El golpe militar de 1976 venia a cumplir con la finalidad de la clase capitalista nacional y el imperialismo, de aplastar al movimiento obrero, sobre la base del aniquilamiento físico de su vanguardia de activistas y delegados, organizadores e impulsores de las gestas obreras más trascendentes, como la gran huelga de Junio-julio de 1975, el Cordobazo, el Villazo y otras. Lo hizo, tras el fracaso del propio gobierno peronista en tal propósito, consistente en la regimentación impuesta por la burocracia al accionar sindical y la represión y asesinato de obreros y estudiantes mediante la intervención de grupos terroristas parapoliciales para imponerle a la clase obrera condiciones de trabajo y salariales intolerables y de miseria.

La ofensiva anti obrera de la dictadura genocida

La dictadura militar impuso un régimen “legal” anti obrero y antisindical de entrada, que se combinó con la represión.

En esta etapa, grandes empresas extranjeras - Fiat, General Motors, Bayer, John Deere, Massey Ferguson, etc.- se iban a quedar con la mayor proporción de la cuota de beneficios (72,5%, según informe de Castellani). Por otra parte el gran negocio que suponía el Mundial de Futbol (1978) en materia de obras de infraestructura pública va a producir una fuente extra beneficios para grandes empresas constructoras. También iban a ser “promovidas” grandes empresas petroquímicas, petroleras y siderúrgicas. Entre las petroleras favorecidas por las privatizaciones de áreas de explotación cedidas por YPF, estaban Bridas, Astra y Pérez Companc, que iban a aprovechar las “nuevas reglas laborales”, entre ellas la supresión de considerar insalubre el trabajo en esa industria lo cual explica los conflictos obreros que mencionamos en este artículo, más adelante. Lo propio ocurrirá en la fabricación de tractores (John Deere, Massey Ferguson) firmas que también tuvieron choques con sus trabajadores debido a la imposición de la “flexibilidad laboral”, la conculcación de los Convenios Colectivos, el incremento de los ritmos de trabajo, etc. Varios autores (Aspiazu; Basualdo y Khavisse) mencionan que entre 1974 y 1983 la productividad de la mano de obra aumentaba  en la industria a una tasa media de 3,6% anual acumulativa y la productividad por hora el 2,9%. Y se hacía en un periodo de contracción del empleo, a diferencia de lo que había ocurrido entre 1963 y 1973, periodo en que también la productividad había incrementado pero con una importante tasa de empleo. Por eso se puede concluir que ese aumento de la productividad se debió a  la una mayor intensidad del uso de la fuerza de trabajo, a la “racionalización” de los procesos productivos (una suerte de taylorización o fordismo consistente en el mayor esfuerzo obrero), a la extensión  de la jornada de trabajo y al rigor del disciplinamiento en las fábricas. Eso se manifestó en un aumento del excedente (plusvalía extraída a los obreros) obtenido de la superexplotación de la fuerza de trabajo conseguida a partir de la aplicación de las “reformas laborales” que desarrollamos en este artículo, que incluía como parte de las mismas  la reducción del “costo laboral” del 18,6%.

