La aprobación por el Senado de la ley de ‘autonomía’ para la Capital permitió apreciar el carácter monstruosamente reaccionario de la reforma constitucional votada en agosto de 1994. El Senado ‘despachó’ en media hora el proyecto que le asegura el enorme negociado inmobiliario de la Capital al menemismo (tema en tomo al cual gira el debate sobre la autonomía), sin tener que enviarlo en ‘segunda revisión’ a la Cámara de Diputados, a pesar de que había eliminado todas las modificaciones planteadas por ésta, que alteraban el texto original del gobierno.
Es que el reformado artículo 81 de la nueva Constitución ha liquidado de hecho la Cámara de Diputados. A partir de los cambios en el texto constitucional y de los pactos políticos entre justicialistas y radicales, la mayoría en la Cámara de Senadores (que el PJ tiene asegurada hasta el año 2001) le basta al gobierno para aprobar cualquier ley, a condición de presentar el proyecto a través del Senado. Este pasa a convertirse en ‘cámara de origen’ permanente en el proceso de formación de leyes, una facultad que estaba hasta ahora reservada, en el 50% de los casos, a la Cámara de Diputados, en su calidad de ‘representante del pueblo’.
Para llegar a esto, el menemismo y la UCR consumaron un sigiloso golpe de estado en dos tiempos. Borraron del texto constitucional lo que se llamaba ‘segunda revisión’, que obligaba a enviar por segunda vez el proyecto de ley a la Cámara que tuviera objeciones, bajando de cinco a tres los pasos necesarios en la formación de las leyes. Por otro lado, pactaron la mayoría menemista en el Senado hasta fines del 2001. La nueva Constitución establece que los senadores se elegirán en forma directa y por seis años, pero recién a partir… del año 2002. Hasta entonces, se ‘respetará’ el ‘mandato’ por nueve años de los senadores nombrados y las legislaturas seguirán eligiendo a los nuevos senadores hasta fines del 2001.
En este arreglo de mafias, la UCR obtuvo su parte con la elección de un tercer senador por la minoría en cada distrito.
De este modo y por este solo punto de la reforma constitucional, la cámara oligárquica por excelencia pasa a tener la iniciativa en la formación de las leyes. Los senadores han quedado como una institución semivitalicia. Son nombrados por las legislaturas y no en base al voto popular, tienen ‘mandato’ por seis y nueve años, expresan un mapa político des actualizado (la elección de un senador por minoría en cada legislatura, por ejemplo, favorece a la UCR, que fue demolida electoralmente en el 93, 94 y 95 y pasa de 10 a 20 senadores).
¿Esto es todo?
Los escribas del Pacto de Olivos dejaron abierta la puerta para que el Senado nacional pueda vetar lo resuelto por las legislaturas provinciales y aun nombrar un candidato alternativo. La legislatura chaqueña eligió como senadora a una representante del partido Acción Chaqueña y la mayoría menemista rechazó su designación y se apresta a nombrar en su lugar a un peronista, defendiendo el monopolio político entre el P J y la UCR, dos de las tres minorías en la provincia.
Esto solo revela el alcance antidemocrático que ha tenido la reforma constitucional. El punto de partida fue la reelección de la camarilla menemista, es decir, de los que fueron más lejos en la violación de la ‘Carta Magna’ y de las propias leyes de la burguesía, para consumar una confiscación histórica de la clase obrera y los explotados.
Reelección
El corazón de la reforma constitucional ha sido la reelección del gobierno. Ninguna democracia capitalista es consecuentemente representativa, ya que la burocracia civil, militar o judicial no es elegida por el voto popular y los que son electos no son revocables; pero la reelección introduce una figura claramente antidemocrática y antirrepublicana, porque da la posibilidad de sucederse en el cargo a quien es el titular y dueño de la poderosa maquinaria estatal.
