Argentina: historia y consecuencias de una crisis de la deuda jamás resuelta

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Introducción
Para un análisis preciso de la crisis de la deuda latinoamericana (que, entre picos catastróficos(1) y períodos de ocultada vulnerabilidad, se viene arrastrando por más de veinte años), no se pueden dejar de lado los hechos previos generados por el cambio del sistema y de las fuentes de financiamiento mundial. Las transformaciones que tuvieron lugar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en el sistema económico de los países más desarrollados, la abundante liquidez internacional de los años ’70, la dinámica de la economía norteamericana, son sólo algunas causas y circunstancias de un proceso de endeudamiento que ha evolucionado en un cuadro de progresiva integración económica y financiera, que alcanzó a todos los confines del mundo.

En un período, el de la segunda postguerra, en el que parecía que para activar el desarrollo económico bastaba con atraer capitales externos e invertir en actividades productivas para suplir la falta de ahorro interno, un gran número de países se encontró frente a la imposibilidad de pagar la deuda contraída.

En el ’61 se lanzaba el primer Decenio de las Naciones Unidas por el Desarrollo, que daba a los institutos especializados de la ONU la tarea de crear condiciones favorables al desarrollo para los países del tercer mundo. El debate teórico sobre las cuestiones del desarrollo planteaba que la solución al problema del subdesarrollo se encontraba en el aumento del volumen de las transferencias de recursos a los países periféricos . Desde ese momento se inició la subordinación del crecimiento al reembolso de la deuda y la dependencia de los aportes de capital extranjero; prácticamente se había legitimado el reconocimiento de la responsabilidad de las naciones industrializadas para con los países en vías de desarrollo. La deuda comenzaba a crecer por sí misma y a comprometer al propio desarrollo para el cual había nacido. La teoría dominante al servicio de los potentes Estados occidentales, y de los Estados Unidos en modo particular, planteaba tesis surrealistas con el fin de buscar medios y lugares en los cuales descargar la crisis de sobreproducción y encontrar nuevas fuentes de ganancias. Los organismos internacionales (teóricamente super partes, aunque en realidad dominados por los Estados Unidos) como el FMI o el Banco Mundial, cumplían su rol en el desmantelamiento de las débiles defensas de la industria de capitales nacionales en los países periféricos y, de esta forma, entraba en juego el mecanismo de los préstamos y las “ayudas”. Se decía que faltaban capitales en países en los cuales había sobreabundancia de recursos; se definía como ayudas al saqueo de los préstamos e inversiones extranjeras, y al drenaje de la riqueza que se hubiera conseguido; en América Latina se llamaba a los latifundistas a que realizaran la reforma agraria, o a la oligarquía a que aplicara la justicia social. Sustrayendo de la región muchos más dólares de los que se habían introducido, los prestamistas se enriquecían y los países beneficiarios, en lugar de desarrollarse, se empobrecían.

Considerando que el crédito es el correlativo de la deuda, se puede notar cómo este fenómeno, llamado «espiral de endeudamiento”, es una forma típica de acumulación de ganancias del actual sistema económico capitalista. En esta situación, la única cosa que queda de lo ‘transitorio’ en los movimientos de capital, no es una entrada inicial en pos de un crecimiento a largo plazo (como lo suponen las teorías del desarrollo), sino especulación financiera y, precisamente, volatilidad.

Si se observa la suma efectivamente puesta a disposición del flujo bruto de recursos de entrada menos el flujo bruto de salida debido a los servicios de la deuda, es clara la ausencia absoluta de una relación positiva entre el recurso a los préstamos externos y el desarrollo. Desde el ’83, los flujos de salida debidos al servicio de la deuda se tornaron mayores que los flujos de entrada, verificándose una situación paradojal: el volumen de recursos a disposición de los deudores era inferior a los que habrían tenido en ausencia de la deuda. Esto sucedió en varios países de América Latina, los cuales, tras una serie de vínculos de dependencia con los países más ricos, más que ante el despegue tan esperado se reencontraron ante una vorágine de endeudamiento que prosigue hasta el día de la fecha. En realidad, la caridad internacional no existía, sino que surgía a partir de los asuntos internos de los países donantes, los cuales esencialmente se ayudaban a sí mismos.

Hoy, la extrema volatilidad de las tasas de cambio y de interés, y las recurrentes crisis de insolvencia, llaman la atención sobre la vulnerabilidad del sistema financiero. Desde los años ’80, los tenedores de intereses son principalmente instituciones financieras privadas, y no una infinidad de ahorristas; su exposición es tan alta que confiere un elevado nivel de fragilidad a todo el sistema. Hasta que pudieron, los bancos no dudaron en prestar fondos a los países endeudados; el objetivo era exprimir la mayor cantidad posible de intereses(2). Con los préstamos de un banco, se pagaban los intereses de deudas contraídas con otro y, de esta forma, el sistema bancario de conjunto financiaba el pago de los intereses, pero cada banco particular mantenía la ilusión de obtener el pago de los intereses y el reembolso de sus préstamos otorgados.

A partir de los años ’80, tuvo lugar la más importante transferencia de recursos desde países endeudados hacia el resto del mundo, con el consiguiente agravamiento de los desequilibrios internos, sectoriales y globales de los países más pobres. Desde el ’82, una serie de crisis de la deuda en los países emergentes ha dominado el escenario económico in- ternacional(3), presentándose nuevamente y con toda claridad en los últimos veinte años.

Argentina es uno de estos países.

La crisis argentina
Argentina es un país que, en el curso de pocos años, ha acumulado una deuda de vastísimas dimensiones y que, a finales de 2001, se encontró frente a una crisis tan profunda como previsible. La crisis no fue sino el desenlace de una larga serie de desequilibrios acumulados y dejados de lado durante muchos años. Fue el resultado de un modelo económico conocido como ‘neoliberal’ que, primero bajo la dictadura, luego bajo la democracia, fue instrumentado por medio de la desregulación de los mercados.

 

Los años de la dictadura militar fueron los de la primera apertura consistente del sistema argentino al mercado de capitales. Las políticas económicas de este período promovieron: la apertura comercial y financiera al exterior, la liberación de los precios, la reducción de los subsidios a las empresas, la concentración de la riqueza a través de la redistribución de los ingresos de manera inversa en relación con los asalariados, la internacionalización de la economía en dirección a la agroexportación, la dependencia del financiamiento exterior y el desmembramiento del aparato productivo. La industrialización sustitutiva dejaba su lugar a la especulación financiera, que arrastraría al país en una espiral de endeudamiento cada vez más profunda. La deuda externa del ’76 al ’83, pasó de 8.279 millones de dólares a 45.087 millones, por un valor del 50% del total de las exportaciones y del 9% del PBI. En 1983, el 90% de esta suma estaba constituida por deuda financiera y el 10% por deuda comercial; casi la mitad de la deuda financiera, el 44%, servía a financiar la exportación de capitales y el 33% a pagar los intereses y las amortizaciones.

 

Todo esto tenía lugar en un momento histórico en el cual los superávit financieros producto de los shocks del petróleo brindaban fuentes de financiamiento muy accesibles. El argentino no era el único caso de subyugación de una economía nacional a los intereses extranjeros, sino que se insertaba en un contexto en el cual muchos países latinoamericanos estaban igualmente involucrados en esta lógica de dominio y de capitalismo parasitario. Los regímenes militares, en pocos años, habían drenado gran parte de los excedentes de capitales provenientes de los países dominantes.

 

La modalidad de intervención en los años ’90 siguió orientada a la liberalización de los movimientos de capital y de la política comercial. El gobierno de Carlos Menem dio inicio a una fase que aparentaba ser de renovado bienestar: el último destello de optimismo antes de la catástrofe. Entre el ’90 y el ’91, bajo la bandera del Consenso de Washington, Menem privatizó compañías aéreas, televisión, correo, teléfonos y ferrocarriles; realizó recortes en los gastos públicos (sobre todo en los sectores de salud, educación y justicia), devaluó el austral y realizó una apertura a las inversiones extranjeras. Después de esto, Domingo Cavallo, en el ’91, adoptó la convertibilidad, que fijaba rígidamente la tasa de cambio entre peso y dólar; de esta forma, daba la seguridad de que, al momento de retirar los capitales del circuito financiero argentino, no habría pérdidas vinculadas con las variaciones del cambio. Desde 1991 a 1998, la adopción de este plan parecía demostrarse como un éxito. El programa de estabilización basado en la ley de convertibilidad y el desprendimiento de propiedades públicas por medio de la privatización de las empresas del Estado (el 66,3% de las empresas nacionales fue adquirido por empresas extranjeras) permitieron una temporaria reestabilización de las finanzas públicas. Pero la estabilidad monetaria, la creación de un cuadro normativo favorable a los inversores extranjeros, la flexibilidad laboral, la liberalización del régimen de cambio, la solidez de la política macroeconómica, eran todos instrumentos individuales de un mismo mecanismo especulativo. Cavallo conciliaba los intereses de los grandes financistas mundiales con los grupos económicos internos dominantes. Así como había hecho en el período de la dictadura, daba ventajas a los empresarios y financistas locales y al capital financiero; asociando a unos con el capital extranjero en las privatizaciones de las actividades estatales, y a los otros con la garantía de beneficios y fáciles ganancias.

 

En el mismo período, la economía norteamericana seguía creciendo, a costa de otras economías, utilizando una táctica especulativa bien precisa: creaba las condiciones ideales para que los capitales pudieran ingresar y mantenerse sin impedimentos en los mercados extranjeros, el tiempo justo para extraer ganancias, para después, con la misma facilidad, salir y transferirse a otro lugar. De esta forma, la otra cara de la moneda de la deuda externa argentina, acumulada primero bajo forma de préstamo, luego como inversiones de portafolio, no era otra que el crédito, cada vez mayor, que tenía en los Estados Unidos a su principal beneficiario y acreedor. En pocos años, el crédito privado especulativo, de ningún modo ligado a la producción, había aumentado enormemente.

 

El gobierno menemista concluía con una deuda externa que, en una década, se había duplicado y cuyos intereses absorbían casi el 25% del presupuesto nacional. El déficit fiscal era cercano a los 10 mil millones de dólares y la deuda pública total superaba la mitad de lo que producía el país: pasó del 25% del PBI al inicio de los años ’90 al 52% en 2001.

 

Argentina, en todos estos años, privatizó, recibió inversiones extranjeras, mantuvo la convertibilidad con el dólar y, finalmente, acumuló una deuda de proporciones increíbles. Todo esto fue resultado de un modelo económico liberal; la receta ordenada y monitoreada por el FMI(4) y por los otros organismos de crédito internacional, perfectamente alineados con la estrategia de expansión del sistema capitalista a escala mundial. El FMI se refería al país como «el alumno modelo”, el «mercado emergente sin contraindicaciones», símbolo del éxito de la integración de la economía en las relaciones internacionales y de la aplicación puntual de las recetas sugeridas(5). Pero, mientras tanto, los problemas macroeconómicos acumulados arrastraban al país a una fase de recesión.

 

La crisis fue precedida por dos años de estancamiento económico, por la excesiva apreciación del peso y el persistente deterioro de los ingresos fiscales. Esa situación hizo crecer los temores sobre la capacidad del gobierno para pagar sus deudas y sobre la posibilidad de una devaluación inminente. A partir de entonces, el fundamento de estas dudas se fue mostrando cada vez más acertado; el financiamiento, tanto nacional como extranjero, comenzó a ser dificultoso. Las condiciones terminaron de agravarse a finales de 2001, cuando los especuladores comenzaron a retirar fondos de sus depósitos bancarios, forzando al gobierno a declararse incapaz de honrar las deudas adquiridas.

 

La era de la convertibilidad no era sólo un esquema monetario; era un verdadero proyecto de dominación, en el cual la estructura económica terminaba enteramente en manos extranjeras. En ese contexto, maduraba el más preocupante clima de desconfianza en la política y en las instituciones. De diciembre de 2001 a enero de 2002 cayeron, uno tras otro, como en un juego de bolos, cinco presidentes.

 

El colapso de Argentina, en términos de repercusiones económicas y sociales, ha superado todas las crisis recientes de los países periféricos: expropiación de los pequeños ahorristas, bancarrota de las fábricas, cierre del comercio, devaluación de la moneda, empobrecimiento masivo, desocupación generalizada, desaparición de la clase media y fuga de cerebros. Jamás había tenido lugar un colapso de este tipo en un país de América Latina con los índices de desarrollo social más cercanos a Europa.

 

La recuperación ilusoria

 

La recuperación de la economía argentina tuvo un curso bastante inmediato; a principios de 2002 se llevaron a cabo reformas financieras y de política cambiaria, cuyo objetivo principal estaba dirigido a la reorganización del marco macroeconómico. Los principales factores de la recuperación de la primera mitad de 2002 se podían encontrar en el ajuste del comercio exterior (la devaluación, el aumento de las exportaciones, el superávit de cuenta corriente y la reanudación de la producción nacional eran claras consecuencias) y en el papel del Banco Central (los préstamos del Banco Central al gobierno y a otros bancos permitían un mayor control sobre el sistema financiero y la circulación del dinero). El mercado de divisas se encaminaba a un proceso de estabilización. A finales de 2002, las presiones inflacionarias comenzaron a disminuir (en junio, el peso se había devaluado un 74,2%, haciendo subir la inflación semestral al 30,5%; con la apreciación posterior del peso, la inflación volvía a disminuir y ya en el segundo semestre de 2002 marcó una tasa de 8%), las reservas internacionales aumentaban (en los primeros meses del año se habían reducido en un 50%) y las tasas de interés disminuían.