Entre las leyes “decretadas” por la dictadura tenemos la 21.400 de Seguridad Industrial que establecía la militarización de cualquier conflicto sindical. Complementariamente se sancionaron las leyes 21.459 y 21.261 que prohibían las medidas obreras de acción directa. Se suspendía la negociación colectiva de Convenciones Colectivas de Trabajo por medio de la ley 21.307. Anularon las afiliaciones obreras a los sindicatos obligando a los trabajadores a reafiliarse (decreto385/77), en medio del terror y represión patronal-dictatorial, con el objetivo de vaciar los mismos. Sin embargo, lo hizo el  90% los trabajadores, lo que fue un golpe contra la dictadura. Mutiló la ley de Contrato de Trabajo cortando 25 artículos  y cambiando 98 de la misma, quitando el 40% de los derechos y protección a los trabajadores. Se suprimía el artículo 17 por el que se respetaban los usos y costumbres más favorables al trabajador, modificándolo en contra del  mismo; en el caso de las agencias de colocaciones se eliminaba la obligación del patrón, si no incorporaba al trabajador al plantel de la empresa, de pagarle todo el tiempo que con anticipación se hubiera comprometido a contratarlo. El artículo 63 es otro de los suprimidos en lo que hacía a la presunción de que hubo relación laboral contra el despido, solo con la prueba esgrimida por el trabajador. Se suprimía el derecho de los trabajadores a presentar como válido el certificado de su médico, estableciéndose como válido solo el del médico patronal. También se anulaba el artículo 129 que establecía el salario mínimo reajustable según costo de vida; se dejaba sin efecto el que establecía también el salario profesional, que contemplaba la especialización del trabajador para definir su salario, el 178 que definía las vacaciones  elegidas por el trabajador de acuerdo a convenio o estatuto, el artículo 188 que imponía la jornada laboral de 8 horas, el artículo 243 que establecía que la huelga no es causal de despido, etc.

Por otra parte se normaba un nuevo régimen de obras sociales (ley 22.269), mediante la privatización de algunos servicios  y el desaliento a los médicos para realizar su trabajo en ellas.

Se sancionaba la ley de prescindibilidad de los empleados públicos (21.274),  instrumento al que recurrió la dictadura para despedir a 200.000 de trabajadores.

En diversos gremios se arrasaron conquistas fundamentales. Por ejemplo, en Luz y Fuerza se impuso el aumento de las horas de trabajo de 32 a 42 horas semanales, telefónicos de 6 a 8 horas diarias, a los petroleros se les derogo las 6 horas por insalubridad. En el gremio de comercio se estableció un régimen de esclavitud laboral; los trabajadores debían atender al público entre las 7 y las 21 horas, incluidos los sábados. A los choferes de transporte colectivo  les suprimían el descanso entre vuelta y vuelta y les imponían  el trabajo a destajo. A los ferroviarios les cerraban vías férreas y 60.000 eran despedidos.

En materia de seguridad e higiene a los obreros de la construcción  les sacaban los descansos, los sábados a la tarde, domingos y feriados: los francos eran definidos por el patrón (ya hemos mencionado las super ganancias que las empresas constructoras obtuvieron por obras relacionadas con el Mundial del 78); el trabajo de los mineros fue considerado como no insalubre. Esto se iba a repetir en empresas de otros gremios, por ejemplo, la empresa metalúrgica Tandil quitaba la insalubridad, incrementando la jornada laboral, una forma de abaratar los salarios. En la fábrica FIFA (AGFA) de Florencio Varela se suprimió la bonificación salarial por trabajo rotativo.

En 1979 hubo un reclamo obrero en Dálmine Siderca de  Campana (uno de los sectores del gran capital más beneficiados por la dictadura), porque la patronal venia pagando las horas extras en negro: los trabajadores demandaban blanquear esa suma. La patronal, entonces, dejó de pagarla en negro, (sin blanquearla); se trataba de una extensión de la jornada laboral y una rebaja salarial, lo cual originó un conflicto en condiciones sumamente represivas en la planta (presencia de tropas en toda la fábrica, e incluso presencia de militares en asambleas, quienes manipulaban el uso de la palabra). El reclamo se ganó, pero los más destacados activistas fueron secuestrados y desaparecidos (según información de Ernesto Asciuto, quien toma también  información del libro de Majul, “Los dueños de la Argentina”). Por esa época había avanzado la automatización en Dálmine y. en consecuencia, había aumentado la producción, como así también se había producido la reducción del plantel obrero, y también  de los salarios que en 1974 equivalían a 1.600 dólares  y en 1979 a apenas a 600 de la misma moneda. A partir de las innovaciones tecnológicas, la productividad se había incrementado 100% y el costo laboral bajó 50%.   Por otra parte los trabajadores de esta gran acería habían arrancado, en 1974, las seis horas por insalubridad, que la patronal les arrebató con el respaldo de la dictadura militar.

