El proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de La Libertad Aavanza barre con un siglo de conquistas obreras y, además, encierra un ataque a fondo contra los sindicatos. La mentada “modernización” reincide en una línea que se repitió a lo largo de la historia desde la llamada Revolución Libertadora de 1955 que derrocó al gobierno de Perón (en rigor, fue Perón el primero en intentarla; ver https://revistaedm.com/edm-25-11-23/el-fracaso-del-congreso-de-la-productividad-de-peron-la-burguesia-y-la-burocracia-sindical-de-1954-55/).Aquella cruzada anti-sindical apuntó contra la CGT y las direcciones de los sindicatos, pero, sobre todo, contra las comisiones internas y los cuerpos de delegados que constituían el mayor obstáculo a los planes de racionalización de la burguesía.

Luego de un periodo de desconcierto, la clase obrera (siguiendo un derrotero sobre el que advierte Miguel Pichetto, citado en este artículo) se reorganizó desde cero, en comisiones semi-clandestinas o clandestinas al principio, que fueron las protagonistas de lo que se conoce como “La Resistencia”  (a secas; el mote peronista es una apropiación): un ciclo de luchas enormes y experiencias formidables, cuyas lecciones, aún en un contexto tan diferente como el de hoy, ayudan a comprender los desafíos, riesgos y oportunidades de la etapa que se abre.

Sindicatos y organismos de base en Argentina

En nuestro país el movimiento obrero construyó los sindicatos a partir de la fábrica. Los cuerpos de delegados y las comisiones internas, cuyo origen se remonta a principios del siglo pasado, son instituciones profundamente arraigadas entre los trabajadores. Contra lo que afirman muchos historiadores nacionalistas burgueses, ya en las décadas de 1920 y 1930 existía en la industria una red extendida de organismos fabriles surgidos por el impulso militante de corrientes de izquierda, sobre todo del Partido Comunista. Las células de empresa que constituyeron el centro del plan de acción del comunismo en esos años fueron el embrión de numerosas comisiones obreras de empresa, precursoras de las comisiones internas. 

Fue también el PC la corriente que más decididamente impulsó los sindicatos por rama que superaron a la organización por oficio (propia de una industria de tipo artesanal). Estos nuevos sindicatos fueron creados bajo el influjo de violentas huelgas y movilizaciones. El de la carne, por caso, atravesó por huelgas masivas (Berisso, Avellaneda y La Plata) que desafiaron la represión policial y militar; los frigoríficos Swift, Armour o Anglo fueron una escuela de organización obrera para todo el movimiento sindical posterior. Los metalúrgicos, la madera, la construcción  siguieron un camino similar (ver https://revistaedm.com/edm-04-01-26/cuando-la-clase-obrera-quebro-al-conjunto-de-las-patronales-y-al-regimen-oligarquico-de-agustin-p-justo/).

Los sindicatos por rama se asentaron en esa organización preexistente en los lugares de trabajo y se desarrollaron como grandes organizaciones de masas que, por medio de comisiones internas y cuerpos de delegados, inciden directamente en el proceso de la producción, donde se genera la plusvalía y tiene lugar el conflicto cotidiano entre el capital y el trabajo.

Las tradiciones combativas del pasado -sobre todo, anarquistas- que renacieron en la nueva generación obrera engendrada por la incipiente industrialización por sustitución de importaciones que tuvo lugar en la década de 1930 (una respuesta a la crisis de la economía agro-exportadora que expandió el mercado interno y reforzó socialmente a la clase obrera), sumada a la falta de una legislación específica sobre las comisiones internas -cuyo funcionamiento, poco reglamentado, a menudo escapó al control estatal- imprimieron a la organización de base un rasgo de autonomía y una tendencia a la acción directa que se mantuvo a lo largo de la historia.

La contradicción entre las cúpulas, blanco de la cooptación estatal, y los organismos de base, sometidos a la presión inmediata de la masa de trabajadores es el rasgo más típico del sindicalismo argentino.

