Abajo el régimen de hambre y saqueo

1. A diez meses de la asunción del gobierno, la bancarrota económica se ha acelerado en varios sentidos. Asistimos a un derrumbe del Producto Interno, agudizado por la pandemia, a una intensa fuga de capitales, una brecha cambiaria que desorganiza y paraliza el funcionamiento de la economía, una intensificación del cepo, un principio de corrida bancaria contra los depósitos en dólares y presiones reforzadas plantean un escenario de devaluación que bien puede ser inminente. Las medidas adoptadas por el gobierno para revertir esta situación han fracasado una tras otra. Por lo pronto, el reforzamiento del cepo no detuvo la caída de las reservas, porque si bien bloqueó la compra de llamado ‘dólar ahorro’, por otro lado, impulsó el retiro de los depósitos en dólares de los bancos por temor a un corralito. El Banco Central se encuentra prácticamente sin reservas líquidas, lo que conduce a una mayor paralización del comercio exterior al frenar las importaciones. La agudización de la bancarrota económica es el resultado del golpe que la crisis capitalista mundial y la pandemia generaron en una economía nacional que ya estaba quebrada por su propia dinámica interna, como resultado del fracaso del gobierno de Macri en estructurar un ciclo de inversiones apoyado en el capital financiero internacional. Se pone de manifiesto nuevamente un declive de fondo del capitalismo argentino en el marco de una bancarrota mundial.

2. Esta nueva tentativa nacionalista tropieza con el desarrollo de una depresión mundial, muy superior a la crisis de 2008 y sólo comparable con la del ’29, agravada por la crisis sanitaria que está lejos de cerrarse. Estados Unidos es el epicentro de la crisis capitalista, la pandemia y la rebelión popular. Este hecho condiciona todo el tablero internacional y, por supuesto, de América Latina y Argentina. Las expectativas de Alberto Fernández de reeditar la experiencia del kirchnerismo en 2003 se han visto rápidamente pulverizadas. No hay salida para Argentina por medio de una inserción mayor en el mercado mundial y un florecimiento del comercio exterior en momentos en que se cierran los mercados, se comprime la demanda internacional, se multiplican las medidas proteccionistas y asistimos a una intensificación de la guerra comercial, que se ha trasladado también a América Latina. La bancarrota capitalista acentúa la presión y los condicionamientos coloniales sobre los países emergentes y las tendencias a apropiarse de sus recursos, que se da en el marco de una furiosa disputa por el botín entre las potencias capitalistas y, en especial entre Estados Unidos y China. Asistimos a una creciente fuga de capitales de la periferia a las metrópolis, mientras aumentan las exigencias leoninas y la presión del capital internacional y el FMI para el pago de la deuda, que van de la mano de un ataque histórico a las condiciones de vida de las masas.

Esta confiscación es la que está en la base de las sublevaciones populares que han estremecido la región. A diferencia de la bancarrota de 2001, una devaluación está condenada al fracaso en momentos que se devalúan las monedas de los países vecinos -empezando por el real brasilero- y, de un modo general, la de todos los países emergentes y también de las monedas de las propias metrópolis capitalistas. Viene al caso señalar que las sucesivas devaluaciones que arrancaron en el segundo mandato de Cristina, bajo Kicillof como ministro de Economía y continuadas bajo la era Macri, no sirvieron para reactivar la economía y mejorar la “competitividad” argentina sino que terminaron agravando la retracción económica y las tendencias recesivas de la mano de un ataque a los bolsillos populares. Los gobiernos de corte nacionalista, así como los de corte ‘neoliberal’, fueron sobrepasados por la envergadura de la crisis capitalista, que culmina en el colapso actual. Se revelan los límites de la burguesía nacional, del cual ambas variantes son tributarias, para abrir una perspectiva superadora de salida a la crisis actual.

La rebelión popular en Estados Unidos abre, asimismo, un nuevo escenario internacional. Constituye un golpe a los esfuerzos del imperialismo por apuntalar su lugar de gendarme mundial. Esto vale especialmente para América Latina, el patio trasero de los yanquis. Representa un golpe a los regímenes tributarios del imperialismo en América Latina, tanto a los derechistas como a los ‘nacionales y populares’, que vienen adaptándose y cediendo a las presiones del capital internacional. Las movilizaciones en Colombia contra la violencia policial, la gran huelga del correo en Brasil, la lucha de masas en Bolivia contra la postergación golpista de las elecciones y la nueva oleada de luchas en Chile, volvieron a poner sobre el tapete las tendencias a la rebelión popular. En estas condiciones se potencia el rol estratégico del nacionalismo burgués, tanto en el gobierno como en la oposición, en la contención de las masas -como lo estamos viendo en América Latina. La gobernabilidad de América Latina reposa en ese rol. Alberto Fernández ha pretendido hacer valer esa condición como carta de negociación del imperialismo. Pero dicha expectativa se ha revelado infundada: la presión de los bonistas no se detuvo hasta que impusieron sus exigencias. El alineamiento del gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos, con la condena a Venezuela por el informe Bachelet sobre derechos humanos, es un nuevo eslabón en una cadena de dependencia.

3. El supuesto de que la reestructuración de la deuda era el punto de partida para un relanzamiento económico que revertiría las tendencias recesivas se ha demostrado falso. Luego de la adhesión masiva de los fondos de inversión a la reestructuración de deuda, los bonos tuvieron caídas muy significativas. La postergación de los plazos de pago de la deuda soberana en dólares no alejó el escenario de default del conjunto de la economía. Ante la quiebra del Banco Central, el gobierno resolvió que cubriría con las reservas solo el 40% del pago de la deuda de las corporaciones capitalistas -lo que las empuja a pagar el resto con dólares financieros, alimentando la inflación por su pase a costos; a eso debe sumarse la deuda en dólares de las provincias, cuyo acceso a las divisas también está cuestionado, ya que la entidad monetaria no cuenta con las divisas para asistirlas. El intento del kirchnerismo de presentar esta situación como el resultado de una crisis estructural de falta de dólares no resiste el menor análisis. Bajo la pandemia, Argentina tuvo un superávit comercial muy importante, que ronda los 15.000 millones de dólares. Pero ese superávit fue utilizado para el pago de la deuda del Estado nacional, de las provincias y de las corporaciones privadas, que anticiparon la cancelación de sus deudas apostando a una devaluación. La propia retención de la cosecha, que ronda los 11.000 millones de dólares, es otra prueba adicional de que el relato sobre la falta de divisas carece de sustento y que busca ocultar que el problema radica en la apropiación privada de la renta agraria, sea por los terratenientes, las cerealeras o los monopolios que fabrican y comercializan los agroquímicos. Los exportadores apuestan a una devaluación apalancada en el aumento del dólar paralelo y la caída de reservas.

El superávit ha ido también a financiar la fuga de capitales. Ese drenaje ha sido una constante bajo todos los gobiernos de turno. Bajo el macrismo se fugaron 86.000 millones de dólares, en tanto que en la década kirchnersita totalizaron 103.000 millones. La contrapartida de eso son los 400.000 millones de dólares que posee la clase capitalista en el exterior, equivalente a un PBI, lo cual habla que la fuente de esta hemorragia no se origina en el “chiquitaje” sino en grandes operadores del mercado. Una parte de este dinero fugado vuelve al país bajo la forma de autopréstamos. La burguesía nacional está en los dos lados del mostrador, como acreedor y deudor, y es lo que explica la presión que la clase capitalista vino ejerciendo para un arreglo con los bonistas. La burguesía nacional se ha revelado como una clase social reñida con el interés nacional y un bloqueo al desarrollo independiente del país.

Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina tuvo ‘exceso’ de dólares, frente a lo cual el gobierno emitía pesos para evitar una revaluación de la moneda local que perjudicaba la rentabilidad de los exportadores. Las reservas que acumuló comprando dólares estuvieron al servicio de un ciclo parasitario. Esto porque, por un lado, producían inflación, ya que los dólares no eran utilizados para financiar un plan de industrialización que incrementara la productividad del trabajo, sino que quedaban en resguardo como garantía del pago de la deuda y de la fuga de capitales. Al mismo tiempo, dio pie a que se abriera paso un festival de bonos, que fueron creados para absorber la emisión originada en ese ingreso los dólares y evitar el riesgo de una hiperinflación. Esto es lo que está en la base de las Lebac y luego las Leliq emitidas por el Banco Central, así como los títulos emitidos por el Tesoro nacional, lo que ha terminado convirtiéndose en una bola de nieve y una hipoteca insostenible para el país.

Ese proceso parasitario, que con las diferencias del caso se repitió en la mayoría de los países de América Latina, es la prueba más contundente de la incapacidad de la burguesía nacional para jugar un papel progresivo. En buena medida se repite ahora con la asistencia del Estado mediante emisión monetaria a las empresas, que no se transforma en capital ante la incapacidad de desarrollar un proceso de inversión productiva. En estas condiciones, la emisión monetaria se transforma en un factor de destrucción de la moneda nacional, de mayor inflación y de desorganización de la economía al perderse las referencias y equivalencias que requiere la economía capitalista. El ciclo actual refuta la pretensión kirchnerista, de cuño keynesiano, de que la emisión no genera inflación en la medida que sirve para reactivar la economía. La importancia de esta tesis para nuestra lucha política reside en que el gobierno eludió financiar el limitadísimo paquete de ayuda en la pandemia con un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda, el resultado es que la emisión a la que se recurrió termina estimulando la fuga de capitales, el vuelco al dólar y la devaluación.

4. El fracaso del gobierno en frenar la fuga lo llevó a improvisar un paquete de medidas para fomentar la oferta de dólares, para lo cual estableció una serie de concesiones importantes al gran capital. En la lista se incluye la reducción de retenciones al agro, a la industria y a la minería, el incremento de subsidios a la patria de la construcción y las “empresas del conocimiento” (como Mercado Libre). Sin embargo, los primeros resultados de este paquete ofrecen el indicio de que va camino a un nuevo fracaso. Una brecha cambiaria cercana al 100% aleja cualquier posibilidad de que el capital agrario decida vender masivamente la cosecha que tiene retenida a cambio de una rebaja de entre 3 y 5 puntos de las retenciones. Mucho más, cuando como resultado del cepo esas ventas deben permanecer en pesos, corriendo peligro de una desvalorización de darse una devaluación. El carácter improvisado de las medidas no debe ocultar su contenido antiobrero. Sucede que la rebaja de las retenciones al agro conlleva un aumento de los precios internos de los alimentos, un mayor déficit fiscal que afecta al gasto público y obliga a más emisión monetaria inflacionaria, así como la suba de la tasa de interés anunciada para interesar a los capitalistas a quedarse en pesos implica agravar las tendencias recesivas presentes. A fin de cuentas, la variante más probable es que el fracaso de estas medidas conduzca a una devaluación de proporciones importantes, algo que está anunciado en el paquete de medidas ya que se estableció que el Banco Central incrementará la tasa de devaluatoria. Las consecuencias de una devaluación serían, en el corto plazo, un agravamiento de la inflación y la recesión, como ya lo vimos en 2014 con Kicillof y luego con las devaluaciones bajo el macrismo. Representaría un golpe también a las deudas en dólares que tienen las empresas y las provincias. Desde el punto de vista social, los efectos serían aún más devastadores, sobre todo si se tienen en cuenta los niveles récord de desocupación, pobreza e indigencia que se conocieron en estos días. Esto explica el intento del gobierno de eludir una devaluación, pero las contradicciones de fondo del proceso económico son más decisivas que las maniobras del equipo económico.

5. La falta de financiamiento del proceso económico, la tendencia al default que sigue presente por los altos niveles de endeudamiento y la recesión sin precedentes que afecta a casi todas las actividades plantean un escenario de quiebras y choques al interior de la clase capitalista. Vicentin fue un emergente de esta situación, que ahora se repite en los choques al interior del capital agrario entre productores y las aceiteras y los exportadores. Esos choques se entrelazan con la guerra comercial más general que recorre la región y que enfrenta, por sobre todo, a Estados Unidos con China. El gigante asiático quiere incorporar a su red a la Argentina, a la llamada “ruta de la seda”, que busca asegurarse la provisión de materias primas para su industria. Una relación de este tipo tiene para el país características coloniales, ya que agrava las tendencias presentes a la primarización de la economía y al atraso industrial. La balanza comercial que Argentina tiene con China retrata claramente esta situación. China busca explotar a su favor la falta de financiamiento para invertir en infraestructura vinculada con su propia red de aprovisionamiento y desplazar así a otros competidores.

Las telecomunicaciones se han convertido en uno de los epicentros de la guerra comercial y de los choques de distintos bloques capitalistas. El DNU que declara servicio público a las telecomunicaciones y la suspensión del aumento de las tarifas motivó una crisis con las patronales afectadas -en aras, también, de evitar una mayor presión sobre las paritarias de los millones de teletrabajadores de distintos gremios. La disputa entre China y Estados Unidos por el desarrollo del 5G ha cobrado una relevancia en América Latina; Bolsonaro viene de alinearse en la ONU con las denuncias de Trump sobre la vulnerabilidad y la venta de información por parte de Huawei, generando choques al interior de la burguesía brasileña. En la Argentina, las empresas tienen como socia a la empresa china por sus bajos costos en equipos, pero la presión del imperialismo yanqui, en particular vía FMI, agrega otro condimento que dificulta el intento de terciar entre los dos polos de la disputa. De conjunto, nuestro planteo es la nacionalización de las telecomunicaciones bajo gestión de los trabajadores, como parte de los recursos estratégicos del país.

Luego de varios años de gobiernos nacionales y populares en América Latina sigue siendo motivo de disputa colonial de las grandes potencias. La reciente elección de autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue escenario de este choque internacional. Estados Unidos rompió la tradición de que el BID lo presida un funcionario elegido por los países de América Latina para colocar un funcionario propio, que se valga del BID para defender al capital yanqui contra China y otros competidores. El agravamiento de la crisis mundial conduce al pronóstico que estos choques en la región se van a intensificar, adquiriendo cada vez más un carácter violento, produciendo divisiones, fracturas y golpes.

En relación con estos choques, el gobierno oscila debido a sus propias contradicciones internas. Apuesta a un acuerdo con el FMI, lo que lo obliga a depender de un acuerdo con Estados Unidos, pero la urgencia por las divisas lo lleva a evaluar la activación del swap con China. Estas oscilaciones son el resultado de una dependencia a dos bandas, de ninguna manera una expresión de soberanía nacional o mayor autonomía. Una caracterización histórica, la tendencia al bonapartismo como resultado de la necesidad de los gobiernos del nacionalismo de arbitrar limitadamente en choques entre sectores del imperialismo y la burguesía nacional, se ve nuevamente confirmada. El valor de esta caracterización reside en que permite entender los intereses de rescate al capital que persigue el gobierno, incluso cuando choca con sectores capitalistas. Este análisis está ausente en la izquierda, que oscila entre cuestionar al gobierno como si fuera una formación neoliberal o hacerle seguidismo cuando adopta medidas de choques parciales con algunos grupos económicos.

6. La cuestión energética es otro episodio crucial de la crisis. El gobierno busca evitar que se fuguen dólares por la importación de energía el próximo invierno, para lo cual ha recurrido a subsidios que agravan el déficit fiscal; luego del “barril criollo”, se anuncia la puesta en marcha de una Plan Gas 4 que ofrece un precio de compra del gas en boca de pozo que duplica la media internacional, y ello de la mano de un tarifazo en los servicios, tanto de gas como de electricidad. Esto, luego de que a fines del año pasado se bajaran del 12 al 8% las regalías petroleras en la provincia de Neuquén y de que el gobierno nacional prácticamente eliminara las retenciones a la exportación de crudo. El proyecto oficial de “aporte solidario” plantea asignar un cuarto de la recaudación a subsidios al sector.

