Brasil: el PT en la contención de las masas frente a la ofensiva derechista

A 2 meses de haber asumido el gobierno de Lula, va quedando claramente confirmado su curso de abierta conciliación con la derecha (incluyendo al bolsonarismo) y al gran capital y de subordinación y postergación de los reclamos populares a la necesidad de la “estabilidad” del régimen.

Bolsonaro atacaba, Lula contenía

Lula aparecía como el recurso preventivo utilizado por el imperialismo y la mayoría de los capitalistas nativos para intentar evitar que Brasil se sumara a la ola de rebeliones populares que ha venido recorriendo América Latina contra los planes de ajuste fondomonetaristas y la descarga de la crisis capitalista mundial sobre las masas.

Recurso que fue usado durante todo el período en que el PT de Lula estuvo en la “oposición” al gobierno de Bolsonaro, permitiendo que este avanzara con ataques históricos contra las masas (una criminal política de salud frente a la pandemia del COVID, reformas laboral y previsional, etc.), conteniendo y desorganizando a más no poder las luchas populares. Usaron para ello el dominio de Lula -burocracias mediante- sobre importantes organizaciones de masas (centrales obreras, campesinas, estudiantiles, etc.).

Por eso el gobierno fascistoide de Bolsonaro no atacó, ni proscribió (aunque debilitó) a las organizaciones obreras y de masas dirigidas por las burocracias. Las “necesitaba” para jugar ese papel de contención.

La mayor parte de la burguesía decidió “cambiar de caballo” ante la amenaza de una irrupción popular frente a la crisis social, azuzada por las provocaciones bolsonaristas.

Lula se había comprometido a no revertir lo central de los avances reaccionarios, para ello desarrolló una política de “frente popular” de conciliación de clases constituyendo un Frente Amplio de la Esperanza con destacados sectores de la derecha neoliberal (Alckmin de vicepresidente, Tebet de ministra de Planificación, etc.).

Encubrimiento de los responsables de la aventura bolsonarista del 8 de enero

El triunfo electoral presidencial de Lula (aunque por escaso margen y sin mayoría parlamentaria) fue respondido por el bolsonarismo con una serie de provocaciones. Estas se fueron desarrollando en los dos meses previos a la asunción de Lula (bloqueo de rutas, acampes frente a los cuarteles proponiendo la intervención directa de las Fuerzas Armadas, atentado terrorista, etc.). Y culminó el domingo 8 de enero con una marcha hacia la Plaza de los Tres Poderes estatales en la capital, Brasilia. Ya hemos analizado en notas anteriores (prensaobrera.com) el desarrollo de esta jornada semigolpista. Una movilización bolsonarista que partió de los acampes frente a los cuarteles, ocupó las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reclamando su desconocimiento y reemplazo directo por las fuerzas militares.

Si bien estas no intervinieron directamente, dejaron hacer, colaborando con la movilización fascistoide. Impusieron una “zona liberada” de la Explanada, no colocando y retirando fuerzas de seguridad, a pesar del conocimiento previo de esta marcha-asonada.

Impidieron, incluso, que fueran detenidos hasta el día siguiente quienes volvieron a los campamentos frente a los cuarteles, permitiendo así que se retiraran el personal militar y los familiares para no verse inculpados.

La respuesta de Lula fue de conciliación con el alto mando militar. Primero aceptó el recambio del comando en jefe del ejército “elegido” por sus pares ante la asunción de Lula el 1° de enero. Este prometió investigar y castigar a quienes hubieran cometido negligencias, pero casi inmediatamente nombró al coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, un militar fiel ejecutor de los mandatos del expresidente Bolsonaro, a cargo de un comando decisivo en la seguridad del Planalto. Ante esta situación, Lula se vio obligado a destituir al comandante general Julio Cesar de Arruda, colocando en su lugar al general Tomás Ribeiro Paiva que tenía el “mérito” de haber declarado públicamente que había que respetar el resultado electoral. Pero los antecedentes de este evidencian una larga trayectoria derechista (desde funcionario del neoliberal presidente Fernando Henrique Cardozo, pasando por ser uno de los oficiales que participó activamente en el operativo militar sobre Haití -cantera del 90% de los oficiales golpistas-bolsonaristas orientados por Villas Boas-, firmante del comunicado que decidió la destitución golpista de la presidenta del PT, Dilma Rousseff, etc., etc.). Lula llegó a un acuerdo de que el alto mando militar iba a realizar su propia investigación sobre qué mandos estuvieron implicados en la asonada del 8 de enero para su eventual juzgamiento. Para ello Paiva puso en funcionamiento el “Ministerio Público Militar” integrado por personal del ejército. Por supuesto que las “investigaciones” van para largo y pretenderán salvar a los mandos militares importantes más implicados, sancionando a algunos “perejiles”. Se trata a todas luces de una “depuración” gatopardista: cambiar algo, para que todos los mandos sigan más o menos en manos de aquellos implicados activamente con el bolsonarismo.

