La crisis política del gobierno Collor alcanzó el nivel del ajuste de cuentas entre gangsters, con tres ministros acusados criminalmente y amenazados de ir a dar con sus huesos a una celda. Con apenas dos años de mandato, el vaciamiento del gobierno es irreversible. Los escándalos de corrupción en la Salud y en la Previsión (la “propina” de 30.000 dólares de Magri) son apenas el pretexto para una operación política más amplia, o como dice cierto político brasileño, “la Previsión donde un único abogado de Rio obtenía 30,000 dólares por hora” (O Estado de Sao Paulo, 17/3). Por encima de las cabezas de Magri, Guerra y Margarita Procopio, figuras centrales de gobierno y del Estado (Jarbas Passrinho y el general Agenor Homen de Carvalho) son alcanzadas, acusadas de “negligencia”, así como la propia Policía Federal.
Se alcanza así un nuevo estadío en la descomposición del gobierno y del régimen político. El fracaso espectacular del Plan Collor y la crisis política consecuente hicieron explotar la tntativa inicial de aprovechar el capital político acumulado por Collor para recuperar, a través de una especie de bonapartismo (Collor rodeado de ministros inexpresivos), la capacidad de arbitraje del Estado. Las Fuerzas Armadas y los hombres vinculados al capital financiero internacional (Jarbas Passarinho y Marcilio Marques Moreira) ocuparon los puestos centrales del segundo gobierno Collor, intentando llenar el vacío, era previsible que algo semejante ocurriera” (Jornal do Brasil, 6/3).
La tentativa inicial de crear una base político parlamentaria al gobierno, a través del PRN, explotó junto con el Plan Collor. Ahora, con el distanciamiento público del gobierno líder parlamentario oficialista (y del PFL) Marco Maciel, explota la tentativa de alcanzar el objetivo inicial por las vías fisiológicas de Collor condenó durante la campaña electoral y durante el primer período de su mandato.
El inmovilismo político del gobierno alcanza ahora su máximo nivel: el gobierno se reduce, actualmente, a las actividades del hombre de enlace con el capital internacional instalado en el ministerio de Economía, que orienta los acuerdos internacionales, la política salarial y previsional, en fin todo lo que importa. La quiebra del gobierno Collor es la quiebra de la burguesía nacional en su tentativa de estructurar un poder (un terreno común) para negociar con el imperialismo y disciplinar al conjunto de los explotados. Detrás de esa quiebra se encuentra, de un lado, la resistencia obrera y popular contra los planes de superexplotación y, por el otro, la catastrófica crisis de la producción capitalista en Brasil.
Crisis capitalista
Siete millones de desempleados; destrucción sistemática de los servicios públicos (en especial del sistema de salud); caída histórica del crecimiento demográfico; aparición de una subraza de pigmeos subdesarrollados en todos los sentidos, en las regiones más pobres; desarrollo epidémico y endémico de enfermedades controladas hace ya mucho tiempo por la medicina (como el cólera), destrucción de polos industriales como Manaos y San Bernardo do Campo (hoy, según la Folha de Sao Paulo (22/3), con un índice de “favelas” superior al de Rio de Janeiro); catástrofes en “favelas” cuando llueve, más de 5000 casos de esclavitud rural, congelamiento salarial y previsional (con jubilados muriendo en las colas para recibir unas migajas. He aquí los índices de la barbarie, de la completa y progresiva incompatibilidad entre el capitalismo brasileño y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales.
La crisis capitalista lleva a la otrora burguesía más poderosa de América del Sur a abandonar toda veleidad de independencia con relación al imperialismo, al cual se aferra como tabla de salvación: ése es el contenido de los recientes acuerdos con el FMI y del programa de estabilización, oficialmente apoyados por la Casa Blanca, a través de David Mulford, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y ése también es el contenido de toda la política seguida en 1991: privatización, “apertura económica” (fin de la reserva de mercado y de las barreras arancelarias), pago de 11.000 millones de dólares a los acreedores externos, contra 5.500 millones en 1990, a pesar de que el PBI per cápita ha sufrido una brusca caída.