La tendencia internacional obra, de todas maneras, en un sentido contrario a las intenciones del gobierno de promover inversiones. Las empresas festejan un aumento del 100% de la productividad de gas y del 75% en el petróleo, ya que a pesar de la reducción de las cuadrillas de trabajadores en los yacimientos se sostienen los niveles de producción. La industria hidrocarburífera se ha convertido en uno de los epicentros de la reforma laboral de hecho por la que presionan las patronales. El 50% de los trabajadores del petróleo se encuentran suspendidos y se han impuesto 3.000 despidos encubiertos como retiros voluntarios; la burocracia de Guillermo Pereyra pasó de reclamar el 43% de aumento salarial a firmar una paritaria de 16,2%. A la cabeza de la ofensiva flexibilizadora y contra los puestos de trabajo se encuentra el propio gobierno, mediante el “plan de optimización” de YPF, la cual está sumida en una profunda crisis y enarbola como salida la reducción de un 30% de sus costos. Oponemos a esta política la apertura de los libros de los pulpos, la defensa del convenio colectivo y la prohibición real de despidos y suspensiones, en camino a la nacionalización integral de la industria hidrocarburífera bajo control obrero.

El agravamiento de la crisis nacional y la posibilidad de que derive en una nueva megadevaluación reforzarán los intentos del gobierno de alcanzar un acuerdo con el FMI. El Fondo está controlado por el capital norteamericano y jugará en función de esos intereses. El ajuste fiscal que reclama tiene también ese sentido, porque afectará no solo a los trabajadores sino también los intentos de la burguesía nacional de lograr protección estatal, echando mano al recurso de más subsidios. Por lo pronto, el pedido de que el ATP se prolongue, por el cual el Estado paga parte del salario de las empresas siga hasta fin de año, fue desechado por el gobierno en tanto choca con los pedidos de ajuste fiscal del FMI. El gobierno discute nuevamente eliminar el IFE. Las negociaciones que se vienen no serán un paseo, sino que pondrán sobre la mesa exigencias referidas a las reformas laboral y previsional, al régimen de coparticipación federal, la política de asistencia social y, desde ya, el alineamiento internacional de Argentina en la guerra comercial entre Estados y monopolios. Otro choque se dará en torno de la cuestión tarifaria y los subsidios. Lo mismo sobre las retenciones, porque el FMI, con seguridad, propondrá mantener el impuesto para lograr un superávit fiscal, aún chocando parcialmente con el capital agrario. La orientación ajustadora del FMI ya la viene implementando el gobierno de hecho, licuando el gasto público al mantener los salarios y las jubilaciones por debajo de la inflación y la movilidad previsional, respectivamente. Por otra parte, mantienen el uso de los fondos jubilatorios para subsidiar a la burguesía con los ATP que garantizan los sueldos en 300.000 empresas, la eximición de aportes, la moratoria impositiva, la entrega del FGS, junto con la baja en retenciones, forma parte de esta política y descarga la crisis sobre los trabajadores. El ajuste también alcanza al gasto social, como ocurre con las universidades nacionales, que sufrieron una reducción significativa de sus partidas presupuestarias. El propio Presupuesto 2021 es un claro “dibujo” de ajuste y de golpe al conjunto de las necesidades de la población (salud, educación, salario de estatales, IFE, jubilación, respuesta a la lucha por la tierra) y, en tanto tal, es un punto de choque de quienes tienen expectativas en el gobierno. En tanto, también alrededor del debate del Presupuesto se darán choques entre distintos sectores de la burguesía, nosotros debemos intervenir en esos debates levantando la denuncia del presupuesto fondomonetarista. La quita de parte de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires forma parte de este ajuste, más allá de que el gobierno busque justificarlo en nombre de la ‘igualdad entre la Capital y el interior”. La debilidad de una reactivación, que depende del comercio internacional estancado, aparece bloqueada por las contradicciones del proceso económico (por ejemplo, con la incapacidad de importar insumos) y, sumado a la cuenta de la deuda y los subsidios al gran capital, hacen que eliminar el déficit sea una tarea imposible. Más allá de la dureza del golpe a los salarios estatales y docentes, o la parálisis de la obra pública.

7. El salto que ha dado la crisis económica en estos días, a lo que debe sumarse la acumulación de muertos y contagios por la pandemia, ha planteado un principio de crisis política al interior del gobierno. El fracaso de las sucesivas medidas adoptadas abrió el debate sobre un cambio de gabinete, donde está en cuestión la continuidad del ministro de Economía, Martín Guzmán, e incluso del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El bonapartismo bicéfalo o tricéfalo (si sumamos a la Massa) se demuestra inapropiado para el manejo de la crisis. Los reclamos de un sector del peronismo de que el Alberto Fernández presida el PJ y rompa o subordine al kirchnerismo apuntan a una conversión más directa a un gobierno apoyado por el FMI. El planteo omite, sin embargo, que en lo esencial el kirchnerismo, y Cristina Kirchner en particular, han apoyado todas las medidas antiobreras del gobierno, desde la suspensión de la movilidad jubilatoria a las enormes concesiones realizadas en la reestructuración de la deuda. La variante más probable es que antes que se produzca esa ruptura será la propia Cristina Kirchner la que busque el acuerdo con el FMI como recurso extremo para salvar a su gobierno. La evolución de la crisis política, con el respaldo del cristinismo al pacto de la deuda, luego a Berni y ahora su aval al FMI, son un factor para desenmascarar esta “ala izquierda” del gobierno. Al igual que la negativa de tratar la cuestión del aborto legal, lo que es una concesión clara a las iglesias reaccionarias en función de la contención social. Cristina, en tanto, va por el rescate de las causas judiciales y se juega a fondo en una reforma que sería un copamiento oficialista de la Justicia. La disputa en y por la Justicia tiene varias aristas que reflejan el alcance de la crisis capitalista y del régimen político para pilotearla, porque no se trata solo de la cuestión de la impunidad de las camarillas kirchnerista y macrista. La Justicia ya es el terreno de disputas intercapitalistas que la llevan y la llevarán a arbitrar.

8. Esta crisis política debe analizarse en el cuadro de una caracterización más precisa del régimen, sus fuerzas políticas y las relaciones que éstas tienen establecidas con sectores amplios de las masas. La crisis de régimen de 2001 y la cuasi-disolución de la UCR dieron lugar luego al surgimiento del macrismo que, con la creación del PRO, superó parcialmente su alcance original de partido porteño y de cuño exclusivamente personal. Al macrismo se añadieron luego la propia UCR, bajo forma subordinada, al verse reducido al interior del país, y otras fuerzas de centroderecha, como la Coalición Cívica, Patricia Bullrich y compañía. De esta alianza surgió Cambiemos, que ganó las elecciones de 2015 en el país y en la provincia de Buenos Aires. El fracaso del gobierno macrista fue categórico y dejó planteado para la clase capitalista un problema de fondo. Sucede que el macrismo venía a ejecutar el programa antiobrero hasta sus últimas consecuencias y una alianza a fondo con el capital financiero internacional. Sin embargo, y a pesar de la colaboración del peronismo con esta orientación, no pudo ejecutar su política por una combinación de factores, que incluyen desde la propia crisis capitalista a la resistencia obrera y popular. Esta carencia de recursos políticos se puso de manifiesto desde el primer momento, cuando Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, prometió desalojar cada piquete en cinco minutos, pero luego debió recular de tal pretensión. El fracaso del macrismo condiciona ahora la salida a esta crisis, porque se proponen medidas que ya fueron aplicadas sin resultado favorable entre 2015-2019. Tributan en la misma dirección las rebeliones populares que se produjeron en América Latina contra gobiernos derechistas, empezando por Chile y siguiendo por Ecuador. El fracaso del macrismo, sin embargo, no implicó su desaparición política ni electoral. El resultado obtenido, que incluyó un repunte electoral entre agosto y octubre, dejó planteado un escenario de polarización que distingue el proceso político actual de otros que hemos visto en el pasado. Ambos bloques, además, tienen estructurados un canal hacia las masas y recurren a movilizaciones callejeras como parte de sus juegos de presiones y compromisos. Mientras la derecha se apoya por sobre todo en la población vinculada con el agronegocio y a una pequeño-burguesía y burguesía urbana de las ciudades capitales, el peronismo tiene su eje en el conurbano y las provincias del interior. Ambos tienen sus alas más ‘radicalizadas’: en el PJ, ese lugar lo ocupa el kirchnerismo y sectores afines, mientras que en Juntos por el Cambio son los Macri y Bullrich. Esa polarización, además, tiene un alcance continental, ya que se liga a la guerra por la conquista de América Latina por los grandes monopolios y las potencias. Sin embargo, tras el fracaso de la gestión macrista, busca cobrar vuelo una derecha outsider con un discurso antisistema, conformada por los Espert y Milei, que busca presentarse ante la juventud como una alternativa a los bloques que gobernaron el país todos estos años; debemos explicar que estos defensores a ultranza del capital no expresan ninguna salida para las aspiraciones de la juventud trabajadora, sino una mayor precarización laboral, entre otros atropellos. Y constituyen una expresión en Argentina de la tendencia bolsonarista presente en América Latina.