Perón

Las comisiones internas se multiplicaron y fortalecieron a partir de 1946, bajo el decenio del primer gobierno de Perón. Mientras por arriba avanzaba la estatización y la regimentación sindical, por abajo los trabajadores desarrollaron una extraordinaria actividad y protagonizaron numerosos conflictos, sobre todo por salarios y condiciones de trabajo: en la industria frigorífica (1946–1947), los ferroviarios (1947), los textiles y gráficos (1953). En 1954 la renovación de los convenios colectivos llevó a un choque directo con las patronales (que buscaron atar los aumentos a nuevas pautas de productividad: lo que Milei llama el “salario dinámico”) y con el gobierno; las burocracias fueron desbordadas, Perón intervino varios sindicatos y reprimió las manifestaciones, pero las huelgas se multiplicaron bajo la conducción de las comisiones internas, que terminaron arrancando aumentos salariales mayores y beneficios adicionales.

Durante mucho tiempo el único marco legal para la actuación de las comisiones internas fue una vaga cláusula del decreto ley de Asociaciones Profesionales de 1945, que garantizaba a los obreros el derecho de elegir a sus representantes, sin especificar el nivel, ni el tipo de funciones; ese fue el instrumento para defender su presencia en los lugares de trabajo junto a la protección y estabilidad de los delegados. Recién en 1958 la Ley 14.455, promulgada por el gobierno de Frondizi, dará a las comisiones internas un reconocimiento más pleno en el marco de un proceso jurídico de control y regimentación estatal de los sindicatos.

Las patronales eran las más insistentes en fijar reglamentaciones que “pongan orden” a los delegados. Por ejemplo, en 1952 la cámara metalúrgica exigió discutir un proyecto de reglamento como condición para iniciar la negociación salarial; aunque tuvo que ceder a la negativa obrera volvió a la carga poco después, intentando imponerlo por establecimiento. Entre otras cosas exigía “prohibir que la comisión interna tomara medidas de fuerza” y proponía dirimir “obligatoriamente en el Ministerio o en la justicia”cualquier controversia.

La ofensiva patronal inscripta en el Segundo Plan Quinquenal de 1952 -un intento de Perón de superar el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones incrementando la explotación obrera y cercenando conquistas- chocó una vez más con una tenaz resistencia obrera y con el poder de las comisiones internas. La Confederación General Económica (CGE) expresó en un documento de 1954 que “las comisiones internas han mostrado repetidamente no comprender cuáles son las precondiciones para una eficiente gestión de las empresas, y su actitud constituye uno de los principales obstáculos que traban la organización racional de la producción”.

El fracaso en introducir aumentos por productividad por la vía de los convenios, impulsó poco después, en 1955, la convocatoria al Congreso Nacional de la Productividad, una iniciativa conjunta del gobierno, las patronales y la burocracia. Los acuerdos que se aprobaron incluían gran parte de los planteos de los empresarios, pero fue un triunfo formal sin ninguna aplicación práctica; fue literalmente desconocido por los trabajadores. Esta incapacidad del gobierno y de la burocracia peronistas para “disciplinar” al movimiento obrero determinó, en gran medida, el pasaje de la burguesía al campo del golpe.

Aramburu: la primera “reforma laboral”, a sangre y fuego

El golpe militar del 16 de setiembre de 1955 que derrocó a Perón, encabezado por el general “nacionalista” Eduardo Lonardi, intentó pactar con la CGT un plan para depurar las estructuras sindicales de los elementos más comprometidos con el régimen depuesto y “poner orden” en las fábricas, limitando los “abusos obreros” que denunciaban las patronales (es decir, el freno de los trabajadores a los “abusos patronales”).

Esta política de entendimiento por arriba contrastó con una resistencia creciente por abajo; una reacción autónoma de la clase obrera contra el golpe, que se tradujo en infinidad de huelgas y movilizaciones espontáneas, motivada fundamentalmente por la comprensión de que la dictadura venía a barrer con las conquistas obtenidas en la década anterior.