 

La situación comenzó a estabilizarse en la segunda mitad de 2002, pero 2003 fue el año en el que realmente se pudo hablar de «recuperación». Con la elección de Néstor Kirchner parecía que la relación entre la política y la sociedad, fuertemente comprometida en años anteriores, se hubiera restaurado y que finalmente se recomponía un clima de estabilidad política y económica. Sin embargo, para evaluar la situación en su conjunto, no se puede dejar de recordar que la recuperación se inició a partir de niveles muy bajos tras la crisis. La estabilización parecía indicar el camino de una recuperación apreciable, pero efectivamente era más una cuestión propagandística que real; de hecho, mientras la economía volvía a crecer a un ritmo sostenido, la regresividad distributiva seguía afectando al sistema.

 

Evaluando los indicadores económicos del período posterior a 2002 hasta la actualidad, se puede ver claramente una continuidad en el proceso de crecimiento del PBI de la Argentina. En 2005 se tocó un pico del 9,2%, una tendencia entre el 8 y el 9% en el 2006-2007, y una leve desaceleración en 2008. El crecimiento que hubo durante todos estos años fue, en su mayoría, producto del aumento de la producción de bienes destinados a la exportación y de los resultados de las empresas orientadas al comercio exterior que, sin embargo, no crearon ningún beneficio para la población. Es evidente que para este éxito económico contribuyó mucho también la llegada de nuevas inversiones y préstamos bancarios, sin los cuales no se habrían alcanzado los niveles récord de los últimos años. Muchos economistas han analizado con extrema confianza las potencialidades del modelo económico argentino alegando que la situación distaba mucho de la posibilidad de generar más crisis, pero no dijeron nada acerca de la vulnerabilidad del sistema y mucho menos sobre el deterioro de las condiciones sociales.

 

La recuperación de Argentina ha sido una reacción cíclica a la catástrofe precedente, y se produjo en una coyuntura internacional particularmente favorable. Una vez terminada esta etapa, en efecto, frente a una disminución de la demanda extranjera, los viejos temores se han vuelto a manifestar.

 

La nueva crisis de la deuda

 

Hoy, la situación parece evolucionar de una forma totalmente opuesta a las previsiones optimistas del período posterior a la crisis. Desde el último trimestre de 2008, y con mayor intensidad en el primer semestre de 2009, la economía ha comenzado a resentirse fuertemente por los efectos negativos de la crisis internacional. Desde 2007, Argentina sufre una fuga de capitales superior a la que tuvo en la antesala de su última crisis financiera; las exportaciones han caído, los precios de los productos primarios han comenzado a disminuir y el costo de la deuda creció. A esto se añaden problemas locales, como el constante aumento de la inflación y el conflicto del gobierno con el sector agrícola. Al final del primer semestre de 2009, el presupuesto de la economía argentina ha mostrado una consistente inversión respecto de la tendencia positiva de los años anteriores, y el proceso de desaceleración sigue su curso.

 

Al parecer, las perspectivas económicas dependen todavía de la evolución de la situación internacional, de los cambios en la demanda de bienes para la exportación y de la recuperación de credibilidad en los mercados financieros. El esquema actual de la economía evidencia la centralidad del régimen agro-exportador, la prioridad industrial de la sustitución de importaciones y la continuación del sistema de renta financiera. La declinación social se expresa por medio de la disminución de los salarios, el aumento del trabajo informal, la precariedad del sistema jubilatorio y el aumento de la pobreza. La deuda sigue siendo un problema sin resolver, y la dificultad para obtener financiamiento en los mercados internacionales vuelve a plantear la problemática de 2001. Tras la reestructuración de 2005, según las estimaciones oficiales, la deuda se habría reducido de un total de 178,8 mil millones de dólares (diciembre de 2003), alrededor de 140% del PBI, a 126.567 millones (31 de marzo de 2005), que representa 73% del PBI. Según los datos oficiales del BCRA, la deuda total a fines del primer trimestre de 2009 sería de 136,7 mil millones de dólares, es decir, 48% del PBI (este monto excluye a los acreedores que no han aceptado la oferta). La desaceleración de la economía y la reducción de los ingresos fiscales del Estado han hecho necesaria, en 2008, la reprogramación de determinadas cuotas de la deuda que no se habrían podido pagar (una operación que, a largo plazo, la hace más costosa). El recurso a los mercados internacionales se ha convertido en imposible a partir del cierre de relaciones con el FMI, el estancamiento de las negociaciones con el Club de París y el capítulo irresuelto de los holdouts no permiten que Argentina pueda beneficiarse de la credibilidad necesaria para acceder a financiamiento exterior. La agencia internacional de calificación J.P. Morgan llevó el riesgo país de Argentina de 600 a 1.800 puntos de julio a diciembre de 2008.

 

Hoy, Argentina está de nuevo ante la imposibilidad de pagar la deuda y todo hace pensar que, de aquí a poco, la situación desembocará en una nueva declaración de insolvencia. La situación actual es la mayor demostración de la continuidad de un modelo con fuertes desequilibrios internos y vínculos de dependencia externa. En Argentina parecen persistir dos datos estructurales irremediables: la pobreza y la deuda. Para comprender cómo se llegó a estos niveles, es necesario contextualizar la situación en el marco internacional y hacer un racconto de todos los determinantes que tuvieron intervención en el período posterior a la crisis: de la deuda a la restructuración, del colapso de la economía mundial a la caída de las tasas de cambio, y de esta situación nuevamente a la deuda.

 

La reestructuración insostenible

 

Cavallo había dejado, en diciembre de 2001, una acumulación de la deuda pública equivalente a 144.500 millones de dólares(6) (84.600 millones de deuda externa y 59.900 millones de deuda interna), que se habían reducido a 114.000 millones en abril de 2002 por efecto de la devaluación. A partir de ese momento, Lavagna (reconfirmado por Kirchner como ministro de Economía) multiplicó la emisión de títulos destinados a sostener los capitales afectados por la salida de la convertibilidad y el pasivo alcanzó, en diciembre de 2003, 178.800 millones de dólares. Ya en este período habían comenzado las negociaciones para la elaboración de un plan de reestructuración tras la crisis. En septiembre de 2003, el gobierno aprovechó la reunión anual del FMI y del Banco Mundial en Dubai para presentar una propuesta que esbozaba las líneas principales y la agenda a seguir para la renegociación.

 

La oferta de canje de la deuda de la República Argentina comenzó el 14 de enero y finalizó el 24 de febrero de 2005; el 3 de marzo, el gobierno anunció que el grado de aceptación había alcanzado el 76% de la deuda en default. La operación argentina se presentaba como la mayor reestructuración en el país y afectaba a todos los títulos colocados hasta diciembre de 2001 según 152 emisiones diferentes, y en siete monedas distintas. Dada la complejidad de la operación, y con el fin de negociar con los tenedores de los bonos y encontrar un acuerdo satisfactorio, el gobierno decidió hacer participar a siete grupos de bancos extranjeros y tres locales. Kirchner la calificó con satisfacción como «la negociación más exitosa de la historia». Al parecer, no faltaban elementos para apoyar este entusiasmo; después de todo, se hablaba de una deuda que al 31 de diciembre de 2004 alcanzaba los 191.300 millones de dólares (es decir, 134% del PBI) y que, finalmente, después de un largo proceso de negociación, se reducía en su monto debido a una salida parcial del default más importante del país, que había comenzado ya hacía 38 meses. Se llevó a cabo el intercambio únicamente para la parte en default. Cavallo ya había hecho ese tipo de transacciones con el plan Brady y el megacanje; el mecanismo era el mismo, pero esta vez se adaptaba a un default mayor a 81.800 millones de dólares sobre un total de la deuda que, en febrero de 2005, llegaba a los 181.000 millones. El canje se realizó en un momento en que las tasas de interés internacionales eran excepcionalmente bajas y con pagos en plazos muy largos, con vencimientos de hasta 42 años.

 

Con la reestructuración se renovaban las obligaciones que estaban perdiendo su cuota de mercado; se sustituirían los títulos devaluados con tres tipos de bonos (par, discount y semipar), con descuentos, tasas, plazos y monedas diferentes(7). De los 191.300 millones de la deuda en el 66% estaba denominado en dólares, el 15% en euros, el 3% en yenes, un 3% en pesos argentinos y el 13% en otras monedas. Después de la reestructuración (excluyendo el monto de la deuda de los tenedores de títulos que no aceptaron el canje), sobre 125.200 millones de dólares el 37% estaba denominado en dólares, otro 37% en pesos, 14% en euros, 20% en yenes y el 10% restante en otras monedas. De esos datos se puede observar cómo cambió la denominación de los títulos.

 

Ya en el período inmediatamente sucesivo a este canje, algunos especialistas sostuvieron que la reestructuración de la deuda en default no benefició al país entero (como declaraba el gobierno de Néstor Kirchner), sino que, en realidad, escondía grandes posibilidades de negocios para las sociedades financieras a expensas del pueblo. Efectivamente, el gobierno, con este acto, no inauguró una ruptura con la lógica liberal(8) sino que, por el contrario, acordó muchas concesiones a los acreedores más poderosos; esto resulta obvio si se comparan las propuestas originales de Dubai con la versión final de la oferta de canje. La reducción de deuda fue de 40.000 millones de dólares, es decir el 50% en términos nominales. De cualquier forma, una cuota inferior al 75% que Néstor Kirchner había propagandizado y reconocido como una negociación digna, en defensa de los intereses de la Nación.

 

La salida de la crisis de la deuda por medio de la reestructuración de 2005 fue totalmente ilusoria; la renovada y actual incapacidad de hacer la frente a los intereses contraídos es la prueba evidente de la fundada sospecha que los especialistas alimentaban desde entonces. La vulnerabilidad del actual sistema económico es la consecuencia directa de la renegociación realizada por Kirchner y Lavagna, quienes cometieron una serie de inexplicables ‘errores’, dada la extrema previsibilidad de los resultados que implicaban algunas decisiones. Lavagna hizo un plan de sostenibilidad de la deuda del que se puede decir, como mínimo, que era inadecuado, que habría conducido inexorablemente a recurrir al mercado de préstamos.

 

Para hacer atractivos los nuevos bonos emitidos, se incluyeron cláusulas muy favorables en la oferta de canje. El 76% de los acreedores(9) aceptó la oferta de canje bajo las siguientes condiciones: una tasa de interés garantizada del 10-11% anual en dólares, dos veces y media mayor que las tasas de interés internacionales en 2005; el hecho de que buena parte de la deuda nueva (más del 40%) estuviera compuesta por títulos emitidos en pesos argentinos a una tasa de interés fija del 2% y con capital ajustado según el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)(10)

 

Estas cláusulas, adoptadas para lograr que los acreedores adhieran al canje, son la base de la nueva deuda: el ajuste del capital por inflación, por ejemplo, significaba que por cada punto adicional de ésta la deuda crecería cerca de 600 millones dólares. Por otra parte, los bonos emitidos en moneda extranjera, que estaban atados a la tasa de crecimiento del PBI, obligaba a pagar intereses en forma geométrica, en función de los buenos resultados de la economía argentina en el período posterior a la crisis; es decir, esto costó (en término de intereses) aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, considerando que Argentina, hasta 2008, había tenido tasas de crecimiento superiores al 8%. Además, había otro aspecto, ligado a la evolución del cambio, que influía sobre el endeudamiento argentino: el 86% de la deuda fue emitida en pesos y dólares, pero el 14% restante se realizó en euros, yenes y otras monedas que se estaban apreciando/revaluando respecto del dólar (el cual, mientras tanto, se devaluaba junto al peso). Todo esto producía un ajuste técnico posterior por la diferencia del tipo de cambio, que aumentaría incluso más la deuda.

 

La deuda pública argentina se dividía en tres partes: una era la contraída con los organismos internacionales, que se pagaba normalmente. Una segunda parte era la deuda contraída después de la crisis de 2001 (que permitió resolver el corralito, endeudando a toda la sociedad en beneficio de los bancos y de los inversores), que se pagaba regularmente usando fondos del Estado y restringiendo otros gastos o inversiones sociales necesarios. Por último, la parte de la deuda del canje, con vencimiento hasta 2045, constituía una verdadera y real hipoteca para las generaciones presentes y futuras.

