Las compañeras Camila P. y Bárbara C. han presentado un documento que pretende ser un balance sobre el trabajo y la orientación del PdT en el último año. Lo primero que llama la atención es que -como me consta por ser la responsable del PdT de la provincia y parte de la fracción de la zona sur- estos planteos, en su conjunto, nunca fueron trasladados a estos organismos.
Sobre la consulta popular
Las compañeras dicen no estar en contra de nuestro planteo de consulta popular vinculante para arrancar el derecho al aborto legal, el cual lanzamos después del rechazo del Senado al proyecto de ley, el 8 de agosto del año pasado. Es más, dicen que ese planteo “nos sirve para reclutar y sacar contactos”. Su duda parece estar basada en la poca claridad de cómo realizar esta campaña.
Sin embargo, inmediatamente después dicen que, si la Consulta Popular Vinculante no está subordinada a “las tareas estratégicas de la etapa”, es un elemento más de institucionalización de la crisis, como el “hay 2019”. Es un señalamiento antojadizo y sin fundamento. Nuestro planteo de consulta popular vinculante justamente busca romper la estrategia impulsada por los distintos bloques políticos patronales, que intervienen en el movimiento de mujeres, de encorsetar el debate del aborto en el ámbito parlamentario. Con la propuesta de la Consulta Popular Vinculante ponemos el foco en la capacidad de acción y organización que el movimiento de mujeres ha demostrado tener con los pañuelazos, las asambleas masivas, las movilizaciones, etc., y buscamos desenvolver esta tendencia a la acción directa, para que todo un sector independiente y combativo que activa dentro de ese movimiento rompa definitivamente con las ilusiones parlamentarias y con las expectativas que pudieran tener en los partidos del régimen. La lucha por arrancar, primero, la Consulta Popular Vinculante al Congreso y la enorme campaña que luego se desprendería de allí por la búsqueda de más adhesión popular le da un canal de continuidad a la acción de la marea verde en todos los espacios: los barrios, los lugares de trabajo y de estudio.
Justamente, como antecedente, el año pasado en el inicio de las clases, la UJS impulsó un plebiscito en colegios secundarios, terciarios y en las universidades de todo el país que, en primer lugar, arrojó un resultado imponente: participaron más de 40.000 estudiantes y el resultado fue aplastante en favor de la legalización.
La preocupación de las compañeras por desenvolver una campaña militante en torno de la Consulta Popular Vinculante es atinada, y se ajusta a la orientación que desde un primer momento impulsamos desde el PdT -volcada en cada volante, notas de la prensa, charlas y debates con el activismo. Los informes que hemos recogido sobre el desarrollo de la misma en distintos frentes dan cuenta de que nos ha permitido un trabajo importante: acercamos relaciones, organizamos charlas y reuniones abiertas en lugares incluso donde no teníamos presencia antes y fuimos, a partir de esta acción, un canal y un factor de organización de nuevos y nuevas activistas estudiantiles. Por supuesto, el desarrollo puede ser desigual y aún tenemos mucho por avanzar. Pero lo que corresponde es que cada comité balancee el trabajo realizado en torno de esa orientación -que ratificamos como resolución del Congreso del PdT- y se transmitan esas conclusiones colectivas al resto del partido, a través de los organismos correspondientes. Las propias compañeras relatan su experiencia en las actividades que realizaron hacia el 8M y la conclusión que vuelcan es valiosa; en sus propias palabras: “Resulta más que obvio que esto nos sirve para reclutar y sacar contactos”. Pues bien, acordamos en que la orientación y la campaña por la Consulta Popular Vinculante nos abren un enorme terreno de lucha política, intervención y desarrollo. ¡Ese es el camino que debemos reproducir en cada lugar de trabajo y en cada frente de intervención!