Así, asistimos a un proceso de centralización de capitales que beneficia principalmente al capital extranjero. Es lo que explica el “boom” de la Bolsa de Valores en plena crisis económica, y que no afecta en absoluto las raíces de esa crisis: “Se trata de óptimos negocios con riesgos mínimos, que fueron rápidamente descubiertos por los inversores extranjeros. Por ejemplo, Telebrás, que monopoliza, a veces, el 50% de las transacciones de la Bolsa brasileña: a comienzos de 1991, el valor bursátil de Telebrás representaba ¡apenas el 10% del valor de sus activos! El título sólo podría subir. Más aún con el reajuste, por encima del índice de inflación de las tarifas públicas, exigido por el FMI y el Banco Mundial, ya aplicado por el gobierno. Las empresas estatales se van a volver rentables y a distribuir buenos dividendos. De allí la corrida de los fondos de pensión de los Estados Unidos, que acumularon acciones de Eletrobrás y de Petrobrás” (Liberation, París, 8/1).
La apertura de las Bolsas al capital extranjero (autorizada en 1991 por el propio Marcilio) es, por eso, tan importante como las propias privatizaciones. Pues es lo que permite al capital financiero internacional participar directamente del proceso de fusiones y de centralización que permitió que, en el “nefasto” 1991, ¡se mantuviera la tasa de beneficio del sistema financiero, mientras que en el comercio saltó del 8 al 11%!
Entre tanto, las privatizaciones, último recurso lanzado por el Estado y por la burguesía brasileña en dirección al imperialismo, son incapaces de contener la crisis financiera del Estado. ¡En la licitación de Usiminas, el dinero vivo captado fue menos que el de dos salarios mínimos! (el resto fueron “junk bonds”, títulos basura de las diversas deudas públicas del Estado: agraria, externa, debentures de las estatales, etc.). De allí que sea pura retórica la promesa gubernamental, en la Carta de Intención al FMI, de captar 18.000 millones de dólares vendiendo su participación accionaria en veintiséis empresas. La lista de “monedas podridas” homologada por el Tesoro Nacional para el programa de privatizaciones alcanza a 67.000 millones de dólares (Folha de Sao Paulo, 25/11/91).
Todos los objetivos del gobierno están comprometidos: prometido al FMI un superávit fiscal de 4.400 millones de dólares, el monto de la deuda del gobierno aumentó, mientras tanto, 4% o 6,1 billo¬nes de cruzeiros en un año; “el aumento puede comprometer las metas prometidas al FMI” (Folha de Sao Paulo, 20/3).
Exactamente 6 billones de cruzeiros es el monto del giro de la deuda rural, concedida por el gobierno para “volver más lenta la venta de la zafra”, o sea, para evitar una caída general de valores y precios: “El productor no va a necesitar deshacerse de sus mercancías ahora para saldar esa deuda y podrá obtener mejores condiciones para el precio de su producto” (Folha de Sao Paulo, 13/3). ¡Y así, en el año de una zafra récord, los precios de los alimentos de primera necesidad también van a alcanzar un récord! Esta es la “modernización” y la “reestructuración”: una catástrofe económica que hambrea a los trabajadores, hunde financieramente al Estado y destruye la capacidad productiva del país.
Sindicatos, PT y respuesta obrera
La posición defensiva en que fue colocado el movimiento obrero frente a la crisis no es, como pretenden las direcciones sindicales, una consecuencia directa de la crisis. La ocupación por más de dos meses del Frigorífico Pedroso está ahí para probar lo que un sindicato (el Sindicato dos Fríos e da Carne de Sao Paulo) puede hacer cuando tiene una dirección revolucionaria. Las propias estadísticas elaboradas por DIESSE demuestran que, si bien el número de paralizaciones cayó (910 en los primeros nueve meses de 1991 contra 1582 en igual período de 1990), aumentó el número de hombres/hora parados (Jornal do Brasil, 30/1). Esto significa: huelgas más largas y profundas, aisladas sin embargo por las centrales sindicales, que no organizaron ningún movimiento de conjunto, a pesar de la agudización de la crisis y del hecho de que los trabajadores no sufrieron ninguna derrota decisiva y mantienen intacta su disposición combativa.
Sucede que las centrales (sus direcciones) están profundamente integradas al proceso descripto más arriba. Esto es obvio en el caso de los “pelegos” de Forfa Sindical y de las CGTs, las cuales, además de reivindicar la “flexibilidad laborar (caída de los salarios), pidieron oficialmente “más prisa en la privatización de las empresas siderúrgicas” (Arnaldo Gonzalves, ex stalinista, director de los metalúrgicos de Santos, llegó a pedir “urgencia” en la privatización de Cosipa) (Jornal da Tarde, 6/3).