 

La renegociación previó en efecto un alargamiento de los plazos de los bonos desde una media de 27 años hasta algunos que llegan a 42, lo que produjo una redistribución positiva de los pagos en un lapso más largo; además, los nuevos intereses, siendo mucho más altos que los del mercado internacional en 2005, fueron más bajos que aquellos precedentes de la reestructuración. Pero los compromisos para afrontar los vencimientos de la deuda eran de características tales que constituían un verdadero compromiso para las siguientes generaciones, hasta alcanzar una suma igual a 62.500 millones de dólares en los años siguientes a 2005(11), con una fuerte incidencia en los primeros tres: 13.500 millones de dólares en 2005; 14.900 millones en 2006; 13.500 millones en 2007; 9.200 millones en 2008 y 11.400 millones en 2009. Dada esta situación, toda la política económica estaba subordinada a las condiciones que imponía el pago de estas sumas y, sobre la base de tales obligaciones, el país se encontraba obligado a mantener un superávit fiscal mínimo del 3% del PBI durante muchos años, obligando a la población a grandes esfuerzos, al menos por los treinta años siguientes.

 

El plan del ministro de Economía, Lavagna, era el siguiente: crear un superávit fiscal permanente de forma de saldar los futuros intereses de la deuda. El efecto que implicaba este compromiso era una medida parecida a aquella que se adoptaba para convertirse en miembro pleno del FMI; es decir, significaba perpetuar la política de ajuste estructural de los últimos años y reforzar el modelo agroexportador de la economía para mantener algunos estándares económicos. Ligar el sistema económico a la variable predefinida del superávit fiscal fue una medida similar a la del sistema de convertibilidad con el dólar: se buscaba ofrecer garantías de estabilidad a los acreedores con el compromiso de mantener un excedente que impusiera cierta disciplina, pero los límites de un sistema de este tipo eran evidentes para todos. El superávit fiscal de 2004, por ejemplo, fue el resultado de los recursos extraordinarios procedentes de las retenciones sobre las exportaciones de trigo y petróleo, pero sobre todo fue fruto de una reducción de los gastos del orden del 20% respecto de 2001, que ya entonces resultaban insuficientes, y de un sistema impositivo regresivo. Según un análisis de Ismael Bermúdez, el excedente fiscal de los años siguientes al default no se explicaba por una mejoría del sistema de recaudación tributaria sino esencialmente por la reducción de los gastos, que fueron inferiores en valores constantes a los de 2001. El ajuste fue de tales dimensiones que el excedente del 3,9% de 2005, comprometido en los pagos al exterior, fue superior al presupuesto destinado a salud, educación, infraestructuras y agua potable. Por cada peso utilizado para el pago de la deuda, sólo 75 centavos se destinaron a los servicios esenciales para la comunidad. Es obvio que tal medida recaería sobre las condiciones sociales de la mayoría de la población, la que, en un contexto de pobreza generalizada, posteriormente vio reducirse los fondos necesarios del gasto público.

 

Lo que Lavagna omitió en las entusiastas declaraciones sobre el uso del superávit como medio de pago del pasivo fue que la continuidad de la eficacia de un método tal -además de consolidar la explotación del pueblo por varias generaciones- habría requerido las mismas circunstancias internacionales favorables que prevalecieron durante todo 2004. Aquel año, en efecto, hubo una buena situación tanto en el sector comercial, con el aumento de los precios de los bienes exportables, como en el sector comercial, con tasas de interés muy bajas, además de la capacidad del sistema interno de reaccionar rápidamente a la depresión post crisis. En aquel entonces Argentina se encontró en una coyuntura económica propicia, pero en caso de que la tasa de crecimiento hubiera empezado a ralentizarse (como ahora está sucediendo), las dificultades habrían emergido con fuertes repercusiones sobre la sustentabilidad del sistema. Mantener el superávit fiscal del 3% significaba mantener el clima económico predominante en el afortunado período 2003-2004 y respetar una tasa de crecimiento del PBI del 8 ó 9% anual, lo que a su vez habría requerido la duplicación del ritmo de las inversiones justo cuando la restricción fiscal redujo el margen de maniobra para promover políticas económicas que estimularan las actividades productivas. Así, aunque la totalidad del superávit previsto para los años siguientes hubiera sido suficiente para afrontar una parte de los pagos, para el resto Argentina habría tenido que buscar financiamiento en el mercado internacional o en el mercado interno, lo que significaba nuevos negocios para el sector financiero local y extranjero.

 

Argentina ha pagado durante mucho tiempo los intereses adeudados y ha amortizado capital, pero cuando esto no ha sido posible (porque los gastos superaban la alícuota del superávit fiscal destinado a tal fin), los intereses no pagados han sido capitalizados y los plazos refinanciados. Así ha seguido creciendo el círculo vicioso de la deuda. Lo que Kirchner denominaba normalización de la economía, se limitaba en realidad a las relaciones con el exterior: la reestructuración de la deuda tenía como prioridad un traslado de fondos al extranjero, y luego la búsqueda de capitales para el refinanciamiento y para las necesarias inversiones productivas. Lavagna recibió muchos elogios al final de la reestructuración, como Cavallo al principio de la convertibilidad; la salida del default despertó mucho entusiasmo, al igual que la baja de la hiperinflación. Por otra parte, se sabe, no hay mejor negocio que la especulación con los bonos de los países periféricos: mientras los títulos del tesoro norteamericano rendían cerca de 4,06% cada año, los títulos argentinos garantizaron un rendimiento del 11-12%.

 

El sistema de reestructuración adoptado no permitía de ningún modo anular la deuda, mucho menos pagar los intereses de manera indolora y sin recurrir a financiaciones ulteriores; se trataba sencillamente de ‘patear para adelante’ sin ninguna perspectiva futura más que la de asegurar nuevos beneficios a los capitalistas en busca de terreno fértil para sus inversiones. La nueva deuda después de los primeros meses de la reestructuración (considerando la suma de 19.800 millones de dólares de los poseedores que no aceptaron el cambio) fue de alrededor de 145.000 millones de dólares, más o menos el 84% del PBI, mientras que antes de la devaluación esta relación era del 57%. En diciembre de 2001 la deuda llegó a 144.500 millones de dólares; lo que demuestra cómo no se verificó de hecho una real reducción de la deuda sino un aumento de 500 millones sólo en aquel año. El superávit fiscal de Lavagna garantizaría la consolidación de la miseria, la segmentación social definitiva y la exclusión duradera de la mitad de la población por varias generaciones.

 

Con la operación de reestructuración, Kirchner no ha hecho otra cosa que reafirmar su autoridad política dentro de la clase dominante: es emblemático el ejemplo de los Préstamos Garantizados (PG), títulos de la deuda pública argentina recientemente implicados en un proyecto de canje.

 

Estos títulos provienen esencialmente del megacanje(12), el ‘canje estafa’ que permitió efectuar la enorme maniobra financiera que sirvió para hacer salir indemnes de la crisis argentina a los bancos internacionales; los mismos bancos que hoy se han derrumbado con la última crisis internacional. Según un estudio del CADTM (Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo), la maniobra de saqueo y fuga de los especuladores en Argentina ocurrió en cuatro actos y con tres canjes sucesivos de los títulos de la deuda, que acabaron con la instauración del corralito.

 

El primer acto fue la creación del blindaje, un paquete de ayudas extraordinarias concedido por el FMI, el BM, el BID y el gobierno español. Estas ayudas sirvieron para crear la ilusión de la reconstrucción de un mejor clima financiero y la existencia de un rescate para la Argentina: los ahorristas interiores fueron persuadidos (con una desinformación general) para invertir en bonos de la deuda soberana próximos a caer en default. Con este acto, el FMI, el Banco Mundial y España se convirtieron en los grandes financistas de la fuga de capitales que estaba a punto de llevarse a cabo; mientras tanto, los bancos y las empresas extranjeras se pusieron a salvo de la catástrofe que se acercaba.

 

El segundo acto consistió en preparar el megacanje, un canje de bonos que serviría para aliviar al Estado del peso de la deuda. En realidad estaba recargándolo aún más, con un incremento de la deuda de 55.000 millones de dólares —preparando así el futuro ‘descuento’ de Kirchner sobre los títulos reestructurados. De este modo, los bonos que estaban en el extranjero entraron en los bancos argentinos, o en las sucursales argentinas de bancos extranjeros.

 

El tercer acto fue el canje de las reservas disponibles en los bancos argentinos (RML -requisito mínimo de liquidez) con los bonos del megacanje o con cualquier otro título público al alcance de la mano. Con esta práctica fueron transferidas al exterior enormes cantidades de dinero en efectivo con el que podía contar el sistema financiero argentino.

 

El cuarto acto fue la decisión del corralito bancario, visto que ni los bancos ni el sistema habrían podido funcionar sin reservas. Cavallo, gracias a estas operaciones, salvaría a los institutos de crédito de la bancarrota, y endosó al país el costo de la crisis. Los pequeños ahorristas fueron quienes, con la trampa de los depósitos, pagaron los costos, mientras las grandes empresas ya habían transferido sus depósitos. Los bancos comerciales a fines de 2000, dada la previsibilidad de la inminente crisis – generada justamente por su usura respecto al Estado, a las provincias y a los ciudadanos- se prepararon para estar a salvo y efectuar la incipiente fuga de capitales. Antes del corralito hubo una fuga de capitales de 22.000 millones de dólares.

 

Al mismo tiempo se realizó el tercer canje autorizado por el decreto de necesidad y urgencia 1387/01, convirtiendo los títulos del megacanje en préstamos garantizados. Con este último canje se cubrió el hurto de las reservas bancarias y se intentó esconder que la fuga de los depósitos bancarios no había sido solucionada, en realidad, con las reservas del sistema -defraudado- sino a través de una feroz reanudación de préstamos bancarios al sector privado que se practicó durante todo 2001, hasta que, colapsada definitivamente la actividad productiva, se precipitó en la crisis de fin de año. Con los PG se logró evitar que los títulos del megacanje cayeran en default, y se consiguió que entraran en la reestructuración de la deuda.

 

Según el estudio del CADTM, fue así que los bancos, con una capacidad de maniobra increíble, perpetraron una triple estafa: ante todo se apoderaron de las reservas pertenecientes a los ahorristas, reemplazándolas por títulos públicos, luego se preocuparon de que estos títulos no cayeran en default y, por fin, se cercioraron de que el Estado se hiciera completamente cargo de los costos del corralito y de la pesificación asimétrica. Los latrocinios como los de los préstamos garantizados no son para nada una realidad nueva en Argentina. Tal maniobra se ejecutó durante un gobierno democrático de molde aparentemente ‘progresista’, en el que presumiblemente funcionaron organismos independientes de control y justicia.

 

En 2007, como era previsible, con la crisis internacional, la situación de la deuda argentina se ha agravado ulteriormente. Muchos analistas y el gobierno nacional sostuvieron largamente que las turbulencias financieras mundiales no golpearían al país y que la economía estaba sólida; al mismo tiempo, sin embargo, se esperaba que la crisis no derribara los precios de los principales bienes de exportación y se miraba con alarma la caída de los bonos y el alza del riesgo país. En virtud de las dificultades para honrar los plazos de los intereses sobre la deuda de 2009, los PG han sido objeto de una ulterior renegociación.

 

En octubre de 2008, el gobierno argentino anunció un refinancia- miento de una parte de la deuda, por 15.000 millones de pesos. El canje implicaba una parte de los préstamos garantizados, mediante la emisión de nueva deuda en títulos públicos a tasas de interés variables, y con vencimiento en 2014. En febrero, el gobierno concluyó la oferta de canje sobre esos títulos en posesión de bancos y fondos de pensión locales e internacionales El canje había cosechado consistentes adhesiones, cercanas al 97%; los principales poseedores de estos títulos eran los bancos Galicia, BBVA-Francés, Ciudad, Nación y Credicoop. Después de la reapertura del cambio con el 3% de los poseedores locales que no aceptaron la oferta, adhirió el 99% de los acreedores por un total de15.500 millones de dólares.

Sucesivamente, se propuso la misma oferta al mercado internacional y consiguió un porcentaje de adhesión del 42,6%. Sumando el sector interno y el extranjero, entraron en la operación de los PG cerca de 19.100 millones de dólares sobre 23.800 millones.

 

A cambio de los viejos títulos, ajustables según la inflación, los bancos recibieron un título en pesos con vencimiento en 2014. Estos títulos el primer año brindarán un interés del 15,4%, para luego (hasta la fecha de caducidad) estar vinculados según la tasa variable Badlar; es decir, la media aritmética simple de las tasas de interés de los depósitos bancarios privados de más de 1 millón de pesos, más 2,75 puntos porcentuales(13).

 

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, dijo que pagar la tasa Badlar a los bancos habría sido una solución para conseguir la estabilización automática del sistema financiero; pero en realidad este cambio no sólo prepara una sustancial mejoría en el pago de los intereses, que se duplican prácticamente, del 11% efectivo anual (CER más 4%) a más del 20% anual (Badlar + 2,75% anual), sino que además constituye una sustancial mejoría del flujo de los pagos a favor de los bancos a expensas del Estado. Los servicios de intereses pasarán a ser trimestrales en lugar de semestrales, lo que aumenta finalmente la tasa efectiva de interés. La modificación del tipo de interés y la modalidad de cálculo resulta particularmente ruinosa. Si la tasa Badlar llega al 20% anual, nivel que recientemente ha superado, significará un mayor pago a favor de los bancos, por más de 13.000 millones de pesos, casi equivalente al capital nominal de los PG reestructurados; todo eso se realizará a cambio de una prórroga, de algo más de dos años, del período de pago previsto por los PG con plazo entre 2009 y 2011. El costo de refinanciamiento por un período tan corto es obviamente desmesurado y lesivo de los intereses del país. La tasa variable podría ser muy perjudicial: en el pasado, préstamos conseguidos a tasas variables del 6% anual con los bancos internacionales a menudo acabaron con intereses superiores al 20% anual, dando así vida a las burbujas financieras.

