El lugar del primer peronismo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado nacional

Aportes a la campaña por la separación de la Iglesia del Estado

Este artículo se propone analizar la evolución de las relaciones entre el Estado y la Iglesia en la Argentina hasta el primer peronismo. Esto nos obligará a caracterizar, primero, el llamado “laicismo” de la generación del ’80, para luego desarrollar los progresos de la Iglesia católica en la década del ’30, que se intensificaron bajo el golpe del ’43, de orientación sumamente clerical. Luego desarrollaremos brevemente las principales líneas de convergencia y luego el conflicto creciente entre la Iglesia católica y el gobierno peronista, que culminó con la ruptura en 1954, uno de los prolegómenos del golpe de junio y luego el de septiembre de 1955.

El laicismo en general, y el argentino en particular

El llamado laicismo de la generación del ’80 en la Argentina es parte de un fenómeno más general y de alcance internacional, de fines del siglo XIX: el avance del Estado sobre áreas tradicionalmente copadas por la Iglesia, mediante, por ejemplo, el matrimonio civil, la educación laica, el avance de leyes como las de divorcio y, en particular en Francia, la separación de la Iglesia del Estado. Este laicismo se caracterizó por sus métodos institucionalmente “republicanos” y su tendencia a la transacción con la Iglesia, que se pretendió sostener como una institución enraizada socialmente y, de ninguna manera, erradicar su influencia.

El laicismo se caracteriza por su método de compromiso con la Iglesia. Contrasta con el abordaje revolucionario frente al poder de la Iglesia, propio de la revolución francesa y, luego de la revolución rusa o la revolución española. Estos métodos revolucionarios se explican porque, en sus orígenes, las revoluciones burguesas encontraron a la Iglesia como parte del antiguo régimen, aliada a la nobleza y las monarquías.

La revolución francesa abordó la oposición de la Iglesia con un programa y un método revolucionario. Bajo el peso de la movilización creciente del pueblo de París y luego del campesinado, se anuló el diezmo eclesiástico, se confiscaron las propiedades de la Iglesia, fruto de su rol como terrateniente desde la etapa feudal, y se anularon las cargas que pesaban sobre los campesinos, que favorecían a los terratenientes y a la Iglesia. Con la constitución civil del clero, aunque se terminaban los privilegios de los clérigos, el Estado se hacía cargo de su sostenimiento. Sin embargo, el impulso no se agotó en estas medidas, sino que estuvo vinculado con una lucha contra la ideología oscurantista de la Iglesia, que se manifestó en el retiro de altares y símbolos religiosos. Bajo este impulso, se aprobó el divorcio y el control civil de nacimientos y defunciones. Bajo el jacobinismo, el catolicismo fue reemplazado por un culto a la razón y luego al “ser supremo”. El calendario republicano reemplazó al calendario gregoriano.

Con Napoleón se produjo un retroceso y la Iglesia fue recuperando iniciativa, y fue firmado el concordato de 1801. Con él, se volvieron a tejer lazos entre el Estado francés y la Iglesia católica. La Iglesia renunció a reclamar las tierras confiscadas, el Estado reconoció que la religión católica era la de la “gran mayoría de los franceses” y se comprometió a pagar los salarios de los sacerdotes. Se retomó el calendario gregoriano. Con la restauración monárquica y la caída de Napoleón (1815), la reintroducción del catolicismo tomó nuevo impulso.

Contrastando con los métodos revolucionarios de la revolución francesa, que luego serían retomados, por ejemplo, en la revolución rusa o la guerra civil española, con el declive de la iniciativa revolucionaria de la burguesía, las relaciones con la Iglesia fueron conservadas en buena parte de los países europeos, de la misma manera que lo fueron, en muchos de ellos, las viejas monarquías.

Pero esto dejaba en pie la tarea de construir un Estado que fuera capaz de garantizar la dominación de clase de la burguesía en sus propios términos. Esto implica que fuera capaz de regular las relaciones al interior de la sociedad civil, la enseñanza, etc. El peso de la Iglesia en todos estos ámbitos fue entonces cuestionado por muchos Estados, como una forma de garantizar plenamente el desarrollo capitalista. La formación de la fuerza de trabajo, los matrimonios, los registros de defunciones, mecanismos que además afectan al control de la herencia, no podían ser gratuitamente dejados en manos de la Iglesia. Por lo tanto, el avance sobre estos terrenos mediante la legislación de los nuevos Estados nacionales representó una agenda que tuvo un alcance internacional, porque respondió al impulso de las necesidades sociales de la burguesía. A diferencia de los avances revolucionarios contra la Iglesia, el laicismo fue un movimiento que encuadró esos avances dentro de los marcos legales de respeto al lugar ganado por la Iglesia como sostén ideológico del orden social -o sea, se caracterizó intrínsecamente por una línea de compromisos con la misma.

El laicismo en la Argentina fue una expresión limitada de este proceso. Mientras Francia estableció la separación de la Iglesia del Estado en 1905, la Argentina conserva, hasta la actualidad, el artículo 2 de la Constitución de 1853, que sostiene: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Inclusive, entre los constituyentes del ’53 había tres sacerdotes. El artículo 77 de la Constitución establecía que el presidente y vicepresidente debían profesar la religión católica.