La respuesta del ala “liberal” del ejercito al impasse que se había creado fue el desplazamiento de Lonardi por el general Pedro Aramburu, dos meses después, con el apoyo de la UCR, el PS, los Conservadores y la Democracia Cristiana. Fue el comienzo de la “Revolución Fusiladora”, como la bautizó el movimiento popular.

Aramburu lanzó una ofensiva a sangre y fuego contra los trabajadores: excluyó de toda actividad gremial a los que hubieran ejercido algún cargo en los años previos, puso al mando de la CGT a un capitán – Alberto Patrón Laplacette - y a todos los sindicatos bajo el control de supervisores militares. Entre otras medidas, el nuevo gobierno permitió la formación de más de un sindicato por rama de actividad, limitó el derecho de huelga, habilitó acuerdos por empresa y hasta individuales. Impuso techos a las paritarias y ató los futuros aumentos al incremento de la productividad. El propósito declarado por la dictadura, en el plano laboral, fue “llevar a la práctica las conclusiones a las cuales arribó el Congreso de la Productividad”; es decir, conducir a buen puerto la reforma diseñada por el gobierno peronista, echando mano a todos los recursos represivos del Estado.

Aramburú se empeñó además en llevar la ofensiva hasta los mismos lugares de trabajo, para desarmar al movimiento obrero desde sus cimientos. Las comisiones internas fueron reemplazadas por delegados designados por los interventores (en un principio se nominó a los obreros más antiguos) y se dio vía libre a los empresarios para “eliminar los obstáculos a la productividad”; el decreto 2739 fue el santo y seña para una represión sistemática (la denuncia por sabotear la marcha de la producción conducía a la pérdida del trabajo y con frecuencia a la cárcel).Los testimonios sobre los alcances de esta política, abundan. Solo como ejemplo: con este procedimiento, la patronal de la textil La Bernalesa se desprendió de un plumazo de sus 120 delegados. Los despidos de los elementos más combativos, peronistas y no peronistas, se contaron por miles.

Al desconcierto inicial siguió una reacción no calculada por la dictadura: la puesta en pie de un entramado de agrupaciones clandestinas o semi-clandestinas que, desde mediados del ´56, protagonizó una serie de conflictos muy radicalizados, contra los despidos, las detenciones y por aumentos de salarios. Así ocurrió en astilleros, gráficos, calzado, textiles y la carne. En CATITA, planta metalúrgica de la provincia de Buenos Aires, se produjo en diciembre del ’55 una huelga exitosa contra el despido de varios delegados. En el Frigorífico Lisandro de la Torre, de la Capital Federal, se realizaron en abril de ‘56 una movilización y una huelga contra el arresto de tres delegados; al cabo de una semana los delegados fueron puestos en libertad y el comité clandestino fue reconocido por el interventor militar como representante legal de los trabajadores; en el frigorífico Swift de Rosario y de Berisso, comités no oficiales organizaron huelgas exitosas. Las jornadas perdidas declaradas, solo en la Capital, pasaron de 144 mil en el ‘55 a más de 5 millones un año después. El más emblemático de los conflictos de esta etapa fue el metalúrgico, que se extendió por casi dos meses; derrotarla requirió todo el peso represivo del ejército y las patronales.

La huelga metalúrgica también puso en evidencia los déficits de la organización de base que surgía y el fortalecimiento de un sector burocrático, proveniente de las segundas líneas de las conducciones gremiales desplazadas por la dictadura que, paulatinamente, fue tomando el control del movimiento: el vandorismo.

Unos meses después un reclamo salarial de los telefónicos, que arrancó con quites de colaboración y movilizaciones, fue escalando hasta la huelga indefinida; duramente reprimida y con más de 200 activistas encarcelados, la huelga es levantada y el sindicato intervenido. Pese a esto fue la detonante de un ascenso imparable que puso a Aramburu contra las cuerdas.