Contradictoriamente, las compañeras luego citan las declaraciones de Urtubey y sectores macristas (Carrió), proponiendo una consulta popular para 2020, en lo que pareciera ser una impugnación de la campaña por la Consulta Popular Vinculante, que nos colocaría como furgón de cola “de un recurso último del régimen burgués”. Pero omiten que, de parte de ellos, el planteo no es más que un artilugio para borrar toda referencia a un tema que divide a todos los partidos patronales en medio de la campaña electoral. La Consulta Popular Vinculante no es un planteo principista de nuestra parte, válido para cualquier circunstancia. Al contrario, fuimos el partido que salió al cruce de un proyecto de Consulta Popular presentado por diputados del PJ de San Luis, cuando Macri anunció que habilitaba el tratamiento parlamentario del aborto. En esa ocasión, denunciamos que se trataba de una maniobra reaccionaria para bloquear el proyecto de la Campaña. Nuestra propuesta de la Consulta Popular Vinculante, luego de la frustración de la legalización en el Senado, apunta en el nuevo escenario a no dejar morir un enorme movimiento de lucha. Hoy vuelve a tomar centralidad a partir de la masividad de los pañuelazos del 19F o del propio 8M -que mostraron una tendencia a no cesar en la movilización por este reclamo. La Consulta Popular de un sector del PJ o la de Carrió y Urtubey cumplen una función opuesta, y están al servicio de enterrar y poner coto a una lucha que pone en jaque los pilares más reaccionarios del sometimiento a la mujer bajo este régimen social. Nuestra propuesta lejos está de seguir el camino de “hay 2019”, sino todo lo contrario.
A su vez, pretender subordinar la campaña de la Consulta Popular Vinculante al planteo de la Asamblea Constituyente es una acción forzada, porque son elementos de orden diferente. La Consulta Popular Vinculante es una iniciativa para sacar a un movimiento masivo de lucha de la parálisis a la que lo quieren someter los sectores tributarios de los partidos patronales que intervienen en él, en nombre de sus propios compromisos electorales. La Asamblea Constituyente es una consigna de otro alcance, que juega un papel pedagógico en la impugnación de todo el régimen político y sus instituciones, y que, bajo la dirección de la clase obrera, debe proceder a una reorganización social y política sobre nuevas bases. Por ejemplo, no es tarea de la Asamblea Constituyente convocar a una consulta por el aborto, sino proceder a legalizarlo de manera urgente.
Sobre el kirchnerismo en el movimiento de mujeres
Que a pesar de la derrota electoral de 2015 y la disgregación posterior, el kirchnerismo sigue siendo un factor en la situación política es innegable. Juega un rol de bloqueo y contención en todos los ámbitos, ya sea de manera directa o a través de agrupamientos que no se reconocen como K, pero son su mascarón de proa en la intervención en los movimientos populares y -finalmente- son los que más militan en el terreno del “frente único antimacrista”. Aparecen “luchando” por distintas reivindicaciones, pero con el objetivo de poner esas luchas al servicio de ese frente antimacrista y de su desarrollo electoral. El movimiento de mujeres es un claro ejemplo de ello. El Plenario de Trabajadoras ha dado una importantísima batalla política contra los intentos de convertirlo en plataforma electoral del pejota-kirchnerismo y reforzar su tendencia fuertemente antigubernamental.
Nuestra batalla en las asambleas preparatorias del 8M de ninguna manera estuvo orientada a aminorar las consignas contra el macrismo, sino a denunciar el callejón sin salida de subyugar la fuerza del movimiento de mujeres para ir detrás de un relevo de tipo capitalista. Nos dimos también la tarea de orientar a toda la izquierda para sortear provocaciones de todo orden, que buscaban desacreditar al trotskismo. Al “fuera Macri” le opusimos “fuera Macri y los gobernadores”; a la pretensión de mandar al bombo cualquier reivindicación que moleste al Vaticano, le contrapusimos la centralidad de la lucha por el derecho al aborto legal. Desde el principio tuvimos que batallar contra estos bloqueos y contra todo tipo de provocaciones para evitar la preeminencia de nuestros planteos. Por ejemplo, en las primeras asambleas, los intentos de censurar a un sector minoritario de la tendencia feminista radical que se acercó a las asambleas fueron utilizados contra la izquierda bajo el argumento de que -como son partidarias de la exclusión de las trans del movimiento- serían fascistas que promueven un discurso de odio. ¡Tuvimos que desarmar la ofensiva que casi rompe la asamblea detrás de la especie de que “la izquierda le abre las puertas al fascismo”!
