Cuando a fines de diciembre se cumpla el primer aniversario del ‘efecto tequila´ se podrá constatar que la mayoría de los países de América Latina se encuentra en los niveles más profundos de la crisis económica. Las 'grandes reformas’ de supuesto carácter liberal, destinadas a provocar un crecimiento económico sin paralelo en la historia, han resultado ser un completo fracaso. Los 'planes’ que, con pequeñas variantes, fueron aplicados uniformemente en América Latina, sirvieron para dar una salida transitoria al gran capital financiero internacional, en especial a los bancos y fondos de pensiones e inversiones, pero convirtieron otra vez más a este continente en el sumidero del imperialismo. La expresión más acabada de este proceso lo constituye, sin duda, el crecimiento explosivo de la deuda externa en los últimos años, y especialmente durante 1995, a pesar de las refinanciaciones que tuvieron lugar bajo los esquemas previstos en el 'plan Brady’, y de las privatizaciones a cambio de títulos de la deuda extranjera. El ‘plan Brady’ fue, en realidad, un mecanismo para permitir la contratación de nueva deuda «eterna. A pesar de las privatizaciones, los contratos de nueva deuda pública han superado a los de endeudamiento privado con el exterior, poniendo de manifiesto la profundidad de la crisis capitalista, lo que se explica por la necesidad de cubrir bancarrotas bancarias o financiar presupuestos deficitarios, cuya carga principal la constituyen los pagos de intereses de esa deuda y los subsidios al capital privado.
La situación mexicana es elocuente: el peso se ha devaluado en un 50% en el curso del año, mientras que los pronósticos aseguran, casi con unanimidad, que la desvalorización continuará sin pausa; el Banco Central inyectó, durante 1995, unos 12.000 millones de dólares en el sistema bancario, lo que es más del doble del valor patrimonial de los bancos asistidos; el PBI cayó un 10% en el tercer trimestre (The New York Times, 22/11). En consecuencia, “el mercado se encuentra preocupado por la mala calidad de los activos en poder de los bancos mexicanos’’ (The Financial Times, 24/11). Los préstamos vencidos constituyen el 14% de la cartera bancaria y exceden holgadamente el valor del patrimonio de los bancos, a pesar de que están excluidos del cálculo los bancos intervenidos por el gobierno.
La descomunal crisis bancaria impide un descenso de las tasas de interés, y la especulación contra el peso se ha transformado en el principal medio que utilizan los capitalistas para “licuar” (desvalorizar) sus deudas en moneda local. La adopción de un régimen de conversión directa entre el peso y el dólar, que se acaba de aconsejar a México, impediría los subsidios oficiales a la banca y la llevaría directamente a la quiebra, por lo cual antes sería necesario un plan Bonex que sustituya compulsivamente las deudas privadas (depósitos y préstamos) por títulos públicos, en cuyo caso el único crédito que habría deberían aportarlo los bancos extranjeros. México se enfrenta a la perspectiva de que la banca norteamericana se apodere de la banca nacional, y de que su economía quede anexada a la de Estados Unidos. Esto deberá provocar, naturalmente, conmociones sociales y políticas aún mayores que las que se están viviendo en la actualidad.
El descubrimiento del fenomenal saqueo económico perpetrado por el ex presidente Salinas y su familia, refleja la exacta naturaleza de los ‘planes liberales’ y la hondura de la debacle económica mexicana, pues está claro que la crisis ha permitidoy hasta forzado la aparición de toda clase de negocios ilegales, último recurso —como se sabe— de los capitales en bancarrota. Si se tiene en cuenta que entre 1996 y 1998, México debe cancelar vencimientos de deuda externa por 50.000millones de dólares, sin contarlos intereses, resulta claro que el gobierno de los Estados Unidos deberá fungir de nuevo de operador de rescate, aun antes de haber recuperado el dinero del rescate anterior.