El mismo ministro de Defensa de Lula, José Múcio, asumió como parte de un acuerdo impuesto por las Fuerzas Armadas con el gobierno Lula.

Los planteos de Lula de avanzar en la democratización de las Fuerzas Armadas están quedando solo en promesas de reformas cosméticas (cambio de planes de formación de los institutos educativos militares, eliminación del orden del día de la conmemoración del golpe de 1964 que Bolsonaro había impuesto, etc.). Diputados del PT han presentado al Parlamento proyectos para eliminar el “derecho constitucional” para que cualquiera de los tres poderes estatales pueda reclamar unilateralmente la intervención militar para restablecer el “orden”. Pero en el Parlamento la bancada del bolsonarismo y sus aliados derechistas tiene mayoría, lo que hace difícil su aprobación. No será una “norma legislativa” la que bloquearía el eventual desarrollo de un golpe ocasionalmente reclamado por la clase dominante. La “interpretación” de la ley se adapta luego al golpe triunfante.

Lula quiere conciliar con los generales. En recientes reuniones con ellos prometió volcar 9000 millones de reales en inversiones de “Defensa” (equipamiento, desarrollo de industrias militares, etc.).

Habrá crisis inevitablemente, pero el “operativo impunidad” se está desarrollando por sus carriles normales-legales.

Pacto parlamentario con el bolsonarismo

El gobierno del PT apoyó la reelección de Arthur Lira como presidente de la Cámara de Diputados. Este, como representante del bloque del llamado “Centrao” fue sostenido al frente de la cámara por el bolsonarismo. Lira cajoneó decenas de pedidos de impeachment (juicio político) contra Bolsonaro presentados en los últimos 4 años (por su criminal política frente al COVID, etc.). Fue impulsor del llamado “presupuesto secreto” volcado para el uso (corrupto) de los diputados para obras públicas en sus distritos. Llamó públicamente a votar por Bolsonaro en la reciente segunda vuelta electoral de octubre.

La elección de Lira fue histórica: salió elegido por una votación récord: 464 votos sobre unos 510 diputados, apoyado por las bancadas del PT y del Frente de la Esperanza.

Lira se ha ido transformando en un elemento con poder bonapartista, una especie de “presidente” paralelo al poder ejecutivo de Lula, con “derecho a veto” no institucionalizado.

La crisis de la tasa de interés

El Banco Central de Brasil viene de fijar una tasa de interés del 13,75%: 8% por encima de la tasa de inflación más desfavorable anunciada por la propia entidad. Lula ha salido a confrontar con esta resolución, planteando la necesidad de disminuirla para acompañar las medidas, pretendidamente keynesianas, de reactivación económica que quiere impulsar el gobierno. Pero el Banco Central fue declarado “autárquico” por iniciativa de Bolsonaro, votada por el Parlamento. Y fue colocado al frente de este Roberto Campos Neto, un hombre ligado firmemente al capital financiero, inamovible hasta que se complete su mandato en el 2024.

