En la primera semana de abril, después de casi 40 días, el sindicato de maestros y profesores de Rio Grande do Sul (CPERS) levantó la huelga comenzada a inicios de marzo, sin conseguir sus principales reivindicaciones (reajuste salarial de 20%, reformulación de la carrera). Si bien es cierto que el gobierno petista de Olivio Dutra debió aumentar su oferta salarial inicial del 10% al 14%, esto por la masividad del movimiento (el CPERS es el sindicato más numeroso del estado sureño, y uno de los más numerosos del Brasil); lo obtenido, sin embargo, (y la propia reivindicación de 20%) está muy por detrás de las necesidades del sector, sin reajustes salariales en más de dos años, y pérdidas acumuladas que justificaban un reclamo de aumento de 190%: la reivindicación sindical era de un salario básico inicial de 377 reales para docentes, y 355 para no docentes (ambos abajo de los 200 dólares mensuales).
Un Frente Popular anti-huelguista
Independientemente de la política de la dirección sindical, lo cierto es que no debe haber habido en la historia del país ninguna huelga más aislada y combatida políticamente. A los mecanismos de intimidación normales del Estado y las mentiras habituales de los grandes medios de comunicación, se sumaron la hostilidad de casi toda la izquierda "gaúcha" (ahora gobernante) y brasileña: la secretaria de Educación del "Gobierno Popular", Lúcia Camini (de la Articulación de Izquierda del PT), es nada menos que la ex presidente del CPERS que reivindicó, hasta 1998, un reajuste salarial de 190%.
Por si esto fuera poco, en vísperas de la huelga una declaración de sectores no (directamente) integrados al gobierno estadual afirmaba que "la situación de los maestros es crítica, humillados por el congelamiento salarial de los últimos años, (pero) en este momento consideramos una posible huelga como una precipitación. Existe espacio para negociar y avanzar significativamente mediante la negociación. Para construir el futuro y fortalecer políticas estratégicas de largo plazo por medio de la negociación. (Si hay huelga) la victoria será de la élite, de la RBS (monopolio de la comunicación, ligado a la Red Globo), de la derecha que quiere derrotar nuestro proyecto y volver al poder". La declaración fue firmada por el MPA (pequeños agricultores), el Movimiento de Víctimas de Embalses, Mujeres Trabajadoras Rurales, la Federación Metalúrgica (CUT) y el MST (campesinos sin tierra) que, originario de Rio Grande do Sul (RS), es sin duda el movimiento de lucha más popular del Brasil.
La dirección del CPERS, por otro lado, está ahora en manos de sectores vinculados a la Articulación lulista del PT (cuyos representantes parlamentarios estuvieron contra la huelga): por detrás de la huelga y de la crisis que ella desató, se encuentra un proceso de descomposición política del conjunto de las tendencias "petistas" y de lo que tienen en común, "derecha", "centro" e "izquierda": la política de Frente Popular, que en ningún lugar se reveló de modo más claro como la integración y defensa del Estado burgués.
Un Frente Popular trotskista
En noviembre de 1998 la coalición encabezada por el PT derrotó en el segundo turno de las elecciones estaduales al candidato gubernamental (el gobernador en ejercicio, Antonio Britto) con casi 51% de los votos (poco menos de 3 millones) contra poco más de 49% para Britto. Desde 1989, el PT viene, además, ejerciendo ininterrumpidamente la titularidad de la intendencia de Porto Alegre, capital del estado.
El actual intendente de Porto Alegre, Raul Pont (dirigente de la tendencia DS *Democracia Socialista* del PT, y del Secretariado Unificado *SU* "de la IVª Internacional") declaró entonces que "la victoria de Olivio Dutra y el Frente Popular (PT-PSB-PCdoB-PCB) es histórica. Por primera vez en el país, la izquierda vence en elecciones regionales sin alianzas con partidos capitalistas y/o apoyo de sectores vinculados a la burguesía" (1). Esto es, desde luego, una perfecta tontería (los dos "PCs" no pasan de aparatos explícitamente solidarios con el orden burgués; el PSB, peor, es una "sigla de alquiler" de propiedad del terrateniente pernambucano Miguel Arraes).
Lo peor, sin embargo, es el contrabando ideológico, pues la DS-SU no sólo no es enemiga, sino declaradamente impulsora de las "alianzas con partidos capitalistas y sectores vinculados a la burguesía" en otros estados (siempre en función, claro, de "particularidades regionales", que en el Brasil serían universales, pues la DS-SU defiende la coalición nacional con el burgués-corrupto-gangsteril-evangélico PDT). Para no dejar dudas, la DS-SU afirma que "el Gobierno Democrático y Popular de RS es, junto con el MST del Brasil, la resistencia del pueblo cubano, el grito insurgente de los zapatistas mexicanos, la trinchera avanzada de combate a la barbarie neoliberal en América Latina" (2), nada más y nada menos.