La propia CUT, sin embargo, ve en la catástrofe descripta una “restructuración capitalista” y plantea que “los desafíos de la modernización en Brasil van más allá de la utilización de la política de comercio exterior como instrumento central de estímulo para la actualización tecnológica del sistema productivo. Es fundamental garantizar la participación activa del Estado y considerar la posibilidad de una estrategia de modernización centrada en la dinamización del mercado interno y en la integración competitiva a los mercados mundiales” (DESEP/CUT, “Restructuración industrial y acción sindical en los años “'90”, marzo de 1992).
La burocracia de la CUT principal central, se coloca en posición de apoyo crítico a la “modernización”, que significa la catástrofe para los explotados. Se pretende apoyar en los intereses, además de una extensa burocracia de los sindicatos, de las capas más calificadas y mejor remuneradas del proletariado (que pueden resistir mejor la crisis), vendiendo la ilusión de que obtendrán ventajas del actual proceso capitalista. Es por eso que no sólo no cumplió con su obligación de organizar un movimiento de conjunto en defensa de los sectores más golpeados por la crisis sino que además aisló y boicoteó las luchas en curso contra los despidos (Pedroso, Calfat), integrándose en diversos foros “anti-recesión” con representantes patronales y de la Iglesia.
La dirección de la CUT, además de eso, se expresa políticamente a través del PT. Y aquello que en la CUT se expresa en forma oblicua, debido a la presión de las bases sindicales, en el PT despliega abiertamente sus banderas. He aquí por qué, en el caso del PT, nos encontramos ante un caso de degeneración política raras veces visto en la historia de la izquierda latinoamericana.
La base social de ese proceso es la burocratización del partido y la integración de su capa dirigente a la administración del Estado, ejerciendo su “oposición” en ese cuadro, que es el propio cuadro del régimen político. Una tesis universitaria vino a demostrar ahora que “el PT hoy es un partido dirigido por profesionales de la política, pagados con dinero de los cofres públicos. Esta burocratización, a los once años de existencia, esclerotizó los núcleos de militantes, comprometiendo la idea original de construir un partido de masas.
“Según el estudio, el aparato petista es mantenido con las contribuciones de los parlamentarios, prefectos, secretarios, asesores y hasta con las del impuesto sindical. Estos recursos de fuentes públicas cristalizaron en el comando del partido a los detentores de los mandatos populares y a sus grupos de influencia.
“La mayor parte de los participantes de los últimos Encuentros del PT fueron cuadros de profesionales de la política. Esto evidencia una fuerte y densa capilaridad entre el partido y las instituciones. Nos lleva a observar cuan sustantivamente comprometido está el PT con el orden institucional que pretende transformar” (Folha de Sao Paulo, 4/ 3).
Nuestra corriente no esperó que una tesis uníversitaria demostrara lo obvio (ver artículos “Adonde va el PT”, Prensa Obrera, n° 342, Buenos Aires, 10/10/91; “Una asamblea de funcionarios”» ídem, n° 347, 3/12/91; y “Una mayoría de burócratas en el Congreso”, Causa Operaría, n2 156, 20/ 12/91) que sólo puede ser considerado sorprenden¬te por los ingenuos o por los oportunistas. La misma investigación demuestra que el 70% de los delegados al I2 Congreso del PT aceptan el capitalismo, porcentaje que, tratándose del capital extranjero… ¡sube a más del 95%! (ídem).
Es evidente y salta a la vista lo que constató un sector de la izquierda petista: “El Congreso del PT profundiza la distancia entre la base y la dirección partidaria. Pues aquélla se siente traicionada cuando ve a sus dirigentes dejar de encausar sus reivindicaciones y las luchas de la clase trabajadora para ir a los Pactos Sociales, Movimientos de Opción por Brasil, defender el mandato de Collor y a José Genoino defender un salario de 8.000 dólares para los diputados federales y votar un salario mínimo de 42.000 cruzeiros (cuarenta y dos mil cruzeiros = 45 dólares) para la clase trabajadora Y demostró eso en su desinterés en participar de los Encuentros preparatorios del ICongreso del Yi (Documento MRS de Paraíba, diciembre de 1991).