9. Los choques derivados de la crisis económica, sumados a la disputa entre bloques políticos relativamente estables con llegada a sectores activos de las masas, crean un cuadro de agitación política más o menos permanente. Aún siendo minoritarias, las acciones de la derecha muestran una orientación reaccionaria activa, que emula con sus particularidades la experiencia de Bolsonaro. Por el momento, la burguesía no tiene en su radar ejecutar un golpe, ya que eso llevaría a recrear la experiencia macrista fracasada. Pero eso no significa que se impone un clima de “unidad nacional”. Al revés, con seguridad enfrentaremos escenarios de choque entre fuerzas capitalistas, que plantean para el partido enfrentarlas, mostrando qué intereses sociales defiende cada uno, desnudando su contenido capitalista y reaccionario. El “centro” político que fracasara con Lavagna y Massa no toma cuerpo tampoco ahora. El acto de la CGT del 17 de Octubre se inscribe en esa tentativa, tratando de rescatar al gobierno en su conjunto, pero en particular a Alberto Fernández, impulsando el pacto o consejo económico social con AEA, lo cual es un posicionamiento político contra las masas, y en la interna contra el kirchnerismo, buscando colocar un contrapeso a la camarilla de Cristina, aún cuando el pacto estuvo en su ideario inicial de la coalición.

Por otra parte, la coalición opositora de Juntos por el Cambio atraviesa un impasse justamente porque el sector liderado por Larreta apuesta también a un armado más de centro, motivo que lo impulsó a suspender la mesa política que sostiene el armado. Larreta, con Vidal y un sector de la UCR apuestan nuevamente a aglutinar a parte del peronismo y a la derecha más moderada para un bloque de recambio.

10. La crisis tiene una repercusión específica en los distritos y hace crujir también los regímenes políticos provinciales y municipales. Las provincias van a estar especialmente afectadas porque varias de ellas enfrentan ahora una negociación de sus deudas, trabada por el conjunto de contradicciones brutales que acumuló la economía y por la llegada explosiva de la multiplicación de los contagios y el colapso del sistema sanitario. En Salta cayó la ministra de Salud luego de un par de cacerolazos masivos en Orán y una crisis en la Legislatura, de gran repercusión pública, por el rechazo al tratamiento de nuestro proyecto para hacer testeos masivos y por el pase a planta a los trabajadores de la salud. Cayó luego todo el gabinete municipal de Orán y ahora se desarrollan movilizaciones importantes en Aguaray, con una crisis política por casos de corrupción del intendente, que estaría obligando al oficialismo a votar la intervención del municipio en esta semana. El “que se vayan todos” es coreado en alguna de estas crisis municipales, confirmando que se va instalando la percepción popular de una crisis de conjunto.

Santa Fe es un ejemplo de la enorme crisis en las provincias. Pese a estar a la cabeza de los contagios en el país, con el sistema de salud colapsado y el personal de salud reclamando una vuelta al confinamiento obligatorio, el gobernador Omar Perotti continúa abriendo actividades, incluidos los shoppings. Esto, mientras están muriendo personas por la falta de camas. El malestar popular contra el gobernador crece y viene de encarcelar a un trabajador que lo insultó durante un acto, una respuesta que busca ser aleccionadora, ya que no es un hecho aislado y golpea en la línea de flotación del gobierno. La dirigencia sindical colaboradora del ajuste fue también blanco de escraches en la vía pública, como le sucedió a los secretarios generales de ATE y UPCN. Sonia Alesso, de Ctera y Amsafe, es cuestionada en su propio gremio. Rosario y Santa Fe ocupan dos de los cuatro conglomerados urbanos con mayor desempleo del país, la indigencia alcanza al 14% de la población, por encima de la media nacional. Esto, en una provincia donde se concentra el 85% de las exportaciones del país, dando cuenta de una polarización social brutal que ha ido creciendo a lo largo de los gobiernos. A la catástrofe económica, con la quiebra de empresas de élite como Vicentin, se suma el flagelo del narcotráfico y la depredación ambiental -que agrava la crisis sanitaria por la pandemia- en beneficio del capital agrario, que actúa con total impunidad a la hora de incendiar terrenos, que en muchos casos son terrenos fiscales ocupados para la explotación ganadera. Con la visita de Alberto Fernández a la provincia se produjo un hecho político novedoso, ya que para denunciar esta política confluyeron la movilización ambiental y la de los docentes reemplazantes, dando cuenta de un malestar social enorme que, por ahora, carece de una dirección pero ha tenido al Partido como una fuerza organizadora.

En Chubut continúa la crisis provincial con tres meses de atraso en los sueldos y una parálisis general del funcionamiento estatal, y especialmente la educación. Es una crisis que impacta de lleno en el Frente de Todos, ya que Massa sostiene a Arcioni, quien -entre otros agravios- acaba de procesar a los dirigentes docentes en la provincia. La quiebra de la provincia de Córdoba se tradujo en una fuerte iniciativa del gobierno contra las masas que, junto a la grave situación de la pandemia, lo ha colocado en una situación crítica. Después de imponer la reforma jubilatoria, el congelamiento salarial a estatales y docentes, el cese del transporte interurbano, la reforma laboral a los municipales de la capital, entre otras medidas antipopulares, Schiaretti no sale a flote y ahora enfrenta una dura discusión de la deuda provincial, donde ya la calificadora S&P la tildó de “default”. La salida represiva para garantizar estos planes, por medio de un “comité de emergencia” con el Ejército y la Policía, también fracasó por el gatillo fácil que asesinó de Blas Correas y las decenas de luchas que se han producido en los últimos meses en la provincia. De conjunto, el gobierno del “presidente y los 24 gobernadores” y de la “unidad nacional” tiene un principio de disgregación, ya que se multiplican los choques por la instrumentación de las cuarentenas en las provincias (lo que lleva a dejar en manos de los gobernadores, cada vez más, los criterios al respecto), lo mismo pasa con la decisión del Consejo Federal de Educación, que deriva en cada uno de ellos los criterios de una vuelta a actividades presenciales.