La victoria del PT, en realidad, es un indicador, deformadamente electoral, de la radicalización y polarización política de RS, el estado brasileño que en forma más masiva cumplió las huelgas generales de los últimos años, y donde la lucha por la tierra alcanzó mayor amplitud: ese proceso destruyó la base social del "brizolismo" (PDT), el partido burgués históricamente dominante en el estado desde los años 60, hoy reducido a un aparato de expresión electoral secundaria.
Debe quedar claro que la DS-SU sabe de lo que habla, pues no sólo dirige el gobierno de Porto Alegre, también ocupa la vice-gobernación de RS (con el diputado federal Miguel Rossetto) y los principales cargos del gobierno estadual (inclusive finanzas y seguridad); o sea que no sólo es la principal tendencia política del PT, sino del propio Estado. Significativamente, antes de la victoria de 1998, el propio Rossetto dejaba claro lo que se podía esperar de una victoria del PT: "La realidad que se avizora en RS es muy amarga: pasada la orgía privatizante (de Britto) va a sobrar sólo una cuenta impagable para la población" (3). Estaba ahí resumido todo el programa de gobierno del PT y de la DS-SU.
El programa de transición del Banco Mundial
No es de extrañar, entonces, que desde el inicio de su gobierno, la política del PT-DS-SU haya sido la de preparar a la población para el pago de la cuenta impagable. El instrumento para eso, ya experimentado en la intendencia de Porto Alegre, es el último forro de la política capitalista, bautizado de "presupuesto participativo", que Raul Pont califica de "programa de transición" "ya veremos hacia dónde" y de "experiencia de democracia directa sin equivalente hoy en el mundo" (4).
Le Monde Diplomatique (5), viejo órgano del imperialismo francés, tampoco retacea elogios al "participativo" (u OP, sigla en portugués de "orçamento participativo"), que acaba de entrar también en la lista de recomendaciones del Banco Mundial, citando exactamente el ejemplo de Porto Alegre, con lo que hay que preguntarse cuál es la "transición" que nos propone "hoy en el mundo" la DS-SU.
Ya puesto en práctica desde hace diez años, la queja más frecuente del PT-DS en relación al OP es la de la relativa indiferencia de la población *la esencia del OP sería la convocatoria al pueblo a discutir democráticamente, y fuera de la "institucionalidad", la atribución de las partidas presupuestarias*, lo que prepara el terreno para culpar por el fracaso de la "transición al socialismo" al mismo "pueblo".
La razón de la "indiferencia" ya fue bien explicada por Gilmar Mauro (del MST) cuando dijo que el pueblo difícilmente se interesaría en discutir qué hacer con el 5% del presupuesto, pues el 95% restante ya estaba comprometido (6).
La realidad es peor: "El margen de influencia de los ciudadanos es estrecho. Por ley, el Estado debe destinar 35% del presupuesto para educación y 10% para salud Como los salarios consumen 80% de los ingresos, y la deuda por lo menos 12%, lo que sobra para invertir es poco. Sólo no es cero porque el presupuesto nace con déficit" (7). Por otro lado, para discutir el OP ya se han formado innumerables consejos regionales y barriales, controlados por el estado (y no podría ser de otro modo, pues éste determina las cantidades sobre las que "el pueblo" debe deliberar), cuya función principal es la realización de contrataciones, con lo que el OP se transforma en un factor de burocratización de los movimientos populares, controlados por caciques locales que ofician de intermediarios frente al gobierno.
Un programa antiobrero
Si a ello se agrega que la palabra final cabe al Poder Legislativo, donde la oposición derechista consiguió meter 224 enmiendas (antipopulares) votadas en su mayoría también por los diputados pro-gubernamentales, se tendrá una idea de hacia dónde "transita" el festejado OP (P?). De manera más que clara, el secretario de Finanzas *DS* de Porto Alegre indica que "la necesidad de aprobación por el OP de cualquier contratación de personal es un instrumento más eficiente de disminución de los gastos con personal que un aleatorio PDV (Programa de Despidos Voluntarios, implementado en otros estados y nacionalmente)" (8); o sea que el objetivo del OP es hacer pasar un programa popular de austeridad (en RS hay casi un millón de desempleados).
No hay "participación" que resuelva el problema de RS, que como la mayoría de los estados brasileños, está endeudado hasta el pescuezo debido a la política de concesiones al gran capital: sólo en RS fueron donados más de 500 millones de dólares a la Ford y a la General Motors, lo que coincide casi exactamente con los intereses de la deuda anual del estado. Sólo una política de no pago de la deuda externa del estado, apoyada en la movilización política de la población *política que el control del aparato administrativo del estado y de su capital tornaría extremadamente factible* podría invertir ese cuadro y garantizar una verdadera "participación" popular. Sucede que esa política fue explícitamente rechazada por el PT-DS-SU.