A los empleados municipales les modificaban el régimen escalafonario en abril de 1977. Lo mismo se hacía con los portuarios de Buenos Aires en lo que hace al régimen laboral (descansos, francos, vacaciones, etc.).

Las patronales comenzaban a no cumplir con obligaciones básicas de Convenio. Esto abrió conflictos particulares en las empresas: en Ford por el costo del comedor, en Cartonex por la ropa de trabajo, en Alpargatas (gran fábrica con mayoría de mujeres) por la escasez de cupos para la guardería y el jardín de infantes, en Mercedes Benz por el vale mensual por alimentos, etc.

También  en Ford hubo conflictos por la modificación de los procesos y ritmos de trabajo, por el tiempo de higiene previo a la salida de la empresa; nuevamente en Alpargatas por el rechazo al control patronal sobre la ida a baño; en Editorial Abril contra el intento de la imposición de trabajar el 9 de julio, en Codex (gráfica) quite de colaboración por amenaza de suprimir francos compensatorios, en caso de trabajar sábado a la tarde, domingo o feriado; los canillitas de la ciudad de Buenos Aires por la reducción de los días de descanso. En el diario Crónica contra las horas extras compulsivas  para sacar el diario a la madrugada. Etc. En las páginas del periódico del PO (Política Obrera) y del boletín clasista Que Pasa en los Sindicatos, pueden recogerse decenas de denuncias de luchas obreras que la prensa censurada del régimen no publicitaba.   

La dictadura militar no se conformaba con el aniquilamiento físico del activismo obrero (la mayoría de los 30 mil “detenidos-desaparecidos”). Para impedir cualquier canal de expresión que pudiera de alguna manera vehiculizar la lucha de los explotados, la dictadura intervino la CGT y los sindicatos (ley 21270 y decreto 9/76) y bloqueó sus cuentas. Sin embargo dejaba una vía de negociación con dirigentes burocráticos de franjas de sindicatos no intervenidos (van a reunirse en Ginebra en el transcurso de la reunión de la OIT con el ministro de Trabajo, General Liendo). La dictadura, bien que pretendía liquidar la actividad sindical, pronto comprendió que no podía prescindir de una franja de esa burocracia para mantener atomizado al movimiento obrero y poder seguir avanzando en la liquidación de las conquistas obreras.

No obstante, ante la ofensiva anti obrera por parte de la clase patronal y de la propia acción represiva de la dictadura, la clase obrera argentina daba muestras de su vitalidad y espíritu  de combate. Eran remezones del Cordobazo y la gran huelga de junio-julio del 75 que había quedado marcada en la conciencia de esos trabajadores.  

En 1976 hubo un movimiento huelguístico en General Motors (edificio Barracas), cuya respuesta por parte de la dictadura militar fue rodearla de tropas, para respaldar la presencia del General Liendo en la planta, quien amenazó con penas de diez años de prisión para los promotores.  Allí se conjugaban la rebaja salarial como resultado de una inflación que llegó en 1976 al 440% y en 1977 al 170%, en un contexto de aprietes patronales para aumentar la productividad.