Por esos días un malogrado “congreso normalizador” de la CGT convocado por los militares dio origen a Las 62 Organizaciones (luego rebautizadas 62 Organizaciones Peronistas) y a “Los 32 Gremios Democráticos”, las dos principales fracciones en que quedó dividido el movimiento sindical; el PC agrupó a los sindicatos que influía en Los 19, luego llamado Movimiento de Unidad Sindical Clasista.

Las 62 declararon un paro nacional para el 27 de setiembre, reclamando “la libertad de todos los presos por causas gremiales, aumento general de emergencia con establecimiento de escala vital y móvil de salarios, contra la legislación represiva y por el levantamiento del estado de sitio. La huelga, que resultó masiva en la industria y en el transporte creó las condiciones para una derrota de la dictadura (lo que hubiera desembocado probablemente en una situación revolucionaria) y aceleró la salida del gobierno militar a través de una convocatoria electoral, aunque con la proscripción del peronismo.

Las 62 fue un canal utilizado por Perón, para contener y desviar la creciente rebelión obrera hacia el pacto Perón-Frondizi, resistido por amplios sectores obreros. En febrero de 1958 el candidato de la UCR-Intransigente ganó holgadamente las elecciones, con el espaldarazo de Perón que, desde Caracas donde se encontraba exiliado, llamó a votarlo. El titular del periódico del PC, La Hora, dirigido por Vittorio Codovilla, fue: “Con Frondizi entra el pueblo en la Rosada”.  En contraste, casi un millón de votos en blanco marcaron el rechazo de una fracción muy importante de la clase obrera a un “gorila” redomado y principal instigador del golpe del 16 de setiembre.

Dos observaciones importantes. La primera es que el embate contra las comisiones internas durante la dictadura de Aramburu no solo no logró neutralizar su acción e influencia, sino que la quiebra de esa tentativa terminó acrecentando su número y poder. El subsecretario de Trabajo del gobierno de Frondizi, Galileo Puente, surgido de las elecciones del 23 de febrero de 1958, sostuvo que al asumir su puesto encontró “anarquía, abusos y extralimitaciones de todo orden de los obreros. Los empresarios habían perdido el comando de las fábricas, todo lo disponían las comisiones internas; mandaban los que tenían que obedecer”.Y la segunda es que el reforzamiento de Las 62 no dio lugar a una mayor actividad sino al contrario, siguieron meses de cautela hasta la asunción de Frondizi. Es decir que, mientras el activismo se empeñaba en una lucha a fondo para derrotar a la dictadura, la dirección sindical emergente actuó contra esa perspectiva en función del pacto Perón-Frondizi y su propia consolidación, que se plasmará en la negociación de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales.

Esa ley, sancionada a poco de asumir Frondizi, restableció el sindicato único por rama, la obligatoriedad de los empleadores de actuar como agentes de retención de las cuotas sindicales y los aportes de la obra social avanzando en el control y regimentación de una burocracia sindical, subordinada al Estado.

El clima de agitación no se detuvo: los petroleros rechazaron los contratos suscritos con empresas extranjeras con varias huelgas y movilizaciones; los ferroviarios protagonizaron una férrea huelga de 41 días contra el plan de privatización de ramales (plan Larkin) que se convirtió en símbolo de la resistencia obrera; otra huelga metalúrgica se extendió por más de un mes y la ocupación masiva del frigorífico nacional Lisandro de La Torre, desencadenó una huelga general con barricadas. Frondizi respondió con una sistemática represión estatal (el plan CONINTES habilitaba la intervención del ejército en conflictos sindicales); eso y la política de freno de la burocracia sindical fueron encadenando derrotas y así, cerrando la etapa abierta en 1955.

Autonomía y dependencia política de la clase obrera

La Libertadora llevó adelante la ofensiva contra las conquistas obreras en simultáneo con un intento de “desperonización” de la clase obrera, que consistió en proscribir al Partido Justicialista y penalizar cualquier mención a la simbología peronista(el decreto 4161 dice: “se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo o la bandera peronista. del nombre propio del presidentedepuesto o sus parientes…”).