 

Sobre los títulos canjeados, el gobierno ha simulado un descuento simbólico del 2%, aprobando una cuota nominal del 98%. Para los bancos es más provechoso un aumento de los intereses, también a costa de la disminución del capital, porque mientras el capital generalmente se paga al final, los intereses se pagan antes y periódicamente. Se trata de una tasa de interés impagable: el Estado se expone pagando el doble de los intereses a los banqueros, por importes por decenas de miles de millones de pesos. Es evidente que si todo eso es favorable para los banqueros, como siempre, los grandes perjudicados son los ciudadanos y el país, que sale robado. Los resultados de este canje son peores de los del famoso megacanje; pero, mientras tanto, el gobierno se jacta de haber conseguido un gran éxito y de haber reparado los errores de entonces.

 

Según la presidenta Kirchner, el canje habría demostrado las virtudes de la economía argentina y la ‘responsable’ gestión de la deuda pública. Pero el fuerte interés en renovar los PG manteniendo garantías a favor de los acreedores, con un altísimo costo para el país, y a cambio de un leve respiro en términos de plazos, evidencia que en los PG hay algo rancio. El gobierno ha caído en un acto que la justicia debería investigar porque, además de pagar una deuda odiosa, procedente del saqueo bancario de 2001, se pagaría dos veces la misma deuda fraudulenta, lo que sería un fraude todavía peor. La Kirchner, a pesar de la existencia de acciones penales abiertas contra la sucesión de operaciones fraudulentas como el megacanje o el corralito bancario, ha permitido el cuarto canje de la deuda pública.

 

La operación de cambio de los PG, además, esconde otro grave engaño. El gobierno se jacta de haber conseguido una adhesión de casi el 100% de parte de los bancos, pero omite que tanto el Estado como los bancos, en secreta complicidad, fueron prácticamente obligados a renovar los plazos de los PG. Esto sucedió, por un lado, porque el gobierno no tuvo fondos para pagar los plazos y, por el otro, porque los bancos estaban imposibilitados de recibir el pago para cancelar la deuda, puesto que los títulos no estaban en las manos del garante, la Caja de Valores(14), que habría tenido que devolverlos al Tesoro nacional una vez que hubiera anulado los PG. Esta obligación no pudo ser satisfecha porque los títulos, que indebidamente estaban en Nueva York, fueron secuestrados por el juez Thomas Griesa, a causa de la solicitud convenida con los poseedores de títulos argentinos que no aceptaron el cambio de Kirchner y Lavagna -holdsout(15). Tanto el gobierno como los bancos, así como la Caja de Valores, se niegan a dar una explicación plausible de por qué esos fondos estaban en Nueva York. Evidentemente, de 2001 al 2007, de Cavallo a los Kirchner, alguien cometió otra traición contra los intereses del país, que tanto el gobierno como los bancos tratan de esconder con el canje de los PG.

 

Hoy, a pesar de los pagos efectuados y las innumerables renegociaciones, la deuda vuelve de nuevo a crecer y a condicionar el desarrollo del país, justamente cuando éste celebra el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Para salir de la crisis y recobrar credibilidad en el mercado financiero, se habla de reabrir el canje con los holdsout y de saldar la deuda con el Club de París. El pueblo argentino es de nuevo víctima de una administración estafadora. No es casualidad que para la reapertura del canje de 2005 se haya nombrado a los mismos bancos que intervinieron en el famoso megacanje, en la conversión de la deuda a PG en 2001, y que fueron los que lideraron el saqueo de las reservas financieras el último año.

 

Recientemente, con la creación del «Fondo Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad», el gobierno ha decidido de nuevo privilegiar a los acreedores en detrimento de la mayor parte de la población. Este fondo está compuesto por 6.600 millones de dólares procedentes de las reservas internacionales del país y tiene como fin garantizar al menos la mitad del pago de los créditos que vencen en 2010. El objetivo último es siempre reinsertar al país en el sistema financiero internacional y acceder así a los préstamos con tasas de intereses inferiores a las que se pagan actualmente. Sustancialmente se opera en la misma lógica del famoso Blindaje, y tal como entonces se ponen las reservas del país como garantía de pago. La presidente Kirchner justifica el empleo de tal fondo como la continuidad de una política de desendeudamiento por medio del superávit fiscal y la acumulación de reservas iniciada en 2003.

 

En 2010, Argentina tiene que afrontar vencimientos de la deuda por 13 mil millones de dólares; 6 mil millones y medio probablemente se pagarán al Club de París y al menos otros 30 mil millones se reconocerán y recontratarán con los poseedores de títulos argentinos. De estos presupuestos emerge la absoluta voluntad del gobierno y la oposición de seguir indemnizando a los acreedores antes que gastar recursos en obras públicas y servicios sociales útiles a la población. El uso de estas reservas es sólo la última idea para cubrir la nueva crisis de la deuda.

 

A la luz de las acciones judiciales presentes en el país y del problema del embargo de los títulos garantizados por parte del juez Griesa, lo que debería haber hecho un gobierno honesto sería no efectuar ningún canje, e interrumpir el pago de la deuda al menos hasta que la justicia no haya agotado completamente la investigación sobre lo ocurrido en 2001. En cambio, como siempre ha ocurrido en la historia argentina, la Presidenta y sus ministros han transformado la deuda en ‘préstamos garantizados’ con los bancos en títulos de la deuda pública. Una salida parecida al Plan Brady de Cavallo en 1992, que transformó los créditos conseguidos por los bancos internacionales en títulos públicos. El resultado de esta operación ha mejorado temporalmente las condiciones de solvencia del gobierno pero, al mismo tiempo, está lejos de ser una solución y el país ha recaído en el círculo vicioso de la deuda. Ese círculo vicioso consiste en esto: buscar cada vez una forma de escamotear para seguir adelante y evitar el default.

 

Pero tal como entonces, después de sucesivos canjes y refinanciamientos, estos títulos darán vida a una burbuja financiera parecida a la que golpeó al país en 2001.

 

La crisis internacional y la caída de las tasas de cambio

 

Con la explosión de la crisis inmobiliaria estadounidense terminó la época del dinero a bajo costo. A diferencia de los colapsos económicos precedentes, esta vez la crisis ha encontrado su epicentro en el corazón del primer mundo y su rápida expansión se explica tanto por el peso de la economía estadounidense sobre la mundial como por el hecho de que el endeudamiento global de los Estados Unidos (del Estado, de las empresas privadas y de los inmuebles) era casi tres veces la capacidad de producción anual del país. Es una crisis de naturaleza sistémica que ha golpeado cada esfera del sistema productivo capitalista y que se ha iniciado mucho antes de la explosión de la burbuja especulativa, pero que ahora se muestra en todo su alcance con el retiro de los capitales del mercado y con la consiguiente desaceleración de las otras economías. Ahora se pide a los Estados intervenir para socializar el fraude de los banqueros, de los inversores y de los especuladores del capitalismo construido bajo la hegemonía ‘neoliberal’. Así, el Estado, que en general favorece la concentración industrial y bancaria, adquiere o interviene para sostener a las empresas en dificultad. La socialización de las pérdidas, bajo el nombre de intervencionismo estatal, es el medio al que recurre el capital cuando está en crisis.

 

Luego de agosto de 2007, cambió la situación de la deuda, tanto de los países periféricos como de los centrales. Hasta la segunda mitad de los años ’90, la deuda pública de los países en cuestión creció enormemente. En la actualidad, este aumento está adquiriendo proporciones alarmantes, pero con una tendencia histórica fundamental: los países de renta media ven un crecimiento de la deuda decididamente más consistente que los países más pobres.

 

En este breve período, la crisis del mercado hipotecario estadounidense se ha transferido a los mercados financieros locales de tres formas: con la rebaja de los precios de las actividades locales; exponiendo a los inversores y a los deudores a una suba de las tasas de interés a corto plazo en dólares; y frenando la posibilidad de colocación de la deuda en el exterior para los sectores público y privado, a causa del aumento del costo. Los países periféricos sufrieron importantes secuelas debido al endeudamiento externo. Las agitaciones del mercado internacional y las oscilaciones del dólar han hecho que el costo de los recursos localizables en los mercados internacionales aumentase y que el riesgo de los títulos de la deuda emitida por los países emergentes se ampliase, haciendo de este modo subir las tasas de interés. El aumento del riesgo a su vez ha producido una mayor volatilidad y en consecuencia la liquidación de las actividades especulativas extranjeras en estos países. La aversión al riesgo ha sido un factor relevante para todos los países periféricos porque ha tenido un impacto significativo sobre la dirección de los flujos de capital y se ha traducido en un enfriamiento de las posibilidades de obtener crédito.

 

América Latina ha resultado golpeada tanto en el plano financiero como en el productivo: las exportaciones cayeron debido a la reducción de las compras de parte de los países industrializados y, al mismo tiempo, los precios de las materias primas (los principales productos exportados por los países sudamericanos) han comenzado a bajar(16), el crédito disponible se ha vuelto escaso y la capacidad de maniobra de los gobiernos se ha reducido sensiblemente.

 

En el año 2008, las principales economías de Sudamérica habían tenido una discreta evolución económica con un crecimiento más o menos consistente, que comenzó a redimensionarse en el tercer trimestre del mismo período. La recesión de la región latinoamericana, de hecho, comenzó en el cuarto trimestre de 2008. El PBI de la región (que había crecido en promedio el 5% anual desde 2003 hasta 2008) en el primer trimestre del año 2009 disminuyó en tres puntos porcentuales.

 

El panorama de la deuda externa se ha vuelto más complejo en los últimos años cuando, en el contexto de una integración cada vez más fuerte de los mercados financieros y de las desregulaciones de los movimientos de capital, se ha generado una tendencia a la conversión de la deuda en títulos del mercado financiero interno. Otra característica del proceso de endeudamiento actual, en efecto, ha sido el crecimiento exponencial de la deuda interna pública de los países periféricos. La acumulación de superávit fiscales sólidos ha permitido a muchos países pagar el servicio de la deuda y, así, en muchos casos se ha cerrado el vínculo con los acreedores externos y el FMI.

 

Sobre todo en América Latina se ha observado una reducción importante de las cifras de la deuda externa, mientras la deuda interna ha crecido en forma notable. Si en el año 1998 la región mantenía una cantidad de deuda externa e interna más o menos similar, ya en el año 2006 la deuda interna representaba el triple de la externa.

 

En los últimos años se ha ampliado muchísimo la emisión de títulos nacionales y locales en toda la región. La emisión de este tipo de títulos por parte de los gobiernos de los siete países más importantes de la región ha crecido el 337% en el período comprendido entre finales de 1995 y 2005 alcanzando 895.000 millones de dólares, lo que representa, aproximadamente, el 40% del PBI agregado de todos estos países. Si se compara esa cifra con el volumen de títulos emitidos por esos mismos gobiernos en los mercados de deuda internacional durante el mismo período, se nota un crecimiento de apenas el 65%: 264.000 millones de dólares. Es evidente entonces que el mercado de obligaciones locales se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para el sector público y privado.

 

Según Eric Toussaint, tanto la deuda externa como la interna son cuestiones centrales en el sistema económico actual, porque reflejan un arma en la mano de los acreedores (o sea del FMI, el Banco Mundial, los bancos del norte y las clases dominantes de los países ricos y no ricos) para imponer a los pueblos de los países periféricos, con el apoyo de sus gobiernos, políticas liberales; es decir, en favor de las privatizaciones, de la supresión de los subsidios a los productos y a los servicios básicos, por el aumento del IVA y por otras medidas que significan de hecho una verdadera y auténtica recolonización.

 

Pero esta última crisis global demuestra también cómo el problema de muchos países de América Latina no reside exclusivamente en el acceso al crédito internacional sino en el vínculo persistente y estructural del modelo económico agro-exportador; o sea que el sector que sostiene un desarrollo centrado esencialmente en la extracción de recursos naturales para vender en el mercado mundial. Muchos países de la región siempre han tenido un bajo grado de autonomía de la economía, muy condicionada, a nivel financiero, comercial e industrial, por el funcionamiento del mercado mundial. Tal estructura económica, además de tornar precarias las condiciones de desarrollo, crea un vínculo de dependencia muy fuerte y difícil de erradicar con los países importadores. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países latinoamericanos han apuntado al sector agro-exportador para interceptar recursos financieros con destino a la industrialización o al pago de la deuda.

 

La agro-industria ligada al petróleo, al gas natural, a los metales, a la soja, continuó siendo la principal fuente de desarrollo de estas economías. Según la Cepal, las tasas de intercambio de América Latina han caído un 15% en el curso del año 2009. Los precios de las materias primas luego de la gran especulación de 2008 han caído, en febrero de 2009, respecto de su nivel máximo; los precios se han reducido en las siguientes proporciones: 51% para el petróleo, 18% para los productos alimenticios, 50,6% para el arroz, 47,9% para el maíz, 49,9 para el trigo, 37,9 para el cobre, 49% para los metales.

