Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
Uruguay: En la víspera del segundo turno
Al candidato triunfante en la primera ronda de las elecciones uruguayas no se le puede reprochar falta de claridad: "no nos vamos a apartar de las reglas establecidas". Según La Nación (1), "fue la frase que mejor resumió su deseo". En otra parte, Tabaré Vázquez agregó que "el secreto bancario sólo se levantaría cuando la justicia así lo decretase, como hasta ahora" y "no se gravarían los depósitos bancarios ni de residentes ni de no residentes". Como hasta ahora, podríamos también agregar. A lo cual La Nación añade: "El mensaje sonó claro y fuerte. Y el timing no podría haber sido mejor para evitar sustos…".
El carácter de los resultados del primer turno electoral uruguayo es, entonces, perfectamente claro: no triunfó una variante de transformación social sino del statu quo, o sea de los explotadores e incluso del imperialismo. ¿Es a esto a lo que se refirió Patricia Walsh cuando declaró que "el bipartidismo tradicional ha sido derrotado por una esperanza de cambio y justicia social" (2)? El cuidado que pone en sus palabras la ex candidata de la IU argentina demuestra que ya ha metido su rabo entre las piernas. Después de todo, una victoria izquierdista debiera producir la certeza de un cambio, no apenas una esperanza. No se ve tampoco en qué ha consistido la derrota neoliberal cuando los ganadores declaran que "Prácticamente no habrá modificaciones … en la legislación vigente que permite la libre entrada y salida de capitales y de metales preciosos" (3).
Lo anterior no debería ser un secreto para nadie, porque el Encuentro Progresista-Frente Amplio ya gobierna Montevideo, más de la mitad del país, desde hace nueve años. En ese prolongado período para algo más que una esperanza, se destacó por las privatizaciones, el despido de empleados y la erradicación de los vendedores ambulantes. Un municipio tan poderoso no sirvió para nada en lo que hace a luchar contra la desocupación y por la simple razón de que ello habría exigido una intervención estatal en el sacrosanto recinto de la propiedad privada capitalista.
No debe sorprender entonces que, luego de las elecciones argentinas, los futuros ganadores de la primera vuelta, en Uruguay, se presentaran como una versión autóctona de la Alianza, de la que nadie duda por nuestros pagos de su condición pro-imperialista. Cuenta La Nación (4) que la publicidad del EP-FA en los últimos días de la campaña presentaba a un uruguayo con la bandera argentina en las manos, preguntándose : "Si allá pudieron cambiar, ¿por qué nosotros, no?". Dos semanas más tarde, De la Rúa y Tabaré peregrinaban por el mismo escenario de la Internacional Socialista, o sea los agentes del imperialismo europeo.
El virus del sometimiento nacional no sólo afecta a la llamada ala moderada del FA. Entrevistado por Página 12 (5), cuando ni siquiera habían ganado, el ultrarradical tupamaro "Pepe" Mujica, ahora flamante senador, declaró que "para reactivar la producción" era necesario "administrar mejor el Estado y atacar la corrupción"; también "dirigir créditos hacia la producción y no al consumo"; por último, "cambiar el esquema de las exportaciones". Para precisar este último concepto, indicó que había que "estimular la exportación de carne de ovejas". Pobre Uruguay. Su sector revolucionario enfrenta el mismo dilema ancestral del país pastoril ¡si exportar o no el ganado en pie!. Todo esto es tan triste que se pierde el sentido del ridículo.
La chabacanería ha penetrado tanto en la izquierda mundial, cuánto más por cierto en la sudamericana, que se presenta la necesidad de ilustrar todavía más este punto. Por ejemplo, el candidato más firme a ocupar el ministerio de Economía es Danilo Astori, un frenteamplista que se acaba de oponer a la derogación del sistema de AFJPs uruguayo, planteado en un reciente referéndum. Hay que añadir que esa consulta se perdió porque el propio Tabaré Vázquez saboteó la campaña para poner fin a la jubilación privada. Pero esta privatización, más que ninguna otra, es el corazón del neoliberalismo, porque permite la expansión de los Fondos especulativos mediante la confiscación de los ingresos de los trabajadores. Claro que también hay un capital financiero mediano interesado en el mismo negocio, como lo demuestra la Banca cooperativa argentina que sostiene a Izquierda Unida.