La campaña contra el peronismo no fue solo política; miles de activistas fueron expulsados de los sindicatos y los autodenominados “sindicalistas libres” -socialistas y radicales, que habían jugado un papel activo en el golpe- intentaron un copamiento más o menos violento de las organizaciones. Los esfuerzos de las intervenciones militares por allanar y dar una pátina de legalidad a este objetivo, mediante fraudes o elecciones amañadas, fracasaron y los trabajadores respaldaron masivamente a los nuevos dirigentes peronistas. Por ejemplo, en la elección interna en la planta de Alpargatas, la mayor textil del país, la lista peronista se impuso a la “socialista” (gorila) por 12 mil votos contra 400.

 La retirada sin lucha de los jefes peronistas, empezando por el propio general y los popes de la CGT, luego de concretado el golpe, produjo una reacción espontánea y convulsiva contra la dictadura que reavivó el sentimiento de autonomía subyacente en la clase obrera a nivel de la fábrica. Sin dudas ese fue un momento de máximo deterioro del control burocrático sobre las bases que planteó la posibilidad de una nueva dirección, independiente.

¿Qué impidió entonces que, al menos una fracción de ese nuevo activismo emergente, evolucionara en esa dirección? Sin dudas la ausencia de una referencia política de la izquierda es uno de los factores principales. El Partido Comunista y el Partido Socialista, con sus diferencias, actuaron ambos a contramano de ese proceso. El PS directamente colaboró con la Libertadora y el Partido Comunista desarrolló una política oscilante entre los “sindicalistas libres” (amarillos) y algunos acuerdos prácticos con los peronistas - en torno a la defensa de las conquistas laborales o la liberación de los presos-. Al margen de la “izquierda gorila” dos corrientes trotskistas llegaron a tener cierta inserción: el Partido Obrero Revolucionario (posadista), que intervenía en luchas reivindicativas, pero no enfrentó la persecución a los activistas peronistas y el Partido Obrero Revolucionario (morenista) que caracterizó inicialmente al peronismo como “un movimiento reaccionario de derecha” y, luego pasó a considerarlo la expresión de “un frente único antiimperialista” y a la “resistencia peronista” como la “oposición de clase revolucionaria” a la dictadura. Consecuente con esta línea profundizó su integración al peronismo e inició una etapa de “entrismo” seguidista que se prolongó hasta 1964.

70 años después… Milei-Sturzenegger

Así como el slogan de las patronales que se alinearon detrás de Aramburu fue “aumentar la productividad”, el gobierno de Milei ha basado su justificación de la reforma en la necesidad de reducir los “costos laborales” que, supuestamente, perjudican la competitividad de la industria nacional. No obstante, uno de los ejes centrales del proyecto oficial, que obtuvo dictamen de la Comisión de Trabajo del Senado ,vuelve a ser desarticular la organización y la acción sindical.

La prohibición de realizar asambleas sin autorización de las patronales, la limitación a 10 horas mensuales para que los delegados puedan realizar tareas gremiales, la eliminación de la tutela para congresales, la penalización severa de las tomas y bloqueos de empresas, todo esto, constituye un intento de colocar un cepo a la organización y la acción obrera, en la base. Y se agrega la supresión del derecho de huelga: el título VII, capitulo 1, art. 24,prohíbe parar al 50% de aquellos trabajadores de actividades definidas como “de importancia trascendental” y al 75% del personal de actividades “esenciales”. El listado de ambas categorías sumadas prácticamente abarca la totalidad de la industria, el transporte, los servicios, la salud y la educación. Incluso, por si alguna actividad pudo haber sido omitida el mismo artículo prevé la formación de una Comisión de Garantías (el nombre es una provocación) para calificarla y ubicarla en el renglón correspondiente.

