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El gobierno de Macri, una caracterización de conjunto

Por Jorge Altamira
Luego del verano del gobierno por decreto, Argentina empezó a transitar hacia un régimen de coalición a la carta.
La separación de Graciela Bevacqua del Indec es un síntoma oportuno de la crisis que se desarrolla en el nuevo gobierno, cuando ha cumplido poco más de dos meses de mandato. El ministro Rogelio Frigerio y el director Jorge Todesca parecen haber coincidido en la necesidad de recurrir, ellos también, a la manipulación estadística. Ocurre que la salida del cepo no ha resultado ser tan indolora como se la quiso presentar. La devaluación de partida del peso avanza a paso firme. El dólar, cuya cotización llegó a caer por debajo de los 13 pesos, empina con paso firme a los 16 -nada menos que un 60%, cuando aún no ha concluido la liberación, que se ha querido ‘graduar’, de las importaciones y del giro de utilidades al exterior. La tendencia devaluatoria ha doblegado, asimismo, al cepo que se pretende imponer por medio de las elevadísimas tasas de interés de referencia del Banco Central, que superan holgadamente el 30-32 por ciento. De acuerdo con la información periodística, los exportadores y grandes acopia- dores siguen reteniendo cereales en disconformidad con un tipo de cambio inferior a los 16 pesos. Las reservas en divisas han caído más de 1.500 millones de dólares desde la inauguración del mandato macrista. Cuando, a todo esto, se suma el ‘tarifazo’, al que también se describe como ‘gradual’, se diseña en el escenario nacional el fenómeno conocido como “rodrigazo”. En junio de 1975, la salida simultánea de varios cepos -cambiarios y tarifarios- dio paso a la primera de las hiperinflaciones que caracterizarían a la historia argentina, por ahora hasta el año 2002.
 
En el plan oficial, el impacto de la devaluación y el tarifazo -de nuevo, todos ‘graduales’- debía ser contenido por medio de un acelerado endeudamiento internacional. El crédito externo financiaría el déficit fiscal, en reemplazo de la emisión de moneda. Esto ‘anclaría’ el nivel interno de los precios y permitiría encarar las paritarias hacia la baja y reducir en forma ‘gradual’ la tasa de interés. La llave maestra para este andamiaje económico y político es el arreglo con los fondos buitre. Este arreglo se encuentra, sin embargo, trabado; por eso Macri busca, como antes CFK y el ‘resistente’ Kicillof, la mediación de Obama -él mismo acosado por esos fondos, que reportan a la derecha del Partido Republicano, en un año electoral. El fondo Elliot tiene en su cartera algunos bonos cuyo diseño le aseguran intereses estratosféricos, que no estaría dispuesto a resignar, sobre el valor original. La incertidumbre sobre lo que reporta este bono descalifica los cálculos apresurados de las consultoras macristas acerca del monto total de la deuda. Elliot quiere cobrar, asimismo, en los mismos términos del acuerdo con Repsol, con bonos que se puedan vender a valor nominal y con tasas de interés elevadas. En cualquier caso, Argentina debería endeudarse por cifras que van de 11.000 millones a 18.000 millones de dólares, a tasas de interés no menores al 7-8 por ciento. Más allá de esto, los buitres ‘duros’ quieren que Argentina derogue primero las leyes cerrojo y de pago soberano, algo que Macri no conseguiría del Congreso si no presenta antes los términos del acuerdo. La arquitectura político-financiera del gobierno macrista -el arreglo con los buitres y su aceptación por el Congreso- no ha conseguido poner aún su propia piedra basal. El mapa genético del régimen político, que procura establecer el nuevo gobierno, está siendo escrito por el capital financiero internacional.
 