Entre los hitos del “laicismo” argentino se incluye frecuentemente la Ley 1420. Pero la misma no es estrictamente una ley laica, sino que limita la enseñanza religiosa a estar por fuera del horario escolar, teniendo un rango no obligatorio. En efecto, el artículo 8 de la ley sostiene: “La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”. Esto daba prerrogativas para introducir la enseñanza religiosa.

La Iglesia tiene el estatus de persona pública en el Código Civil de Vélez Sarsfield, igualándola al Estado nacional y las provincias. El artículo 33 del Código Civil sostiene:

“Artículo 33. Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

Tienen carácter público:

1°. El Estado nacional, las provincias y los municipios.

2°. Las entidades autárquicas.

3°. La Iglesia católica.

Tienen carácter privado:

1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.

2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”.

Como se ve, la ligazón con la Iglesia fue constitutiva para el Estado nacional argentino, a pesar del proclamado “laicismo” de la Ley 1420, del establecimiento de la libertad de cultos o del matrimonio civil.

Dentro de esta relación, el Estado fue desarrollando un control de la Iglesia, mediante la designación de los obispos (luego ratificados por el Papa) o el control de la difusión de las bulas papales. La contrapartida fue un impulso del Estado en la formación de seminarios, seminaristas, nuevas camadas de eclesiásticos, lo que se reflejó en un crecimiento en el número de diócesis, parroquias y, por lo tanto, en un reforzamiento del peso territorial de la Iglesia[1]. Este impulso material contribuyó a rescatar a la Iglesia de los golpes que había recibido en el período de las guerras de la independencia y luego las guerras civiles.

Según señala Lila Caimari[2], en 1864, la diócesis de Buenos Aires tenía solamente 35 sacerdotes. “Alrededor de 1860, el Estado comenzó a colaborar con la fundación de nuevos seminarios con el fin de comenzar la regeneración de cuadros locales de este clero, todavía dependiente del personal enviado de Europa”. Según la autora, la reinserción de numerosas órdenes religiosas a partir de 1880 contribuyó a la formación mucho más numerosa de sacerdotes. Al mismo tiempo, se fueron creando nuevas diócesis: La Plata, Santa Fe y Tucumán (1897), Santiago del Estero (1907), Corrientes y Catamarca (1910), que se agregaron a las tradicionales de Buenos Aires, Paraná, Salta, Córdoba y San Juan.

El peso de la Iglesia, por otro lado, se mantuvo largamente en la educación superior, sin ser cuestionado por el orden liberal. La influencia clerical en la Universidad de Córdoba, a través de la logia profesoral de la Corda Frates, sectores clericales condicionaban toda la vida universitaria. Este régimen fue cuestionado solamente por la movilización estudiantil durante la reforma universitaria, que impulsó el co-gobierno, y la autonomía de las universidades, la actualización académica, las cátedras libres y cuestionó el régimen aristocrático y clerical de enseñanza.

La Iglesia y la “cuestión social”

Esto no quita que, para la Iglesia, el período del laicismo y sus leyes emblema, como el matrimonio civil o la Ley 1420, esta última con todos los límites que hemos detallado, fueran denunciados como una avanzada del Estado sobre los privilegios de la Iglesia y que la misma se propusiera hacer retroceder estos avances.

La Iglesia argentina comenzó a jugar un rol crecientemente más activo con el desarrollo, también creciente, de la llamada “cuestión social” -o sea, la lucha de clases.

Para ello, la Iglesia se apoyaba en un desarrollo a escala internacional. Hasta el papado de Pío IX, la Iglesia sostuvo que de ninguna manera podía reconciliarse con la modernidad. Sus herederos, en cambio, también denunciando el laicismo, trataron de profundizar en encontrar para la Iglesia un rol en el mundo moderno. Esta agenda se plasmó fundamentalmente en las encíclicas del papa León XIII, que abarcaron una multiplicidad de aspectos de la relación entre la Iglesia y la vida moderna. La más significativa, sin duda, fue la encíclica Rerum novarun (1891). La misma fue casi contemporánea a la fundación de la II Internacional (1889). Planteaba que la cuestión más importante de la modernidad era la emergencia de la lucha de clases. Comenzaba entonces por un intento de refutar al socialismo como vía de salida a la crisis social. A partir de aquí, desarrollaba ampliamente el rol que debía tener la Iglesia en la conciliación de los conflictos sociales. La encíclica Rerum novarum planteaba una agenda de organización de círculos obreros católicos, los acuerdos corporativos, la defensa de un piso salarial, etc. Y colocaba esta agenda como parte de una limitación de los privilegios generados por el orden capitalista. El planteamiento del problema comenzaba así:

“Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros; la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por la punzante ansiedad en que viven todos los espíritus; esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres” (León XIII, encíclica Rerum novarum).

La encíclica se plasmó en un plan de actividades del catolicismo en todo el occidente. En la Argentina, por ejemplo, a partir de 1892 comenzaron a fundarse los Círculos Obreros Católicos. Los mismos tenían una posición fundamentalmente antihuelgas, y ocuparon, dentro del movimiento obrero argentino, un lugar relativamente secundario frente a las corrientes predominantes (el anarquismo, en un principio, en sindicalismo revolucionario y el socialismo, posteriormente). Sin embargo, fueron una muestra de la intención de la Iglesia de intervenir activamente como factor de contención en la lucha de clases. Esta agenda “social” de la Iglesia contó también con otras iniciativas. Así, se fundaron distintas asociaciones que fueron absorbidas, en 1919, por la Unión Popular Católica Argentina (UPCA).

