Informe político al VI° Congreso
A. Introducción
Desde el inicio del “plan de convertibilidad”, el PO empeñó una batalla política y teórica singular que lo enfrentó con toda la opinión pública prevaleciente en el país, incluido el centroizquierda y la izquierda. El “Informe Político al Congreso” concluyó que estábamos frente a un “plan” de entrega, sujeto a los movimientos especulativos del capital internacional, y de vaciamiento y destrucción de las fuerzas productivas. En este punto, solo el PO señaló la precariedad de este nuevo intento de la burguesía nacional y en gran medida del imperialismo, para superar la bancarrota capitalista.
Nuestra caracterización, hoy, es la siguiente: luego de haber consumado una gigantesca confiscación económica de ingresos y patrimonios en beneficio de la banca internacional y de los principales pulpos nacionales, el “plan” Cavallo enfrenta una crisis inminente como consecuencia del agotamiento de la breve reactivación económica, así como de los crecientes estallidos financieros a nivel internacional. La burguesía se enfrenta a la necesidad de un cambio de política.
Es un abuso político y hasta de lenguaje llamar plan económico a la ley de “convertibilidad” y al remate de las empresas estatales. La ley de “convertibilidad” no establece ninguna clase de “convertibilidad”, pues apenas garantiza con divisas el 20 o 25% del dinero y de los títulos en circulación, constituyendo solamente en realidad un seguro de cambio para la especulación internacional con la moneda argentina. El papel moneda en circulación, los depósitos en los bancos y los títulos públicos con vencimientos a menos de un año, superan en cinco veces a las reservas en oro y divisas: 60. 000 millones de dólares contra 12. 000 millones de respaldo. La paridad entre el peso y el dólar no fue garantizada por esa “convertibilidad” sino por un ingreso de capital a corto plazo, del orden de los 8.000 millones de dólares al año, que buscaron explotar la diferencia de rendimientos en títulos y acciones entre el mercado argentino y el internacional. Este movimiento especulativo afectó a toda América Latina y a gran parte de Asia, con total independencia de cualquier “ley de convertibilidad”, e incluso en mayor medida allí donde la inflación y los desequilibrios financieros fueron (y aún son) más agudos (¡Brasil!).
“El llamado “plan” Cavallo es una imposición de la propia crisis”, dice el “Informe Político al V° Congreso”, que tiene su origen en la operación de desfalco que secuestró los depósitos bancarios en diciembre del ‘89/ enero del ‘90, provocando, de un lado, una enorme caída de la circulación monetaria y, del otro, la consolidación del endeudamiento usurario del Estado con los principales bancos. A un año de este primer “plan Cavallo” y luego de dos hiperinflaciones, la “convertibilidad” era un hecho, pues simplemente desapareció el circulante en moneda. La ley se limitó entonces a establecer un régimen de emisión de moneda por parte del Banco Central contra el ingreso de divisas, hipotecando así ante la banca internacional la política y la base monetaria.
"El sofisticado" plan Cavallo no es más que una operación de pase por la que el Banco Central recibe dólares a crédito pues se hace, contra la entrega de pesos que rinden una tasa de interés varias veces superior a la internacional. El peso se ha convertido en un título público de vencimiento diario cuya cancelación no tiene lugar mientras la 'operación de pase’ se renueve. Cuando esto deje de ocurrir, volverá la hiperinflación y la depresión”(Informe Político al V° Congreso).
Desde el punto de vista monetario el “Plan Cavallo” no sostuvo ninguna “convertibilidad”, esto lo hizo el ingreso de capitales golondrinas de los especuladores internacionales, atraídos por el compromiso político de asegurar el cambio fijo, por las tasas de interés superiores a las internacionales y por la consecuente valorización (ficticia) de las acciones o los inmuebles. La consecuencia mayor de este ingreso de capitales fue incentivar indiscriminadamente las importaciones y el déficit comercial. Agravó el problema de la deuda pública al darle bonos a todos los acreedores del Estado, reconocer la deuda externa e incentivar un nuevo endeudamiento. Si se incluyera en el movimiento de caja de la Tesorería nacional a las deudas cuya cancelación fue postergada mediante la entrega de títulos públicos, el déficit del presupuesto sería superior al 20% del PBI, es decir de unos 40. 000 millones de dólares al año. Mediante la absorción de capital especulativo (sobrante) y de importaciones, Argentina se ha convertido en un vaciadero de basura en gran escala del imperialismo, en particular del norteamericano. Los Estados Unidos han podido multiplicar sus exportaciones hacia Latinoamérica, que se ha convertido en su principal mercado. Es así como los yanquis pretenden resolver su déficit comercial.
Por la dependencia extrema en que ha entrado este régimen monetario en relación al movimiento especulativo del capital internacional, el colosal endeudamiento acumulado y el fin del remate de las “joyas de la abuela”, el agotamiento del plan de “convertibilidad” plantea una crisis político-financiera de alcances generales.
B. La situación económica
Crisis financiera
A fines de 1989 la deuda pública era de 74. 000 millones de dólares. Ahora, luego de la renegociación según el plan Brady con la banca extranjera y luego de las “privatizaciones” efectuadas contra el rescate de títulos, la deuda pública es aún superior, pero agravada por una deuda extranjera privada del orden de los 25. 000 millones de dólares, cuando era inexistente a comienzos de 1990. Si se computan los títulos rescatados en las privatizaciones (20. 000 millones), el endeudamiento nacional creció en 1990-92 en casi 50.000 millones de dólares. Esto supera cualquier cosa que haya hecho Martinez de HOz. El cómputo de la deuda consume el pago de intereses anuales por más de diez mil millones de dólares, creando un déficit estructural de pagos internacionales de 7.000 a 10.000 millones de dólares.
Estos datos no incluyen el endeudamiento clandestino, porque cavallo ha cobrado en forma forzosa los impuestos que deben las empresas públicas, que para ello tuvieron que contraer préstamos en el Banco nación, el cual vendió para ello sus reservas en dólares al Banco Central. Es decir que el déficit público se financia con emisión y Cavallo cancela los vencimientos de los bonos con la emisión de nuevos bonos. Para acceder al Plan Brady, además el gobierno ha debido endeudarse en otros 3.650 millones de dólares, y aun tiene pendiente la deuda con las provincias.
Todo este déficit se cubre por medio de un empapelamiento de bonos y títulos y apelando incluso a la emisión clandestina de moneda y bonos. La inviabilidad de la “convertibilidad” se aprecia en la reciente reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que autoriza constituir hasta un 30% de las reservas en títulos públicos.
El déficit público deberá crecer por varias razones: porque disminuyen los ingresos futuros por privatizaciones, porque se aceleran los vencimientos por la emisión de bonos y porque está disminuyendo la recaudación impositiva. Argentina ha tenido un déficit comercial de 3.000 millones de dólares. A esta diferencia entre importaciones y exportaciones, hay que sumar los 3.500 millones de dólares que Cavallo admite como intereses anuales de la deuda externa y el ya mencionado espectacular aumento de la salidas de divisas por los rubros referidos a “royal-ties”, seguros y fletes (esto, luego del desmantelamiento de la flota naviera nacional. de la entrega del transporte al capital externo y de la licencia para contratar seguros al exterior). Por eso. el déficit anual de la balanza de pagos debe estar en el orden de los 10.000 millones de dólares anuales, más de un 100% de lo que Argentina pagó en el peor año desde el “retorno” de la “democracia”. Esta clase de déficit es estructuralmente vulnerable a los movimientos especulativos del capital extranjero.
(Incluso la aplicación de la reforma jubilatoria, en caso de sancionarse, deberá provocar un colosal aumento del déficit fiscal, esto al desaparecer el aporte de los trabajadores a las cajas estatales y aún más si el aporte empresario, del 16%, se descuenta del IVA, como prometió el gobierno. SOlo con el desvío del aporte obrero el déficit estimado será del orden de los 35.000 millones de dólares en la próxima década y agravara todos los problemas del endeudamiento). La caída de la Bolsa, desde fines de 1991, es una medida del debilitamiento del “plan Cavallo”.
Contra la creencia generalizada de que el “plan” demostro que se podía pagar la deuda externa, en realidad confirmó lo opuesto. La prueba es que se ha pagado deuda con más deuda, y con la liquidación del patrimonio del Estado. Como dice el "Informe Político al V° Congreso”, "Argentina volverá a ser fiel a su tradición histórica de derrumbe político provocado por un derrumbe financiero”.
2. El fracaso de las “privatizaciones"
El escandaloso vaciamiento de Aerolíneas es el ejemplo más visible del fracaso general de las "privatizaciones” (frigorífico Santa Elena, Celulosa, Ferroexpreso Pampeano, los contratos “truchos” en la Municipalidad de Buenos Aires son otros tantos ejemplos de “privatizaciones” en liquidación).
En lugar de la prometida “desestatización” se está consumando una intervención cada vez mayor del Estado en las nuevas compañías. El estatismo se revela también en los subsidios explícitos prometidos a los ferrocarriles y subtes, en los compromisos de inversiones a cargo del Estado (vialidad o energía), en el otorgamiento de preferencias aduaneras (siderurgia) o en el seguro de rentabilidad por la vía de los tarifazos (telefónicas, electricidad).
Por esta razón, las privatizaciones”, llamadas a reducir el déficit fiscal, han terminado provocando un descontrol total de la deuda pública. Se han revelado como operativos financieros de corto plazo para los bancos acreedores, que por esta vía se desprendieron de viejos y desvalorizados títulos de la deuda externa, pero que no pretenden impulsar la producción con inversiones directas. Una vez consumada la "privatización” y realizados los superbeneficios, reaparecen los mismos problemas que inviabi-lizaban el funcionamiento de las anteriores empresas públicas. Aerolíneas y Somisa enfrentan la saturación del mercado internacional, Santa Elena no puede exportar, Celulosa no resiste la importación. “La política de “privatizaciones” debe ser caracterizada como una quiebra económica del capital, que como cualquier quiebra del capital produce una concentración del capital" ("Informe.”). Esto explica el nulo compromiso de los beneficiarios del remate de empresas publicas con los planes de inversiones que les reclama el gobierno y su interés en apropiarse de mercados “cautivos”, no solamente del sector “servicios”, o en contar con rentabilidad asegurada por el paraguas protector del Estado.