El Pacto de Olivos decidió la continuidad de la camarilla menemista bajo presión de la burguesía, para resolver la contradicción entre la prohibición constitucional a la reelección y el reforzamiento alcanzado por la camarilla menemista como representante de los círculos privatizadores y de los capitanes de la industria. Pero “el factor más general que explica la emergencia de este pacto es la extrema fragilidad económica que ha creado el plan Cavallo al llevar la dependencia financiera a un nivel sin precedentes en la historia del país… (la) inevitabilidad de estallidos financieros … derrumbe de las provincias, acrecienta la dependencia del Estado respecto al Ejecutivo, concretamente encarnado en la camarilla menemista” (PO, 27/12/93).
Si este solo punto de la reelección alcanza para definir de conjunto la naturaleza de la reforma constitucional, ello se debe a las características burocráticas y centralistas del régimen político argentino, donde la reelección equivale a autorizar la suma del poder público al Presidente, es decir, reforzar su capacidad para confiscar el esfuerzo diario de los trabajadores y reprimir su resistencia. El Presidente, antes de la reforma, ya tema capacidad de veto casi absoluta sobre las leyes salidas del Paramento, posibilidad de gobernar por decreto bajo estado de sitio, injerencia plena en la constitución del poder judicial… Con la reforma ha quedado habilitado para gobernar por decreto y legislar e intervenir provincias. Los gobiernos radical y peronista apelaron al estado de sitio, los decretos de necesidad y urgencia, las reglamentaciones vaciadoras de leyes, revelando que la burguesía no puede gobernar con arreglo a los principios del estado de derecho.
Decretos de necesidad y urgencia
Menem recurrió a los decretos de necesidad y urgencia “en más de 330 ocasiones entre 1989 y 1994… entre 1853 y 1989 (los presidentes constitucionales) habían dictado no más de 35” (Ferreira Rubio, Goretti, Contribuciones, abril ’95); en cinco años, diez veces más decretazos que en toda la vida institucional desde Juan Manuel de Rosas. Pero aun así, éstos estaban vedados por la Constitución de 1853/60. Ahora son admisibles en todas las materias imaginables (salvo cuatro), lo que faculta al Presidente para actuar por sí y ante sí en materia de convenciones colectivas, organización de los sindicatos, estado de sitio, salarios, productividad. Estos poderes no sólo son amplios, son omnímodos. Los ‘constitucionalistas’ del Pacto determinaron que los decretos de necesidad y urgencia debían ser sometidos a una comisión bicameral del Congreso en diez días, pero con la salvedad de que “el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” serán regla-mentados por “una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”, lo que puede no ocurrir nunca. De cualquier modo, Menem ha hecho uso y abuso de los ‘decretos… sin apelar al Parlamento, invocando justamente la ausencia de esa comisión bicameral que ahora figura en el texto constitucional y sin que la ‘oposición’ pasara del reclamo formal.
La reforma ha consagrado un régimen supra-constitucional de hecho, en un caso raro de contradicción en sus propios términos. Además, generaliza una facultad, gobernar por decreto, que en la Constitución de 1853 se admitía por excepción, bajo el imperio del estado de sitio. Como ahora, entre los ‘decretos de necesidad y urgencia’ está incluida la posibilidad de establecer el estado de sitio, la ciudadanía argentina sólo goza de libertad vigilada.
El Ejecutivo legisla…
El artículo 76 de la nueva Constitución consagra la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo “en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases… que el Congreso establezca”. Menem ya ‘legisló’ a través de los decretos basados en las leyes de emergencia, que le delegaron facultades legislativas para ‘privatizar´ las empresas públicas. Las facultades que el Congreso deriva al Presidente son supuestamente por plazo, por eso la nueva Constitución se preocupa en precisar que el transcurso del plazo “no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de la… delegación legislativa”, lo que significa que las medidas que establezcan los decretos tendrán carácter de derecho adquirido, serán decretos-leyes. Pero en esto consiste precisamente una dictadura.