Esto se ha transformado en un choque importante entre el presidente de la nación Lula y el presidente del Banco Central, Campos Neto. El capital bancario quiere mantener ese nivel alto en las tasas de interés, para prevenir “riesgos fiscales” (acentuación del déficit presupuestario, aumento de la inflación, etc.). El PT, el partido oficialista de Lula, ha lanzado una campaña política (“movilizaciones” incluidas) para desplazar a Campos Neto y/o colocar al Banco Central en sintonía con los planes económicos del gobierno. Esto pretende ser utilizado política y propagandísticamente por el PT para presentarse como progresista. Es un punto de confrontación económica importante de cuyo destino depende se beneficie uno u otro sector capitalista. El gobierno Lula quiere manejar al capital financiero, pero…

Gleisi Hoffman, presidenta del PT, ha planteado la necesidad que “la política del Banco Central esté alineada con el gobierno”. Criticando la resolución “autárquica” de Campos Neto como una presión del capital financiero, Gleisi declaró: “Es hora de enfrentar este discurso ‘comerciante’ de los ricos en este país, que tenemos riesgo fiscal. ¿Qué riesgo? ¿De no pagar la deuda? Mentira”. Comprometiéndose así a cumplir rigurosamente con el pago de la deuda pública.

El crédito bancario en Brasil está dominado en un 85% por solo 5 grandes bancos. Según la central obrera (CUT), en el último año la tasa de interés tuvo un incremento del 11%, lo que llevó a un gasto adicional de 410 mil millones de reales.

Pero el intento de reemplazar la presidencia del Banco Central y domar el “mercado” financiero está destinado al fracaso. Ya el presidente de la Cámara de Diputados, Lira, salió a plantear que cese el debate público y se discuta entre bambalinas, para no perjudicar a los “mercados”. Señalando su oposición abierta y de la mayoría de la Cámara a revertir la votación de la autarquía del Banco Central, Lira está aplicando su derecho no formal al veto. Ya Lula ha dado un paso atrás en su pretensión de reemplazar a Campos Neto y anunciado su disposición a “negociar”.

Solo la nacionalización del sistema bancario, expropiando los bancos privados y creando una banca única, bajo gestión de los trabajadores podrá orientar el crédito para un real desarrollo del país, favoreciendo incluso el consumo popular. Posible bajo un gobierno de trabajadores y no bajo este régimen frentepopulista que pretende defender intereses del gran capital.

Una reforma impositiva antipopular

Una de las medidas más propagandizadas que el gobierno anunció, es la puesta en marcha de una reforma impositiva. ¿Qué carácter tendrá? ¿Va a eliminar los impuestos al consumo popular para reemplazarlos por una imposición progresiva a las grandes ganancias y fortunas?

La derechista ministra de Planificación y Presupuesto (función clave que comparte con el ministro Haddad de Economía) ha señalado que esta reforma impositiva es la “única bala de plata” para resolver “contundentemente los problemas de Brasil”, además de ser como la “vacuna económica” de un gobierno para lograr el equilibrio fiscal. ¿A qué se refiere? Se ha conocido que se piensan unificar impuestos para lograr “que Brasil reduzca el costo de su producción, elimine la burocracia, haga más competitivo el sector productivo y, con eso, tener mayor productividad y mejorar la economía”. Para Tebet, se trata de “reformular” el déficit fiscal que asciende a R$ 230 mil millones, porque crea una situación “insostenible”. Tiene incorporadas por lo tanto muchas variantes de “ajuste”. Ha trascendido que se va a elevar en forma diferencial –según ramas y objetivos- el impuesto al consumo (IVA) a un 25%. Por ejemplo, para desalentar el consumo popular del tabaco y las bebidas alcohólicas. ¿El objetivo sería cuidar la “salud pública” afectando el bolsillo de los pobres que no podrían practicar sus vicios menores? Criterio clasista que las clases dominantes resuelven cómodamente.

Por de pronto, a partir del 1° de marzo, Haddad, el ministro de economía de Lula, reimplanta parte de los impuestos al consumo de naftas que había anulado Bolsonaro. Esto, por supuesto, para enfrentar el déficit fiscal (pago de la deuda pública) a costa del ajuste al bolsillo popular.

El presidente Lula y sus ministros se pasan los días en reuniones y banquetes con las cámaras patronales anunciando sus planes de beneficios para el capital. Pero… ¿y la economía de los trabajadores?

