Estatizaciones burguesas y gestión obrera
Si para imponer la voluntad del gobierno era necesario reconstruir el cuerpo de policía regular y disolver los comités revolucionarios que habían asumido funciones que antes desempeñaba el Estado, comunistas, socialistas y republicanos creían que también era necesario debilitar el poder de los comités revolucionarios en las fábricas poniendo las empresas colectivizadas, particularmente las industrias básicas, bajo el control del gobierno.
Al comienzo de la revolución, el gobierno republicano liberal de José Giral ya había dado el primer paso en esta dirección. Con miras a reforzar su posición ante los comités y dar un viso de legalidad a sus expropiaciones, el 2 de agosto aprobó un decreto presentado por el ministro de Industria y Comercio, Plácido Alvarez Buylla, que disponía la expropiación por el Estado de las empresas industriales y comerciales, cuyos propietarios o administradores las hubieran abandonado – en otras palabras, que hubieran huido al extranjero, estuvieran escondidos, o hubieran sido encarcelados o ejecutados al comienzo de la Guerra Civil. Según el decreto, si los administradores o propietarios, no se presentaban en su trabajo en las 48 horas siguientes a su publicación, el Estado procedería a la expropiación de sus empresas para garantizar la continuidad de sus actividades (1).
Aunque la intervención del gobierno durante los primeros meses fue muy limitada y no pasó del nombramiento de un representante de uno de los partidos del Frente Popular en cada una de las empresas industriales y comerciales de Madrid designadas oficialmente, que ahora estaban controladas por comités de trabajadores (2), este decreto fue la primera medida significativa del gobierno central encaminada a controlar la industria y el comercio.
No tardaron en seguirle otros decretos.
"Por los decretos del 14 y 20 de agosto y 1º de septiembre de 1936 – escribe la historia comunista oficial de la Guerra Civil y la revolución – , el gobierno Giral nombró a una serie de consejeros del Estado en diversas compañías de electricidad y constituyó un Consejo General de Electricidad con poderes de intervención en las cuestiones técnicas y administrativas de estas compañías. El Comité Ejecutivo de dicho Consejo tenía una composición de Frente Popular: el republicano Elfidio Alonso, el socialista Amador Fernández, el comunista Luis Cabo Girola, el ugetista Manuel Llois, etc.
"Surgía en la economía española un sector de capitalismo de Estado de un tipo muy particular. No era un capitalismo de Estado utilizado y manejado por la oligarquía financiera. Era un capitalismo de Estado en el que la intervención de éste se realizaba a través de los representantes de los partidos del Frente Popular, lo que aseguraba una influencia no pequeña de la clase obrera. El gobierno Giral, a pesar de sus limitaciones, llevó a cabo realizaciones revolucionarias que hasta entonces no había hecho ningún otro gobierno burgués en España. Y acerca de él solo puede hablarse con respeto y admiración." (3)
Los comunistas sabían que el capitalismo de Estado o nacionalización no sólo permitiría a la autoridad central organizar la capacidad industrial de la zona antifranquista de acuerdo con las necesidades de la guerra, y controlar la producción y la distribución de material bélico, que los sindicatos solían asignar a sus propios miembros o milicias (4), sino también debilitar el ala izquierda de la revolución en una de sus principales fuentes de poder, aunque, desde luego, sólo empleaban argumentos militares y económicos para defender la nacionalización, sin reconocer abiertamente sus ventajas políticas (5). En esta campaña les ayudó el hecho de que la colectivización adolecía de defectos palpables. En primer lugar, las empresas colectivizadas no parecían preocupadas por los problemas de abastecimiento y distribución de mano de obra calificada, materias primas y maquinaria de acuerdo con un plan único y racional de producción para cubrir las necesidades militares. "Nos hemos dado por satisfechos con arrojar a los propietarios de las fábricas y ocupar su lugar con los comités de control – declaró Abad de Santillán, dirigente de la CNT-FAI en la semiautónoma región de Cataluña – . No hemos tratado de conectar ni de coordinar la economía debidamente. Hemos trabajado sin planes y sin un conocimiento real de lo que hacíamos" (6). Además, se seguían produciendo bienes de consumo no esenciales para uso civil, e incluso artículos de lujo, simplemente porque producían altos beneficios, con el consiguiente derroche de materias primas y esfuerzo humano (7). Según el estudio de Michael Seidman sobre la revolución económica en Barcelona, basado en gran medida en fuentes sindicales originales, aunque los sindicatos y los comités de fábrica regularizaron y modernizaron la producción, adquirieron nueva maquinaria, mejoraron las condiciones de trabajo y trataron de eliminar algunas de las deficiencias más evidentes, "con frecuencia tropezaron con la resistencia de los propios trabajadores, que seguían exigiendo sueldos más altos, fingían estar enfermos, saboteaban la producción y rechazaban el control y la disciplina del sistema fabril" (8).
