La economía argentina evoca, una y otra vez, la imagen del desastre. Muchos años atrás, un célebre economista la estigmatizó como caso único cuando caracterizó al mundo capitalista como integrado por cuatro tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Este último porque representaba entonces un supuesto atípico crecimiento secular; nuestro país porque se identificaba con su perfecto opuesto. En verdad, el único secreto sobre esta cuestión reside en el lugar histórico que ocupó la Argentina en el escenario global, en el cual concluyó integrada como semicolonia inglesa (así la consideró Lenin en 1915, explícitamente, en su célebre trabajo sobre el imperialismo). Una renta agraria excepcional permitió a esta economía del Río de la Plata un registro de producción per cápita excepcional a final del siglo XIX y comienzos del XX, que le dio la apariencia de país moderno cuando, al mismo tiempo, echaba las raíces de un atraso muy perdurable en el tiempo. El enigma de su historia es la historia de un enigma que se resuelve en la naturaleza específica de su capitalismo agroexportador y su particular integración al mercado mundial dominado por el capital financiero de los países centrales.
La muy débil estructura social del país, sin embargo, sufrió muy tempranamente, desde el siglo XVIII, la presión del mercado mundial. La posibilidad de una acumulación de capital de la burguesía local en función de un rol de intermediario con el centro de la economía colonial en el Alto Perú se vio rápidamente frustrado por las trabas para-aduaneras. Luego de las vicisitudes del proceso independentista, las posibilidades ulteriores de capitalizar la renta agraria enfrentaron los límites de un débil mercado interno, un resultado del régimen de la gran propiedad agraria (más precisamente ganadera, con su correlato, la estancia, en el marco de una escasa población agraria). Esta limitación se manifestaría en la incapacidad de creación de una clase media agraria a partir de la inmigración en masa. La formación de un capital nativo original se dio en el marco comercial y, tardía y limitadamente, en la explotación productiva del trabajo agrario. Si la integración de las Provincias Unidas al mercado mundial fue relativamente prematura, la de la burguesía agraria, primero, e industrial, después, fue definitivamente tardía. El capital nativo no pudo encontrar un lugar propio en su anticipado intento por arrimarse al capitalismo mundial en su etapa de ascenso y llegó tarde cuando buscó superar su base agraria en la etapa de copamiento del mercado planetario por el imperialismo. No es una línea recta la que traza la explicación del atraso del país, respecto de la economía mundial.
La imagen del desastre "argentino" se renovó en el umbral del siglo XXI, cuando Argentina sufrió agudamente los efectos de la crisis mundial. Fue a principios de esta década, en ocasión de un hundimiento nacional sin precedentes, resultado de lo que podemos considerar como el primer acto del quebranto general de la economía internacional al cual asistimos en la actualidad; y como testimonio dramático de la historia presente. Por eso mismo, es que ahora la "argentinización" de los países que se dislocan en el torbellino de la presente gran depresión es una apelación recurrente en la literatura especializada, que ya identificó con el país de las Pampas a Islandia, a Letonia y a Irlanda, para tomar los casos más notorios.
Es en este contexto que señalamos que, en forma también recurrente, la Argentina es presentada como una víctima emblemática de las llamadas políticas "neoliberales". Pero también lo es de las políticas "antineoliberales" que ahora se habrían extendido al mundo entero. A los representantes oficiales del establishment argentino actualmente en el poder se les ocurre incluso que fueron pioneros en los remedios a los cuales se apela ahora para combatir la pandemia de una quiebra de alcance internacional.
Big Bang
Esta pequeña historia tiene condimentos propios, porque fue el peronismo -que a no pocos analistas se les antoja también un extraño producto autóctono- el que produjo un gobierno que, como pocos, encarnó la aplicación de los llamados principios del "Consenso de Washington" en los ’90. Fue cuando la rápida conversión de Carlos Menem al credo conservador moderno de los Reagan y Thatcher parecía entonces confirmar un nuevo tiempo. Doble conversión si se tiene en cuenta que el mismo partido de Menem, y muchos de los mismos personajes que lo acompañaron, pasaron luego a abrazar la causa "antineoliberal" y con un entusiasmo similar al que desplegaran para aprobar la política contraria en la década anterior.