Esa es la base social de la estrategia del PT, que consiste en la alianza con la burguesía “progresista (y no tanto, al punto de considerar que el vice de la fórmula de Lula-94 sería nada menos que e actual Procurador General de la República, Aristides Junqueira, figura central del Estado de explotadores en el cuadro del actual régimen político, ver editorial de O Estado de Sao Paulo.
Los Congresos y Encuentros se transformaron apenas una cortina de humo de esos objetivos, como lo demuestra el testimonio insospechable de un representante postergado de la dirección, el jurista y diputado federal por el PT Helio Bicudo: “incluso antes de la realización del I2 Congreso del PT, la Dirección Nacional se oponía a una actuación más clara del partido como oposición al gobierno Collor. Cruzó los brazos ante los crímenes electorales en la campaña del '89. Confundió y confunde legalidad con legitimidad. Tiene miedo de hablar de “impeachment” (juicio político), y cuando el I2 Congreso adopta una decisión irrebatible al respecto, prefiere ignorarla para concentrarse en la anticipación del plebiscito —previsto para el 7 de setiembre de 1993— sobre presidencialismo o parlamentarismo” (Folha de Sao Paulo, 3/3).
Recordemos que la cuestión del “impeachment” fue la pieza maestra de la alianza sellada entre la Articulación dirigente y un sector de la izquierda (la DS, Democracia Socialista, del Secretariado Unificado de la IV2 Internacional), lo que denunciamos en su momento como un engañabobos lanzado para contener a las bases de la izquierda petista, lo que ahora queda demostrado.
La derechización del PT es tan grande que llega a provocar el alerta del editorialista del principal órgano de la prensa burguesa: “Una cosa es cierta: si el PT no consigue revertir este proceso, irá perdiendo espacio y resonancia. Alejada de las decisiones, la base tradicional tendrá cada vez menos motivos para mantener vínculos con el partido en la medida en que ya existen en exceso partidos que le hacen el juego al establishment, y de forma mucho más eficaz que el PT” (“Estatización partidaria”, en Folha de Sao Paulo, 3/3).
Este es el nudo de la cuestión: para la burguesía es vital que las bases obreras conserven al PT como referencia partidaria, o sea, que su inevitable desplazamiento hacia la izquierda no dé lugar a la estructuración de una nueva alternativa política. Esto demuestra, por anticipado, los límites de cualquier “izquierdización” del discurso petista e ilustra la afirmación hecha por Lula, en off, a un gran diario (“es necesario hacer algo”) frente a la crisis y a la insatisfacción crecientes. “Algo” fueron unos vaciados actos el 13 de marzo, en los cuales la CUT y el PT compartieron la tribuna con conspi¬cuos representantes patronales (en el acto de Porto Alegre, Lula habló junto a uno de los principales industriales metalúrgicos, Sergio Mindlin).
Y también ilumina el papel de la “izquierda petista”, inclusive y sobretodo en su versión supuestamente “radical” (Convergencia Socialista) y de su política “independiente”, que se traduce antes que nada en el terreno electoral y que reconoce las fronteras del PT como infranqueables. Así, en el reciente choque provocado por el proyecto de IPTU de la intendencia petista de San Pablo (proyecto que pasó en la Cámara a través de negociaciones y el apoyo de partidos burgueses), CS llamó a “dar un claro carácter clasista al proyecto” (Convergencia Socialista, n° 323, 7/3) ¡en el mismo momento en que la intendente Erundina amenazaba con recaudar los fondos que el Supremo Tribunal le negaba … a través del congelamiento salarial de los empleados municipales y del aumento de las tarifas de ómnibus!
La base de la política burguesa del PT es social, no ideológica, como supone el 90% de la izquierda petista. La lucha en el PT, y cualquier “frente de izquierda” en ese sentido, debe estar dirigida, no a “enderezaru a la burocracia pequeño burguesa dirigente sino a abrir una alternativa de lucha independiente y una alternativa política propia (un partido revolucionario de los trabajadores). Sólo con esa perspectiva un reagrupamiento de fuerzas de izquierda podrá proyectarse como alternativa de dirección en las organizaciones obreras (en primer lugar, en la CUT) para convertirlas en órganos de lucha antimperialista y revolucionaria en Brasil, junto con sus hermanos de clase de toda América Latina.
23 de marzo de 1992