Planes antiobreros

Lula ha decidido sacrificar el salario del trabajador en aras de la “estabilidad”. Se había anunciado un aumento del salario mínimo en enero que luego fue postergado para después de los carnavales de mediados de febrero. Y la última información es que se daría para… “festejar” el 1° de mayo. Según la CUT, por cálculos hechos por sus economistas, para recuperar lo perdido bajo el gobierno de Bolsonaro el aumento debería fijarse en 1396 reales. Pero el gobierno ha anunciado que como “transición” elevará el salario mínimo de los actuales 1302 reales a…. 1320 a partir del 1° de mayo. Un aumento de ¡18 reales! Es una burla y una provocación lulista al movimiento obrero. Como dijo un activista: “apenas alcanza para duas cervejhinas”. La CUT, oliendo este desaire lulista, había replanteado su cálculo reduciendo el reclamo a 1382,71 Reales. La “promesa” gubernamental es que en mayo se formularía un nuevo reglamento para calcular la evolución futura del salario mínimo… a partir del 2024. Cualquier semejanza con las cuentas de los gobiernos argentinos (macristas o kirchneristas) no es una coincidencia. La justificación es que un aumento mayor sería peligroso para las finanzas del Estado por lo que debería pagar a los jubilados. Lo que significa que los está condenando a la miseria.

Lula ha tomado como eje de su campaña política y electoral la proclama de que venía a combatir el hambre popular. Pero en todo caso lo haría en detrimento del salario de los trabajadores. Se trata de planes asistenciales elementales. En Argentina el gobierno kirchnerista quiere recortar los mismos por el ajuste fondomonetarista. En Brasil se está ampliando a lo que ya existía con Bolsonaro, pero con fuertes controles. El gobierno ha anunciado que se invertirán en el plan Bolsa Familia 65 mil millones de reales por año, es decir 1,5% del PBI. Diez veces menos que el pago de intereses de la deuda pública (6,5% del PBI).

Contra las condiciones de vida de los trabajadores

El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, ha salido a congraciarse con el capital financiero y las patronales, planteando en un encuentro en la FIESP (Federación de Industrias del Estado de São Paulo) anular el derecho al retiro por el trabajador -en la fecha de su cumpleaños- de hasta un 5% de los fondos que le han descontado y depositado en el llamado Fondo de Garantía de Autoservicio (FGTS) usado para pagarle una eventual indemnización por despido. Similares medidas fueron adoptadas por el gobierno de Piñera en Chile y anuladas por Boric. Y por otros. Marinho dijo que “perturba la lógica de la industria, porque debilita el fondo de inversión. Eso lo guiaremos seguro en el patronato del fondo de garantía y quiero contar con el apoyo de la industria”, pidió el ministro.

Ese descuento fue autorizado por el bolsonarismo para paliar la difícil situación salarial de los trabajadores, tomando un “bono” de sus propios fondos.

Según Marinho, muchos trabajadores han utilizado el retiro de cumpleaños como una forma de financiación. La propuesta del ministro sería así en defensa de los ignorantes trabajadores que no sabrían administrar sus fondos. “Con este método el trabajador termina perdiendo su trabajo y no puede retirar el fondo porque se adhirió al retiro de cumpleaños”.

Pero lo más importante es que el ministro también pidió el apoyo de la industria para la “modernización de la legislación laboral”, afirmando que el gobierno no pretende derogar la “reforma laboral” antiobrera, sino actualizarla. “No procede” -dijo- usar la palabra revocar. Lo que sería decir que tenemos que revisar lo ya hecho. Revocar sería devolver todo a lo que era: no encaja.

El gobierno “popular” deja en pie las reformas laboral y previsional reaccionarias. Beneplácito de capitalistas y de bolsonaristas que ven que su “trabajo” antiobrero no habría sido en vano.

Continuismo reaccionario

Podríamos seguir analizando la política del gobierno frentepopulista de Lula para evidenciar la gran cantidad de planos donde lleva adelante políticas continuistas.