Las "privatizaciones", como también señalamos desde su inicio, son un factor poderoso de dislocamiento industrial. La industria radicada en el país que no participa en el negocio privatizador, se va a pique con las tarifas de gas, luz, teléfonos y combustible que facturan los nuevos monopolios. En cambio los grupos que se han apoderado de las empresas de energía y servicios se aseguran condiciones ventajosas que les sirven para destrozar a los pulpos competidores (Garovaglio petroquímica, cuyo insumo básico es el gas—, depende hoy de las tarifas que le fije Pérez Companc, uno de los beneficiados por la "privatización” de las redes).
La devaluación del peso podría conmover a todo el edificio de las "privatizaciones”, especialmente por la crisis que abre la dolarización e indexación de las tarifas.
A dos años de la gran campaña privatizadora lanzada por el gobierno, el desenvolvimiento, la clarificación de su costo y de su falta de perspectivas en el seno de las masas es uno de los grandes factores de crisis política y de potencial derrumbe del régimen menemista. Todas las encuestas indican que la mayoría de la población estima que los grandes grupos capitalistas compraron regaladas las empresas, cobran caros los servicios y no invierten un solo peso, hasta no obtener el capital necesario por la via del cobro de tarifas.
3. Burguesía nacional y "privatizaciones”
En el “Informe Político al V° Congreso” se señaló que las “privatizaciones” acrecentarían la dependencia financiera y tecnológica de la burguesía nacional respecto al capital financiero internacional. Sólo en 1992, los principales beneficiarios de las “privatizaciones” contrajeron deudas con el exterior por más de 3.000 millones de dólares en obligaciones negociables y eurobonos, sin contar las nuevas emisiones que lanzaron algunas compañías, como Pérez Companc, hasta redondear una cifra que supera los 4.000 millones. “Mediante la emisión de papeles, las empresas locales tomaron más deuda que la perdonada por el Plan Brady. En muchas compañías de primera línea bastante más del 50% de sus pasivos están en moneda extranjera, lo que las toma muy vulnerables a una devaluación” (Julio Nudler, en Página 12, 16/12/92). Concebidas para reducir la deuda externa, las “privatizaciones” la han elevado, no importando que sea “privada” y no pública, pues a la hora de cancelar los préstamos el Estado capitalista saldrá en socorro de todos los grupos en situación de quiebra.
La precariedad de las “privatizaciones” se percibe también en que algunos grupos ya han comenzado a desprenderse de su parte en las “privatizaciones” que aún no han acabado de pagar, para hacer frente al endeudamiento externo. Los “capitanes de la industria” se han limitado a comprar y revender, y esto volverá a ocurrir con los nuevos compradores.
Todo esto confirma el acierto de haber caracterizado, contra la opinión dominante, que el acaparamiento de las “privatizaciones” por los grupos nativos no suponía su fortalecimiento, pues diversificarse”, en actividades del más variado tipo es, por parte de monopolios ya especializados en ciertas ramas de la producción “un síntoma de una perspectiva de crisis industrial…, de la cual procuran cubrirse" (“Informe… ”).
Las “privatizaciones”, presentadas por sus propagandistas como la vía del desarrollo industrial para la burguesía nativa, no han superado su condición de un negocio de especulación financiera con activos industriales, y han acentuado el dominio del capital extranjero en la estructura económica del país.
4. Crisis industrial
El ingreso de capitales especulativos dio lugar a una extraordinaria mejoría en los beneficios comerciales y financieros, que se trasladaron a la industria hasta cierto punto, salvo en el caso de la protegida (automotriz), donde el crecimiento del lucro fue simplemente extraordinario. Piénsese que entre el ingreso de capital y el aumento de los valores de la propiedad y del capital accionario, la demanda anual creció en casi un 15% adicional, y específicamente la demanda de consumo personal en un 20% adicional, unos 15 mil millones de dólares adicionales.
Cavallo ha actuado como representante de la burguesía industrial en las condiciones dictadas por el mercado mundial, canalizando la masa de fondos en función de una política de salvataje de la industria por la vía de la reactivación del mercado comercial; de asociación al negocio de las "privatizaciones”
Esto no ha significado, sin embargo, que haya superado la crisis industrial ni mucho menos potenciado a la industria nativa como un factor independiente en el mercado mundial. El producto bruto nacional llegó a fines del 92 a los niveles del ‘87. La inversión pública ha desaparecido y la privada ni siquiera asoma. Las importaciones de bienes de capital sólo mantuvieron la participación promedio de los ochenta, algo inferior al 20%. Las “privatizaciones” no entrañan inversiones, solo se limitan a explotar una renta cautiva asegurada por los consumidores. La crisis de inversiones se ve claramente en el petróleo, donde está paralizada la exploración — inversión de riesgo— y en cambio aumenta la extracción del petróleo descubierto por YPF, que no exige mayores inversiones.
En oportunidad de la reactivación, el gobierno atribuyó la mayor producción a la reaparición del crédito, el cual depende, “convertibilidad” mediante, del crecimiento del capital “ficticio” externo, y del capital “ficticio” interno que es ofrecido como aval de los préstamos. Las emisiones de nuevas acciones sirven precisamente para aumentar la garantía de las empresas para obtener préstamos del exterior. Esto funciona mientras se mantiene la valorización especulativa de los activos. Cuando estos se desploman, que es lo que ocurre desde hace más de un año con la retracción de la Bolsa, esos créditos quedan en el aire porque no tienen un respaldo real equivalente. Fue lo que pasó con la suscripción de las “teleacciones”, cuyos tenedores no pudieron pagar los préstamos que usaron para comprarlas cuando el precio de estas acciones se desplomó.
Las “privatizaciones” y el endeudamiento disimulan la crisis estratégica de la burguesía industrial. Esta se halla literalmente barrida en sectores como el papel, la petroquímica, el aluminio o ciertas ramas de textiles, en los cuales sólo puede acceder a una inserción marginal en el mercado. En el “Informe…" se señala que “el retroceso de la industria controlada por los ‘capitanes de la industria’ es desigual, pero en perspectiva tiene un carácter de conjunto, en es medida pierde peso específico en la estructura económica del país, no importa las ‘privatizaciones’ que puedan ganar en el área de los servicios. Pérez Companc está afectada por los mayores precios del combustible nacional. Si entró en la Telefónica, lo que importa saber es si esto la potencia industrial mente, lo que no ocurre porque es un simple testaferro tecnológico y en último término financiero, de su socia japonesa Nippon…".
El desarrollo de esta crisis se expresa en el debate en tomo a la devaluación, a las tarifas de los servicios que afectan aún más los costos de la industria, al proteccionismo y al crédito. También en el pudrimiento acelerado del Mercosur, pues las violentas convulsiones de la crisis capitalista en el cono sur inviabilizan una unificación de mercados. El mercado único equivale a una moneda única, a un único Banco Central y a un solo Estado, pero la superación de las fronteras nacionales bajo el régimen de la propiedad privada sólo se puede concebir como resultado de una victoria gigantesca de una potencia imperialista sobre las otras.
Pero la crisis del "plan” Cavallo está llevando a la burguesía argentina por el mismo camino, a reclamar un cambio de frente en favor del subsidio estatal y la defensa frente a la competencia internacional.
5. Salida de crisis
El “plan" es naturalmente incapaz de hacer frente al derrumbe capitalista mundial. Desde que fue establecida la paridad uno a uno con el dólar el peso perdió una parte considerable de su capacidad de compra en el mercado interno, pero se revalorizó en el internacional, lo que explica el auge de las importaciones. A los extranjeros les resulta más caro comprar en Argentina y al comercio o la industria argentinos más barato comprar en el exterior.
La caída de la Bolsa conjugó todos estos elementos de crisis y le sirvió como acelerador. El peso estuvo a un tris de la devaluación, en la corrida cambiaría y bancaria de fines del ‘92, contenida por el regreso de los capitales especulativos no a la Bolsa, sino a los títulos del Estado y de deuda de empresas privadas. Este retomo de capitales especulativos se debió, a su vez, a la espectacular caída que experimentaron las tasas de interés de los mercados internacionales. En Estados Unidos llegaron a colocarse por debajo del 3% anual y en Europa sufrieron una caída significativa con la devaluación de sus monedas. Tomar prestado en el extranjero al 4% anual y recolocarlo en Argentina al 16 % anual se transformó en un negocio redondo, en especial después que se refinanció con los acreedores la deuda externa.
El negocio de los títulos públicos ha mostrado rápidamente sus límites para mantener el ingreso de capitales especulativos; lo mismo ha ocurrido con los títulos privados, por eso el gobierno se vio obligado a apresurar la venta de YPF en condiciones rigurosamente delictivas (subvaluación, ocultamiento de balances). Es posible que, consumado el remate de YPF, la Bolsa conozca un breve “boom” preelectoral visto el abaratamiento que se produciría en el conjunto de los capitales en acciones. Pero esto es sólo un desvío escapista. Con el remate de YPF se acabaron las “joyas de la abuela” como medio de financiar las grandes ganancias de la burguesía argentina y del capital internacional.
El desplome de la Bolsa, el déficit en el comercio exterior, el encarecimiento del crédito, plantean un cambio de tendencia en la orientación de la gran burguesía nativa y externa. A través del reclamo de reembolsos a la exportación o directamente la devaluación, y de que se ponga freno a las importaciones del Brasil, la burguesía reclama un cambio y acelera aún más la crisis del “plan” económico.
La fuerza de la tendencia devaluatoria se mide en la “devaluación encubierta” del 20 % con que se ha favorecido a los exportadores (Teatro Cervantes); en el nivel de las tasas de interés, un 40% por encima de las tasas internacionales, que supone el riesgo de una devaluación del mismo orden. Existe una inversión de tendencias: un pasaje de fondos a depósitos y títulos públicos o privados dolarizados o que puedan liquidarse en el día. La Securities and Exchange Commision —Comisión de valores de EEUU— llamó la atención a los potenciales inversores en YPF sobre la “futura relación entre la inflación de la Argentina y Estados Unidos y el valor del peso en relación con el valor del dólar”, lo que es una recomendación para comprar acciones de la petrolera a un precio bajo, que ya descuente la devaluación del peso.