Esta fue la lucha política que libró el PdT durante un mes en las asambleas. Nuestra intervención fue clave: dijimos vayamos contra Macri, pero también contra los gobernadores, la burocracia y las iglesias, porque sin la colaboración de estos sectores el gobierno no podría sostener ninguna de sus políticas. Y a la luz de lo que fue la jornada del 8, el contenido del documento leído en Plaza de Mayo, la deserción de la burocracia sindical y el repudio de las mujeres movilizadas, creemos que hemos tenido una conquista política nada despreciable. En esos días había sucedido el caso de la niña tucumana de 11 años, embarazada tras una violación, que había sido obligada a atravesar una cesárea, al igual que había pasado en Jujuy a principio de año. Con la consigna que denunciaba sólo a Macri, que este sector impulsaba, Manzur, el gobernador K y exministro de Salud del gobierno de Cristina hubieran quedado absueltos.
Siguiendo el razonamiento de las compañeras, ellas hubieran estado dispuestas a sacrificar la denuncia a los gobernadores porque, según sus propias palabras, “es él [Macri] quien está gobernando, el que está implementando políticas de ajuste sobre las mujeres trabajadoras, el que está financiando a las iglesias evangélicas para el sometimiento y la tortura de mujeres y niñas” y en pos de que “es un avance en la conciencia del movimiento de mujeres exigir la renuncia del Presidente”. En cambio, la orientación que llevamos a cabo como partido y como PdT fue la de dar la batalla hasta el final por incorporar la denuncia del régimen en su conjunto.
Por eso es sorprendente el planteo de las compañeras de que toda esta lucha política y su resultado significó un retroceso. El Partido Obrero nunca ha tenido ningún prurito en exigir y luchar por la caída de un gobierno, pero es de una ceguera brutal no ver que, ante el derrumbe del macrismo, toda la oposición patronal pretende encorsetar el descontento en un recambio electoral. Decir que esto es sólo un “temor impresionista de que el ‘Fuera Macri’ beneficie electoralmente al kirchnerismo” es desconocer lo que ocurre en la realidad, no ya del movimiento de mujeres, sino del país entero.
Sobre el concepto de enemigo principal
Un elemento más que llamativo en el texto de las compañeras es el que aparece como dicho al pasar, pero sobre el cual queremos alertar: nos referimos al concepto de “enemigo principal”, que vendría a ser una construcción sobre el kirchnerismo en términos electorales, hecha por nosotros mismas -o sea, que en la realidad no existe.
El concepto de “enemigo principal” es un concepto muy extraño a nuestro bagaje teórico y tradición política. Este concepto pertenece al acervo político del maoísmo -y de modo extensivo al estalinismo-, una corriente que la ha usado siempre para justificar frentes con sectores “progresivos” de la burguesía y que ha llamado a la clase obrera abiertamente a esos frentes de colaboración de clases, con la excusa que de que hay enemigos principales y otros secundarios. Es con esta tesis que el PCR -en la actualidad- es una de las organizaciones que más milita el “frente anti-Macri”. Por lo tanto, rechazo esta acusación de que “inventamos enemigos principales”. Nada más lejano de quienes elaboramos nuestras posiciones y orientaciones políticas generales, guiándonos por el Programa de Transición y el Qué hacer, donde es claro que la clave de todo el asunto es siempre defender la lucha por la independencia política de la clase obrera. Y tampoco, nada más alejado de un partido que siempre se ha caracterizado por su oposición de conjunto al régimen, pero también por su lucha feroz contra la cooptación y las presiones del nacionalismo burgués, y su expresión más fuerte en la Argentina: el peronismo, la corriente que impulsa la colaboración de clases por excelencia.
Sobre la Educación Sexual Integral
En un párrafo que habla de otra cosa se menciona al pasar un cuestionamiento a nuestra campaña por educación sexual laica y científica, apoyada en proyectos de modificación de la actual ley -que por la repercusión que ha tenido, en la Legislatura bonaerense o en el Congreso Nacional, nos permitió una mayor clarificación sobre los límites de la ley pactada por el kirchnerismo con la Iglesia católica, que fue en su momento una fuente de cooptación de vastos sectores. Se dice que fue una campaña deficitaria porque no cuestiona “la regimentación de la sexualidad en el capitalismo”. En primer lugar, citamos textualmente una parte de los fundamentos del proyecto de ley que presentamos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -que de modo similar se reproducen en todos nuestros proyectos en las distintas legislaturas del país y en el Congreso Nacional- y que en la provincia de Buenos Aires obtuvo media sanción, como producto de la irrupción de la marea verde, a mitad del año pasado: “El reclamo estudiantil por la aplicación de la ESI forma parte de la lucha popular por terminar con todo tipo de opresión, violencia y discriminación en lo que hace a las relaciones entre las personas, entre las que se destaca la propia sexualidad, que es una actividad humana por excelencia. No es casual que quienes han tenido el principal protagonismo en esta lucha sean el movimiento de la mujer y los colectivos de minorías sexuales, quienes de una manera más directa son el receptáculo de la descomposición general de la sociedad capitalista y de sus relaciones sociales basadas en la explotación y la enajenación”.