La política del gobierno Olivio Dutra-DS-SU frente al chantaje financiero de la Ford para instalar una planta en RS fue una radiografía de todo su programa, pese a que fue presentada por la izquierda como un "gesto de firmeza frente a las multinacionales". De acuerdo con los cálculos del gobierno, faltaban R$ 113 millones de los R$ 444 millones exigidos por la Ford y aceptados por el gobierno Britto (de acuerdo con el contrato, un préstamo sin corrección monetaria, con tasas de interés del 6% anual "las tasas del Banco Central están en 19,5% anual", a pagar en 32 años, sin contar 5 años de gracia, o sea, en realidad, 37 años); sin contabilizar las exenciones impositivas.
El gobierno PT-DS-SU propuso finalmente, según una denuncia de la Articulación de Izquierda, "una transferencia de R$ 200 millones y el mantenimiento de los mismos parámetros de renuncia fiscal, negociación contradictoria con la propuesta de gobierno (que la Ford) no aceptó, pues ya mantenía acuerdos con el gobierno bahiano, apoyado por el gobierno federal" (9). La realidad fue más lejos, pues "el gobierno petista propuso adquirir acciones de la nueva empresa. Irónicamente, el gobierno estadual más izquierdista del país se transformaría en socio de la segunda mayor empresa automotriz del planeta (lo que) no se concretó porque la montadora americana recusó y se trasladó para Bahia, junto con 17 auto-partistas" (10).
¿De dónde saldrían los fondos, si el gobierno argumentó un déficit de caja (113 millones) para renegociar? De un impuestazo que permitiría recaudar R$ 220 millones anuales, y de una "reducción en R$ 100 millones de los gastos con pensiones y asistencia médica de los empleados estatales" (11), esto es, de los contribuyentes, o sea, del bolsillo de los trabajadores (no de los capitalistas, pues RS es uno de los campeones brasileños de la evasión impositiva, sin hablar de que los patrones no precisan de atención médica estatal).
El gobierno PT-DS-SU llegó a ofrecer el aumento del préstamo directo a la Ford de R$ 210 millones (que, junto con R$ 234 millones en obras de infraestructura, totalizaban los R$ 444 millones acordados por el gobierno Britto y la Ford) a R$ 300 millones, deduciendo la diferencia de las obras de infraestructura (12), o sea, aceptando todo el contrato celebrado por el gobierno derechista (¡denunciado como "un robo" durante la campaña electoral!) y sólo proponiendo cambios en la composición interna de sus rubros (¡esto sí que es "presupuesto participativo"!). La Ford no aceptó, pues los incentivos bahianos parecen haber superado todos los récords brasileños (y probablemente mundiales) en la materia.
¿Cuánto se llevó de RS la Ford, pese a todo, sin instalar si quiera un torno? Oficialmente R$ 42 millones, que se suman a los 180 millones de incentivos fiscales bahianos, más los terrenos cedidos gratuitamente, energía, agua y red de comunicación por fibra óptica ya garantizados por el gobierno de Bahia (la inversión inicial de la Ford, además, será financiada por un crédito con tasas "especiales" del BNDES, Banco Nacional de Desarrollo). ¿Qué tal?
El gobierno Dutra-DS-SU no sólo asumió los contratos de su predecesor derechista, sino también su política antiobrera. Así, continúa cobrando la contribución previsional de los propios jubilados estaduales (cabe suponer que para solventar los gastos jubilatorios de su próxima encarnación) instituida por decreto por el gobierno Britto, en condiciones en que una propuesta semejante del gobierno federal (Fernando Henrique Cardoso) fue vetada por el Supremo Tribunal Federal por "anti-constitucional". Con una "pequeña" aclaración: propone elevarla a 11% (reduciendo en proporción equivalente los ya parcos recursos de los jubilados). El gobierno municipal de Porto Alegre (encabezado por la DS-SU) cobra también los descuentos "inconstitucionales" que la derecha en San Pablo, por ejemplo, es incapaz de cobrar.