El "neoliberalismo" criollo se extendió como mancha de aceite en un momento de euforia "global", con Bush padre en la Casa Blanca. El capitalismo mundial celebraba lo que suponía una suerte de victoria definitiva: la restauración que se extendía sin freno en la disuelta Unión Soviética y como una mancha de aceite en China, bajo la tutela de un igualmente restaurado Partido Comunista. Argentina se transformó entonces en un ícono de la nueva religión "neoliberal" que sus gobernantes siguieron con entusiasmo devoto: apertura comercial, privatización sin límites de los servicios y empresas estatales, desregulación de los mercados y, en particular, flexibilización y precariedad laboral que arrasó con muchas décadas de conquistas en la materia. Pero si el neoliberalismo tuvo su acta de bautismo en los años ’80 de Reagan y Thatcher, en Argentina, bajo el gobierno de Alfonsín, se pretendió, con el visto bueno de los kirchneristas de la época (en ese entonces, "renovadores" del peronismo), lanzar un plan de privatizaciones que anticipaban los planes de Menem. Esta primera intentona se consumó luego del derrumbe provocado por los tres procesos hiperinflacionarios que provocaron las dos grandes crisis mundiales en 1987 y 1989.
Es la historia conocida de una aventura que también concluyó en desastre. La crisis mejicana de mediados de los 90 y el tsunami económico que se desató en el sudeste asiático en 1997 acabó por recalar en la Argentina provocando un gigantesco derrumbe, una depresión prolongada que llevó a una caída del producto bruto en los años subsiguientes de más del 20%. La desorganización económica del país no dejó de manifestarse hasta culminar en una disolución social sin precedentes: desaparición de la moneda, quiebra completa del sistema financiero, miseria social inédita, bancarrota del régimen político y estallido revolucionario sobre el final de 2001. El llamado "Argentinazo" acabó con la experiencia menemista luego de que su gobierno fuera sucedido, dos años antes, por un frente opositor que en lo esencial continuó los lineamientos de su antecesor. Lo prueba el hecho de que Domingo Cavallo, el artífice de la (contra) revolución neoliberal de los ’90, fue reconvocado al gobierno que ocupó el poder en 1999, presidido por Fernando de la Rúa.
El "neoliberal" Cavallo fue siempre un hombre de la burguesía "nacional", a la que rescató ya en la época de la dictadura (1982) cuando estatizó la deuda de los grandes capitalistas nativos. Incluso durante el propio gobierno menemista tuvo sus roces con el FMI, cuando éste pretendía reducir subsidios a los grupos locales y destinar el ahorro "argentino" para pagar a los acreedores externos (recientemente otro "Chicago boy", al frente del Banco Central se opuso al planteo de los Kirchner… y del FMI, de utilizar las reservas del banco para cubrir los pagos de la deuda). Cavallo fue el inspirador de lo que se interpretó en su momento como una de las medidas más sorprendentes de la política económica de la administración menemista a principios de los años ’90, cuando la moneda argentina fue fijada en paridad con el dólar (1 a 1) y, al mismo tiempo, declarada libremente convertible. La medida se fijó incluso por ley, violentando por supuesto el credo oficial del mercado, pero con la excusa de que se trataba de un "ancla" que permitiría el restablecimiento de la circulación de mercancías y capitales, quebrada una y otra vez por estallidos inflacionarios y devaluaciones que habían caracterizado la evolución de la Argentina en el período previo, y en el contexto de un estancamiento crónico espectacular: el nivel del PBI por habitante en los ’90 era inferior al de principios de la década de los ’70.