En el transcurso de 1977 se iban a producir luchas que marcaran un hito en la historia de los explotados argentinos. Las razones de  las mismas ya han sido señaladas; en cada gremio se estaba aplicando el régimen “legal” que  las patronales demandaban y que la dictadura plasmó: despidos de trabajadores estatales, supresión del régimen de insalubridad, intensificación de los ritmos de trabajo, eliminación de los descansos, que habían tenido respuestas particulares que hemos mencionado (en el transporte colectivo y  la construcción), pero que también  se canalizaron en este movimiento huelguístico inorgánico y autoconvocado, que defendía derechos muy preciados y arrebatados por el régimen de la dictadura. Entre octubre y noviembre de dicho año hubo un reguero de huelgas en diversos gremios, que incluso fue reflejada con preocupación en la revista Somos de Argentina, pero también en diarios extranjeros como El País de España y el New York Times. La iniciativa la tomaron los señaleros del ferrocarril Roca, desautorizados por la dirección burocrática  de la Asociación  de Señaleros, huelga que pronto se extendió a los demás ferrocarriles, y a la Unión Ferroviaria. A ese movimiento huelguístico se agregaron los trabajadores del Subte y los pilotos de Aerolíneas Argentinas, sumándose los expendedores de tickets del Hipódromo de Palermo. No se detuvo allí la extensión de la huelga porque entre el 1 y 5 de noviembre iniciaban un paro de actividades varias líneas de colectivos, una embotelladora de Coca Cola, cerámica Lozadur de Villa Adelina por aumento salarial y contra las condiciones de superexplotación (aumento de los ritmos de trabajo), frigorífico Wilson de Avellaneda, telepostales de Encotel, petroleros de YPF de La Plata, Comodoro Rivadavia y Mendoza. En Rosario pararían los trabajadores de Obras Públicas, Obras Sanitarias de la Nación y Bienestar Social. Como respuesta el gobierno otorgó un aumento salarial a los ferroviarios entre 34% y 44%, pero también recurría a la represión amenazando  con la aplicación de la Ley de Seguridad y la ley 21.400 que determinaba despidos sin indemnización,  la detención de varios activistas, y el secuestro  del delegado ferroviario Bonggio. Lo mismo ocurría  con el delegado del subte Valdivieso. Tanto los ferroviarios como los trabajadores del subte pusieron como condición para levantar las  medidas huelguísticas, la aparición de los secuestrados y la libertad de los detenidos, exigencia que fue lograda. La dictadura también iba a imponer las 7 horas en el subte, que hasta el momento, y como fruto de luchas anteriores era de seis horas (vigente desde 1944, por insalubridad). De acuerdo a informes de delegados del metro porteño de la agrupación Interlineas para reimponer la jornada de seis horas se realizaban petitorios masivos respaldados con trabajo a reglamento. En 1983, después de la caída de la dictadura, se recuperaron las 6 horas. Pero Menem, socio político de Roggio, propietario de Metrovias concesionada, iba a imponer la extensión a 8 horas de trabajo (más que la dictadura). La lucha de los trabajadores del SUBTE propició en 2002 (en el marco del ascenso del “argentinazo”) la sanción de una ley en la ciudad de Buenos Aires, reimponiendo la jornada de 6 horas por trabajo insalubre. El proyecto fue presentado por nuestro partido. La lucha y su organización estaban en manos de la agrupación Interlineas que había nacido en abril de 1975, contra los atropellos del gobierno peronista y la patota burocrática de la UTA, que entonces representaba a los trabajadores del SUBTE, y que también  durante la etapa dictatorial jugó un papel de entrega de las reivindicaciones.

Pasado noviembre, debido al recrudecimiento de la represión en dichos gremios, la lucha declinó y se disolvió por un tiempo.  Anteriormente, entre el 8 y 21 de junio de ese año hubo una huelga de miles de obreros de las dos grandes fábricas de tractores de Rosario, Massey Ferguson y John Deere, por aumento salarial.

La reforma laboral para los trabajadores de LUZ Y FUERZA

Entre octubre de 1976 y marzo de 1977 iba a tener lugar un ataque a las condiciones laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza, comenzando por el incremento del horario de trabajo de 32 horas a 42 horas semanales. Se agregaba a esto la “racionalización” del personal, que incluía su reducción. Esto abarcaba a las empresas SEGBA, DEBA, Italo Argentina y Agua y Energía. La intervención militar, entre otras medidas, despidió a 260 empleados de SEGBA, y su interventor, el capitán de navío Alcides Rodríguez, aplicando la resolución 16/76 despedía a 148 trabajadores más.

Entre otras consecuencias, la intervención del sindicato dejó sin puestos de trabajo a 2000 trabajadores que se ocupaban del funcionamiento de los hoteles, cooperativas, imprentas y recreos de Luz y Fuerza. Esto significaba que la vida del sindicato quedaba clausurada.

