobar, ex trotskista elegido senador por el MAS, este partido "es un instrumento político de las organizaciones sindicales, porque quienes han entrado en la campaña han sido ellas, sobre todo las centrales campesinas. El MAS es apenas el brazo partidario del vasto mundo sindical". La función de un sindicato obrero es defender las condiciones de contratación de los trabajadores; o sea que tiene una función restringida al cuadro de las relaciones sociales de producción. Como "brazo partidario del vasto movimiento sindical", el MAS es un partido de centroizquierda (12). Para el tumultuoso torrente de luchas populares que busca una salida al derrumbe capitalista de Bolivia por medio de la acción directa, y que se expresó en la votación del MAS, existió desde el principio una contradicción insoluble con el programa y la política centroizquierdistas. Las responsabilidades políticas asumidas por el MAS, como consecuencia de su victoria electoral, pondrían esta contradicción al rojo vivo (13).
En efecto, no tardaron cuatro meses para que el "nuevo" gobierno se viese sometido a una nueva insurrección popular, desde enero de 2003. Los jubilados del país decidieron, entonces, iniciar una marcha de protesta contra la ley 2434, dictada el 21 de diciembre de 2002 (14). Esa ley eliminaba el régimen compensatorio inversamente proporcional en las rentas de los jubilados. Los jubilados marcharon hasta la localidad de Patacamaya el año 2001, para lograr este acuerdo. La ley 2434 eliminaba la cláusula correspondiente al Art. 50 de la Ley de Pensiones, que dice que se haría una compensación anual en las rentas a partir del año 2002. El sistema inversamente proporcional, que fue el que se aprobó en la gestión de Tuto Quiroga, significa que todos los jubilados tenían derecho a recibir el reembolso de la inflación de la moneda nacional respecto al dólar, que en 2002 ascendió al 10% (15).
El 14 de enero, los jubilados cambiaron la marcha por los bloqueos: la carretera Oruro -La Paz estuvo cerrada por tres horas. La Policía no se animó a desbloquear la vía "por temor a lastimar". Cansados de esperar a que el Gobierno respondiese favorablemente su pedido de anular el artículo 3 de la Ley de Actualización y Mantenimiento de Valor, los más de 8.000 jubilados que se encontraban en Calamarca decidieron suspender la caminata y bloquear la carretera que conecta la ciudad de La Paz con Oruro y el interior del país. La decisión fue asumida por las Federaciones Departamentales de Jubilados y Rentistas, corroborada por el dirigente de la Federación de ex Trabajadores sin Jubilación Félix Cañari Pacajes: "Los bloqueos relámpago han sido una decisión que la han tomado las diferentes federaciones departamentales". Cañari informó también que Calamarca fue declarada base del movimiento de los rentistas, y que no se moverían de allí. Casi de forma espontánea, cientos de ancianos se pusieron a bloquear la carretera, así como todos los accesos y salidas a Calamarca. Los jubilados también recibieron el apoyo de los pobladores de la zona. El bloqueo se extendió, aproximadamente, por tres horas. Los efectivos policiales y militares miraban impotentes la acción de los jubilados. El capitán de Policía Alfredo Arce y el secretario general de la Confederación de Jubilados y Rentistas, Walter Quintana, cruzaron algunas palabras. "La función de la Policía es la de resguardar el orden público", dijo el jefe policial, mientras el dirigente de los jubilados acusó a los uniformados de haberlos provocado al ingresar a Calamarca. Arce respondió: "Ustedes están realizando una marcha no un bloqueo de caminos". Quintana le explicó al uniformado que esa población fue declarada como base del movimiento de los jubilados y rentistas del país: "Cuando vemos tropas que nos afrentan, entonces la gente reacciona y baja a la carretera. Nosotros no hemos alterado el orden público. Esto no se hubiera producido si ustedes no estuviesen acá", refutó. Mientras esto ocurría en Calamarca, en la ciudad de La Paz cientos de rentistas salieron a las calles para movilizarse en apoyo de sus compañeros. Los rentistas se congregaron en la plaza San Francisco desde la mañana. Cerca del mediodía, la ciudad estaba prácticamente paralizada. Daniel Ordóñez, secretario general de la Federación de Rentistas Mineros de Cochabamba, dijo que no se irían de La Paz en tanto no se solucionase el problema generado por las propias autoridades.
Finalmente, una violenta intervención puso fin a la marcha rentista. Los jubilados fueron metidos por la fuerza en buses y luego llevados a las ciudades. El gobierno dijo que la acción "protegía la salud de los ancianos": los ancianos fueron trasladados en autobuses a La Paz, Oruro y Llallagua, entre otros destinos. Los uniformados utilizaron la fuerza para imponerse ante la resistencia que ofrecieron muchos jubilados. Gritos, golpes y protestas se mezclaron mientras al menos medio millar de policías obligaban a los ancianos y ancianas a ingresar a los buses para luego trasladarlos hacia los centros urbanos. Algunos policías y militares no tuvieron ninguna consideración con las personas de la tercera edad que se resistieron a ingresar a los buses, algunos del Servicio Nacional de Caminos. Mientras la confusión y la represión se prolongaban, muchos pobladores de Calamarca que se solidarizaron con los ancianos también fueron objeto de la represión policial-militar. Todo comenzó cuando un camión militar ingresó a la población altiplánica con tropas militares. Este hecho despertó la inquietud en las filas de los jubilados, quienes rodearon el vehículo. Ante este hecho los uniformados lanzaron dos granadas de gas lacrimógeno que dispersaron al grupo de ancianos. Se vivieron momentos de tensión cuando los viejos mineros amenazaron con dinamitar la carretera, cosa que no ocurrió, pero bloquearon la vía por algunos minutos.
Los marchistas lanzaron una advertencia: "Si nuevamente somos vejados por las fuerzas del orden, no nos quedaremos de brazos cruzados". En el traslado de los manifestantes, hubo un accidente (16): once muertos dejó el choque de dos buses; seis eran rentistas. La indignación cundió. Maestros, pequeños prestatarios, constructores, fabriles y ex trabajadores mineros se sumaron a la protesta. Los marchistas llegaron a La Paz: desde Patacamaya, el 18 de enero, concluyó con gran apoyo popular la marcha contra el gobierno. La marcha partió a la mañana desde Senkata en su última etapa. Miles de rentistas caminaron por calles alteñas y paceñas recibiendo abrazos y gritos de apoyo. El llanto y la explosión de dinamita precedían sus pasos. Antes de partir, los rentistas mineros rezaron por las familias de los jubilados que murieron en el accidente. Los ancianos se arrodillaron en inmediaciones de la plaza San Francisco y lloraron la muerte de sus compañeros. Luego, los manifestantes recorrieron casi todo el centro paceño coreando estribillos como: "Muera Carlos Mesa (vicepresidente) el asesino" o "Goni, Mesa, los mismos asesinos". Calificaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada como "criminal" y responsabilizaron a Mesa de las muertes de los jubilados. La partida de los ancianos fue bulliciosa. "No nos rendiremos, nuestra lucha es justa y seguiremos pelando por nuestros derechos", gritaban desde las ventanas de los ómnibus.
La movilización se generalizaría luego de la tentativa del gobierno de imponer un impuesto (uno más) de 12,5% sobre todos los salarios y rentas superiores a 840 bolivianos (120 dólares) para generar el superávit fis cal exigido por el FMI para pagar el déficit fiscal y la deuda externa. Iniciada con un bloqueo campesino de la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, en enero, los cortes de rutas y la insurrección popular rápidamente se extendieron a todo el país, generalizándose en las jornadas del 12 y 13 de febrero. El "impuestazo" puso al país en estado de rebelión, imprimiendo un giro en la situación política. Los enfrentamientos provocaron 35 muertos y 250 heridos, muchos de ellos por las balas militares, con decenas de edificios públicos, de empresas, de sedes de partidos oficialistas, destruidos. El "Argentinazo" se extendía a Bolivia.
Prensa Obrera inmediatamente caracterizó: "En Bolivia ha comenzado una revolución. El impuestazo del 12,5% sobre los salarios de una población que en más del 80% se encuentra por debajo del nivel de pobreza, desató una vigorosa rebelión popular que hirió de muerte al gobierno fondomonetarista de Sánchez de Lozada. Se ha abierto una aguda crisis de poder que va a poner a prueba la consistencia política de los partidos de la oposición, en particular al Mas del dirigente campesino Evo Morales. Tanto el Mas como la COB (Central Obrera Boliviana) levantan la consigna Fuera Sánchez de Lozada y reclaman la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Con la rebelión popular boliviana, a caballo de la derrota de la intentona golpista en Venezuela a manos de la movilización de los trabajadores, y de la continuidad del Argentinazo, se amplía el campo de la revolución latinoamericana" (17).
No dejó de ser irónico el "argumento" con que el gobierno de Sánchez de Lozada intentó hacer pasar el impuestazo: si no se reduce el déficit fiscal – amenazaba – llegaremos a la situación de la Argentina. En realidad, con el impuestazo, el propio gobierno abrió las puertas para un Argentinazo en el Altiplano. El martes, en medio de protestas y movilizaciones parciales, la policía de La Paz se amotinó y se autoacuarteló en dependencias cercanas a la Casa de Gobierno en repudio al impuestazo y en reclamo de aumento salarial. La rebelión policial se extendió rápidamente a Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. En el interior también comenzaban las movilizaciones, los bloqueos y los cortes de ruta. Ante el crecimiento de la movilización, el miércoles el gobierno desplegó al ejército en el centro de La Paz. "El ejército llegó a la Plaza Murillo a matar", denunció un policía rebelado (18). La fractura de las instituciones armadas del Estado, el levantamiento de los policías en el cuadro de un levantamiento popular, y su enfrentamiento con el ejército, eran síntomas inconfundibles de la aguda descomposición del aparato del Estado y del inicio de una revolución. Cuando el ejército retrocedió, La Paz fue copada por los trabajadores y los estudiantes enfurecidos por la matanza; la movilización se extendió todavía al jueves. El centro del poder político se convirtió en un campo de batalla. Mientras los trabajadores y los estudiantes avanzaban y peleaban, en medio de una nube de gases, los vendedores de ediciones extra de los periódicos gritaban: "El ejército mata al pueblo para defender al gringo". Las ediciones se acababan pronto. Los francotiradores operaron y asesinaron a un estudiante que junto con otros cientos de compañeros intentaba llegar a la Plaza Murillo. Bajo una lluvia de gases y la represión militar que causó seis nuevos muertos en esta jornada, la movilización popular atacó las sedes del poder político (la Vicepresidencia, los ministerios de Trabajo y de Hacienda), las sedes de los partidos de la coalición gubernamental y los símbolos de la opresión imperialista (Burger King, Aguas de Illimani, bancos y financieras).
No hubo saqueos. Las movilizaciones entraron a los ministerios y a la Vicepresidencia, de donde sacaron computadoras y documentos que fueron apilados para ser quemados: "La gente no deja que nadie se lleve nada. Algunos lo intentan pero son perseguidos al grito de son chorros (…) Los propios manifestantes frenan a los ladrones obligándolos a lanzar a las improvisadas fogatas los objetos robados bajo el lema el pueblo no roba (…) Una dulcería de la calle Yanacocha es asaltada. Más tarde se devolverían los dulces y demás artículos" (19). La descripción que hizo la propia prensa paceña de los sucesos, fue un claro reflejo del carácter políticamente conciente de la masa movilizada. Mientras la Vicepresidencia y los ministerios de Trabajo y Hacienda ardían en La Paz, en el interior se repetían las movilizaciones, las marchas sobre los centros del poder político local, los ataques a las sedes de los partidos gobernantes y los bloqueos de caminos.