El texto no cambia el piso de delegados que fija la actual Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) pero varios de los borradores que circularon previamente, que fueron insumos de la elaboración final, proponían eliminar toda representación en empresas de menos de 50 trabajadores. Es claro que la cuestión está en la agenda de las patronales. La cámara de empresarios metalúrgicos de Córdoba, intentó avanzar con una iniciativa de este tipo, poco antes de las elecciones de octubre de 2025. No existen datos precisos sobre cantidad de delegados de base que existen en nuestro país, pero se trata de ¡decenas de miles! Una medida como la que, por ahora, quedó fuera del debate implicaría barrer con una fracción enorme de ese ejercito: en gremios como gráficos o textiles tal vez el 90%; algo menos en la UOM y así de seguido.

Por otro lado, el título XIV, capítulo III, art 18, contiene un ataque de fondo contra los grandes sindicatos nacionales, promoviendo convenios y sindicatos por empresa. Establece la prevalencia de los convenios de menor ámbito por sobre los de rama y aunque reafirma que esa negociación queda en manos de los sindicatos con personería, tal como insistentemente reclamó la CGT, el proyecto determina un procedimiento sencillo y rápido para que los sindicatos por empresa puedan obtener su personería gremial. El Titulo XV, cap. III, art 29, dice que “podrá otorgarse personería gremial a un sindicato de empresa cuando su cantidad de afiliados cotizantes fuere, durante un periodo mínimo y continuado de seis (6) meses anteriores a su presentación superior a la cantidad de afiliados cotizantes en el ámbito de la misma empresa a la asociación con personería preexistente…”.

Este agregado entraña un cambio sustancial ya que, hasta ahora, la personería -la llave para firmar convenios, cobrar cuotas de afiliación y otros aportes- era un objetivo prácticamente imposible de alcanzar para los nuevos sindicatos. El ejemplo de la AGTSyP, el sindicato del subte, es muy ilustrativo: luego de décadas de existencia, luchas y un reclamo permanente sigue sometido a la personería de UTA. Actualmente hay unos 1600 sindicatos con simple inscripción, la mitad de los existentes, que nunca han conquistado su personería gremial. Pese a las promesas, en particular del kirchenrismo, el llamado “unicato sindical” ha sobrevivido desde el primer peronismo.

La iniciativa facho-libertaria clarifica, digámoslo de paso, el error de considerar la posibilidad de contar con distintos sindicatos en una misma actividad como un avance de la democratización del movimiento obrero; un argumento defendido históricamente por la CTA, otra de las organizaciones eternamente privada de personería.

La intención declarada de Federico Sturzenegger, principal impulsor de esta modificación, es atomizar y desarticular el poder sindical. Así lo explicó en el Encuentro Empresarial organizado por la embajada argentina en España meses atrás: “El orden de la prelación (en los convenios) cambia totalmente el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”.

Nota sobre las asambleas

El título XV,capítulo 1, art 20 bis, del proyecto referido a las asambleas dice que “la asociación legalmente reconocida podrá convocar… siempre que ello no afecte el normal desarrollo de la actividad de la empresa, ni cause perjuicio a terceros … que deberá contarse con su autorización previa… tanto de horario, lugar y tiempo de duración…. y que se devengarán salarios”- es decir que¡virtualmente también las prohíbe!

No se trata de un mero condicionamiento a la acción sindical sino de un golpe demoledor al método natural con que la clase obrera tamiza sus opiniones, forja una comprensión común de sus problemas, elabora sus soluciones y consensos y resuelve su accionar; es decir construye su conciencia y acción de clase.

Para Adolfo Gilly (ex trotskista, autor de una investigación fundamental sobre las comisiones internas en Argentina) son precisamente las asambleas y la cooperación las que generan una politización específica, que va formando una identidad política autónoma de la clase obrera. Esta autonomía obrera que “corre como un río subterráneo por la organización sindical de masas” solo “es visible para quien considere desde adentro la práctica cotidiana de la clase obrera”.