El Congreso va quedando para los homenajes a los próceres y las visitas guiadas. El nuevo artículo 80 permite al Ejecutivo el veto y la promulgación parcial de las leyes. En la vieja Constitución, cuando el Presidente vetaba una ley, todo el conjunto debía volver al Congreso para que éste decidiera si admitía la observación o insistía en su sanción. Ahora, el Presidente está habilitado para mutilar a su gusto una ley votada por el Parlamento “siempre que no se altere el espíritu y la unidad de la ley”. Pero, ¿quién declarará que se ha alterado el espíritu y la unidad del proyecto?. No se sabe” (Natale, en Foro Político, diciembre ’94).
La demolición del parlamentarismo va más allá de los términos de la reforma constitucional o de la violación a los propios términos de esta reforma. El gobierno lanzó la ley de la jubilación privada, que derogó el 82%, y estableció en su lugar un régimen basado en un beneficio mínimo (PBU) y una jubilación proporcional a los años aportados. El sistema planteado era inviable, porque los fondos de los trabajadores que optaban por la AFJP salían del régimen estatal y colocaban a éste en quiebra, pero fue el modo de sellar el ‘consenso’ con los diputados para sacar la ley adelante. Obtenido esto, poco tiempo después, Menem-Cavallo sacan la ley de ‘solidaridad’ previsional, declarando que el sistema no puede repartir más de lo que recauda, condicionando los montos jubilatorios a las partidas del presupuesto de cada año. La oposición terminó votando la nueva confiscación a los jubilados. ¡Pero en este caso no hay, en la nueva constitución, ningún artículo que consagre los derechos adquiridos por los jubilados!
Por medio de esta ‘reforma’ el régimen político argentino ha perdido en la práctica su condición de ‘representativo’ para pasar a ser un régimen de poder personal. Para las fuerzas opositoras presentes en la Constituyente, sin embargo, la reforma fue un avance de la democracia.
No se debe pasar por alto la tentativa del Ejecutivo de reglamentar la ley de patentes aun antes de que ésta saliera del Congreso. Alegó para ello que la ley existía, en virtud de que la nueva constitución consagra los tratados internacionales de Argentina, para este caso el que creó la Organización Mundial del Comercio, que estableció la normativa sobre patentes. Aunque la facultad para aprobar los tratados internacionales corresponde al Congreso, el Ejecutivo ya se considera dueño de su interpretación.
Pero la suplantación de la legislación interna por los tratados internacionales equivale a la consagración del colonialismo. Habría que ver el pronunciamiento que alguna vez deba hacer el poder judicial.
Régimen federal: Kaputt
Aunque la Constitución declara que la intervención a las provincias es “atribución del Congreso”, nada impide, vía “necesidad y urgencia”, que la establezca el Ejecutivo, incluso si el Congreso está en sesiones, como ya lo hizo, inconstitucionalmente, con anterioridad a la reforma.
La reforma dejó planteado el hundimiento del régimen de coparticipación federal. Los firmantes del Pacto de Olivos se negaron expresamente a incluir los porcentuales de coparticipación en el texto constitucional, lo que esconde un movimiento para abolir este régimen impositivo y entregar al gobierno nacional el monopolio de los impuestos indirectos. A esto alude La Nación al decir que se evitó “imponer un elemento de rigidez en cualquier política económica” (14/8/94).
La reforma asesta otro golpe a las autonomías provinciales al autorizar que las provincias puedan formar “regiones”, con la consiguiente ‘racionalización’ de los estados provinciales.