Solamente una organización revolucionaria que entiende que, bajo el sistema capitalista, es clave la regimentación de la sexualidad, porque es una herramienta más de control social no sólo sobre las mujeres, sino también sobre los varones y todas las disidencias sexuales, puede abordar una propuesta de modificación de una ley desde este lugar y plantearlo así en sus fundamentos.
Pero además, no nos quedamos en lo escrito en un papel: lo más atractivo de la campaña por nuestra ley era la propuesta de que los contenidos de la ESI debían ser elaborados de manera colectiva por las pibas, los pibes, los sindicatos docentes, los centros de estudiantes, las organizaciones de mujeres y disidencias, y especialistas de la salud que quisieran colaborar. El concepto es similar al del “control obrero” y apunta a separar las aspiraciones genuinas de quienes luchan por este derecho de cualquier confianza en el régimen, que pretende desnaturalizar esta demanda, restringiéndola en los márgenes del Estado burgués y sus estrechas posibilidades. Esta propuesta tenía como precepto explotar al máximo el potencial cuestionamiento a la sociedad, la Iglesia y al propio régimen que anidaban en las discusiones que las y los pibes empezaban a dar en los colegios, los terciarios, las universidades y hasta en sus casas, en el marco de la marea verde y la lucha por el aborto legal. Organizamos charlas y reuniones en decenas de escuelas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, con nuestros legisladores Guillermo Kane y Gabriel Solano, y compañeros y compañeras docentes y estudiantes llevando este planteo, hicimos audiencias en el Congreso y en las legislaturas para mostrar cómo la ley actual no se aplica o se aplica a gusto y piacere de las instituciones o docentes, todo gracias a la injerencia clerical que el Estado permite y avala para garantizar, entre otras cosas… la regimentación de la sexualidad. Por lo tanto, no existe el supuesto déficit que las compañeras dicen ver. Ahora, si tienen algún aporte, tanto práctico como teórico, para mejorar la campaña, será más que bienvenido.
Sobre el derecho a la maternidad
Las compañeras plantean que nuestra campaña por el derecho al aborto debería ir acompañada por el eje del “derecho a la maternidad”, ya que de lo contrario quedaríamos pegadas a un planteo feminista burgués o pequeño burgués, que entiende el derecho al aborto como un acto de libertad individual desde el punto de vista de “mi cuerpo es mío, yo decido”. Estaríamos ayudando a crear así una falsa ilusión en el régimen capitalista, donde sería posible la autonomía sobre nuestros cuerpos. Sabemos que esto no es así, pero mucho menos lo es para las mujeres que pertenecemos a la clase obrera. Es un señalamiento interesante, pero sobre el cual efectivamente nos hemos pronunciado, porque justamente lejos estamos de hacerle concesiones, ya sea al feminismo o al régimen.
Si bien el PdT hizo de la cuestión de la clandestinidad del aborto y sus terribles consecuencias para las mujeres trabajadoras un eje importante de la campaña (la muerte, la cárcel o daños irreparables a la salud física y/o mental), en cada charla, reunión abierta e incluso nuestros materiales, hemos abordado este ángulo del derecho a la maternidad violentado por el capitalismo (un régimen abortista, que empuja a las mujeres a no poder planificar la maternidad y, al mismo tiempo, les niega el derecho a abortar de manera legal y segura ). Denunciamos la hipocresía del Estado y la Iglesia que nos niegan el derecho a interrumpir un embarazo no deseado y nos obligan a abortar en las peores condiciones, o bien a ser madres sin querer serlo, pero que efectivamente cuando somos madres nos niegan los recursos materiales básicos para criar a nuestros hijos e hijas en condiciones dignas de la mano de un brutal ajuste; nos niega la extensión de las licencias materno-parentales; nos niega los jardines en los lugares de trabajo y estudio; y podríamos seguir agregando a lista. Lo que importa aquí es que, lejos de ignorar este eje, lo hemos desarrollado.