Otros factores que precipitarán la crisis son las presiones devaluacionistas en Uruguay, Chile y Méjico, y la situación de derrumbe económico en Brasil.
El propio gobierno ejecuta una política devaluatoria, al mantener anclado el peso a pesar de la afluencia de fondos externos. Si lo dejara “flotar'”, éste se revaluaría en relación a la paridad actual.
¿La devaluación planteará una aguda crisis? Si de un lado podría salvar a los exportadores, afecta los acuerdos con los grupos “privatizadores” fuertemente endeudados con el exterior. Si se derivan fondos para reembolsos por las exportaciones u otros subsidios, se cuestiona la capacidad de pago a los banqueros. La “devaluación” planteará una clara crisis sobre la “seguridad jurídica”; uno, porque la paridad está establecida por ley, dos, porque los privatizadores reclamarán el respeto a los contratos, que les garantizan que las tarifas telefónicas, eléctricas, de gas, de combustible, se indexen con el dólar o que el Estado cubra la diferencia.
El intento del gobierno es demorar la devaluación hasta la aprobación de la “reforma previsional”, con la que pretende volver a alentar el ingreso de capitales externos a la Argentina y reeditar el “boom” especulativo. El propósito no es evitar la devaluación, sino postergarla a la previa confiscación del sistema jubilatorio y la liquidación de las convenciones colectivas, para evitar una “corrida”. La sanción de estas leyes debería ser el punto de partida para una devaluación en “orden”, cosa que no lograron ni Italia, ni Inglaterra, ni Suecia.
¿Qué consecuencias trae aparejada la devaluación? Una, la quiebra formal del “plan Cavallo”, que se reduce a la “ley de convertibilidad”. Dos, un proceso violento de transferencias patrimoniales: los endeudados en dólares pueden demandar al Estado por su desprotección frente a la quiebra de la “estabilidad”. Este es uno de los puntos más críticos. El gobierno podría devaluar sin que esto provoque un estallido inflacionario inmediato, si existe una situación recesiva o porque logre evitar una fuga de capitales; pero hará crecer el déficit público, el monto de la deuda medida en pesos, la tendencia a la bancarrota y, por lo tanto, a la hiperinflación. Una devaluación puede tener muchas derivaciones, pero se asienta en un proceso de descomposición de la economía capitalista. En todo caso, la devaluación es un golpe político mayúsculo a la estabilidad del gobierno y del régimen y un golpe patrimonial contra los trabajadores y consumidores, más allá del efecto económico monetario inmediato.
Cavallo afirma que con la destrucción de la legislación laboral y la reducción consiguiente de los “costos laborales” tendría una alternativa a la devaluación y a la “híper”. Pero lo único que ha caído, desde la vigencia del “plan” Cavallo es precisamente el costo laboral, sin que los problemas planteados por la crisis puedan resolverse. El costo laboral argentino es uno de los más bajos del mundo, al punto que comprende sólo el 5% del valor agregado de los bienes producidos, cuando en países como Canadá, España, Italia, ronda el 20%. Toda la ofensiva en materia de “flexibilidad laboral”, modificación de convenios o de la Ley de Empleo no puede modificar el ciclo de la economía capitalista, pero tiene un carácter clave, porque significa para el gran capital: a) la posibilidad de aumentar la tasa de plusvalía y por lo tanto su tasa de beneficio, b) estimula los negocios comerciales que exijan poca inversión, c) impone la atomización y desmoralización de la clase obrera.
El agotamiento de la "convertibilidad” deberá potenciarla crisis política latente, que se ha manifestado reiteradamente en estos dos años de jolgorio financiero y de entrega.
C. Crisis del régimen
La sustitución de Alfonsín por Menem planteó una nueva tentativa de salida a la bancarrota capitalista y a la crisis del régimen político. Alfonsín fue alejado del poder antes del término de su mandato y en condiciones de un virtual golpe e
Bajo el gobierno menemista la descomposición del régimen político se ha acentuado. Funciona por decreto, al punto de que ha producido en cuatro años una cantidad de decretos de “necesidad y urgencia" que supera en ocho veces a los emitidos por gobiernos constitucionales desde 1853. siquiera llegan al Parlamento para ser refrendados. El “estado de derecho" esconde a un régimen de descomposición del derecho (ninguna privatización de las efectuadas cumple los contratos de cesión en los términos de la ley; el Plan Brady o el envió de tropas al exterior, las intervenciones a las provincias se han hecho por decreto, la entrega de YPF se pacto en un conciliábulo con dos banqueros).
El régimen de decretazos y el aval que recibe de parte de la Corte Suprema caracterizan al régimen político actual como “semi de facto", que se diferencia de un régimen militar sólo por la existencia de elecciones cada tanto. El ordenamiento constitucional vigente y el sistema semi-parlamentano son un obstáculo frente a las tendencias autoritarias, burócráticas y centralistas que imponen la descomposición económica y social y el profundo desequilibrio que sufren las relaciones entre las clases
La crisis del régimen político es común a toda Latinoamérica. La caída de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el autogolpe de Fujimori en Perú, la caída de Collor de Meló y del presidente guatemalteco son un signo inequívoco del agotamiento de las tentativas democratizantes. Esto ha sido alimentado por el derrumbe de las finanzas públicas, resultado del pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas nativos, y por la propia destrucción productiva impuesta por la crisis económica mundial. Todos estos factores han terminado inviabilizando a los regímenes constitucionales.
La descomposición del régimen político también se manifiesta en la sistemática violación a las autonomías provinciales por parte de los poderes centrales —y de las comunas por los gobiernos provinciales. Esto se ha expresado en las intervenciones federales, en todos los casos por decreto, de Catamarca, Tucumán y Corrientes.
En la base de toda esta crisis está la bancarrota capitalista, pero también la creciente ingerencia de los monopolios por acaparar los negocios que hasta ahora han estado bajo dominio de las oligarquías provinciales. Las disputas por la privatización de los bancos provinciales, la pugna por el acaparamiento de las privatizaciones de los recursos naturales y del patrimonio público, los recortes a los fondos coparticipables, las transferencias de gastos del presupuesto nacional (por el traspaso de escuelas, hospitales y trenes) han terminado hundiendo las economías provinciales y llevando a la quiebra a las finanzas estatales.
Una debilidad fundamental del régimen político actual y del gobierno menemista es su carácter semicolonial. “La situación actual es comparable sólo con la década del 30 ("Informe al V° Congreso") los gobiernos militares últimos eran más independientes que el menemista". El tratamiento del Cóndor II, el conjunto de la deuda pública, el envío de las naves al Golfo, revelan un sometimiento nacional sin precedentes y un gobierno que no pasa de ser una hoja al viento en la disputa entre los capitales internacionales.
Los proyectos de reforma constitucional (y las nuevas constituciones en las provincias) pueden incluir o no la reelección, pero parten de querer imponer un violento cercenamiento a las las libertades públicas, a la organización de la clase obrera, al parlamentarismo y al federalismo. La reforma constitucional (que no llegó a aprobarse) para la provincia de Buenos Aires (pero en la que Duhalde ahora insiste) es un compendio del "nuevo orden" que se pretende establecer a través de un texto que renueve al del 53: regimentación del derecho de huelga, conciliación o arbitraje en los conflictos laborales con carácter obligatorio, destrucción de la educación pública, privatización de la salud y la educación, subordinación del Legislativo al Ejecutivo, injerencia de los servicios de informaciones, descentralización provincial y comunal de los gastos sociales a cargo del Estado, régimen de gobierno por decreto (cuando el Parlamento no cumpla con ciertos plazos para la aprobación de leyes), etc.
En el mismo sentido apunta la ofensiva proscriptiva contra los partidos menores y en particular la izquierda, eliminando el financiamiento público y el acceso a los medios claves de información e impulsando la concentración legal del monopolio político en tres o cuatro partidos de “confianza”, y la posibilidad de su corrupcion legal por el aporte de los monopolios capitalistas.
El corazón de la “reforma política” impulsada por el menemismo es justamente “legitimar" la vinculación de los partidos políticos con los grupos económicos o de narcotraficantes. Los millones de coimas, aportes o donaciones con que estos grupos sostienen a las autoridades constitucionales se propone que sean “blanqueados”, sin necesidad de recurrir al anonimato (lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer subrepticiamente, porque solo el Fisco o la Justicia tendrán acceso a la información). El proyecto apunta a facilitar a las empresas aportantes el no pago y hasta la evasión de impuestos, pues los aportes a los partidos podrán ser deducidos como gastos a los fines impositivos. En un país que registra un récord de ingreso de narcodólares, el “blanqueo” de los aportes facilitará el lavaje del dinero de la droga.
Otra clave de la reforma es que el dinero podrá ser entregado, indistintamente, al partido o a los candidatos. Esto responde a la lógica del capitalista que financia su propia campaña, o mejor, a crear una dependencia directa entre el legislador y sus bolseros. La reforma propone, además, la posibilidad de tachar candidatos, el voto por circunscripción y las internas abiertas, lo que apunta a poner a los candidatos, individualmente considerados, por encima de los partidos y principalmente a liquidar la representación nacional del parlamento y la representación proporcional.
Un aspecto de la crisis del régimen es la descomposición de los partidos tradicionales. En el caso del peronismo, el menemismo impulsó una asociación de camarillas, que “arrendaron” al PJ para participar en los últimos comicios (Palito, Reutemann). El menemismo ha reformulado la base política del peronismo para darle representación a los comisionistas de la patria privatista, de las finanzas bursátiles internacionales, de los bancos acreedores y de algunas fracciones de la Sociedad Rural y de la UIA.
La crisis que afecta a la UCR proviene, de su inmenso fracaso en el gobierno y de la feroz lucha de intereses en su seno, entre diques privatizadoras, y además por la presión de la "patria exportadora”, que reclama la devaluación.