 

Un buen ejemplo de cómo el funcionamiento de la economía está ligado a los condicionamientos externos es el de la soja, el principal producto de exportación de países como Brasil, Argentina y Paraguay. El precio de este producto había tocado picos del orden de los 600 pesos por tonelada, para caer a casi la mitad en 2009. Lo mismo es válido para el precio del maíz, de los granos y de otros productos agrícolas, tanto como para el mercado de los biocombustibles También han caído los precios de los minerales. Los gobiernos y muchos académicos no parecen tomar conciencia de que están frente a una crisis del modelo agro exportador. El desarrollo alimentado por la exportación de bienes primarios encuentra límites externos muy fuertes, que sumados a los límites internos, expresados por los conflictos sociales locales y del impacto ambiental, producen fuertes desequilibrios.

 

Uno de los resultados de esta crisis es la importante cuestión agraria y de los ganaderos, que aflige a muchos países de América Latina. Se busca incentivar la actividad productiva en todo el territorio, hasta donde lo permite la infraestructura existente. La crisis genera un impacto ambiental durísimo y la agricultura familiar y campesina paga las consecuencias.

 

La agroindustria argentina

 

Argentina, como los otros países de la región latinoamericana, se ha orientado siempre a un tipo de desarrollo ligado a la exportación de productos agrícolas, pero fue sobre todo luego de las políticas liberales de Menem que se abrió definitivamente el camino al modelo agro exportador. Menem desmanteló las restricciones al desarrollo de este sector con una serie de decisiones; las más importantes fueron: anulación de los impuestos a las principales exportadoras y cancelación de todos los aranceles sobre la importación de herramientas e ingresos destinados a la agricultura, es decir aquello que había restringido la productividad reduciendo la utilización de fertilizantes, de maquinaria, etc. Un signo evidente del cambio que se estaba desarrollando fue también el incremento del flujo de inversiones exteriores sobre todo en algunos sectores como las oleaginosas (soja, girasol) y de la industria de la alimentación y labranza.

 

En 1997, la Argentina fue el primer país en autorizar la utilización de la soja Roundup Ready, de Monsanto, en sus cultivos. La soja es ahora el principal alimento de cría de ganado, del cual Argentina es un gran productor. Desde 1971 a 2002 los cultivos de campos de soja han aumentado de 37.000 a 11,6 millones de hectáreas y las cosechas han aumentado en sólo cinco años (del ’97 a 2002) en un 173%. El sector agro-exportador creció a ritmos ininterrumpidos durante los primeros años de 2000 (a una tasa del 5,7%), sin tener nunca un freno significativo. Hoy en día, Argentina es uno de los primeros productores de soja y de productos transgénicos del mundo. Impulsado por las ganancias que produce este alimento se han destruido bosques, se han desalojado comunidades indígenas y campesinas y han aumentado los precios para el mercado interno.

 

El impulso modernizante del sector agrícola ha sido de tipo capitalista y ha acentuado enormemente la concentración de la riqueza en manos de pocos. Se ha creado una agricultura sin agricultores, formada por extensiones grandísimas, erradicación de las poblaciones rurales y de los medios y pequeños productores. Las pequeñas propiedades se han reunido generalmente en unidades productivas medianas, grandes o grandísimas que han aplastado completamente a las pequeñas. Una forma de capitalismo agrícola muy difundida es la del joint venture, o sea la coparticipación de empresas de propietarios y financistas argentinos y de grandes compañías internacionales para el alquiler y cultivo de pequeñas propiedades agrícolas. El éxito de este proceso ha sido un incremento enorme de la exportación agrícola.

 

Hoy, casi la totalidad de la superficie cultivada se concentra en la franja más rica de la población y en las manos de la pequeña burguesía media rural, por un total superior al 90%. La franja de los pequeños y pequeñísimos agricultores retiene poco más del 11%. Una amplia franja de la población rural (49%) está compuesta de familias que residen en los campos sin poseer un lote de tierra que les permita garantizar la subsistencia y que, por lo tanto, completa sus ingresos con trabajos asalariados como jornaleros o bien en la ciudad.

 

Muchas empresas internacionales están literalmente desalojando a comunidades indígenas y familias de agricultores para extender sus cultivos o incrementar su actividad extractiva. La Benetton es el más grande propietario de tierras en Argentina: su propiedad abarca cinco provincias y se extiende por centenares de kilómetros cuadrados. Entre las comunidades locales de algunas regiones y el grupo Benetton ha nacido una verdadera lucha por las demandas de parte de los primeros de ver reconocidos sus derechos sobre las propiedades. En el último decenio, esta sociedad se ha lanzado a la compra de latifundios, acumulando 900.000 hectáreas de tierra en varias provincias de la Patagonia. Buena parte de esta inmensa riqueza es, desde hace años, objeto de disputa entre las comunidades mapuches y sus nuevos propietarios. Las expropiaciones y los desalojos forzados han llevado a los indígenas a una situación de extrema pobreza, pero ellos continúan exigiendo la restitución de su territorio. Son muchas las causas iniciadas contra la Benetton y muy pocas las resueltas en favor de los mapuches. La ley actual prevé el derecho de usucapión después de 20 años pero, gracias a los miles de sutilezas legales y a las posibles excepciones que velan los fuertes intereses económicos para la posesión de estas tierras, tal derecho no siempre se aplica. El problema es que en Argentina falta desde siempre una ley de propiedad clara y precisa, que establezca la posesión de los campesinos respecto de la tierra que cultivan por decenios. Es un problema eterno, similar al de otros países de América Latina, y que crea fuertes dramas sociales de gente que, mediante amenazas, maltratos y desalojos, es obligada a dejar casa y cultivos y partir.

 

Muchas de las tierras que ahora se demandan para el cultivo de la soja fueron utilizadas en el pasado como garantía para grandes créditos. Muy a menudo ha ocurrido que se producen quiebras y las parcelas son dejadas allí durante años, sin cultivar, registradas en el catastro y archivadas entre otras posesiones. Luego de que con la subasta pública se desalojaba a los campesinos que, entretanto, se habían establecido (tildados de “usurpadores” de la tierra en la cual residían desde siempre) y se distribuían los terrenos a los grandes compradores, no en pocas ocasiones diputados provinciales o empresas petrolíferas. Durante los años ’90, 300.000 pequeños agricultores fueron expulsados de sus tierras.

 

La comunidad mapuche y los campesinos llevan años de lucha por el reconocimiento legal de los territorios en los cuales viven, pero es muy difícil que resulten exitosos contra la fuerza y tantos intereses -económicos, turísticos y forestales- de los compradores involucrados.

Es claro que de la modernización agrícola se han beneficiado solamente los grandes productores y mientras en el año 2002 la quinta parte de los niños sufría de desnutrición, la producción agrícola registraba tasas de incremento record: 70 millones de toneladas de cereales para el consumo destinado a la exportación.

 

Argentina después de la crisis internacional

 

A partir del último trimestre de 2008, y con mayor intensidad en 2009, la economía argentina comenzó a acusar fuertemente los efectos negativos de la crisis internacional. A esto se agregaron problemáticas locales, como el constante aumento de la inflación; el conflicto del gobierno con el sector agrícola; y —según algunos analistas— los efectos derivados de la pandemia de la gripe A.

 

Al final del primer semestre de 2009, el balance de pagos de la economía argentina mostraba ya una inversión consistente respecto de la tendencia positiva de los años precedentes. Los principales indicadores de este período evidencian claras señales de reducción en los niveles de producción, de la inversión y del intercambio comercial. Durante todo 2009 la economía continuó en el proceso de desaceleración en curso, con un crecimiento de la actividad económica en torno del 1,3%. El crecimiento del PBI en 2008 fue del 6,8%.

Desde el punto de vista del balance estatal, el gobierno pudo mantener, hasta 2008, un importante activo fiscal gracias a un sistema de retenciones móviles sobre algunas exportaciones y a un tipo de cambio que hasta la reciente devaluación del real brasileño permitió una buena competitividad de las exportaciones. Ya a fines de 2008, sin embargo, dadas las precarias condiciones del contexto internacional e interno, era previsible una inversión de tendencia. En el primer semestre de 2009, efectivamente, Argentina acumuló un déficit de 1,7 mil millones de pesos.

 

Desde el punto de vista de las reservas monetarias, el país había registrado una consistente disminución luego del pago por la cancelación de la deuda con el FMI en 2006. Posteriormente, gracias a los buenos resultados del intercambio comercial, aumentó de manera bastante continua el stock de reservas disponibles. Sin embargo, en los últimos meses de 2008, después de la caída de las cantidades y de los precios de las exportaciones de los productos agrícolas, y a causa de las operaciones de mercado abierto del Banco Central (tendientes a contener la devaluación del peso vendiendo dólares a bajo precio) se redujo el ritmo de crecimiento de las reservas. En 2009, esta tendencia a la baja continuó.

 

El aumento de la inflación fue uno de los factores de mayor incidencia sobre la marcha negativa de la economía en 2008. El cambio artificioso de la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor – aplicado ya en 2007- permitió concluir 2008 con una tasa de aumento de precios del 7,2%, según los datos oficiales (Indec), y del 2,5% en el primer semestre de 2009. Los principales economistas consideran, sin embargo, en base al cálculo tradicional de la inflación, que la tasa real fue cercana al 25/30% en 2008, y al 10/15% en el primer semestre de 2009. La nueva metodología de cálculo que revelaría la variación de los precios de un conjunto de productos en las ciudades de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires nunca fue expuesta. El enredo en los cálculos es funcional a la necesidad de mantener la evolución de la economía dentro de las estadísticas internacionales, para mantener un cierto grado de confianza y atraer así las inversiones.

 

La aplicación de la tasa a las exportaciones fue contestada duramente por los productores agrícolas. Las asociaciones agrarias, los grandes latifundistas y las multinacionales dieron vida a una serie de huelgas y bloqueos (los piquetes de las 4×4, fueron denominados, por el evidente bienestar que distingue a los promotores). Los medios, que siempre condenaron los cortes de calles, cuando provenían de las clases populares, defendieron la protesta y ninguno hablaba de caos o terrorismo. El conflicto del gobierno con el sector agrícola influyó negativamente en la evolución económica del segundo semestre de 2008. La propuesta (tendiente a la redistribución de la riqueza según el gobierno, pero en realidad útil para hacer caja) no se transformó en ley, pero de todos modos produjo una pérdida de confianza en la economía local, con una consecuente reducción o suspensión de las inversiones programadas precedentemente.

 

La inversión, el consumo, la actividad industrial y la ocupación también experimentaron los efectos negativos de la crisis. La inversión disminuyó un 14,2% en el primer trimestre de 2009, y el consumo aumentó sólo levemente a una tasa del 2,2%. Siempre en el mismo período, muchos sectores industriales colapsaron haciendo disminuir la actividad industrial un 1,5%. En materia de ocupación, 2008 mostró una reducción en el ritmo de crecimiento pero sin embargo la tasa de desocupación registró una disminución, ubicándose en el 8,8%. La desocupación, que era del 20,8% en 2002, fue parcialmente redimensionada gracias a los planes sociales para desocupados y luego con el crecimiento de la economía. Pero estos planes sociales —cuyos beneficiarios por lo demás eran contabilizados como ocupados— contribuyeron a resolver el problema sólo provisoriamente. La tasa de desocupación registró en el primer semestre de 2009 un nivel de 8,8% respecto al 7,3% del último trimestre de 2008.

 

En el primer semestre de 2009 las exportaciones disminuyeron un 19%, pasando de 33,5 mil millones en el primer semestre de 2008 a 27,3 mil millones de dólares. La composición por productos de las exportaciones confirma el rol de Argentina en los mercados internacionales como proveedor de productos primarios con bajo valor agregado -es decir la soja y sus derivados, el crudo y los cereales. Como se explicara precedentemente, ello se debió al impacto de la crisis internacional que produjo sus efectos a partir del último trimestre de 2008. Las importaciones, en cambio, en el primer semestre de 2009 disminuyeron un 38%, pasando de los 28,2 mil millones de dólares del primer semestre de 2008 a 17,4 mil millones. No obstante estas mermas, la balanza comercial mantuvo un saldo positivo de 9,9 mil millones de dólares en el primer semestre de 2009, netamente superior a los 5,1 mil millones de dólares del primer semestre de 2008. Esta mejora se debió a la fuerte merma de las importaciones; de hecho, en reacción a la crisis global, Argentina introdujo nuevas barreras arancelarias para controlar las importaciones.

 

Las perspectivas de la economía argentina dependen de varios factores, como la evolución de la situación internacional y, en particular, del desempeño de la demanda de productos primarios y de los precios relativos; de la recuperación de la credibilidad en los mercados financieros internacionales y del restablecimiento de las relaciones entre el gobierno y los productores agrícolas —aunque la grave y persistente situación de la deuda unida a las tendencias decrecientes recién descriptas podrían llevar a una nueva crisis de financiamiento.