A pesar de la catástrofe mexicana, la preocupación de los analistas financieros estuvo volcada en los últimos meses hacia Brasil, elogiado ‘urbi et orb, por el éxito del plan real y por su pantagruélico programa de privatizaciones. Es que la economía brasileña se encuentra también dopada por el crédito y por la especulación, lo que concluyó por manifestarse en una extraordinaria crisis bancaria. El principal banco estatal, Banespa, tiene un 'rombo’ de 12 000 millones de dólares, que deberá ser íntegramente financiado por el presupuesto. La quiebra de los bancos Económico y Nacional, obligó a echar mano de los fondos del Banco Central; en el caso del Nacional, el Banco Central se hizo cargo de los créditos incobrables, valuados en 4.000 millones de dólares En la fila de los quebrados se encuentra el Bamerindus, tercero en el ritnkine cuyo principal accionista es el actual ministro de Agricultura (Veja 22/11) También en Brasil, el patrimonio de los bancos es considerablemente inferior a sus carteras irregulares.
Para dar una salida a esta situación, el Banco Central sigue colocando títulos a un alto interés, que son comprados y usados especulativamente por el sistema bancario. Los altos intereses incentivar) el ingreso de capital externo, dando lugar a una ‘bicicleta financiera’ que es pagada por el presupuesto nacional. En un solo mes, octubre pasado, el Banco Central tuvo un perjuicio de 2,3 mil millones de dólares por la diferencia entre los intereses que recibe de la colocación de sus reservas en el exterior y los que paga por la deuda que emite en Brasil. Tampoco faltan los negociados, pues además del ‘curro' que se acaba de descubrir en torno a un contrato de instalación de radares en la Amazonia, el gobierno de Cardoso emitió un ‘decreto de necesidad y urgencia (medida provisoria), que ofrece subsidios a los bancos que adquieran a os que están en quiebra, además de la estatización de la deuda cobra e de estos. Naturalmente, se ha invocado para el caso al interés nacional, pues los bancos quebrados son apetecidos por la banca norteamericana, en especial el Boston y el Citi.
Existe la expectativa, claro, en los círculos capitalistas, de que el programa de privatizaciones se transforme en un estímulo económico de envergadura, y seguramente esta posibilidad ánima el optimismo de algunos capitanes de la industria de Argentina. Esas privatizaciones, sin embargo, deberán ser financiadas seguramente por deuda externa y mayor ingreso de capital especulativo, cuyo costo presupuestario puede superar a los ingresos por privatizaciones. Por otro lado, los 80 ó 100 mil millones de dólares de patrimonio que se ponen en juego, darán paso con seguridad a una gigantesca lucha de intereses, que requerirá de la capacidad de arbitraje del débil gobierno de Cardoso. La crisis bancaria y las continuas denuncias de corrupción que se ventilan en Brasil, son apenas un anticipo de lo que se viene. Es que como las privatizaciones no son otra cosa que confiscaciones patrimoniales que tienen lugar en momentos de crisis agudas, dan lugar a una dura lucha monopolista y rompen los equilibrios económicos tanto externos como internos.
En Argentina, mientras tanto, se asiste a la enésima proclamación oficial de que la crisis ha sido superada, formulada por primera vez una semana después del *efecto tequila’. Se da como prueba el éxito de la moratoria impositiva y el ascenso que experimentó la Bolsa en las dos últimas semanas. Pero la producción industrial, la inversión y el consumo siguen cayendo en picada. De acuerdo al informe del Banco de Quilmes, los despachos de cemento vienen cayendo sin parar desde marzo hasta un 20%, y un 18% en agosto y setiembre; las importaciones de bienes de capital caen desde principios de año con extremos del 30 y 31% mensuales, y la venta de utilitarios ha retrocedido mes por mes en el orden del 50%. “La inversión global del tercer trimestre sería inferior a la del segundo, acercándose a una caída del 20% (en el segundo cuarto del año fue del 16,3%)”.