Hasta Grondona apoya a Tabaré Vázquez
Es cierto que, para ganar, Tabaré deberá pasar el segundo turno, ocasión en la que blancos y colorados van a ir en yunta. Para superar el trance, el EP-FA también tiene una política. Para eso acaba de mandar una delegación al Banco Interamericano de Desarrollo, presidido por el uruguayo Iglesias, y al Departamente de Estado norteamericano, donde piensa seducir al ala izquierda del Partido Demócrata. Lo mismo hace, por ejemplo, el inglés Blair, que ha propuesto rebautizar a la IS con el nombre de Internacional de Centroizquierda para favorecer el ingreso en ella del Partido Demócrata norteamericano.
A la luz de todo lo dicho, Mariano Grondona no hace gala de mucha intrepidez intelectual cuando propone votar al EP-FA, en una columna de La Nación (6). "Para un moderado que piense en el corto plazo, dice el politicólogo para todo uso, lo peor es que gane Vázquez. Para un moderado que piense en el largo plazo, quizás lo peor sea lo mejor". ¿Por qué, se preguntará el lector? Responde Grondona: porque "una vez que Vázquez pague su derecho de piso, la economía uruguaya … contará con el consenso político universal del que carece ahora". Grondona, como Walsh, también tiene una esperanza, sólo que mejor fundada. Los dueños del diario, sin embargo, piensan diferente a su columnista y por eso urgen a blancos y colorados a llegar a un acuerdo (7). Es que, más prácticos, temen que la extraordinaria tensión que existe en la economía internacional acabe quebrando el ya agudo desequilibrio de las economías sudamericanas, lo que desbordaría la capacidad de contención de un gobierno centroizquierdista. Nada más que eso.
No se nos escapa, por supuesto, que una victoria del EP-FA cambiaría el escenario de varias décadas de la política uruguaya. Pero tampoco hay que exagerar, porque la desintegración del bipartidismo blanco-colorado viene de lejos (de la década del 50, cuando comenzó a hacer agua el sistema colegiado de gobierno, este mismo expresión del agotamiento del bipartidismo). Si ha logrado sobrevivir hasta ahora, ello no sólo obedece a la represión y el golpe militar sino todavía más a la izquierda uruguaya.
Incluso el régimen electoral de doble vuelta que podría birlarle el triunfo a la izquierda en la segunda vuelta, fue votado por ésta cuando los partidos tradicionales no tuvieron más remedio que eliminar la ley de lemas, porque ésta ya no conseguía mantenerlos unidos. Es decir que si el EP-FA es derrotado el 28 de noviembre se habría cavado su propia fosa. Es incorrecto también calificar a esta coalición de izquierdista, ya que el llamado Encuentro Progresista no tiene nada que ver con la historia de la izquierda, representa a sectores tradicionales de la burguesía (blanca) y, a pesar de la extrema debilidad de ésta, ocupa posiciones fundamentales, como la candidatura a la vicepresidencia de la República. Se trata de un frente patronal, no de un frente independiente de la izquierda.
No será una victoria del EP-FA lo que cambiaría el escenario político sino el impacto que podría tener, sobre la nueva situación, tanto un agravamiento de la crisis mundial como un cambio fundamental en el carácter de la lucha de las masas. En uno u otro caso, el centroizquierdismo uruguayo pondrá de manifiesto su hilacha contrarrevolucionaria.
La reforma laboral del Frente Amplio (8)
Las reformas estructurales propuestas por el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) en su programa "Un País Productivo", sobre todo en la Reforma Laboral y la Fiscal, proyectan la política del EP-FA hacia la clase trabajadora.
En la introducción se define con claridad a favor de qué clase social se orientará el gobierno del EP-FA; "garantizar la rentabilidad empresarial"; "un país… donde el empresariado privado sea el agente clave en el crecimiento económico". Está claramente expresado que será un gobierno para los capitalistas.