El cenetista Albert Perez-Baró, que participó activamente en el movimiento colectivista de Cataluña, describe la confusión económica inicial: "Los trabajadores, una vez pasados los primeros días de algazara – una especie de borrachera de la victoria – fueron retornando al trabajo y se encontraron huérfanos de dirección responsable, lo cual dio lugar a crear, en fábricas, talleres y almacenes, comités obreros que se hicieron cargo de ellos, intentando la reanudación del trabajo con todas las dificultades inherentes a un cambio de tal naturaleza. Faltos de preparación adecuada a la dirección de empresas, con el sabotaje de algunos de los técnicos que se quedaron, pues muchos habían huido al igual que los patrones, los comités obreros y demás organismos que se improvisaron debieron recurrir, desde el primer día, a la orientación que se les pudiera dar desde los sindicatos… Los militantes sindicales, faltos de preparación en materia económica, con más buena fe que acierto, empezaron a difundir consignas que sembraron la confusión en los comités de las empresas y un desbarajuste enorme en la producción, agravado por el hecho de que cada sindicato… daba orientaciones diferentes y con frecuencia contradictorias" (9).
Para superar estos problemas y dar status legal a las colectivizaciones, que historiadores no anarquistas han descrito como "el mayor experimento de autogestión obrera" (10), el 24 de octubre de 1936 la Generalitat aprobó un decreto sobre "Colectivización y control de los trabajadores". Esta medida fu e propiciada por la CNT y rubricada por su representante en el gobierno, Juan P. Fábregas, consejero de Economía (11). En el artículo 2 se estipulaba que todas las empresas que emplearan a más de 100 trabajadores quedaban colectivizadas automáticamente y en las que emplearan a menos de 100 la colectivización estaba sujeta a lo que acordara la mayoría de los empleados. Aunque en este sentido el decreto servía para poco más que legalizar la situación existente, la ley, en palabras de Perez-Baró, "intentó coordinar, codificar y unificar en una sola práctica lo que anteriormente había estado abierto a la interpretación de cada sindicato o comité obrero" (12). Además, con la aprobación de los trabajadores, el consejero de Economía de la CNT nombraba a un representante de la Generalitat en cada una de las empresas colectivizadas, que se agrupaban en los Consejos Industriales Generales. A su vez, cada Consejo estaba representado en el Consejo Económico de Cataluña, un organismo de coordinación y planificación central (13). No todos los anarcosindicalistas aprobaron el decreto. Diego Abad de Santillán, uno de los principales ideólogos de la FAI, que sucedió a Fábregas como consejero de Economía, escribió más tarde: "Cuando me convertí en consejero, no pensaba tener en cuenta o aplicar el decreto. Me proponía permitir a nuestro gran pueblo que llevara la tarea como mejor creyera, de acuerdo con su inspiración" (14). El decreto dijo en otra ocasión, arrebataba "al pueblo laborioso la iniciativa en el terreno en el que no necesitaba lecciones de expertos de ninguna clase" (15). No es extraño entonces, que el decreto nunca se aplicará enérgicamente, que se incumpliera en numerosas ocasiones y que no llegara a crearse el Banco de Crédito Industrial y Comercial previsto para financiar las empresas colectivizadas. Tampoco es extraño que cuando los trabajadores de alguna fábrica colectivizada le pedían a Tarradellas, republicano de izquierda y consejero de Hacienda en el gobierno regional, ayuda económica, él intentara, según su propio testimonio, "utilizar la difícil situación en que se hallaban para conseguir el control de las colectividades" (16).