En materia de política exterior Lula no solo ha reconocido al gobierno golpista de Dina Boularte en el Perú, que viene masacrando a su pueblo (70 muertos, centenares de heridos y presos). El presidente Pedro Castillo ha sido depuesto y encarcelado. ¿Se ha olvidado Lula de su encarcelamiento por el régimen de Temer? Pero no solo eso: el gobierno de Lula está proveyendo al régimen golpista de armas y municiones (bombas de gas, etc.) para reprimir al pueblo. Lo mismo hizo Bolsonaro frente a la resistencia del golpe en Bolivia enviando armas para sostener a la dictadura de Añez.

Pero frente a la guerra de la OTAN contra Rusia, Lula cambió el tradicional voto de abstención de Bolsonaro y pasó a sumarse a un pronunciamiento pro-OTAN. Ahora se ha sumado en la ONU a la declaración otanista de repudio a la invasión de Putin. Eso sí, prometiendo hacer gestiones para que Rusia se retire y así avanzar en un proceso de paz. El mismo lenguaje de Biden y el imperialismo de la OTAN.

El Ministerio de la Mujer ha renunciado siquiera a discutir el problema del derecho al aborto. La ministra dice que a Lula -que personalmente ha declarado su oposición a este derecho- le preocupan más los casos de femicidio. En 2021 ha habido 1300 femicidios. Simultáneamente se han producido más de 500 mil abortos clandestinos, 200 mil de los cuales han dañado el cuerpo de jóvenes y han provocado la muerte en 1000 oportunidades. ¿Progresivo Lula o un chupacirios?

Respecto a la política de la Amazonia tan fuertemente criticada a Bolsonaro por su pillaje, el ministro de Desarrollo Agrario del PT anunció que “defiende que las áreas deforestadas ilegalmente sean ocupadas a partir de un programa de colonización y reforestación”. Por su parte, el nuevo ministro de Justicia declaró “que era imposible arrestar a 15.000 mineros, que trabajan en las regiones cercanas”. Y señaló que su objetivo era “fortalecer la presencia estatal en la zona” llevando “beneficios sociales a 30 millones de habitantes de la Amazonia”. Esto sería acompañado por inversiones de potencias imperialistas interesadas en el estudio, protección y explotación económica (¿sustentable?) de esta selva tropical.

En materia de privatizaciones, Lira, el presidente de la Cámara, ha salido a declarar que no se votará la vuelta atrás de la reciente privatización bolsonarista de Electrobras, ni de ninguna otra. El gobierno de Lula se ha adaptado a esta tesitura. Por el contrario, está nombrando autoridades de toda una serie de sectores estatales (Correos, etc.) a reconocidos privatistas.

El enemigo de los trabajadores y explotados está en el Planalto

Con la excusa de la lucha contra el bolsonarismo y el fascismo, con el que concilia el gobierno de Lula, se está dejando pasar todos los ataques contra el pueblo trabajador y todos los avances reaccionarios.

Por supuesto que la derecha militarista y bolsonarista es una amenaza permanente contra el pueblo y las libertades democráticas y que hay que enfrentarla y destruirla. Pero no será de la mano de este régimen que lo lograremos. Lula concilia y acuerda con los militares, con los bolsonaristas, con el agropoder, con el imperialismo, con las dictaduras y con todo el mosaico de explotadores.

Pero el ajuste contra el pueblo lo está llevando adelante este gobierno y a él hay que enfrentar. Movilizar a la clase obrera y a los explotados permitirá derrotar estos ataques y pondrá a las masas en la calle.

Si llega a haber un golpe hay que enfrentarlo abiertamente, pero sin apoyar a este gobierno que hoy es el encargado del imperialismo y el gran capital para regentear el ajuste que produce la crisis capitalista mundial.

Las organizaciones obreras dirigidas por burocracias sindicales son impotentes para encarar esta resistencia. Marchan hacia una mayor integración (y regimentación) al Estado.

La dirigencia burocrática de la CUT había señalado que se preparaba para “festejar” el 1° de Mayo, la derrota del bolsonarismo. Se coloca como apéndice del gobierno. Hace un par de semanas llamó a “movilizarse” bajo la consigna “Menos intereses y más puestos de trabajo. ¡No a la autonomía del Banco Central!”. Aunque eso de “movilización” es una manera de decir. Según el corresponsal en Brasil de Infobae, en San Pablo eran… una veintena.