Cuando se observa que Argentina debe unos 15.000 millones de dólares por importaciones y giros de utilidades pendientes y, además, otros 15.000 millones, aproximadamente, a los buitres, y que tiene obligaciones con bancos centrales por más de 10.000 millones por contratos de canje de monedas, más una deuda externa reconocida con acreedores privados del exterior de 150.000 millones, es difícil entender a los especialistas que aseguran que Argentina es un país ‘desendeudado’. Un país ‘desendeudado’ no necesita apelar a un rescate financiero internacional ni a créditos extranjeros para respaldar su propia moneda; al revés, podría ofrecer socorro financiero a otros Estados. Un monto de 200.000 millones de dólares de deuda externa, a tasas de interés enormes, frente a un PBI que la devaluación redujo a 500.000 millones, es un soberano 40 por ciento. Ahora, la deuda dolarizada es mucho mayor si se anotan los 70.000 millones que el Tesoro le debe al Banco Central, los 20.000 millones a la Anses y la deuda en dólares o ajustadas al dólar de la mayoría de las provincias.
 
La deuda publica anda por los 250.000 millones de dólares; millones son con el Banco Central, la Anses y otros organismos públicos; 65.000 millones con acreedores privados; 30.000 millones con organismos financieros internacionales.
 
El macrismo acaba de dar una muestra redonda del carácter externo de la deuda en dólares del Tesoro con el Banco Central al convertir millones de ella en bonos internacionales y poner en la lista de espera a otros 10.000 millones de dólares. La deuda ‘intra-estatal’ se ha convertido, por medio de una anotación contable, en una deuda externa. Un préstamo internacional de 16.000 millones de dólares, cuya única finalidad es reforzar las reservas del Banco Central, está lejos de constituir una inversión productiva como pregonan los ‘desarrollistas’ del oficialismo; solamente sirve como un seguro de cambio para respaldar a los especuladores de divisas. Ese préstamo obla un 6,5% de interés, muy por encima del establecido en los canjes de monedas con los bancos centrales de China y Francia, o del 0,5% de interés que pagaba el Tesoro al Banco Central. Argentina asiste a una bancarrota financiera internacional que la convierte en rehén del capital extranjero. El macrismo es la expresión política de esta dependencia económica.
 
Ha quedado desmentida la especie de que el endeudamiento del gobierno con la Anses, el Banco Central, el Nación, el Pami y la Lotería era inocuo, por su condición intraestatal que permitiría refinan- ciarlo en forma indefinida. El dinero de esas instituciones proviene de impuestos o diversas formas de deuda -o sea, del estado financiero de contribuyentes y usuarios. Un banco central no puede saldar su pasivo -deuda con bancos y público- si su activo, deuda pública, carece de valor mercantil. El Fondo de Sustentabilidad de la Anses, repleto de deuda pública, tampoco podría hacer frente a caídas en la recaudación impositiva o previsional, si el activo no pudiera ser usado.
Esta realidad explica que el macrismo se encuentre pergeñando una reforma jubilatoria, que va desde el aumento de la edad de retiro a fuertes restricciones para la jubilación de aquéllos que han efectuado aportes inferiores a los requeridos. También explica por qué la reforma de ganancias que se acaba de anunciar acentúa, en realidad, la presión del impuesto sobre los salarios.
 
A todo lo expuesto corresponde añadir, por un lado, la deuda nacional en pesos y, por el otro, el déficit fiscal, que es extraordinario. La deuda del Estado nacional y las provincias con bancos, proveedores y contratistas es enorme. La reciente crisis en la Legislatura bonaerense giró en torno de la contratación de deuda por 110.000 millones de pesos, la mayor parte para pagar deuda vencida. Los intentos del Tesoro nacional para colocar nueva deuda fueron declarados desiertos, antes con Kicillof, ahora con Prat Gay. El Banco Central tiene una deuda de 500.000 millones de pesos con los bancos locales e individuos. Está constituida por Letras ofrecidas a los bancos para absorber el excedente de moneda emitida, al 30% de interés anual, aproximadamente. La naturaleza parasitaria de esta deuda salta a la vista. ¡Es la principal fuente de la colosal ganancia de los bancos -supera cómodamente a las tarjetas de crédito, a pesar de que éstas rinden intereses usurarios! Otra deuda, ésta de carácter delictivo, son los contratos de dólar futuro, que el Banco Central pactó entregar a 10 pesos y a fines de febrero y de marzo estará un 60% arriba -a 16 pesos. Sólo esto lo obligará a emitir entre 150.000 millones y 200.000 millones de pesos, porque los contratos no admiten pagos en bonos. El déficit del Tesoro está calculado en 400.000 millones de pesos -un 8% del PBI-, el cual deberá ser financiado con emisión y deuda. El costo de esta financiación es abismal, pues corresponde a la tasa de interés vigente. Los especialistas disimulan lo que es un régimen de libre cambio -la deuda en pesos es deuda virtual en dólares, intercambiable, cuya cotización los especuladores aseguran por medio de contratos diseñados al efecto, por ejemplo los mencionados “futuros”.
 