La personalidad que por esos años fue condensando esta orientación de la Iglesia argentina fue monseñor De Andrea, quien encabezaba la recién citada UPCA. De Andrea, además, jugaba un rol en la dirección de los círculos de obreros católicos y desarrolló, desde un lugar de vínculos muy estrechos con la oligarquía, un discurso de promoción del catolicismo como herramienta de control frente a las tendencias revolucionarias que se expresaron, por ejemplo, en la Semana Trágica. En los sucesos posteriores, en la década del ’30 y del ’40, De Andrea constituyó el ala liberal, en general minoritaria dentro de la Iglesia.

Los años ’30

El recurso de la clase dominante criolla a la Iglesia como método de control social tuvo un primer salto en la década del ’30. La crisis mundial de los ’30 tuvo un impacto directo en la Argentina. Por un lado, provocó el derrumbe de las exportaciones y los precios de las materias primas exportadas por el país. Por otro, el golpe de Estado contra Yrigoyen y el posterior fracaso de la tentativa corporativista de Uriburu dieron origen a un régimen político basado en el fraude y en la “concordancia”, con el conservadurismo liberal tradicional y la UCR “antipersonalista” a la cabeza, junto al Partido Socialista Independiente. El fraude contribuyó a sostener el régimen bajo la presidencia de Justo, y luego a digitar a su sucesor, Ortiz. Habiendo surgido del golpe de Estado, el régimen de los ’30 tenía en el ejército un pilar fundamental.

Los gobiernos de los años ’30 intervinieron activamente en la economía, pero al rescate de los intereses tradicionales. Esa fue la función original de la Junta Nacional de Granos y, por supuesto, del vergonzoso pacto Roca-Runciman, por el cual el país hacía una cantidad de concesiones enormes al imperialismo inglés para garantizar el ingreso de la carne argentina al mercado londinense.

Los ’30 fueron también una etapa de desarrollo de la industria por sustitución de importaciones. La caída de los precios y volúmenes de las exportaciones argentinas hizo imposible continuar el flujo de importaciones. A la sombra de esta situación se desarrollaron industrias livianas, que fueron alimentando el crecimiento de la clase obrera en toda el área metropolitana de Buenos Aires y otras grandes ciudades. Esta clase obrera protagonizó grandes combates. El más destacado fue la huelga general de 1936, desatada por la huelga de la construcción. Fue, además, una etapa de desarrollo del Partido Comunista en los sindicatos, frente a las direcciones tradicionales provenientes del socialismo o del sindicalismo.

En este cuadro político, la Iglesia encabezó un impulso central para colocarse en el centro de la vida política y social. Bajo el impulso de la crisis del liberalismo, la Iglesia fue conformando un discurso que colocaba bajo el signo católico la evolución de la nacionalidad y las perspectivas de estabilización del orden político y social. Este discurso se combinaba con el hispanismo, la reivindicación de los orígenes virreinales del país, y la crítica al liberalismo y al (como vimos, limitado) laicismo que lo sucedió.

La Iglesia concentró fuertemente su tarea en los cuarteles. Durante los ’30 se fue forjando una relación entre la Iglesia y el ejército, que fue un dato sobresaliente durante décadas en el país. Los capellanes militares adquirieron una importancia fundamental. La cristianización creciente del Ejército se fue transformando en un pilar fundamental del todo el régimen político, dado el peso que tenía el Ejército en el sostén de ese régimen, caracterizado por el fraude “patriótico”.

Pero si la Iglesia se concentró en el Ejército, hay que decir que este impulso fue acompañado por grandes y masivas concentraciones católicas. La más importante de ellas fue el Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Dicho congreso contó con la visita del cardenal Pacelli, futuro papa Pío XII. Fue un acontecimiento masivo, con grandes concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires y un enorme impulso de parte del poder político, corporizado en la oración dada por el presidente Justo en el cierre de las celebraciones, o en el feriado establecido en todo el país para participar y el apoyo en todos los aspectos[3]. Así, el mismo Estado promovía icónicamente la imagen de la espada y la cruz como emblema de la colaboración entre el Estado y la Iglesia. Para comprender el sentido político del congreso, hay que tomar en cuenta que una de las consignas coreadas fue “Cristo o Lenin”.

Esto, por supuesto, no quiere decir que las diferentes corrientes nacionalistas vinculadas con el catolicismo que se fueron desarrollando fueran oficialistas. Estas corrientes, en muchos casos, rechazaron a los gobiernos de los años ’30 por liberales. Hay que recordar que pesaban sobre la sociedad argentina los modelos fascistas que estaban emergiendo en Europa. Mientras entre la clase obrera se desarrollaba una amplia corriente de solidaridad con la República y antifascista en la guerra civil española, el nacionalismo hispanista de cuño católico se inspiraba en el franquismo y en el fascismo italiano. Los nacionalistas fueron críticos del carácter abiertamente pro-imperialista del gobierno de Justo.