La reforma laboral tiene como objeto mejorar la competitividad de las empresas mediante el fortalecimiento de la "productividad de los recursos humanos". En tal sentido, la política salarial del gobierno frenteamplista será: "Estimular el crecimiento de los salarios en relación al crecimiento de la productividad de las empresas, para garantizar su competitividad".
La negociación colectiva será "el ámbito de acuerdos entre empresarios y trabajadores para promover la mejora de la productividad, la introducción de tecnología, los cambios en la organización del trabajo… Sólo a través de la cooperación se logra un desarrollo productivo adecuado, nunca a través de la confrontación".
Como puede observarse, la política salarial del EP-FA asume el más monolítico continuismo con la política blanquicolorada. Es el viejo cuento de que "primero hay que hacer crecer la torta y después mejorar el reparto". Lo cierto es que el grado de explotación del trabajo (productividad) ha aumentado a lo largo de todo el período sin que los salarios acompañen dicho crecimiento. Ahora, la salida que encuentra el FA es aumentar más la explotación del trabajo.
En cuanto a la negociación colectiva, por empresa, la propuesta del EP-FA coincide con la línea maestra del imperialismo. Por esta vía, se intenta transformar a los sindicatos en auxiliares de las patronales en la competencia empresarial.
En la negociación colectiva, las prioridades deben ser las definidas por el programa (productividad, introducción de tecnología, cambios en la organización del trabajo). El enfoque, por ejemplo, de que el salario cubra las necesidades vitales de la familia trabajadora sería confrontativo y, por ello, contrario a la negociación colectiva y al programa propuestos por el FA.
La reforma fiscal, por su parte, en el apartado que trata la disminución del gasto público, anuncia la profundización de la reforma del Estado aplicada por el actual gobierno; "racionalización del gasto (eliminación de servicios redundantes, innecesarios y duplicados)"; "áreas de mayor improductividad (Servicio Exterior, Presidencia, Poder Legislativo) y todo lo que así sea considerado en las planillas presupuestales".
Esto significa que habrá más "excedentarios", es decir, trabajadores que serán despedidos de la administración pública. El FA ya aplica esta política en el municipio capitalino y redujo en 4.000 puestos la plantilla de la IMM.
El despido de funcionarios del Estado es la vía directa para reducir el gasto público que luego permita transferir ese ahorro mediante exoneraciones impositivas hacia las patronales.
Un anticipo de esto lo propone el programa del FA para las empresas de la construcción: "mantener el sistema de aporte unificado al BPS, pero reducir su monto hasta el límite que permita mantener los beneficios sociales de los trabajadores del sector". La patronal será liberada de parte de la obligación de volcar dinero al fondo de los trabajadores.
Pero el programa del FA va todavía más lejos. Propone una "ley de inversiones de los fondos de las Afaps tendiente a posibilitar su mayor uso para apoyar inversiones productivas públicas y privadas e inversiones en contrucción de viviendas". Los fondos expropiados a los trabajadores por la reforma de la seguridad social, el gobierno del FA los pondría a disposición de los capitalistas pero a los trabajadores desocupados, el FA no les asegura el empleo, cuando esos fondos podrían financiar el subsidio para todos los desempleados.
Que el Frente Amplio es un frente político para que los trabajadores colaboren con sus explotadores (frente de colaboración de clases) no hay que demostrarlo, hay que leerlo en el programa "Un país productivo".
O.K. norteamericano
Podía haber elegido el silencio, como lo ha hecho la inmensa mayoría de los otros embajadores. Pero Christopher Ashby, el de los Estados Unidos, no lo vio de esta manera. Es así que, cuando faltaban apenas nueve días para la segunda vuelta de las elecciones uruguayas, le contó al semanario Búsqueda, de Montevideo, que el mismísimo Tabaré Vázquez "le aseguró que su política será favorecer la inversión extranjera y que, por lo tanto, no es un factor de alarma" (una victoria del Encuentro Progresista). El representante de Clinton también dijo que "después de todas (!!) mis conversaciones con el señor Vázquez y los otros dirigentes del partido (?) desde hace dos años, no tengo ninguna preocupación (porque accedan al gobierno)". Además, "tras haber leído el discurso de Vázquez en la Asociación de Dirigentes de Marketing, no vio nada en esa presentación de su programa que sea contra la filosofía democrática ni contra los intereses de Estados Unidos…" (9).