Si se deja de lado a los alcahuetes del menemismo, el conjunto de los economistas ha advertido que la moratoria constituye un caso de concesiones excepcionales, que (decimos nosotros) rayan en el delito. Se permite saldar deudas impositivas y previsionales en hasta 60 meses, sin multas ni intereses por los atrasos, e incluso se ofrece financiación bancaria a tasas de interés especiales para cumplir con los pagos. La condonación de intereses prevista en la moratoria asciende a un 200% del total de la deuda a declarar, es decir, 6.000 millones sobre los 4.000 millones de dólares que se esperan (El Economista, 1/ 12). Para la mayoría de los observadores, el éxito de la moratoria recién se podrá ver cuando las cuotas se paguen efectivamente, cosa que no ocurrió con ninguna de las moratorias anteriores; una moratoria de abril pasado también recibió declaraciones por 4.000 millones, pero su fracaso fue tal que obligó a la moratoria actual (ídem).
Con relación a la Bolsa, y en particular al mercado de títulos públicos, se ha señalado que es una manifestación rezagada del alza en los títulos del Tesoro norteamericano, lo cual ha ampliado el diferencial de interés entre los títulos locales y los externos, que es actualmente el más alto de todos los tiempos, lo que indica un aumento de la tasa de riesgo. Esto explica que la suba bursátil no haya estado acompañada por ingreso de capitales, como lo demuestra el estancamiento de las reservas del Banco Central. Para una gran parte de la burguesía, y para la mayoría de sus economistas, no existe ninguna posibilidad de un ingreso de capitales de corto plazo que reactive la economía, lo que se ve confirmado por el señalado crecimiento de la tasa de riesgo de Argentina. Los depósitos bancarios aún son inferiores en un 22% a los de principios de año, sin contar los intereses perdidos correspondientes.
La prosecución de la crisis industrial y financiera se manifiesta en el crecimiento de la cartera irregular de los bancos, que pasó de los 16.000 millones en agosto {El Cronista, 20/11), superior en un 20% al total del patrimonio bancario del país. Esta situación puede agravarse como consecuencia del adelanto de mil millones de dólares que el gobierno pidió a los bancos locales, contra los ingresos futuros de la moratoria. Como lo señaló un economista {La Nación, 26/11), a partir de ahora se plantea la posibilidad de que la insolvencia fiscal arrastre a una insolvencia bancaria. El gobierno ha contraído numerosos préstamos en los últimos 90 días en el exterior para hacer frente al déficit fiscal. Como consecuencia, la deuda externa pública ha superado los 90.000 millones de dólares, que sumada a la deuda privada y a los dólares depositados en los bancos, da un total de 130.000 millones.
La caída de la recaudación impositiva, la salida de capitales y el endeudamiento creciente han determinado un déficit del Tesoro que, para 1996, se proyecta en 7.000 millones de dólares. El conjunto del déficit financiero se proyecta a los 20.000millones cuando se incluyen los déficits de las provincias. Se estima, por último, que el ‘sector privado’ deberá afrontar vencimientos, el año próximo, por 5.000 millones de dólares. Excluidas las provincias, se plantea una necesidad de financiamiento externo de 12.000 millones de dólares.
Para hacer frente a la situación, el gobierno ha exigido poderes de emergencia, algo ya previsto en estas páginas, cuya finalidad es aumentar los impuestos, despedir personal masivamente y proceder a privatizaciones irregulares (Yaciretá, usina de Atucha). El planteo ha chocado en el Congreso con la resistencia al tema impositivo, lo cual se explica dada la recesión industrial, que provocó una caída del 11% de la producción en octubre respecto al año anterior. Se habla de la intención de aumentar el impuesto a los combustibles. A pesar de la manifiesta caída de ventas en el mercado interno. La ‘emergencia económica’ retrata a un gobierno incapaz de confeccionar un presupuesto de gastos y recursos, luego de haberse jactado varios años al respecto.