Se trata de una visión unilateral ya que la asamblea no es una instancia que libera a los trabajadores de sus deformaciones políticas y de la presión social de la burguesía, que se cuela por infinitos canales, pero sí materializa la “democracia obrera en las condiciones de la dictadura del capital y el despotismo que ejercen las patronales en los lugares de trabajo”; es decir, son una forma de determinación colectiva en la que el peso y la capacidad de orientación del activismo -con frecuencia vehículo de posiciones de corrientes políticas- encuentra el mejor escenario para prevalecer. Este es su enorme valor. Por eso también, muchas veces la burocracia contrapone a las asambleas otros medios de “consulta” como los plebiscitos o el voto por urna (en 2024 Abel Furlán, secretario general de la UOM, intentó sin éxito que las plantas siderúrgicas apoyaran una negociación salarial a la baja apelando a un plebiscito; el resultado fue el rechazo del acuerdo. La burocracia de SUTEBA recurrió muchas veces a la consulta por “encuestas”).

En realidad, la tensión entre las direcciones de los sindicados y las comisiones internas y cuerpos de delegados es oscilante; emerge con más agudeza en periodos de mayor intensidad de la lucha de clases; en momentos de reflujo las comisiones internas pueden jugar un papel de supervisión y regimentación de los trabajadores. La capacidad de contención de la burocracia sindical depende del grado de control de los organismos de base; mucho más que en la legislación y la protección del Estado. Es decir que los cuerpos de delegados son un terreno privilegiado de disputa y, bajo la dirección de una agrupación clasista, son instrumentos de la movilización de los trabajadores contra la burguesía.

El borrador elaborado por la cámara de industriales metalúrgicos de Córdoba, mencionado más arriba, también incluía un artículo referido a prohibición de las asambleas. La justificación pérfida fue que “hoy los delegados -declaró un vocero empresarial- pueden estar conectados en tiempo real con sus bases a través de herramientas digitales, por lo que la necesidad de reuniones presenciales en la fábrica está desactualizada”.Curiosamente el proyecto de reglamento de la cámara metalúrgica del 1952 mencionado antes también incluía un artículo que pretendía que “para comunicarse entre sí, los miembros de la comisión interna debían solicitar permiso a sus jefes de sección indicando los motivos por escrito” y se “prohibía que los delegados se comunicaran entre sí” y atendieran “reclamos del personal en horario de trabajo”.

No hay duda que junto con los artículos que avanzan sobre las cajas de afiliación (se suprime la obligación de los empleadores de actuar como agentes de retenciónde las cuotas de afiliación y deja en un limbo los aportes solidarios) y las obras sociales (bajando el aporte patronal de 6 a 5%) este -los sindicatos por empresa- es el punto más cuestionado por la burocracia de la CGT.

El Ministro de Desregulación, representante del ala más anti-sindical del gobierno, enfrentó varias críticas de un sector -Santiago Caputo, Martín Menem, Karina Milei- que recela de la conveniencia de dinamitar puentes con la burocracia. Coincidiendo con esa mirada varios voceros patronales han expresado una posición contraria a los sindicatos por empresa. Desde la experiencia de Sitrac-Sitram, dos sindicatos de empresa, “amarillos” que surgieron por impulso de la patronal de Fiat en 1960 y, bajo el influjo del ascenso pos-Cordobazo, alcanzaron el mayor grado de radicalización de la historia sindical argentina, la burguesía mira con extrema cautela cualquier alteración del modelo peronista de regimentación.

Por caso, el presidente de la cámara gráfica, Juan Carlos Sacco, afirmó que “la negociación por empresa que esbozan desde Casa Rosada es una torpeza total”. Las patronales saben lo que es lidiar con representaciones combativas o simplemente mucho más expuestas a la presión de sus bases y por lo tanto guardan muchas dudas de la conveniencia de desplazar a las direcciones burocráticas que tan eficazmente han actuado como dique de contención de las tendencias de lucha y como instrumento para imponer condiciones y salarios a la baja.