La justicia no cambia de dueño
La UCR y el FREPASO hirieron especial hincapié en las posibilidades de crear una “justicia independiente” a partir de la nueva Constitución. El ‘hallazgo’ fue la creación del Consejo de la Magistratura, que tendría a su cargo la selección de los jueces mediante concursos públicos y cuya composición quedó sujet,a una vez más, a una futura ley del Congreso. En cualquier caso, el Consejo será elegido por partes entre la burocracia del Poder Judicial, la corporación de abogados y el Ejecutivo, jamás por el voto popular. Pero el menemismo obtuvo todo lo que quería: “la cláusula transitoria decimotercera (de la Constitución) otorgó un año a partir de la vigencia de la reforma para que el Poder Ejecutivo siguiera designando jueces y, por decreto firmado por Barra, el gobierno se propone eternizar esta situación” (Página12,14/5/95).
Por estas razones, los alfonsinistas han dejado de reclamar una justicia independiente’ (algo imposible para un régimen que funciona por medio de decretos de ‘necesidad y urgencia’), para pasar a reclamar ‘apenas’ una Corte que impida que los menemistas puedan dejar de cumplir los acuerdos suscriptos con los radicales para instrumentar la Constitución. Algo que tampoco sería fácil de lograr, si se confirma que el menemismo está volcado a ocupar con un hombre propio el sitio que deje Ubre Levene en la Corte.
El aporte histórico del Frente Grande
La propuesta constitucional del Frente Grande (FG) vino a cubrir una necesidad imperiosa de la jerarquía eclesiástica, que no quería abrir debate público sobre la parte ‘dogmática’ de la Constitución, donde figura el sostenimiento pecuniario del “culto católico apostólico romano”, y quería a la vez introducir el rechazo al derecho al aborto y la defensa de la enseñanza privada. La propuesta del FG resolvió este problema, al plantear la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución. Esta inclusión colocó al Estado argentino bajo la jurisdicción de la OEA: proscribió el derecho al aborto, al establecer la protección de la vida “desde la concepción” (sin hacerse cargo de los mil abortos diarios que destruyen física y síquicamente a la mujer), estableció la enseñanza religiosa, reafirmó el derecho a la propiedad privada, reprimió la libertad de asociación “en interés de la seguridad nacional o el orden públicos”, prohibió el derecho de asociación a miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
El FG tuvo, si cabe, un planteo a la derecha de los propios pactistas. Planteó una propuesta claramente proimperialista, de sometimiento de la soberanía nacional a la OEA, clerical, opresora de la mujer y represiva.
La(s) reforma(s)…
No es apresurado plantear que la reforma constitucional ha parido un régimen político ‘semi-de facto’ que encubre estas características con el llamado a elecciones… fraudulentas (fraude informático y de los otros).
La finalidad de una reforma constitucional es la misma que la política general de los partidos y de las clases sociales que la impulsan. Los campeones de la entrega y de la superexplotación se internaron en el tema ‘constitucional’ para ir a fondo en ese rumbo, consagrar un arsenal ‘jurídico’ aún más vasto contra las masas que lo enfrentan y prevenirse contra la bancarrota del ‘plan’ Cavallo. No casualmente, el ‘paquete’ de la reforma decidió la reelección y la entrega de la ‘suma del poder público’ al Ejecutivo, la entrega de las Cajas provinciales a las AFJPs, la destrucción del régimen de coparticipación federal, la ‘promoción de la productividad’, la privatización de la enseñanza y la mutilación de las libertades de reunión y asociación.
Antes de la reforma constitucional del 94, se reformaron doce constituciones de provincia, revelando una política de conjunto de la burguesía. Antes de Menem, Alfonsín hizo elaborar un proyecto de reforma constitucional cuyos trazos gruesos se plasmaron luego en la fallida reforma radical-cafierista: elecciones cada cuatro años, legitimación del gobierno por decreto, prohibición constitucional del aborto, etc. El propósito es profundizar la centralización burocrática del Estado, acentuar el gobierno por decreto y recortar las libertades democráticas y los derechos de organización. Por otro lado, viabilizar las exigencias del FMI, la banca internacional, los capitanes de la industria y el clero.