Empujado por la crisis económica y las exigencias del FMI, el gobierno atacó no sólo a los asalariados, sino a su propia base social en las capas medias, empujándola a la oposición: trasladó el principal escenario de conflicto social a las ciudades y dividió a la burguesía, ya que los empresarios y los exportadores vieron estas medidas como un nuevo ataque a sus intereses y destinadas a favorecer tan sólo a los bancos y a las empresas "capitalizadas" (privatizadas). La Oposición Trotskista caracterizó así la crisis política: "El gobierno ha quedado frágil, sus socios están en dispersión y velando por sus intereses ligados al robo de los recursos que nosotros aportamos. Las patronales no están unidas y no tienen una salida clara frente a la movilización del conjunto de los trabajadores. Sus partidos políticos no tienen fuerza, como lo demostró el período de las elecciones pasadas, donde Goni ganó con un estrecho margen y la gente votó a una salida que parecía nueva. La experiencia que tuvimos es clara, ya que vimos en el gobierno a todos los politiqueros actuales. Vimos a la ADN, la UCS, al MIR, al MNR, a NFR y todos ellos solo han representado los intereses de los poderosos, posibilitando que las transnacionales se apoderen de nuestros recursos. Ellos defendieron de manera clara el modelo neoliberal que ha generado un masivo desempleo y una fuerte inestabilidad de los trabajos en las fábricas. Estos politiqueros representan a sus propios intereses, es decir los intereses de su ganancia a costa de la vida de los trabajadores y están completamente unidos a los designios de la Embajada Norteamericana".
El acuartelamiento de los policías en el GES de La Paz (seguido por otras guarniciones como en Santa Cruz) añadió un componente a la caldeada situación. En el motín se verificaba el descontento de la tropa mal paga y maltratada, la oficialidad afectada por el impuestazo,y hasta las camarillas corruptas dispuestas a bloquear el proyecto de "reforma policial" del gobierno. El efecto fue explosivo, acelerando los acontecimientos. El 12 de febrero fue visible la parálisis del aparato represivo del Estado, fracturado con el combate entre los policías y el Ejército enviado por Sánchez de Lozada a reprimirlos, lo que abrió una amplia brecha para que la movilización de masas comenzara a colarse, con el gobierno y la maquinaria del Estado prácticamente inmovilizados. Ya había más de una decena de muertos y un centenar de heridos, la mayoría en la guerra entre policías y militares en Plaza Murillo. Al lanzar al Ejército contra la policía, Sánchez de Lozada buscaba imponer una salida autoritaria, represiva, ante la marea ascendente de protestas, pero debió retroceder apresuradamente cuando ya era tarde, sólo para que la derrota no fuera mayor, intentando conjurar el levantamiento en marcha. Comenzaban los ataques a los símbolos del poder político y económico: varios edificios estatales, las sedes de los partidos del gobierno (MNR, MIR, UCS, ADN), oficinas de financieras y de empresas privatizadas. Las acciones tenían un claro contenido político, evidenciado en los objetivos mismos, en las consignas y en que los manifestantes no permitían que actuaran saqueadores. La declaración de asueto por el gobierno para el 13 trató de impedir el paro nacional, mientras la movilización en La Paz reunía a mas de 10 mil personas: en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, se realizaban marchas y también ataques a las sedes de los partidos de gobierno. Las fuerzas militares apostadas en Plaza Murillo recurrieron a la criminal táctica de los francotiradores como provocación, para aterrorizar a los manifestantes y crear un clima sangriento qu e impidiera el desarrollo de la movilización. Los primeros heridos y víctimas fatales eran jóvenes, trabajadores de la salud que cumplían su deber, y obreros.
Hubo una guerra entre los efectivos militares, en el Palacio del Quemado, y los policias apostados en la Cancilleria y el GES. El ejército controlaba mitad de la Plaza Murillo, la otra mitad estaba en manos de la policia y del pueblo amotinado. La munición usada era de guerra, mataron a un policia del cuerpo de bomberos. A pesar de los intentos del Mayor Vargas y del general Hugo Tellería, de evitar mayor derramamiento de sangre, no fue posible contener a las partes y el ejército continuó disparando contra los policías y civiles. A las 17 horas del jueves 13, Goni, que había huído de incógnito, se presentó en la TV, anunciando el retriro del impuestazo. El pueblo había triunfado (20).
Al mismo tiempo, los dirigentes de las organizaciones populares se encargaban de disminuir las proyecciones del paro, negando continuidad a la lucha. Evo Morales, del MAS, y la COB, reiteraron el pedido de "que se vaya Goni". El hundimiento del gobierno planteaba una crisis de poder. El respaldo de la OEA, Duhalde, Bush, el FMI y Lula al "gobierno constitucional" tenía por objetivo evitar una victoria popular. El MAS, el principal partido de la oposición, reclamó que la vicepresidenta del Senado se hiciese cargo del gobierno y convocase a una Asamblea Constituyente "para refundar Bolivia". La COB respaldó esa posición. Con esta consigna evitaba plantear que el poder pasase a manos de él mismo y de las organizaciones populares. La constitución del Estado Mayor del Pueblo, en enero, con el MAS de Evo Morales (verdadero vencedor de las elecciones del 2002), el MIP de Felipe Quispe Mallku, la COB y los "movimientos sociales" (como la "coordinadora" de Cochabamba, de Oscar Olivera, y otros), que parecía delinear una situación de doble poder, se revelaba inútil, en la mejor hipótesis, o simplemente comola constitución de un freno preventivo para evitar "desbordes" populares. Esto lo reconoció, alarmado, un "anti-globalizador" boliviano, defensor de los "movimientos sociales" como superación de los "estrechos" sindicatos obreros: " De más en más enfrentados con la confrontación abierta (los movimientos sociales) fueron superados por la multitud revoltosa en los acontecimientos del 13 de febrero: fue ella, en realidad, la que casi derribó al gobierno" (21). Al atardecer del 14, la policía volvía a las calles – durante toda la noche se había gestionado un acuerdo – y comenzaba a detener no sólo a rateros y saqueadores, sino a quienes volvían a sus casas después de la movilización y a cualquier joven que estuviera a mano. Por eso, la movilización retrocedió, como lo demostró el reducido impacto del paro nacional de 48 horas de la COB durante el 17 y 18. Pero el gobierno había salido herido de muerte, al tener que anunciar públicamente el retiro del impuestazo, además de una reorganización de gabinete, con la remoción de cuatro ministros.
Los trotskistas bolivianos hicieron un balance de la dirección del conflicto: "¿Que pasó con la llamada nueva izquierda y el populismo aymara? A lo largo de estos más de 14 años de neoliberalismo se han gestado diferentes movimientos de lucha del conjunto de la clase trabajadora y explotada del país, de los cuales han salido agrupaciones como el MAS y el MIP. En el caso del MAS, que manifiesta ser de izquierda, muchas personas se acercaron buscando salidas a la crisis y una perspectiva de construcción diferente de la realidad. Pero el MAS ha demostrado lo contrario, en diferentes luchas ha capitulado frente a la política de hambre de los poderosos. El MAS ha quedado atrapado en el juego del parlamento y la democracia de los ricos y no ha posibilitado la organización real de los explotados y la incorporación de la clase obrera en la lucha por la construcción de una nueva realidad social. ¿Acaso esto no es evidente en las derrotas que ha sufrido el sector cocalero? En estos últimos años, la capitulación de Evo Morales amparándose en la Ley 1008 diseñada por la Embajada Gringa, ha llevado a la completa militarización del Chapare y a un proceso casi de total erradicación de la hoja de coca. Pero este proceso también, lo ha demostrado en otros conflictos como el del 12 y 13 de febrero, que ante la completa debilidad del gobierno y una perspectiva de su caída, el MAS no llamó a una salida del gobierno centrada en la organización de una gran huelga general con un bloqueo de caminos para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Libre y soberana dirigida por las organizaciones de los explotados. El MAS, no dio ningún impulso a la lucha y se quedó atrapado en el discurso elaborado por la NFR de buscar una salida constitucional del gobierno. Es decir, el MAS facilitó la recomposición del gobierno de Goni y le perdonó la vida. Se ha convertido en el principal sostén del actual régimen. ¿Y que pasó con el MIP? Absolutamente nada. Las denuncias de su vinculación con el MIR parecen ser ciertas al mostrar una participación insignificante dentro del parlamento y estar al margen de las luchas de los explotados. El MIP ha mostrado ser un partido que más allá de hablar sobre el tema indígena está compuesto por un conjunto de indios oportunistas que a la primera de cambio se venden por un sueldo, como pasó con su candidata a vicepresidenta Esther Balboa".
Y, en relación a los sindicatos de la COB (Central Obrera Boliviana): "¿Que pasó con nuestros dirigentes? Como mencionamos, en los últimos años hemos visto cómo se han debilitado y en algunos caso destruido los sindicatos. Sin embargo, estas tareas, las patronales no las llevaron a cabo solas, sino que contaron con la ayuda, en muchos casos, de los dirigentes burocratizados. La burocracia, completamente alejada de la base, se encuentra ligada a los intereses de las patronales, vive de los favores que intercambia y que representan el abandono de los intereses de la clase obrera. Estas burocracias son las que han transado todos los despidos, el debilitamiento de nuestros mecanismos de lucha como la huelga; son las que han amparado el saqueo del país y la destrucción de las conquistas sociales. Los burócratas se hallan ligados a los partidos de los poderosos, militan en el MIR, en el MNR, en la NFR y por lo tanto defienden sus intereses, al igual que su discurso de la eficiencia, el mercado, la globalización. Este papel en el pasado lo cumplían los burócratas ligados al comunismo y al MIR-masas. Incluso muchos de los actuales dirigentes son izquierdistas convertidos. Estas burocracias debilitan los sindicatos impidiendo que los jóvenes que ahora son parte de la clase obrera vean sentido en conformar o en participar en los sindicatos. Estas burocracias son las que terminan negociando y vendiendo las luchas que surgen desde las bases. Estas burocracias son las que han posibilitado, en gran medida, que la clase obrera este ausente de las luchas más importantes de este último tiempo en el país, lo cual contribuyó al salvataje de los regímenes de los poderosos" (22).
La sobre-vida de Goni le permitió encarar el proyecto entreguista estratégico exigido por el imperialismo para garantizar el pago de la deuda externa, la completa colonización económica de Bolivia, y para alcanzar objetivos estratégicos más amplios, que también estaban presentes en el cerco a Venezuela y en la guerra contra Irak: la venta del gas boliviano al consorcio multinacional Pacific LNG. La salida buscada por las clases dominantes es la exportación de gas por vía marítima a los Estados Unidos, que ha encontrado con ello una buena forma de amarrar los intereses de varios grupos económicos y de poder en la región. Las transnacionales del petróleo presionaron para que Mejillones sea elegido como el puerto de exportación de gas a los Estados Unidos. La española Repsol-YPF, las británicas British Gas y British Petroleum y francesa Total, se han constituido en el verdadero factor de poder en el país alrededor del cual giran los grupos oligárquicos intermediarios del negocio, una elite tecnocrática dominante y muchos dueños de medios de comunicación que desean asegurar el fabuloso negocio para esas transnacionales y proteger los intereses energéticos de los Estados Unidos. El Estado boliviano se había transformado en una sucursal de las compañías petroleras (23).
