Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
La ley de la protesta y la protesta de la ley
Los acontecimientos ocurridos en El Alto son la primera señal fluorescente que ilumina el camino de la futura liberación de los explotados y oprimidos en Bolivia. La historia es conciente de sus contradicciones, son las fuerzas antagónicas de la historia (hombres concretos, hombres gobierno, hombres empresarios, hombres pobres, explotados) quienes marcan y establecen los nuevos campos de batalla. Con la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana se marca el comienzo de una nueva fase en la historia boliviana: la fase de la revolución boliviana. La clase burguesa y poseedora en Bolivia, fatigada ya, a causa de la tesonera lucha de los campesinos y los pobres se intranquiliza ante el fantasma de la revolución, pone de manifiesto su poder sobre toda la sociedad, desmintiendo aquella farsa de la neutralidad clasista del Estado, se dota de "legalidad" contra la nueva época de tormenta social, prevista también por ellos, que amenaza su orden y su "seguridad". Ese es el verdadero proceso que inspira las leyes y pone de relieve a la función del derecho: preservar la continuidad de un sistema de relaciones sociales.
Los empresarios afirman que "es inaceptable que se pierda el principio de autoridad", dicen además, que "el gobierno tiene la obligación constitucional de aplicar la ley en resguardo de los derechos de la propiedad privada, de las empresas y de sus instituciones". Así meditan nuestros brillantes empresarios y poseedores, bajo ese criterio se preparan ellos para contener la acción de las masas que ellos mismos empobrecen y explotan a diario. Pero a pesar de que su nueva Ley de Seguridad Ciudadana endurece las penas para quienes bloquean caminos y el gobierno asegura que garantiza el libre tránsito y que aplicará con fuerza su nueva norma, el bloqueo de caminos persiste en las carreteras alrededor del El Alto, de La Paz, la carretera a Oruro-Cochabamba-Santa Cruz, a los Yungas, carretera Río Abajo, carretera Desaguadero, carretera al Lago Titicaca (Huarina, Achacachi, Warisata) y se están llevando a cabo, a diario, marchas en Cochabamba, La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Beni, Santa cruz, por miles y miles de personas hastiadas de la penuria económica y la opresión política que ya no podrán respetar la ley, hasta haber agotado todas sus energías en defensa de sus reivindicaciones.
La Ley de Seguridad Ciudadana promulgada con la finalidad directa de facilitar la lucha política del gobierno contra los obreros, campesinos, estudiantes, desocupados, etc.(y de encubrir al mismo tiempo el carácter político de esta lucha por medio de consideraciones "del estado de derecho", sobre "el orden público", etc.) se queda irremisiblemente relegada a un segundo plano por la lucha política directa, por los choques callejeros abiertos. La "justicia" se quita la careta de imparcialidad y solemnidad, y se da a la fuga, dejando el campo de acción a los militares y a la policía, a quienes se recibe a pedradas y dinamitazos. Desde el punto de vista de la Ley de Seguridad Ciudadana el bloqueo de caminos es un delito independientemente de las reivindicaciones que presentan los que protestan. Pero el gobierno ha perdido ya precisamente la posibilidad de situarse en el terreno de la ley que él mismo promulgó en fecha tan reciente, y trata de justificar la represión y las masacres hechas, afirmando que las reivindicaciones son inmotivadas, que no hay definiciones sobre el tema del gas, que se abrogarán leyes, etc.
No faltan las voces de los que quieren vivir en "paz", "sin bloqueos", "porque perjudican al país", "que la vendedora, que el albañil, que a los que ganan tres pesos diarios se les está perjudicando". Ellos quieren que se les deje en "paz", con sus tres bolivianos y listo, que se les deje con sus duras privaciones y con sus condiciones inhumanas de 5, 3 y 1 bolivianos diarios para toda su familia. Que se les deje, como en El Alto, de 649.958 habitantes, 312.807 vivan en la pobreza, que 108.434 en la indigencia y 3.263 en la marginalidad, los que exclaman a voz en cuello contra las protestas, seguramente no están en el partido de los que tienen hambre, están en el de los estómagos llenos, de cabezas alienadas. Nosotros decimos que para modificar estas condiciones se hace necesaria la lucha revolucionaria contra todo el régimen social y político contemporáneo. La crisis de la economía obligará a muchos obreros y a sectores cada vez más amplios de la clase media a persuadirse de la justeza de esta verdad. A pesar de las muchas leyes que el gobierno pueda promulgar en contra de la protesta social, la marea de la tempestad social se renueva y se impone en la lucha contra el gobierno policíaco, por la libertad del pueblo que cada vez está más próxima.
¡Que viva la Revolución! La rueda de la historia avanza y será imparable.
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