11. Buena parte de la izquierda oscila entre el seguidismo al kirchnerismo y la denuncia de presentarlo como una variante ‘neoliberal’, porque carece de una correcta caracterización de la burguesía nacional, sus verdaderos intereses explotadores, que en algunas cuestiones la llevan a chocar con el imperialismo o con sectores de él. La candidatura de Fernández (en lugar de Cristina), la integración de Massa al Frente de Todos, la presencia de los gobernadores, tuvieron, en relación con la base social del gobierno, un sentido político preciso: montar un frente político en torno de sectores de la burguesía nacional con el apoyo de la burocracia sindical, para poner en pie un recambio que pudiera encauzar el voto popular frente al colapso del macrismo. Esta burguesía nacional tiene entre sus prioridades un arreglo integral en torno del problema de la deuda. La degradación de perspectivas de este bloque es una expresión de fondo del declive del capitalismo argentino. En general, la izquierda reemplazó el concepto de nacionalismo burgués por el de “progresismo”, lo cual es un grave error, ya que son de naturaleza bien distinta. En un caso refiere a una clase social y tiene una base objetiva y, en el otro, a una expresión ideológica, por cierto, muy confusa y heterogénea.

12. Una prueba irrefutable de la profundidad de los choques en marcha es que involucran cada vez más al Poder Judicial. La llamada ‘judicialización de la política’ no es otra cosa que la expresión de una crisis de régimen político muy agudo y la admisión de que no puede resolver sus contradicciones por las vías tradicionales, empezando por el Congreso. La disputa por copar la Justicia alcanza a todas las fuerzas políticas. Recordemos, de paso, que una de las primeras medidas tomada por Macri como presidente fue nombrar a dos jueces de la Corte por DNU. En la actualidad, la disputa alcanza hasta la constitución de los tribunales y de cada fuero, como lo prueba la crisis abierta sobre la aceptación o no del traslado de tres jueces. El Poder Judicial se ha transformado en América Latina en un factor activo del golpismo, con fuertes vínculos con el Departamento de Estado yanqui, y la guerra por copar los tribunales equivalen a maniobras de posición preventivas por parte de cada bloque capitalista en función de los choques por venir. En esa lista hay temas de fondo, como la coparticipación de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, los decretos sobre telecomunicaciones e incluso el funcionamiento del Congreso durante la virtualidad. La disputa por la cuestión de la Justicia se entrelaza por la crisis en los aparatos de inteligencia, por la divulgación de actividades de espionaje de la AFI bajo el macrismo. Y empalma con los motines de las fuerzas de seguridad. Tomado en general, se pone de manifiesto cómo la crisis política, los choques al interior de la burguesía y la bancarrota económica tienden a hacer entrar en crisis el propio aparato estatal. Esto, a su vez, plantea escenarios de choques entre fracciones patronales en los cuales debemos intervenir clarificando los intereses en juego.

13. La delimitación ante ambos bloques capitalistas plantea una lucha programática de fondo, que refute las salidas de cada uno de ellos, que muestre que los intereses capitalistas guían tanto los choques como las tendencias al compromiso. Es lo que sucede con el llamado “impuesto a la riqueza”, al que caracterizamos como una maniobra del gobierno para ganar autoridad ante las masas y hacer pasar los planes de ajuste. Nuestra denuncia a esa maniobra no se puede confundir con el rechazo del macrismo. Por eso, la hacemos sobre la base de nuestro propio proyecto y en el voto se plasmará con una abstención. Nuestro proyecto se integra a un planteo programático integral, que parte del repudio a la deuda externa, plantea la ruptura con el FMI, la nacionalización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos estratégicos, así como por el control obrero general. Integra, asimismo, las reivindicaciones inmediatas de las masas, que se encuentran completamente por fuera de la agenda de los partidos del régimen y que son un factor de impulso de la movilización de los trabajadores contra el capital y su Estado. Es así que enarbolar la pelea por el aumento inmediato de salarios y jubilaciones, para equipararlos al costo de la canasta familiar; por la defensa de la Anses y las cajas previsionales provinciales, y el reclamo de que pasen bajo el control de los trabajadores; por un seguro al desocupado de 30 mil pesos y por el reparto de las horas de trabajo sin reducción de salarios, para garantizar el pleno empleo; por la efectiva prohibición de despidos y suspensiones, la apertura de los libros de contabilidad de las empresas y la ocupación de toda fábrica que cierre o despida, para proceder a su estatización y puesta en producción bajo control de sus trabajadores; por la duplicación de los presupuestos sanitarios, la centralización del sistema y la constitución de comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo, son cuestiones fundamentales.

14. En otras de las áreas donde se ve de manera descarnada el rumbo del gobierno es en el frente ambiental, con un Ministerio de Ambiente que funciona como una pantalla de humo de un gobierno que apuesta a la exportación de materias primas como fuente privilegiada de obtención de divisas y, por lo tanto, a una mayor primarización y dependencia económica del país. Ya son catorce las provincias en las que el fuego consume sus recursos naturales, en beneficio de las actividades agroexportadoras y mineras y para los desarrollos inmobiliarios capitalistas. Lo que viene a agravar la crisis sanitaria por la pandemia. El gobierno nacional viene de aprobar el trigo HB4, un transgénico que no cuenta con las más mínimas y elementales normas de seguridad, en favor de la expansión de la frontera agrícola. El Acuerdo con China para instalar granjas industriales de cerdos, una actividad altamente contaminante y con consecuencias sanitarias nefastas, solo se pospuso por la movilización ambiental pero sigue en carpeta. Como vimos en Mendoza, la lucha en defensa del ambiente plantea una impugnación del conjunto del régimen político, que no tiene un programa de desarrollo alternativo para la economía nacional que no sea la exportación de materias primas, una actividad dominada por el capital extranjero. Desde la iniciativa popular en Chubut contra la megaminería, los cortes del Puente en Rosario, la lucha en Mendoza contra la “ley cianuro”, en San Juan contra la megaminería, las actividades en defensa de los humedales en Buenos Aires, entre otras, el partido y Tribuna Ambiental están interviniendo con un programa obrero y socialista.

15. La magnitud de la crisis y su alcance político ponen en el orden del día el cuestionamiento del capitalismo y la necesidad de una salida socialista bajo la dirección de los trabajadores. Se plantea una delimitación de mayor alcance con el conjunto de las fuerzas políticas basadas en la experiencia que las propias masas tienen con su rol en la historia reciente del país. El hecho de que en los últimos años se hayan sucedido gobiernos de ambos bloques nos habilita a una denuncia integral sobre su responsabilidad en la crisis nacional, que ha alcanzado niveles nunca vistos de falta de inversión, desocupación, pobreza e indigencia. La percepción popular de una especie de estancamiento secular o, peor aún, de retroceso general del país, debe ser explotada en la agitación y la propaganda. De aquí se derivan una serie de consignas, cuya utilización depende de la función y la oportunidad que se presenten. El planteo de “ningún acuerdo con el FMI” ocupará un lugar en las próximas semanas para enfrentar los pactos que se vienen y, entre otras cosas, el tratamiento del Presupuesto 2021. No ponemos el eje en “fuera el FMI”, como podrían eventualmente hacerlo sectores de la izquierda kirchnerista, sino “ningún acuerdo”, para colocar el foco en el gobierno. Pero esta consigna la complementamos con “Abajo el régimen del hambre y el saqueo de todos aquellos que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”. El valor de una consigna así es que supera la mera coyuntura, cruzada también por la pandemia, y establecemos un balance histórico sobre la clase social y los partidos que han dirigido el país en los últimos 40 años. Es un planteamiento que se apoya, asimismo, en las rebeliones populares, que muestran el peso de la bancarrota capitalista, su alcance mundial y el carácter explosivo de la respuesta de las masas.

16. Con estas consignas encaramos esta crisis de alcance general con una campaña política de partido, con un Manifiesto, un plan de actos, charlas y movilizaciones. El fracaso del gobierno de Fernández es un terreno de lucha política para separar a las masas del nacionalismo. A su vez, el hecho de que este fracaso sea una continuidad del fracaso del macrismo debe servir para mostrar que todas las variantes políticas de la burguesía son responsables del aumento pavoroso de la pobreza y la indigencia. Mientras las divergencias al interior del FIT-U traban una acción común, deberemos encarar la misma como Partido Obrero, colocando a nuestros voceros a explicar una salida y retomando una agitación en las calles y lugares de trabajo, que complementa, naturalmente, a la que deberemos realizar en las redes sociales y a través de prensaobrera.com.