Desde antes de junio del 2002, 90% del pacto estaba cerrado: la firma del negocio dependía de una decisión política del virtual presidente electo Gonzalo Sánchez de Lozada. El territorio sería arrendado en comodato por 99 años, el área total negociada sería mayor a 600 hectáreas. El gasoducto desembocaría en un pedazo de costa chilena aún por definir, donde también se instalaría un complejo petroquímico y turístico. Los impuestos del negocio serían percibidos por el fisco boliviano. La única exigencia para cerrar las conversaciones era la solicitud del gobierno boliviano de acceder – vía comodato, es decir, arriendo – a una franja costera, en la que pretendía desarrollar un complejo turístico. La histórica reivindicación nacional boliviana de salida al Pacífico sería usada para dar base a la mayor entrega de su historia. El proyecto Pacific LNG – que integran las petroleras Repsol-YPF, British Gas y Pan American Energy – incluye la construcción de un gasoducto desde Bolivia hasta un puerto chileno del Pacífico. En dicho terminal, el hidrocarburo será licuado y llevado en barco hasta México, donde se volverá a gasificar para suministrarlo a California, en Estados Unidos. Uno de los aspectos fundamentales de la negociación fue el debate de si un acuerdo de este tipo era objeto de un nuevo tratado entre ambos países. Se llegó a la conclusión que bastaba con un convenio binacional, el cual debía ser ratificado por el Congreso chileno. En el acuerdo se especificará que los terrenos en territorio chileno serán inscritos por los bolivianos en el Conservador de Bienes Raíces chileno, bajo la figura de comodato y por un período de 99 años. En el caso del transporte del gas, se utilizará como referente el Tratado de 1957, acordado para la exportación de petróleo hacia Arica. Los integrantes del consorcio manifestaron desde el primer día su preferencia por un puerto chileno, porque esto implicaría ahorros por entre 300 millones y 500 millones de dólares anuales. Los plazos entre el consorcio privado y el grupo de empresas que distribuirá la energía en Estados Unidos – que encabeza la compañía Sempra Energy – fueron, sin embargo, dilatándose. Según la prensa, el gas era uno de los temas esenciales para lograr un "pacto de gobernabilidad", junto con la revisión del proceso de privatizaciones, con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Jaime Paz Zamora, y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), de Manfred Reyes Villa.
Perú, sin embargo, ofrecía condiciones más ventajosas que Chile (apoyado por los EE.UU.) para el embarque del gas y, según el ya citado Walter Chávez, tal vez fuese este "el punto de ruptura de la lealtad" de las FF.AA. a Sánchez de Lozada. La actividad golpista, sin embargo, tenía como principal protagonista al agente de la CIA David Grenlee, actual embajador de los EE.UU. en Bolivia, quien denunció un supuesto "golpe de Estado" de la izquierda para tomar el poder. Manfred Reyes Villa denunció, antes del actual pacto, que detrás de ello se ocultaba el acuerdo Goni-EE.UU. para preparar un auto-golpe. La crisis política se profundizó, y puediendo llevar a una situación tipo Venezuela. Vale resaltar que Bolivia, con 52,4 billones de pies cúbicos, tiene la segunda mayor reserva latinoamericana de gas natural (la primera es Venezuela, con 147 billones), con un aumento de once veces en los últimos cinco años, actualmente sólo exportado al Brasil, que compra 17 millones de metros cúbicos/dia (24) (cifra insignificante comparada con la compra proyectada por los EE.UU.). Rusia es el país con las mayores reservas mundiales (1700 billones de pies cúbicos), pero los mayores consumidores, EE.UU. y Japón, tienen menos del 10% de las reservas rusas. La producción y consumo de gas natural es la que exhibe, entre todas las fuentes energéticas, los más altos índices de crecimiento mundial, de casi 4% anual, habiendo pasado de 53 billones de pies cúbicos en 1980, a 104 billones actualmente, con 167 billones proyectados para 2020 (25). En Bolivia, las 52 cuencas de reserva de gas certificadas como probadas y probables, se encuentran en manos de compañías extranjeras (26). Brasil paga 1,10 dólares por BTU (unidad térmica) de gas, y ha pedido revisión de los contratos para bajar el precio (los consumidores bolivianos pagan 5,48 dólares): la Pacific LNG, con el contrato previsto, pagaría 0,70 dólares por BTU (27).
A esto se agregó la privatización del agua. En La Paz, desde que el consorcio francés Aguas del Illimani (Lyonnaise des Eaux) administra su distribución, su precio pasó de 2 a 12 bolivianos. La mayor parte de la población, que no puede afrontar este aumento, reemplazó las duchas por instalaciones sanitarias comunes, y pagas. La privatización vino acompañada de un deterioro del servicio, relacionado con los despidos efectuados para reducir los costos. En su campaña publicitaria, el consorcio prometió priorizar la mejora del servicio y la extensión de la red. La realidad es muy distinta: los desperfectos son cada vez más frecuentes por la falta de mantenimiento y las reparaciones llevan más tiempo. Se llega a recurrir a los viejos pozos para asegurar el funcionamiento de los comercios: "Hoy en día, es un lujo tener agua en la ciudad de El Alto", señaló un trabajador despedido por Aguas del Illimani. Otro choque con el imperialismo se anuncia en torno a la recuperación del plantío de coca, debido al completo fracaso del plan de cultivos substitutivos, que hizo caer la cultura cocalera en 90% entre 1998 y 2001: "El gobierno americano ya está preocupado con la producción de coca en Bolivia, que subió 23% el año pasado, desde su punto mínimo en 2001, por causa del rápido replantío. Bolivia permanece la tercera mayor productora mundial, con Colombia y Perú" (28). El aumento del plantío de coca, que ha alcanzado actualmente el mismo ritmo que el de la erradicación (o sea, que ha tornado a ésta completamente inútil), evidencia la completa quiebra de las otras salidas para la economia boliviana, así como el completo fracaso de los proyectos de "desarrollo alternativo para la inclusión social". Los cultivos de coca en la región andina (prohibidos por la Ley 1008) ya alcanzan a 200 mil hectáreas (29).
El cuadro de crisis, miseria creciente, e intervención económica y política directa del imperialismo yanqui, preparaba una nueva explosión popular, que ya se avizoraba en movilizaciones parciales, y en la propia protesta de la burguesía boliviana (que obligó a Goni a nombrar un Secretario de Estado para la revisión de las privatizaciones, cortina de humo, en realidad, para la gran entregada del gas). La crisis boliviana se internacionalizaba con la intervención de los EE.UU., y el embrollo con Chile y Perú sobre la salida del gasaducto, en vísperas de desplome económico del primero, y de una crisis política galopante del gobierno de Alejandro Toledo en el segundo (sin hablar de la proximidad de la crisis argentina y del efecto devastador que un desplome brasileño, ya en el horizonte, tendría sobre las exportaciones bolivianas). Las direcciones de las masas (de la COB, del MAS y del MIP), burócratas sindicales, indigenistas y "anti-globalizadores", estában años-luz de las exigencias políticas de la hora para los explotados bolivianos, sectores enteros de la vanguardia obrera y juvenil lo comprendían cada vez más claramente.
El acuerdo para salvar al gobierno de Goni no se limitaba a la "pegacoalición". Las Fuerzas Armadas se erigieron en árbitros de la situación, obteniendo del gobierno un increíble decreto que legaliza el trabajo esclavo de los conscriptos, luego del escándalo provocado por el descubrimiento del uso de centenares de éstos en la propiedad particular de un miembro del Estado Mayor, conocido como el caso del "mocororó" (colecta de ricino). Se multiplicaron, también, las denuncias de maltrato de soldados por los oficiales, con castigos y golpizas que los dejan inválidos, y en algunos casos les han provocado la muerte. Además de legalizar el trabajo esclavo, el gobierno abrió la cancha para la militarización del país, editando una nueva Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el propio Código Penal, que amplió las penas para incitadores de bloqueo o bloqueadores de ruta hasta ocho años (30).
Pero la crisis no podía ser combatida con la pura represión. La pieza contrarrevolucionaria central tenía como centro a la Iglesia Católica y su propuesta de "Reencuentro Nacional", a través de un documento a todos los partidos políticos. Reeditando las "siete mesas para el diálogo" de inicios de año, ahora institucionalizadas y con la participación de "todos", el "Reencuentro" se perfiló como un "Gran Acuerdo Nacional" destinado a asegurar la sobrevivencia del gobierno del MNR hasta el 2007. El documento de la Iglesia tuvo como su eje el reclamo de "impedir conflictos sociales y crear las condiciones de normalidad de tránsito y transporte" (o sea, que fue la variante "pacífica" de la militarización). Como no podía ser de otro modo, el principal interés de la prensa se volvió hacia la participación (y acuerdo) del MAS (y del MIP) con el "Reencuentro": el MAS (que inicialmente amenazó con siquiera participar de las reuniones) cuestionó, lógicamente, el "modelo económico", pero también declaró que "no ve elementos insalvables" (31), a lo que el MNR se hizo eco, declarando que, con el "Reencuentro", "ya tendrá condiciones de gobernabilidad" (32). Paradójicamente, los principales cuestionamientos al documento de la Iglesia provenían del imperialismo (por el tema de las drogas) y del propio MNR (porque el documento proponía mecanismos para "revisar las capitalizaciones" y ¡"eliminar la corrupción"!).
Después de las movilizaciones de febrero, uno de los principales dirigentes del MAS, el ya nombrado Filemón Escobar, mantuvo reuniones con dirigentes sindicales afirmando abiertamente la necesidad de sustentar la "gobernabilidad" de Goni hasta 2007, cuando el MAS vencería en las elecciones presidenciales, después de vencer las municipales en 2004, y las departamentales, dando como ejemplo la conquista gradual del gobierno por el PT del Brasil. Si ésto es ya una confesión (el MAS en el gobierno haría lo mismo que el PT, con consecuencias obviamente peores para un país más pobre, como Bolivia), a Escobar ni se le ocurrió que esa trayectoria del PT fue facilitada porque, durante los 20 años de ascenso electoral (no rectilíneo) del PT, no hubo ninguna crisis revolucionaria en Brasil (aunque sí luchas parciales muy importrantes, como las de los sin tierra, estatales y petroleros) con lo que el PT consiguió mantener a la casi totalidad de la vanguardia obrera amarrada a su carreta durante dos décadas, lo que está lejos de ser, objetiva y subjetivamente, la situación boliviana (de entrada nomás, el MAS, a diferencia del PT, no dirige sindicatos, y sólo posee un papel de dirección indiscutido en Cochabamba, entre campesinos, regantes y movimiento popular).
Otro teórico, vinculado al MAS (a falta de tienda más generosa), el profesor Alvaro García Linera, también defendió abiertamente el "pacto social" después de la crisis revolucionaria de febrero. García Linera teorizaba ahora desde páginas más abiertamente encuadradas por la burguesía (El Dipló) acerca de la caducidad de la "vieja izquierda vanguardista", de la "recuperación de recursos públicos por la sociedad, estatales y no estatales" (o sea, la privatización "autogestionada", es decir, gestionada por las ONGs); teorizaba demagógicamente a cerca, de los "nuevos liderazgos indígenas", que "tienen ciertas posibilidades de ser presidentes de la República, por vía electoral o por via del levantamiento social" (o sea, que la perspectiva máxima de una revuelta social sería el actual régimen político, la revolución está descartada), todo en un sociologués desenfrenado, con citas de Pierre Bourdieu incluídas, proponiendo al "poder indígena" "acompañar su presencia gubernamental (legislativa, municipal y ejecutiva) con una revolución radical de los sistemas técnicos y organizativos del poder estatal" (la "radicalidad" de este discípulo de Bourdieu se agota, por lo tanto, en declarar al quechua y al aymara lenguas oficiales de la institucionalidad del Estado colonial), en "una estrategia de poder capaz de unificar lógica partidaria y lógica comunal, tanto en las calles y carreteras en contra del Estado como dentro del Estado" (33). ¡Qué tentador es el Estado!
