Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
España, la próxima
Bancarrota económica, crisis política y rebelión popular
España se ha convertido en el eslabón más débil de la crisis capitalista. Analistas de uno y otro color político ya dan por hecho que "es la próxima Grecia", aunque no siempre agregan que el tamaño de la economía española es mucho más importante que el de la griega y que las consecuencias de su quiebra serían demoledoras para todos los equilibrios europeos. Cuando apenas pasaron ocho meses de la victoria electoral del Partido Popular, que regresó al gobierno con mayoría absoluta, está planteado no solo el "rescate total" de la economía ibérica sino también la liquidación del gobierno de Rajoy. No sólo eso: la crisis ha quebrado los equilibrios de un régimen político que se montó en la década de los setenta luego de la muerte de Franco y que fue presentado urbi et orbi como ejemplo modélico de 'transición a la democracia'. La bancarrota capitalista ha puesto al desnudo todas las contradicciones que atraviesan a España, a sus nacionalidades y a su clase obrera.
Colapso económico
El derrumbe político del gobierno de Rodríguez Zapatero llevó, en noviembre del año pasado, al triunfo electoral del Partido Popular, que volvió al gobierno luego de siete años con mayoría absoluta en el Parlamento. Su victoria fue presentada como la garantía del 'gobierno fuerte' que necesitaba España para poder aplicar todas las medidas que fueran necesarias para enfrentar la crisis. A ocho meses de ese triunfo electoral, la situación se precipita, sin embargo, hacia el colapso. Los sucesivos planes de ajuste anunciados por Rajoy desde que llegó a la Moncloa implicarán un brutal ataque a los derechos y condiciones de vida de las masas, no sólo en lo inmediato sino en un largo período, pero no tienen ninguna posibilidad de prevenir el desastre. El objetivo de los recortes, en la línea de lo implementado por otros gobiernos europeos, era reducir el déficit de las cuentas públicas al 3% del PBI que, supuestamente, la Unión Europea establece como 'obligatorio' para todos sus países miembros. Con los recortes en curso, sin embargo, dicho déficit no hizo sino aumentar, entre otras cosas porque se profundizó brutalmente la recesión económica. La suba disparada de la llamada prima de riesgo -la tasa de interés diferencial que paga la deuda española respecto de la alemana- pone de manifiesto que 'los mercados' ya han caracterizado que España no tiene ninguna posibilidad de salvarse si no es con un rescate europeo: actualmente está en curso una pulseada para establecer cuáles son las condiciones de ese rescate, en principio porque España no es Grecia y su quiebra arrastraría a toda Europa al abismo. La reciente decisión, por parte de la Unión Europea, de "relajar los objetivos de déficit", permitiendo que España cierre este año con un déficit de 6,3% y postergando recién hasta 2014 el objetivo del 3%, es en realidad una confesión del fracaso y una medida en defensa propia, para evitar que la prima de riesgo se dispare y provoque un pánico bancario generalizado.
Los planes de ajuste han fracasado en su intento de salvar a España del rescate, pero su implementación tiene consecuencias brutales en la economía, profundizando la crisis y la miseria social. El desempleo ha alcanzado los niveles más altos desde que comenzaron a tomarse registros, luego de la caída del franquismo. Según los datos oficiales, en el segundo trimestre llegó a la friolera de 24,6%. La realidad, de todos modos, seguramente supera esas cifras: según el Financial Times (27/7), "algunos economistas han cuestionado la precisión de los datos del Instituto Nacional de Estadística, advirtiendo que no toma en cuenta las variaciones estacionales en una economía donde tienen mucha importancia el trabajo temporal en ramas como el turismo y la gastronomía". El desempleo juvenil alcanza, según todos los analistas, el cincuenta por ciento. La pauperización de masas crece día a día: el desempleo ha llevado a cada vez más familias por debajo del límite de la pobreza, pero en esos niveles ya se colocan también muchos asalariados, cuyos ingresos muchas veces se han convertido en los únicos que recibe toda una familia y no son suficientes para hacer frente a los gastos más elementales. En un país que fue la máxima expresión de la especulación inmobiliaria, hasta que la burbuja estalló, la cuestión de la vivienda está en el centro de la miseria social: el año pasado los juzgados procesaron casi sesenta mil desalojos, "una cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010" (El País, 30/3). Miles y miles de familias han quedado literalmente en la calle y se alimentan en comedores religiosos o comunitarios.