D. Crisis política
“El imperialismo, dice el documento al V° Congreso, enero del 92, que ya ha dicho de diferentes maneras que no ve bien la convocatoria de una Constituyente en primer lugar, e incluso la reelección, aunque a ésta podría aceptarla, está tironeado por la necesidad de mantener la continuidad gubernamental de los comisionistas de las ‘privatizaciones’ y de la especulación bursátil y el temor a que un debate constitucional amenace las fabulosas concesiones arrancadas en beneficio del capital extranjero … Los intereses de los comisionistas de estos negociados y los propios titulares de estos negocios han unido estrechamente su destino al menemismo. .. si sus ‘intereses generales’ le dictan al imperialismo la conveniencia del recambio constitucional del gobierno, y esto todavía más cuando se tiene en cuenta que muchos intereses capitalistas del exterior quedaron mera de grandes bocados … los intereses concretos de los “privatizadores’ impulsan la reelección presidencial”.
Cuando más tarde se produjeron pronunciamientos en favor de la continuidad del menemismo sostuvimos que el operativo reelección corresponde no a “los ‘privatizadores’ en su conjunto, sino a un sector de grupos ligados íntimamente a la camarilla gobernante y que atraviesan una situación muy comprometida (pulpos que están en una situación límite, en particular los “privatizadores” que se han endeudado hasta el cuello con el exterior). Pérez Companc, uno de los casos, debió salir a vender una parte de su porción en Edesur y la situación se repite con otros grupos “nacionales” —Cadypsa ha vendido parte de sus pozos petroleros a Shell y Esso. Se trata de grupos “privatizadores” que sin la intervención del Estado van literalmente a la quiebra. Uno de los impulsores de la reforma y la reelección es el grupo Macri, beneficiario de un mercado superprotegido como el de la industria automotriz”.
Este panorama pegó otro giro en la reunión de Menem con el CEA (Consejo Empresario Argentino), donde las grandes-grandes patronales vetaron el proyecto reeleccionista.
La expresión política de este realineamiento se vio en el Senado cuando comenzó a configurarse un frente antimenemista liderado por Bordón, Cafiero, Rodríguez Saa. Este mismo sector ha promovido el deschave de negocios de varios personajes de la camarilla menemista y ha comenzado a elaborar las bases para la conformación de un “gran acuerdo nacional”. Bordón ha planteado un proyecto de reforma que incluye la figura del primer ministro y la adopción de un sistema de gobierno semiparlamentario. Con este planteo Bordón rescata el proyecto alfonsinista, que cuenta con el apoyo de la burocracia del Departamento de Estado de los EE.UU. Cafiero propuso una coalición de partidos para el 95, tendiendo un puente al radicalismo.
A partir de estos planteos, comenzó a especularse con la posibilidad de una alianza Cafiero-Bordón-Duhalde. Duhalde ha comenzado a participar de las alianzas por la “unidad nacional posmenemista”. La configuración de un frente antimenemista inorgánicamente se extiende al radicalismo, al centroizquierda y al propio riquismo. Rico hace punta con el reclamo de la devaluación y postula el "nacionalismo de mercado" que es un eufemismo para reclamar que las “privatizaciones” queden en manos del gran capital nativo, se asoció con el duhaldismo votando su ley de "reforma del Estado” y se comprometió a “revisar solo las privatizaciones efectuadas por decreto” a sabiendas que el 99 % de las mismas están cubiertas por una ley.
Que el centroizquierda defienda las “privatizaciones” con el pretexto del derecho adquirido, es decir, del hecho consumado, lo prueba el planteo de Verbitsky, en Página 12, según el cual “La anulación de contratos, políticamente repudiables, pero jurídicamente válidos, es una quimera”.
La tendencia política constitucional dominante en Latinoamérica apunta a establecer un régimen semi-presidencial y semi-parlamentario, ni uno, ni otro, pretendiendo crear un gobierno de gabinete. En Brasil y Uruguay se planteó dar paso a la figura de un "primer ministro”. El régimen semi-parlamentario legitima el gobierno por decreto al autorizar que las iniciativas del Ejecutivo puedan convertirse en ley si no son tratadas por el parlamento. La UCR puede ser partícipe de este acuerdo. De la Rúa, Bordón, Storani, Casella, Verbitsky, Chacho Alvarez componen una alianza en gestación sobre la base de un acuerdo en tomo a la reforma electoral y la aceptación de las "privatizaciones".
Plan de guerra
El llamado “plan económico” de Cavallo es la pantalla de un gigantesco plan de guerra del capital contra las masas. En las condiciones de descomposición del capitalismo, el propio Estado se hace cargo de la expropiación directa de la clase obrera y los explotados, abandonando la ficción de arbitraje político entre las distintas clases. El mecanismo de la explotación capitalista ha llegado a un parate del que la burguesía intenta salir por la vía de la fuerza extraeconómica y coactiva, determinando que cualquier reivindicación seria de la clase obrera y aun de la pequeña burguesía tienda a chocar con él y a asumir un carácter potencialmente revolucionario.
La vinculación de los salarios a una pretendida "productividad”, el desconocimiento de los convenios, la extensión de la jornada laboral, son ejemplos brutales de esta tentativa de confiscación económica y de dislocación política de los trabajadores. Revelan el esfuerzo de la clase capitalista en reducir los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo para mantener en pie la tasa de ganancia. En dos años y medio de "plan Cavallo” el salario ha caído en una proporción que llega, en algunos casos, al 25%. Medido en relación al 75, la caída histórica llega, según los propios datos de la UIA, casi al 60 % (550 dólares contra 1.200, salario medio industrial). De conjunto, la burocracia de los sindicatos no ha aprovechado la débil reactivación económica para intentar mejorar el salario, lo que revela que ha perdido el atributo mínimo del reformismo. El poder adquisitivo (no el salario) de los trabajadores se mantuvo entre mediados del ‘92 y mediados del ‘93, sólo debido a las horas extras o al doble empleo, pero esta situación tiende a tomarse tremendamente desigual, como producto de la crisis en la industria. Además, el deterioro de los servicios públicos, de la salud y de la educación significa un nuevo mazazo sobre el salario del trabajador, que debe pagar un mayor precio para obtener el mismo servicio — aranceles en las obras sociales— o reemplazarlo directamente por uno privatizado.
El reclamo patronal de atar el salario a la “productividad” equivale a una tentativa de reimplantar el trabajo a destajo. No tiene en cuenta la productividad de la economía, que ha crecido un 250% en la última década. Sobre este enfoque de la productividad media, las patronales no quieren ni hablar, porque las obligaría a revelar su mejor guardado secreto. La productividad del trabajo es ajena al trabajador; por definición depende del capital. Admitir esta variante, significaría trasladar el riesgo capitalista al obrero, para el cual equivaldría a la pérdida de su fuerza de trabajo, es decir, al hambre.
La crisis capitalista plantea la reducción histórica del salario y la desocupación. El empleo no aumentó con la reactivación (cubierta con prolongación de la jomada de trabajo) y sigue descendiendo, si se considera la continuidad de las cesantías en las empresas "privatizadas" o a “privatizarse” (ferrocarriles, YPF, empresas de defensa) o los despidos en ramas en retroceso industrial. La desocupación y la pobreza absoluta llega a niveles pavorosos en ciertas zonas del interior y el conurbano y es la base de movimientos migratorios constantes en la búsqueda desesperada de trabajo (las estadísticas oficiales ocultan la magnitud del subempleo y no incluyen la masa de trabajadores despedidos que recurría a la doble ocupación como forma de obtener un salario que se acercara a la canasta familiar). La creación de un ejército industrial de reserva permanente es un objetivo estratégico para el capital, que presenta al desempleo como inevitable.
El otro gran factor de la sistemática guerra de clases que este gobierno lleva adelante es la "flexibilización laboral”. Esta reúne no sólo el proyecto de ley de reforma, sino la Ley de Empleo, la destrucción de los convenios colectivos (decreto 470), el desconocimiento de los regímenes de labores en áreas como puertos, marítimos y ferrocarriles privatizados, el aumento en los ritmos de producción, el trabajo de contratados o el impulso a la formación de "cooperativas” o “microemprendimientos”.
La médula del proyecto de reforma laboral es extender la jomada de trabajo a diez horas. Queda a criterio del empleador la distribución en forma diaria del total de horas anuales, con la única restricción de que entre turno y turno exista un intervalo de 12 horas. Esto entraña una reducción efectiva del salario, vía disminución de horas extras.
El proyecto faculta a las patronales a contratar trabajadores en forma "transitoria" por tres años sin pago de aportes sociales ni indemnización, lo que debería llevar a que las patronales sustituyan sus actuales planteles de personal por este tipo especial de contratados. Todas las variantes de trabajo transitorio estaban prácticamente contempladas en la anterior Ley de Empleo, pero se requería la aceptación previa de los sindicatos para incluirlo en los convenios colectivos. El proyecto prevé ahora su implantación automática, satisfaciendo uno de los reclamos mayores de los capitalistas en tomo a la ley anterior. Pero va aún más lejos en este terreno, al suprimir la indemnización mínima (dos sueldos) y la obligación de las patronales de abonarla en un período no mayor de tres meses.
Todo esto apunta a retrotraer la legislación laboral (que no se propone abolir sino regular las condiciones de la explotación capitalista). “Las conquistas históricas del proletariado mundial y de las naciones oprimidas han entrado en una violenta contradicción con la valorización de capitales y de la fuerza de trabajo que es el producto necesario de la crisis mundial", dice el proyecto de programa para el Frente de Izquierda presentado por el Partido Obrero.
Es una falacia la campaña sobre el supuesto alto costo laboral en la Argentina, que tiene a Brunelli o a los centroizquierdistas como mentores. El costo laboral argentino es uno de los más bajos del mundo, la quinta parte del que rige en los países imperialistas que hoy controlan el 90 % del comercio internacional o la mitad respecto a los "tigres" asiáticos. El problema está en el "costo empresario” (parasitismo capitalista), proveniente de las tarifas dolarizadas de los servicios pactadas entre el gobierno y los "privatizadores”, en la ausencia total de inversión (un reciente estudio de Fiel revela que la inversión en caminos de parte de los beneficiarios del peaje es y será menor que la realizada por vialidad Nacional en la última década y la situación es generalizada, con la relativa excepción de teléfonos), en el pago de la deuda pública (externa e interna) usuraria, en los beneficios especulativos armados por el “plan” Cavallo (bursátiles y con la deuda pública) y que condujeron a una inflación en dólares del 50 % y al aumento impresionante en el precio de los inmuebles y los alquileres, en el Plan Brady y las exigencias del "superávit" fiscal, en el festival de bonos, etc, etc, etc. Todo esto creó un beneficio capitalista ficticio del orden de los 40 ó 50 mil millones de dólares, que ha pesado sobre toda la economía industrial.
Todo esto lleva a una conclusión elemental: no podemos oponer a la reforma laboral “otra” reforma laboral con vistas a un "consenso”. Para Piccinini (CTA) se trataría de “aceptar los cambios en el régimen laboral que no signifiquen explotación” (“Propuesta Política de los Trabajadores”), como si tales “cambios" pudieran ser objeto de controversias entre personas normales. Para el centroizquierda la "flexibilización laboral” está determinada por alguna clase de “modernización” y no por la necesidad de incrementar la tasa de plusvalía. El objetivo del capital es sustraerla sustancia viva de los trabajadores mediante un mayor desgaste físico y mayor miseria, contrariando todo el significado histórico progresivo del avance técnico.
El proyecto de reforma laboral plantea que los acuerdos individuales pueden dejar sin efecto las condiciones más beneficiosas acordadas en convenios colectivos de fecha anterior, lo que entraña la ruptura de tales convenios colectivos. En la misma perspectiva el gobierno lanzó el decreto 470, “consensuado” con la burocracia de la CGT y con todas sus fracciones. Allí se establece un convenio “marco” que fijaría el “piso” para los salarios y las condiciones generales de trabajo de la industria y otro “particular” para las empresas y hasta las secciones. Esto significa que el piso salarial para los trabajadores de un sindicato pasa a ser establecido por la empresa que paga menos, lo que implica que dejan de tener salarios “básicos” para pasar a “salarios mínimos”, es decir, de subsistencia. El propósito es acentuar la explotación del trabajo obrero por encima del convenio general y establecer salarios diferenciales en función del incremento de los ritmos de trabajo.
El “convenio marco” es, en realidad, una ficción, pues sus disposiciones no rigen si se oponen a un convenio por empresa. La cuestión no se detiene aquí, por cuanto el Ministerio de Trabajo está facultado por el decreto para promover "la apertura de un nivel menor de negociación”, lo que lleva al contrato individual que conduce al trabajo a destajo. El decreto autoriza a que el salario y las condiciones de trabajo pactadas puedan ser modificadas “según el ritmo de la actividad económica del establecimiento”, lo que significa la destrucción del convenio por empresa y la imposición de un régimen de despotismo y arbitrariedad en función de la “actividad económica” del establecimiento.
Esto no es más que la consagración en el papel de lo que la burocracia ha venido haciendo en todos estos años: congelamiento y división de los convenios colectivos en “ramas” o “empresas”, aumentos por “productividad”, acuerdos por fábrica, abandono de la lucha o el reclamo por un básico común para el conjunto de los trabajadores o para el propio sindicato.
La reforma previsional y los métodos de cancelación de la deuda con los jubilados son una muestra acabada de expropiación despótica de los trabajadores. Aunque la jubilación privada se declara "optativa" la opción no existe, porque las nuevas disposiciones castigan económicamente más al trabajador que ingrese o permanezca en el sistema público. En este caso, si gana 1.000 pesos por mes, su jubilación se compondrá de una asignación “básica” de 200 pesos más otros 200 por permanencia (0.5% del salario promedio de los últimos 10 años), en total 400 pesos, un 40 % de su salario. En la privada, en cambio, a la “básica” podrán sumar la capitalización de sus aportes de 40 años. Esta debería darle, si el Fondo no quiebra y la especulación se mantiene en pie durante cuatro décadas, una jubilación “privada” de 450 a 500 pesos. Sumada a la “básica”, unos 650/700 pesos. Adviértase que en ningún caso la jubilación alcanzaría al 82%, “piso” que se deroga en el proyecto oficialista como en el “alternativo” de radicales y centroizquierdistas. Al mismo tiempo, prácticamente se liquidan las pensiones de invalidez y viudez, reduciéndolas a cifras irrisorias. El único escollo que subsiste para el negocio de los bancos, las compañías de seguros y grupos económicos es el artículo 39, que establece una garantía en pesos y en dólares para los aportes que se hagan al Banco Nación. Los pulpos esperan la modificación o anulación de este artículo en su paso por el Senado o en la reglamentación de la ley, porque naturalmente prevén la devaluación del peso.
A los jubilados se les ha impuesto un reconocimiento de deudas completamente arbitrario e inferior al real y a ser pagadas en bonos cuya operación de rescate es otro acto delictivo. El gobierno prometió rescatar estos bonos (Bocon) con los fondos del remate de YPF y al 100 % de su valor nominal. Todo culminó en un nuevo acto de confiscación. Sólo los jubilados de 85 años en adelante recibirán el pago total y en efectivo de su deuda, unos 65.000 del total. Al resto se le reparten 1.560 pesos en forma decreciente según la edad y se les propone un cambio de Bocones por acciones de YPF no a su valor nominal sino perdiendo entre un 21 y 45% del valor original de la deuda, y sin que se reconozcan los intereses corridos. El jubilado que acepte las acciones de YPF no podrá venderlas en dos años, con lo que se desprende de Bocones en dólares para pasar a tener acciones en pesos que serán pulverizadas por la devaluación en ciernes. Al mismo tiempo, al no poder disponer de las acciones en 24 meses el jubilado no disfrutará de la suba artificial de acciones que el gobierno está montando a partir del bajo precio en que han sido puestas en venta, privilegio del que sí disponen los bancos acreedores.
El decreto de reforma de las Obras Sociales es un primer paso hacia la privatización total del sistema de salud y hacia la destrucción de las mínimas conquistas que tiene la clase trabajadora en este terreno. Lo que se presenta como mejoramiento de las obras sociales por la vía de la libre elección” apunta a forzar la concentración del negocio de la salud en un puñado de pulpos, que es expresamente estimulada. El decreto deja sin efecto todas las restricciones que limitan “la libertad de contratación entre prestadores y obras sociales”, ampliando así el horizonte de los grupos privados. La clave es que las obras sociales estarán obligadas a una “prestación básica” que será determinada por el Ministerio de Salud, excluyendo en primer lugar a las de alta complejidad o terapia, que serán sólo para aquellos que puedan pagar aportes adicionales. El proyecto establece la “libre elección” sólo entre obras sociales, pero sólo por ahora porque se proyecta incluir luego a las “prepagas” y cualquier grupo capitalista metido en el negocio de la salud.
El objetivo estratégico de los pulpos es capturar el aporte obligatorio de los trabajadores que hoy recaudan las obras sociales e introducir planes de salud privados que deberán comprar obligatoriamente los trabajadores en función de sus sueldos. La aspiración de conjunto de la burguesia no se detiene en esto, propone disminuir o eliminar el aporte patronal del 6% y descargar sobre el trabajador el sostenimiento del sistema. Se plantea por esta vía, en nombre del "alto costo laboral”, una nueva reducción del salario en favor de los capitalistas.
Es lo que está planteado, a su vez, con el derrumbe orquestado de la educación pública. El Estado nacional se ha desprendido de la enseñanza secun-daria, trasladandola a las provincias, y pretende hacer lo mismo con la terciaria y los normales. Siguiendo el criterio del gobierno nacional, las provincias en quiebra deberían transferir la educación a los municipios, que es lo que intentan ahora varias administraciones (Tucumán y Salta). Los munici-pios, a su vez, trasladarían la educación a manos privadas. Como sólo una parte de la educación sería negocio para el capital privado, lo que se ha resuelto con la "transferencia" y la Ley de Educación es simplemente la destrucción educacional. Esto entraña, primero, una confiscación directa, segundo, un abaratamiento de los “costos laborales".
La “privatización” escolar lleva a que los traficantes y empresarios de la educación se adueñen por nada del patrimonio de las escuelas secundarias mejor equipadas —lo que la Ley presenta como ampliación de la "enseñanza obligatoria” a 10 años en una “misma unidad académica es en realidad la destrucción de la secundaria, para la que se prevé el descuartizamiento en carreras “polimodales”. Por otra parte, la clase capitalista, considerada como un todo deja de pagar impuestos para financiar la educación, que debe pasar a "autofinanciarse” y dejar un beneficio, aranceles mediante. Se abaratan los “costos laborales”, pues la formación de los trabajadores calificados o de los técnicos deja de ser pagada por el Estado para pasar a cubrirse en forma directa con el salario de los trabajadores. La “privatización” es así una ampliación del campo de extracción de plusvalía (mercantilización de los servicios) v un intento importante de la clase capitalista para superar la tendencia declinante de la tasa de ganancia.
política lleva, naturalmente, a que el 90% sin capacidad de pago (es decir, que no es "mercado” desde el punto de vista capitalista) reciba una educación “asistencial” como ocurre con la jubilación, las obras sociales o un eventual seguro al desempleo.
El otro gran aspecto de la confiscación de los trabajadores tiene que ver con el sistema impositivo.
En el primer cuatrimestre de este año el IVA e internos (impuestos que terminan siendo cargados al consumidro) representaron mas del 44% de la recaudacion impositiva. Si se le suma lo correspondiente a los impuestos al trabajo y lo que se recauda por combustibles y comercio, todo lo cual sale tambien del bolsillo del consumidor, la proporcion sube al 85%. Los impuestos a las ganancias o a las fortunas patrimoniales han desaparecido, como la imposición a los superbeneficios de carácter especulativo, como los que surgen de la compra venta de acciones o inmuebles. Los capitalistas devuelven al Estado el 1,4% del 70% que obtienen del ingreso nacional y los trabajadores el 6,6 del escaso 30% que abarcan los salarios en ese ingreso nacional.
E. Clase obrera
Situación y perspectivas
Los signos visibles de agotamiento del “plan” Cavallo, la crisis política y la irrupción de la movilización popular a partir de la cuestión educativa han planteado una tendencia al viraje en la situación política.
Es parte de este giro el paro masivo de la CGT del 9 de noviembre, que fue tomado por la clase obrera a pesar de su inocultable carácter burocrático, como un canal para expresar el repudio político al gobierno. Que la burocracia haya tenido que lanzar un paro general al gobierno se explica por la necesidad de abrir una válvula de escape al conjunto de luchas y reclamos obreros y, por otro lado, por la impasse en sus negociaciones con el gobierno en torno a las obras sociales y al proyecto de reforma jubilatoria. La burocracia procura asociarse a los más diversos negocios capitalistas —jubilación privada, "propiedad participada”, privatizaciones, confiscación de las obras sociales.
La burocracia chocó con el gobierno en la cuestión jubilatoria reclamando la afiliación “optativa” a las cajas privadas, con la finalidad de colocar a las direcciones sindicales como una pieza necesaria a ser tenida en cuenta por los banqueros a la hora de asegurar la masa de afiliados para el “negocio”. Al ceder en su posición original, aceptando la afiliación compulsiva, los gángsters de la CGT se privaron de la principal arma de presión para garantizar su ingreso al negocio.
El “club de amigos” de Menem y los “amigos” de éstos (Lescano-Cavalieri) están prendidos en la creación de fondos de pensión y dispuestos a aprovechar la integración de las obras sociales al sistema privado de medicina prepaga, lo que los aleja de cualquier disputa con el gobierno por el resto de puntos en litigio. Lorenzo Miguel está concretando un cambio de frente, alineándose junto a Bordón (elecciones internas del PJ en Capital), negociando para que el CTA se reincorpore a la CGT y planteando la defensa de la “industrialización”, es decir de los pulpos exportadores (es decir de la devaluación del peso). Los límites de estas iniciativas son evidentes y han quedado expuestas en la “nueva” gestión de Brunelli.
En el tema de la reforma laboral, los burócratas admiten la liquidación de los derechos laborales y los convenios por empresa, siempre que ellos tengan el monopolio de la representación sindical. Frente a la pretensión de algunos sectores empresariales de ir directamente al convenio con representantes de empresa, aluden al posible surgimiento de “miles de Sitrac-Sitram”. Ahora bien, la burguesía está empeñada en atomizar a los trabajadores y sus organizaciones, lo que puede significar la desintegración parcial del actual aparato burocrático y el intento de reemplazarlo con burocracias “amarillas” por empresa o zonales.
La experiencia de la movilización educativa o el conjunto de luchas que se libran al margen de las direcciones “oficiales” pone de relieve que las masas no están esperando las órdenes de la burocracia para salir a la lucha. Si a pesar del enorme desprestigio, los gángsters de la CGT conservan el dominio de la mayoría de los sindicatos se debe en primer lugar a la intensa acción del Estado, que por medio de la justicia y la acción de los organismos de represión, en connivencia con las patronales se encargan de bloquear, proscribir y en última instancia reprimir cualquier intento de organización independiente.
Esta acción del Estado se ha intensificado en relación a los conflictos y es reclamada en todos los casos por la burocracia. Con el argumento de “arbitrar”, el gobierno procura que allí donde la patronal no logró imponerse, rija la conciliación obligatoria, que es la vía para inmovilizar la acción obrera (Aerolíneas, ferroviarios, Uta).
En las últimas elecciones sindicales la burocracia marchó sola en la mayoría de los gremios, apoyándose en estatutos completamente proscriptivos y en la represión de los activistas, lo que no es nuevo. Lo más significativo fue el giro político en la UOM, donde una serie de listas de oposición, influidas por el centroizquierda y en algunos casos por la izquierda, derrotaron al aparato burocrático o hicieron una excelente elección. Los límites políticos de estas listas son colosales: evitaron críticas a la dirección miguelista, concebida como “mal menor” frente a otras variantes burocráticas en la UOM, no levantaron una estrategia de lucha frente a la “flexibilización” o el derrumbe del salario, pero forman parte de un desplazamiento de franjas importantes del activismo frente al vaciamiento burocrático. Debe recordarse, antes de esto, los pronunciamientos de plenarios de delegados de la UOM contra la partición del convenio en “ramas” y por un plan de lucha conjunto (Campana, Caseros). En CTERA, las elecciones revelaron el dislocamiento del aparato burocrático, una caída vertical en los votos del oficialismo centroizquierdista y un desplazamiento hacia la oposición (que llegó al 45% de los votos en los distritos controlados, repartidos entre una fracción burocrática crítica de Mary Sánchez y la antiburocrática Rosa). Esta se convirtió en un canal significativo en Santa Fe y Neuquén Capital.
Las recientes elecciones en el Inti y en Sanidad, la lista antiburocrática en Aduba, los frentes de izquierda en telefónicos y bancarios y la destitución de Loza en portuarios constituyen manifestaciones de un reagrupamiento del activismo dirigido a expulsar a la burocracia de los sindicatos.
Las elecciones sindicales revelaron el profundo vaciamiento de los sindicatos. En CTERA votó apenas el 30% del padrón, en Sanidad otro tanto, una menor proporción votará en la Bancaria y en todos los casos la tasa de afiliación cae. En contraste, se profundizan los procesos de luchas y de organización que se gestan al margen de las organizaciones tradicionales, como ocurrió con la movilización educativa. Esto no significa que haya que abandonar ni por un minuto la elaboración de una política hacia los sindicatos hasta que éstos sean superados por la acción y la organización obreras.
Existe una deliberación en el activismo sobre qué hacer y una inconfundible incertidumbre, que es lógica porque ningún sector oficial del movimiento obrero pronosticó o se preparó para una crisis de esta envergadura, que afecta a todos los sectores del movimiento obrero y que plantea intervenir en una etapa de alcances revolucionarios.
El gobierno no ha podido evitar la lucha de los trabajadores, que viene creciendo desde mayo del año pasado, ni la acentuación de la oposición popular a su política. Estas condiciones son propicias para mantener el reclamo de unidad de acción de las organizaciones obreras, expresado en la exigencia a la CGT y el CTA del paro de 36 horas, en función de las reivindicaciones de las masas.
2. CTA y centroizquierda
El agrupamiento impulsado por los dirigentes sindicales del centroizquierda —CTA— ha quedado conformado en los hechos como una central paralela. Tiene un carácter divisionista. Esto se ve con nitidez en que su política sigue como la sombra al cuerpo a la que lleva adelante la burocracia de la CGT y en algunos casos sosteniendo planteos aún más reaccionarios y proimperialistas.
El CTA no surgió del vacío. Se trata de un agrupamiento que expropió al movimiento que algunos sindicatos, internas y activistas combativos forjaron en la época de Alfonsín, procurando coordinarse y darse un programa que superara los planteos de la burocracia central y del ubaldinismo y que tuvo una traducción parcial en los llamados “encuentros” que se realizaron en varias ciudades de la Patagonia.
Los principales gremios del CTA son partidarios de la “reforma del Estado” y de los planes de “privatización con participación” y desde ya del curro de la “propiedad participada”, defendidos tanto por los “combativos” de Foetra Buenos Aires como por los sindicalistas del PC de Foetra Córdoba. El libreto es común a la burocracia guillanista.
En Luz y Fuerza de Córdoba, después de 60 días de lucha contra la privatización de la empresa, su directiva terminó firmando un acta acuerdo con el gobierno, donde se reafirma la privatización, la racionalización y la modificación del convenio. En Tucumán, el legislador representante de ATE votó en la Legislatura a favor de la privatización de Agua y Energía.
En la cuestión previsional, los diputados que actúan con el CTA se alinearon junto a los radicales en defensa de su proyecto reaccionario. Ello explica que el CTA haya impulsado una "consulta" para engañar a la "gilada", esto con la activa complicidad del partido comunista. Los propios estatutos del CTA autorizan en la formación de Cajas privadas, adelantándose en esto al mismísimo Lescano.
El CTA, en nombre de la “modernidad”, se ha mostrado completamente permeable a los planes de "flexibilización laboral". En el gremio de prensa, aceptó modificar el convenio, incluyendo la cláusula de negociar los salarios en base a la “productividad” o el caso de la UOM villa Constitución, que avaló todos los planes de racionalización en Acindar. Los sindicalistas del CTA han defendido la tutela estatal sobre las organizaciones obreras mediante mecanismos del “arbitraje" (conciliación obligatoria) o en la propia vida interna de los sindicatos, consagrando la voluntad del Estado por encima de la voluntad de las asambleas. Son los inventores de las “elecciones directas”, lo que no puede disimular la regimentación interna en sus propios gremios. El propio CTA está dirigido por un Consejo Federal compuesto por un representante de cada organización nacional adherida junto a un representante por cada congreso provincial o local. Es decir, prioridad a los aparatos burocráticos nacionales que deseen integrarse.
La ley de paritaria estatal, redactada por Germán Abdala, dirigente de ATE, autoriza la negociación salarial por empresa, bajo la batuta de las burocracias centrales, como asimismo la “autorregulación” de los conflictos y que los reclamos salariales ajusten a la ley de presupuesto. Este engendro fue luego refrendado por el ultramenemista Andrés Rodríguez, de UPCN.
La dirección del CTA es también una correa de transmisión de los intereses del clero. Mary Sánchez promovió en CTERA hace tiempo la “defensa de la escuela pública, de gestión estatal o privada (sic)”, retirando del programa de los sindicatos docentes la defensa de la escuela laica. Su conducta durante la movilización educativa siguió rigurosamente la política fijada desde las “usinas” del Consudec, y los comunicantes de la propia burocracia con la jerarquía y las patronales religiosas de colegios privados son infinitas.
El CTA es responsable del hundimiento de la mas importante lucha del último período, la movilización educativa. Para una dirección que considera "obsoleto" el método de la huelga general, la irrupción de la movilización educativa fue un hueso duro de tragar, pues la docencia, la juventud y los padres se coordinaron en un movimiento de lucha que se extendió nacionalmente al margen de cualquier plan o directiva burocrática. En esas circunstancias la burocracia de CTERA maniobró, montándose en el conflicto para domarlo, y someterlo a un frente político “por una nueva ley por consenso” junto a radicales, el centroizquierda, el riquismo y expresiones de la propia izquierda (Frente del Sur).
El CTA impulsó una política de carnereaje ante el paro de la CGT, lo que lo enfrentó a los trabajadores, desató una crisis en sus filas y obligó a la adhesión apresurada y derrotista de algunos de sus sectores (ATE).
Que el CTA, habiendo jugado un papel traidor en las luchas, haya logrado un cierto desarrollo, se explica, primero, por la capitalización en algunos gremios (Uom, Upcn, Supe) de la crisis y retroceso del aparato de la vieja burocracia. Segundo, por la política de adaptación de la izquierda democratizante. La propia constitución del CTA, presentada como oposición “combativa” a Parque Norte, refleja, contra la opinión de los desmoralizados del centroizquierda, que la tendencia a la estructuración independiente de la clase obrera existe, aunque tenga esta envoltura perversa.
Por otro lado, los propios trabajadores agrupados hoy formalmente en el CTA han recorrido ya una experiencia en relación a la política profundamente colaboracionista de sus direcciones. Esto se reveló en el movimiento dentro y fuera de los sindicatos docentes, durante la movilización educativa (autoconvocados, padres, pronunciamientos de asambleas y plenarios de delegados) y hasta en el retroceso electoral de la dirección marysanchista en los comicios de CTERA. O en los Astilleros Río Santiago, donde los trabajadores en asamblea repudiaron la política de De Gennaro en relación a la defensa del astillero o frente al paro de la CGT.
El CTA ha sido desde el comienzo una corriente política en descomposición, que entrega las conquistas obreras. Frente a las tentativas de movilización de masas se han revelado tempranamente como una dirección traidora, que se enfrenta a los reclamos y necesidades apremiantes de los trabajadores (la “nueva” dirección CTA del Supe Ensenada, por ejemplo, es hoy una camarilla repudiada por su impotencia para enfrentar el vaciamiento de la destilería).
La misma evolución del CTA corresponde al conjunto del centroizquierda en el plano de sus posiciones políticas, orientadas a sostener al actual régimen entreguista. En función de oportunidades electorales o parlamentarias, incluso de negociados económicos, han ido a la rastra de la política del gobierno (el PI integra el Frente de Palito en Tucu-mán, ATE sostuvo a la intervención menemista en Corrientes, el PTP—Frente del Sur—fue aliado del PJ y la UCD en las elecciones correntinas) o detrás del “mal menor” radical.
Una franja del centroizquierda ha resuelto integrarse directamente al frente menemista o a la variante peronista del frente opositor que se está gestando. El PSP, integrante de la Unidad Socialista, que negoció con el gobierno el bloqueo a la candidatura de Bravo (PSD) en las últimas elecciones, a cambio del salvataje financiero del Hogar Obrero y de una participación en la “privatización” del puerto de Rosario, ha entrado en crisis. Un sector (Estévez Boero) es partidario de distanciarse del menemismo y otro (Cavallero) de mantener la alianza hasta el final. En Corrientes sostuvo la candidatura justicialista y en Tucumán uno de los dirigentes nacionales del PSD aliado al PSP ingresó al gabinete de Palito. Una vasta franja de dirigentes del PI ha sido cooptada por Duhalde.
Otro sector tiende a alinearse con el radicalismo. El Grupo de los 8 formó parte del MOP (Movimiento de Opinión Popular) dirigido por Zavalía en Santiago del Estero. En Catamarca, todo el arco centroizquierdista se integró al Frente Cívico y Social que llevó al gobierno al radical Castillo. Los parlamentarios centroizquierdistas son aliados permanentes del bloque radical en el Congreso y existe una aproximación política entre el bloque del CTA dirigido por De Gennaro y el storanismo.
El Frente del Sur es un rejunte sin principios, carente de programa e intervención en la lucha de clases. En la campaña electoral defendió la “estabilidad” cavalliana y se negó a plantear el desconocimiento de la deuda externa, es decir participa de todas las posiciones “programáticas” del resto del centroizquierda. Solanas es carne y uña con el mary-sanchismo y acompañó la posición camera de la dirigente de CTERA ante el paro de la CGT. Quienes se presentaron en sociedad con la pretensión de cambiar el modo de vivir y hacer la política resultaron ser unos arribistas. Luego de prometer que las candidaturas se establecerían por medio de internas abiertas, el supuesto frente terminó dividiéndose fruto de la disputa feroz por los cargos.
2. Izquierda
El conjunto de la izquierda ha profundizado su evolución democratizante. Quien ha ido más lejos es el Partido Comunista. Luego de años de crítica al “posibilismo” del centroizquierda, el PC se ha metido de cabeza en el CTA y en el Frente del Sur y es impulsor decidido del "Frente Grande". El PC busca disimular esta política rabiosamente derechista haciendo una cerrada defensa del castrismo y todos los homenajes posibles al Che.
El PC es una fuerza en liquidación. Subsiste por las fuentes de financiamiento que aún conserva, pero es casi nula su intervención en las luchas obreras y prácticamente ha desaparecido de la Universidad. El proceso de descomposición en sus filas continúa. Se ha formado una tendencia —"La Corriente"— que reivindica al Frente del Pueblo, IU y al Frente del Sur pero han tomado distancia de la propuesta de conformar un "Frente Grande" .
La crisis del Mas asume características terminales. Ala deserción de centenares de militantes obreros y juveniles, sobrevino la ruptura que dio origen al MST y otras menores. Asistimos en realidad al final de una corriente política que pretendió representar una variante original en base a una combinación de fraseología izquierdista y política oportunista. El morenismo fundó su política en la adaptación sistemática al “medio ambiente. Moreno pasó del antiperonismo gorila (45-48-51) a la disolución completa en las 62 organizaciones (Palabra Obrera); del anticastrismo también gorila (1959-1960) a la fusión con los castristas argentinos (formación del PRT y desarrollo de la teoría del “foco armado”). El morenismo fue maoísta y llegó a afirmar que el campesinado podía sustituir al proletariado como clase socialista revolucionaria, fue guerrillerista y propugnó el foco en reemplazo del partido, fue socialdemócrata y planteó su disolución en un partido centrista legal, fue peronista y concluyó con un planteo organizativo movimientista. No hay moda política, ideológica o de organización a la que el morenismo no se haya adaptado. En esta línea no guardó ningún escrúpulo, como lo revelan los telegramas de condolencia a los militares del Proceso, muertos por sus ex aliados foquistas. Al final fundaron el Mas bajo el "modelo" de los "socialistas"—entonces en ascenso electoral— Felipe González y Mitterrand.
El Mas no logró sobrevivir a la inconsistencia de sus caracterizaciones políticas más recientes (tomadas, por otra parte, del arsenal del lambertismo): la situación revolucionaria permanente, el frente contrarrevolucionario mundial (todo ello, mientras se propugnaba el "socialismo con democracia" y el gobierno obrero liberal). Cuando las circunstancias de la lucha de clases internacional y nacional colocaron al movimiento obrero frente a sus dificultades subjetivas (que el Mas despreciaba olímpicamente), el morenismo inició una liquidación que comenzó por sus caracterizaciones políticas: la revolución política devino en “derrota", el "plan" Cavallo habría logrado "estabilizar" al capitalismo en la Argentina. Es a partir de esta crisis profunda de caracterizaciones políticas que comienza el derrumbe organizativo, de "arriba hacia abajo" del Mas.
El MST expresa aquella fracción de la dirección morenista que pretende llevar hasta el final la experiencia de integración al Estado. El principismo del Mas es, por su lado, un disfraz superficial, no tiene diferencia de principios con el Mst y mucho menos con el morenismo.
El morenismo se ha agotado como expresión política. El PTS es la expresión mas aberrante y aventurera de esta descomposición.
3. Etapa, situación y pronóstico
"Por la envergadura de la crisis económica y su naturaleza internacional; por la crisis de los gobier-nos y aun de los estados burgueses sin excepción; por las contradicciones explosivas del "plan" Cavallo y sus limitaciones insalvables, por la crisis político-estatal, que se expresa en el hundimiento de los estados provinciales, la descomposición de la policía y la disgregación de las fuerzas armadas, por el agravamiento de las condiciones de misena de las grandes masas y el empobrecimiento creciente de la pequeño burguesía, por la acentuación de la explotación de la clase obrera y de las contradicciones y tensiones dentro de las empresas, por la situación sin salida de la juventud, por el hundimiento de los medios de protección social del Estado, por las tradiciones de lucha presentes en las masas, por la lenta pero segura consolidación del Partido Obrero, con referencia al país en su conjunto y a los sectores más activos del proletariado; por todo esto, la etapa politica en su conjunto es de alcance revolucionario, de combinación de crisis políticas con luchas populares; de luchas defensivas que tienden a salir del marco establecido, de posibilidades de brusca maduración de los explotados; de condiciones de crecimiento politico sobre bases revolucionarias". Así definió la etapa política el V° Congreso. Advertía que las derrotas de fines del ‘91 (Acindar, Somisa, Supe) habían determinado un reflujo en el movimiento obrero (iniciativa del gobierno en el plano político y reflujo obrero); pero que cualquier crisis en la cúspide con motivo de la lucha de camarillas, cualquier movimiento popular contra los ataques que se esperan en las provincias o contra los jubilados; cualquier conflicto salarial de envergadura, cualquiera de estos factores puede hacer girar la situación hacia crisis políticas y luchas de conjunto". Por referencia a esta caracterización, el agotamiento del plan económico, el agravamiento de la crisis politica y la irrupción de la movilización educativa determinaron un principio de giro en la situación. Este se caracteriza por una tendencia incipiente de las masas a tomar la iniciativa política y el pasaje del gobierno a una posición defensiva. De un relativo reflujo de las luchas sindicales hemos pasa relativo reflujo de las luchas sindicales hemos pasado, a partir de mayo al debut de un posible ascenso: huelga docente santiagueña, lucha de estatales en Cordoba y Neuquen, subterráneos, Propulsora, Astillero, paros y movilizaciones docentes. A esto se suma un proceso de movilizaciones de características populares—educación, jubilados, rebelión de los "colgados" de la luz. Al mismo tiempo, las principales iniciativas del gobierno están empantanadas: ley previsional, “flexibilización laboral”, salida a la quiebra de Aerolíneas, resolución de la crisis en la comuna porteña o en la provincia de Corrientes. A pesar de algunas derrotas transitorias de los trabajadores en frentes claves —Aerolíneas— el gobierno no puede aprovecharlas para afianzarse o resolver las crisis planteadas. Tiene, al mismo tiempo, que recurrir sistemáticamente a la oposición para manejar su retroceso (comuna porteña, Corrientes, cuestión jubilatoria).