Reforma y crisis
La nueva constitución fue fruto del Pacto de Olivos, una conspiración política urdida entre la gran crisis del ‘plan’ Cavallo de fines del 92 y el santiagueñazo —diciembre del 93. Premonitoriamente, el análisis del PO señaló que “el pacto (de Olivos)” es una tentativa de solución a una crisis potencial, pero de manera alguna constituye la solución de esa crisis” (PO, 27/12/93).
El pacto logró la reelección de Menem, selló una ‘unidad nacional’ transitoria en torno a las privatizaciones y al pago de la deuda externa establecido en el ‘plan Brady’, fijó en la Constitución un conjunto de modificaciones reaccionarias, pero no pudo alumbrar un ‘’gobierno fuerte’ capaz de imponer un disciplinamiento a todas las clases frente a la impasse capitalista. Una vez más, el carácter de un régimen político no está determinado por las elucubraciones en una ‘hoja de papel’, sino por la solidez del régimen social en que se apoya. Todas las fantasías sobre la inauguración de un ‘régimen bipartidista* se han estrellado contra la crisis de los aparatos justicialista y radical, que tiene como escenario la lucha entre los grupos capitalistas por el pillaje de los recursos de la economía y del Estado, frente al desbarranque del ‘plan’ Cavallo y las rebeliones populares provinciales. El mismo Alfonsín, que impulsó el otorgamiento de rango constitucional a “la defensa del valor de la moneda”, proclama hoy “que hay que dejar el miedo a la hora de atacar el plan de convertibilidad (La Nación, 12/11).
El pronóstico planteado por el PO dos años atrás mantiene toda su vigencia: “en ausencia de una perspectiva de prolongada estabilización económica… el pacto deberá resolverse (crisis mediante) en un corto episodio en la tendencia al bonapartismo personal (fujimorización incluida) o a una crisis de alcances generales y, eventualmente, revolucionarios” (PO, CEN).
La jefatura de gabinete ha cobrado relevancia por el desarrollo de la crisis política y los enfrentamientos entre las camarillas de Menem y de Cavallo. Pero no constituye límite alguno al “presidencialismo”, desde el momento que el jefe de gabinete es nombrado y removido por el titular del Poder Ejecutivo y que su dependencia respecto a éste es absoluta. Además, “es hipotético pensar en un voto de censura del Congreso, ya que reunir el voto de la mayoría absoluta de miembros de cada una de las cámaras suena a misión imposible… qué pasa si el nuevo presidente no nombra a nadie como jefe de gabinete. Nada” (Natale, en Foro Político, diciembre ’94).
Todos los ataques contra la democracia, que son la columna vertebral de la nueva Constitución, fueron ‘empaquetados’ con una serie de ‘derechos’ ecológicos, femeninos, aborígenes, de *iniciativa popular’, que sirvieron para que los ‘líderes’ del centroizquierda se declararan ‘gratamente sorprendidos’ por la Constituyente. Todos estos ‘derechos’ no han salido aún del papel, porque están entre las leyes que debe dictar el Congreso para sancionar su vigencia. Por si acaso, los ‘constitucionalistas’ se cuidaron en no ponerles plazos a su reglamentación… Pero es significativo lo que quedará de estos derechos si se toma en cuenta lo que está ocurriendo con el más publicita-do de todos por el centroizquierda, es decir, la ‘iniciativa popular´. Según un dictamen suscripto por “todos los bloques legislativos”, lo que incluye al FRESPASO y a la Corriente Grande de Solanas todo reclamo de iniciativa popular queda en manos del Congreso, con el único límite de “darle tratamiento dentro de los (siguientes) 12 meses”. Además, “no podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, impuestos, presupuesto y materia penal” (¿qué quedará fuera?). Los legisladores rechazaron expresamente la posibilidad de un ‘plebiscito’ si el Congreso no se expidiera dentro del año de plazo.