Fuera de Cataluña, el ministro de Hacienda, Juan Negrín, centralista y firme partidario de la nacionalización, también esperaba explotar el desorden económico. "Cuando estalló la guerra – dijo a Louis Fischer – los comités de obreros, con frecuencia anarquistas, se apoderaron de las fábricas… Se pagaban en salarios todo lo que obtenían de las ventas. Ahora no tienen dinero. Y vienen a pedirme ayuda para los gastos de explotación y materias primas. Nos aprovecharemos de sus dificultades para hacernos del control de las fábricas" (17).
Aunque los comunistas tenían poderosos argumentos a favor de la nacionalización, los anarcosindicalistas, contrariamente a lo que se suele creer, también tenían sus propios planes para controlar y racionalizar la producción a nivel nacional. Al mismo tiempo que se oponían rotundamente al control estatal o nacionalización (18), propugnaban la centralización – o socialización, como ellos la denominaban – de ramas enteras de la producción bajo la gestión de los sindicatos (19). "Si en España se llegara, como quieren socialistas y comunistas, a la nacionalización, iríamos, a la vez, a la dictadura, puesto que al nacionalizar todo, hombres y cosas, el dueño, el amo, el jefe absoluto de todo y de todos sería el gobierno" (20).
En opinión de los anarcosindicalistas, la socialización eliminaría los peligros del control gubernamental poniendo la producción en manos de los sindicatos. Esta era la concepción libertaria de la socialización, sin intervención estatal, que acabaría con el derroche que representaban la competencia y la duplicación, permitiría la planificación en todos los sectores industriales de las necesidades tanto civiles como militares y frenaría las tendencias egoístas entre los trabajadores de las colectividades más prósperas, utilizando sus beneficios para elevar el nivel de vida de los trabajadores de las empresas menos favorecidas (21). Según Daniel Guerin, una autoridad en el movimiento anarquista español, "parecía… que, al concentrarse cada empresa en sus propios intereses, la autogestión obrera podría conducir a un particularismo egoísta. Esto se solucionó (en Barcelona) con la creación de un fondo central de compensación… Así, los beneficios excedentes de la compañía de autobuses se utilizaban para apoyar a la de tranvías, que era menos rentable" (22). No obstante, en realidad hubo muchos casos de desigualdad que no se podían resolver tan fácilmente.
Ya en los primeros meses de la guerra, los dirigentes de algunos sindicatos locales de la CNT tanto en Cataluña como en el resto de España habían introducido formas restringidas de socialización, limitadas a un sector industrial en una sola localidad, como el ramo de la ebanistería en Madrid, Barcelona y Carcagente, la sastrería, la confección, el metal y la piel en Valencia, la industria del calzado en Sitges, las industrias metalúrgicas y textiles en Alcoy, la maderera en Cuenca, la ladrillera en Granollers, la del curtido en Barcelona y Vich, y la industria del calzado en la provincia de Alicante, por mencionar sólo algunos ejemplos (23). Estas socializaciones parciales no se consideraban un fin en sí mismas, sino más bien fases transitorias hacia la integración a escala nacional de las ramas atomizadas de la producción en una economía socialista (es decir, libertaria) bajo el control de los sindicatos.
No obstante, esta empresa de socialización no pudo avanzar tan rápidamente como deseaban sus planificadores libertarios, pues tropezaron con la oposición de muchas empresas en situación privilegiada, controladas por trabajadores tanto de la UGT como de la CNT que no estaban dispuestos a sacrificar sus beneficios para ayudar a las colectividades menos prósperas (24). Por otra parte, la dirección del PSOE y de la socialista UGT, así como el Partido Comunista, eran partidarios de que el gobierno poseyera y controlara las industrias básicas (25), y se oponían a la colectivización de las propiedades de la pequeña burguesía, en la que se basaba la planificación socialista global, de acuerdo con las ideas de los dirigentes de la CNT.
"La divergencia de puntos de vista entre la CNT y la UGT sobre cuestiones económicas era constante – Atestigua Mariano Cardona Rosell, miembro del Comité Nacional de la CNT – , debido a que, mientras la CNT abogaba por una socialización cada vez más efectiva, se encontró con la falta de cooperación por parte de los líderes nacionales, regionales y locales de la UGT, que prestaban poca o ninguna atención a este problema vital. En consecuencia, la masa de la UGT seguía las directrices de la CNT en muchas localidades" (26). Estas divergencias impidieron el establecimiento de una industria coordinada centralmente bien mediante la socialización libertaria o la nacionalización, y explican en parte por qué los minuciosos planes para la socialización de la industria bajo control sindical propuestos en el Pleno Económico Nacional Ampliado de la CNT, celebrado en enero de 1938, se quedaron en el papel" (27).