La convertibilidad estableció la intangibilidad de las reservas del Banco Central en la divisa extranjera y el hecho fue presentado como evidencia, no sólo de la supuesta autonomía de la autoridad monetaria sino de compromiso con la población por el respaldo a la moneda nativa, presentada, por eso mismo, como dinero "fuerte" que rompía con una larga tradición de la economía nacional. Lo cierto es que, en realidad, se trataba de lo contrario. En primer lugar porque la convertibilidad a un tipo de cambio fijo funcionaba, de hecho, como una suerte de "seguro de cambio" para metamorfosis varias del capital especulativo, beneficiado astronómicamente por la posibilidad de lucrar con tasas de interés y negocios de altísima rentabilidad. El alcance de esta operación leonina puede medirse en el hecho de que durante la "convertibilidad" el alza de los precios internos superó el 60%, un lucro completamente excepcional que se "dolarizó" por la arbitraria disposición de mantener el valor de la divisa norteamericana "anclada" en ese mismo lapso. Esto significa que un "inversor" extranjero que simplemente hubiera conservado durante algún tiempo un conjunto de bienes, que reflejaran la inflación promedio del período, podría acumular una ganancia de la misma magnitud.
En segundo lugar, el fraude del peso "fuerte" y convertible se expresaba en el hecho de que el tipo de cambio era para algunos más igual que para otros, según la ironía orwelliana. Así, en el caso de las inversiones, supuestamente encarecidas por un peso sobrevaluado, o lo que es lo mismo por un dólar barato, el tipo de cambio no era el del 1 a 1. Es que el gobierno aceptaba para la compra de activos estatales los bonos de la deuda argentina a valor nominal o próximo a él, mientras que la compra de esos mismo bonos se hacía a "precio de banana" en los mercados financieros, hasta un 20% de ese valor nominal. De modo que las "inversiones", que en lo sustancial no eran otra cosa que transferencias de activos estatales a capitales privados extranjeros, se podían concretar a un dólar muy valorizado, del orden de 4 ó 5 pesos por cada unidad de la moneda norteamericana, o lo que es lo mismo a un peso baratísimo, beneficioso para los tenedores de divisas. Si se tiene en cuenta la desvalorización gigantesca con la cual el patrimonio público fue entonces ofrecido a la venta, la magnitud de este negocio lo convierte (todavía continúa) en una de las mayores estafas de la historia económica nacional. En tercer lugar, detrás de la apariencia de una moneda fuerte, la realidad era, en definitiva, la opuesta: la convertibilidad implicaba la imposibilidad de una política monetaria propia, revelaba que el peso no servía ni como reserva de valor ni como instrumento de pago. La convertibilidad no fue en este aspecto otra cosa que la "dolarización" de la economía nativa, la conversión de la Argentina en una colonia monetaria del Banco Central norteamericano (la FED). En otro trabajo, dedicado al llamado "plan Cavallo", recordamos hace más de una década que un periodista oficialista se jactaba en aquel momento de que la moneda nativa fuera un "peso balboa", como se denomina la moneda panameña1.
Lo que le dio un carácter explosivo al mecanismo de la "convertibilidad" fue que reunió en un dispositivo común dos elementos diversos de la política cambiaria, incluso formalmente contradictorios. Una "caja de conversión" no implica un tipo de cambio fijo, puesto que actúa simplemente como reflejo del aumento o de la caída de la masa de oro o moneda extranjera que sirve como reserva (dinero mundial) y cuyos flujos son la contrapartida del déficit o del superávit de la balanza de pagos; es decir, de los movimientos comerciales y financieros con el exterior. Un saldo positivo, que incrementa la oferta de dólares significa, en este sentido, un aumento de la oferta monetaria extranjera y deprime su precio, como es el caso de cualquier mercancía en una economía mercantil. Al revés, el signo monetario nacional se devalúa cuando se produce el efecto contrario, como resultado de la salida de divisas del país, provocada por los saldos negativos en las cuentas que registran las transacciones con el exterior.
El mecanismo muy elemental que acabamos de describir es el que corresponde al que preconiza la llamada "teoría clásica" para la integración de las economías nacionales al mercado internacional. El ingreso de divisas resultante de un balance superavitario en el intercambio externo aumenta la masa monetaria circulante y provoca un ascenso en los precios nacionales que resta competitividad a la producción nativa, corrigiendo hacia el equilibrio la balanza de pagos superavitaria.