La descomposición del ‘plan Cavallo’ se manifiesta en la crisis bancaria, en la crisis industrial, en la crisis de las finanzas públicas, en la elevada desocupación, en la caída de las inversiones, en el aumento brutal de la pobreza, en la crisis política y en las grandes luchas populares. Pero se manifiesta igualmente en la cuestión del régimen de la convertibilidad.
La llamada ‘convertibilidad’ no existió nunca fuera del papel, debido a que la conversión entre pesos y dólares nunca fue directa, pues se emitió moneda para financiar bancos en crisis y déficits fiscales, lo que era compensado contablemente con préstamos del exterior. Durante la crisis bancaria de marzo, se otorgaron cerca de 3.000 millones de dólares en redescuentos, contra garantías de dudosa validez. Broda acaba de denunciar que el Banco Central financió al gobierno, operando a través del Banco Nación. Durante 1995, la condición de que la base monetaria estuviera respaldada en un 80% como mínimo con oro y divisas no fue cumplida en varias oportunidades (informe del Banco de Quilmes de octubre); en la actualidad, estaría en el mínimo legal.
Las necesidades fiscales de 1996 no podrían ser, entonces, financiadas dentro de los términos de la ley de convertibilidad —menos aún cuando hay riesgos de crisis bancarias. La UCR y el Frepaso están proponiendo, por esto, abandonar la convertibilidad, lo que seguramente significa reducir el mínimo de respaldo requerido. La oposición pretende con esto financiar, además del déficit fiscal, el crédito bancario interno. Pero la extrema ‘prudencia’ de los opositores revela el temor a provocar una fuga de capitales, y expresa la enorme debilidad en que se encuentra el régimen político para proceder a una autorreforma del sistema.
Hasta los ‘liberales’ más ortodoxos ven en peligro a la ‘convertibilidad’, sea por causas fiscales o de la recesión (Juan C. de Pablo, El Cronista, 18/10; Broda, El Economista, 1/12). Un enfoque diferente, aunque complementario, de abandono de la ‘convertibilidad’, lo presentó nada menos que Alsogaray, lo que está indicando que el asunto está instalado en el corazón del menemismo y de los grandes capitales. Alsogaray propone mantener los requisitos actuales de respaldo de la base monetaria, pero abandonarla obligación del Banco Central de asegurar la paridad de la moneda (El Cronista, 23/11). Esto permitiría, devaluación mediante, desvalorizar la base monetaria y disminuir el requisito de reservas que debe mantener el Banco Central, permitiendo de este modo el uso de una parte de ellas para financiar el déficit fiscal o el socorro a los bancos. De acuerdo a un informe (La Voz del Interior, 15/10), en la última asamblea anual del FMI se estableció que si la recesión no se supera en el primer trimestre del 96, dejaría de haber financiamiento para el ‘modelo’. Como la ‘convertibilidad’ se ha convertido en el sistema de funcionamiento de todo el régimen actual, su abandono equivaldría a un derrumbe político completo.
Dentro de este cuadro se inscribe el reclamo de la UIA de aumentar la protección comercial de la industria (“entre 1 y 5 puntos”, ver El Cronista, 24/ 11) y aumentar los subsidios a la exportación, algo que fue apoyado por el economista Calvo, conocido también por sus sólidas ligazones con el capital norteamericano. Cavallo ha tomado medidas en esta dirección, erráticamente, desde fines de 1992, sin importarle que esto hace superflua a la 'convertibilidad’ ya que la regulación del comercio exterior y, por lo tanto, de los precios, pasaría a manos del Estado. De cualquier manera, los planteos proteccionistas ponen en crisis al Mercosur, incluso si fueran compartidos por Brasil para hacer frente a la competencia extranjera. Esto ocurre cuando, según el informe del Banco Quilmes, “el ritmo expansivo de las exportaciones es insostenible” y “se desaceleran las ventas de manufacturas de origen industrial y las compras brasileñas”. Las tendencias centrífugas del4plan’ se encuentran, como puede apreciarse, en plena acción.