17. La incapacidad para lidiar con la bancarrota económica y social se traduce en la pérdida de confianza en el gobierno de Fernández, que caracterizó a su ascenso y al apoyo (impulsado por todo el arco patronal) a sus primeras medidas de cuarentena. Se comienza a percibir, asimismo, un fracaso en la contención de la pandemia y una grave situación en el sistema de salud, que expresan las movilizaciones de enfermeros y médicos. Se va extendiendo entre capas crecientes de los trabajadores la idea de que el gobierno de Fernández va aceleradamente hacia un fracaso. La idea de “pagar las jubilaciones con las Leliq” fue reemplazada por su contrario, de la pretensión de la defensa de las fuentes de trabajo pasamos a la desocupación récord, el gobierno que iba a terminar con el hambre tiene un 56 por ciento de los niños con déficits alimentarios. Eso se extiende a otros terrenos, como el asesinato de Facundo y las concesiones al motín policial, o la postergación indefinida del proyecto del aborto legal. Al mismo tiempo, la derecha mantiene una agitación política: busca explicar la crisis por las medidas restrictivas, apunta contra el intervencionismo estatal, golpea sobre los cepos al dólar y denuncia la desorganización económica, levanta una agenda represiva. Pero su pretensión de encarnar una salida está cuestionada por el fracaso de la experiencia macrista. El descontento popular, entonces, no tiene por el momento una referencia política clara. Se traduce en la fuerza de ciertas acciones de lucha, aunque aisladas pero, sobre todo, en una deliberación popular que recorre barriadas y lugares de trabajo, y una inquietud popular frente al avance de la miseria, la desocupación, etc. Es preciso explotar este estado de ánimos explicando y desarrollando nuestros planteamientos en forma polémica, tanto con el gobierno como con la oposición. La sucesión de gobiernos de signos distintos en el último período, tanto en la nación como en la provincia de Buenos Aires y, más para atrás, en las sucesiones de gobiernos entre peronistas-kirchneristas, macristas, radicales, etc., plantea sacar conclusiones de fondo sobre quiénes son los responsables del fracaso nacional. En nuestra propaganda debemos mostrar que estas crisis recurrentes ponen en el banquillo de los acusados a la clase capitalista nativa y a sus representantes políticos de distinto signo. Nuestro planteo de una transformación social integral, dirigida por la clase obrera y la izquierda, se deduce de este balance de los últimos 50 años.

La impugnación de conjunto al régimen va ir madurando en medio de la crisis y a partir de la experiencia que irán recorriendo las masas en el próximo período, que van a tener que salir enfrentar una nueva etapa de la ofensiva capitalista. Tenemos que concentrar la atención en todas las afrentas y ataques que el gobierno va a llevar adelante, en el marco del ajuste. Cuestiones como la tierra y la vivienda, como lo revela la ocupación de Guernica, los salarios y las paritarias, la represión, como lo expone crudamente el asesinato de Facundo Castro, el aborto legal, etc., sacuden y sensibilizan a la población y se transforman en elementos de colisión de sectores de las masas con el gobierno. Es allí donde se abre paso la ruptura de la política de contención del nacionalismo gobernante. En estas cuestiones, la oposición cierra filas con el oficialismo, de modo tal que es allí donde la izquierda ha logrado ganar un protagonismo y debe ser explotado de modo de terciar de cara a un escenario político que hoy está polarizado por el gobierno y la derecha. La intervención en estas luchas es decisiva, impulsándolas y contribuyendo para llevarlas a la victoria. En este plano cobra especial importancia la elaboración y formulación de una plataforma de reivindicaciones mínimas y transicionales que ofrezcan una respuesta a las luchas en curso, que debemos enarbolar no como compartimentos estancos sino como eslabones de una salida política de conjunto liderada por los trabajadores.

18. En lo que respecta al aborto legal, no debemos descartar que el gobierno decida finalmente -tras largos meses de archivo- avanzar en este terreno en materia legislativa. Alberto Fernández siente la presión de avanzar en este punto frente al desgaste que sufre como agente de una política de furiosa ofensiva contra las masas y puede encontrar en el aborto legal la concreción de al menos una iniciativa de carácter progresista. El tema forma parte de negociaciones con el Vaticano desde el año pasado, cuando Fernández se comprometió -en campaña primero y luego una vez electo presidente- en avanzar en la despenalización y legalización. Si ahora promueven un avance en esta materia, no es producto de un choque con las iglesias (cuya influencia siguen reforzando como rueda auxiliar de la contención frente al ajuste), sino de negociaciones con ésta, y será usado como prenda de cambio a costa de perpetuar el encubrimiento a curas abusadores, el financiamiento estatal de las mismas, el copamiento clerical del sistema educativo y de salud, etc. Debemos seguir la evolución del tema con mucha atención y redoblar la campaña política por Aborto Legal 2020, la ESI laica y científica, y por la separación de la Iglesia del Estado.

19. La contracara de esta inquietud popular es la complicidad política de la burocracia sindical, expresada en el acto del 17 de Octubre con Alberto Fernández. El mismo tiene mucho de parodia, porque se anunció originalmente como una movilización masiva y terminará siendo una actividad virtual. La burocracia es más que nunca un canal de la presión patronal: desde ese lugar, habilita despidos, rebajas salariales, paritarias a la baja (el ejemplo más claro es UPCN con el 7%) y todo tipo de tropelías. Lejos de la pretensión de pesar en el gobierno para defender los intereses de los trabajadores, su integración apunta a reforzar su peso como casta empresarial y, en ciertos casos, a salvarla de su propia crisis. Gran parte de la agenda de la burocracia de los gordos pasa por la defensa de las cajas de las obras sociales pero, al mismo tiempo, son arquitectos de las paritarias a la baja, la flexibilización laboral por la vía del atropello de los convenios aprovechando la pandemia, de hacer pasar los despidos abiertos y encubiertos, y las suspensiones con rebaja salarial. El moyanismo está en cuarteles de invierno mientras se resuelven las causas judiciales contra Pablo Moyano y pelea sigilosamente por salir bien parado de la quiebra de Oca. La CTA hace parte del trabajo sucio de contención de los golpeados trabajadores estatales: Ctera viene de doblegar, con maniobras fraudulentas, en Santa Fe, el intento de la huelga docente de quebrar la paritaria de miseria, fue superada por la autoconvocatoria de los docentes misioneros, entre otros episodios. Las alas “progresistas” de la burocracia jugaron un rol de bombero, tratando de quebrar la gran lucha de Algodonera Avellaneda. Ni hablar de la entrega de las jubilaciones en Córdoba por parte de la UEPC. El triunvirato piquetero está paralizado y en crisis frente a las tomas de tierras, en las que participan incluso sectores de su propia base o cercanos, y que el gobierno que integran busca desalojar. Su capa dirigente forma parte del operativo de ‘desalojo pacífico’, que pilotea el “Cuervo” Larroque, y que bien puede derivar en un desalojo violento si no consuma su objetivo por la vía de la entrega de pequeños subsidios.