La reforma constitucional se propuso despolitizar la vida social, vaciar aún más a las instituciones representativas, incrementar los poderes excepcionales del Ejecutivo. Es decir, reforzar el régimen de poder personal frente a la quiebra capitalista y la descomposición política. Para consumar la reforma a los responsables del Pacto y los partidos llamados democráticos apelaron al reparto de prebendas, la violencia y la infamia. Pero ésta se ha revelado estéril a la hora de contener la descomposición política del gobierno, como se aprecia en la guerra de mafias, el fraude electoral directo y los mecanismos de fraude ‘indirectos’—ley de lemas—, todos signos de una crisis que se acerca al desenlace.
Ruptura del Foro Sindical de La Rioja
El llamado Foro Sindical de La Rioja ha dejado de existir. “La Corriente Clasista y Combativa (CCC) —en función de adecuarse al proyecto político del PTP— abandonó de hecho el marco del Foro para sumarse a la Mesa de Enlace, que constituye un espacio liderado por la conducción del MTA y los grupos hegemónicos del CTA, expresados por De Gennaro, que actúan bajo las claves político ideológicas del FREPA-SO”, plantea el PC a través de Propuesta (23/11). Para la ‘jornada’ del 20, el Foro se presentó dividido: el PC y la agrupación Io de Mayo de Córdoba, denunciaron a la corriente del ‘Perro’ Santillán por integrar la Mesa de Enlace y acordar una jornada trucha de movilización; el ‘Perro’, desde la tribuna, llamó a encolumnarse sin fisuras detrás de la Mesa de Enlace y exaltó el acto (desmoralizante) de la Plaza de Mayo. El balance del 20 siguió dividiendo las aguas: para el PC, “los organizadores no garantizaron ni alentaron la presencia de… los luchadores del interior del país” (ídem), para el PTP, fue “un actazo”.
El Foro (“de organizaciones que luchan contra el ajuste y el modelo de entrega”) se constituyó cuatro meses atrás, sobre la base de un acuerdo entre el PC y el PTP, que actuaron juntos en la Alianza Sur para apoyar la candidatura de Pino Solanas en las elecciones presidenciales, y que sumó a la agrupación 1° de Mayo de Córdoba y a las corrientes Patria Libre y Quebracho.
¿Había que entrar o no a la Mesa de Enlace CTA-MTA?
La Corriente del ‘Perro’ Santillán integra la Mesa de Enlace y apoyó de la A a la Z una jornada en la que no hubo paro, movilización nacional ni Marcha Federal, y que terminó siendo un paso atrás para las tendencias de lucha que decía representar. Esto es así, pero no es nada nuevo. La actitud del PC y otras corrientes de desgarrarse las vestiduras por el ingreso de la CCC a la Mesa de Enlace, es un acto de ocultamiento o de mala memoria. La integración de la corriente sindical del PTP en la Mesa de Enlace se produjo hace exactamente seis meses, a raíz del paro semitrucho CTA-MTA del 21 de abril, y no se alteró desde entonces, aunque Palacios y De Gennaro no tuvieron en cuenta al ´Perro’ cuando pactaron con la CGT el ´cese’ del 6 de setiembre.
Cuando el Foro sindical tuvo su acta de bautismo, en una reunión cerrada al activismo en la ciudad serrana de Carlos Paz el 16 de julio, la cooptación de la Corriente del ‘Perro’ a la Mesa de Enlace era un hecho desde hacía tres meses. El propio programa y la declaración votados allí son la prueba de esta política en común del PC y el PTP. Se llama a “unir fuerzas y aportar al reagrupamiento de sectores opositores al modelo de Menem-Cavallo”, es decir, un frente procapitalista con la UCR y el FREPASO. Se propone el “cierre de importaciones de productos terminados” o “una ley de compre nacional”, reclamos de todo un sector del gran capital nativo que levantan Palacios, De Gennaro o José Rodríguez. No hay una sola palabra de delimitación respecto del CTA o MTA, no hablemos de caracterizarlas como burocracias. No hay un llamado a organizar el paro activo nacional sino a “nacionalizar las luchas”, entendido como la subordinación de la lucha obrera al frente de “todos los opositores”. La corriente del ‘Perro’, en todo caso, “cumplió” con el mandato fundacional del Foro, y el PC no puede alegar sorpresa alguna por su conducta.