El socorro financiero internacional potenciaría la bancarrota financiera, lejos de resolverla. El ingreso de dólares financieros supone una inflación monetaria equivalente, a cargo del Banco Central, cuya deuda igual supera el total de la base monetaria. Lo obligaría a absorber circulante y a aumentar esa deuda desmesurada. Los ‘ortodoxos’ alegan, por este motivo, que el ajuste -maxidevaluación, tarifazos, corte de gastos sociales, eliminación del déficit fiscal- debe preceder a un nuevo endeudamiento, y no al revés: endeudarse para obtener una financiación externa del gasto público. Como en toda crisis capitalista, exigen la liquidación del capital sobrante y la rebaja del precio de la fuerza de trabajo en todos sus aspectos. Es el desenlace inevitable de la bancarrota capitalista, incluso a nivel mundial -donde los intentos de amortiguarla por medio de subsidios de la banca central han llegado al punto de agotamiento: la aparición de tasas de interés negativas, donde el cliente paga al banco por sus depósitos, en lugar de recibir una remuneración (interés), significa la aniquilación del sistema de crédito y convierte a la banca en económicamente superflua para la acumulación capitalista.
 
El tarifazo, aún inconcluso, del mismo modo que el aumento artificial de los combustibles, tendrá un efecto cascada en los precios, a partir del incremento que producirá en los costos de la industria -o sea, más allá del encarecimiento de la canasta familiar que produce el ‘tarifazo’ residencial. El cuadro internacional, por su lado, apunta a una crisis bancaria generalizada, en especial en Europa, la cual incluye a Alemania (Deutsche Bank), Francia (Société Générale), Italia (Monte del Paschi, Unicredit). La conclusión que se impone es que el rodrigazo ‘gradual’ se encuentra en vías de extinción. El impasse ha abierto grietas en el equipo oficialista. Si el acuerdo con los buitres se dilata o sus términos bloquean la aprobación del Congreso, se abriría una crisis política enorme. El ‘gradualismo’ podría dar paso a un rodrigazo en toda la línea y a un choque decisivo con los trabajadores. Un recule hacia el intervencionismo estatal plantearía la misma situación en otros términos. La crisis política podría llevar a la formación de un gobierno de coalición a nivel ejecutivo y, en un caso extremo, la formación de un gobierno provisional electo por el Congreso.
 
Todos unidos perderemos
 
El apoyo de todos los bloques políticos patronales al gobierno, en estas primeras semanas, lleva el sello de la ‘defensa de la gobernabilidad’. Este apremio político determinó la formación del bloque de intendentes bonaerenses que aseguró el presupuesto del endeudamiento de María Eugenia Vidal y desbarató las presiones contrarias que se atribuían a El Calafate. La salida posterior de una veintena de diputados nacionales del bloque del Frente para la Victoria no fue precipitada por ningún episodio faccional: simplemente fueron cooptados para dar señales de que estaría asegurado el quórum para derogar las leyes que bloquean un acuerdo con los buitres. Numerosos otros pejotistas se guardan agazapados en el FpV para hacer lo mismo. En el Senado, el FpV ‘acompañó’ el despido intempestivo de numerosos empleados, incluso de su palo, para luego entregar la presidencia, y con ello la mayoría de la comisión de seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), a Cambiemos, a pesar de que con ello legitimaba la derogación inconstitucional de la ley audiovisual, que Macri había infiltrado en el decreto que modificó la ley de ministerios. La concesión de esa mayoría para el año en curso se explica por el propósito, por parte del bloque K, de habilitar la aprobación del DNU que avaló el préstamo de 6.000 millones de pesos al Banco Central, por parte de un grupo de bancos extranjeros. Ahora, los gobernadores dieron su respaldo al protocolo contra los piquetes, incluida Alicia Kirchner, quien ya había pedido la Gendarmería frente a los cortes de ruta de los obreros de la construcción en Santa Cruz. Luego del verano del gobierno por decreto, Argentina empezó a transitar al régimen de coalición a la carta -o sea un régimen de acuerdos diferentes y diversos protagonistas en cada caso, incluida la burocracia sindical. El eje de la coalición a la carta es dar sustento político a un socorro financiero internacional y a medidas de orden público que lo garanticen. Este régimen de coalición a la carta ya había sido visualizado durante la campaña electoral, cuando quedó claro que ningún gobierno obtendría mayoría absoluta en el parlamento, pero su necesidad se ha acentuado con la victoria de Cambiemos. La conferencia de prensa del bloque de diputados del FpV, el jueves 18, encabezada por Recalde y Gioja, dio su contribución a este régimen político singular cuando evitó pronunciarse acerca del voto a un acuerdo con los fondos buitre. Los gobernadores K respaldan con las dos manos ese acuerdo, porque ya están negociando créditos para las provincias con aval del gobierno nacional. La izquierda debe denunciar al conjunto de este régimen de complicidades recíprocas, no ya solamente al gobierno, como una agencia de los capitales financieros internacionales y de los fondos buitre.
 