Estalla la "España de las autonomías"
El ajuste no es sólo un factor de profundización de la recesión sino, también, un impulsor de la crisis política y un factor de disgregación de los equilibrios regionales. "El conflicto más serio y más profundo tiene que ver con el temor de que el PP intente usar la crisis para desarmar un acuerdo de coparticipación establecido luego de la caída del franquismo al que siempre se había opuesto", caracterizó hace poco el Financial Times. "El problema de liquidez", agrega, "se está convirtiendo rápidamente en un duelo político entre Madrid y las regiones más ricas, como Cataluña". La cuestión es, claro está, cómo se reparten los costos del ajuste y quién paga el costo político de los gigantescos recortes: está en curso una profunda tensión entre las diferentes burguesías regionales del Estado español para determinar quién cargará con el peso de la bancarrota. El ministro de Economía de Rajoy amenazó con intervenir los gobiernos regionales que no cumplan las metas de ajuste establecidas por Madrid, bromeando con la necesidad de enviar a las capitales de las comunidades autónomas a sus propios "hombres de negro", como se llama en Europa a los enviados del FMI y la UE que controlan el cumplimiento de los programas de rescate en Irlanda, Grecia y Portugal. Un asesor del gobierno catalán, en la misma línea, señaló que "el PP tiene una recentralización en su agenda, y replicar internamente el mecanismo que utiliza la UE, que le da una suerte de legitimidad" (Financial Times, 31/7).
Se trata de toda una caracterización, que pone de relieve que en el marco de la crisis Madrid intenta aumentar su control sobre las autonomías regionales del mismo modo -y al mismo tiempo- que la Alemania de Merkel hace lo propio con el Estado español en su conjunto. Pero la crisis desata, simultáneamente y al igual que en la Unión Europea, todas las tendencias centrífugas en la propia península ibérica. La burguesía catalana sigue reclamando que su región aporta al Estado central un 9% de su PBI, mucho más de lo que recibe a cambio, y exige que se le otorgue a la Generalitat la potestad de recaudar sus propios impuestos y luego remitir una parte a Madrid. Los catalanes toman como modelo lo que ocurre en Euskadi, que tiene un régimen excepcional en el marco de la Constitución española y aporta a la caja del Estado central ocho veces menos que Cataluña, lo cual le ha permitido, a diferencia del resto de las comunidades autónomas, mantener su déficit y su deuda relativamente bajo control.
Esta tensión llevó a que, hace algunas semanas, el representante catalán directamente pegara el faltazo a una reunión del ministro de Economía con las diecisiete comunidades autónomas, en la cual se debían discutir las metas de ajuste de las diferentes regiones; luego, y siguiendo el ejemplo de los catalanes, el representante andaluz abandonó la reunión. Pero Cataluña, cuya economía tiene el tamaño de la de Portugal y cuyos vencimientos inmediatos de deuda son impagables y no pueden ser refinanciados externamente, no tiene más remedio que apelar a un rescate… de Madrid. Así fue que se pudo ver al conseller de la Generalitat, con la bandera catalana y hablando en dicho idioma, anunciar a la prensa que habían resuelto acogerse al fondo de rescate del Estado central, dado que no tienen otro modo de cuadrar sus cuentas. El portazo dado a la reunión con el ministro de Economía ha abierto una crisis en el seno de Convergencia i Unió, el tradicional partido de la burguesía catalana, actualmente en el gobierno, cuando algunos sectores más dialoguistas pidieron restablecer algún tipo de negociación. Según El País (3/8), "una cosa es mostrar el enfado en un momento determinado y otra bien diferente ir a una guerra sin cuartel de manera indefinida": el gobierno catalán anunció que descarta apelar al Tribunal Constitucional, como había amenazado, y "pidió negociar de nuevo con el gobierno central las condiciones de déficit".