El enfoque de las compañeras, a su vez, desprecia un ángulo destacado de nuestra intervención en este terreno. El reclamo por el “derecho a decidir” (que es, por supuesto, contrario a la realidad de la clase obrera bajo el capitalismo) lo hemos asociado a una denuncia de fondo al machismo y al desprecio a la mujer como expresión ideológica del capital y su Estado, que someten al género femenino a la tutela y discriminación jurídica como mecanismo de sometimiento político y social. Lejos de regalarle este ángulo a los “liberales”, hemos utilizado esta crítica como motor de un cuestionamiento profundo a los pilares de la ideología y mecanismos de dominación de la clase capitalista.
Si bien no es el objetivo de este texto, quisiera aprovechar para señalarles a las compañeras que hacer el eje de luchar por “el derecho a la maternidad” dicho así, por sí solo, particularmente no me convence. Habría que elaborar bien un planteo, ya que corremos el riesgo de aparecer pegadas a una idea maternalista y a una idea de mujer=madre que no tenemos. En realidad, lo que el capitalismo nos niega a las mujeres trabajadoras no es “el derecho a la maternidad”, sino a la maternidad elegida por fuera del mandato de reproducir el modelo de la familia burguesa, privada y nuclear, que nos coloca a las mujeres de la clase obrera como garantes de la reproducción de mano de obra abundante y barata.
Por otro lado, realmente es difícil de entender por qué se dice que no hicimos algo que sí hicimos y menos por qué se cita como contrapunto lo que sí hizo… el gobierno bolchevique. Tampoco se entiende por qué la necesidad de recordarnos que nuestro objetivo es la revolución social, un cambio histórico y no unas cuantas reformas, cuando hemos puesto un gran empeño en destacarlo en todos los niveles de nuestra intervención (y a disposición están todos los materiales que hemos escrito y desarrollado al respecto). A menos que las compañeras crean que nos corrimos del eje revolucionario y nos hemos adaptado al régimen y al feminismo burgués. Si es así, deberían decirlo con claridad y con pruebas, por supuesto, para tener un debate y tomar las medidas necesarias, que en todo caso nos permita revertir esa situación, y no simplemente hacer señalamientos sueltos y acusaciones que impugnan la acción de un frente en su conjunto.
Sobre la cuestión parlamentaria
En varias partes, el texto impugna nuestra acción parlamentaria en la cuestión de la mujer. Por ejemplo, siete meses después del 8 de agosto, las compañeras ponen por escrito un señalamiento grave sobre nuestro apoyo a la ley sobre el derecho al aborto que se ponía a votación ese día en el Senado: según ellas, fue un error haber apoyado y votado el proyecto de ley que legalizaría el aborto en la Argentina -después de décadas de lucha por este derecho por parte de distintas generaciones- con un país entero movilizado gracias a la acción de la marea verde, porque este proyecto incluía la objeción de conciencia. La recriminación es extraña, ya que fuimos el único partido que se opuso, lo denunció en su prensa y comunicados, y fue Romina -nuestra diputada- una de las pocas que votó en contra del artículo en particular en el recinto y argumentado sobre ello. Lo mismo vale para el capítulo referido al Código Penal. Votamos ambas cuestiones en contra en la votación particular sobre los artículos referidos. El texto no dice en qué consistió la dimensión del error exactamente y qué pasos debimos seguir entonces: ¿habría que haber votado en contra? ¿No tendríamos que haber movilizado el 8 de agosto? No lo sabemos pero, por las dudas, señalo (como ya hicimos en su momento) por qué apoyamos igual el proyecto y llamamos a movilizarnos masivamente el 8 de agosto.
