Dolarización: los devastadores requisitos y consecuencias

Los enormes desequilibrios de la economía argentina tienen diversas manifestaciones. El más palpable de ellos es, probablemente, la inflación. El solo hecho de entenderla como un síntoma -como resultado y no como causa- implica una primera definición que nos permitirá un mejor abordaje del tema.

Es que la inflación no es necesariamente un problema para la burguesía. Por el contrario, muchas veces es un recurso del que se vale para transferir ingresos de los trabajadores a las patronales. Las vías para eso son la licuación de los ingresos populares (salarios que crecen una vez consumados los aumentos de los precios) y, desde el estado, un ajuste de las partidas sin caídas nominales, sino con aumentos menores a la inflación.

Ahora bien, es importante destacar que así como en determinados momentos la burguesía puede promover la inflación, en otros cambia de bando para demandar la aplicación de la política contraria: la estabilización. Ocurre algo similar que con la intervención del estado en la economía, la misma clase social puede promoverla o rechazarla de acuerdo a las circunstancias específicas que le toque afrontar. Desde ya que tanto la política inflacionaria como la estabilización se hace a costa de ataques y confiscaciones a la clase trabajadora. 

Es en este contexto que se introduce el debate en torno a la dolarización, que no sería otra cosa que una de las variantes posibles para aplicar un plan de estabilización. Javier Milei, presentado como outsider a la política, ha promocionado en el prime time de los principales medios de comunicación la “novedosa” propuesta. Con la escala inflacionaria la propuesta pasó a ser tomada como principal consigna del candidato de La Libertad Avanza, al punto que ganó gran difusión en medios y redes sociales. 

Milei ha tenido la virtud de presentarla como algo sencillo ante los ojos del público. La inestabilidad del peso ha llevado a que muchas personas cotidianamente usen el dólar como punto de referencia. A medida que avanza la inflación, cada vez más mercancías atan sus precios a la cotización oficial (la energía, los insumos para la producción), a las paralelas o directamente tienen precios en dólares (las propiedades, los autos, etc.). De esta manera, resulta imaginable, para una parte de la población, pasar a dólares el total de la economía. Sin embargo, la solución que aparentemente estaría a mano, en realidad profundizaría muchos los problemas económicos que sufrimos en la actualidad.

Ante todo, es importante mencionar que, dentro del propio espacio de Milei, al igual que ocurre con distintas propuestas, no hay claridad acerca de cómo se llevaría a cabo. Las declaraciones de los voceros de la Libertad Avanza y de economistas allegados discrepan unas de otras. Sin embargo, una dolarización resulta una propuesta nodal para un planteo económico, por lo que un análisis sobre los requisitos iníciales y sus eventuales resultados no puede ser soslayada.

A partir de su puesta en curso se promete que Argentina “vuelva a ser primer potencia mundial” (cómo si alguna vez lo hubiera sido). Resulta curioso que las 50 economías más importantes del mundo tienen moneda y Banco Central propios. Los menos de 10 países dolarizados no se caracterizan por su pujanza económica. Ecuador, El Salvador, Islas Marshall, Micronesia, Palau, Panamá y Timor del Este claramente no figuran dentro de las potencias mundiales. 

El proceso ecuatoriano perteneciente a la región y con una economía (en algunos puntos) similar a la argentina, nos merece especial atención. A su vez, la medida guarda ciertas similitudes con una política que ya fue implementada en el país: la convertibilidad, a la que el propio Milei caracteriza como una “dolarización light”.

El caso Ecuador

Ecuador cuenta con un PBI de USD 115 mil millones (18% de la Argentina) que la ubica en la posición N° 62 a nivel internacional (Argentina está nro. 23). Las principales actividades económicas se encuentran orientadas a la exportación de materia prima, petróleo (35%), camarones (22%) y bananas (10%). 

Los momentos previos a la dolarización están marcados por una corrida bancaria (1998-9) desencadenada por una conjunción de causas. Entre ellas se encuentran las desregulaciones financieras que favorecieron una expansión crediticia sin respaldo, la crisis financiera internacional 94-99 (Méjico, tigres asiáticos, Brasil), y el peor saldo comercial (exportaciones-importaciones) de la historia ecuatoriana (de – USD 2.169, 11% del PBI ecuatoriano) generado por la caída de las exportaciones por inundaciones y el descenso de los precios del petróleo. Todo esto llevó a que muchos deudores cayeran en impagos y ante el temor de que los bancos no pudieran responder se produjo la corrida bancaria. La mayoría de los bancos terminaron quebrados. 

El gobierno ecuatoriano intentó dar respuesta a la crisis. La falta de ingresos y la imposibilidad de tomar nueva deuda por los altos vencimientos pendientes llevaron al gobierno a recurrir a la emisión de sucres para rescatar a los bancos. Bajo la fachada de garantizar los depósitos de los ecuatorianos el gobierno transfirió USD 5.000 millones del Estado hacia los bancos, equivalentes a un 20% del PBI. Pero, en lugar de encarrilarse la situación, se favoreció una fuga de capitales. 

Esta emisión en 1998 incrementó un 44% la base monetaria que, apalancada en la crisis, llevó a la duplicación de la inflación (24% en el ’96 a 52% en ’99). Con la nacionalización de los bancos, el gobierno se hizo cargo de los depósitos mientras condonó todas las deudas, incluso los autopréstamos de los bancos. Aun así, el 70% de las instituciones financieras ecuatorianas quebraron y el rescate no sirvió para contener la crisis económica. 

De hecho, la situación se fue agravando al punto de que luego de 5 días de feriado bancario, el presidente decretó el congelamiento por un año de los depósitos de más de 2 millones de sucres (USD 215 en ese momento). Ante la crisis económica, las personas que necesitaban el dinero salieron a vender los certificados de depósito reprogramados (CDR) al 40% de lo que significaban sus depósitos originalmente. 

En este marco, de corrida cambiaria, bancaria, confiscación, hiperinflación y fuga de capitales, la burguesía vio la oportunidad de saltar a la dolarización. El 9 de enero el presidente ecuatoriano fijó el nuevo tipo de cambio imponiendo una devaluación del 247%. La conversión del sucre al dólar pasó de SUC 7.200 por dólar en enero del ’99 a SUC 25.000 por dólar en enero del ’00. El (aún mayor) deterioro de las condiciones sociales llevó al pueblo ecuatoriano a levantarse y solo 13 días después el presidente tuvo que renunciar frente a las crecientes protestas sociales. La pobreza trepó del 56% al 69% y se produjo un enorme saldo migratorio (4,7% de la población en 5 años) en búsqueda de trabajo en el extranjero para ayudar a mantener a sus familias desde el exterior. 

En la Ecuador ya dolarizada, continuó habiendo inflación, pero esta vez en dólares. El primer año resultó en un crecimiento de precios que alcanzó el 96%, el segundo del 40% y el tercero del 13%. Este efecto sobre salarios, que para esos años corrieron por detrás del crecimiento generalizado de precios, terminó de convalidar un gran ajuste sobre la población trabajadora. Es decir, luego del cimbronazo de múltiples corridas, corralito y megadevaluación, los primeros años de la dolarización achicaron aún más el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras el producto bruto se recuperaba lentamente. A fin de cuentas, Ecuador dolarizado acumuló una inflación del 298% en 22 años. 

A lo largo de los años en que Ecuador estuvo dolarizada, el incremento de precios de la canasta básica sobrepasó la recuperación salarial. Mientras en el ’99 un salario mínimo de 220 dólares servía para comprar el 69% de la canasta básica, en el 2023 un salario mínimo de 450 dólares sirve solo para acceder al 57% de la misma. Pero tampoco es fácil conseguir un empleo en blanco que garantice el salario mínimo. Mientras en 2007 los trabajadores registrados representaban el 41,7% de la población económicamente activa, en la actualidad solo son el 35,5%. Cada vez más ecuatorianos se encuentran en la informalidad, subempleados o con empleo sin remuneración. Si al desempleo se le suma el empleo sin remuneración se obtiene un 14% de desocupación que se mantiene desde 2007. 

En agregado, también ha proliferado el trabajo infantil, que alcanza al 8,5% de los niños. Uno de los últimos informes del INEC (Instituto de Estadísticas Ecuatoriano) revela que el 20% de las infancias ecuatorianas padecen desnutrición infantil crónica y un 25% no asisten a clases. En cuanto a la pobreza, las estadísticas oficiales dicen que se ubica en el 25%, un número alto que igualmente no debería tomarse como buen ejemplo luego de 20 años de dolarización. Sin embargo, cuando se mide la pobreza con la misma metodología que Argentina, el número de pobres asciende al 65% de la población. 

Por otro lado, la dolarización impone una rigurosidad fiscal ya que el déficit únicamente puede ser financiado con nueva deuda, en dólares. Sin embargo, esto no garantiza el fin del déficit fiscal. De hecho, en 12 de los 23 años que lleva en vigencia la dolarización, las finanzas ecuatorianas han incurrido en déficit fiscal y la deuda ecuatoriana se ha incrementado en un 244%, (17 mil millones de dólares en el 2000 a 59 mil millones en 2023) cayendo dos veces en default.

En conclusión, la dolarización ecuatoriana tuvo como requisitos necesarios una megadevaluación, alta inflación y la confiscación al pueblo ecuatoriano para licuar los pasivos. A su vez se incurrió en déficits fiscales que terminaron en mayor endeudamiento. El pueblo ecuatoriano se encuentra en una situación económica y social igual o peor que durante la crisis del ’98. 

La dolarización terminó de asestar el mazazo a la clase trabajadora, que no recupera su nivel de condiciones de vida desde ese punto de supercrisis. A pesar de abandonar el sucre, los trabajadores no se vieron beneficiados por el cambio de moneda, sino que la dolarización ha funcionado como un régimen para redoblar la explotación trabajadora. En definitiva, la responsabilidad no era del sucre, sino de quienes administran la economía y los intereses que defienden. El cambio de moneda no mejoró la situación económica y social, sino que dio pie a una agenda de mayor explotación. En definitiva, el cambio necesario es de orientación política, para que los que gobiernen no lo hagan para interés de los explotadores sino de los trabajadores. 

La convertibilidad argentina

Una experiencia propia, que guarda ciertas similitudes con la dolarización, es la convertibilidad de los años 90. La situación previa consistía en una importante crisis económica con hiperinflación. En el ’89 la inflación mensual pasó de menos de 10% en febrero, a 114% en junio y 196% en julio. En el año totalizó un 3.080%.

Ya con Menem en el poder se implementó un paquete de medidas de tarifazos, ajuste y devaluación, que fracasó rápidamente acelerando la inflación. En diciembre del ’89 asumió Erman González como ministro de economía con medidas de ajuste más profundas (tarifazos, altas tasas de interés y devaluación) que impactan en los descontrolados precios. A la par, se decretó el Plan Bonex que canjeó forzosamente bonos y plazos fijos que superaran el millón de australes (USD 555) por Bonos Externos. La medida afectó a un sector importante de la población que, por la importante inflación semanal y diaria, ponía su dinero en plazos fijos semanales con la intención de defender el poder de compra de sus ingresos. 

Bajo este mecanismo, la confiscación retiró alrededor del 60% de la base monetaria. Los Bonos Externos otorgados a cambio apenas rendían intereses a partir del 3er año de tenencia y el capital inicial solo se podía recuperar a los 10 años. Justamente por la necesidad de hacerse del dinero frente a la crisis es que el mercado secundario se inundó de bonos que rápidamente disminuyeron su precio a 30 centavos por austral, una confiscación del 70% del patrimonio. 

Pese a estas medidas, una devaluación del 91% llevó a una segunda hiperinflación en principios de 1990 que terminó totalizando un 2.314% en el año. La hiper amplió la pobreza del 26% al 47% de la población y constituyó la quiebra de un sector importante de la clase trabajadora.

Al igual que en Ecuador, la devaluación¹En el caso argentino, desde la asunción de Menem, en julio del ’89, hasta el inicio de la convertibilidad, abril del ’91 hubo una devaluación del 1.379%., la hiperinflación y el Plan Bonex, garantizaron la licuación y eliminación de pasivos que permitieron llevar adelante la convertibilidad. Respaldada por ley en el Congreso, se fijó la paridad 10.000 australes = 1 dólar y luego la equivalencia 1 a 1 con el peso. De esta manera la paridad no podía ser modificada por el BCRA, ni el poder ejecutivo y proyectaba ser una política duradera en el tiempo. Debía garantizarse que por cada peso en circulación existiera un dólar en el Banco Central que lo respaldara. En principio se respetó esta regla, pero luego -con el deterioro del modelo- se empezó a respaldar los pesos con bonos en dólares del Tesoro.

A su vez, para sustentar el esquema de convertibilidad se motivó la entrada de capitales a través de excepcionales tasas de interés. Así los capitalistas se hicieron de una jugosa rentabilidad en dólares. Este negocio conocido como “carry trade”, se realizó a costa de la venta de empresas públicas, el endeudamiento estatal y una mayor explotación laboral. Por eso, lo que se planteó como una no intervención estatal, requirió en realidad de una enorme participación estatal (el tipo de cambio fijado por ley) para garantizar una rentabilidad financiera.

Como dijimos, la principal forma de financiamiento estatal fue la venta de empresas públicas. La primera etapa de privatizaciones consistió en vender empresas nacionales a cambio de deuda pública argentina. En esto consistió el gran negociado del Plan Brady que, con el discurso de la “reestructuración” de la deuda cambiaban bonos de deuda, de escaso valor en el mercado, por empresas nacionales. En el intercambio, se reconocía el precio de los bonos al vencimiento y no su valor de mercado de ese momento. Los acreedores internacionales se hicieron por esta vía de USD 12.859 millones en empresas nacionales. 

En una segunda instancia, las privatizaciones se hicieron a contraprestación de dólares (USD 9,6 mil millones). En tan solo dos años, (desde el ’90 al ’92) el gobierno se financió con USD 22.276 millones por la venta de las empresas nacionales entre las que se encontraban Somisa (Vendida a Techint), Aerolíneas Argentinas, Entel (Telefónica), YPF, SEGBA (EDESUR, EDENOR y otras), AFJP, Ferrocarriles, radio, televisión, empresas petroquímicas y Gas del Estado entre otras. 

Pero el esquema rápidamente mostró ser insostenible, en la medida que se acabaron los recursos. No quedaban empresas nacionales que vender, la bicicleta financiera y el endeudamiento llegaban a niveles insostenibles. La situación externa tampoco ayudaba, con crisis internacionales como la del Tequila ’94, de los tigres asiáticos ’97 y la brasilera ‘99. Al igual que en el caso ecuatoriano, la inflexibilidad monetaria tampoco llevó a la eliminación del déficit fiscal. De hecho, en 7 de los 10 años de convertibilidad se incurrió en déficits que ampliaron la deuda de USD 63 mil millones a USD 144 mil millones. 

El Partido Obrero caracterizó adecuadamente el agotamiento del modelo de la convertibilidad. En su momento caracterizamos que la división que se había generado dentro de la burguesía implicaba que forzar la continuidad del tipo de cambio fijo condenaba a la quiebra a la mitad de esa clase social, devaluar, en cambio, condenaba a la quiebra…a la otra mitad.

En este sentido vale destacar el papel central que cumplió el Fondo Monetario en la crisis. Argentina se había convertido en un modelo para el capital financiero internacional y el fondo sostuvo ese esquema mucho más allá de sus límites. Ya con De la Rúa el Fondo operó como el garante de los dólares para el vaciamiento final a partir del blindaje y fue el propio FMI el que dio un paso adelante para dejar fuera de juego al gobierno radical apretando el gatillo. 

Es importante tener presente el rol de los organismos internacionales en la implosión del régimen, para contrastarlo con la situación que vemos en la actualidad en la cual el FMI ha sido el garante de la finalización del gobierno peronista y el imperialismo no ha permitido que se desatara una crisis final que lo dejará fuera de competencia.

Tampoco se eliminó la inflación, que acumuló en los 10 años de la convertibilidad un incremento del 56%. Ante el encarecimiento del resto de los costos, el gobierno reformó las leyes laborales para que sean los salarios quienes den competitividad a la producción. El salario en blanco tuvo cierta recuperación sobre la base del efímero rebote económico y los bajísimos niveles post hiperinflación. Sin embargo, esta recuperación solo los dejaba en un 67% respecto del salario real promedio previo a la dictadura. Una de las características para el empleo en esta etapa fue la subutilización de los trabajadores, con trabajadores sobrecalificados para los puestos, que estaban obligados a cubrirlos ya que no había disponibilidad para ocupar los puestos para los que estaban formados.

 A su vez, la política de reducción de las contribuciones patronales a las jubilaciones que promovía Cavallo implicó un recorte de los haberes jubilatorios. Como ya no se contaba con la inflación como herramienta para reducir el sueldo y las jubilaciones, la burguesía aplicaba recortes nominales. Es el caso de Patricia Bullrich que en 2001 redujo un -13% las jubilaciones. 

En agregado se privatizaron las jubilaciones con las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que permitía a los bancos gerenciadores cobrar los aportes jubilatorios mientras el Estado se hacía cargo de pagar las jubilaciones del momento. A lo largo de la convertibilidad las AFJP recibieron aportes de trabajadores por alrededor de USD 30 mil millones sin tener que pagar haberes. Pero la situación resultó en un enorme negociado, ya que, en el 2002, cuando se produjo la ruptura de la convertibilidad, los fondos en manos de las AFJP alcanzaban los efímeros USD 9 mil millones. Así, los bancos se quedaron con USD 10 mil millones en concepto de comisiones (del 35%) y USD 11 mil millones “licuados” por la devaluación de fin de convertibilidad. 

El gobierno impuso la “pesificación” de los ahorros jubilatorios en beneficio a los grandes grupos económicos que tenían deuda con las AFJP. La “salida” de la convertibilidad mostró la necesidad de la burguesía de salir de un cuadro de agotamiento de endeudamiento, para pasar a otro donde sus compromisos se vieran licuados.

Al igual que en el dolarizado Ecuador, el trabajo informal y el desempleo pasó a ser un problema cada vez más grave. El trabajo en negro pasó de representar el 40% de la población económicamente activa (1990) a ser más del 46% (1995) y cerró la etapa con un 45% (2002). La informalidad creció sobre la base de la precarización del trabajo, la extensión de la jornada, la eliminación del pago de horas extras, la inexistencia de indemnización por despido, la eliminación de hecho del período vacacional, la desprotección de tareas insalubres, el desconocimiento de categorías y calificaciones, la eliminación de las indemnizaciones correspondientes a accidentes de trabajo, etc.

En complemento, la desocupación pasó del 7,6% en el ‘89 al 17,5% en el ’95 y que terminó en el 2002 en un pico del 19,7%. El pasaje a la desocupación de una porción tan grande los trabajadores implicó un cambio en la estructura social argentina. El retroceso de las condiciones de vida de la población trabajadora para este período fue de características excepcionalmente negativas, provocando el desmembramiento y la degradación de la estructura social argentina. 

Justamente, el inicio del movimiento piquetero en esta época es por la organización y la lucha contra la creciente desocupación. La burocracia sindical abandonó las reivindicaciones de los desocupados y surgió la necesidad de organizarse frente a la falta de empleo genuino. De hecho, una de las primeras organizaciones piqueteras nace en Salta de la organización de los trabajadores despedidos de YPF, que previamente habían dado la lucha contra la privatización. El movimiento piquetero en esta etapa fue protagonista de grandes luchas que movilizaron a cientos de miles de ocupados y desocupados y el único movimiento que pudo mostrar conquistas y victorias. Su crecimiento desembocó en el Argentinazo del 2001 y su capacidad movilizadora tuvo la fuerza de voltear ministros y hasta presidentes. Frente a este descomunal ataque la clase obrera se organizaba. 

A fin de cuentas, en esta etapa, la garantía de una rentabilidad extraordinaria al capital se daba a costa de una mayor explotación a los trabajadores, del desfinanciamiento estatal vendiendo “las joyas de la abuela” y endeudando aún más al Estado. “¿No está claro, por lo tanto, que no es el costo laboral sino el costo capitalista de esta obra de demolición humana y material, el principal problema que enfrenta la economía y la sociedad argentinas?”²Rieznik (1996). “Plan Cavallo, mito, expropiación y crisis.”

En definitiva, al igual que en un proceso de dolarización se perdió la capacidad de realizar política monetaria, ya que el dinero en circulación respondió a la cantidad de divisas en el Banco Central y la tasa de interés estuvo íntimamente ligada a la internacional. No obstante, la principal diferencia fue el mantenimiento de la moneda nacional, que permitió desanclarse de la paridad 1 a 1. No obstante, el fin de la convertibilidad también vino acompañada de un salto devaluatorio del 40%, saltos inflacionarios, confiscaciones y aumento sideral de la pobreza. 

Al igual que sucede con el planteo de la dolarización no se trató de un planteo de conjunto para la economía, ni de un modelo coherente entre sí, ni durable en el tiempo. Por un lado, la devaluación, la hiperinflación y el Plan Bonex fueron los requisitos previos necesarios para licuar las deudas en australes y después poder realizar la convertibilidad. Por el otro, la “ventaja competitiva” de salarios bajos fue una condición necesaria frente al encarecimiento del resto de los costos con el 1 a 1. Lo que dejó la convertibilidad fue una de las mayores crisis de la historia argentina, que llevó a la pobreza del 47% en el ‘89 al 66% en 2002, 2 de cada 3 personas en Argentina eran pobres. Las consecuencias de las políticas tomadas en esta década tuvieron efectos perdurables en el tiempo, que aún en la actualidad se sienten a nivel económico, político y social. 

La dolarización en la actualidad 

Ambos casos guardan semejanzas y diferencias con lo que supondría en este momento una dolarización en la Argentina. Tomando estas dos experiencias se pueden vislumbrar los requisitos y consecuencias que podría tener una dolarización para la economía nacional. 

A diferencia del ’89, el país no se encuentra (aún) en una hiperinflación, sino que en un régimen de alta inflación. Los contratos aún no tienen indexaciones mensuales, ni el crecimiento generalizado de precios ha alcanzado el 50% mensual, tampoco la inflación ha pasado a cuantificarse en cifras diarias. Pero sin dudas se encuentran presentes todas las condiciones para que la inflación siga creciendo y se avance a un régimen cada vez más parecido al mencionado. La liberación del tipo de cambio planteada por parte de los candidatos llevaría más temprano que tarde a esta situación. La hiper sería, en cualquier caso, una condición necesaria para llevar adelante la política dolarizadora en ciernes.

Frente a la falta de un planteo concreto de cómo dolarizaría Milei diferentes consultoras han ensayado escenarios de dolarización. Hoy en día, el Banco Central se encuentra con escasos dólares para llevar adelante una dolarización, por lo que el tipo de cambio estimado resulta entre 7.000 y 10.000 pesos (desde el más conservador al más extremista). Obviamente, estas proyecciones podrían variar de acuerdo con el momento en que se lo quiera implementar, pero ciertamente supondría una importante devaluación (del 1.900% o del 2.757%) que inevitablemente nos lleva a la hiperinflación. 

De esta manera se llegaría el requisito previo a la dolarización. Una licuación de los pasivos en pesos, la destrucción definitiva del peso como resguardo de valor y la pulverización del salario. Para cuantificarlo, un sueldo de 300 mil pesos, previo a las PASO significaban 550 dólares al dólar bolsa (MEP). Hoy en día, después de una devaluación del 20% significan 450 dólares (con el MEP a 660). Con un dólar a 7.000, ese mismo sueldo significaría 43 dólares y con un dólar a 10.000 serían 30 dólares. Resulta contundentemente falso que quienes cobran hoy 300.000 pesos con la dolarización pasen a cobrar 300 mil dólares mensuales. Con 300 mil dólares te podes comprar dos o tres propiedades. Es un planteo totalmente ridículo e irreal.

Pero la pulverización del salario no basta, otro requisito es la profundización en el deterioro de las condiciones laborales. En palabras de Diana Mondino, candidata de La Libertad Avanza: “la dolarización va a producir una inflexibilidad monetaria, que debe ser acompañada con una flexibilidad laboral”. Esto significa el cese de la indemnización por despido, mayor rebaja de aportes patronales (cada vez peores jubilaciones), la quita del compromiso de la ART, la reducción en el pago de horas extra, la mayor precarización laboral, la voluntariedad empresarial de otorgar elementos de protección laboral. Es decir, redoblar la explotación laboral en todos los niveles. La flexibilidad laboral y la expulsión de trabajadores del Estado en medio de hiperinflación y megadevaluación supondría un agravamiento sideral de la situación de desempleo. 

El último requisito es la confiscación. En algunas entrevistas Milei ha planteado una dolarización por partes, primero cambiar el dinero circulante y en cajas de ahorro y luego, cuando se consigan más dólares, cambiar el dinero en los bancos. Sin embargo, esto se traduciría en una quiebra inmediata de las entidades bancarias, ya que toda “la gente” iría a reclamar su dinero para dolarizarlo, provocando una corrida. La forma de salvaguardar a la banca privada y no repetir el caso ecuatoriano es con una nueva confiscación a los ahorristas que retire una parte importante de la base monetaria. Seguramente se proponga la creación de algún bono que desarme de la bola de LELIQS, sobre la cual se encuentran calzados los plazos fijos.

Ocampo, candidato de Milei a presidir el BCRA, plantea incorporar esta deuda al fideicomiso, con la intención de que se vendan al valor del mercado, hoy en 25 centavos por dólar. El inconveniente es que el economista libertario supone un mantenimiento en el precio, pretendiendo que un endeudamiento de USD 125 mil millones le permita recaudar USD 30 mil millones.