Frente a este cuadro se van desarrollando luchas importantes, que deben ser analizadas de conjunto. En muchas de esas luchas, el clasismo aparece abriendo un camino, como la lucha del Sutna por los salarios o los protocolos obreros de higiene y seguridad ante la gravísima situación de la pandemia que se vive en las fábricas. Así van surgiendo iniciativas que cuestionan el control de la burocracia. Por ejemplo, a Algodonera Avellaneda y el Puerto, que tuvieron gran protagonismo de las bases obreras, le siguieron, en materia salarial, las huelgas docentes en Misiones y Santa Fe, los dos procesos con un hilo antiburocrático muy importante. Al igual que el gran movimiento de enfermería, mayoritariamente autoconvocado en la Ciudad de Buenos Aires. Un proceso similar de autoconvocatorias se vive en otros gremios. En Comercio, un gremio golpeadísimo por los contagios y con salarios de miseria, se desarrolla un amplio debate desde un activismo opositor. Antes se desarrollaron las grandes huelgas de la UTA por el salario, en Rosario y Córdoba especialmente. Es muy importante la situación que se desarrolla entre los jubilados, donde por medio del frente único se ha puesto en pie un movimiento autoconvocado a nivel nacional, que no existía y que tendrá una nueva jornada nacional el 4 de noviembre. También hay que mencionar la lucha contra los despidos, en particular de los aeronáuticos de Latam.

Aquí, ya estamos en presencia de un movimiento de masas que recorre el país, no solo como tendencia sino como realidad, que es azuzado por la crisis económica y social, y que abordamos con los métodos del frente único, de la movilización y de la lucha política por el derecho a la tierra y la vivienda. La contención social que impone el gobierno con el trío vaticano (y la “cuarta pata”) sobre las barriadas, está en jaque por las tomas de terrenos.

Completan el cuadro de la intervención obrera y popular en la crisis, las movilizaciones contra el gatillo fácil y la represión policial, frente en el cual venimos de protagonizar un importante plenario que votó una movilización nacional, que se replicó en varios distritos; la lucha del movimiento de mujeres, que viene de realizar una jornada nacional por el aborto legal el 28 de septiembre y las movilizaciones contra los femicidios en Jujuy; y una amplia iniciativa del movimiento ambiental, que viene protagonizando importantes luchas en las provincias (como en Mendoza, Rosario, Córdoba), que hizo retroceder temporalmente al gobierno con el acuerdo porcino con China y que viene de levantar la jornada nacional del 25S, también impulsado por un importante plenario de Tribuna Ambiental.

Como queda dicho más arriba, asistimos a fisuras que pueden llevar a la ruptura del esquema de contención del gobierno, que se ha establecido por medio del pacto social con protagonismo principal de la burocracia sindical y piquetera, y la cooptación de movimientos populares, como sucedió con el movimiento de mujeres. Desde el Partido Obrero apostamos a la victoria de las luchas, entendiendo que hacen en nuestro país a la tendencia a la rebelión popular que se desarrolla a nivel internacional ante la crisis capitalista.

20. El Partido Obrero viene desarrollando una intervención en todos estos terrenos fortaleciendo nuestra inserción y apostando a una política de frente único. El frente único es una de las claves de nuestra intervención en la etapa. La vanguardia que va surgiendo no tiene, en muchos casos, a la izquierda como referencia política. El frente único es una política para reforzar las luchas y para tender puentes hacia los sectores que van emergiendo, con los cuales abrimos un debate político sobre nuestro programa. El llamado a los sindicatos a romper la colaboración con el gobierno y luchar por un programa concreto de reivindicaciones es un punto central para desenmascarar a la burocracia sindical. Unimos este reclamo a planteos de congreso de delegados con mandato de bases, para poner en pie a los trabajadores frente al avasallamiento patronal. El rechazo del frente único por parte de la izquierda es una expresión de liquidacionismo electoralista muy avanzado. Electoralismo, porque pone por delante la rencilla entre los grupos en función de posiciones en las listas de 2021 antes que la necesidad de jugar un papel protagónico en la movilización de las masas por sus reivindicaciones contra el Estado y las patronales. La convocatoria a un congreso de la tierra y la vivienda, con un pre-encuentro en Guernica, por ejemplo, apunta a reforzar la lucha de Guernica y estructurar un frente único de todas las tomas del país y de los sectores en lucha por la vivienda, algo que se expresó limitadamente ya en la movilización a Plaza de Mayo. Nuestro planteo golpea a la base de los sectores integrados al gobierno, que ven que la política del gobierno es el desalojo. El PTS, en cambio, utiliza la toma de Guernica para atacar políticamente a las direcciones combativas de los sindicatos que dirige la izquierda que, sin fisuras, han respaldado la lucha por la vivienda. El Plenario Sindical Combativo es para nosotros el terreno por excelencia de la defensa de esta política de frente único. Por su programa, se trata de un reagrupamiento que plantea una alternativa al ajuste de todas las variantes capitalistas y que se dirige a las organizaciones obreras para una acción de lucha común. Nuestra defensa de que el Plenario Sindical Combativo sea la expresión de las organizaciones obreras que lo integran va en ese sentido, pues es la única forma de defender realmente el método de frente único a su interior. Este es el contenido concreto de nuestro rechazo a quienes pretenden poner en un pie de igualdad a organizaciones obreras -como el Sutna, AGD-UBA, Ademys, Suteba combativos, etc.- con dirigentes de izquierda sueltos, que no son expresión de ningún sector concreto del movimiento obrero. La defensa del Plenario Sindical Combativo contra la línea divisionista y electoralista del PTS y el MST es central para desarrollarlo como una referencia para el movimiento obrero que lucha contra el gobierno. El desarrollo, en diversos frentes, de las tendencias a la lucha contra el gobierno, su estructuración con un programa de alcance nacional, una política para llevarlas a la victoria son aspectos centrales de la lucha política de la etapa.

21. Estos choques expresan una crisis en el Frente de Izquierda. Esta crisis combina diferentes aspectos. Por un lado, una búsqueda de adaptación al nacionalismo. La misma se fundamenta en el abandono de la caracterización de la base de clase del gobierno, para reemplazarla por categorías ideológicas, como hemos visto. Esta adaptación se expresó, por ejemplo, en el anuncio del PTS que dará quórum en la reforma judicial, que está al servicio del copamiento de la Justicia por el gobierno, un objetivo reaccionario más allá del rechazo que genere la camarilla de Comodoro Py. Se omiten los intereses sociales concretos que el gobierno está representando. El PTS y, a su forma también, el MST trasladan esta presión del nacionalismo al interior del FIT-Unidad.

Esto se advierte en la negativa a una acción propia del FIT-U, una negativa que lo ha paralizado en los últimos meses. La idea de una convocatoria “amplia” apunta a licuar políticamente al Frente de Izquierda, inclusive limando la denuncia al gobierno nacional. Un ejemplo es que fue de la mano, en un primer momento, de la negativa a levantar la consigna “Fuera Berni” y luego a plantear la responsabilidad de Kicillof en la política represiva en la provincia de Buenos Aires. Se pretende, por ejemplo, omitir este tipo de planteos en nombre de una mayor amplitud. Este es el contenido político -de adaptación- que tiene la acción faccional en los sindicatos, que se pretende poner por delante para que el FIT-Unidad no asuma la responsabilidad que le cabe, de levantar y defender una alternativa.