De este modo, el "gobierno popular" pretende mantener el "equilibrio presupuestario", que incluye el pago de R$ 80 millones mensuales en concepto de deudas, sin contar los "estructurales" R$ 5.000 millones de incentivos fiscales para los diversos grupos capitalistas (y cuya evasión impositiva se calcula, además, en R$ 3.000 millones anuales). Con semejante orgía capitalista, no es de extrañar que, "austeridad" mediante, el déficit presupuestario continúe en R$ 560 millones
Pues bien, compárese el conjunto de las cifras mencionadas, o cada una de ellas por separado, con el impacto que tendría el modesto reajuste solicitado por el sindicato del magisterio primario y secundario, responsable por las 3.052 escuelas públicas del estado: R$ 170 millones anuales, según el gobierno (menos que lo ofrecido a la Ford, de una sola vez, según la Articulación de Izquierda, para que se quedara en el estado). Uno de los ejes de la campaña electoral del Frente Popular había sido, justamente, la "valorización de la educación y del salario docente".
Clarificación política
La huelga de maestros y profesores, por lo tanto, no fue un episodio secundario o "normal", sino la expresión del conjunto de las contradicciones de la política gubernamental, consistente en respetar los objetivos del gran capital cubriéndolos con un manto "popular". De ahí que, pese a su aislamiento político, tuviese la simpatía manifiesta de la mayoría de la población, lo que la llevó a emplear métodos audaces, con manifestaciones callejeras masivas y una vigilia de más de dos mil trabajadores frente al palacio de gobierno. En un mes de huelga de CPERS, en las asambleas permanentes de sus 42 núcleos de base, hubo más "participación" que en diez años de "presupuesto participativo" (porque, a diferencia de éste, la huelga es una movilización de clase).
La huelga consiguió meter una cuña en el propio PT: la diputada Luciana Genro declaró su apoyo a la huelga, lo que llevó a la bancada del PT a destituirla de la vice-presidencia de la Comisión de Educación de la asamblea estadual, y a prohibirle hablar en nombre de la bancada del PT durante un mes. (¿Piensan que en un mes cambiará de opinión?). Julio Quadros, de la Articulación de Izquierda (AE) del PT, encabezó el proceso que concluyó en la sanción.
La AE (que es la corriente más crítica del PT al gobierno Dutra) justificó su posición afirmando que "la bancada del PT en RS tiene la tradición de votar siempre colectivamente. (La dirección de la huelga) se rehusa a negociar, no presenta contrapropuesta [o sea, mantiene correctamente su propuesta, NdA], rechazan los avances conseguidos cuando deberían aceptarlos como conquistas de la lucha de los trabajadores (Queremos) una salida en la cual los trabajadores de la educación avancen en las conquistas de sus reivindicaciones, y el Gobierno Democrático y Popular en el cumplimiento de su programa" (13). Esa "salida" no existía, porque ambos objetivos eran contradictorios. La rabia con que el profesorado concluyó la huelga, a pesar de la derrota, es la expresión práctica de esa contradicción.
Que la DS-SU teorice *según se dice, provocando la admiración de cierto "trotskismo" europeo* que "es en RS donde más se construyó un equilibrio entre los dos brazos del movimiento de pinzas dirigido contra el poder burgués *un movimiento político y social transformador que mantiene un sentido combinado y de refuerzo mutuo entre las conquistas en sus frentes de acción de masas e institutucional" (14), sólo puede convencer a quienes ya están sospechosa e interesadamente convencidos de antemano.
Se ha abierto una brecha definitiva entre el movimiento obrero "gaúcho" y la política del Frente Popular. El futuro de la lucha depende de la asimilación política de esa batalla. Pero la lección dejada por la huelga y por un año y medio de gobierno del Frente Popular no es sólo "gaúcha", ni siquiera brasileña: es internacional. Para ser consecuente con las más elementales reivindicaciones obreras y democráticas, es necesaria la independencia de clase, el partido revolucionario. Para construirlo, es necesario dejar atrás los escombros del Frente Popular y del "Secretariado Unificado", y refundar la IVª Internacional para que su bandera y su programa no sean usados como ariete de una política antiobrera. La huelga de los maestros riograndenses ha lanzado una pregunta a toda la izquierda que se reivindica clasista: ¿De qué lado están? El que no responde es cómplice.
Notas:
1. Em Tempo Nº 304, Noviembre de 1998.
2. Elementos para um Balanço do Governo Democrático e Popular do RS.
3. Em Tempo Nº 299, Febrero de 1998.
4. Em Tempo Nº 302/303, Septiembre de 1998.
5. Le Monde Diplomatique, Agosto de 1998.
6. Ver: P. Barsotti y L.B. Pericás, América Latina, São Paulo, Xamã, 1998.
7. Zero Hora, Porto Alegre, 30 de noviembre de 1999.
8. Em Tempo Nº 298, Noviembre de 1997.
9. Articulación, 17 de julio de 1999.
10. Jornal do Brasil, 10 de enero de 2000.
11. Veja.
12. O Estado de São Paulo, 11 de enero de 2000.
13. Declaración de Iti Guimarães, 14 de marzo de 2000.
14. Em Tempo Nº 310, Octubre de 1999.