Ciertamente, la importancia de las declaraciones del diplomático yanqui no residen solamente en la venia que anticipa el imperialismo a un gobierno del Encuentro Progresista y en el completo rechazo, por lo tanto, a la campaña blanqui-colorada que presenta al EP como una alternativa de "intolerancia", "disenso civil" y hasta un retorno al período anterior al golpe de 1973. Al destacar la coincidencia con los "intereses" norteamericanos, Ashby desmiente también que la propuesta de un impuesto a la renta, que se ha transformado en el eje del cuestionamiento de la derecha en el tramo a la segunda vuelta, tenga un carácter nocivo para la política fondomonetarista que impulsa el gobierno de Clinton. De manera que las declaraciones del embajador de Washington equivalen a un respaldo político e intelectual del capital financiero al planteo impositivo de la izquierda uruguaya.
Más lejos aún ha ido la Iglesia uruguaya, la que por otra parte tiene una vieja cuenta pendiente con los masones del partido colorado. Es que el Episcopado emitió un "mensaje de paz", que contrasta con su visceral anticomunismo en el pasado, y ha llamado a construir una "patria de hermanos", lo que ubica a un triunfo del EP en la perspectiva de un gobierno de conciliación nacional (10). La declaración del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal, por su lado (22/11), no vaciló en llamar de hecho al voto por Tabaré Vázquez, al criticar "los salarios insuficientes, el aumento de la marginalidad, la exclusión social, la falta de empleo y las tensiones sociales".
La venia del imperialismo yanqui y del Vaticano al Encuentro Progresista, no va condicionada por ninguna clase de reservas, un hecho cuyo valor lo mide el contraste con lo ocurrido en oportunidad de las elecciones que consagraron a Salvador Allende, en Chile. Es decir que los explotadores no se limitan a registrar un hecho consumado; también lo respaldan. Si a esto se agrega el respaldo que Tabaré va recogiendo en diversos sectores blancos e incluso en la Unión de Industrias, se dibuja todo un arco de apoyo del capital a un gobierno del Encuentro Progresista. Tabaré hará el resto más tarde cuando dé a conocer a los Llach o López Murphy que pudieran integrar el gabinete de un eventual gobierno de la izquierda.
El plan Cavallo de la izquierda que se une
A pesar del acuerdo alcanzado por blancos y colorados para apoyar a Jorge Batlle en la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el domingo 28 de noviembre, las encuestas siguen dando una leve ventaja a Tabaré Vázquez. Solamente 6 electores de 10 que votaron por el Partido Nacional el 31 de octubre pasado, lo harían ahora por Batlle, en tanto que 1,5 lo harían por Tabaré, lo que deja un importante 25% de electores blancos aún indecisos. Estos datos ponen de manifiesto la crisis muy seria que ha desatado en el Partido Nacional la decisión de su Directorio de pactar con Batlle un reparto de cargos ministeriales a cambio del apoyo blanco en la segunda vuelta. Bastaría que se profundizara un poco la escisión del electorado blanco para que los ocho puntos de ventaja que obtuvo Tabaré en la primera ronda, le alcancen para triunfar en la segunda. La venia del Departamento de Estado norteamericano y del Vaticano a la candidatura de la izquierda uruguaya podría ser el factor final que incline el tablero a favor del Encuentro Progresista. Una derrota blanqui-colorada, en estas condiciones, podría despedazar al Partido Nacional e incluso abrir una crisis de larga duración en los partidos patronales tradicionales de Uruguay.
Tabaré Vázquez ha estado recorriendo el país para buscar el apoyo de la segunda línea de dirigentes blancos. En muchos departamentos lo ha conseguido, aparentemente, porque esas direcciones, vinculadas a la burguesía agraria, apoyan el planteo de reforma impositiva del EP, que apunta en definitiva al desgravamiento de la burguesía agraria e industrial, a la reducción de los intereses bancarios y al subsidio a la exportación. Más allá de esto hay, sin embargo, una negociación de otro tipo, para que el EP apoye a los candidatos blancos en las elecciones municipales de mayo próximo, allí donde éstos se vean enfrentados prioritariamente a los candidatos a intendente por el partido colorado. Es el caso del ex intendente blanco del departamento de Rocha, Irineu Riet Correa, que tendrá por principal rival al colorado Puñales en las elecciones municipales (11).