Un terreno en donde el peso de la Iglesia se incrementó fuertemente durante los años ‘30 fue la educación. La educación religiosa en las escuelas avanzó enormemente en las provincias. El emblema fue la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno conservador de Manuel Fresco la implantó en las escuelas, luego de que se incluyera su obligatoriedad en la Constitución provincial, reformada en 1934. El artículo 190 de la Constitución provincial sostenía: “la educación común tendrá, entre sus fines principales, el de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias y en 108 principios de Ia moral cristiana, respetando la libertad de conciencia”.

Es interesante reproducir el decreto que introduce la educación religiosa católica en las escuelas del Estado en la provincia de Buenos Aires (1936):

“(…) 2º. Se establece en las escuelas primarias de la provincia la enseñanza de la religión católica, que se impartirá dentro del turno escolar y durante una hora semanal, pudiendo ser dividida en dos clases. 3º. Las personas que tengan a su cargo la enseñanza de la religión católica serán designadas por la Dirección General de Escuelas, debiendo recaer dichos nombramientos en personas autorizadas por la autoridad eclesiástica. 4º. El programa y textos correspondientes a dicha enseñanza serán aprobados por el Consejo General de Educación, previa conformidad de la autoridad eclesiástica. 5º. Los padres de familia que pertenezcan a otra religión que no sea la católica y que no deseen para sus hijos la citada enseñanza, lo manifestarán por escrito a los señores directores de escuela. A esos niños se les dará, durante esa hora, instrucción moral y cívica. 6º. La Dirección General de Escuelas designará el funcionario a cuyo cargo esté Ia inspección de la enseñanza religiosa. La autoridad eclesiástica nombrará en cada distrito uno o más delegados a los efectos de que se entienda con las autoridades escolares correspondientes, con la facultad de inspeccionar los cursos de enseñanza religiosa”[4].

O sea, no solamente se implementaba la educación religiosa, sino que, bajo el decreto, la Iglesia católica designaba autoridades de control en el marco del Ministerio de Educación y a los propios docentes de religión, y adquiría facultades de control en todo el sistema público.

La defensa a ultranza de la educación religiosa en las escuelas públicas, que había avanzado en las provincias, llevó a la Iglesia a un choque con el gobierno de Ortiz, que envió al Congreso un proyecto de ley nacional que no la eliminaba, pero la colocaba en el marco de la enseñanza de religión en igualdad de condiciones con el resto de los cultos. La Iglesia encabezó una reacción virulenta, que se acrecentó con la intervención por parte de Ortiz a la provincia de Buenos Aires, desplazando a Manuel Fresco. Las limitadas ínfulas “liberales” de Ortiz representaban un matiz en un rumbo de avance que la Iglesia no estaba dispuesta a que se cuestionara[5].

La Iglesia frente al golpe del ’43

En un cuadro de un gobierno sumamente desprestigiado, el detonante del golpe de Estado de 1943 fue la candidatura presidencial de Robustiano Patrón Costas, quien, dentro del conservadurismo, era partidario del viraje de la Argentina para abandonar la neutralidad y encolumnarse con Estados Unidos en la guerra.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia mantuvo una neutralidad expectante. Son numerosas las denuncias de la complicidad del papa Pío XII (Pacelli) con el nazismo. La Iglesia vivía un clima de antisemitismo interno y no declaró la solidaridad con los futuros ganadores sino hasta la navidad de 1944, cuando Pío XII alineó a la cristiandad con el discurso liberal y de defensa de la “democracia” frente a la evidencia de la causa del Eje estaba perdida.

La Iglesia argentina, durante los ‘30, se vinculó especialmente con los grupos nacionalistas que rechazaban el alineamiento con los aliados. Los nacionalistas consideraban al catolicismo como una parte de la esencia nacional. Pensaban que la ideología nacional católica era una base para rechazar, a su vez, al liberalismo clásico, que estaba encarnado en el país por el laicismo de los ’80, como también, fundamentalmente, al comunismo. En muchos casos, esta neutralidad escondía una simpatía por las potencias del Eje, a pesar de los choques entre Mussolini y el Papa. El franquismo fue, en este sentido, muy influyente entre los católicos, por haber rescatado a la Iglesia española de los ataques de la República y la revolución. La guerra civil española tuvo una extensa repercusión en el país.

Todos estos factores explican el apoyo de la Iglesia al golpe del ’43. Por un lado, los militares nacionalistas, y especialmente el GOU, tenían una relación privilegiada con los nacionalistas católicos. Pero además, el golpe vino a combatir el alineamiento de la Argentina en el bando aliado, un objetivo también acompañado por la Iglesia[6].

El gobierno del golpe del ‘43 vino a satisfacer la agenda de la Iglesia en una multitud de aspectos, desde la colocación de crucifijos y símbolos religiosos en las dependencias públicas hasta la educación religiosa y la intervención de las universidades por interventores ligados al catolicismo.

La más importante de las mismas fue el decreto dictaminando la educación religiosa obligatoria en las escuelas del Estado en todo el país. Vino a satisfacer una vieja reivindicación de la Iglesia, basada en la crítica de la Ley 1420. Fue promulgado por el presidente Ramírez, el 31 de diciembre de 1943. En 1944 estaba en marcha y duró hasta el choque entre Perón y la Iglesia en 1955, siendo convalidado por ley en 1948, por el Congreso, de mayoría peronista.