Esto en razón de que los precios incrementados estimulan la importación y desestimulan la demanda externa de productos del país (exportaciones). Al contrario, un déficit en las cuentas externas restringe el circulante nativo, deprime los precios y tiende a estimular las exportaciones y deprimir las importaciones, volviendo a impulsar el movimiento hacia el equilibro. La "convertibilidad", en cambio, fijó el precio de la divisa y, en consecuencia, dejó como única variable "de ajuste" a la base monetaria que determina el circulante de pesos en la actividad económica. Una situación de esa naturaleza conduce al quebranto económico en caso de una baja significativa de las reservas, porque vacía de pesos a todo el circuito económico para subsidiar la venta de una demanda de dólares, que fue previamente establecida a un precio fijo y que no se modificaría siquiera en caso de una demanda muy violenta y drástica de la divisa extranjera. Fue exactamente lo que sucedió cuando se produjo una retirada en masa de dólares en 2001, obligando al gobierno a congelar el retiro de depósitos de los particulares ("corralito bancario") y que condujo a la explosión literal del "modelo Cavallo". Que, en verdad, no fue ningún "modelo" sino una improvisación para salir de la crisis hiperinflacionaria que caracterizó el final del gobierno de Raúl Alfonsín (tuvo que adelantar el final de su mandato en 1989) y que se extendió al comienzo de la década de los noventa. Más que una improvisación fue una política -no un "plan", como también se lo denominó- y estuvo dirigida a extremar la explotación de los recursos nacionales y laborales de la nación, sin la menor consistencia entre sus diversos componentes, como sería propio de un "modelo".
Lo revela, en particular, el enorme desbarajuste fiscal promovido por el "neoliberalismo" contra sus supuestos principios conceptuales sobre el equilibrio en esta materia. Un eje vertebral de este desbarajuste fue la privatización del sistema jubilatorio con el pasaje de los aportes previsionales del estado a las
Administradoras de Fondos de Jubilación Privada (AFJP) y a supuestas cuentas individuales de "descapitalización". El financiamiento de los haberes de los jubilados que se realizaba con tales aportes de los trabajadores activos quedó de hecho, a partir de la privatización, en manos del presupuesto público que tuvo que destinar hasta el 40% de sus partidas para mantener los penosísimos ingresos de los jubilados. El déficit fiscal resultante obligaba a la emisión de deuda que se colocaba en las propias AFJP a tasas usurarias y en dólares. El financia- miento externo se incrementaba por otro lado debido al déficit comercial en el sector externo, jaqueado por la falta de "competitividad" de un dólar barato que estimulaba todo tipo de importaciones y desalentaba en igual medida las exportaciones.
La deuda externa, entonces, crecía a tasas siderales (aumentó más del 120% entre 1992 y 1999) y su servicio se tornaba impagable. Ni "modelo" ni "plan": la política de Cavallo que se extendió del gobierno de Menem al de De la Rúa era un cóctel explosivo. Explotó, bajo la forma de un levantamiento popular, en el "Argentinazo" de diciembre de 2001.
El ajuste y sus condiciones
La política económica que siguió a la explosión social y económica se mantuvo, sin embargo, en los cánones clásicos de una política de ajuste, con la peculiaridad de presentarse como la antípoda de la anterior, como sinónimo de "antineoliberal". El mote derivaría de ciertas medidas centrales de esa misma política que formalmente representaba una variante opuesta a la que acababa de agotarse mediante un estallido general. En primer lugar una gigantesca devaluación. De la paridad 1 a 1, el dólar pasó a la de casi 4 a 1 en los primeros meses de 2002, para luego estabilizarse en valores próximos al 3 a 1 que, con leves oscilaciones se mantuvo hasta 2008 cuando volvió a aumentar poco más de un 20%, un tipo de cambio que se mantiene en la actualidad. Los efectos inflacionarios de esta megadevaluación fueron contrarrestados, en un principio, por una demanda deprimida hasta límites nunca alcanzados en el país. El consumo retrocedió en la magnitud que corresponde a un cuadro social caracterizado por niveles de pobreza superiores al 50% y una desocupación global (abierta y encubierta) superior al 40% de la población económicamente activa. Las inversiones por supuesto, quedaron completamente paralizadas. La devaluación condujo a profundizar la depresión.