La derecha ataca el plan Cavallo
El eje de la discusión en el tramo a la segunda vuelta fue planteado por Batlle cuando tomó la iniciativa de denunciar el proyecto de impuesto a la renta del Encuentro Progresista, algo que no había hecho para nada hasta este momento. Según Batlle, ese impuesto afectaría a la mitad de las familias uruguayas, al gravar los ingresos totales de los hogares, incluidos entre otros los sacrosantos intereses de los depósitos bancarios. Para Batlle, esto sería un golpe mortal para la condición de "paraíso bancario-fiscal" que ostenta Uruguay.
Pero la propuesta del EP no es otra que la que viene difundiendo Cavallo desde que fue volteado del Ministerio de Economía, en 1996. Se trata de un impuesto a los ingresos calculado sobre la base de la renta mundial, o sea de la totalidad de lo percibido por todo concepto, tanto fuera como dento del país, menos los gastos necesarios para la producción de ese ingreso. La autoría del planteo es del FMI y del Banco Mundial, que pretenden con esto, de un lado, homogeneizar los regímenes impositivos de todos los países, con el argumento de igualar las condiciones de la competencia internacional y, del otro, establecer un control internacional de la recaudación impositiva, para viabilizar mejor los pagos de las deudas públicas y externas de las diversas naciones. Mediante convenios especiales se evitaría la duplicación del cobro del impuesto entre el país de residencia y de no residencia del contribuyente; estos convenios reflejarían, claro, la mayor fuerza de las naciones desarrolladas sobre las más débiles. Esta coincidencia de la propuesta del EP y la del FMI, la ocultan por razones obvias tanto los colorados como los frenteamplistas; los unos porque aparecerían en colisión con sus amos, los otros porque se desnudarían como sus sirvientes.
La posición blanco-colorada es clara: dicen que no quieren gravámenes de ningún tipo a la renta sino la extensión de los impuestos al consumo, lo cual no les impide defender el impuesto vigente a los sueldos y a las jubilaciones superiores a 500 pesos argentinos, que ellos mismos impusieron, ¡con carácter transitorio de un año, pero hace casi cuatro años!
Pero la importancia de la polémica es que ha servido para poner al desnudo, por sobre todo, las contradicciones y hasta la duplicidad de la izquierda uruguaya. Ocurre que para no tocar los privilegios del "paraíso bancario" que es Uruguay, el EP ha lanzado una campaña para desmentir que piense gravar los intereses a los depósitos y también los que se obtienen de la deuda pública. Con esto invalida el planteo de gravar la renta, o sea la posibilidad de cobrar impuestos a los especuladores (que sí pagarán en su país de origen, si son extranjeros, en el rubro ganancias); es decir que el proyecto se reduce a gravar los ingresos de quienes trabajan y no a la renta del capitalista. El Uruguay del EP seguirá siendo el del secreto bancario. En el informe que brindó sobre sus "entrevistas con organismos financieros internacionales", el candidato a ministro de Economía del EP, Danilo Astori, dijo que "va a cumplir con todos los compromisos internacionales", entre los que incluyó "el sistema financiero que es tan importante para los intereses del país" (12).
Con Batlle todo, sin Batlle nada
Pero la finalidad que el EP había asignado a un impuesto a la renta era suprimir el que afecta a sueldos y jubilaciones y disminuir el IVA. Ahora, al dejar afuera a la renta financiera y limitarse a gravar ingresos, el proyecto pasa a ser una versión levemente modificada del impuesto a los sueldos, pero ya no con carácter transitorio sino definitivo. Esto descubre su carácter potencialmente reaccionario. A partir de aquí bastaría con que cualquier gobierno decida modificar el mínimo no imponible o que éste fuera licuado por la inflación, o que los trabajadores obtuvieran un aumento de sueldos, para que quede sujeta a impuesto la mayoría de los que viven exclusivamente del salario.