Ahora, ¿fue un error o no integrar la Mesa de Enlace?
Significativamente, la CCC se integró en ocasión del anuncio del paro del 21 de abril, que respondió a una maniobra política para crear el frente sindical bordonista. El CTA y el MTA ‘arreglaron’ con 32 horas de anticipación el paro con un sector de la burocracia de la UOM, que también evaluaba la conveniencia de tomar distancia del gobierno en caso de una segunda vuelta entre Menem y Bordón. Las alternativas del paro revelaron que los centroizquierdistas del CTA y los neoperonistas del MTA fueron los principales saboteadores de su propia medida, oponiéndose a que el paro tuviera un carácter activo, a la formación de piquetes y a la organización de la huelga en sus propios gremios, porque la única ambición era crear un ‘globo de ensayo’ en favor del frente proimperialista y clerical de Bordón-Alvarez.
Esto ocurría cuando Solanas (candidato de la Alianza Sur, integrada por el PC y el PTP) anunciaba a los cuatro vientos su decisión de votar por Bordón en la segunda vuelta y el propio ‘Perro’ llamaba a votarlo, sin nombrarlo, en la primera vuelta (acto del 1° de Mayo en San Lorenzo).
El ingreso a la Mesa de Enlace fue, por lo tanto, para el PTP, una decisión en función de una política consciente de unidad “contra el proyecto neoliberal” que, en ese momento encamaba en el bordonismo (y hoy en “fuerzas muy diversas” que incluyen a “la gran burguesía nacional… que trata de hacer jugar a Menem un papel bonapartista”, Hoy, 13/9).
Para apoyar el paro improvisado del CTA-MTA no era necesario pasar a formar un bloque con su burocracia; al revés, era más necesario que nunca delimitarse de su política y de sus métodos, porque llevarían inexorablemente a nuevas derrotas populares.
Adviértase simplemente lo que ocurrió después
El CTA y el MTA traicionaron la lucha clave de Córdoba contra la ’emergencia! capitalista y el ascenso del cavalliano Mestre. Fueron no sólo cómplices sino protagonistas de la ‘tregua’ que hundió la huelga general activa, en acuerdo con el gobierno y el clero. En las filas del CTA revista la dirección de ATE, que debería ser expulsada del movimiento obrero por su conducta ignominiosa frente a los despidos en masa de Área Material Córdoba, y Bazán, socio potencial de Roggio en la privatización en ciernes de Obras Sanitarias. La misma conducta se reveló en la crisis de Río Negro o en la gravedad de lo ocurrido en Neuquén, donde el CTA y el MTA hicieron causa común con el gobierno y los partidos patronales en la condena a la movilización de los desocupados. Ambas burocracias, además, aniquilaron el paro activo planteado luego del ‘cese’ del 6 de setiembre, apuñalando una vez más al movimiento popular.
Sobre la responsabilidad fundamental del MTA y CTA en esta política de derrota del movimiento obrero, el Foro Sindical de La Rioja no dijo media palabra.
Objetivamente, el ingreso del ‘Perro’ a la Mesa de Enlace significó encubrir el papel de la burocracia ‘opositora’ en la lucha de clases. Fue un acto de blanqueo y jamás un frente único sobre la base de una acción común y una delimitación franca y abierta de posiciones. La corriente sindical del1Perro’ se sumó a la Mesa en términos de cooptación, es decir sobre la base de la plataforma de las dos corrientes de la burocracia ‘opositora’, y no tuvo una sola voz condenatoria de la conducta de ésta en las luchas provinciales, en relación a los desocupados o a la CGT ‘traidora’. Un caso de disolución política en el campo de los supuestos aliados del campo popular. El pasaje directo de la corriente sindical del ‘Perro’ al campo de la burocracia revela que toda una franja de la izquierda ingresó a la etapa de crisis decisiva del régimen político como furgón de cola de la burguesía nativa y sus expresiones en el movimiento sindical, y no como un factor revolucionario.