Complementariamente al dictamen de la educación religiosa en las escuelas estatales, se desarrollaron las intervenciones de las universidades. La más representativa fue la de Jordán Bruno Genta en la Universidad del Litoral, que generó una movilización extendida de estudiantes y docentes en contra. Proveniente del nacionalismo católico, Genta aplicó exoneraciones a docentes y separaciones de estudiantes de la universidad como medidas disciplinarias para garantizar el control ideológico de la misma. La pulseada terminó, finalmente, con el régimen exigiéndole la renuncia a raíz de las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, fue designado inmediatamente al frente del Instituto del Profesorado Secundario[7]. Las intervenciones (y también las movilizaciones estudiantiles y docentes denunciándolas) proliferaron en todas las universidades del país, apuntando a garantizar un control de las mismas por parte de elementos provenientes de la derecha católica y nacionalista.

Dentro de esta agenda, la política social del peronismo en esta etapa fue vista por la Iglesia (una interpretación alimentada por el mismo Perón) como una expresión de las orientaciones de la encíclica Rerum novarum. Esto incluso aunque la tendencia a estatizar los sindicatos y priorizar el sindicato único por rama industrial llevó al choque con los círculos obreros católicos. Así, durante toda primera etapa, la Iglesia se alineó al gobierno del ’43.

A medida que se iba desmoronando el Eje en Europa y el régimen militar iba perdiendo apoyo entre las clases medias y altas en el país, y chocando con el imperialismo norteamericano, la política obrera de Perón, junto con el apoyo de Iglesia y el Ejército, fueron quedando como los únicos recursos del gobierno para superar su aislamiento.

Esto contribuyó al desarrollo de una polarización política en el transcurso de 1944, que fue abonando la formación de un frente muy amplio de oposición al gobierno de Farrell, que culminaría en la formación de la Unión Democrática. El discurso “democrático” del Papa, favorable a los aliados, en la navidad de ese año contribuyó al cuadro de polarización al interior de la propia Iglesia. Los sectores liberales de la Iglesia (monseñor De Andrea, por ejemplo) tendieron a alinearse con la Unión Democrática, pero eran ampliamente minoritarios dentro del universo católico.

Luego del 17 de octubre, estando en marcha el proceso electoral, la Iglesia debió definir una posición en el proceso político. Llamó entonces a votar a los partidos que cumplieran ciertas condiciones, entre las que incluyó la defensa de la educación religiosa en las escuelas católicas. La Unión Democrática, semanas después y contra esta posición, se manifestó en su plataforma en favor de la educación laica, en contraposición con el peronismo. El peso de los sectores movilizados del estudiantado y del PS y el PC terminó definiendo a la UCR en favor de esta opción, que finalizó por inclinar el tablero en favor del peronismo para la Iglesia católica[8].

El alineamiento de la Iglesia con el peronismo no pudo ser más abierto, porque la alta sociedad porteña, tradicionalmente católica, estaba ampliamente volcada en el campo contrario. El peronismo asumió así de la mano de la Iglesia católica.

La Iglesia y el peronismo

El alineamiento del peronismo con la Iglesia se reflejó en toda la primera etapa de su gobierno, aunque no sin contradicciones. La gran prueba de fuerza de esta alianza fue el envío, por parte del gobierno al Congreso Nacional, del decreto de 1943 de educación católica obligatoria en las escuelas del Estado, en 1948. Por el origen de muchos de los diputados peronistas, que provenían de sectores tradicionalmente anticlericales del movimiento obrero, dicha votación fue un momento especialmente delicado. Perón logró imponer la votación de la ley, involucrándose personalmente en aglutinar a los diputados de su partido.

La votación fue un episodio de la ruptura del bloque peronista con los diputados laboristas, agrupados en torno de Cipriano Reyes, quienes defendieron el laicismo y se opusieron a la educación religiosa en las escuelas del Estado. Reyes, dirigente obrero del gremio de la carne y fundador del Partido Laborista, quien había sido el andamiaje partidario de Perón en 1946, finalmente terminó siendo encarcelado y torturado cuando viró a la oposición a su gobierno, bajo la acusación de preparar un atentado en su contra.

El debate es muy significativo sobre la relación entre el peronismo y la Iglesia, uno de cuyos centros fue la necesidad de volcar al catolicismo al movimiento obrero. Perón fue desarrollando una política de cooptación de las organizaciones obreras y estatización de las mismas. Hasta la emergencia del peronismo, el comunismo, el socialismo y el sindicalismo eran las corrientes más significativas del movimiento obrero. Todas provenían de la izquierda, tradicionalmente anticlerical. Para el peronismo, la introducción del catolicismo en las organizaciones obreras era un factor de integración al Estado y de combate contra la izquierda en el movimiento obrero. Reyes, surgido del seno del laborismo, levantó la oposición a la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado en nombre del anticlericalismo tradicional en el movimiento obrero. Para Perón, imponer la defensa del catolicismo en el movimiento obrero organizado era un objetivo enorme, que tenía el sentido estratégico de integración a una perspectiva nacionalista y de colaboración de clases. Así, la derrota política y el posterior encarcelamiento de Reyes, que son un episodio importante de la saga que conduce a la estatización del movimiento obrero para encolumnarlo tras el gobierno de Perón, son también una poderosa señal ideológica en el sentido de que la estatización del movimiento obrero también significaba la conversión, más o menos forzada, al catolicismo, de la burocracia sindical.