En la crisis del FIT-U hay que destacar, también, que venimos de un retroceso electoral, que pretende ser resuelto no por una mayor acción política, reforzando la agitación, la propaganda y la organización de la izquierda revolucionaria, sino licuando su programa para llegar a sectores de la pequeña burguesía y en particular a quienes siguen al kirchnerismo desde el “progresismo”. La resolución positiva de una mayor amplitud debería llevar a ampliar la base obrera y popular del FIT-U mediante una lucha política sobre la base de un programa. En cambio, se invoca la amplitud como un intento de avanzar hacia posiciones de conciliación de clases, de estirar al FIT-U por derecha. Se trata de una dinámica recurrente de toda la izquierda en América Latina y a nivel mundial. En la reciente Conferencia Latinoamericana convocada por el FIT-U desarrollamos la tesis del papel que jugó la democracia burguesa para el imperialismo, ya que le permitió cooptar a buena parte de la izquierda para la defensa del sistema. La capa superior de dirigentes de ésta se ve interesada en el ascenso político dentro del propio Estado capitalista. En el FIT-U, esta tendencia es aún incipiente, pues predominan todavía las posiciones de independencia de clase. Lo prueba la inmensa mayoría de las votaciones en los parlamentos, las declaraciones políticas y acciones que se toman. Pero importa señalar la dinámica -es decir, la dirección que toman los acontecimientos. Por eso es de utilidad ampliar el horizonte continental, ya que en otros países de la región la política de los partidos que integran el FIT-U está a varios pasos a la derecha, que la que aplican en Argentina. Eso se debe a varios factores, siendo posiblemente el principal la presencia determinante dentro de la izquierda del Partido Obrero. Debe señalarse que la adaptación al nacionalismo contradice el sentido original del FIT, cuyo auge en 2013 estuvo vinculado con la lucha política por ocupar un lugar de oposición al gobierno nacionalista en una etapa en la cual la disgregación de la oposición era muy marcada. Esa disgregación se fue resolviendo con la formación de Cambiemos, que estructuró un frente que encarnó el viraje que reclamaba el conjunto de la burguesía en 2015. En ese contexto, el FIT-U tuvo un primer freno electoral. En 2017 conseguimos un buen resultado en la provincia de Buenos Aires y Capital, que compensó en parte el retroceso en el interior. En 2019, la polarización -producto de la crisis del macrismo y la formación del Frente de Todos, que canalizó el voto popular contra Macri- provocó un retroceso de la izquierda entre agosto y octubre que lo llevó a perder posiciones parlamentarias. En este escenario, el MST planteó en la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos que el FIT-U podría “implosionar”, algo que debe ser tomado como una grave advertencia en relación a su continuidad en el Frente. Antes de eso, habían roto la lista municipal en Río Cuarto. Es evidente que la incorporación del MST ha agregado un elemento de inestabilidad al FIT-U y reforzado las tendencias oportunistas en su interior. La sociedad entre el MST y el PTS preanuncia un intento de ruptura de acuerdos e incluso una interna para 2021, una política liquidacionista, porque debilitaría seriamente a la izquierda para enfrentar al régimen, en un momento decisivo de crisis y virajes políticos entre las masas. Debemos prepararnos para estos escenarios enfrentando políticamente toda esta línea. Esto implica: 1) luchar porque el FIT-U salga a la calle y desarrolle un planteamiento público basado en su programa de independencia de clase, y asumir la responsabilidad de hacerlo nosotros frente a una negativa; 2) desarrollar a fondo un debate en el activismo y la periferia sobre las divergencias planteadas; 3) defender el lugar de las direcciones clasistas, que han conquistado su lugar en la lucha de clases, de los ataques faccionales, y 4) desarrollar la influencia del Partido en cada batalla, haciendo pesar nuestros voceros y nuestra militancia, para no regalar ningún flanco débil que pueda ser utilizado contra nosotros.

22. Debemos ser conscientes de la situación del Partido para abordar la batalla que se viene. ¿Qué representa, hoy, el Partido Obrero en la política nacional? Lo que somos está determinado, en primer lugar, por nuestra orientación política. Los debates recientes en el FIT muestran que nuestra lucha histórica contra la izquierda democratizante, contra su adaptación al nacionalismo y la democracia burguesa, contra sus tendencias electoralistas -que traducen, en última instancia, una tendencia a los compromisos con el régimen- tiene una vigencia enorme. La raíz última de estas divergencias es el rechazo del catastrofismo -o sea, de la reivindicación de que la crisis capitalista mundial es la base objetiva de la lucha por la revolución y el socialismo. Somos, en este sentido, el partido que defiende consecuentemente el programa de la IV internacional.

Pero el Partido no es solamente este programa: somos un partido de lucha, de combate político y de lucha de clases. Esto nos distingue nítidamente, y es reconocido por propios y extraños. El desarrollo del Polo Obrero nos coloca como una expresión directa y organizada de sectores masivos de la población más empobrecida. Se trata de una conquista enorme para el Partido, que nos otorga protagonismo callejero, y también político, sobre uno de los temas más acuciantes de la etapa. También nos distingue del resto de la izquierda que está dentro y fuera del FIT-U, cuyo rechazo al movimiento piquetero es otra expresión de su electoralismo. Tenemos también una mayor presencia en los sindicatos que el resto de la izquierda, que debemos poner en valor, tanto en lo que hace a la lucha misma de esas organizaciones obreras sino también como expresión de un movimiento obrero independiente, que rechaza y desafía a la burocracia sindical y al nacionalismo burgués. En el movimiento estudiantil seguimos siendo una corriente de peso, incluso después de la pérdida de la dirección de la Fuba. Así quedó ratificado en el reciente Congreso de la UJS, con una presencia muy importante de jóvenes, destacándose la Universidad de Buenos Aires. Esa presencia tiene un contenido concreto: enfrentar la cooptación estatal y luchar por una juventud independiente, que para nosotros no es otra cosa que una juventud socialista. El valor de nuestra militancia, que se refleja públicamente en la figura de Mariano Ferreyra, es la expresión de una corriente que, a partir de un programa sólido, ha conquistado una presencia en el país interviniendo políticamente en todos los terrenos de la lucha de clases. Este lugar debemos explotarlo para reclutar y crecer, con iniciativas políticas, para ir por un desarrollo y una inserción mayor en el movimiento obrero, estudiantil, barrial, para ganar a las ideas socialistas a la vanguardia de lucha, para estructurar, en suma, una organización de combate. Es nuestro aporte a la lucha por superar la crisis de dirección del proletariado. Desde este lugar debemos considerar nuestros avances y retrocesos.

El gran articulador político del Partido es prensaobrera.com, que concentra gran parte de nuestra comunicación. La gran diferencia entre nuestro periódico y La Izquierda Diario o similares es que se trata de un periódico de partido, no un portal funcional a la adaptación política. El periódico dio un salto con un gran trabajo colectivo desde fin de 2019 (…).

Luego del impacto inicial de la escisión, el Partido se recompuso rápidamente, manteniendo la inmensa mayoría de sus organizaciones en acción. Los congresos de Tribuna Docente, del Polo Obrero, de la UJS, del PdT, los actos en todo el país con centro en Argentinos Juniors, reuniones importantes de todas nuestras agrupaciones sindicales mostraron que la ruptura liquidacionista de Altamira no afectó en lo esencial nuestras principales agrupaciones y organizaciones políticas y sindicales. La recomposición rápida del Partido, su permanente iniciativa política y la defensa también del lugar conquistado ante la opinión pública contrastaron con el curso seguido por el grupo de Altamira, que ha sostenido posiciones políticas en muchos casos bochornosas, como ocurriera con la pandemia, al reclamar la “aplicación sistemática de la coerción del Estado”, o la campaña de bajo vuelo por la renuncia de Guzmán o su rechazo a la Conferencia Latinoamericana, así como sus ataques al Plenario Sindical Combativo y al propio Frente de Izquierda (…).

23. En lo inmediato, vamos, por lo tanto, a un plan político y de movilización “contra el pacto con el FMI” y con la consigna: “Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”. Desenvolvemos esta lucha como parte de una pelea de fondo por una salida obrera a la crisis -es decir, como parte de la lucha por el gobierno de las y los trabajadores. Combinamos esta campaña con las tareas urgentes que nos impone la lucha de clases: la movilización masiva y la defensa política de las familias de Guernica, y de todas las ocupaciones; nuestro plan de actividades a 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra; la lucha contra la represión policial e institucional, y por justicia por Facundo Castro; por todos los reclamos de las mujeres, comenzando por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado; de la lucha ambiental contra la depredación capitalista y, sobre todo, la agenda de las luchas de los trabajadores ocupados y desocupados, que se plasmará en un plan de actividades de la CSC, del Polo Obrero y una propuesta al Plenario Sindical Combativo. En el plano internacional tenemos por delante la campaña por una nueva Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos.