El presente trabajo es una colaboración para abrir un debate sobre la necesidad de desarrollar una revolución agraria en el campo cordobés (y nacional)
Bajo el título Córdoba: Estado, política y agronegocios (1996-2016) de reciente publicación, la doctora Vanesa Villarreal desarrolla una exhaustiva y muy detallada investigación en la que explica muy claramente cómo se instala y extiende el modelo del agronegocio, fundamentalmente con la siembra de la soja, en la provincia de Córdoba en el periodo comprendido entre 1996 Y 2016. Este proceso fue fomentado y defendido desde el propio Estado en la provincia bajo distintos gobiernos, principalmente con los sucesivos gobiernos del peronismo cordobés con de la Sota Y Schiaretti quiénes monopolizaron el poder cordobés en los últimos 25 años. La investigación abarca también la relación entre el Estado cordobés y representantes o miembros de distintas organizaciones que agrupan a los empresarios del agro cordobés, tales como la sociedad de acopiadores de granos de la provincia de Córdoba, Confederaciones de asociaciones rurales de la tercera zona, Federación Agraria Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Asociación Argentina de productores de siembra directa, y Asociación de consorcios regionales te experimentación agrícola, que la autora define de este modo: “Existe una relación de reciprocidad entre un Estado provincial que necesita los recursos derivados de la exportación de commodities -en particular de la soja- y los empresarios y entidades relacionadas con el agro negocio. Estos, en este marco, a través de distintas estrategias, logran intervenir en la formulación de políticas públicas y legislaciones acordes a sus intereses económicos.”
Para abordar su investigación la doctora Villarreal analizó todas las leyes, decretos y resoluciones contenidas en 5760 boletines oficiales de la provincia de Córdoba desde el 1 de enero de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2016, vinculados al tema específico del agronegocio en la provincia. También consultó resoluciones y acciones promovidas por los organismos del Estado que bajo distintas estructuras, ministerio, secretarías, etc. tuvieron acción directa en la aplicación y control de las medidas dictadas y contenidas en los boletines oficiales, originadas en los poderes legislativo y ejecutivo provinciales. Si bien la problemática estudiada abarca toda la geografía nacional, la autora destaca: “… éste trabajo se centra en un estudio a escala provincial, específicamente en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta su realidad histórica y social desde 1996 hasta la actualidad (2016). Creemos interesante indagar nuestro objeto desde una perspectiva provincial, dado que muchos trabajos abocados al estudio de problemas aproximados se sitúan en escala nacional. Cada patrón de análisis tiene sus propias particularidades, irreductibles a otras escalas o niveles estudio.” Éste abordaje del trabajo le permite a la autora poner la lupa en el enorme proceso de transformación social y económica, particularmente agropecuaria, en el periodo estudiado y analizar meticulosamente éstas transformaciones.
A modo de síntesis diremos que esas leyes, decretos, resoluciones, a las que hace referencia la autora, son un paquete de subsidios directos e indirectos, créditos blandos para la adquisición de maquinarias agrícolas e insumos, presupuestos para la construcción y/o mantenimiento de caminos secundarios para sacar la producción de los campos, declaraciones reiteradas de “emergencias agropecuarias” que en lo sustancial significan excepciónes en el pago de impuestos territoriales. Todas estas medidas solo beneficiaron a lo largo de todos estos años a estos grupos económicos “desarrolladores del agronegocio” financiados desde el estado cordobés.
En 1996 el entonces Secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Sola, dicta la resolución 167 que autoriza la producción y comercialización de soja transgénica con uso de glifosato. Es por ello que el estudio citado tiene como punto de partida ese año. A partir de entonces comienza la utilización del “paquete tecnológico”: semillas transgénicas, agrotóxicos y herbicidas, siembra directa, maquinaria agrícola. Esto producirá una modificación dramática en los métodos de producción y las relaciones de producción en el campo y la extensión de las fronteras agropecuarias, con consecuencias socioambientales en algunos casos irreversibles. Córdoba, ubicada en el centro del territorio nacional, tiene tres ecoregiones: pampeana, espinal y chaqueña. En el período considerado la producción de soja fundamentalmente, se triplicó en el área pampeana, duplicó en la espinal, y se cuadruplicó en la chaqueña. Para obtener tal resultado los “empresarios innovadores” arrasaron con los bosques nativos de la provincia que hoy sólo abarcan el 3% de la geografía provincial, expulsaron a las comunidades de campesinos y de pueblos originarios que particularmente en el área chaqueña vivían de producciónes autosustentables. Mediante esta metodología los cultivos se extienden sobre 668,875 ha en 2014, lo que representa el 47,6% de todo de la superficie geográfica de la provincia. Es así como la producción de soja pasó en la provincia de 2.906,200 t en 1996 a 18.619.067 t en 2014. Hay que recordar que este crecimiento de producción de soja en particular y de materias primas en general, es consecuencia de la extraordinaria demanda que por entonces provenía de China y que aun hoy es así. Con los gobiernos de Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después, es decir bajo gobiernos peronistas a nivel nacional y de Córdoba como el caso que acá se analiza, se desarrolla y consolida este modo de producción en el campo dominado por el agronegocio. Una agricultura sin agricultores tal como lo define un autor citado por Villarreal.
El territorio provincial al servicio de los fondos de inversión y los pools de siembra
Mediante la aplicación del artículo 124 de la Constitución nacional vigente desde la reforma de los 94, queda establecido que las provincias podrán tener facultades en el desarrollo económico y social en su territorio y poseer el dominio originario de los recursos naturales. Como claramente lo demuestra la doctora Villarreal en su obra, los gobiernos provinciales cordobeses hicieron uso y abuso de este artículo en la utilización de la tierra como un recurso natural para su utilización para el agronegocio. A esta altura de la nota corresponde aclarar que no pretendemos sustituir la lectura de la obra de la doctora Villarreal. Por otra parte el estudio de esta obra fundamental, en mi opinión, me ha conducido a abordar otros ítems absolutamente vinculados al tema central de la obra citada que me permitieron desarrollar una serie de conclusiones y formular una aproximación de programa de las tareas que plantea una necesaria e impostergable revolución agraria en el territorio cordobés y por supuesto en el conjunto del país y que aquí coloco a debate.
Volviendo entonces a la obra citada allí se dice: en lo referido a la valoración de las commodities agrícolas, el capital financiero influye “por arriba” al alterar los precios y las rentabilidades relativas sobre las especializaciones productivas de cada país. Se crea un mercados de materias primas en los 90 -bolsa de Chicago- y a través del capital financiero se extendió el desarrollo de fondos de inversión que habilitó un fuerte ingreso de capitales a la producción agropecuaria con la participación de grandes empresas industriales y de servicios. Este nuevo contexto provocó que los productores privilegien los logros financieros por sobre los productivos. Y más adelante agrega… “la concentración de la tierra, la desigual distribución del ingreso en el sector agrario, consecuencias ambientales que genera el agronegocio, llevan a actores socioeconómicos predominantes beneficiarse de las ganancias que produce el sistema. En este sentido, las autoras Grass Y Hernández expresan: los principales tipo de inversores son firmas privadas que, en general, agrupan a más de un grupo inversor, de diferentes países y que, en algunos casos, integran una firma de producción agrícola agropecuaria o grandes traders de commodities”. Y en otro párrafo:” la incorporación de una nueva categoría de análisis en la matriz presentada por Grass Y Hernández se orienta a subrayar la importancia y especificidad de ésa nueva dimensión para los estudios sobre el entramado de relaciones propio del agronegocio. La incorporación de lo político estatal en este campo de investigaciones presupone un rol activo de actores gubernamentales en el desarrollo del modelo agrícola actual. Los territorios destinados a la producción agraria son territorio globalizados que se caracterizan por una lógica de producción vertical…”
De productores agrícolas a “empresarios”
Continuamos citando a la autora “teniendo en cuenta la heterogeneidad de la estructura social agrícola, en este trabajo sólo nos referimos al sector del empresariado ligado al agronegocio. Este sector empresarial está compuesto por empresarios individuales y organizaciones empresariales -de distintas actividades y servicios agrícolas- que poseen influencia económica y política, y que sean capaces de intervenir en el ámbito público. La cristalización del nuevo modelo agrario con la participación del gran cambio tecnológico produjo un cambio de identidad y por ende, un cambio de status en la matriz productiva. Al respecto Grass y Hernández sostienen:
‘Su formulación contemporánea como el desplazamiento de productores derivó del cambio de status de la tierra en la nueva matriz productiva. Al constituirse como espacio de valoración del capital financiero, la tierra perdió su condición de pilar fundamental de la identidad y la posición de clase -heredada y heredable- y cobró un rol secundario y subordinado al nuevo rasgo protagónico: el conocimiento experto y la innovación. Éste cambio no sólo recompuso dinámicas productivas, Sino que también reorganizó el horizonte simbólico. Así, quiénes encararon el camino de la ‘reconversión productiva’ debieron adaptar o cambiar la infraestructura material (de la ganadería, del tambo, otra actividad de la agricultura), a la vez que organizar su capital social y simbólico dado que las nuevas cadenas productivas incluían otros actores, competencias e imaginarios. En consecuencia, las líneas que recortaban y diferenciaban las identidades y pertenencias asociadas históricamente a la magnitud de los recursos controlados y a la clase social de pertenencia (la figura del chacarero estuvo tradicionalmente asociada a la pequeña explotación familiar capitalizada y su condición de clase media rural, que tenía como contracara a la tradicional clase terrateniente identificada con la gran propiedad y su pertenencia las clases altas) serán redefinidas al ser posicionadas como contracara del nuevo perfil hegemónico: el empresario innovador´.”
Una agricultura sin agricultores
“Contratistas o prestadores de servicios: es el eslabón más débil del proceso de producción que implica el modelo de agronegocio. Son empresas de servicios agrícolas, según los casos específicos pueden ser actores globales o territoriales, por eso debe analizarse caso por caso y comprender la especificidad. En su mayoría son ex productores y conservan un lazo de pertenencia con el territorio: sin embargo su función tiende a desterritorializar por qué recorren miles de hectáreas con sus equipos para brindar sus servicios” (de la obra citada). En el campo cordobés la flexibilización y la precarización laboral son la norma. Una consecuencia directa de esta modificación en el modo de producción en el campo cordobés es el proceso de despoblamiento del campo que se suma a otros fenómenos, como los antes citados de las poblaciones desplazadas por la extensión de las fronteras agropecuarias. Investigando este tema nos encontramos con que los últimos datos disponibles sobre la población rural en la provincia, datan del censo del 2010; por entonces la población total de la provincia era de 3.308.876 habitantes, de los cuales 342.061 habitaban en el campo incluyendo ciudades y pueblos de hasta 2000 habitantes, es decir sólo un 10% de la población total. Todo indica que esa proporción es hoy mucho menor aunque no podemos precisar esa magnitud hasta tanto se procesen los datos del censo 2022, si sabemos que la población total de la provincia es hoy 3.800.000 habitantes.
Si bien en este período entre 2010 y 2022 hubo un crecimiento poblacional en ciudades del interior cordobés como consecuencia de migraciones internas particularmente a partir de la pandemia, el grueso ese crecimiento se debe haber dado en el área metropolitana. Tema que merece una investigación particular que excede el propósito de este trabajo, pero que queda pendiente para más adelante.
Argentina (ya no) produce alimentos para 400 millones de habitantes en el mundo.
Esta frase reiterada una y otra vez a lo largo de nuestra historia sobre la capacidad de producción de alimentos de nuestro país, es hoy una cuestión del pasado y prueba de ello es el tema ampliamente abordado por el texto de la doctora Villarreal que demuestra irrefutablemente que entre el 80 y 85% de las tierras cultivables de la provincia están destinadas al cultivo de la soja. Si bien éste estudio, como lo aclara la propia autora, sólo hace referencia a la provincia de Córdoba, éste fenómeno tiene un carácter nacional, es decir que las mejores tierras de nuestro país están destinadas, para decirlo en modo grosero, a la producción de porotos para los chanchos de China. El desarrollo exponencial de este monocultivo que está transformando estas tierras en un inmenso desierto verde acarrea consecuencias medioambientales, agotamiento del suelo, envenenamiento del mismo con agrotóxicos, de consecuencias indudablemente graves de no producirse una enorme modificación, radical, en este modo de producción. Durante todo el periodo analizado este modo de producción y las relaciones de producción que se han establecido en el campo cordobés, produjeron una agudización extraordinaria de la polarización social, pon un crecimiento económico político y social enorme en un puñado de grupos económicos, el despoblamiento del campo cordobés y un crecimiento también exponencial de la pobreza en el otro polo.
La contradicción violenta de este proceso económico consiste en un inmenso ingreso de ganancias cuya magnitud desconocemos pero que se podría rastrear en el polo más rico, mientras que paralelamente en la provincia creció la pobreza en magnitudes dramáticas. Queda claro que este “modelo de producción” que produce estos efectos devastadores sobre el conjunto de la población de la provincia en términos sociales, ambientales, etc. es insostenible en el tiempo más allá de las coyunturas internacionales.
Otro aspecto muy poco difundido pero sí estudiado por organismos oficiales de la provincia incluso, es el decrecimiento de otras actividades productivas del campo de las cuales nos detendremos aquí en la producción Frutihortícola en el cinturón verde el área metropolitana de Córdoba. Dos papers de distintos organismos provinciales: ministerio de Agricultura y ganadería (PISEAR) y el instituto Gulich dependiente de la CONEA, coinciden en destacar que como consecuencia de la extensión de la fronteras agropecuarias para sembrar soja, como explícitamente sea plantea en estas investigaciones, en los últimos 30 años se produjo una drástica reducción de las zonas de abastecimiento de alimentos frescos de proximidad. Durante ese periodo la superficie dedicada a la horticultura decreció un 74% (!); la investigación más reciente producida por el Instituto Gulich con fecha 17/3/22 demuestra en base a planigrafía satelital que de 15,929 ha que se dedicaban a esta producción en 1988, hoy sólo quedan 4149 ha, que significan una merma del 74% mencionado. Indudablemente éste fenómeno sin duda grave, hay que sumarlo al crecimiento de la pobreza orgánica, estructural, de la mayoría de la población cordobesa.
Es necesaria una revolución agraria
De todo lo expuesto queda demostrado que el cuadro de derrumbe social y ambiental que hoy vive la población trabajadora de la provincia, es consecuencia directa del modelo de producción que hoy domina la matriz productiva provincial. Repoblar el campo, reforestar todo lo depredado, sanear los suelos y sobre todo abrir una perspectiva a inmensos sectores de la población cordobesa hoy sumergidos en la pobreza, no sólo es posible sino absolutamente necesario. El extraordinario proceso de apropiación de la tierra provincial por un puñado de conglomerados económicos extranjeros y nativos maduró las condiciones para la gran tarea de nacionalizar esas tierras para ponerlas al servicio de un desarrollo agroeconómico que pueda satisfacer, ampliamente, las necesidades de las grandes mayorías populares. Se trata de impulsar una tarea profundamente transformadora, elementalmente democrática y simplemente vital. El modelo de producción agraria que reemplace el actual, deberá ser el fruto de una deliberación colectiva de todos los sectores afectados de la población trabajadora, de las organizaciones campesinas, de las asambleas ambientales y las organizaciones políticas de los trabajadores.