Esto explica la prosecución de la crisis política, que algunos comentaristas niegan luego de la aparente tregua que sufrió la disputa entre Menem y Cavallo. Pero la aparición de Duhalde en función de candidato a presidente para 1999, revela que existe un vacío de poder que el gobernador de Buenos Aires se siente llamado a cubrir, en especial porque representa con más consecuencia los intereses de la UIA y de los sectores afectados por la caída del mercado interno. El ingreso de la provincia de Buenos Aires al pelotón de las afectadas por el déficit fiscal y por los reclamos populares, refuerza la tendencia de Duhalde a polarizar una alternativa política. Sin embargo, la característica fundamental de la situación política es la incapacidad de llevar a la práctica la menor forma de oposición política, para no cargar con la responsabilidad de estar desatando una crisis incontrolable. Esto se manifiesta en forma extraordinaria en las organizaciones sindicales de la oposición, cuya tarea principal ha sido la de oficiar de bomberos en las grandes crisis provinciales, pero principalmente en Córdoba, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Con la consigna de ofrecer ‘alternativas políticas’, los burócratas de la oposición asumen como propias las responsabilidades capitalistas de la crisis y pretenden sustituir la acción directa por las negociaciones sin salida, que es lo que ha provocado el hundimiento de Ctera, por ejemplo, o el retroceso de las movilizaciones cordobesas desde la asunción de Mestre.
¿Existe, acaso, en el marco internacional, una perspectiva de conjunto que pueda oficiar como cuadro de salida para países como la Argentina? Ciertamente no es el caso si se considera a Japón, financieramente en bancarrota (600.000 millones de deudas bancarias incobrables), que en el quinquenio último ha crecido a menos del 1% anual. En Japón se manifiestan más agudamente que en ningún otro lado las consecuencias de la 'excesiva’ acumulación de capital durante las décadas pasadas, y el ´excesivo’ aumento de su productividad. La fuerza de las tendencias deflacionarias en la economía traducen el peso descomunal de este capital muerto ‘excesivo’ y, por lo tanto, la inestabilidad de quiebras y bancarrotas. El temor a que los bancos japoneses se lancen a la masiva liquidación de títulos del Tesoro norteamericano en su poder, con el respectivo hundimiento de la Bolsa de Nueva York, ha determinado el inusual hecho de que el Banco Central norteamericano haya salido a financiar las necesidades de los bancos japoneses en crisis, contra la garantía de esos títulos, que de ese modo no saldrían a la venta. Sin embargo, cualquiera puede darse cuenta del impacto inflacionario y dislocador que significaría poner en marcha el método de rescate diseñado por la Banca de Japón y la Reserva Federal.
En lo que se refiere a Europa, existe el peligro de una recesión, al para algunos países e industrias, especialmente Francia e Inglaterra sacudiría aún más a sus finanzas públicas y monedas. Las grandes huelgas francesas pueden ser un golpe de gracia para el pomposo ‘franco fuerte’, y abrir una crisis seria, e incluso definitiva, para el establecimiento de una moneda única europea.
Es natural que, ante tal panorama, la vista se dirija a EEUU, donde parece vivirse el mejor de los mundos, al menos si se lo mira por el índice Dow Jones.
Pero no todo lo que reluce es oro. Porque resulta que lo que hace subir a los títulos norteamericanos son las compras del Banco de Japón y de los países del Sudeste asiático, que pretenden con ello impedir la caída del dólar y mejorar la posición de sus bancos privados, que tienen valores norteamericanos; en los primeros seis meses del 95, las adquisiciones de bonos en dólares de este origen totalizaron 116,4 mil millones de dólares (The Financial Times, 8/11). La consecuencia de este movimiento puramente especulativo, dictado por la necesidad, es que los valores norteamericanos, en términos reales, se encuentran un 30% por encima de los anteriores al crash bursátil de 1987 (ídem, 23/ 11). El precio de una acción de la Boeing es 77 veces superior a los dividendos que paga, o sea que rinde 0,013%; para evitar la liquidación masiva de sus acciones en el mercado, la Boeing debe asegurar un crecimiento de sus beneficios —por ejemplo, por arriba del 8/10%, es decir, varias veces por encima del crecimiento previsto del PBI. ¿Es posible?