Una ruptura sin principios
Ni el PC ni las corrientes que se sumaron al Foro pueden declararse sorprendidas y acusar a la corriente sindical del ‘Perro’ deportarse sola porque ni éste ni el PTP escondieron su política.
Dijo Santillán, en el encuentro de La Rioja del Foro Sindical, el 26 de agosto: “Hay compañeros que no entienden que hay una primera etapa en la que todos los sectores nos tenemos que unir contra el proyecto neoliberal… el movimiento obrero está dividido… hay que sumar fuerzas. Luego de esta primera etapa llegará el momento para la clase obrera y su programa”. Primero, por lo tanto, “con todas las fuerzas opositoras” (Hoy, 13/9), ¿Frepaso, UCR… Menem?
Ninguno de estos temas fue materia de debate entre el PC y el PTP en los tramos previos a la ruptura. Un mes antes, un encuentro en el Miniestadio de Atlanta reafirmó la vigencia del Foro Sindical. Horas antes, ambas corrientes llamaron a extenderlo ciudad por ciudad, barrio por barrio, gremio por gremio. El Foro se hundió con la vertiginosidad del Titanic por razones que sus protagonistas se empeñan en ocultar, pero sobre las que da una pista la forma que tomó la ruptura. Dice el PC: “La Mesa de Enlace convocó a la CCC con la intención de sumarla como apoyatura de sus planes y con el objetivo inocultable de romper el Foro, dejando fuera de las negociaciones en primer lugar al MPS Liberación (es decir, la corriente sindical del PC)”. Debía ser “el Foro como tal, la tercera parte de la Mesa de Enlace” (Propuesta, ídem).
¿Qué divergencias? A esto conduce la falta de clarificación política.
El fracaso de una política
El Foro no ha resistido la primera prueba de la lucha de clases. Han sido Córdoba, Río Negro y el resto de las luchas provinciales, las que ha confirmado la absoluta esterilidad de un movimiento mimetizado detrás de un bloque de la burocracia sindical, que está jugando un papel consciente de freno y de rescate de los gobiernos provinciales vaciadores. Detrás de la consigna de la “central sindical alternativa”, se quiso amalgamar a activistas empeñados en la recuperación de los sindicatos y en una política independiente, con entregadores históricos de la lucha de los trabajadores (Garcetti). La política de alianzas con la burguesía y la burocracia sindical, puso un límite al desarrollo del Foro y despertó resistencias en su propio seno. El encuentro de Atlanta prácticamente no superó la concurrencia del de La Rioja, siendo que se hizo en el centro neurálgico de la clase obrera. La propia prensa del PTP señala que “fueron derrotadas las posiciones de grupos trotskistas que plantearon… ampliar el golpe no sólo a la CGT de Martínez sino también a las direcciones del CTA y MTA… estas posiciones causaron confusión en sectores participantes del Foro” (Hoy, 30/8). Cada encuentro repitió un escenario de impasse política, a la espera de que las direcciones del CTA y MTA alumbren la esperada Marcha Federal II, y sin una sola resolución que traduzca un rumbo político alternativo al de la burocracia en la lucha de las provincias, un planteo de organización de los desocupados o un comando de recuperación de los sindicatos en manos de la burocracia.
Hay que sacar todas las conclusiones de la quiebra del Foro. Que la vanguardia debata públicamente un programa y un plan de acción. Para esto es necesario un Congreso Nacional de Trabajadores, con delegados electos en asambleas de fábrica y empresas. Un congreso obrero para debatir la situación popular y trazar una perspectiva de lucha, para que la crisis la paguen ellos.