 

De hecho, mientras el gobierno consiguió una reducción de la deuda pública externa gracias a los tres años de la cesación de pagos a los acreedores privados, como hemos visto, la deuda pública interna creció enormemente. Al final del período de reestructuración el resultado fue un nuevo crecimiento de la deuda pública. La deuda pública argentina tiene un componente externo —con los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), deuda bilateral con los países del Club de París, comercial y bonos públicos— y un componente interno —bonos colocados en bancos y otras instituciones (Anses, AFJP y la Lotería Nacional).

 

Hoy, el costo del financiamiento no es el mismo que el de algunos años atrás. Como se apuntara, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos y el fuerte endeudamiento de las empresas privadas en los países desarrollados hizo subir las tasas de interés, y Argentina debe ahora refinanciar su deuda a costos decididamente más altos. El país tiene serias dificultades para obtener créditos, y debe recurrir sistemáticamente a Venezuela. Lo hizo, hasta ahora, en diecinueve ocasiones por un total de 6.340 millones de dólares. La primera colocación fue de 100 millones en junio de 2005 a una tasa del 9,52%, luego por 1.000 millones de dólares al 12,94%, casi el doble de lo obtenido en octubre de 2006 al 7,39% sobre 300 millones. La colocación de nuevos títulos en Venezuela tiene tasas de interés cercanas al 10,5%.

 

Entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006 la deuda pública argentina pasó de 128.600 millones de dólares a 136.700 millones. Sin exagerar, se podría estimar que, con las condiciones contraídas con la reestructuración, la deuda ha crecido en promedio 9.000 millones de dólares al año. Para alcanzar un mayor superávit fiscal, necesario para sostener los costos, el gobierno aumentó las retenciones sobre las exportaciones de granos y otros productos agrícolas. Ello llevó a la rebelión de los productores agrarios y a una crisis política de una entidad tal comparable con aquella sucesiva al colapso de 2001, con los consiguientes costos políticos para el gobierno. El 28 de junio de 2009 tuvieron lugar en el país las elecciones parlamentarias de mitad de mandato [medio termine] y el partido de Cristina Kirchner —electa el 28 de octubre de 2007 con el 45% de los votos— perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y quedó con una mayoría muy reducida también en el Senado.

 

Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía, la deuda pública al 31 de diciembre de 2007 era de 144.700 millones de dólares, cerca de millones si se agregan los 29.000 millones de dólares de los tenedores de bonos que no aceptaron el último canje y que accionaron judicialmente contra la Argentina. Pero si se agregan 27.000 millones de dólares de deuda no registrada se llega al total de 200.000 millones de deuda real. De estos 27.000 millones, más de 12.000 millones serían los intereses que se capitalizan automáticamente cuando el deudor no llega a pagar el total de los intereses; esta parte de los intereses, sumados al capital, vuelve a generar intereses. En 2008, la Argentina capitalizó la tercera parte de los intereses a pagar y no amortizó ninguna cuota de capital. Nueve mil millones, en cambio, es el valor de mercado, al 15% del valor nominal, de los títulos ligados al PBI, títulos adicionales que el gobierno emitió -que en 2008 superaron los 1.000 millones de dólares y que crecen en proporción geométrica. Luego está la deuda en pesos indexada por inflación. Una deuda emitida por 57.000 millones de dólares, que según la inflación del Indec, creció cerca de 5.000 millones al año.

 

Así, según Héctor Giuliano, la cifra real de la deuda pública a 2008 habría sido de 200.000 millones de dólares y habría constituido un 80% del PIB, y no el 56% verificado relevado por el gobierno nacional. Ello indicaría que el nivel de la deuda y las tasas de interés han llegado a los mismos niveles que los precedentes a la crisis financiera de 2001. Durante los últimos cinco años la economía argentina ha crecido más que la deuda, pero después de la crisis global esta relación se ha invertido, la deuda aumenta más que el PBI y esta relación también ha comenzado a crecer.

 

La deuda en Argentina es ya una condicionante absoluta de todo lo que concierne a las finanzas públicas y a la política económica. No es un inconveniente sino un factor sistémico; y siendo una parte del sistema es regido por una lógica bien definida: la lógica de la usura. El deudor no deja nunca de ser tal porque el acreedor vive de él. Según Giuliano, la problemática de la deuda se reduce, por lo tanto, a esto: comprender que es un componente del sistema, y que la lógica de la usura que comporta reside en el país deudor, Argentina, que no dejará jamás de serlo. Los Estados nacionales están completamente condicionados en las opciones de política económica y financiera. El círculo vicioso del endeudamiento tiene su propia dinámica: inicialmente se abre un ciclo de endeudamiento fácil, en el cual el deudor encuentra dinero a tasas de interés muy bajas; entonces el especulador comienza a ajustar las tasas; se comienza a renovar la deuda; el deudor está cada vez más ajustado y obligado a acordar mayores concesiones; llega el momento en el cual el deudor no puede pagar, pero no se mata a la gallina de los huevos de oro; por lo tanto, se le arroja un ancla de salvataje que consiste en garantizarle una cantidad de créditos en distintos bancos.

 

Siempre según Giuliano, dada la historia pasada de cada país, se sabe que los países endeudados como Argentina se encuentran obligados inexorablemente a hacer una reestructuración de la deuda cada tres o cinco años porque atraen financiamiento sin capacidad de repago. La deuda crece a un ritmo de casi 10.000 millones de dólares por año: 5.000 por inflación, más de 3.000 por capitalización de intereses y más de mil por el vínculo con el PBI. Es el mismo ritmo de crecimiento que hubo durante el período de los años ‘90.

 

Con la última reestructuración se ha legitimado nuevamente una deuda que el juez Ballesteros declaró “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta” y que ya ha sido pagada con creces. Un acto ilícito no genera consecuencias lícitas, y la deuda que todavía se paga permanece en el marco de este círculo vicioso. El pasivo argentino satisface los tres requisitos jurídicos de cualquier “deuda odiosa”, porque fue contraído sin el consentimiento de los deudores, no ha creado beneficios para el país receptor, y los acreedores han introducido evidentes irregularidades.

 

El gobierno Kirchner, como todos sus antecesores, escondió esta estafa. El mismo gobierno que despotricó contra la corrupción de los años ’90 y que hizo del ‘puño de hierro’ contra los acreedores extranjeros el principal slogan de la campaña electoral, convalidó su principal negocio, es decir la deuda. Todo esto ha pesado fuertemente sobre los gastos sociales y ha castigado mucho la distribución igualitaria de la renta. Kirchner y las personalidades políticas más eminentes involucradas en la reestructuración y, por una razón u otra, cercanas al establishment financiero, han favorecido por completo a la banca internacional, y la oposición no intervino nunca planteando lo insostenible de esta negociación. El resultado fue facilitar una fuga de capitales mayor a la antecedente a la crisis de 2001 y que, con toda probabilidad, llevará dentro de poco a una nueva crisis de insolvencia.

 

Alejandro Olmos Gaona -historiador, hijo de Alejandro Olmos- presentó en 2007 una denuncia penal contra cinco presidentes y sus respectivos ministros de economía. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner fueron acusados de estafa contra el Estado, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de poder. Las mismas acusaciones fueron dirigidas a sus ministros Juan Sourrouille, Antonio Erman González, Domingo Cavallo, José Luis Machinea, Roberto Lavagna y todos los titulares del Banco Central y los secretarios de finanzas que los acompañaron en la gestión. Entre las empresas investigadas hay grupos nacionales como Macri, Pérez Companc, Menotti Pescarmona; sociedades extranjeras como Mercedes Benz o Swift Armour; y también los principales bancos que operan en plaza como Galicia, Citibank, Francés o Río. Los pasivos que estos entes transfrieron al Estado fueron de 23.000 millones de dólares. A valores actuales representan 80.000 millones, la mitad del total de la deuda argentina.

 

¿Quién obtuvo beneficios de la crisis?

 

Al final de cuentas, nunca se pagó tanto a los organismos financieros internacionales como hicieron en los años sucesivos a la crisis Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Después de esto, Cristina Kirchner continuó en la misma línea. Los cónyuges Kirchner se han ganado el nombre de “mejores pagadores de la historia” a los organismos internacionales de crédito. El FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tuvieron un rol de verdaderos privilegiados en el cobro. Sin embargo, en los discursos oficiales sobre la posición que habría mantenido Argentina respecto a los acreedores externos y las instituciones crediticias, parecía que las intenciones hubiesen estado lejos de favorecer los pagos.

 

A la fecha de la reestructuración, a los organismos multilaterales se les debían cerca de 78.800 millones de dólares, mientras cerca de 36.000 eran los títulos emitidos en el mercado interno después de diciembre de 2001. Desde entonces, las obligaciones con los organismos internacionales se han pagado regularmente, respetando los vencimientos previstos y a veces anticipándolos. En 2004, Argentina había desembolsado ya más de millones de dólares al Fondo y otras instituciones similares. Del 2003 a 2006 se le pagaron al FMI 17.061 millones de dólares. La posición oficial de la administración del presidente Kirchner era la de desvincular a la Argentina de este organismo; se omitía sin embargo que en aquel momento Argentina no tenía ningún vínculo de condicionalidad con el FMI. Así, este último no sólo no estuvo sujeto a suspensión de los pagos ni a descuentos, sino que tampoco fue investigado por la ambigua asistencia provista durante los años ’90, dado que los documentos que prueban tal ayuda desconsiderada parecen no hallarse disponibles.

Prácticamente, el gobierno premió al principal responsable de la crisis económica, sabiendo bien que el FMI no comete errores inocentes. Durante la era Kirchner, al Banco Mundial se le pagaron 5.024 millones, y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2.898 millones de dólares.

 

En 2008, al FMI, al BM y al BID se le habían desembolsado 24.983 millones de dólares. A este número habría que agregar después los 6.706 millones de deuda con el Club de París, con el cual el país está contratando el pago bajo la supervisión del FMI -como prueba de la falta de independencia obtenida. Hoy, además, en tanto miembro del G20, la Argentina es cualquier cosa menos independiente de los dictámenes del FMI.

 

Mientras los privilegios atorgados al FMI apuntaban a reinsertar a la economía en el mundo financiero, las ventajas acordadas a los principales grupos del capitalismo nacional eran favorecidas por la estrecha ligazón que siempre existió entre el gobierno y esos sujetos. Los mismos inversores, acreedores del Estado, que Kirchner favoreció con la reestructuración, son los especuladores que lucraron durante años con la gestión de la deuda argentina gracias al financiamiento público de la fuga de capitales. Durante los años ’90 estos sujetos llevaron al exterior un patrimonio equivalente al crecimiento de la deuda argentina. Con un procedimiento similar al de la estatización de 1982, Lavagna aumentaba el endeudamiento total del país para ayudar a los capitalistas en crisis.

 

De los acreedores nacionales, el grupo más favorecido por la reestructuración de 2005 fue el de las administradoras del sistema de pensiones privado (AFJPs). Uno de los tres bonos emitidos (semi-par) estaba pensado a la medida de las AFJPs, de forma de permitirles el canje de todos sus títulos en default (13.500 millones de dólares). Las AFJPs detentaban el 17% de los viejos títulos; a cambio de éstos recibían un bono en pesos y sin descuento que podía ser contabilizado al 100% en los balances de estas entidades. De este modo se escondían las pérdidas que estas sociedades habían sufrido con la devaluación.

 

El canje de los títulos de 2005 -que había incrementado la deuda pública en 30.000 millones de dólares sólo en aquel año- permitía, además, obtener grandes beneficios a los especuladores que habían adquirido títulos durante la devaluación. En efecto, los inversores extranjeros que habían adquirido bonos al 10-20% de su valor nominal, habrían realizado grandes ganancias canjeándolos por cualquiera de las tres versiones de los nuevos bonos. La mayor parte de los acreedores que figuran como tenedores extranjeros son argentinos cubiertos por el secreto bancario. Este sector, conociendo a la perfección el arte de especular con los periódicos colapsos de la economía, compensaba con las operaciones financieras lo que perdía con el descuento decidido con la reestructuración.

 

Los beneficiarios de la última maniobra financiera de canje de los PG, en cambio, son claramente identificables y fáciles de rastrear entre los bancos intervinientes en el megacanje y tenedores de los PG. Entre éstos se encuentran: Citibank, Boston, BBVA, Galicia, HSBC, Río y la extinta BGN. Algunos, señalados hoy como corresponsables de la crisis financiera internacional, están presentes en Argentina con franquicias menores. Bancos nacionales, como Credicoop o Macro, son tenedores de PG y fueron cómplices pasivos o indirectos de la gran maniobra de saqueo financiero de 2001. Sus dirigentes a menudo y de buena gana fueron partícipes de canjes, de favores políticos y corrupción.