Sólo como crítica a la parte "indigenista" del discurso del ex-tupakatarista vale la de Félix Patzi: "A esa práctica política multicultural, Kymlicka la llamaría derechos especiales de representación, una política para los grupos históricamente desfavorecidos. Esta política no valora a los indígenas como seres soberanos que se pueden valer de sí mismos y por sí mismos, sino que considera que necesitarían una sobreprotección paternal… La propuesta de Álvaro García Linera no anula el sistema de partidos, sino que éste se multiculturalizaría por medio de los derechos especiales de representación; (sus) posiciones autonomistas son compatibles con la forma de economía del capital y la forma política liberal. Suenan más bien a una política de los Estados naciones. Podemos sospechar, inclusive, que serán las nuevas formas de las políticas multiculturales de los Estados nacionales a lo largo del tercer milenio" (34).
El MIP, a su vez, basado en el liderazgo carismático de Felipe Quispe Mallku, convocó para finales de julio a un bloqueo de las rutas del Altiplano, claramente boicotead o por el MAS. El bloqueo, sin embargo, fracasó (35), porque no estaba inscripto en una estrategia de lucha (formalmente fue convocado para "dar cumplimiento a los 72 puntos negociados con Banzer") sino que obedecía a una disputa burocrática por el control de la central campesina (CSUTCB) con dirigentes vinculados a Evo Morales (Germán Coquehuanca – a quien Mallku llamó en público de "índio de mierda", olvidando su propia ideologia política – y Román Loayza) desafavorable a Quispe: "Cuando ocurrió, Felipe Quispe se sumió en la desesperación y para reflotar su imagen convocó al bloqueo" (36). De un modo general, "el MAS o el MIP, en pocos meses de gestión, no sólo han dado muestras de una ineficiencia escandalosa en el Congreso, sino que ni siquiera son capaces de sintonizar con el sector al que supuestamente representan: el sector campesino. Felipe Quispe llamó loteadores a los sin tierra del Altiplano y el partido de Evo Morales, que hoy por hoy anda ya enfrascado en una campaña electoral por los municipios, prefirió enfrascarse en una trama conspirativa para apropiarse del liderazgo de la CSUTCB; los sin tierra de todo el país marchan al margen, buscando nuevas afinidades y liderazgos en su lucha" (37). Esto adquiere gran importancia, porque el histórico fracaso de la reforma agraria iniciada en 1953 está llevando a una nueva y profunda ola de luchas campesinas, sobre la base de que el 87% de las tierras del país (28 millones de hectáreas) está en manos de 7% de propietarios de dotaciones agrícolas. Los campesinos tienen sólo 4 millones de hectáreas (13%) según datos oficiales (38).
En la COB (Central Obrera Boliviana) la disputa por la CSUTCB fue pretexto para aplazar interminablemente el XII Congreso, a ser realizado en Oruro en julio: "La COB está en su peor crisis. Esa forma de sindicalismo pactista o negociador, asumida por los dirigentes, empeoró su situación, coadyuvando a la profundización de la crisis" (39). El abierto gubernamentalismo "neoliberal" de los dirigentes de la década del 90 llevó a la conformación de un gran Bloque Opositor, el Bloque Sindical Antineoliberal, que pasó a controlar varias Federaciones de Fabriles (inclusive la de La Paz), y tenía a 300 de los 900 delegados al Congreso de la COB. Este bloque, sin embargo, carecía de definiciones políticas, y también recicló a elementos reaccionarios: la lista antiburocrática de las elecciones de fabriles La Paz (papeleta blanca) calificó a la dirección de la Federación local de "pro-patronal, que ha llevado al movimiento fabril a un pacto con nuestros verdugos, sin lograr ni cuatro marraquetas para nuestro sector". El Congreso, sin cambiar nada, a no ser a la Ejecutiva y su Secretario, se realizó sobre la base de dinamitazos mineros que desalojaron a los partidarios de Mallku, que bloqueaban el edificio donde se realizó. El abogado Gonzalo Trigoso, muy vinculado al Bloque, emitió una declaración proponiendo un horizonte sólo nacionalista y de "supresión del neoliberalismo" al sindicato. Trigoso ha desarrollado la teoría (de origen lorista), ahora como balance de los acontecimientos de febrero, de que, para la victoria revolucionaria, "no basta que la tropa se rebele… se ha visto la necesidad de que jefes y oficiales deben estar junto de su tropa… (Debemos) incorporar a nuestra doctrina de liberación los resultados y conocimientos obtenidos" (40): en síntesis, una "revolución antineoliberal" (no anticapitalista y antiimperialista) con participación (dirección) de la oficialidad militar y policial, una vuelta al ciclo militar nacionalista, agotado por la historia y por la impotencia política de la burguesía nacional o de su substituto castrense (41).
En ese período, con gran combatividad, la OT se vinculó a sectores clasistas del movimiento obrero, y participó de luchas muy importantes: la organización de la Intersindical Nacional de la Cerveza (con la formulación de un pliego único nacional en defiensa de los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, el reajuste salarial), la lucha por una posición clasista en la Federación de Fabriles de La Paz (se organizó una lista clasista en La Paz, contra la lista centroizquierdista que domina la Federación: la lista centroizquierdista venció con poco más de 3000 votos, contra 1200 de la impulsada por la OT), la lucha por la recuperación de los agentes de la Rectoría-Gobierno, de la Carrera de Comunicación Social de la Umsa, por la elección democrática de sus autoridades (lucha coronada por una gran victoria), la lucha por la universidad pública en El Alto, presentando listas en la elección de la federación estudiantil local.
El camino abierto por la insurreción popular de febrero, contra el "impuestazo", lejos de cerrarse, se había profundizado. El viernes 19 de setiembre fue un día de gran movilización, que fue reflejo, a su vez, del profundo debilitamiento y aislamiento del gobierno, el cual trató de evitar, por todos los medios, de llegar al enfrentamiento. Su centro fue la lucha de los pobladores de Warisata, donde los campesinos defendieron el bloqueo de caminos contra la política hambreadora y proimperialista del gobierno MNR-NFR-MIR-UCS, en especial la entrega del gas boliviano a los EE.UU. El bloqueo fue objeto de una provocación asesina por parte de las Fuerzas Armadas. El sábado 20, un operativo policial-militar, en Warisata, ordenado por la embajada norteamericana, se saldó con la muerte de dos uniformados y al menos cinco civiles, demostrando que en el momento actual, de profundo agotamiento de las ficciones democráticas (justicia, "estado de derecho"), el único sostén real del gobierno se reduce al ejército. Estaba cada vez es más claro que el poder real ya no lo ejercía Sánchez de Lozada ni ningún payaso de turno, el poder real que sostenía todavía al gringo asesino, se iba centrando en la cúpula castrense, cuyo margen de maniobra era también limitado (si se diera la exportación del gas por Chile, el ejército perdería una gran parte de su razón de ser ante los ojos de los trabajadores); en todo caso, una respuesta militar precisaba de una careta civil, aún no claramente perfilada. El día 22, en un intento de mostrar la fortaleza política que ya no tenía, el gobierno decidió convocar al patético show de la firma del Reencuentro Nacional: el gobierno estaba casi acorralado. La crisis de dirección se evidenciaba en la participación, en dicho Reencuentro, de la corriente que fuera depositaria de la esperanza popular en el cambio, el MAS de Evo Morales. Como ya lo dijéramos, el Reencuentro fue sólo una maniobra de corto alcance, impulsada por la Iglesia, para dar un oxígeno suplementario al gobierno asesino del Goni, ya odiado por toda la población trabajadora. El resultado del Reencuentro no fue la imposición (parcial) de algunas reivindicaciones populares, sino la masacre de trabajadores en Warisata.
Lo sucedido en Warisata fue el primer episodio de una insurrección de vastas proporciones, en un momento que resumía las contradicciones acumuladas por la sociedad boliviana a lo largo de su historia, de extrema debilidad de las expresiones políticas de la izquierda y más aun de la derecha. El uso de las fuerzas armadas, como recurso de disuasión y de orden era también limitado; cualquier enfrentamiento que sucediese iría desgastando la capacidad de respuesta del "ejército boliviano".La crisis económica, golpeando fuertemente a la clase media, determinó que el gobierno perdiese definitivamente cualquier apoyo social. Una expresión de la completa descomposición gubernamental fue el surgimiento, en sectores de la clase media, del reclamo de uso de métodos de guerra civil contra los trabajadores en lucha, apelando a una pseudo-ideologia racista y fascista (cuya irrupción hizo evidente en Santa Cruz de la a Sierra y en Tarija). En este escenario, el problema de la entrega del gas a las transnacionales, de bandera de lucha antiimperialista, podía transformarse en una ofensiva contra todo el régimen político. Esto no haría sino acentuar la lucha de clases, ya en un sentido político, profundizando el cuestionamiento no sólo a la política económica sino al régimen en su totalidad. El gobierno no había dudado, una vez más, en mancharse de sangre. Los pobladores de Warisata mostraban el camino a seguir, la movilización, la organización y la lucha.
Se estaban dando procesos de unificación de las direcciones de los sectores en lucha, bajo la dirección de la COB. Un proceso que debía centralmente no ser de cúpulas sino tener el aval de las bases, solo así se podría recuperar una COB o una dirección revolucionaria para afrontar al imperialismo y sus cipayos nacionales. En la universidad este proceso comenzó, las camarillas entraron en una "crisis institucional", que ha impidió que un sector corrupto (Diego Salazar) asaltase la FUL (Federación Universitaria Local de La Paz), sector que sería barrido por la lucha estudiantil. Por iniciativa de la OT (Organización Trotskista) se constituyó la UNE, Unidad Estudiantil (con la participación de JCB, Revolución Universitaria, Bases y Resistencia) que ya se presentaba como alternativa de dirección para la juventud estudiantil. La UNE publicó un panfleto de vasta divulgación en centros de estudio y ciudades. Bolivia está en pie de lucha. La sede del gobierno había sido cercada varias veces en las últimas semanas por obreros y campesinos. Urgía unificar las luchas en una huelga política de masas, y dotarla de una dirección política, revolucionaria.