Un régimen de coalición a la carta solamente puede funcionar sobre una base provisional, en especial cuando todos sus protagonistas tienen la mirada puesta en las elecciones parciales del año próximo. Plantea una situación de crisis, deliberativa, al interior de todos los bloques protagonistas. En el oficialismo esto es evidente a partir de las críticas que recibe por el descontrol de los precios; en el bloque de Massa, las protestas retoman la crítica a la salida, que caracterizaron como prematura, del cepo. La madre de todas las crisis tiene lugar, sin embargo, en el FpV No se trata de un pase de facturas por la derrota electoral. La cuestión, de nuevo, es la ‘gobernabilidad’; o sea, los acuerdos para hacer viable el gobierno macrista y, por lo tanto, la salida de la bancarrota financiera, que pasa por arreglar con los buitres; es lo que viene reclamando la burguesía nacional desde finales de 2011. Es, por otra parte, lo que intentó Kicillof a principios de 2014, solamente para rendirse ante los obstáculos que ahora enfrenta Prat Gay, y lo que buscó superar con los acuerdos ruinosos que firmó con Repsol y el Club de París: “volver a los mercados”. Cuando el mismo Kicillof explica en Página/12 los costos enormes que entraña un acuerdo con los buitres, la burguesía le contesta que le resultan más caros los intereses y punitorios que acumula, por el impase, la sentencia de Griesa y la falta de crédito internacional. Argentina ha salido de la experiencia kirchnerista en un estado de bancarrota, precisamente por la sumisión a la deuda externa, que consumió las reservas financieras del país. Una experiencia histórica de medio siglo de crisis deja en claro que no hay salida al estrangulamiento financiero de Argentina sin el repudio a la deuda externa usuraria.
 
Todo esto revela la limitación insalvable de la caracterización que ha visto en la victoria electoral del macrismo una derechización política del país, sin destacar lo más importante: el derrumbe del kirchnerismo expuso la incapacidad de la burguesía para resolver la parálisis de las fuerzas productivas del país por medio de medidas y demagogias nacionales y populares. En toda América Latina, con la salvedad de sus particularidades nacionales, el agotamiento de la experiencia bolivariana ha dejado expuesta una enorme crisis de poder en el marco de una bancarrota capitalista internacional. Este marco convierte a las tentativas de salidas thatcherianas en recursos políticos anacrónicos; en recursos que carecen, comparativamente, de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos. El desenlace de la crisis dependerá del resultado de los grandes choques de clases que plantea la nueva etapa.
El kirchnerismo camporista se ha esforzado, en estos dos meses, por alcanzar un objetivo imposible: presentar, por un lado, todo conflicto o choque con el nuevo gobierno como un enfrentamiento entre el ‘neoliberalismo’, de una parte, y la ‘causa nacional’, de la otra; y, por otro lado, anudar un acuerdo con el pejotismo instalado en el FpV, que ha sellado numerosos acuerdos con Macri en un tiempo récord.
 