Sin embargo, el alineamiento de Perón con la Iglesia no tenía el mismo sentido que bajo los gobiernos del ’30 o incluso en el ’43. Se colocaba ahora como parte de la estrategia de un movimiento nacionalista, bajo el cual la clase obrera había realizado conquistas importantes y que había derrotado una asonada golpista (del 9 de octubre de 1945) por la movilización, del 17, del movimiento obrero. Luego de eso, Perón organizó su campaña electoral con el lema “Braden o Perón”.

En esta confrontación, el Partido Socialista y el Partido Comunista, se alinearon con la oposición “democrática” (gorila), integrando la Unión Democrática. El PS y el PC caracterizaban al gobierno de Farrell como fascista y a Perón como un continuador demagógico de esta política. Imaginaron un frente “antifascista” y terminaron de segundo violín del radicalismo y los conservadores, incluso denunciando conquistas obreras como una expresión de oportunismo del régimen. El stalinismo criollo siguió las huellas de la alianza internacional de los acuerdos de post guerra con los norteamericanos.

Los elementos de la política nacionalista y clerical de Perón se combinaron, por ejemplo, en la política universitaria. La defensa de la injerencia religiosa en las universidades continuó, a través de la intervención de las mismas y la persecución a los docentes opositores. Pero a su lado se dictaminó el ingreso irrestricto a las universidades, el fin de los exámenes de ingreso y la creación de la Universidad Obrera. Estas medidas apuntaban a ampliar la base social del estudiantado universitario. De esta forma, por un lado, Perón respondía a su base en el movimiento obrero, para la cual el ingreso a la universidad era un objetivo de ascenso social. Por otro lado, apuntaba a que la ampliación del estudiantado universitario fuera una forma de lograr quebrar el apoyo, hasta entonces masivo, que la oposición derechista había tenido entre los estudiantes.

La contradicción entre un régimen nacionalista bajo el cual la clase obrera obtuvo innegables conquistas, pero cuya matriz política era una alianza entre el Ejército y la Iglesia, dos instituciones de naturaleza reaccionaria, se pudieron apreciar también en la cuestión del voto femenino. Este indudable avance para las mujeres fue impulsado en la Argentina en forma relativamente tardía. Las corrientes sufragistas dentro del movimiento de mujeres planteaban la reivindicación desde fines del siglo XIX. En comparación, el voto femenino se conquistó en Brasil en 1932 y en Uruguay en 1938. En la Argentina, el Partido Socialista había impulsado el voto femenino, por ejemplo, a través de un proyecto de Mario Bravo en 1928 y, luego, en la década del ’30, una comisión lo había tratado en el Congreso bajo el impulso de Alfredo Palacios[9].

Ya desde la etapa de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el peronismo naciente comenzó a impulsar el voto femenino, vinculado con la organización de una corriente de mujeres dentro del movimiento obrero. Así, por ejemplo, en 1945 (todavía bajo el gobierno de Farrell) se organiza, el 26 de julio, un acto en el Congreso en favor del voto femenino, con la presencia de Perón, con representantes de enfermeras, docentes, escritoras y operadoras telefónicas. En la otra vereda, el “feminismo” tradicional, agrupado en la Asamblea Nacional de Mujeres, encabezada por Victoria Ocampo, rechaza la posibilidad de que el gobierno de facto otorgara el voto femenino y lo entiende como una maniobra que apuntaría a garantizar la continuidad del gobierno militar, que caracterizaban como fascista.

El voto femenino no llegó a ser otorgado por decreto en 1945, sino que fue tratado en el Congreso en 1947, en una ley que obtuvo amplia mayoría. Evita se puso personalmente a la cabeza de la campaña por la aprobación de la ley, lo que la proyectó enormemente en el escenario político nacional. La campaña por el voto femenino se combinó entonces con una campaña para promover el rol de participación de la mujer en los términos en los que el peronismo lo concebía.

¿Cuáles eran esos términos? Para Eva, el sufragio femenino evocaba “la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha maravillosa de tu propio país” (27/1/47)”, “la facultad de elegir y vigilar desde la trinchera hogareña, el desarrollo de esa voluntad” e incluso “aquello que el país tiene de más puro e incorruptible: la conciencia de una madre de familia, la conciencia de una mujer para quien Dios creó el supremo derecho a crear” (12/2/47).[10]

Como vemos, la campaña por el voto femenino en el país se desarrolló desde un discurso de cuño católico, según la cual el rol de la mujer en la lucha por la “liberación nacional” era la permanencia en el hogar, las tareas de cuidado, etc. O sea, se colocó el voto femenino en favor de un embellecimiento de la situación social de subordinación de la mujer.