En realidad, el objetivo de la reforma impositiva del EP apunta a favorecer a la burguesía industrial y agraria, ya que, como dijo el mismo Astori, "se eliminarán los impuestos que van en contra del interés productivo…" (13). Mencionó, entre éstos, al impuesto a los combustibles y a los préstamos bancarios. Casualmente, al día siguiente, la Unión Industrial Argentina le pedía a De la Rúa "un impuesto a los intereses a los plazos fijos y la eliminación de exenciones a ganancias" (como las que gozan los que adquieren títulos de la deuda pública). Para la UIA también se podrían eliminar de este modo los impuestos "al que se endeuda", o sea a los tomadores de préstamos bancarios del llamado "polo productivo" (14). Entre los peticionantes se encontraba Vicenzo Barello, presidente de Fiat. Se trata, como se ve, de una lucha entre capitalistas por el reparto de la riqueza extraída del trabajo del obrero y de ninguna manera de un ataque a los superbeneficios capitalistas para centralizar el capital resultante en manos de un Estado empeñado en una política que atienda a las necesidades sociales e históricas de los explotados.
De todos modos, Tabaré Vázquez acaba de tranquilizar a sus adversarios al decir que ninguna reforma impositiva podría salir sin el acuerdo blanqui-colorado que controla casi el 60% de la Asamblea Nacional. Aunque esto parezca obvio, se trata en realidad del último paso de capitulación ante el chantaje de la campaña batllista, porque significa que Vázquez ya no pide a sus electores un mandato para imponer el programa del EP sino para llegar a un acuerdo con los partidos Nacional y Colorado. Vázquez pide a sus votantes un mandato para tirar la toalla en caso de colisión parlamentaria, un mandato para no luchar, para no denunciar, para no movilizar. Más tarde podrá decir que actúa en conformidad con la voluntad popular expresada en la segunda vuelta electoral. Por estas razones, esta última declaración de Tabaré Vázquez termina por desvirtuar el contenido de la campaña electoral, incluso con las enormes limitaciones con las que el Encuentro Progresista la había llevado hasta ahora. Si el proyecto del EP está condicionado al visto bueno blanqui-colorado, lo que seguirá en pie es el impuesto a los sueldos y jubilaciones y el IVA al 17%, es decir que la carga directa del sostenimiento del Estado capitalista seguirá sobre las espaldas de los trabajadores.
Conclusión
La composición dirigente del Encuentro Progresista y del Frente Amplio se caracteriza por la ausencia de líderes obreros o de luchadores, está copada por la burguesía y la pequeña burguesía que gira en su órbita; a esta condición social responde su programa. Es la expresión de un largo proceso de confiscación política de la lucha descomunal de los obreros uruguayos por parte de la pequeña burguesía, que tiene tanto de izquierdista como de cosmopolita y que, por lo tanto, ahora se ha globalizado. Como los Blair o los Schroeder y Jospin, representan una tercera vía a ninguna parte.
La izquierda argentina (15)
En forma unánime y entusiasta, la izquierda argentina ha hecho suya la victoria del Encuentro Progresista uruguayo en la primera vuelta electoral. El EP es una alianza política permanente entre el Frente Amplio y sectores del Partido Nacional.
El PC editorializa que el FA representa "la lección de la unidad" (16), pero no alude a la nueva unidad en el Encuentro Progresista. Destaca que "la pluralidad ideológica de la izquierda se sintetiza en el FA en una unidad política… para la confrontación con las fuerzas tradicionales del sistema" (17) y pone de relieve que, siempre hablando del FA y omitiendo al EP, no es un simple acuerdo de partidos sino un método revolucionario de participación popular en la política. "El núcleo de la vida política del Frente son los comités de base donde todos los militantes tienen igual derecho de participación, sean o no de alguna de las fuerzas políticas integrantes" (18). Esto último es naturalmente falso; los comités de base son una instancia marginal; quienes deciden son los aparatos partidarios y una elección interna reglamentada por ley nacional.
El PC propone la construcción de un FA en la Argentina, una construcción frentista de la izquierda "permanente" ("electoral y no electoral").