Otro obstáculo para la integración de la industria en una economía libertaria radicaba en el hecho de que un gran numero de empresas controladas por el CNT se hallaban en una situación de insolvencia o semiinsolvencia y se vieron obligadas a pedir la intervención del gobierno para conseguir ayuda financiera. En general, no podían recurrir a los bancos, porque estaban controlados por la Federación Nacional de Banca de la UGT, un feudo de Amaro del Rosal, presidente del sindicato y simpatizante comunista. A causa de su desprecio por el dinero, la CNT y la FAI nunca intentaron organizar a los empleados de la banca y dejaron este sector en manos de la UGT, algo que lamentarían profundamente durante la Guerra Civil.
Una de las particularidades de la situación económica en Cataluña era que mientras la CNT se había incautado a la mayoría de las empresas comerciales e industriales, su rival, la UGT, había asumido el control de los bancos y otras instituciones del crédito bajo la supervisión de la Comisión Bancaria, en la que estaban representadas la UGT y la Generalitat.
Como por razones políticas e ideológicas las empresas de la CNT se negaban a depositar sus fondos en las instituciones bancarias establecidas y a efectuar sus transacciones en metálico, las empresas rentables atesoraron enormes sumas de dinero en sus oficinas (28). Esta acumulación produjo una grave escasez de dinero en circulación y restringió la base disponible del crédito, que en otro caso se podría haber utilizado para financiar a las empresas menos prósperas. Con la esperanza de poner remedio a la situación, Tarradellas, consejero de Hacienda, decretó que todas las sumas superiores a 1.000 pesetas se pagaran por medio de cheques (29), pero esta medida pasó desapercibida. "La paralización de mucho dinero – decía La batalla, el órgano del POUM – obedece a causas psicológicas que no podrán evitarse mientras existan dos organizaciones sindicales, mientras casi todos los instrumentos de producción los controle una central y a los del crédito otra" (30). En vista que la CNT se negaba a utilizar las instituciones financieras y necesitaba fondos para sus proyectos de socialización, su congreso, celebrado en febrero de 1937, propuso que la organización creara su propio banco (31). pero el proyecto no se llevó a la práctica (32).
Tanto en Cataluña como en el resto de la España republicana, esta situación creó graves problemas económicos para las colectividades de la CNT. Algunas de ellas necesitaban fondos tan desesperadamente que el anarcosindicalista Juan Peiró, ministro de Industria, recomendó la intervención del gobierno central (33), tras haber recibido once mil solicitudes de fondos tan sólo en enero de 1937 (34). Según la historia comunista oficial, los ministros de Industria y Comercio de la CNT "trataban por todos los medios de legalizar y consolidar el dominio de la CNT sobre la mayor parte de la vida económica, utilizando fondos del Estado para financiar empresas sindicalizadas [es decir colectivizadas] en bancarrota" (35).
Pero los esfuerzos de la CNT por obtener ayuda gubernamental para salvar esas empresas y extender el sistema colectivo fueron en vano. El historiador anarcosindicalista José Peirats afirma que Peiró intentó redactar un decreto de colectivización de todas las industrias, pero Largo Caballero le hizo desistir, advirtiéndole que Inglaterra, Francia y Bélgica, que tenían considerables intereses económicos en España, retirarían el reconocimiento diplomático al gobierno republicano. Peiró modificó su decreto, pero el gabinete también se opuso a esta nueva versión e introdujo más cambios. El decreto pasó después a una comisión ministerial que, según Peirats, lo dejó en su esqueleto. "Pero el calvario no ha terminado. Para poder ponerlo en práctica se necesita dinero, o sea un crédito que debe conceder el ministro de Hacienda. Este regatea como un usurero y finalmente concede una suma insignificante… Por fin, interviene el Banco Industrial, quien rebaja aun más la suma acordada y encima se hace pagar fuertes intereses, lo que disminuye aun más el crédito". El resultado, concluye Peirats, fue que la crisis gubernamental de mayo de 1937 se produjo antes de que el ministro de Industria pudiera aplicar aquel decreto "eminentemente conservador", que el nuevo gobierno, en el que la CNT no estaba representada, debía "anular lisa y llanamente" en la primera de sus medidas (36).