En octubre, el conflicto y el paro se generalizaron, provocando la caída del gobierno. Con la caída de Sánchez de Lozada, sostenido hasta el último momento por el imperialismo norteamericano, la OEA y los gobiernos democratizantes y de centroizquierda de América del Sur, concluyó el primer asalto de la revolución boliviana, con una incuestionable victoria popular. Todas las salidas que buscaban mantener el gobierno de Goni, inclusive obligándolo a concesiones extremas (convocatoria de una Constituyente, derogación de la Ley de Hidrocarburos y convocatoria de un referendum sobre la venta del gas, etc., que el propio Sánchez de Lozada llegó a admitir para salvar la piel) fueron hechas añicos en las calles, caminos y campos, por los fabriles, mineros, campesinos y estudiantes en lucha, que exigieron la caída del gringo asesino como condición primera e insoslayable. Goni tuvo que abandonar su sueño anunciado de sobrevivir en la presidencia decretando el Estado de Sitio (que lo hubiera mandado, en otro "estado", a otro "sitio", a seis palmos bajo tierra), calificado de delirante por los políticos bolivianos y la embajada yanqui. Las organizaciones que comandaron la movilización, y sus líderes, habían anunciado que si Lozada no renunciaba, el pueblo boliviano se volcaría sobre la Plaza San Francisco para apresar al Presidente. La victoria se cobró un duro precio: más de 80 muertos y desaparecidos, centenas de heridos, prisioneros. Pero los sacrificios no fueron en vano, los caídos no serán olvidados, y su memoria será la garantia contra las inevitables (y ya anunciadas) traiciones que acechan a la revolución boliviana en sus próximos pasos.
La improvisada (y desesperada) salida provisoria, con la constitución de un gobierno encabezado por el vicepresidente Carlos Mesa, consagrado en el Congreso Nacional, con la presencia de los enviados de Argentina y Brasil, fue armada con la directa participación de la embajada de los EE.UU., que la había rechazado inicialmente para sostener a rajatablas a Goni. Es decir, fue armada por los instigadores y alimentadores de las masacres populares de las semanas previas. El gobierno del "intelectual"-presidente nació, por lo tanto, con sus ropas y la banda presidencial manchadas de sangre, y eso el pueblo boliviano lo sabe con certeza. La huelga general de la COB continuó, planteando el fin definitivo de la entrega del gas a los EE.UU. Los campesinos del Altiplano mantuvieron el bloqueo de caminos, hasta la satisfacción de sus reivindicaciones (contenidas en un pliego de 72 puntos acordados durante el gobierno del general Bánzer) y la liberación de todos los presos.
Carlos Mesa se proclamó "jefe de un gobierno de transición", y solicitó al Congreso que evaluara la posibilidad de convocar a elecciones generales ("Quiero proponer formalmente al Congreso Nacional la consideración de un tiempo de transición histórica que nos permita convocar elecciones transparentes, creíbles y efectivas para consagrar un nuevo presidente", o sea, que Mesa sabe que no es "efectivo y creíble"), durante su discurso en el Legislativo. Propuso abrir un proceso que permitiese a los bolivianos "dar respuesta a los desafios" (¡como si ya no lo hubieran hecho, al precio de sus vidas!), con un referéndum vinculador sobre la política de gas y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna. Esas propuestas requererían la reforma de la Constitución. Mesa se declaró "presidente de un gobierno de transición histórica ", abriendo el paraguas para no ser volteado de inmediato. Dijo también que era preciso "entender el país a partir de etnias" como los quechuas, los aymaras y los guaraníes, "que construyeron con su sangre una historia de desigualdad que estamos obligados a reparar".
Evo Morales, a su vez, pidió "tiempo para el nuevo presidente". El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió tiempo para que Carlos Mesa pudiese organizar su trabajo y su gabinete: "Pienso que es importante darle un tiempo, un respiro a Carlos Mesa. Que se organice, que organice su gabinete y sus representantes", declaró. Y también dijo: "Carlos Mesa expresó el pensamiento del pueblo boliviano", con la convocatoria de elecciones anticipadas. En respuesta, Carlos Mesa pidió "paciencia" a los "sectores sociales". De acuerdo con la Constitución boliviana, Mesa debería gobernar hasta 2007, pero los EE.UU., la burguesía boliviana y sus partidos (inclusive la "izquierda"), y hasta el propio Mesa, saben que eso es imposible, que cualquier intento en ese sentido provocaría una revolución social, por eso precisan reformar la Constitución para poner una barrera "democrática" inmediata a la revolución, "democracia" que tendrá el apoyo de los fascistas, empezando por el carnicero Bush y su vampira-asesora, Condoleeza Rice, que ahora hipócritamente reconocen al que rompió con el Goni, después de haber declarado que sólo el Goni representaba a la democracia "legítima" en Bolivia.
Frente a estos planes infames, como en la revolución rusa de febrero de 1917, comenzó a levantarse un doble poder, con el poder organizado por los obreros, campesinos y juventud en lucha. En El Alto, la ciudadela obrera de un millón de habitantes, vecina a La Paz, en los últimos días se ha organizado el poder obrero con las asambleas barriales y juntas vecinales, hay 562 de ellas con un comité coordinador. Hay ollas populares en cada manzana y barrio. Asambleas y juntas tienen poder para autorizar manifestaciones, marchas y otras demostr aciones. Todas las comisarías de policía de El Alto han sido destruídas, ningún policia que no sostenga la revolución es admitido en la ciudad. El gobierno obrero ya existe en El Alto, y si desde El Alto nació la rebelión que se extendió al país todo en la últimas semanas, desde El Alto deberá nacer ahora el gobierno obrero y campesino que deberá extenderse a escala nacional, posibilitando la victoria definitiva de la revolución. Pero la organización de un poder obrero y campesino a escala nacional exige una dirección política. El desarrollo revolucionario actual no es un acaso de la historia inmediata, como gustan plantear politólogos, sociólogos e historiadores burgueses, sino el resultado necesario de las contradicciones históricas y políticas de la nación boliviana, a lo largo de toda su trayectoria. Las condiciones coloniales llevaron a las insurrecciones indígenas del siglo XVIII, encabezadas por Tupac Amaru y los Kataris; el saqueo social impulsó las guerrillas bolivianas, cuando el Alto Perú era el primer productor de plata del mundo; la derrota de la insurreción, entonces, llevó a la frustración de la revolución agraria en toda América del Sur, tornando al latifundio la base económica de las naciones que conquistaron su independencia política del yugo español, en el siglo XIX. Los conflictos mezquinos de las oligarquias sudamericanas se resolvieron, en la guerra del Pacífico (1879-1883), con la amputación del territorio boliviano, que perdió su salida al mar.
En 1899, las mismas oligarquías apoyaron a la "rosca" boliviana para derrotar la insurrección de los Willkas, llevando a la oligarquía boliviana a proclamar el fin de la "raza indígena". Ya en el siglo XX, la Bolivia de la rosca continuó perdiendo riquezas y territorio, en la guerra del Chaco (década de 1930), a manos del Paraguay; el Acre y parte de la actual Rondonia para el Brasil. Después, el control del estaño llevó a la revolución de 1952 y, con el petróleo, a la de 1971 (Asamblea Popular); el gas ahora a la revolución en marcha en la actualidad. En Bolivia, la explotación capitalista en beneficio privado, para el mercado mundial dominado por el capital financiero, se ha hecho incompatible con la existencia nacional. El consorcio Pacific LNG, que organizó el megaproyecto de exportación del gas boliviano (con un valor estimado de unos 7 mil millones de dólares) está compuesto por Bechtel, Amoco, British Petroleum y Repsol-YPF, empresas estadounidenses, británicas y españolas, o sea, de las mismas potencias imperialistas que invadieron a Irak. El gas boliviano estaba destinado a resolver la crisis eléctrica en California, cuyo nuevo gobernador, Arnold Schwarzenegger, es un conocido agente del cártel energético.
Pero también hay un proceso de crisis y disolución del capitalismo, lo cual explica por qué sectores y las clases sociales que votaron por Sanchez de Lozada participaron en la insurrección. Bolivia es parte del capitalismo mundial, y de su crisis. Como escribió Jorge Altamira, en Prensa Obrera (42), la insurrección boliviana tiene una enorme densidad histórica, porque los bolivianos saben que el saqueo del gas significa una nueva lápida a su posibilidad de existencia nacional. La actual Ley de Hidrocarburos (Ley 1689), aprobada el 30 de abril de 1996, dispone que el "derecho de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y de comercializar sus productos" se ejerce por YPFB pero bajo la condición de celebrar "necesariamente contratos de riesgo compartido"; de manera más clara todavía, afirma que "quienes celebren contratos (…) adquieren los derechos de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida"; finalmente, determina que el Estado no podrá negarse a la cesión de los derechos y obligaciones de un contrato, de un socio cesante a otro nuevo, siempre y cuando "la nueva empresa tenga la capacidad técnica y financiera que le permita cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato". Es decir, que la forma real que adquiere el derecho propietario – su uso, disfrute o usufructo mediante su explotación y posterior venta – es atribución privativa de las empresas transnacionales y no del Estado. Así, la propiedad de los hidrocarburos, reconocida constitucionalmente al Estado, no pasa de ser una declaración lírica, pues el Estado no es soberano – como lo sería el propietario de cualquier bien – en las decisiones relativas a su usufructo. No es el gas, entonces, lo único que está en juego sino la reestructuración de la historia boliviana sobre nuevas bases sociales e históricas.
Todo lo dicho no significa que la insurrección boliviana se limite a ser una "revancha indígena" o, como dijo el embajador brasileño en Bolivia, Antonino Mena Barreto, "el acceso al escenario político del inmenso sector indígena, que siempre estuvo marginalizado, desde el período colonial", o sea, una especie de castigo histórico por los excesos cometidos por los colonizadores hispánicos hace tres o cuatro siglos atrás. En la misma tecla apoya Alvaro García Linera, intelectual ex guerrillero (ahora promovido a la condición de intérprete oficial, y potencial ministro, de un futuro gobierno "étnico"), para quien estaríamos viviendo "la rebelión de la nación aymara". La rebelión de febrero y la insurreción de octubre serían "un eslabón mas de un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde hace tres años atrás viene reapropiándose de territorios aymara, expulsando funcionarios estatales y reconstruyendo un tipo de poder político comunal basado en los ayllus y sindicatos… la reactivación de la memoria de una especie de parentesco ampliado entre aymaras de todas partes que, sin haberse conocido, se sienten partícipes de una misma historia, de un mismo sufrimiento y un mismo destino". Lo más interesante, para García Linera, sería que "lo nuevo hoy quizá este por el lado de la subordinación de ciertas instituciones estatales y de sus recursos (municipios y diputados parlamentarios) a la lógica de la acción colectiva comunal". Con el indigenismo concluye, entonces, el Estado semicolonial, el actual régimen po lítico, podría ser subordinado a la "rebelión aymara", a condición, claro, de que la titularidad del poder político (y sus prebendas) pasen a manos de García Linera y congéneres. Se trata, a partir de la desvirtuación del carácter clasista, antiimperialista y anticapitalista de la revolución boliviana, de un monumental oportunismo político.
Históricamente, lo del "parentesco ampliado" y la "rebelión aymara" es una limitación unidimensional de la revolución en curso. Los atropellos cometidos a lo largo de cinco siglos contra aymaras, quechuas y guaraníes, inclusive contra sus culturas, se plantean, hoy como en el pasado, en términos de lucha de clases. La reconstrucción y el desarrollo de las identidades culturales autóctonas pasan (¡como en la época colonial!) por la aniquilación de la explotación colonial-imperialista, que sólo el proletariado y los campesinos, de todos los orígenes étnicos, pueden realizar. Los problemas nacionales urgentes de Bolivia (la salida al mar, en primer lugar) sólo tienen respuesta satisfactoria en el marco de la lucha unida de América Latina contra el imperialismo, esto es, en el marco de los Estados Unidos Socialistas de América Latina. El planteo de García Linera ("rebelión", y no revolución, aymara) es también una injusticia, en primer lugar, con los quechuas, que son 30% de la población, y también estuvieron y están en la lucha (no sólo como quechuas, sino principalmente como trabajadores).