 

Quienes perdieron con la oferta de canje fueron los pequeños ahorristas, que constituían el 44% de los acreedores defaulteados. Estos sujetos ciertamente no recibieron el tratamiento especial reservado al FMI o a las AFJPs. A diferencia de las AFJPs, los cerca de 500.000 pequeños acreedores nacionales que tenían el 20% de la deuda en default no podían, según la oferta de canje de 2005, contabilizar los títulos a su valor original. Así, dado que algunos de los bonos reestructurados llegaban hasta los 40 años de maduración, las personas que tenían la necesidad de recuperar el dinero invertido en los títulos argentinos fueron forzadas a venderlos en el peor momento histórico y a un valor nominal decididamente más bajo que el de adquisición. Esta situación favoreció ulteriormente a los especuladores financieros, prontos a acaparar los títulos a precios bajísimos. También los pequeños acreedores extranjeros tuvieron el mismo tratamiento: los pequeños ahorristas que habían comprado títulos al 100% recibieron la mitad de sus inversiones originales. No estando en la lógica especulativa de las financieras que adquirían los títulos en default al 20-28% para después revenderlos una vez revaluados, estos pequeños ahorristas -a sugerencia de los bancos- compraron y vendieron en el peor momento, sufriendo graves pérdidas. Quien había adquirido un título al 90-100% de su valor entre 1998 y 2000 fue empujado a liquidarlo al 35%.

 

A escala internacional, las principales víctimas fueron los accionistas italianos, muchos de los cuales, no habiendo adherido a la oferta de canje, están aún en juicio contra el gobierno argentino. Los bancos les transfirieron, con la complicidad de las autoridades de bolsa, bonos que pronto estarían devaluados. Berlusconi cubrió a los estafadores con una campaña propagandística de acusación contra la Argentina, mientras al mismo tiempo bloqueaba el decreto legislativo que obligaba a los bancos a asumir una parte de las pérdidas. Posteriormente, se abrieron demandas judiciales para obtener el resarcimiento al cual los bancos oponen tanta resistencia.

 

El apoyo del establishment político argentino a los grupos de capitalistas locales y extranjeros es evidente: cada grupo de acreedores hizo presión por obtener un canje más favorable, pero si se traza un cuadro de los vencedores y los vencidos salta a la vista cómo la operación favoreció a los especuladores y penalizó a los pequeños acreedores, y también a los ciudadanos argentinos que cargan con los costos de las reestructuraciones. En el conflicto entre los pequeños y grandes acreedores, Lavagna se alineó desde el vamos con los poderosos; para no enemistarse con sus socios en el canje aceptó las leyes del secreto bancario y rechazó diferenciar la oferta -como había sido vanamente reclamado por los pequeños ahorristas- en base al tamaño del patrimonio de los acreedores. En vez de promover una acción para todos -comprendidos los pequeños accionistas argentinos y de cualquier nacionalidad- elaboró una oferta dirigida solamente a satisfacer los intereses de los capitalistas argentinos y a los bancos internacionales. Lo que el canje produjo fue una nueva era de los capitales golondrina que, gracias a la inmensa liquidación de los títulos por parte de los pequeños accionistas, volvieron a exprimir beneficios en Argentina.

 

Conclusiones

 

Aunque el PBI en los años sucesivos a 2001 haya experimentado cierta continuidad en el crecimiento, ningún indicador social ha recuperado los niveles previos a la crisis. Hoy, uno de los graves problemas que persiste es la deuda social. Los salarios se mantuvieron bajos. La desocupación se redujo muy lentamente y la pobreza persiste en un cuadro general de gran desigualdad. Mientras, el problema de la deuda sigue pesando sobre la población entera y para las futuras generaciones. En este último período de la economía argentina la distribución se tornó más desigual y la clase dominante recuperó beneficios a expensas de los trabajadores.

 

Al parecer, la pobreza en la Argentina es un dato estructural del modelo; los principales desequilibrios que golpean el actual sistema no tienen que ver con las contradicciones heredadas de la convertibilidad, ni descompensaciones normales de cualquier recuperación; son contradicciones intrínsecas a un esquema económico vulnerable y socialmente regresivo. La recomposición del salario, la creación de puestos de trabajo y el fin de la pobreza son incompatibles con el esquema económico prevaleciente, basado en instrumentos regresivos como el superávit fiscal, la inequidad impositiva, la reestructuración de la deuda y el salvataje de la banca. El desequilibrio más visible es la inflación, dado que cada aumento de la misma sin una compensación salarial equivalente empuja a nuevas franjas de la población por debajo de la línea de la pobreza.

 

En estas reflexiones para la conclusión se muestran los indicadores que confirman la dinámica regresiva perpetrada en el reciente período de crecimiento. Para mostrarlo se analizan las tasa de pobreza y de indigencia de la población extrapolando los datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) elaborada por el Indec, el instituto nacional de estadística argentino. Los datos utilizados corresponden al último semestre del último período en el que sus indicadores se consideraron fiables.

 

El fenómeno de la pobreza en Argentina se presenta en forma cíclica y con una tendencia ascendente. Esto se demuestra ampliamente en el hecho de que hace sólo 25 años la población en condiciones de miseria era alrededor de un cuarto de la actual. La evidencia empírica demuestra que desde mediados de los años ’70 hasta al menos el año 2002 se ha verificado una firme tendencia, para un largo período, creciente tanto en relación con la pobreza como con la indigencia. En octubre de 1974, el porcentaje de familias en condiciones de pobreza en el GBA era del 4,4%; en octubre de 2002, del 44,2%.

 

En el cuadro de esta tendencia de larga duración, el aumento de la pobreza siempre coincidió con las crisis cíclicas de la economía nacional. Los años ’82, ’89, ’96 y 2002 han sido aquellos con una mayor incidencia en los niveles de pobreza. Con excepción del ’96, los niveles máximos fueron generados por fuertes procesos inflacionarios, que hicieron pedazos los ingresos reales de las familias más vulnerables, envolviéndolas en la miseria. Luego de la crisis de 1982, en la que los niveles de pobreza pasaron del 7% al 35%, el nuevo porcentaje osciló entre el 16% para, desde ahí, dar inicio a un espiral ascendente que culminó en 1989 con un nivel mayor al 47%. Con el inicio de la convertibilidad, la pobreza se redujo nuevamente en relación con la última crisis hiperinflacionaria, pero también esta vez se colocó en niveles superiores respecto de la media de los años ’80 (alrededor del 18%). Luego se verificó un nuevo pico en el ’96, cuando se llegó al 28%. La recuperación posterior mostró una reducción en el ’98, con tasas del 28%, para luego explotar en la crisis

 

La tendencia común a todas estas crisis, a las que le sucedieron períodos de estabilidad y crecimiento económico, es que el nuevo nivel de pobreza siempre ha sido superior al que precedió a la crisis. Los niveles de los períodos anteriores a las crisis no se recuperaron jamás plenamente; sí se verificó que cada derrumbe concluyera en un aumento progresivo de la pobreza y la indigencia. En el gráfico de más abajo se puede notar esta tendencia creciente interrumpida por los períodos de ‘reactivación’ de la economía.

 

Si bien desde hace algunos años la tasa de pobreza está descendiendo, queda aún un gran número de personas que se encuentra en situación de precariedad. En 2002, la pobreza alcanzó su pico histórico llegando a tocar el 45,8% de las familias y el 56,8% de los argentinos. Desde entonces, ha habido una caída sostenida y en 2006 la cantidad de familias y personas pobres se redujo a menos de la mitad. En el segundo semestre de 2006 la pobreza alcanzaba el 26,9% de la población y el nivel de indigencia se revertía en forma más marcada, pasando del 29% de 2002 al 8,7% de 2006. Según estimaciones privadas, la tendencia para el primer trimestre de 2007 se mantuvo estimadamente en esos niveles. Si bien contamos con los datos oficiales de 2007, debido al alto grado de descrédito que tienen, no los difundiremos.

 

Lo que se quiere poner de relieve con estos datos es que incluso, como parte de este mejoramiento, la pobreza continúa siendo uno de los grandes problemas de la sociedad argentina. No sólo sigue existiendo un gran número de personas involucradas en los porcentajes de pobres e in- digentes(17) (un individuo sobre cuatro), sino que estos niveles se mantienen por encima de los niveles registrados tanto en los comienzos de los ’90 como en los comienzos de los ’80 y ’70. Pareciera que la tendencia a largo plazo de aumento de la pobreza solamente se suspendió, siendo imposible hablar de bloqueo provisorio o reversión de la tendencia cuando las posibilidades de consolidar una reducción del fenómeno choca contra uno de los presupuestos principales; es decir la expansión de la ganancia, que verifica, por el contrario, una fuerte contracción.

 

Si bien la desocupación cayó mucho desde 2003, la recomposición de la capacidad de consumo fue mucho más lenta, tanto que los salarios actuales se sitúan en los mínimos históricos de 2001. El veloz ritmo de crecimiento del PBI, según parece, no sirvió para sanear esta situación y será aún más difícil que eso ocurra según el ciclo recesivo que enfrenta el país. El continuo aumento de precios expone a franjas enteras de trabajadores, cada mes, al riesgo de caer en condiciones de pobreza. Actualmente las turbulencias macroeconómicas internacionales tienen un alto impacto en el mercado de trabajo. Como sabemos, cuando hay una crisis de grandes dimensiones, como la actual, los trabajadores y los sectores populares, los pequeños propietarios y productores soportan una carga notable, a menos que intervenga el Estado. La salida capitalista a la crisis supone siempre fuertes incrementos en la productividad, que como contrapartida generan pérdida de puestos de salario y caída del salario. Esto es así porque el capital de esta manera se apropia de la mayor cantidad de trabajo para convertir un porcentaje del mismo en “superávit” para la acumulación capitalista.

 

En Argentina, hasta el fin de 2007, la ocupación creció cada vez más lentamente pero hoy las cifras parecen ser aún más preocupantes y, en el caso de algunas ramas de la actividad, ya se registra una tendencia inversa.

 

Al comienzo de la fase de recuperación de 2002-2003, cada punto de aumento del PBI se traducía en un porcentaje equivalente de incremento de trabajo, pero esta relación se quebró. Entre 2003 y 2007, la creación de puestos de trabajo declarados al sistema previsional creció a una tasa anual del 8,6%, en 2008 el ritmo se desaceleró alcanzando una tasa del 5,8%. Para cada trimestre de 2008, la tasa resultó siempre menor pero en un sentido de todas formas positivo (desde el 7% del primer trimestre al 3,8% del último). La desaceleración en la creación de trabajo se refleja también en un retroceso de los salarios en términos reales. Si bien algunas estadísticas lo esconden, la crisis mundial impacta fuertemente en la actividad económica y sobre el mercado de trabajo, con características diferentes según la rama de actividad. Hay despidos, suspensiones de salarios y la demanda de trabajo está prácticamente parada. Según el Ministerio de Trabajo, los procedimientos de crisis presentados por las empresas desde enero de 2009 involucran a 8.700 trabajadores.

 

La destrucción de la confianza en las estadísticas públicas hace prácticamente imposible el análisis objetivo de la realidad económica y social. De cara a este escenario incierto incluso las contrataciones salariales retroceden o sufren una suspensión. Es difícil elaborar reivindicaciones ante la falta de datos reales de inflación; esta última es un instrumento básico para la elaboración de una política de desarrollo que promueva el mejoramiento de las condiciones sociales. La EPH, como ya se ha dicho, es la encuesta específicamente diseñada para el estudio del mercado de trabajo. Esta base permitía obtener información representativa de los pobres en los conglomerados urbanos del país; analizar la situación del trabajo de miembros de este segmento: condiciones de trabajo, características de los trabajadores, tipo de ocupación, ingresos según el tipo de contratación (asalariados registrados, y no en el sistema de seguridad social, trabajadores por cuenta propia, y dadores de trabajo, etc.). Para conocer el impacto de la variación en los ingresos sobre las condiciones de vida de los trabajadores sería imprescindible valuar el poder adquisitivo, o sea la cantidad de bienes y servicios que los trabajadores pueden comprar con sus propios salarios. En respuesta a esta situación se elaboraron una serie de indicadores diferentes que, si bien no reemplazan los datos oficiales, podrían dar cuenta de la evolución de los precios. Los resultados alcanzados con estos análisis alternativos muestran que, contrariamente a lo que muestra la dudosa información oficial, el escenario del trabajo no es muy optimista. Comparando los datos de la EPH con las informaciones provenientes de otras fuentes, también oficiales (en la medida que sean comparables porque surgen de cálculos diferentes), se llega a conclusiones diferentes. La evolución de los salarios en los últimos años, según diversos indicadores oficiales comparados en ramas de actividad de diferentes sectores, muestra que el salario nominal de los trabajadores creció constantemente desde el principio de 2003. Además, la comparación con datos no oficiales muestra una clara tendencia positiva en el desarrollo de los salarios nominales. Lo que se ha modificado ciertamente es el salario real: a partir de 2007, utilizando diferentes indicadores para la valuación de los precios, los salarios reales no sólo no crecieron sino que han comenzado a reducirse, entre el 1 y el 3%. El gráfico siguiente muestra la evolución de los salarios reales comparados con diferentes indicadores de precios; en este caso se utilizan el IPC de San Luis y el IPC -7(18) provincias. Los datos del IPC GBA se usan sólo con fines comparativos.

 

De esta investigación surge que los trabajadores no mejoraron sus condiciones sino que los salarios reales promedio quedaron estancados desde comienzos de 2007 o, peor aún, en retroceso(19). Estos datos provienen de análisis económicos y sociales del Cenda (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino). La baja recuperación de los salarios, la persistencia de la desocupación y el desarrollo del empobrecimiento son la consecuencia de un modelo estructural contrario a la redistribución.