En una entrevista radial, Sergio Sassia, secretario general de la Unión Ferroviaria, reivindicó la negociación paritaria (es decir, el papel de las burocracias) como la vía para “modernizar” la legislación laboral y, en respaldo de esa posición, afirmó que contra de lo que suele repetirse “de los convenios del ‘75 -momento en que la relación de fuerzas resultó más favorable a los trabajadores- solo queda en pie el 5%”. Otra advertencia calificada fue la de Miguel Ángel Pichetto, mencionado al comienzo de esta nota; “la reforma laboral –declaró/alerto- va a quitarle poder a las cúpulas sindicales para dárselo a las bases, que son mucho más combativas. Entonces, lo que en realidad va a lograr el Gobierno es lo opuesto a lo buscado, en vez de debilitar al movimiento sindical, lo va a llevar a los sectores más combativos”.

Conclusión

En muchos aspectos el proyecto de reforma laboral de Milei (en rigor, una contra-reforma) revierte el sentido protector del derecho laboral para devolverlo como derecho de explotación, es decir unívocamente patronal; un “derecho” que arrasa con conquistas históricas al tiempo que anula o penaliza la protesta obrera. El Estado deja de presentarse como protector del sindicalismo para ser el instrumento directo de su desmantelamiento.

Las diferencias y puntos de contacto con aquella primera tentativa de reforma de la Revolución Libertadora, son evidentes. El agotamiento del modelo distributivo financiado con reservas, la crisis del sector externo y el fracaso del intento tardío de Perón de producir un giro moderado, precipitó el golpe, un plan de ajuste y de represión contra la clase obrera, detrás de la bandera de la “productividad”. Hoy, la consigna que alinea a toda la burguesía es la baja del “costo laboral” (inflado por un dólar subvaluado) mientras crece la deuda pública y el saqueo financiero, al ritmo del vaciamiento de la industria.

Los cuestionamientos a la burocracia ya eran muchos hacia el final del gobierno de Perón y crecieron con su retirada sin lucha luego del golpe. Hoy, 70 años después, este es el elemento más dinámico de la situación del movimiento obrero. El voto masivo a Milei en 2023 por parte de una enorme fracción de la clase obrera -tanto precarizada como sindicalizada-  fue una respuesta, distorsionada y políticamente atrasada, al hundimiento general de sus condiciones de vida y al desastre del gobierno de los Fernández. Aquel voto, que ya no se verificó en las elecciones de medio término de 2025, no expresó una adhesión a un programa anti-sindical sino, en gran medida, el repudio a la burocracia y al peronismo.

El alcance de la quiebra del peronismo en su base obrera es el gran dato político de esta etapa. Aún no llegó a traducirse en las elecciones sindicales, pero, como advirtió Trotsky en su libro sobre los sindicatos ingleses, “el aparato sindical se ha independizado mucho de las masas. La burocracia es capaz de retener sus posiciones hasta mucho tiempo después de que las masas se hayan volcado en su contra”;algo que potencialmente está presente en la situación actual.

La urgencia de Milei en avanzar con el paquete de reformas anti-obreras obedece a su compresión de la fragilidad de su situación. Por eso, los diversos proyectos “propositivos” del peronismo, que parten de aceptar la necesidad de una “modernización laboral” -un término prestado del arsenal de La Libertad Avanza que oculta detrás de un eufemismo una embestida sin precedentes- son un callejón sin salida. El único planteo que corresponde es el llamado a reunir todos los esfuerzos, en las calles y los lugares de trabajo, para derrotar la reforma laboral “esclavista”. Tal posibilidad (que podría ocurrir por múltiples razones) aterroriza, tanto a las filas de LLA como a las del peronismo y, especialmente a la dirigencia cegetista, porque inauguraría una nueva etapa para el movimiento obrero, acreedor de muchas cuentas acumuladas por la burocracia en más de medio siglo.

Esa es la alternativa por la que lucha la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero.

Bibliografía:

En defensa del Marxismo

Prensa Obrera

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