En situación de terapia intensiva, y frente a un estado de insurgencia popular muy extendido, el gobierno lanzó un programa de asistencia social que abarcó en un principio a millones de personas con un ingreso mensual de 50 dólares. Al mismo tiempo y sin otra alternativa, decretaba el momentáneo cese del pago de la deuda externa. En realidad, el default original fue decretado por Rodríguez Saá, que ocupó efímeramente la presidencia durante una semana en diciembre de 2001 y también intentó evitar la devaluación mediante la creación de una doble moneda: una financiera para los activos, el peso de la convertibilidad, y otra para transacciones, lo que hubiera sido el "argentino". La presión del FMI y la burguesía endeudada en pesos provocó su caída y Duhalde procedió a la devaluación lisa y llana. En contrapartida, se pesificaron las deudas en dólares para salvar a los grandes capitalistas y se emitió nueva deuda para compensar a los bancos que habían prestado las divisas originales.
Toda devaluación -y la devaluación fue la clave original del nuevo proceso económico bautizado "antineoliberal"- tiene, más allá de sus objetivos formal y mentirosamente declarados, dos funciones básicas: devaluar los salarios y devaluar el gasto público como condición necesaria para recrear condiciones de rentabilidad al capital. Es una variante de las políticas de ajuste clásicas del "liberalismo". La otra es la que observamos ahora en los "argentinizados" países del este europeo, que imposibilitados de apelar a la devaluación, porque están integrados a la zona del euro, tienen que apelar directamente a un draconiano recorte de gastos y salarios, excluidos, por supuesto, los subsidios al propio capital. Como la devaluación, a su turno, era la consecuencia del vaciamiento provocado por el capital financiero, era una manera de sancionar su resultado en lugar de sancionar a los que habían lucrado con ese mismo vaciamiento, y disponer un plan de reconstrucción económica orientado por los intereses de la mayoría. Claro que se trata de una alternativa que supera los límites de una variante capitalista.
Este es el punto y no es una cuestión de "tipo de cambio". Con la devaluación argentina en condiciones de una miseria social que no cesaba, el "antineoliberalismo" procuró una salida capitalista que se apoyaba en la desvalorización general de salarios y activos y en la capacidad ociosa creada, pero que, además y decisivamente, encontró una oportunidad en la reversión del ciclo económico mundial que se planteó desde 2002, con un incremento progresivo y en flecha del precio de los "commodities" que dominan la pauta de exportación del país. De tal modo que, desde el final de ese mismo año 2002, la actividad económica comenzó a repuntar impulsada por los negocios del comercio exterior. En circunstancias de un excepcional freno a las importaciones provocada por la megadevaluación, dio lugar a un superávit en la balanza comercial del sector externo inédito en el país. Esto fue acompañado por un superávit fiscal que se apoyó en la ya señalada devaluación de los gastos y, específicamente, de los haberes jubilatorios que habían llegado a concentrar, según lo señalamos, una proporción enorme de la erogación fiscal. Por el lado de los ingresos comenzaron a crecer los correspondientes a los impuestos a las exportaciones, cuyo valor dio un salto monumental, si se tiene en cuenta no sólo la triplicación del valor de la divisa sino la multiplicación, de hasta tres y cuatro veces, en el precio de las materias primas clave en el comercio exterior argentino. Un negocio sencillamente colosal.
Los "superávit gemelos", el abandono del dólar barato, lo que se llamó política de "desendeudamiento" fueron presentados entonces como la expresión del "nuevo modelo", postulado por los gobiernos de Eduardo Duhalde y, poco después, por el de Néstor Kirchner. Eran, según sus mentores, la evidencia de una política nacional y popular. Se trata de una impostura. Con el telón de fondo de la moratoria externa, a la cual habían apelado, con anterioridad, gobiernos del más diverso signo, la dependencia del país en relación con el capital financiero se acentuó notablemente. En primer lugar, porque obviamente lo que no se devaluó ni podía devaluarse eran los pasivos externos. La deuda externa, al momento de declararse la moratoria, alcanzaba unos 200.000 millones de dólares. Importa precisar, además, que jamás se habló de desconocerla a pesar de las manifiestas evidencias de su carácter fraudulento, demostrado incluso en los estrados judiciales al cabo de un larguísimo proceso. En consecuencia, el peso de la deuda se triplicó automáticamente en relación con un producto nacional depreciado en dólares hasta representar casi un 200% de aquel. En segundo lugar, la magnitud del endeudamiento no disminuyó a pesar de su reprogramación, que culminaría en 2005 con quitas a la deuda "defaulteada" que el gobierno anunció pomposamente que llegaban al 60% del valor original.