Lejos estuvimos de simplemente “conformarnos” con esta modificación dictada por las presiones clericales sobre los partidos. En el mismo editorial que las compañeras citan, se dice: “La modificación de la media sanción de Diputados mostró que dentro del campo de la legalización se acusa recibo de la presión de la Iglesia y su temprana elaboración por parte de los senadores de Córdoba, precipitó definiciones que llevaron al cuadro actual, en el cual, esas modificaciones pasaron a ser la única y desesperada tabla de salvación. A pesar de esto, la aprobación de esta ley, defectuosa, sería sin dudas un triunfo de características históricas de todo el movimiento de mujeres y una plataforma excepcional para la lucha más de fondo por la separación de la Iglesia del Estado”.
En ese párrafo está clara la denuncia a todos los bloques parlamentarios y sus compromisos con el clero por haber aceptado esa reforma, pero también está explicada la razón por la cual, no podíamos no apoyar el proyecto, llamando a profundizar la lucha porque saliera. El triunfo que esta ley implicaría sería una plataforma donde no sólo el movimiento de mujeres sino el conjunto del pueblo podrían pararse para seguir luchando por cada una de sus reivindicaciones. ¿Cuándo fue la última vez que en la Argentina se sancionó una ley por impulso de una movilización callejera, que puso a dos millones de personas en las calles en todo el país? El impacto para el gobierno y el régimen en su conjunto hubiera sido tremendo, a su vez que un ejemplo para todos los sectores en lucha.
Pero, además, es extraño porque en un párrafo más adelante, las compañeras nos ilustran sobre las leyes que sí deben ser votadas e impulsadas por nuestros parlamentarios: “Lo que rige nuestro impulso a proyectos de leyes es que promuevan, aunque superestructuralmente, un avance real en los derechos de la clase obrera y/o expresen las reivindicaciones y exigencias de la misma y de los movimientos de lucha (…)”.
El proyecto con el cual “nos conformamos” efectivamente implicaba un avance real en los derechos de miles de mujeres, sobre todo de la clase trabajadora, por eso no se entiende dónde estuvo el error exactamente.
Sobre la ley Micaela cabe también una aclaración -que fuera realizada ya en la conferencia electoral (16/3). La ley muy lejos está de representar nuestro programa (y no forma parte de nuestras reivindicaciones ni nuestras demandas como PdT bajo ninguna modalidad). Nuestro voto fue resultado de una evaluación sobre cuál era el estado de conciencia de dos madres y familiares de dos víctimas de femicidios brutales, como el de Lucía Pérez y Micaela García, además de que el voto favorable fue acompañado por una intervención de Romina, centrada en denunciar la impotencia de esta iniciativa y su promoción como un intento tardío de contención del movimiento de lucha. En un comunicado posterior titulado “La responsabilidad del Estado en la violencia contra las mujeres es de clase, no cambia con una ley”, entre cosas, señalamos que: “Ninguna ley de este tipo puede dar una respuesta eficaz mientras no se altere la estructura de un régimen social que necesita del sometimiento y la violencia contra la mujer como mecanismo auxiliar de opresión del conjunto de los explotados. Este Congreso es un pilar de ese régimen de dominación de la mayoría social, no un canal de resolución del problema”.
El voto de nuestra parte a esta ley fue entonces fruto de una consideración táctica sobre cómo posicionarnos mejor para ayudar a un sector de víctimas a procesar una experiencia con el Estado. Finalmente, lo que orienta nuestras votaciones en leyes “cosméticas” de este tipo, que se fundamentan en fuertes ilusiones democratizantes, es cómo tendemos un puente con estos sectores para ampliar el alcance de nuestra intervención. La situación planteada con esta ley es muy distinta de la que tuvimos cuando se votó la paridad de género en las listas electorales -que no despertó expectativas ni fue tomado como bandera en ninguna instancia asamblearia ni de movilización por parte del movimiento de mujeres, y que sólo respondía a las aspiraciones carreristas de las mujeres de la burguesía. Volviendo a la ley Micaela, las compañeras tienen todo el derecho del mundo a diferir con esta táctica elegida, pero no pueden acusarnos de votar “leyes que van contra nuestro programa” ni ninguna de las cosas que se dice en ese párrafo.
A su vez, les recuerdo a las compañeras que no somos oportunistas ni hacemos demagogia en el Parlamento, sino que evaluamos cada caso, cada votación, cada contexto y, recién ahí, se toma la decisión, no actuamos por “lo que van a decir los diarios mañana”.
4/4/19