Ahora ha recibido el baldazo de agua fría de un aumento de 18 reales en el salario mínimo y el compromiso del gobierno de no rever las reformas reaccionarias de Temer-Bolsonaro.

Sergio Nobre, el presidente de la CUT, ha declarado su disgusto por la magra cifra señalando que no la puede festejar.

Pero la burocracia sindical no rompe con la subordinación de las organizaciones obreras frente al gobierno, ni siquiera cuando este ataca en forma abierta los intereses de los trabajadores y explotados. Por el contrario, la dirección de la Federación Única de Trabajadores del Petróleo (FUP) declaró que apoya la decisión del gobierno de restablecer la recaudación de impuestos sobre los combustibles. Es decir, el ataque al bolsillo no solo de los transportistas, sino de toda la economía popular que verá acrecentados sus costos. Estamos hablando de Petrobras, una empresa “mixta” del Estado con los monopolios privados que el año pasado acumuló ganancias netas por 189 mil millones de reales, un 77% más que en el 2021. Con los monopolios se discutirá la política petrolera y de precios, pero con los trabajadores-consumidores se les mete despóticamente la mano en sus esmirriados bolsillos.

Es necesario movilizarse pero por un aumento real del salario mínimo y de todos los salarios. Por la derogación de las reformas reaccionarias y antiobreras (previsional, laboral, etc.), por la recuperación de todas las conquistas perdidas. Para ello es necesario que se impulsen asambleas fabriles y sindicales que reclamen la ruptura de la política de pasividad colaboracionista de las burocracia sindicales, reclamar la realización de un congreso de delegados elegidos por los trabajadores, para votar un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha para imponerlo. Sin lucha independiente de los trabajadores contra el gobierno y los patrones se irá a catástrofes sociales mayores.

El gobierno se jacta de haber evitado una huelga de los trabajadores de los correos por haber nombrado a un privatista al frente de la empresa. Saca la fuerza de la pasividad y desorganización de las masas.

Para sectores burocráticos o izquierdistas que se reclaman combativos estamos ante “un gobierno en disputa”. Y sería deber de ellos “ayudarlo a fortalecer una contraofensiva contra la derecha”. Pero es el gobierno el que viene a imponer estos avances reaccionarios, anestesiando la conciencia de las masas y sus vanguardias con palabreríos vacíos de contenido de clase. De subordinación y apoyo a las clases dominantes.

Esta pseudo izquierda ¿está siendo comprada-cooptada con cargos y financiamientos del régimen como ha hecho el kirchnerismo en la Argentina?

Esta semana una coalición compuesta por petistas, PC do B, sectores derechistas del PSOL (Resistencia, etc.) han impuesto en una votación minoritaria la desafiliación del combativo sindicato de los docentes universitarios (ANDES, de la central obrera izquierdista CSP-Conlutas), para “adherirla” a la burocrática y oficialista CUT. En estos momentos de “avances fascistas” -afirman- es necesario unirse al “dialogo” con el nuevo gobierno. ANDES rompió con la CUT en el 2006, cuando el anterior gobierno de Lula impuso una reforma reaccionaria en la Seguridad Social. ¿Ahora vuelve para aceptar la alianza directa del sindicalismo con las políticas “neoliberales” que lleva adelante el gobierno que falsamente se reclama popular?

El bloque minoritario que rechazó la ruptura cantaba: “Soy Conlutas, soy radical, no soy felpudo del gobierno federal”.

El PSOL y el impasse de la izquierda que se reclama revolucionaria

El PSOL, señalado por gran parte de la izquierda oportunista mundial como un modelo de “partido amplio” de tendencias, surgido de la derechización del PT, para encarar -pretendidamente- un curso político anticapitalista, ha girado 360 grados. Se ha manifestado como un engendro oportunista y electoralista que durante más de una década llevó a gran parte de la vanguardia obrera, estudiantil y popular al impasse. Ha vuelto a “sus orígenes”. Apoyó el “frente amplio” de la Esperanza con las candidaturas de Lula y Alckmin en primera vuelta electoral. Y ahora directamente se ha integrado al gobierno de Lula, colocando ministros y funcionarios. También ha resuelto formar un bloque unitario en el parlamento con la bancada de Lula. El PSOL ha devenido en un partido oficialista de gobierno eliminando todo rasgo opositor.