Los comunistas aprovecharon las dificultades económicas para reforzar su campaña a favor del control gubernamental de la industria y la economía. "El poder económico debe estar en manos de una sola entidad", afirmó Pere Ardiaca, dirigente del PSUC, controlado por los comunistas (37).
Y refiriéndose a lo que calificó de "ensayos prematuros de colectivización y socialización", el secretario del partido, José Díaz, declaró: "Sí, en los primeros momentos, estos ensayos tenían su justificación en el hecho de que los grandes industriales y terratenientes abandonaron las fábricas y los campos, y había necesidad de hacerlos producir, luego ya no fue así… Era natural que entonces los obreros se adueñaran de las fábricas, que habían sido abandonadas, para hacerlas producir, fuese como fuese… Repito que esto es explicable, y no lo vamos a censurar… [Pero] hoy, cuando existe un gobierno de Frente Popular, en el que están representadas todas las fuerzas que luchan contra el fascismo, eso no es aconsejable, sino contraproducente. Ahora hay que ir rápidamente a coordinar la producción, e intensificarla bajo una sola dirección para abastecer de todo lo necesario al frente y a la retaguardia… Lanzarse en estos ensayos prematuros de "socialización" y de "colectivización", cuando todavía no está decidida la guerra, en momentos en que el enemigo interior, ayudado por el fascismo exterior, ataca fuertemente nuestras posiciones y pone en peligro la suerte de nuestro país, es absurdo y equivale a convertirse en cómplice del enemigo" (38).
(*) Capítulo 22, "Nacionalización versus Socialización", del libro La Guerra Civil Española.
NOTAS:
1. El texto completo del decreto se publicó oficialmente en la Gaceta de Madrid el 3 de agosto de 1936.
2. Sobre la intervención del Ministerio de Industria y Comercio en las empresas industriales de Madrid tanto antes como después de la publicación del decreto del 2 de agosto, véanse Gaceta de Madrid , 27 de julio de 1936; CNT, 3 de agosto de 1936; Mundo Obrero, 1º de agosto de 1936; Política, 18 de agosto de 1936.
3. Guerra y revolución en España, 1936-1939, I, pág. 271.
4. Véase la declaración del Comité Ejecutivo de la Federación Metalúrgica de la UGT, La Correspondencia de Valencia, 2 de marzo de 1937.
5. Véanse, por ejemplo, Verdad, 8 de diciembre de 1936 (discurso de José Díaz), 17 de diciembre de 1936 (manifiesto del Partido Comunista), 23 de diciembre de 1936 (editorial); discurso de José Díaz del 8 de febrero de 1937, en Tres años de lucha, pág. 325; Frente Rojo, 27 de febrero de 1937 (editorial), 19 de marzo de 1937 (manifiesto del Comité Central del Partido Comunista).
6. Diego Abad de Santillán, After the Revolution, pág. 122. Véanse también Boletín de Información, CNT-FAI, 21 de junio de 1937; discurso de Juan López en Fragua Social, 6 de octubre de 1936; Solidaridad Obrera, 25 de septiembre de 1936 (entrevista con España Industrial); manifiesto del Partido Comunista en Verdad, 17 de diciembre de 1936; informe de Helmut Rüdiger, representante en España de la Asociación Internacional de Trabajadores, a la que estaba afiliada la CNT, Informe para el congreso extraordinario de la AIT, el día 6 de diciembre de 1937; Albert Pérez-Baró, 30 mesos de collectivisme a Catalunya, 1936-1939, pág. 43.
7. Véase la declaración conjunta de los comités nacionales de las federaciones textiles de la CNT y la UGT en Claridad, 3 de marzo de 1937; Tierra y Libertad, 2 de enero de 1937; discurso de Jesús Hernández en marzo de 1937, reproducido en Hernández, El Partido Comunista antes, durante y después de la crisis del gobierno Largo Caballero, pág. 41; discurso de Antonio Mije, reproducido en Mije, Por una potente industria de guerra, pág. 4.