The Financial Times no vacila en calificar de “distorsión estructural seria” al mercado de títulos de Estados Unidos, debido a que las cotizaciones han subido por compras extranjeras “que no obedecen a motivos de inversión”. Destaca, de paso, que el mercado de valores norteamericano ha pasado de exportador a importador de liquidez, que es lo que se manifiesta en la continua ausencia de capitales extranjeros en la Bolsa de Buenos Aires. Otro hecho distorsivo es que los consumidores de EE.UU. registran un endeudamiento del orden del 95% de sus ingresos, cuando son precisamente ellos los que alimentan en un 30% a los fondos de inversión en la Bolsa. Se ha construido, entonces, un gigantesco castillo de naipes, donde capitales quebrados y consumidores hipotecados buscan salvarse mediante operaciones financieras.
Ya desde un ángulo más profundo, un reciente estudio demuestra que el capitalismo norteamericano se encuentra en franca decadencia, como resultado de las tendencias que afectan al capitalismo mundial en su conjunto (The Financial Times, 22/11).
El estudio señala que el promedio de los salarios horarios viene cayendo a una media del 1% anual desde 1974; que la tasa de mortalidad infantil es una de las más altas del mundo desarrollado; que los estudiantes norteamericanos ocupan el último lugar entre esas naciones en la comprensión de ciencias y matemáticas, y que el costo de un graduado ha crecido en tal medida que supera por lejos la capacidad de las familias de financiarlo. ¿Cuáles son las razones estructurales de esta decadencia?
“Al mismo tiempo, las corporaciones norteamericanas han reducido el gasto en inversiones de capital y en investigación y desarrollo, al menos en términos relativos. El gasto en capital es actualmente del 2% del PBI, la mitad del nivel de 1980. Los gastos en investigación y desarrollo, que crecían a un ritmo tres veces superior al del conjunto de la economía en el período 1953-68, desde entonces se encuentran a su zaga.
“Desde la guerra civil hasta 1973, el crecimiento anual promedio del PBI real fue del 3,4%. Desde entonces es del 2%. Medido por año la diferencia es mínima, con el tiempo es mayúscula”.
El informe destaca que la disminución de los gastos en investigación supera a la reducción operada en el área de Defensa. Da el ejemplo de la General Electric, que simplemente ha abandonado la investigación básica por improductiva. Ahora están disminuyendo los demás proyectos de investigación, en favor de otros de interés inmediato. La explicación de esto es importantísima: ha caído drásticamente el periodo en que un descubrimiento ofrecía beneficios de monopolio. El tiempo de vida útil de las nuevas tecnologías es cada vez más corto. Pero esto significa que el método fundamental del capitalismo para incrementar la plusvalía obrera ha dejado de operar. Digamos de paso que, según el propio informe, la preocupación de los Estados Unidos por imponer leyes de patentes o inventos a todo el mundo, obedece a la pretensión de alargar el período de monopolio más allá de su vigencia económica. El fracaso de las nuevas tecnologías para asegurar beneficios monopólicos, así como su rápida depreciación, explican la presión descomunal para la reducción nominal de los salarios y la extensión de la jomada de trabajo, así como las crisis de las finanzas públicas y de la posibilidad de solventar gastos sociales. Pero una economía que reposa sobre el aumento absoluto de la plusvalía (reducción de salarios), está condenada al estancamiento y a la decadencia.
En este marco se produce, al cierre de esta revista, el huelgazo francés y el crecimiento de las luchas y de las crisis en todo el mundo. Las próximas elecciones en Rusia abrirán un nuevo capítulo, en el Oriente, de esta única crisis mundial.