El misterio es muy sencillo porque lo que sucedió fue que, en paralelo a la deuda impaga y renegociada, el gobierno lanzó "nueva deuda", en particular para mejorar la situación patrimonial de los bancos que se encontraban en situación de completa bancarrota. Por eso, la nueva deuda fue en gran medida dirigida a "compensar" a los bancos por los efectos de la propia devaluación. Es que, al momento de provocar la triplicación del valor del dólar, el gobierno decretó asimismo la llamada "pesificación asimétrica" por medio de la cual permitió que las deudas contraídas en dólares se pagaran en pesos, mientras la devaluación de los depósitos atrapados en el ya mencionado “corralito” de Cavallo, debían devolverse a 1,40 en un lapso dilatado y también con bonos de la nueva deuda. De esa manera, los depósitos de pequeños y medianos ahorristas sufrieron una enorme confiscación y fue un negocio de la China porque los grandes capitales pudieron licuar su deuda en una magnitud homérica. No sólo respondían con 33 centavos de dólar por cada dólar del crédito original sino porque, además, podían pagar ese mismo crédito devaluado con los títulos aún más devaluados de la deuda declarada en moratoria, y que eran reconocidos a un valor que duplicaba el de su precio en el mercado. Resultado: el capitalista "endeudado" podía cubrir con 15 dólares un valor de 100 de su obligación original. Por otra parte, con el dólar estabilizado en torno de los 3 pesos durante varios años, lo que se reiteró fue la bicicleta financiera propia de la "convertibilidad" a precio fijo del pasado. Este negocio fue estimulado por la "nueva deuda" que sustituyó en 2005 al viejo endeudamiento declarado en default con el pretexto de hacerla "nacional" al emitirla en pesos.
Esto último porque las nuevas obligaciones se ajustan por un índice próximo a la inflación, con lo cual la novedosa convertibilidad, recreada como una suerte de seguro de cambio, volvió a producir ganancias espectaculares para los especuladores.
Por último, en lo que respecta a este punto, importa precisar que lo que viabilizó toda la negociación de la deuda externa, a diferencia de lo que se planteaba en el pasado, fue el hecho de que los acreedores ya no eran precisamente los bancos. Las entidades financieras, que en épocas previas eran los prestamistas, ahora habían vendido la deuda argentina que había sido retirada de sus balances por la transferencia de los títulos de la misma al "público". Los estafados en este caso fueron ahorristas (por ejemplo, jubilados europeos y japoneses) que tuvieron que malvender sus bonos, que muchos bancos recompraron otra vez a precio de liquidación y se convirtieron en un gran negocio con la valorización posterior resultante del acuerdo para la reprogramación del pago de la deuda. Así, por ejemplo, un título que llegó a cotizar al 20% de su valor rindió al banco que entonces lo compró, un 100% de ganancia cuando su valor se duplicó al momento de cerrar la negociación para retomar el pago de los servicios de la deuda. Hasta la "quita" fue un fraude. No menor al pago efectuado en 2005 y en un solo acto de 10 mil millones de dólares al FMI, sin ninguna quita y sin romper con el Fondo, al cual ahora se quiere volver a recurrir.