Los dirigentes, días antes de los despidos, enviaron al general Liendo,    designado ministro de Trabajo, un pronunciamiento preventivo contra las intenciones privatizadoras y la ofensiva de la dictadura contra el Convenio Colectivo de Trabajo. Lo hacía en sintonía con la actitud cautelosa de una dirección sindical que era participacionista y evitó que se desencadene un conflicto buscando aliados entre fracciones de las fuerzas armadas (entre los cuales estaban tanto el ministerio de trabajo como los interventores del sindicato). Pero el margen de pasividad y maniobra se terminó cuando comenzaron los despidos y las fuerzas armadas rodeaban la planta de Agua y Energía, durante el mes de octubre de 1976. Hay quienes sostienen, no sin razón, que el desarrollo del conflicto y las acciones de lucha descansaron en la iniciativa de activistas y delegados lucifuercistas y no en la directiva sindical, que no obstante debió adaptarse. Estaba claro que frente a los despidos y el incremento de la jornada laboral ya no había negociación posible. En enero de 1977, luego de una impasse, y retroceso de las medidas de fuerza (como paros parciales, sabotaje del servicio eléctrico en las centrales Costanera y Puerto Nuevo, movilizaciones al sindicato, etc.) como resultado de la represión, secuestros y encarcelamiento de dirigentes, delegados y activistas, se reabre el conflicto cuando son los trabajadores de SEGBA los afectados por el aumento de la jornada laboral. Las medidas de fuerza, además de los paros parciales y movilizaciones eran el trabajo a reglamento denominado por los obreros eléctricos “trabajo a tristeza”. Como resultado de esta lucha heroica,  fue secuestrado y “desaparecido” el secretario general del gremio, Oscar Smith. También otros activistas, dirigentes y delegados, como Oscar Polizzo y Santiago Amañach.  Y es necesario enfatizar sobre los paros realizados en Quilmes por la aparición del trabajador Enrique Balbuena (obrero de Luz y Fuerza, participante de la huelga), liberado tras la lucha por su “aparición con vida”. Muchos otros fueron detenidos y sometidos a torturas (más tarde liberados).  Un dato singular es que antes de ser secuestrado, Smith junto a otro dirigente de apellido Delfico fueron presos, y luego puestos en libertad por “falta de mérito”  para la aplicación de la ley de seguridad industrial. En ese contexto firmaron una solicitada cuyo texto decía: “El conflicto es ajeno a la acción subversiva” y advierten según los historiadores  Osvaldo Calello y  Daniel Parcero, que no quieren ser marginados del “Proceso de Reconstrucción  Nacional en el que todos los argentinos estamos comprometidos”.

La “guerrilla” sindical a la ofensiva en el frigorifico Swift de Berisso

Como ejemplo de una resistencia obrera invertebrada que busca centralizarse contra la ofensiva patronal/dictatorial, tenemos el del  frigorífico Swift. Este había sido estatizado durante el tercer gobierno peronista. Antes había pertenecido a la firma Deltec, acusada de ejercer un monopolio en la producción y comercio de carnes. La dictadura militar decidió reprivatizarlo en 1976, lo que se concretará en 1977, y lo adquiere una firma llamada Carnes argentinas, cuyo principal accionista era el grupo Constantini. En 1975, los trabajadores mediante  su lucha habían arrancado un importante aumento salarial y otras conquistas. La nueva empresa, bajo la vigencia de la ley que encarcelaba a quienes hicieran huelgas, imponía el trabajo a premio, aumentando la explotación obrera, incrementaba la jornada laboral a nueve horas y suprimía la entrega de la bolsa de carne para los trabajadores. También establecía el traslado arbitrario de turno y sección  y reducía la cantidad de trabajadores de 5200 a 3000. Como resultado de esta situación se empezaron a desenvolver en cada sección, sin coordinación,  quites de colaboración. En 1978 va a tener lugar un quite de colaboración y paros por sección por aumento salarial. En agosto de 1979, ante una demanda obrera por aumento de salarios la patronal suspendía a los trabajadores. A pesar de que el comercio exterior de carnes había bajado, y también el consumo interno, la patronal venía haciendo pingües negocios, vendió 36.000 toneladas entre enero y setiembre (ventaja del comercio con Estados Unidos), con una ganancia de cien millones de dólares. Pero al caer la producción,  los trabajadores perdían el premio y las extras. La disminución salarial era drástica. La patronal pretendía cerrar el comedor, pero una movilización obrera interna se lo impidió. Al mismo tiempo, en noviembre, la patronal suspendía la producción y daba vacaciones forzadas. Al finalizar la suspensión, la patronal ofrecía 20% de aumento. El cuerpo de delegados se reunió con la dirección del sindicato e impuso un paro de actividades por votación mayoritaria. La respuesta patronal fue ofrecer retiros voluntarios, aceptados por una importante porción de los trabajadores,  siendo despedidos poco tiempo después otros 2.000.