 

La reactivación argentina ha sido un paréntesis en un contexto internacional particularmente ventajoso, pero los problemas en su momento dejados de lado, ahora están reflotando.

 

Hoy existen algunas problemáticas sociales similares a las de la fase inmediatamente posterior a la crisis: muchos niños viven en la calle y con una frecuencia muy alta mueren de desnutrición; muchos individuos viven en villas miseria, privadas de servicios sanitarios básicos; otro tanto trabaja en negro y no tienen acceso a los servicios sanitarios y a la asistencia social (está aumentando las personas excluidas de los tratamientos médicos de alta complejidad y del acceso a medicamentos de alto costo). Estas problemáticas golpean directamente la vida, la salud y la libertad de las personas privadas de elegir una alimentación adecuada, un servicio de salud eficaz, o un lugar razonable donde vivir. Lo que caracteriza hoy al país es la extraordinaria concentración de la riqueza en manos de unos pocos privilegiados. La tendencia estructural de la economía consolida la distancia entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre. En 2006, esta relación era de 31 veces comparado con las 15 veces de la década del ’80 (un nivel comparable con 2002) y el del 12,3 del 74 (primer relevamiento estadístico). La desigualdad se afirma como un problema estructural del actual modelo. Hoy existe una enorme porción de pobres que se encuentran en el mercado de trabajo, una situación que era desconocida en la Argentina antes de que se introdujera la doctrina liberal, comenzada por la dictadura e intensificada durante el período menemista con la desregulación del Estado y la flexibilización del trabajo. La flexibilidad significa trabajo de baja calidad, mal remunerado, que lleva a las familias a caer fácilmente en la pobreza.

El esquema actual presenta más puntos de continuidad que de ruptura con el que lo precedió; se recomponen los intereses de la clase dominante con un modelo social regresivo a expensas de los trabajadores. El gobierno propuso la iniciativa de un “superávit fiscal”, como si esa suma se pudiera juntar sin el sacrificio del pueblo. El destino fundamental de los fondos de la caja del Estado es el pago de la deuda.

Para terminar de raíz con la pobreza sería necesario reducir la injusta concentración del ingreso, con impuestos que graven con más eficiencia e intensidad las grandes ganancias. La distribución del ingreso más importante es aquella que surge de la proporción del valor agregado que se destina a los salarios en relación con la que se destina a las ganancias, y la política fiscal debiera servir para corregir aquellas situaciones que la distribución funcional no puede resolver. Podrían definirse como progresistas aquellas políticas públicas que coloquen en el centro del discurso la emergencia del trabajo, que prohíban los despidos por el tiempo que dure la crisis, que reduzcan la jornada de trabajo para crear más empleo, que promuevan subsidios estatales para las empresas recuperadas y las actividades productivas, que protejan la capacidad de consumo de los ingresos populares (ajustando los salarios según la inflación, incrementando los subsidios a los desocupados, eliminando el IVA sobre los artículos de primera necesidad), que favorezcan la producción local, que bloqueen la salida de capitales. Es obvio que cuanto más tiendan estas políticas a reducir estructuralmente los márgenes de beneficio de algunas clases dominantes menos serán tomadas en cuenta.

El debate entre heterodoxos y ortodoxos(20) en Argentina se concentra en los instrumentos macroeconómicos, en la gestión del Estado y en la reglamentación impositiva. Pero el debate evita cualquier análisis de la economía capitalista como un proceso productivo y social controlado por la clase dominante porque ambos la apoyan. La redistribución no ocurrirá con el transcurso del tiempo si la decisión política es la de salvaguardar el rédito financiero y la acumulación capitalista.

Notas

1. Para citar algunas de las crisis cambiarias más recientes, piénsese en la mexicana del ’94, la brasileña del ’99 y luego en el 2001, en la crisis de Argentina. 

2. Y así, mientras un puñado de bancos comerciales e intermediarios financieros se enriquecían, aumentando su poder político en todo el mundo, muchos países sufrían crisis económicas que deterioraban el nivel de vida de la población. Existe un consorcio (una suerte de grupo informal político-financiero) compuesto de grandes bancos, gobiernos y bancos centrales de los países acreedores, Banco Mundial y FMI, que colaboran en el sistema financiero actual. En una lógica absurda, quienes han creado desastres financieros son los mismos institutos que los ministros de los países ricos envían para elaborar políticas de resolución de las crisis. Una pequeña minoría recoge los frutos de las concesiones de préstamos, mientras las grandes masas sufren las consecuencias y los costos personales, sociales y políticos. Muchos de los bancos más importantes, probablemente han recolectado de los países pobres una suma aproximadamente equivalente a la que han prestado. Su función, en definitiva, ha sido la de obtener capitales de los Países en Vías de Desarrollo y volver a prestárselos. Sobre todo, los países latinoamericanos han canalizado una gran cantidad de préstamos concedidos por los organismos financieros internacionales públicos o privados; la restitución de una parte de los dólares que se fugaron de Latinoamérica hasta el día de hoy bastaría para resolver el problema del servicio de la deuda de esta región. 

3. Estas crisis se iban configurando como un desmantelamiento de los países de renta media altamente endeudados, frente a los cuales, el sistema crediticio internacional estaba particularmente expuesto: por esto se buscaba encontrar soluciones, entre ellas las reestructuraciones, de forma de encontrar una solución indolora para los acreedores comerciales. La estrategia concertada de la deuda tenía sólo marginalmente como objetivo el crecimiento de los Países en Vías de Desarrollo; el fin principal era el de restablecer la estabilidad del sistema financiero internacional y dar garantías a los acreedores mediante los principales medios de reestructuración y de las políticas de ajuste estructural. Esta fase de reestructuración coincidía con los programas de austeridad estadounidenses impulsados por Reagan, orientados a la lucha contra la inflación y a la suba de las tasas de interés. La estrategia de los préstamos concertados servía sólo para refinanciar la deuda y para dilatar la agonía de los deudores. Las renegociaciones de la deuda servían para revitalizar un gran volumen de fondos que se consideraban perdidos, bajo la forma de títulos públicos. Mientras tanto, el FMI, con el pretexto de una estabilización fantasma, continuaba a debilitar las economías latinoamericanas, a exacerbar los equilibrios ya existentes y a aumentar el estrangulamiento de los países desde el exterior, con la desnacionalización económica y financiera. 

4. No es, de ningún modo, un sistema de libre mercado el que promueve el FMI, sino simplemente un nuevo modelo de intervencionismo aplicado gracias a las denominadas ‘reformas de ajuste estructural’. Las mismas recetas económicas, aplicadas a todos los países, crean un ambiente favorable para los bancos globales y las sociedades multinacionales. FMI, BM y OMC son entes reguladores que actúan a cuenta de potentes intereses económicos y financieros (por ejemplo, del Club de Londres o de París); a las espaldas de estas instituciones se encuentran los banqueros y los capos de los mayores conglomerados multinacionales. Todos los países latinoamericanos juntos no tienen ni siquiera la mitad de los votos de los que disponen los Estados Unidos dentro de este organismo; del mismo modo, en el Banco Mundial, que colabora estrechamente con el FMI, los Estados Unidos tienen un cuarto de los votos, mientras que los países de América Latina no tienen ni siquiera un décimo. 

5. Hoy, las mayores críticas realizadas al FMI se refieren a la rigidez de las medidas que solicita en términos de contención de la demanda, devaluación de la tasa de cambio, privatización, austeridad y liberalización de los frenos a la importación. Los programas de ajuste estructural promueven exactamente lo opuesto a sus propósitos declarados; la solución para la crisis de la deuda se torna la causa de un endeudamiento ulterior; los nuevos préstamos provocan el aumento del monto de la deuda; la liberalización de los intercambios comerciales empeora las cuentas externas; la posibilidad de un proceso endógeno de desarrollo se destruye por completo; el estado se desintegra, la economía nacional es remodelada, la producción interna orientada al mercado externo y los servicios sociales privatizados. Después de los eventos de 1982, el Fondo se convirtió en el principal punto de referencia en la gestión de las relaciones entre deudores y acreedores. Ambos planes, Baker y Brady, tanto en Argentina como en los otros países, fueron una estrategia para salvar al sistema bancario internacional de la bancarrota; el mercado internacional obtuvo ganancias insuperables con las privatizaciones, mientras los recursos argentinos fueron depredados salvajemente. 

6. De esta deuda, el 40% era en títulos públicos; el 26% de organismos financieros internacionales y el 34% de bancos comerciales y otros acreedores principalmente locales. 

7. Los bonos par conservaban el valor nominal pero tendrían fechas de vencimientos más lejanas (hasta 35 años) y tasas de interés fijas (de un 1,33% anual en los primeros 5 años al 5,25% en los últimos 10. Los otros bonos estaban sujetos a un descuento nominal y a tasas de interés más altas. El discount sufriría un descuento del 66,3%, con vencimientos a 30 años y tasas de interés fijas crecientes; el semi par (pensado para las necesidades de los tenedores institucionales locales, como las AFJP) implicaba un descuento del 30,1%, con vencimientos de hasta 42 años, y una tasa de interés fija en pesos del 3,3%. 

8. En el discurso de asunción como presidente de Kirchner el 25/5/03, éste argumentó la necesidad de ‘reconstruir un capitalismo nacional’, ‘normal’ y ‘serio’; la salida de la moratoria habría servido para crear las condiciones para la restauración de un clima de confianza favorable a los negocios y a la inversión por parte de los principales actores económicos, así como para interactuar con el sistema internacional 

9. El restante 24% de los tenedores de títulos en default (principalmente italianos y japoneses), no aceptó el intercambio. El gobierno dijo que la oferta no se volvería a abrir y que estos acreedores no tendrían otra oportunidad más que la vía judicial. 

10. Una cifra que se calcula de acuerdo a la evolución de la tasa de inflación. 

11. Sin contar los posteriores préstamos que se han tomado en estos años. 

12. El canje por el cual fueron procesados penalmente sus responsables: el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo y el Secretario de Finanzas Daniel Marx 

13. El índice BADLAR se calcula considerando las tasas publicadas cada trimestre por el Banco Central de la República Argentina.

14. La Caja de Valores es un depósito colectivo que detenta la custodia de los valores negociables tanto públicos como privados, y que facilita la transacción de los gastos en un cuadro de seguridad y reserva dictado por la ley 20.643 y por otras normas complementarias. En 2001, a tal ente se le atribuyó la garantía de los Prestamos Garantizados. 

15. Muchos inversores privados que no aceptaron la oferta de cambio de 2005 se dirigieron a la justicia para conseguir el reembolso integral de las obligaciones en su posesión. Este embargo de los viejos títulos argentinos por las infracciones de los bancos y sus intermediarios no es el primero; en los años’ 90 las noticias sobre la alta tasa de riesgo de estas inversiones fueron notificadas a todos los operadores, quienes, en lugar de notificar a los suscriptores siguieron transmitiendo informaciones engañosas. 

16. La reducción de las exportaciones ha ocasionado, obviamente, un drástico empeoramiento de los saldos positivos de la balanza comercial de los países latinoamericanos. 

17. En relación a las personas más pobres, se concentran en las concentraciones del norte del país y en las granes ciudades, debido a la gran densidad de población. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 47,9% de la población del país, se ubica el 50,5% de la población pobre de la nación. Entre otras cosas, hace falta recordar que la información de la EPH en 28 concentraciones urbanas del país, donde viven 23,6 millones de personas, no tienen en cuenta las zonas rurales, donde presumiblemente los niveles de vida son incluso más bajos. 

18. El IPC-7 provincias es un índice de precios al consumo elaborado por el CENDA, sobre la base de informaciones de las Direcciones Provinciales de Estadística de siete provincias (Jujuy, Neuquén, Paraná, Rawson-Trelew, Río Negro, Salta, Santa Rosa y Viedma), cuyos índices de precios no están sospechados de manipulación. Los IPC-San Luis e IPCMendoza, publicados por el Indec y las provincias en cuestión, parecen también estar fuera de la manipulación. La serie histórica de estos indicadores muestra un comportamiento similar al IPC-GBA antes de la manipulación; por esto se los toma como referencia. En cambio, según un análisis privado, el IP-Interior, una media de los índices de nueve concentraciones urbanas (Neuquén, Paraná, Resistencia, Salta, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, Viedma, Trelew-Rawson y Ushuaia), ponderada de acuerdo al peso de su población, la inflación acumulada de diciembre de 2001 a diciembre de 2006 era del 101,8% contra el 91,2% del IPC-GBA, una diferencia de 10 puntos; pero sólo un año después los valores eran respectivamente del 159,1% contra 107,5%, mostrando así una diferencia superior a los 50 puntos porcentuales. En 2008, la diferencia siguió creciendo. 

19. El SIJyP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) proporciona los datos, con cobertura a nivel nacional, sobre la ocupación registrada en las empresas del sector privado y en algunas agencias del sector público. Ofrece información sobre los salarios de los empleados registrados en el sistema de seguridad social. Obviamente, los límites de esta fuente residen en que excluye a todos los empleados no registrados en el sistema de previsión social, trabajadores y empleadores. 

20. A menudo, con el término «ortodoxos» se menciona al bloque de acreedores externos y con «heterodoxos» a los exportadores-industriales locales.

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