Bajo el manto de la ideología "indigenista" y a-clasista, que sólo los trotskistas hemos combatido frontal y radicalmente, se prepara la integración de la izquierda democratizante "étnica" (MAS y MIP en primer lugar) a las responsabilidades políticas del Estado, que el propio imperialismo entiende como la única línea posible de contención de la revolución. El MAS, como denunciado por los dirigentes de la COB, las CODs y las juntas vecinales, retardó la incorporación de los campesinos del trópico cochabambino, vanguardia de las luchas del 2000, a la insurrección nacional iniciada en setiembre. Ya con la represión asesina en funcionamiento (masacre de Warisata), el MAS, como ya se dijo, se siguió prestando a la fantochada del "Reencuentro Nacional", impulsado por la Iglesia después de las luchas de febrero, para salvar al agonizante gobierno del Goni. Empujado a las filas de la insurrección popular, el MAS demoró hasta el último momento la exigencia del fin del gobierno asesino y, cuando lo hizo, lo planteó en términos de "renuncia", o sea de transición "institucional", y no de caída revolucionaria, por lo que puede ser calificado de correa de transmisión de la política contrarrevolucionaria en el campo revolucionario. En los últimos años, en especial desde las elecciones del 2002, el MAS de Morales y Escobar se ilusionó y espejó en el PT del Brasil, pretendiendo repetir su trayectoria de conquista gradual de municipios y bancadas parlamentarias, hasta llegar a la presidencia. Ni sabe que el PT conquistó primero la dirección de casi todas las organizaciones de masas (algo que el MAS está muy lejos de haber conseguido en el pasado, y más lejos ahora), y que se benefició de la ausencia de cualquier situación revolucionaria en el Brasil (aunque hubiera luchas parciales de gran envergadura) en las últimas tres décadas, sin necesidad por lo tanto de sacarse la máscara (lo que está haciendo ahora, con gran ímpetu, en el gobierno). Lamentablemente, para el MAS, las condiciones bolivianas son completamente diferentes: lo del MAS es un caso político de eyaculación precoz.
El MIP de Felipe Quispe Huanca, el Mallcu, más allá del bloqueo contundente en la zona del lago Titicaca planteó, como dijo un trotskista boliviano (Antonio Pavón), "un hermetismo sin posibilidades de reforzar el movi miento de caída del gobierno", y terminaría alineándose en las salidas de corte constitucional. Mientras los dirigentes más avanzados de la lucha de setiembre-octubre plantearon la negativa a las negociaciones sectoriales (o sea, que la caída del Goni era prioridad número 1 para todos), el MIP ahora plantea la continuidad de la lucha a partir de las demandas sectoriales de los campesinos de las tierras altas, o sea la división de la lucha, sin plantear un enfrentamiento de conjunto al régimen maquillado del imperialismo, encabezado por Mesa. Como salida general plantea la vuelta al Kollasuyu, cuyo contenido es mantenido en debido "hermético" secreto por los oráculos del MIP, y que en la práctica seguramente se revelará como un vulgar planteo democratizante del Estado colonial, con correría a las "pegas" gubernamental-administrativas incluída.
La ausencia de dirección revolucionaria a la altura de la revolución en curso se refuerza por la completa degeneración del POR, que continúa planteando, de modo impertérrito y sin variantes políticas, la "insurrección y dictadura proletarias", pero que, frente a la insurrección de carne y hueso, se reveló como cadáver político insepulto, con planteos delirantes y ausentes de la lucha, evidenciados en su claudicación a la huelga general en la dirección del magisterio paceño, apenas unos días antes de la masacre ejecutada por el gobierno, y por su inexistencia política, incapaz de una consigna y una política para orientar la lucha. Los trotskistas de la OT revelaron ser la única base posible para la construcción de un partido revolucionario, al plantear, en su periódico Trinchera, publicado en octubre en plena insurrección, distribuido en medio de las barricadas, que "desde los barrios se está construyendo una democracia directa, popular; en la ciudad de El Alto los cabildos y asambleas son las formas que va asumiendo un poder dual en germen, las direcciones de las movilizaciones no se apoyan en este hecho (…) No podemos quedarnos en el mero constitucionalismo, y optar por una salida chavista. Frente a la salida de Goni los trabajadores debemos tener una perspectiva propia, una Asamblea Constituyente libre y soberana. No convocada por ningún parlamento, sino sobre sus escombros. Con la disolución del ejército represor" (43). O sea, la comprensión de la dinámica revolucionaria abierta y, al mismo tiempo, la necesidad de una política que supere (sin ignorar, o suprimir de modo puramente teórico) el estadio democrático de la revolución, a través de la construcción de una dirección revolucionaria.
La fase actual de la revolución se originó el 19 de septiembre, cuando 150 mil personas manifestaron en La Paz y en las principales ciudades en rechazo de la entrega del gas al monopolio encabezado por los imperialistas ingleses y españoles. Jaime Solares, principal dirigente de la COB, le dio un mes de plazo al gobierno para anular los decretos de entrega y amenazó con una huelga general en un futuro indeterminado. Desde antes, los campesinos de la región de Warisata, organizados en la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) encabezada por Felipe Quispe, cortaban las rutas de la región por reclamos sectoriales, la liberación de campesinos presos y también, contra la entrega del gas. Se trataba de un corte parcial y limitado, y se habían entablado negociaciones entre el gobierno y los dirigentes campesinos. La política de Goni apuntó a la división del movimiento mediante la oferta de negociaciones por separado. El 20 de septiembre, mientras algunos ministros negociaban con la CSUTCB, el gobierno (a instancias de la embajada norteamericana) ordenó el desalojo por parte del Ejército del bloqueo de Warisata: el resultado fue la masacre de seis campesinos (entre ellos una niña). Aunque la dirección de la CSUTCB continuó negociando con el gobierno hasta el 27 de septiembre (una semana después de la masacre de Warisata), ya no había negociación posible. La masacre desató una rebelión general de los campesinos, que salieron masivamente a cortar rutas y bloquear caminos en toda la zona del Altiplano.
Bajo la presión de las bases movilizadas, la dirección de la CSUTCB se vio forzada a abandonar las negociaciones con el gobierno y a decretar el bloqueo general de rutas y caminos hacia La Paz; también la COB se vio obligada a llamar a la huelga general y a apoyar el bloqueo general de caminos. Al reclamo de la anulación de la entrega del gas se sumaba ya el de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. En esta fase de la lucha no participó el MAS, el propio Morales se encontraba en el exterior (de donde regresó recién el 6 de octubre). El MAS no se sumó a la huelga general, a la que consideró "prematura" y hasta "precipitada", ni a los bloqueos de caminos. La negativa de los cocaleros del Chapare y las federaciones campesinas controladas por el MAS para ingresar a las movilizaciones convirtió a éste en un aliado del gobierno, siendo muy duramente criticado por los activistas obreros y campesinos en lucha. El paro de actividades y los combates se trasladaron rápidamente de la ciudad de El Alto a La Paz, Oruro, Cochabamba, el Chapare, Sucre, Potosí. Los bloqueos de caminos se generalizaron y el aparato productivo fue casi totalmente bloqueado. La huelga se transformó en insurrección
En esas condiciones, la ausencia de una dirección revolucionaria es un producto del desarrollo político del movimiento obrero y campesino, de sus limitaciones políticas actuales. Las direcciones que se presentaron, en medio de la lucha, como instancias superadoras de la izquierda democratizante, como la COB de Jaime Solares y la COD del El Alto, comenzaron, después, a girar lentamente a la derecha, eliminando la posibilidad de realizar ampliados con la participación de delegados de las juntas vecinales y organizaciones sociales y políticas que estaban en la lucha, arguyendo situaciones de seguridad frente a posibles detenciones. Se ignoró la necesidad de una línea política con participación de las bases luchadoras y con derecho a voz de las organizaciones políticas que estaban en la pelea, lo cual hubiera permitido consolidar e impulsar el desarrollo revolucionario; de establecer mecanismos de ollas comunes para solventar las condiciones de mantenimiento de los vecinos y del conjunto del movimiento, concreción de redes de solidaridad intersectorial entre vecinos y gremiales para la provisión de alimentos y otros insumos, que permitíesen una fase de resistencia complementada por una ofensiva centralizada por un comando político.
En distintas intervenciones, según la prensa boliviana, "los maestros urbanos y rurales, los campesinos, los constructores, los trabajadores de la salud, los mineros, los fabriles, los carniceros, los gremiales, las Centrales Obreras departamentales, los universitarios, los periodistas y otros sectores sociales, identificaron que la dispersión del conflicto es producto de la falta de una estrategia revolucionaria de poder con dirección única, coherente y nacional". Pero incluso entre quienes estuvieron de acuerdo en criticar el electorerismo de Quispe y Evo Morales, no fue posible establecer una política común sobre un planteo de poder frente a la crisis actual. Los acuerdos que se alcanzaron hablaban de fortalecer la huelga y los bloqueos, pero no lograron establecer el objetivo estratégico de la lucha. Solares de la COB y De la Cruz de la COD del El Alto terminado cediendo ante salidas de corte constitucional del régimen. El primero fuese terminaron planteando que ante la renuncia del presidente sea la Corte Suprema de Justicia la que se hiciese cargo del poder transicional, es decir nada menos que uno de los pilares fundamentales del régimen podrido y asesino; por su parte el segundo planteó que fuese el vicepresidente el que quedaren al mando del país, sin comprender que Mesa expresa sólo la imposibilidad de resolver los problemas que han desencadenado el conflicto.
El gobierno de Mesa es apenas el taparrabos del dominio del imperialismo yanqui y su Embajada, que con él prepara la transición hacia un gobierno centroizquierdista "étnico", apelando, como en Brasil, al Plan "B", frente a la descomposición política de la burguesía nativa. Por tras de esas maniobras, se perfila un ataque mortal, que haría parecer al Plan Colombia un ejercicio de rutina. Como denunció Pulso, existe "una especie de comando militar estadounidense que ha tomado el mando de las "Fuerzas Armadas de la Nación". La Embajada de Estados Unidos en Bolivia no sólo ha articulado el "apoyo internacional" al presidente ficticio [se refiere al derrocado Goni], no sólo ha convocado a los medios de comunicación "en nombre de la democracia", sino que "aporta", además, con cuatro hombres que operan en el país, tres en el Estado Mayor del Ejército, en el Gran Cuartel de Miraflores, y uno en la propia embajada de la avenida Arce…. Uno de los tres hombres que opera en el Cuartel de Miraflores es una suerte de coordinador político-militar; se ocupa de concentrar y procesar la información con destino al ejército boliviano y, fundamentalmente, a la Embajada de Estados Unidos. El segundo de esos militares ejerce la coordinación general de las tres fuerzas militares bolivianas; de él ha surgido la idea, por ejemplo, de movilizar "soldados cambas [sureños] a El Alto". El tercero de esos hombres se ocupa de eso que, en términos militares, se llama logística, abastecimiento de municiones y alimentación de las tropas bolivianas que están bajo su mando (el aprovisionamiento estadounidense llega en aviones Hércules, desde Miami). El cuarto de esos hombres opera en la embajada de la avenida Arce, es el Agregado de Defensa de Estados Unidos, el que se relaciona directamente con el Ministro de Defensa de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, el comodín perfecto, el nexo entre la Embajada y la residencia presidencial, donde vive y "manda" el presidente ficticio. A partir de esta verdadera ocupación del poder que sostiene [al gobierno], las Fuerzas Armadas, es que se explican las crecientes versiones de un "cabreo" militar en marcha, un cabreo de uniformados que todavía lucen la banderita boliviana en algún lugar de su uniforme. Ese es el ámbito del poder real". Basado en la tradición de lucha boliviana, se plantea formar comités y grupos de defensa obrera que apunten hacia la formación de milicias obreras y campesinas. Partiendo de un núcleo proletario, abarcarían a los campesinos y también al creciente número de soldados que quieren "dar vuelta a la gorra" y sumarse a los trabajadores en plena rebelión.