Parasitismo… final
El resultado del default fue entonces un increíble reendeudamiento alargado en el tiempo; es decir, a costa de una hipoteca creciente hacia el futuro. Todo esto financiado con la quiebra de la economía de la población laboriosa y del gasto social. Fue sobre esa base que los grandes "superávit gemelos" permitieron girar al exterior una cantidad enorme de dólares para cumplir con los servicios de la deuda, reestructurada en una dimensión que serían incapaces de imaginar los… "liberales" adictos al endeudamiento desenfrenado. Entre 2003 y 2008, un total superior a los 60 mil millones de dólares fue derivado al cumplimiento de las obligaciones externas por la "progresista" administración kirchnerista. El carácter parasitario de esta política se revela en el hecho de que el crecimiento económico del sexenio 2008 tendió a encontrar un límite en la misma medida en que el salario real recuperaba valores … de una década atrás, cuando el gobierno de Menem enfrentaba el contexto de la crisis internacional de la época. Un crecimiento que, además, se hizo a costa de un deterioro general del patrimonio público e incluso del capital privado, si se tiene en cuenta que se apoyó largamente en la capacidad ociosa preexistente y que fue acompañado de una "huelga de inversiones" que llegó a afectar el stock de capital acumulado. Como entre 2003 y 2008 el superávit fiscal fue el mayor de toda la historia económica del país (del orden del 3 por ciento del PBI) más de 50 mil millones de dólares fueron dilapidados en pagos a la deuda y en la compra de dólares para acumular reservas y evitar que el ingreso enorme de divisas tirara abajo el precio del dólar. El dólar que, como señalamos, se mantuvo fijo y convertible durante más de un lustro. Las crecientes obligaciones externas con el paso del tiempo y, finalmente, el estallido de la actual crisis mundial, han llevado al colapso al plan antineoliberal de los Kirchner que, como en el caso de sus predecesores liberales, no es sino una política capitalista que no puede superar sus propias limitaciones en un estadio de descomposición muy avanzado del capital, aquí y en el mundo.
La expresión más acabada de este final de función es la monumental fuga de capitales que afecta a la economía nacional: suma más de 40 mil millones de dólares desde 2007, excediendo considerablemente la fuga que precedió al final del gobierno De la Rúa-Cavallo en 2001. El gobierno "antineoliberal" de los Kirchner fue la emergencia resultante de una crisis de alcance mundial. La crisis presente es el final de esa misma experiencia gubernamental, de su carácter inconsistente y de su naturaleza profundamente capitalista (ni nacional ni popular).
Cuando se oponen de un modo abstracto los elementos de la política del liberalismo y del antineoliberalismo (dólar barato-dólar caro; endeudamiento-desendeudamiento; déficit fiscal externo-superávit, etc.) no sólo se omite el contenido esencial de ambas políticas, sino que se oculta también su rol complementario una vez que se deja de lado la foto y se puede observar la película. Pero se esconde, además, lo que tienen en común: las privatizaciones se mantuvieron, los negociados no se investigaron, los activos mal habidos no fueron expropiados. Cuando se concretó parcialmente una nacionalización fue para proceder a una operación de salvataje del antiguo dueño, como es el caso emblemático de Aerolíneas Argentinas. En esta función, la política del gobierno Kirchner tiene una dimensión internacional si se tiene en cuenta el importante papel jugado por las autoridades argentinas para que el venezolano Chávez acabe de pagar un gran sobreprecio por la siderúrgica Sidor en Venezuela, amén de las prebendas que aseguren los negocios del monopolio argentino de la industria de acero.
En los últimos meses el gobierno argentino procedió a nacionalizar el sistema previsional privado que estaba en ruinas y luego de que durante más de una década sus propietarios cobraran "comisiones" de hasta el 40% de los fondos acumulados por administrar un negocio único (sus ganancias se incrementaban a pesar de que las inversiones financieras destinadas a preservar el fondo se desplomaban en forma irreversible). Pero ahora esos mismos fondos manejados por el gobierno están siendo usados para pagar deuda en los límites de un nuevo default, cuya posibilidad ha sido una y otra vez comentada en la prensa internacional. Se posterga el "default" externo con un "default" de los salarios diferidos acumulados por millones de trabajadores y expropiados por el Estado. De modo que en la actualidad el 80% de los jubilados cobra una jubilación mínima de 200 dólares, una cuarta parte del salario promedio de los trabajadores en actividad y que, según el orden constitucional vigente, debiera ser equivalente al 82% de ese mismo salario. Son los mismos fondos que se confiscan al sistema previsional los que también se utilizan para subsidiar al capital privado y camuflar las manifestaciones más evidentes de una muy severa recesión económica, en particular en el período que antecede a las elecciones legislativas de fines de junio próximo y frente a las cuales el gobierno se enfrenta con los límites de su propia descomposición y desprestigio popular. Se trata de un desfalco en línea con la gama de remedios que en el mundo entero se destinan a tratar de rescatar al capital en quiebra.