Se ha movilizado contra el encarcelamiento arbitrario de Milagro Sala, mientras sus socios dejaban correr esa detención y festejaban la derogación de retenciones a la minería, y se disponen a avalar los DNU en las cámaras del Congreso. La consigna ahora es “la unidad peronista” con Gioja Barrick como presidente del PJ y una cómoda mayoría pejotista. Los pulpos mineros tendrían un partido ‘populista’ -Argentina es siempre una curiosidad. El camporismo no ha escarmentado con la derrota que le impusieron sus socios pejotistas, aliados a María Eugenia Vidal, en la discusión del presupuesto en la Legislatura bonaerense. El camporismo se alinea como furgón de cola de la coalición a la carta que caracteriza el momento político presente, al ratificar una subordinación estratégica al pejotismo.
 
En la lucha contra el rodrigazo macrista, los trabajadores deben exponer sus propios intereses de clase y de ningún modo permitir que esa lucha de carácter clasista sea oscurecida y, peor, deformada, como una oposición del kirchnerismo al macrismo. Uno y otro, lo prueba la larga gestión K, son expresiones del capital. Otorgar una expresión política kirchnerista a las luchas contra el ajuste aleja a las enormes masas que fueron llevadas por el kirchnerismo a una situación sin salida y a una gran fatiga política. Un frente único contra el macrismo debe ser completamente independiente del kirchnerismo y profundamente hostil a las manipulaciones de los grupos K en los movimientos populares. Por caso, los jefes del kirchnerismo no quieren asumir su responsabilidad política por los desfalcos financieros y ataques contra los trabajadores del Grupo 23, alimentado por el gobierno K hasta el absoluto final.
 
Después de doce años de protagonismo en la gestión capitalista K, con mineras, petroleras y banqueros incluidos, el conjunto de organizaciones de izquierda kirchnerista no tiene vocación de romper con el aparato capitalista del PJ y constituir una fuerza política independiente. No es casual que en el aniversario 40, el kirchnerismo ortodoxo hubiera criticado la ruptura de la JP con Perón en Plaza de Mayo. De la tragedia, ya se sabe, se pasa a la farsa.
Desenmascarar la duplicidad del kirchnerismo en todas sus variantes, es una tarea irrenunciable cuando se trata de desarrollar una vigorosa lucha obrera y popular contra los agentes de los fondos buitre en el gobierno.
 
1975-2016
 
Cuando el gobierno peronista desató el “rodrigazo” hace cuatro décadas, la reacción de la burocracia sindical fue, entonces, incluso más podrida que la que exhiben hoy Moyano y Caló, entre otros. Fue la respuesta de los trabajadores, y sus comisiones de fábricas independientes y clasistas, la que abrió un período de huelga general que duró un mes. Es precisamente lo que más teme el macrismo: que la zafra de paritarias comience con una gran huelga como son capaces de desarrollar los sindicatos y el clasismo docente. La crisis en la paritaria docente expresa esta situación. Es significativo que la resistencia a algunas concesiones a los maestros, que el gobierno estaría dispuesto a dar para iniciar las clases, parta también de los gobernadores kirchneristas. Con aliados como éstos, los enemigos lucen inofensivos. El “rodrigazo” es un ‘invento’ peronista, por eso muestra su colaboración con el ajuste macrista.
 
La burocracia sindical atiende, en primer lugar, a sus intereses materiales, no a los de los obreros. Por eso prioriza la deuda del Estado con las obras sociales, cuyos servicios alimentan las fortunas de sus familiares y allegados. Esto explica que haya dilatado una respuesta, con algunas excepciones, a la estampida inflacionaria a la fecha de convocatoria de las paritarias. Que ninguna de las diversas CGT haya presentado un programa alternativo al ajuste macrista, no indica solamente que se encuentra en uno de los puntos más bajos de su trayectoria como dirección sindical (los tuvo aún peores), muestra también la complicidad política de esa burocracia con el macrismo. No se puede excluir, para nada, que la burocracia se adelante a una reacción de las bases con la intención de contenerla, pero el factor principal será esa reacción y su potencial de desarrollar nuevos liderazgos y direcciones. Cualquier pronóstico en este sentido se encuentra condicionado a las alternativas de la crisis económica, sus derivaciones políticas y el empeño militante y la claridad política de los trabajadores más avanzados. La resistencia obrera al ajuste tomará un carácter político, en tiempos y ritmos que serán verificados por la propia acción.
 