El rol de la burocracia sindical

Desde 1978 en adelante la burocracia sindical -cuyo rol en la huelga general de junio julio de 1975 había  sido contrario a los intereses de la clase obrera, que había formado parte de los “comandos de tareas” de la Triple A y que también había estado ausente de las iniciativas de lucha contra la ofensiva dictatorial contra los derechos laborales en el transcurso de 1976/77- intentaba reconstituir su aparato y aparecer en escena. La burocracia sindical estaba dividida en dos sectores: la CNT comandada por Triaca (burócrata del plástico) que más tarde formaría la CGT Azopardo y el grupo de los 25, a cuya cabeza estaba el cervecero Ubaldini. Triaca se opuso desde el comienzo a cualquier medida de acción directa contra la dictadura militar. Tiempo después los 25 se convertirían en la CGT Brasil. Y a pesar que ambas alas de la burocracia sindical se unirían a fines de 1979, este fue un episodio de corta duración. Precisamente, el 27 de abril de ese año iba a cumplirse un paro general decidido por los 25. Para poner negro sobre blanco el rol de la CNT basta con esta cita: “…ha llegado el momento de una convergencia suprema, la que se produciría si ellas (las fuerzas armadas) deciden terminar con este experimento angustiante y restaurar los mecanismos de defensa de la integridad económica…..”, mientras los 25 amenazaban “… enfrentaremos este estado de cosas que ya no aguanta más un análisis racional…”. Buscando esa “racionalidad” se reunirían con el ministro del interior, general Albano Harguindeguy, para pedir legalizar la CGT. Cabe agregar que la burocracia dirigida por la CNT de Jorge Triaca afirmaba de un modo pusilánime su carneraje al paro: “…ante la posibilidad de que las legítimas razones de insatisfacción de los trabajadores argentinos puedan ser arriesgadas en una confrontación de fuerzas que no demuestre la unanimidad del sentimiento popular...”. Esto, mientras dirigentes de los 25 eran encarcelados en virtud de la medida de fuerza. Triaca pedía  la libertad de esos presos, tratando de empañar su carnereaje. Los 25, buscaban un frente orgánico con franjas del capital, buscando otra vez subordinar las  aspiraciones obreras a la estrategia de esa misma burguesía que aplicaba las reformas laborales anti obreras. Decían el 25 de abril de 1979: “la jornada de protesta   no tiene un subalterno carácter sectorial sino que obedece a crecientes necesidades nacionales ya que ellos (los empresarios) y los trabajadores son victimas comunes de la agresión económica a las fuentes de producción nacional. En esa inteligencia estamos seguros de que el empresariado nacional  comprende las graves razones que motivan la medida adoptada”. El 1º de mayo de 1980 iba a cumplirse otro paro, donde ambas fracciones de la burocracia discreparían: la CNT se opondría a esa medida.

En noviembre de  1981 se haría la marcha de San Cayetano organizada por la CGT Brasil bajo las consignas de “Pan, paz y trabajo”, una marcha en la que la burocracia de Ubaldini colocaba las tendencias a la resistencia del movimiento obrero bajo el alero de la Iglesia.