Todo el poder militar "geopolítico" de los EE.UU. en América Latina nada sería, entretanto, sin las maniobras políticas, en el centro de las cuales se encuentra actualmente el centroizquierda de América del Sur, sin cuyo concurso no habrían conseguido capear la actual fase de la revolución. Diputados bolivianos manifestaron que Lula era el único político regional capaz de mediar una negociación, y la Folha de S. Paulo (44), pescó al canciller de Goni, Carlos Saavedra, telefoneando a su embajador en Brasil para decirle: "Insista con Brasil, inisista con Lula, para hablar con Evo Morales"; el gobierno asesino se aferraba a Lula y al MAS para salvar la vida (literalmente). Hormando Vaca Diez, presidente del Congreso boliviano, agradeció la "intermediación vital" de Brasil y Argentina. Hasta poco antes de la caída de Goni, sin embargo, Itamaraty apoyaba al asesino ("El gobierno brasileño exhorta enfáticamente a que se establezcan canales de diálogo entre el gobierno constitucional del Presidente Sánchez de Lozada y las fuerzas de oposición, a fin de encontrar soluciones pacíficas para la crisis", decía una nota oficial.) (45), y cambió de caballo en medio del río, para evitar una insurrección victoriosa y transformarse en el artífice número uno de la "transición institucional", así como lo hizo también el gobierno argentino. El enviado de éste, sin embargo, subsecretario de política latinoamericana de Kirchner, Eduardo Sguiglia, parece haber sido, apenas, el monigote porteño de maniobras en cuyo centro estuvo otro personaje, ya artífice de maniobras semejantes en la reciente crisis venezolana.
La Condoleeza Rice de Lula tiene menos pelos en la cabeza, y más en la quijada, tiene otro sexo, y no tiene ningún PhD en Harvard (ni siquiera un modesto MBA en alguna universidad brasileña), sino la condición de profesor crónicamente comisionado/licenciado del Departamento de Historia de la Unicamp (bajo el actual gobierno, por vez primera, sin goce de sueldo). Gracias a su pasado militante, Marco Aurelio García se ha especializado en argumentar contra el "radicalismo de izquierda" latinoamericano (que alguna vez lo contó en sus filas), siendo unánimemente aclamado en la función por el establishment de todos los colores políticos, por su "originalidad". Su poder mediador, sin embargo, no se basa en la calidad intrínseca de sus argumentos políticos (igual a cero), sino en la ilusión que, en la pobreza latinoamericana, despierta el supuestamente robusto PIB brasileño (comprometido en más de un 50% por la deuda pública, en especial externa), ilusión a la que la redonda humanidad de García parece ilustrar y otorgar alguna credibilidad.
Los explotados conscientes saben que uno de los factores que llevaron a la radicalización de la entrega del gas a los EE.UU. por el Goni, fue la presión de Petrobras de Lula y García por la revisión a la baja (en precio y volu men adquirido) del contrato de compra de gas boliviano por el Brasil, lo que fue calificado de "guachada" por un experto en hidrocarburos brasileño ("en enero, la Petrobrás mantuvo la suspensión de pagos de 100 millones de dólares, para presionar a los bolivianos a reducir el precio, poniéndose en default") (46), pese a que Brasil posee un crónico problema energético. Al servicio de esa presión mezquina, que revive las infamias de las oligarquías regionales contra Bolivia, estuvo el alardeado descubrimiento de nuevas reservas gasíferas por el Brasil, en la cuenca de Santos. En setiembre, la garrafa de gas boliviano le explotó a Lula en las manos, por eso, como jefe del cuerpo de bomberos de América Latina, mandó a su bombero favorito al Altiplano, pero con manguera corta: García volverá de su aventura con las manos chamuscadas, y no hay bomberos de recambio en Brasilia (ni en el resto del vasto territorio brasileño). Los plazos de una nueva explosión, por lo tanto, son cortos.
En los días siguientes a la caída de Goni, el desarrollo revolucionario se ha profundizado. Valga como ejemplo la asamblea general realizada en el pabellon A de la Umsa, con una asistencia de 700 estudiantes de seis facultades, el 22 de octubre, en la que se estructuró un "comité de transición" de la universidad; de los cinco compañeros que fueron elegidos cuatro son del frente UNE, construido por la OT con otras organizaciones. Las resoluciones de la asamblea general de la Umsa afirman (47):
1. Ratificar las resoluciones de la asamblea docente-estudiantil de la Umsa, realizada en fecha 17 de octubre, y convocada por el Honorable Consejo Universitario.
2. Elegir un comité estudiantil transitorio, que asuma la representación y organización del movimiento universitario.
3. Realizar asambleas facultativas y de carrera para materializar las resoluciones de la asamblea general y elegir dos representantes para el comité transitorio. Dichas asambleas deben ser convocadas por las respectivas direcciones estudiantiles o los estudiantes de base.
4. Declarar a la Umsa en estado de emergencia y movilización.
5. Veto al MNR, MIR Y NFR.
6. Expulsar al Dr. Gonzalo Taboada de la Umsa y del CEUB.
7. Veto a los Univ. Diego Salazar, Univ. Jhon Tejeda, Univ. Mónica Ocampo por ser militantes públicamente declarados del MIR, MNR y haber utilizado las direcciones estudiantiles al servicio de los partidos políticos mencionados.
8. Vetar al Dr. Ramiro Barrenechea (Decano de la Fac. Derecho), al Dr. Manuel Rada (Dir. Carrera de Derecho), al Dr. Julio Ballivián (Dir. de la Carrera de Cs. Políticas) y Dr. Jorge Fernández (Vice-Decano de la Fac. de Derecho), por estar vinculados al MNR e impulsar la política gubernamental de privatización en la universidad.
9. Auditoria económica, proceso a los integrantes de la FUL saliente y congelamiento de cuentas.
10. Exigir seguridad y garantías para los estudiantes de la Umsa por existir riesgos de maltrato físico de pandillas contratadas por el mirista Diego Salazar.
11. Convocar a una asamblea general estudiantil el miércoles 29 de octubre, a horas 12:00 en el pabellón "A" (Monoblock Central).
12. Periodicidad de cátedra para combatir la prepotencia y mediocridad docente.
13. Anulación inmediata de los llamados "Aportes Voluntarios", "Académicos", o "Institucionales".
14. Lucha intransigente por la defensa de la Educación Superior Estatal, Fiscal, Unica, Gratuita, Autónoma, Científica.
15. Impulsar el movimiento estudiantil hacia la revolución universitaria.
16. Exigir que las cesiones del consejo universitario sean públicas y televisadas por Canal 13.
17. Exigir al Honorable Consejo Universitario que ratifique el traspaso de la Administración de Canal 13 a la carrera de Comunicación Social.
18. Desconocimiento al Centro Facultativo de Humanidades, por fraude electoral y apuntalar a la ex-FUL mirista.
19. Desconocimiento al Centro Facultativo de Ciencias Económicas por complicidad de la ex FUL mirista.
20. Presentación de la organización de Auxiliares de Docencia por ser centro de operaciones de pandillas que maltratan físicamente a estudiantes.
21. Elegir en asamblea a los miembros de las comisiones de procesos de la Umsa.
22. Apoyo a la movilización realizada por los estudiantes de agronomía para destituir a una docente prepotente.
23. Seminarios, Debates y Elaboración de proyectos sobre la venta e industrialización del gas.
24. Elecciones inmediatas y transparentes al rectorado.
25. Desconocimiento a los candidatos oficialistas (Irazoque-Cajias, Sánchez) en las elecciones al rectorado.
26. Movilización al Consejo Universitario de fecha 22 de octubre, para ser respetar nuestras resoluciones.
27. Los estudiantes declaramos: que el gobierno de Carlos D. Mesa no es del Pueblo, representa los intereses empresariales de las transnacionales Norteamericanas al igual que Gonzalo Sanchez de Lozada.
En consecuencia, la revolución bolivana tiene, tanto por su alcance histórico como por sus objetivos económicos inmediatos, una dimensión continental (y más allá, mundial). La responsabilidad de la solidaridad militante con los obreros y campesinos del país más revolucionario del mundo, y de la construcción en el mismo de una dirección revolucionaria, no son tareas nacionales, ni siquiera continentales, sino internacionales, en sentido estricto. La reconstrucción del internacionalismo proletario, la refundación de la IV Internacional, ganan nuevo aliento con la capacidad fuera de lo común del proletariado altiplánico, uno de los más castigados, en todos los sentidos, del planeta, para reconstituir una y otra vez una actividad militante, que lo sitúa en la vanguardia internacional. En este 2003, los explotados de América del Sur estaban dominados políticamente, y crecientemente desmoralizados, por el desvío democrático impuesto al "Argentinazo", y por la desilusión provocada por el derechismo casi increíble del gobierno de Lula en Brasil, otrora esperanza de América Latina. Los explotados bolivianos, con su acción heroica, han quebrado irreversiblemente el equilibrio imperialista-centroizquierdista del subcontinente: la primavera de los pueblos latinoamericanos (re)comienza en Bolivia.
26 de octubre de 2003
Notas:
1. Hasta hace poco hegemonizada por Raúl Garáfulic, una especie de "Roberto Marinho" (el recientemente finado dueño de las Organizaciones Globo en Brasil) de Bolivia, un fascista ex-paramilitar de la dictadura de Banzer, que hizo su fortuna a golpes de robos y asesinatos, y que se fue a la quiebra, siendo tragado por el grupo español multinacional Prisa: todo un símbolo de la pujante "libre iniciativa" de la burguesía boliviana.
2. "Pega", en la jerga política boliviana, designa a las prebendas oriundas de los cargos estatales. Según un comentario, "el banquete no termina ahí. La fiesta incluye, además, las comisiones en el Congreso y los más de un centenar de cargos del Poder Judicial, que comprenden el nombramiento de ministros en la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, junto a fiscales del ministerio público. Se trata de una torta donde todos quieren sacar tajada" (Punto Final, Cochabamba, 27 de julio de 2003).
3. "Se llamaba Luis Zelaya Márquez el número 60 de la lista de muertos que carga el gobierno en sus 11 meses de gestión. A los 32 años, murió en un conflicto en Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz. La movilización y el bloqueo de carretera solicitaba que el gobierno prefectural atienda las demandas de Santa Rosa; terminar el asfalto y el desalojo de avasalladores de la reserva forestal. Además del bloqueo, se acudió al cierre de válvulas de un ducto de gas de Transredes" (Hugo José Suárez. ¿Cuántos muertos más? La Prensa, La Paz, 28 de julio de 2003).
4. La Prensa, La Paz, 31 de julio de 2003.
5. La Razón, La Paz, 28 de julio de 2003.
6. Según una información reciente, los fondos de pensión se destacan en la economía de diversos países de América Latina. En Perú, el ahorro acumulado por los fondos fue de US$ 5.365 millones, con 33,6% invertidos en empresas locales, líderes del mercado financieiro, minero, energético y cervecero, entre otros. En Panamá también están en alta, com dos compañías, Progreso y Profuturo. Datos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), apuntan que los fondos de pensión en toda América Latina administran US$ 92.500 millones y "representan" a 57 millones de trabajadores (InvestNews, 15 de agosto de 2003).