Sin embargo, con un riesgo país (termómetro de la confiabilidad de Argentina en el pago de la deuda) en 2.000 puntos y lanzando USD 125 mil millones de nueva deuda (cuando el stock actual es de USD 410 mil millones), en el mejor de los casos la propuesta podría recaudar USD 10 mil millones, monto insuficiente para formar un colchón de reservas para dolarizar. Por eso, dentro del fideicomiso, Ocampo propone incorporar las últimas “joyas de la abuela”: el 51% de la participación del estado en YPF, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, el 20% de las retenciones, licitación del 5G y otras concesiones. 

A diferencia de la convertibilidad ya no quedan más empresas para privatizar como forma de financiamiento. A la vez, la política monetaria de EE. UU. es contraria a la que se tenía en ese momento. La FED (Banco Central de Estados Unidos) ha puesto fin a la política de dinero barato iniciada en 2008 como respuesta a la crisis internacional y ha iniciado un camino contractivo, de suba de las tasas de interés y absorción de dólares. Comportamiento que es imitado por las potencias en medio de un contexto de estancamiento económico internacional, guerras militares (Rusia-Ucrania, Israel – Palestina) y comerciales (EEUU-China). El financiamiento no fluye fácilmente y se produce un flujo de salida de capitales de países emergentes hacia las potencias. 

Lo dicho, la dolarización es una alternativa de estabilización por la que puede optar la burguesía, pero en las condiciones actuales todavía es una parte menor de esta clase social la que se inclina por esa política. Si miramos qué sectores están apoyando a Milei desde antes de su alianza con Macri nos encontramos con sectores de los fondos de inversión internacionales como Blackrock y una parte muy menor del capital agrario exportador (en las últimas horas tanto la sociedad rural cordobesa como el titular de la SRA apoyaron explícitamente a Massa).

 La pérdida de la moneda nacional lleva a la burguesía a la imposibilidad de reaccionar frente a las crisis con el salvataje de empresas y a la vez restringe a un sector importante que hace negocios a partir del estado. También se rompe la herramienta de la devaluación como herramienta para licuar salarios.

Sin embargo, quién sufriría las peores consecuencias de la medida es la clase obrera argentina. En primer lugar, al igual que en las experiencias citadas, se debe pasar por procesos de confiscaciones, megadevaluaciones e hiperinflación para estar en condiciones de dolarizar, para terminar con la destrucción del peso, licuar las deudas de las grandes empresas y pulverizar el ingreso trabajador. Con la dolarización se condicionaría aún más la economía argentina al saqueo imperialista y a la fuga de capitales. Ya no solo se tendría un préstamo impagable que condiciona directamente la política económica, sino también se estaría atado de pies y manos a la política monetaria estadounidense. 

Como en Ecuador y en la convertibilidad, la economía dolarizada viene acompañada por una mayor explotación a los trabajadores y empeoramiento de las condiciones de vida en todos los planos. Difícilmente el salario pueda recuperarse en términos reales versus la Canasta Básica, crecería el desempleo y se empobrecerían aún más las jubilaciones. La política de Massa, con sus propias características y formas, persigue los mismos objetivos.

Los dos partidos con posibilidades de gobernar representan los intereses de una burguesía que no se sacia con el sideral ajuste que vivimos y prepara un escenario aún más ofensivo, que reivindica la política económica de los ‘90. Continúa plenamente vigente lo planteado en la revista En Defensa del Marxismo N°58 “La salida pasa por una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. Tarea que está reservada a los trabajadores. La creación de una moneda estable plantea antes que nada poner fin al régimen de saqueo vigente, lo que plantea como punto de partida el cese de la sangría que representa el pago de la deuda usuraria, la nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales al exterior y un saneamiento y recapitalización del BCRA, revirtiendo la quiebra en que se encuentra mediante un impuesto extraordinario al gran capital. A través de estas medidas se podrá disponer y hacer uso del ahorro y las divisas bajo una nueva perspectiva y orientación social. Una moneda estable, en este caso, será parte y estará al servicio de un plan económico general de transformación social que tendrá como prioridad las necesidades sociales y un desarrollo independiente del país, en contraste con las salidas capitalistas en danza, que apuntan a profundizar un ajuste y son una fuente recurrente de confiscación y despojo del país y de la población laboriosa.” Estos serían los primeros pasos de un gobierno de trabajadores.

Fuentes: INEC, FMI, BCE, BCRA, MECON, CEPED.

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