El proceso de lucha de las masas no seguirá un camino rectilíneo o espontáneo, sino que sufrirá todo tipo de altibajos e interrupciones, reflejo de la crisis de dirección. Es decir, el peso de las traiciones de la “vieja" burocracia y de la "nueva" burocracia centroizquierdista.
¿Cuál es el desarrollo futuro de la crisis? La devaluación significará sacar a luz el colapso del "plan" Cavallo y asestará un golpe político al gobierno y a todos los que han salido a elogiar al "economista del año” (no olvidar que para De la Rúa y Angeloz es un ministro “excelente"). Además y por sobre todo, un golpe económico a las masas. Un estallido del “plan” podría determinar incluso, la caída del gobierno y la puesta en escena acelerada de un "gobierno de coalición”, que hoy preparan en bambalinas los Cafiero, Bordón y De la Rúa, con la supervisión del Departamento de Estado. La perspectiva de "derrumbe” del actual régimen político pondrá a prueba la capacidad de la clase obrera para aprovechar esa situación. La variante de una devaluación “ordenada”, cuyos efectos inflacionarios se atenúen por la recesión y la deflación mundial, es una posibilidad menor. Las elecciones de octubre tienen un papel decisivo en cuanto al ritmo de la crisis, pues un fracaso electoral del menemismo no sólo sepultaría sus posibilidades reeleccionistas sino que desataría un proceso de fundición acelerada del gobierno y descomposición del justicialismo.
4. Programa de acción
La política revolucionaria debe consistir esencialmente en la agitación contra el gobierno hambreador y entreguista, para que la conciencia de esta situación impulse a los explotados a luchar por su propio gobierno.
El aumento de los salarios en un 50% y la reivindicación de 1.000 pesos de salario mínimo debe encabezar una plataforma de acción.
La cuestión del salario está indefectiblemente unida a la lucha contra la reforma laboral. Esto plantea la liquidación del decreto 470, la defensa de los convenios colectivos, paritarios elegidos en asamblea, la reducción de la jomada de trabajo (frente a los avances de la productividad laboral arrancada a los trabajadores y utilizada por los capitalistas para disminuir sus planteles) y la resistencia al aumento de los topes de producción.
La situación recesiva y la quiebra industrial plantean la escala móvil de horas de trabajo (pago integral de la jomada de trabajo), reducción de la jornada con el mismo salario.
La lucha contra la entrega previsional es un punto crucial de movilización en la etapa actual, contra el desmántelamiento del sistema previsional que plantea la ley de jubilación privada, unido al reclamo de un mínimo de 500 pesos, que es la consigna que puede unir en un planteo de movilización al conjunto de los jubilados, y la defensa del 82% y la edad jubilatoria.
La destrucción de la educación pública tomará ahora la forma de liquidación de cursos y establecimientos, "transferidos” y de los otros, para “ajustarlos” a los destruidos presupuestos provinciales, al descuartizamiento previsto en la Ley de Educación. Además, el inicio de una segunda "transferencia”, esta vez, hacia los municipios. Está planteada, también, la liquidación de la estabilidad laboral docente y la diferenciación social entre escuelas públicas “pobres” y "ricas" a partir del aporte compulsivo a las cooperadoras (o la arancelización creciente en la Universidad). La resistencia contra la ejecución de la Ley ya ha comenzado y en realidad no cesó nunca, si se aprecian las huelgas y movilizaciones docentes y el proceso de reorganización de los centros de estudiantes. El significado concreto de la consigna “abajo la Ley de Educación” es la lucha práctica para impedir el arrasamiento de la enseñanza pública, lo que plantea, entre otras cosas, la ocupación de los colegios frente al intento de desmantelarlos. El salario, la estabilidad laboral para los docentes, la defensa de la gratuidad, la oposición al cierre de colegios y grados, la cuadruplicación inmediata de los presupuestos educativos estatales en todos los niveles son reclamos de características explosivas porque tienden a unir en la lucha a padres, jóvenes y docentes en una causa inmensamente popular. Los “autoconvocados” han vuelto a ponerse en pie y está planteada la formación de coordinadoras de lucha de delegados y activistas con vistas a actuar como bloque dentro de los sindicatos docentes y fuera de ellos.
La crisis de las “privatizaciones” y la lucha de los trabajadores cesanteados, “retirados” o “raciona-tizados” lleva a oponer al vaciamiento la consigna de la renacionalización bajo control de los trabajadores, el desconocimiento de la deuda externa con la que se ha hecho el remate, la recuperación de las conquistas perdidas y la readmisión de los trabajadores cesanteados. La lucha contra los tarifazos y otras consecuencias del proceso privatizador (levantamiento de ramales, corte del servicio eléctrico) ya es un poderoso eje de movilización (y lo será crecientemente). Plantea una política de conjunto, uniendo al trabajador usuario con el trabajador de la empresa, uniendo el reclamo del salario con el rechazo a los cortes y la denuncia del desfalco “privatizador”.
Hay que denunciar el sistema impositivo, el aspecto más silenciado de la expropiación cotidiana de los trabajadores. La burocracia de los sindicatos ha tolerado durante décadas el progresivo reemplazo de los impuestos a las ganancias (réditos) por los impuestos a los salarios (impuestos al consumo). Esto tiene que ver con una concepción que comparten centroizquierdistas e izquierdistas, de reforzar al Estado y obtener sus prebendas. El rechazo a esta confiscación silenciada debe apuntar a la derogación de todos los impuestos al consumo y el reclamo de impuestos progresivos y confiscatorios sobre el gran capital.
Este año habrá elecciones sindicales en banca-rios, telefónicos nacionales y seccionales, docentes en Córdoba y Salta, Conadu, municipales de Capital, sin que esta enumeración sea taxativa. Es necesario preparar este proceso con antelación. A través del reagrupamiento del activismo en tomo a un programa de reivindicaciones y una estrategia independiente en los sindicatos, estará planteado superar, en la oposición los planteamientos centroizquierdistas y el intento de regimentar el movimiento antiburocrático.
Los importantísimos procesos de reagrupamiento, en particular en secundarios, permiten hablar de una nueva situación en la juventud, fogueada en las luchas contra la transferencia, la Ley de Educación, el autoritarismo en los colegios y la represión policial. El proceso de organización juvenil es hoy más sólido que un año atrás, y es el factor más dinámico en la lucha planteada contra el desmantelamiento de colegios y escuelas. La autoconvocatoria para poner en pie centros de estudiantes, unir la lucha con padres y docentes, la iniciativa en la acción, en definitiva la construcción de una juventud de combate sólo tiene consistencia como herramienta de la política revolucionaria frente al resto de corrientes tributarias de los partidos patronales, el centroizquierda o el izquierdismo democratizante.
La lucha contra la reforma reaccionaria de la Constitución ocupará un lugar central en la campaña electoral, con los señalamientos y las consignas que hemos expuesto. Ligado a esto está la campaña contra nuestra proscripción y la de la izquierda, porque ésta forma parte del reordenamiento reaccionario del Estado. Llamamos a hacer una campaña contra la proscripción y a un frente de lucha contra ella. Esto nos permite, primero, explotar las contradicciones políticas generales planteadas en tomo a la reforma constitucional.
Segundo, reforzar la lucha por nuestra legalidad. Tercero, sumar a la izquierda a una campaña común y de este modo reforzar el frente de acción, alimentar un debate con su militancia y crear un precedente en ella misma contra todo tipo de proscripción.
5. Frente de Izquierda
La consigna llamando a formar un Comando de Izquierda apunta a tomar una iniciativa ideológica y práctica en la política de unidad revolucionaria. Esto no se limita a las luchas prácticas, también y sobre todo, debe apuntar a una agitación política contra el régimen existente. Debe tener un carácter organizado, es decir aspirar a objetivos de mediano plazo. La iniciativa debe ser también ideológica, para impulsar la deliberación colectiva de conjunto del activismo clasista o de izquierda. La política del Comando de Izquierda debe servir para incorporar a la política revolucionaria a nuevos contingentes de nuevos trabajadores.
El Mas y el Mst, al menos sus direcciones, están en contra de la formación de un Comando de Izquierda, sus posiciones de unidad se agotan en la cuestión de las elecciones y a su vez este tema los divide —sea por candidaturas o por manejo de la campaña. Un frente electoral, y por lo tanto parlamentario, no constituye una "alternativa de poder", pues el programa de la izquierda revolucionaria o aun las reivindicaciones inmediatas vitales y transicionales de las masas en el presente período de descomposición capitalista, no pueden realizarse en el marco del régimen político burgués y suponen, por el contrario, la toma del poder por el proletariado y la destrucción del Estado burgués—dictadura del proletariado. El Frepu o la IU fueron precisamente frentes electorales tanto en el aspecto metodológico como estratégico: sólo “funcionales" para las elecciones y sometidos al objetivo de la “democracia con justicia social”, es decir hacer más llevadero al capitalismo. La política del Comando de Izquierda plantea viabilizar al frente electoral como un aspecto estratégicamente secundario de una política de unificación práctica sistemática de la vanguardia obrera, la juventud y los demócratas en lucha.
El desenvolvimiento de la presente crisis deberá ir parejo a un realineamiento político como nunca hubo antes en la Argentina. El desenlace de esta crisis plantea a la vanguardia la necesidad de una organización propia, es decir el partido revolucionario.
17/6/93
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pág. 63 Rafael Fernandez