Frente Amplio, ¿izquierda?
Nadie en su sano juicio puede asignar características revolucionarias al FA. Sus propios dirigentes se han empeñado en dejarlo absolutamente en claro. "El Frente no tiene ningún tinte socialista", le dijo Líber Seregni a Clarín (19). La definición recuerda la de Salvador Allende luego del triunfo electoral de la Unidad Popular de Chile, "trabajamos para evitar la dictadura del proletariado, incluso aunque esto no sea fácil".
Pero el FA puede ser medido con otra vara porque "ha llegado al poder" y en dosis homeopáticas. El FA gobierna Montevideo, la ciudad en la que se concentra la mitad de la población uruguaya, sin que nadie hubiera logrado registrar su carácter revolucionario, que es como llamaríamos a una "confrontación con las fuerzas tradicionales del sistema". Aunque es evidente la perfidia de la expresión "tradicionales", ya que supone que no "confronta" con las fuerzas de ese mismo sistema si no son las "tradicionales".
El Frente Amplio es partidario de cumplir a rajatablas con la deuda externa y ya ha anunciado que "cumplirá con los compromisos tradicionales". El acuerdo con la deuda externa no es de hoy sino que fue firmado en el Pacto del Club Naval, en 1985, con la dictadura y el Partido Colorado; el que se negó a firmar fue el Partido Blanco conducido por Ferreyra Aldunate. El pago de la deuda formó parte del compromiso de la transición armado con el imperialismo.
El Mst en el Frente Popular
Para el Mst, "el crecimiento electoral del EP-FA en los últimos años fue una expresión deformada de la intensa lucha social" (20), mientras que el triunfo del 31 de octubre y un posible triunfo en la segunda vuelta "crean una nueva relación de fuerzas más favorable para luchar por los reclamos populares", es decir que el EP no es un frente de colaboración de clases, o sea para maniatar a la clase obrera, sino de lucha de clases, con limitaciones por supuesto. Esta caracterización equivale a un apoyo político al Encuentro Progresista. Por eso dan su "apoyo crítico a la candidatura de Tabaré Vázquez" (21) y no dicen una palabra sobre los ocho años del gobierno del FA en Montevideo.
La corriente del Mst integró el FA en su origen (1971), por inspiración del propio Moreno, quien sostenía la progresividad de los frentes de colaboración de clases (Frentes Populares) en los países oprimidos. El Mst no se detiene a considerar que el Encuentro Progresista es un típico frente popular, donde actúan sectores tradicionales de la burguesía que ocupan posiciones fundamentales.
La trilogía se completa con el Ptp, que en la otra orilla forma parte de una de las corrientes del FA (Movimiento de Participación Popular) y que caracteriza al EP como "una fuerza popular en nuestro país" (22).
En síntesis, para la izquierda democratizante argentina, la unidad de la izquierda es sinónimo de Frente Popular, o sea que debe servir a la colaboración de clases.
Notas:
1. La Nación, 2 de noviembre de 1999.
2. Página 12, 2 de noviembre de 1999.
3. Daniel Olesker, posible ministro de Economía de Tabaré, en Ambito Financiero del 27 de octubre de 1999.
4. La Nación, 27 de octubre de 1999.
5. Página 12, 17 de octubre de 1999.
6. La Nación, 4 de noviembre de 1999.
7. Idem, 2 de noviembre de 1999, editorial.
8. Este capítulo fue redactado por Tato, del PT de Uruguay.
9. El Observador del 19 de noviembre de 1999.
10. Idem, 18 de noviembre de 1999.
11. La República, 13 de noviembre de 1999.
12. Idem, 16 de noviembre de 1999.
13. Idem.
14. Ambito Financiero, 17 de noviembre de 1999.
15. Este capítulo y los siguientes fueron redactados por Christian Rath.
16. Propuesta, Nº 469, 4 de noviembre de 1999.
17. Idem.
18. Idem.
19. Clarín, 3 de octubre de 1999.
20. Alternativa Socialista, Nº 267, 10 de noviembre de 1999.
21. Idem.
22. Hoy, 3 de noviembre de 1999.
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