El fin del período de vacaciones y la marcha del 24 de Marzo pondrán de manifiesto el estado de agitación que reina en nuestro pueblo. Existen convocatorias destinadas a reanimar el movimiento de activistas que fue paralizado el año pasado por peleas faccionales y las derrotas de conflictos sindicales, donde esas peleas faccionales ejercieron efectos indudablemente negativos. Se plantea el frente único de los agrupamientos independientes y clasistas sobre la base de una clara delimitación política: independencia de clase frente a cualquier variante que tributa al capital o al Estado capitalista; caracterización de la colaboración de todas las fracciones del capital, incluso con sus contradicciones, con el plan ajuste del macrismo y el plan financiero; un programa de reivindicaciones inmediatas junto a un programa alternativo al del ajuste capitalista -no importa si ese programa tiene aún un carácter elemental.
 
Las propias características de la crisis política deberá convertir al Congreso y a las legislaturas en un escenario de contubernios y, por lo tanto, de confrontaciones. A través del régimen de coalición a la carta, el macrismo buscará convertirlo en una escribanía de acuerdos que se tejerán a espaldas del pueblo. Este mismo epicentro podría convertir al Congreso en destino de manifestaciones populares, incluso de carácter general. Por las mismas características de la situación, el método de usar el Parlamento para convocar al pueblo a la acción directa y a desconfiar de soluciones legislativas, es más necesario que nunca. La experiencia de la izquierda en los parlamentos en los dos años pasados demuestra claramente que la acción legislativa, que siempre puede conservar un grado de utilidad, debe subordinarse a la exigencia de impulsar la lucha colectiva del pueblo. Ni qué decir de la importancia que tiene, para esta política, un amplio desarrollo del aparato de difusión de la agitación socialista.
 
Otra oportunidad histórica
 
Es casi un lugar común señalar que toda crisis de fondo, en Argentina, cuestiona la vigencia del peronismo y plantea su superación. Fue así después de la Libertadora, en los ’60 y ’70 del siglo pasado, y volvió a serlo en otras ocasiones, pero en especial en el Argentinazo. Una crisis es tal porque remueve todas las estructuras sociales y políticas establecidas.
 
“El pasado, sin embargo, oprime como un peso muerto el cerebro de los vivos”. Por eso no sorprende la aparición de una tendencia en la izquierda que, como en el pasado, se adapta políticamente a un peronismo cada vez más residual en el seno de las masas. El macrismo probó que la derecha atendió a esta realidad con mejores resultados que la izquierda; incluso inventó una sigla independiente para explotar el ocaso del peronismo. Admitir que una lucha sea secuestrada para plantear la dicotomía kirchnerismo-macrismo constituye una política que prepara nuevas derrotas y que bloquea la formación de una dirección socialista y revolucionaria del proletariado. Repetir la política del Frente del Pueblo, en 1985, que se disfrazó con un candidato peronista de izquierda o peronista independiente, es de nuevo pasar a la farsa. Los frentes de lucha son tales cuando exponen el carácter de clase de esa lucha, no cuando los escamotean.
 
Toda la situación política reclama que la izquierda revolucionaria tome la iniciativa; en principio, por medio de una agitación política enérgica. La agudeza de los problemas que plantea la crisis la puede convertir en dirección política en un período corto de tiempo. Es una cuestión que se plantea con toda fuerza a nivel internacional -o sea en la mayoría de los países.
 
 
20 de febrero de 2016
 
 
*Jorge Altamira es dirigente del Partido Obrero. Autor, entre otros, de los libros La estrategia de la izquierda en Argentina; La Asamblea Constituyente; Teoría marxista y estrategia política; El Argentinazo. El presente como Historia; Una nueva etapa histórica, Problemas políticos de 2004; No fue un “martes negro” más: las perspectivas socialistas de la bancarrota capitalista y El ascenso de la izquierda. Sus textos pueden leerse en Prensa Obrera y en facebook.com/jorge.altamira.ok
 

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