El Partido Peronista Femenino fue muy a fondo en esta orientación, canalizando una tendencia a la movilización política de mujeres muy encuadrada desde el Estado y que servía de sostén a los valores tradicionales de la “feminidad”, en un discurso que entroncaba claramente con el de inspiración católica. Así, la conquista del voto femenino era puesta al servicio de un discurso que promovía los valores católicos y postulaba a la mujer, desde el hogar, como una guardiana de dichos valores:

“Toda mujer debe votar conforme a su sentido religioso… La mujer que está dando su voto, el matiz de su honradez de conciencia, no podrá equivocarse en su designio político si viene de un hogar sometido a la inflexible ley de Cristo” (Eva Perón, 26/2/47).[11]

La crisis

La relación entre el peronismo y la Iglesia se quebró en 1954, cuando el peronismo encabezó una ofensiva cuyo elemento más resonante fue la eliminación de la educación religiosa en las escuelas del Estado. Como parte de esta ofensiva, el gobierno sancionó, a fines de 1954, la ley de Divorcio vincular. Paralelamente, con un decreto, el gobierno estableció la autorización de funcionamiento de los locales de prostitución. En este cuadro de crisis, la Iglesia comenzó a alinearse con los sectores golpistas dentro del Ejército. Cuando, en junio de 1955, la Marina bombardeó el centro porteño, asesinando numerosos civiles en un intento frustrado de golpe de Estado, el peronismo respondió movilizando a su base a una quema masiva de iglesias. Luego, en septiembre de 1955, la Iglesia apoyó el golpe de Lonardi. ¿Cómo se gestó esta crisis?

A partir de 1950-51 se empieza a desarrollar una tendencia en el peronismo a la estatización del culto, en el sentido de ir desplazando discursivamente el apoyo a la Iglesia católica por un culto propio o de Estado. La comparación de Perón con Cristo, de Evita con la Virgen de Luján, combinada con otros elementos, como la apertura a una libertad de culto que favorecía cultos afines al peronismo pero que no eran católicos (como el espiritismo), fueron generando grietas en la relación entre el régimen y la Iglesia[12].

Es ilustrativa la confrontación entre la Iglesia Católica y el espiritismo para ilustrar la situación. En 1950, Perón y Eva enviaron una carta de adhesión al acto espiritista de la “Escuela Científica Basilio”, cuyo lema era “Jesús no es dios”. La adhesión se habría debido, aparentemente, a un intento de desagravio frente al hecho de que, semanas antes, la Policía Federal había cerrado todos los locales espiritistas. Perón dio la orden de reabrir los locales, afirmando que los espiritistas “eran todos peronistas”[13]. Como fuera, la misiva de Perón al encuentro espiritista le acarreó un conflicto con la Iglesia, que contragolpeó con una enorme campaña afirmando “Jesús es dios”. El desencuentro se trasladó al V Congreso Eucarístico, inmediato posterior, en el que el gobierno prácticamente no tuvo participación.

Sin embargo, estos roces no pueden explicar por sí solos el quiebre de 1954. Para entenderlo, es preciso analizar la crisis en la que estaba sumido el peronismo desde principios de los años ’50 y su dinámica política.

A partir de 1951-52, el país ingresa en una fase de crisis económica. La caída de las exportaciones representaba un golpe a la industria nacional, que dependía de la importación de bienes de equipo. El salario real retrocedió en la medida que comenzaban a ponerse de manifiesto los límites de un desarrollo industrial que había acentuado la dependencia externa del país. La salida de Perón a esta crisis fue un intento de virar su marco de alianzas internacionales, vehiculizando el ingreso del capital extranjero con inversiones e inclusive con un préstamo del Eximbank. Como parte de esta política, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) comenzó a subsidiar al sector agrario, con el objetivo de estimular un aumento de la superficie de siembra. Con respecto al movimiento obrero, el retroceso en el salario real, durante los primeros años ’50, tuvo una continuidad en el esfuerzo del régimen por imponer una política de incremento de productividad que chocaba con el peso de la sindicalización y los cuerpos de delegados en los lugares de trabajo.

La crisis económica y estos virajes políticos fueron acentuando un aislamiento político del gobierno. Por más que Perón tomara la agenda de la burguesía, el empresariado no lo creía un gobierno capaz de llevar a fondo esta orientación. Sin embargo, los partidos de oposición al régimen tenían la participación pública prácticamente proscripta. Perón persiguió y fue ahogando a la oposición política durante todo su gobierno.

En estas condiciones, la Iglesia comenzó a ser vista como un canal para desarrollar una oposición al gobierno. La fundación del Partido Demócrata Cristiano en el país, parte de una tendencia internacional en el catolicismo de la época, fue una expresión de este proceso. Sectores de la Iglesia comenzaban a virar políticamente. La crisis económica y la presión de las patronales, junto al choque de Perón con sectores del Ejército (que tuvo su primera manifestación en el intento de golpe de 1951) comenzaron a darle una relevancia política nueva a los factores de descontento de la Iglesia católica con el gobierno que se venían incubando.

Así, comenzó a denunciarse el rol “inmoral” de la Unión Estudiantes Secundarios, cobró fuerza la denuncia de la Iglesia a Perón por apañar el espiritismo en contra del catolicismo tradicional, se empezó a tomar en cuenta la idea de que el gobierno reemplazaba al catolicismo con una religión “de Estado” y un largo etcétera de motivos para cuestionar al gobierno.

La decisión de Perón de pegar un viraje en su relación tradicional con la Iglesia se encuadra en este marco político. Sin embargo, el peronismo encaró el choque con la Iglesia sin ningún tipo de viraje laicista. Había ido demasiado lejos en integrar al culto a su propia imagen de Estado. La religión era un elemento omnipresente en todo el gobierno peronista, especialmente en la educación. El choque con la Iglesia fue procesado como una lucha entre el cristianismo “originario” del peronismo y el catolicismo, que nunca habría superado su tendencia pro-oligárquica[14].