Pero los partidos de izquierda que se reclaman revolucionarios permanecen dentro de este frente. Los anima una política oportunista-electoralista.

La Corriente Socialista de los Trabajadores (CST, unida la UIT-CI junto a Izquierda Socialista de la Argentina) tuvo una inventiva especial de oportunismo. Adhirió al Polo Socialista Revolucionario que impulso el PSTU con candidaturas independientes, pero…. permaneciendo dentro del PSOL. Una pata en cada terreno, que lamentablemente el Polo aceptó. Ahora que terminaron las elecciones ha unido las dos patas… dentro del PSOL.

El Socialista, el periódico de Izquierda Socialista de Argentina, ha transcripto (18/1/23) una declaración de la CST de Brasil frente a la asonada del 8 de enero. Se colocan como consejeros críticos de izquierda del gobierno de Lula: “decimos que Lula, el PT y el Gobierno federal deben llamar a la movilización callejera contra las acciones golpistas del bolsonarismo”. Cuando es evidente la política conciliadora del gobierno de Lula con los militares y la derecha incluyendo sectores bolsonaristas. Para la CST “las primeras medidas del gobierno de Lula deberían haber sido ajustar cuentas con los bolsonaristas y su proyecto autoritario, sin perdón ni amnistía”. Pero si Lula no siguió, ni seguirá, este consejo es porque la burguesía “democrática” que ayer nomas era bolsonarista no quiere dañar la cohesión del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas, centro esencial del Estado burgués.

“Lula se equivocó al aliarse con sectores bolsonaristas en el gobierno” dice la CST, que no alcanza a comprender la continuidad de la política burguesa. “Llamamos a ocupar las calles y exigir al gobierno de Lula/Alckmin una movilización nacional y el castigo de todos los golpistas” insiste la CST. La UIT-CI repite la política de “partidos amplios” y de oportunismo electoralista que ya desarrolló en el Perú con su militancia histórica dentro del Frente Amplio, el partido que salvó del hundimiento al Parlamento en ocasión del golpe de Merino hace un par de años.

“Revolución Socialista” integrante de La Liga Internacional Socialista (LIS que integra el MST de Argentina) ha permanecido directamente dentro del PSOL. No quiso siquiera hacer la pantomima que realizó la CST de adherir al Polo Socialista Revolucionario, a pesar de reclamar que lucha por crear una alternativa de independencia obrera y revolucionaria. No iba a desperdiciar la oportunidad de tener alguna candidatura. Viniendo de un proceso de reagrupamiento de dos corrientes menores, Revolución Socialista declara: “Nuestra unificación está al servicio del fortalecimiento de la izquierda radical que enfrenta la liquidación del proyecto fundacional por parte de la dirección mayoritaria del PSOL. La unificación de nuestras corrientes es también una apuesta para interrumpir este proceso y recuperar el PSOL para la lucha anticapitalista, con independencia de clase y programa socialista”. Sin palabras, ahora que el PSOL ha devenido directamente en un partido de gobierno totalmente integrado a su política capitalista.

¿Podrá?

Lula pretende no solo frenar la rebelión popular que recorre América Latina en el Brasil, sino que se presenta frente al imperialismo como un instrumento para tratar de contenerla y revertirla en todo el continente. ¿Podrá?

Todas las direcciones, organizaciones y militantes que se reclaman de la lucha antiimperialista, democrática, obrera y/o socialista consecuentes deben rechazar la política de conciliación del lulismo y encarar la lucha por sus reivindicaciones. Las organizaciones de lucha de la mujer por el derecho al aborto; las organizaciones obreras por la derogación de las leyes reaccionarias y la recuperación de sus conquistas; los agrupamientos antiimperialistas por el no pago de la deuda pública y la expropiación de las empresas privatizadas, etc. En este proceso deberá ir surgiendo una vanguardia que pueda organizarse en un partido de clase revolucionario y para impulsar un frente revolucionario de los trabajadores.