Finalmente, el 30 de marzo de 1982, antes de la maniobra de la dictadura que daría inicio a la guerra de Malvinas, tuvo lugar un grandioso paro general con una marcha de entre 50 y 100 mil manifestantes que durante horas se enfrento en las calles céntricas de la Ciudad de Buenos Aires, con una lucha callejera contra la represión policial/militar. Y se extendió por diversas provincias. Era la expresión del hartazgo por la miseria salarial y las condiciones laborales agobiantes, junto al que provocaba el ataque a las libertades democráticas. La clase trabajadora aparecía con un rol protagónico antidictatorial definido. La guerra de Malvinas interrumpió momentáneamente este proceso de ascenso obrero contra la dictadura.

Volkswagen Monte Chingolo

Caído Galtieri, ya en los tramos finales de la dictadura militar, en medio del desprestigio de la dictadura por su papel en la derrota de la guerra de Malvinas y su entrega, comenzaron a acelerarse los procesos de reorganización del movimiento obrero. Entre febrero y mayo de 1983, tuvo lugar una huelga en la fábrica mecánica de VolksWagen Monte Chingolo, (en la que el Partido Obrero tuvo relevante actuación), y cuyo contexto era el de normalización del SMATA. La derrota, después de largos meses, fue el resultado de la acción desgastante por parte de la burocracia sindical que dividió  a la planta fabril, llevando a levantar la huelga con el despido de sectores antiburocráticos de la Comisión de Reclamos y el activismo. La burocracia sindical estaba empeñada en el recambio pactado entre la burguesía y sus partidos con la dictadura para “institucionalizar” el país sobre la base del llamado a elecciones. De eso formaba parte la “normalización sindical”, cuya finalidad era garantizar ese proceso sin alteraciones provocadas por la insurgencia obrera. Así como habían pavimentado la vía de acceso del golpe militar de 1976 (José Rodríguez era el dirigente de SMATA, cuyo papel durante la dictadura militar fue la de denunciar al activismo obrero antiburocrático de las grandes fábricas mecánicas, integró la CGT Brasil junto a Ubaldini), no vacilaban en 1982 en garantizar una “salida ordenada” a los militares del poder, amenazados por una irrupción de las masas. Esto sucedía en medio de un 209% de inflación en 1982 y salarios 33% inferiores a los de 1975, que solo cubrían la mitad de la canasta familiar. Según datos del historiador Alvaro Abós, los textiles que en 1975 eran 150.000, en 1982 bajaban a 80.000; los metalúrgicos vieron reducido su número desde 1975 a 1982  de 500.000 a 380.000; los ferroviarios de 170.000 a 120.000. De conjunto la clase obrera ocupada se redujo en esa etapa de 6 a 5 millones.  

El recambio “democrático” continuista, resultado de un acuerdo del conjunto de la burguesía y sus partidos con las fuerzas armadas y el imperialismo salvó a la dictadura y a la misma burguesía de que fuera la acción obrera independiente la que ajustara cuentas con el régimen genocida y anti obrero. En ese contexto, la CGT Azopardo declaró un paro general para el 23 de septiembre (levantado ante un escuálido aumento salarial otorgado por el presidente militar Bignone), mientras  la CGT Brasil llamaba al día siguiente a una movilización a Plaza de Mayo. Ambas estaban embarcadas en una salida de relevo de la dictadura.

Hoy Milei emprende una cruzada, cuya finalidad es, nuevamente, liquidar los derechos laborales, que los diferentes gobiernos de la burguesía desde la dictadura no pudieron conculcar. Con la anuencia y apoyo de los gobernadores y fracciones “opositoras” de la burguesía y la  complicidad de la burocracia sindical que ha venido permitiendo su avance.  

Tomando la tradición del movimiento obrero antiburocrático y clasista del cordobazo, junio julio de 1975, y las epopeyas obreras y populares que nos antecedieron nuestra tarea es poner en pie un gran movimiento de lucha antiburocrático y antigubernamental e impulsar las condiciones para una huelga general que destroce los planes antiobreros y entreguistas de este régimen reaccionario.