De esta forma, el peronismo salvó, en su momento de mayor choque con la curia, su enorme contribución al fortalecimiento de las tendencias religiosas y oscurantistas entre las masas. Para Perón, la religión y el nacionalismo fueron, entre otras cosas, una vía ideológica para contribuir a desplazar al comunismo y el socialismo de las direcciones sindicales. De allí en más, la relación entre la Iglesia o, en un sentido más amplio, la religión, y la burocracia sindical peronista fue un elemento absolutamente perdurable en los sindicatos argentinos.

Conclusión

La caída de Perón fue así también un triunfo de la Iglesia católica. Le posibilitó retomar una iniciativa bajo la Libertadora y el frondizismo. Sin embargo, la vitalidad del movimiento estudiantil universitario bloqueó una reintroducción de la educación religiosa obligatoria y puso límites a las intervenciones en las universidades. Esto llevó a la Iglesia a basar su estrategia bajo la Libertadora en el avance en la convalidación de la educación universitaria privada. Esta iniciativa se plasmó sobre todo en la educación “libre”, la legalización de títulos superiores privados religiosos. La lucha contra esta orientación (la lucha por la educación laica contra la educación llamada “libre”) fue el centro del debate educativo en los años subsiguientes. El frondizismo terminó imponiendo la educación “libre”, dándole a la Iglesia un arma poderosísima en el terreno educativo. La cuestión educativa mostró así que los progresos de la Iglesia católica habían llegado para quedarse.

Este recorrido histórico apunta a reflexionar sobre la siguiente cuestión: ¿de dónde proviene el peso de la Iglesia católica en nuestro país? Es un problema político de una actualidad enorme, en un momento en el cual la Iglesia católica sigue capitaneando la lucha contra el aborto legal, al mismo tiempo que conserva un peso político entre los partidos patronales, que le permite bloquear reclamos tan básicos como el dictado de Educación Sexual Integral, laica y científica, en todas las escuelas del país.

De un análisis histórico surge que este peso hunde sus raíces en dos fenómenos. Por un lado, la Iglesia es, en sí misma, un factor activo políticamente y tiene una capacidad de acción enorme, dada, en principio, por los privilegios legales y los aportes materiales del Estado nacional desde su constitución. Por otro lado, el peso de la Iglesia se apoyó históricamente en su capacidad de regimentación de las masas en momentos de crisis políticas y agudización de la lucha de clases. La Iglesia ofreció a los gobiernos de los años ’30 una referencia “moralizadora” y de control social en un cuadro de crisis política e institucional muy aguda.

Para el peronismo, el catolicismo fue, además, un arma de lucha contra las ideologías de izquierda en el movimiento obrero, que complementó la estatización de las organizaciones sindicales durante su gobierno. El rol clerical de la burocracia sindical es un dato que sigue pesando fuertemente en el movimiento obrero argentino.

Durante los años ’30, la Iglesia trabó un vínculo con el Ejército, que siguió siendo un dato de enorme peso en la realidad argentina durante toda la fase de crisis políticas posteriores. La intervención activa del Ejército en la vida política nacional con los golpes de Estado (exitosos o frustrados) y asonadas o pronunciamientos militares hasta los años ’90 le dieron a la Iglesia una capacidad de acción suplementaria, vinculada con su peso entre los sectores castrenses.

La Iglesia católica pudo explotar estas oportunidades políticas porque preparó una doctrina y posiciones políticas para intervenir, fundamentalmente, en el terreno de la política social, ofreciéndose como garante de un control de las masas y un dique de contención frente al comunismo y al socialismo. Esta preparación y la intervención política de la Iglesia fue un fenómeno de alcance internacional desde el papado de León XIII.

Al mismo tiempo, la politización de la Iglesia tendió a ir generando quiebres en el bloque clerical, creando alas dentro del clero, en función de los alineamientos políticos en las sucesivas crisis.

Dentro de este balance general es valioso tener en cuenta que el cenit de influencia política de la Iglesia en el período analizado se alcanzó bajo el gobierno peronista, con la aprobación de la educación religiosa obligatoria en todas las escuelas del Estado, entre otras medidas.

La religión católica está muy lejos de ser una tendencia espontánea entre las masas. Es el resultado de una política de Estado de alcance histórico.


[1] Caimari, Lila: Perón y la Iglesia Católica, Buenos Aires,  Ariel Historia, 1994.

[2] Caimari, Lila: op. cit.

[3] Zanatta, Loris: Del Estado liberal a la nación católica, Buenos Aires, Editorial UNQ.

[4] “La enseñanza religiosa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires” (Edición digital):  http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003536.pdf

[5] Zanatta, Loris: Op. cit.

[6] Zanatta, Loris: Perón y el mito de la Nación Católica, Buenos Aires, Sudamericana, 1999.

[7] Kleiner, Bernardo: 20 años de movimiento estudiantil reformista, Buenos Aires, Editorial Platina.

[8] Zanatta, Loris: Perón y el mito de la Nación Católica, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.

[9] Bianchi, Susana: “Peronismo y sufragio femenino, la ley electoral de 1947”, en Anuario IEHS, 1986.

[10] Bianchi, Susana: op. cit.

[11] Susana Bianchi, op. cit.

[12] Caimari, Lila: Perón y la Iglesia Católica, Buenos Aires, Ariel Historia, 1994.

[13] Caimari, op. cit., p. 267.

[14] Caimari, Lila, op. cit., cap. 9.

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