7. Osvaldo Coggiola. Bolívia: viraje político. Prensa Obrera, Buenos Aires, agosto de 2002; y también en Trinchera (por un Partido Obrero), La Paz, 12 de agosto de 2002.
8. Líder del movimiento cocalero desde 1986, cuando éste se unificó en una Federación, Evo Morales Ayma emigró en 1978 para el Chapare, saliendo de la provincia de campesinos quechuas de Sur Carangas, en el departamento minero de Oruro. En 1978, Morales Ayma ingresó en el ejército comandado por Padilla, militar sucesor del golpista Bánzer: como soldado, participó en la represión a los campesinos y a los cocaleros yungueños, duran te las grandes movilizaciones populares. En el mismo año salió del ejército y fue al Chapare para plantar la hoja de coca, pues solamente en esas regiones "podría progresar" (entrevista en: Hoy, 15 de enero de 1995). Hasta 1986, cinco sindicatos disputaban el control organizacional de los productores de coca: Evo Morales los unificó en una federación con dirección única. Con su victoria electoral del 2002, según Víctor Orduna (La democracia cambia de color. De abril a Evo, La Paz, 2002): "A mediados de 2000, después de obtener unos resultados inferiores a lo esperado en las municipales del 99, Evo pensó en dejar la jefatura del MAS en manos de un relevo con mejores opciones de cara a las nacionales del 2002. Incluso poco antes de ser proclamado como candidato a la presidencia, en febrero, el cocalero tenía serias dudas sobre su perfil presidenciable y miedo, mucho miedo a lo que se venía… Aquella intentona fracasada a mediados de 2001 de conformar una Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (Comunal) ha sido reflotada por un día de sufragios alocados. El triunfo electoral de un dirigente cocalero al que se lo dio por muerto más de siete veces es el epílogo de lo que ha venido sucediendo en el país desde abril de 2000… Lo que la COB nunca pudo hacer lo ha hecho Evo Morales y sus seguidores: convocar la voz de los nuevos marginados, esos que ya no se ajustan al esquema proletario, ni a las oxidadas trompetas cobistas…. La gran virtud de Evo ha sido sumar. Ahora tiene bajo su batuta a los cocaleros del Chapare y de los Yungas, a las federaciones campesinas, a los colonizadores, a parte de los Indígenas del Oriente, a las Bartolinas, a gente del Movimiento Sin Tierra, a Centrales Obreras Departamentales, a Federaciones de Fabriles, a la Coordinadora del Agua, a los ayllus del norte de Potosí ya un sin número de sectores gremiales que van desde jubilados sin jubilación hasta padres de familia".
9. Evo Morales, en El Diario, Cochabamba, 12 de julio de 2002.
10. Página 12, Buenos Aires, 12 de julio de 2003.
11. Lucha que fue traicionada por la burocracia sindical cobista, ver: Juan Carlos Montenegro. Estaño, Liquidación de Comibol y Ocupación de las Minas, La Paz, octubre de 1986.
12. La idea del partido sindical es antipartidaria: Filemón Escobar la ha desarrollado desde hace dos décadas, por lo menos, después de su ruptura con el POR, llamando a los trabajadores a que "salgan de la minoría de edad en la que los mantienen los partidos, y sacando las consecuencias políticas de sus propias prácticas, se vayan haciendo cobistas, es decir, militantes por cuenta propia" (Filemón Escóbar. Testimonio de un Militante Obrero, La Paz, HISBOL, 1984).
13. Luis Oviedo. Caracterización del MAS de Evo Morales. Prensa Obrera 764, Buenos Aires, 6 de agosto de 2002.
14. La mayoría de los marchistas son ex mineros, viudas de mineros que reciben la jubilación de sus difuntos esposos e hijos y nietos de este mismo sector, jóvenes que vinieron marchando en representación de sus ancianos padres, madres y abuelos imposibilitados de marchar; en menor cantidad se sumaron fabriles y constructores que constituyeron una pequeña masa de gente. Existe una generación de ex mineros, el llamado movimiento sándwich, a quienes les fue cortada su jubilación por el decreto de relocalización 21060, es decir que no pudieron cumplir con los años que les faltaba para jubilarse y se quedaron sin nada aunque muchos trabajaron hasta 15 años en la mina; también estos compañeros vinieron marchando. Muchos comenzaron a trabajar a los 12 años de edad, quienes son jubilados actualmente con tan sólo 34, 35, 36, 37 años, otros comenzaron a los 17. Los hijos de mineros muchos continuaron con la tradición; a otros sus madres se lo impidieron por las consecuencias del mal de mina. Otros cuentan cómo sus padres comenzaron a trabajar a los 10 años y se jubilaron a los 27, mueren jóvenes por el mal de mina, silicosis, una especie de tuberculosis que, el mineral les destruye los pulmones y escupen sangre.
15. La dolarización de la economía boliviana es un hecho, la mayoría de los precios y tarifas en la economía están indexados al dólar en muchos casos se pagan en dólares; más del 90 por ciento de los depósitos en los bancos están en dólares. La hiperinflación de mediados de los años 80 destruyó la estructura de los precios relativos en pesos bolivianos, pero simultáneamente, al generar un elevado grado de dolarización, sentó las bases para que el sistema de precios se reconstruyera en la moneda extranjera.
16. En Panduro: el chofer del ómnibus que llevaba a jubilados de Calamarca a Oruro quiso adelantar a un vehículo, pero se encontró con otro en el carril contrario. De los 57 heridos, 11 murieron.
17. Jorge Martín. Bolívia: Una rebelión contra todos los regímenes en América del Sur. Prensa Obrera 790, Buenos Aires, 20 de febrero de 2003.
18. Los Tiempos, La Paz, 14 de febrero de 2002.
19. La Prensa, La Paz, 14 de febrero de 2002.
20. Una reconstrucción minuciosa de los acontecimientos de febrero se encuentra en: Miguel Pinto Parabá. Lecciones del Levantamiento Popular del 12 y 13 de Febrero. La Paz, Central Obrera Departamental, 2003. Miguel fue uno de los oradores en el acto por la refundación de la IV Internacional realizado en mayo del 2000 en Buenos Aires.
21. Walter Chávez. Eruption annoncé du volcan bolivien. Le Monde Diplomatique, Paris, mayo de 2003.
22. Que las organizaciones obreras rompan con los partidos patronales. Ediciones Trinchera, La Paz, 2003
23. Lo máximo que se llega a plantear, oponiéndose a "regalar el gas no procesado a vista y paciencia de los tecnócratas asesores y del gobierno de Sánchez de Lozada", es el procesamiento de gas convertido a líquidos (GTL), o la producción de diesel "puro" en el propio territorio boliviano, aún así bajo contrato con compañías multinacionales extranjeras, y hasta agencias gubernamentales de EEUU (Repsol-YPF, Syntroleum Corporation, y la Agencia de Comercio y Desarrollo yanqui), o sea, la exportación de un semi-manufacturado, en vez de un recurso natural no renovable: ver Oscar A. Quiroga y Hernán Soria (del GEDENABOL), Proyecciones industriales del gas natural, Opinión, Cochabamba, 5 de agosto de 2003.
24."Gás natural: contrato com a Bolívia pode ser prorrogado." Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 de mayo de 2003.
25. Luis Alberto Echazú Alvarado. La venta del gas, control yanqui, un gran negocio para las transnacionales y un saqueo para Bolivia. La Paz, 22 de agosto de 2002.
26. Juan Perelman Fajardo. Un dilema entre soberanía y miseria: el gas boliviano. Trinchera 21, La Paz, 12 de agosto de 2002.
27. Osvaldo Antezana. Bolivia tiene el gas, pero el negocio es de otros. Trinchera 20, La Paz, 20 de junio de 2002. Datos actualizados en: Bolivia vende más gas, pero se beneficia menos, Tiempos del Mundo, Cochabamba, 31 de julio de 2003 (los beneficios de las ventas para el Tesoro boliviano están congelados en 18%, incidiendo a partir de ahí la evasión fiscal).
28. Marc Lifsher, in: The Wall Street Journal. Nueva York, 14 de mayo de 2003.
29. Ver, entre otros: Nuevos cultivos de la hoja de coca. La Prensa, La Paz, 31 de julio de 2003; El narcotráfico ingresa a las áreas protegidas, La Razón, La Paz, 30 de julio de 2003; Relanzan el desarrollo alternativo, Tiempos del Mundo, Cochabamba, 31 de julio de 2003.
30. Ver: Ley contra los bloqueos, La Prensa, La Paz, 3 de agosto de 2003; La ley contra bloqueadores será resistida con bloqueos, Idem, 2 de agosto de 2003.
31. La Razón, La Paz, 29 de julio de 2003.
32. La Prensa, La Paz, 4 de agosto de 2003.
33. Álvaro García Linera. Radiografía de las nuevas izquierdas. Le Monde Diplomatique, La Paz, julio de 2003.
34. Félix Patzi. Miserias de la multiculturalidad y las propuestas de autonomías indígenas. El Juguete Rabioso, La Paz, 6 de julio de 2003.
35. "Sólo hubo uma interrupción, a un kilómetro de Huarina, donde medio centenar de pobladores prácticamente pidió permiso para la inauguración del bloqueo y se fue sin enfrentarse a las fuerzas del orden" (La Razón, La Paz, 29 de julio de 2003).
36. Sergio Cáceres. ¿Porqué fracasó el bloqueo? El Juguete Rabioso, La Paz, 3 de agosto de 2003. Ver también: Víctor Orduna. El bloqueador impotente. El Juguete Rabioso, La Paz, 25 de julio de 2003.
37. Fernando Prado. La crisis del MAS y el MIP. El Juguete Rabioso, La Paz, 6 de julio de 2003.
38. El Deber, Cochabamba, 5 de agosto de 2003.
39. La mala hora del Comité Ejecutivo de la COB. Alerta Laboral 28, La Paz, junio de 2003.
40. Gonzalo Trigoso et al. Balance Jurídico Social del Motín Policial. La Paz, 2003, pp. 44-45.
41. Guillermo Lora teorizó ésto, ya hace tiempo, como parte de una supuesta "excepcionalidad boliviana", que conferiría un carácter distintivo a sus Fuerzas Armadas, lo que llevó a Juan Pablo Bacherer a concluir en que se operara la transformación del POR-Lora en una "secta nacionalista": recientemente, el POR realizó un acto conmemorativo de su 68 – aniversario, con la presencia de 500 personas, que no ocultó que, a pesar de su pasado y de su influencia actual en la Federación del Magisterio de La Paz, el POR vive más de las glorias de su pasado que de la realidad revolucionaria (en verdad, completamente sectaria) de su presente.
42. "Ahora es cuando, la bella y certera consigna de la revolución boliviana". Prensa Obrera 821, Buenos Aires, 16 de octubre de 2003. Pág. 73 de esta edición de En Defensa del Marxismo.
43. "Fuera Goni, el gringo asesino". Trinchera, La Paz, octubre de 2003. Ver Pág. 78.
44. 17 de octubre de 2003.
45. Correio Braziliense, 14 de octubre de 2003.
46. Correio Braziliense, 15 de octubre de 2003.
47. Informe de César Choque, dirigente de la OT, 23 de octubre de 2003.
Temas relacionados:
Artículos relacionados