Neoliberalismo y antineoliberalismo son también una expresión del ciclo más amplio de la economía mundial bajo la hegemonía del capital financiero. Frente a una expansión del capital a préstamo y de un creciente y explosivo desarrollo de capitales ficticios que buscaban multiplicar las oportunidades de ganancia sin contrapartida en el crecimiento de la actividad productiva, los países "emergentes" fueron parte del mecanismo de absorción de tales recursos. Es un hecho, sin embargo, que toda inversión o crédito extranjero exige en algún momento la repatriación de ganancias e intereses, como es un hecho también que toda bancarrota implica la utilización de fondos que anteriormente circulaban en ámbitos de los cuales son sustraídos para procurar el salvataje de los capitales en quiebra. Argentina y los países atrasados se adaptan a esas manifestaciones cambiantes del ciclo capitalista en el mercado internacional con políticas igualmente cambiantes, que deben ser apreciadas de conjunto en relación con los espasmos de la economía global. Es en este sentido que neoliberalismo y antineoliberalismo se articulan e incluso se complementan de un modo que sería incomprensible fuera de la apreciación del proceso económico como un todo. Dicho de manera más simple: los liberales crearon una enorme hipoteca en los noventa como agentes del gran capital y el FMI; los antineoliberales pagaron la factura, sin alterar, por supuesto, la lógica general de la gestión social del metabolismo productivo por el capital, que es la cuestión esencial. Bajo la apariencia de políticas económicas opuestas se oculta la función común de planteamientos que deben ser integrados en una comprensión integral de los vaivenes de la economía capitalista nacional e internacional.
Se puede decir que el anticipado "antineoliberalismo" o el supuesto keynesianismo de la política económica argentina ilustró de antemano la naturaleza de la ola de "antineoliberalismo" mundial presente: está condenada, en el mejor de los casos, a preparar crisis y explosiones más severas. Con un agregado: Argentina, luego del tremendo pozo en el que cayó a principios de esta década, no fue rescatada para la actividad capitalista por el "antineoliberalismo" sino por la burbuja del mercado mundial, que produjo los años de "mayor crecimiento" de la economía capitalista en muchísimo tiempo. ¿Quién rescatará ahora al capital que es el corazón mismo del mercado mundial? Desastre no es Argentina, es el capitalismo mundial, ahora en la más severa crisis de su historia. Y no hay salida fuera de una política anticapitalista muy sencilla: ninguna suspensión o despido de trabajadores, nacionalización de la banca para rescatar a las víctimas, no a los victimarios; y un plan económico al servicio de los productores, no de los que lucran a costa de su trabajo. Como la estatización de la economía mundial avanza inevitablemente frente al quebranto generalizado del capital, esta salida ha tomado la forma de una consigna popular: salven a los trabajadores, no a los bancos y a los capitalistas.
Está en juego, en definitiva, una cuestión política decisiva, es decir una cuestión de "economía concentrada" decisiva: la naturaleza del Estado, la cuestión del poder. Que gobiernen los expropiados y no los expropiadores. Habrá que sacar, por lo tanto, las conclusiones pertinentes.
Notas
Presentado en la IV Jornada Internacional de políticas públicas.
Universidade Federal de Maranhao. Brasil. Agosto de 2009.
1. El tema lo analizamos en "Plan Cavallo, expropiación y crisis", en "En defensa del Marxismo” N° 15, Buenos Aires, diciembre 1996 y en "Violencia y Derechos Humanos", Inés Izaguirre (org.), Eudeba, abril 1998.