8. "Work and Revolution: Workers Control in Barcelona in the Spanish Civil War, 1936-38", págs. 45-46. Véase también ibid., págs. 28-29, 39-44. Una copia de este manuscrito inédito se halla depositada en la Hoover Institution, Colección Bolloten.
9. Pérez-Baró, 30 mesos, págs. 43-44.
10. "Inside the Revolution", Parte V de la serie televisiva The Spanish Civil War, a cargo de los historiadores Ronald Fraser, Hugh Thomas y Javier Tusell.
11. Como se verá en un capítulo posterior, la CNT entró en el gobierno catalán antes de participar en el gobierno central.
12. Citado por Ronald Fraser, Blood of Spain, pág. 11.
13. El texto completo del decreto se reproduce en Pérez-Baró, 30 mesos, págs. 228-36. Sobre la colectivización en Barcelona, véase el revelador relato en Fraser, págs. 109-36, 575-76.
14. Carta a Pérez-Baró, citada por Fraser, pág. 212, n. 1.
15. Abad de Santillán, Alfonso XIII, la II República, Francisco Franco, pág. 360. Véase también la carta que me dirigió fechada el 25 de septiembre de 1971 (HI).
16. Entrevista grabada de la serie televisiva The Spanish Civil War, Parte V ("Inside the Revolution"). Véase también Fraser, pág. 211, n. 1. En ocasión del quincuagésimo aniversario de la Guerra Civil, Tarradellas afirmó que sin el Consejo de Economía y el decreto de colectivización, el conflicto "habría durado muy poco, pues constituyeron en toda España un acicate en la lucha para conseguir nuestros fervorosos anhelos. Nadie debería ignorar que la victoria que obtuvimos los primeros días de la sublevación no habría dado resultados positivos y duraderos sin los profundos cambios que se operaron en nuestra economía" (El País, 21 de julio de 1986).
17. Men and Politic, pág. 421. Según Juan Ferrer, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de la CNT, Negrín se negó a reconocer el decreto de colectivización de Cataluña. "El y la mayoría del gobierno central estaban decididos a no aceptarlo ni a permitir que la CNT en particular controlara ninguna parte de la economía" (citado por Fraser, pág. 576). Véanse también José Peirats, Los anarquistas en la crisis de la política española, págs. 263-64, y el decreto del 2 de septiembre de 1937 (Gaceta de la República, 3 de septiembre de 1937), firmado por Juan Negrín en calidad de ministro de Hacienda, por el que las colectividades industriales quedaban sujetas al sistema tributario estatal, pero sin concederles status legal. Sobre el decreto, véanse las esclarecedoras observaciones de Pérez-Baró, 30 mesos, págs. 141-42.
18. Véase la intervención del secretario del Comité Nacional de la CNT en Memoria del Congreso Extraordinario de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña celebrado en Barcelona los días 25 de febrero al 3 de marzo de 1937, pág. 197; véase también Juan Negre, ¿Qué es el colectivismo anarquista?, pág. 5.
19. Véase, por ejemplo, Tierra y Libertad, 26 de diciembre de 1936 ("Posición de la FAI" y el artículo de Gaston Leval), 30 de enero de 1937 ("Se impone la socialización" y "Hacia nuevas realizaciones", 6 de febrero de 1937; asimismo, Boletín de Información, CNT-FAI, 23 de diciembre de 1936; Mariano Cardona Rosell, Aspectos económicos de nuestra revolución, págs. 3, 6; Collectivisations, págs. 13-16.
20. Nosotros, 9 de marzo de 1937. Véase también Tierra y Libertad, 14 de agosto de 1937.
21. Sobre el desarrollo de esas tendencias, véanse las siguientes fuentes anarcosindicalistas: Boletín de Información, CNT-FAI, 21 de junio de 1937 (discurso de C. Bassols); Cultura y Acción, 24 de julio de 1937 (artículo de Máximo Llorca); Regeneración, 15 de marzo de 1938 (artículo de H. N. Ruiz); Solidaridad Obrera, 24 de abril de 1937 (discurso de Playan); Tierra y Libertad, 1° de mayo de 1937 (artículo de Juan P. Fábregas); Pierre Broué y Emile Témime, La revolution et la guerre dEspagne, págs. 145-46; Fraser, págs. 231-34; César M. Lorenzo, Les anarchistes espagnols et le pouvoir, 1868-1969, págs. 246-47.
22. Espoir, 13 de septiembre de 1964.
23. Véanse otros ejemplos en Documentos Históricos de España, marzo de 1938; Tierra y Libertad, 9 y 16 de octubre y 13 de noviembre de 1937. La socialización no resolvió en todos los casos los problemas económicos. En la industira del calzado de la provincia de Alicante, "tan catastrófica es la situación", según la revista comunista Nuestra Bandera, que la única salida era la nacionalización, "¡si no, nos moriremos de hambre!" (citado en Vicente Ramos, La Guerra Civil 1936-1939 en la provincia de Alicante, I, pág. 272).
24. Véanse, por ejemplo, Las Noticias, 14 de abril de 1937 (discurso de Riera); Solidaridad Obrera, 24 de abril de 1937 (discurso de Playan); asimismo, Tiempos Nuevos, septiembre, octubre de 1937.
25. El socialista moderado Manuel Cordero, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, declaró: "Hay quien ha interpretado mal la revolución, creyendo que la expropiación de los capitalistas se hacía en beneficio de determinados elementos colectivos. Se equivocan. Lo abandonado por los particulares enemigos de la República y expropiado, y que aún no ha revertido al Estado, tendrá que revertir" (La Vanguardia, 21 de octubre de 1938). Véanse los discursos de Pacual Tomás, socialista de izquierda y vicesecretario de la UGT, en La Correspondencia de Valencia, 21 de diciembre de 1936, 11 de enero, 17 de febrero y 9 de abril de 1937, y otras referencias suyas a la nacionalización en Adelante, 13 de febrero de 1937, y Claridad, 6 de abril de 1937.
26. Carta dirigida a mí (HI).
27. Sobre el Pleno Económico Nacional Ampliado, véanse Fragua Social de enero de 1938 y las cartas que me dirigió Mariano Cardona Rosell, que encabezaba la delegación del Comité Nacional de la CNT (HI).
28. Véanse, por ejemplo, J. Jiménez, Solidaridad Obrera, 3 de diciembre de 1936: Tierra y Libertad, 30 de octubre de 1937 (declaraciones del tesorero del Sindicato de Alimentación e Industrias Gastronómicas); Treball, 27 de marzo de 1937.
29. La Batalla, 31 de enero de 1937.
30. 31 de enero de 1937.
31. El Día Gráfico, 28 de febrero de 1937.
32. En julio de 1938 todavía se estaba discutiendo la cuestión de un Banco Sindical.
33. Véanse sus declaraciones publicadas en La Correspondencia de Valencia, 6 de enero de 1937, y en El Día Gráfico, 9 de febrero de 1937; asimismo, su decreto sobre la intervención estatal en las empresas industriales publicado en la Gaceta de la República, 24 de febrero de 1937, y su orden del 2 de marzo de 1937; ibid., 7 de marzo de 1937.
34. Peiró, Mi gestión en el Ministerio de Industria, en Guerra y revolución, II, pág. 276. Véase también Josep M. Bricall, Política económica de la Generalitat, 1936-1939, pág. 200, n. 75.
35. Guerra y revolución, II, pág. 276.
36. Los anarquistas, págs. 263-64. El decreto al que se refiere Peirats fue firmado por Largo Caballero el 5 de marzo de 1937 (Gaceta de la República, 7 de marzo de 1937). Disponía la concesión de un crédito de 30 millones de pesetas. Sobre las dificultades de la CNT para obtener fondos del gobierno para sus empresas colectivizadas, véanse Juan López, "Evolución del sindicalismo español", en Comunidad Ibérica, noviembre-diciembre de 1964, pág. 32, citado en Lorenzo, pág. 244, n. 11; y el prólogo al discurso de Peiró (De la fábrica de vidrio de Mataró al Ministerio de Industria), citado en César M. Lorenzo, pág. 257, n. 6.
37. Treball, 13 de abril de 1937.
38. Informe al Comité Central del Partido Comunista en marzo de 1937, reproducido en Díaz, pág. 353.
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