Una crisis de alcance histórico
El alcance de la crisis política que se abre con estas disputas tiene un carácter histórico y debe ser caracterizado con precisión -algo que no ocurre, lamentablemente, en la mayor parte de las elaboraciones de la izquierda española. Hasta los editorialistas de los periódicos admiten que lo que se ha puesto en cuestión es el tan mentado "estado de las autonomías", surgido luego de la caída del franquismo. La celebrada "transición" española fue reivindicada por propios y extraños, durante décadas, como el modelo exitoso de salida democrática, encarnado en los famosos Pactos de Moncloa, que incluso fueron puestos como ejemplo, una y otra vez, en los más diversos países como modelo a seguir por fuerzas políticas de todo calibre. En realidad, la transición fue un operativo de la burguesía y el imperialismo para articular una salida a la debacle del franquismo, que se procesaba en el marco de un enorme auge de masas, con fuerte protagonismo de la clase obrera y los movimientos nacionalistas, desde mediados de la década de 1970. La crisis del franquismo no puede desvincularse del cuadro más general que tuvo como un hito la "revolución de los claveles" portuguesa, el 25 de abril de 1974, que derribó a la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, que gobernaba el país desde 1926. La muerte de Franco, en noviembre de 1975, precipitó una crisis política que venía madurando desde hacía años, en el marco de una creciente movilización de masas. La transición fue, en realidad, el resultado de un período de crisis que se extendió por más de un lustro -el 23 de febrero de 1981 un frustrado golpe militar puso de manifiesto la fragilidad del régimen político- y en el marco del cual la 'democracia' jugó el papel de contener y desviar la movilización obrera y popular que recorría a todo el país. El régimen montado no sólo garantizó la impunidad de la dictadura sino que se basó en la continuidad de gran parte del personal político franquista, reconvertido en nuevas formaciones políticas como la UCD o el Partido Popular, y tuvo como pieza maestra a la monarquía borbónica, restablecida -había sido depuesta en 1931 y Franco no la había vuelto a imponer- en la figura de Juan Carlos I.
La monarquía y los ex franquistas, de todas formas, no habrían podido llegar muy lejos en su intento de articular el régimen político continuista y sostener la unidad del Estado español, en el marco del enorme clima de movilización obrera y estallido de las reivindicaciones nacionalistas, oprimidas por cuarenta años de dictadura, sin la colaboración decisiva de los dos principales partidos de la izquierda y el movimiento obrero. El Partido Comunista y el PSOE, que controlaban además las dos principales centrales sindicales -Comisiones Obreras y UGT- no sólo pusieron todo su empeño en encarrilar la movilización de masas por el camino de la 'democracia' sino que aceptaron incluso el restablecimiento de la monarquía, volteada por la Segunda República en abril de 1931. El reemplazo de la bandera tricolor republicana por la rojigualda de la monarquía y el franquismo, por parte del propio PCE, fue sólo la coronación simbólica de una nueva traición del stalinismo al proletariado y a los pueblos de España. Los "pactos de la Moncloa", firmados en octubre de 1977, representaban ese acuerdo 'multisectorial' cuyo objetivo de fondo era poner un freno a las demandas obreras en un momento de máxima fragilidad del régimen. La incapacidad de forjar una alternativa y una superación a las mismas direcciones que habían llevado a la clase obrera a la derrota en la década de 1930 traía como consecuencia una nueva frustración para uno de los proletariados con mayor tradición revolucionaria.
Si el papel de la izquierda y la burocracia de los sindicatos fue decisivo para asegurar la 'paz social' y desmontar la agitación obrera de fines de la década de 1970, la otra pieza decisiva de la transición fue la consolidación del llamado 'Estado de las autonomías', por medio del cual se montó un nuevo equilibrio que asegurase la unidad estatal bajo la figura de la monarquía borbónica, y cediese cierto margen a las reivindicaciones nacionalistas y a los intereses de las burguesías regionales.
El nacionalismo había cobrado fuerza a fines del siglo XIX como una ideología de carácter derechista, impulsada por sectores de las burguesías catalana y vasca, regiones con un desarrollo capitalista más avanzado pero dependientes políticamente del gobierno de Madrid. Fue bajo el franquismo -que dispuso una represión absoluta contra todo tipo de manifestaciones nacionalistas- cuando el nacionalismo comenzó a ganar apoyo entre la juventud explotada y se transformó en un canal de lucha contra la dictadura franquista. ETA, fundada a fines de la década de 1950, llegó a alcanzar, en los años setenta, influencia de masas, sobre todo después del atentado que le costó la vida a Luis Carrero Blanco, presidente de gobierno y candidato a sucesor de Franco. En la transición, los grandes partidos de la burguesía nacionalista catalana (CiU) y vasca (PNV) pasaron a ser puntales del nuevo régimen. Aunque, como señalamos antes, Euskadi obtuvo en esta negociación un régimen de excepción que aseguraba a su burguesía un margen aún mayor de autonomía, todo un sector de la izquierda nacionalista, referenciado fundamentalmente en ETA, quedó por fuera del régimen de la transición y sería, de hecho, el principal adversario al régimen de los pactos de la Moncloa y la monarquía postfranquista. La traición de la izquierda, durante la transición, a la causa de la autodeterminación de los pueblos de España, fortaleció el ascendiente de ETA sobre todo un sector de la juventud nacionalista vasca, al tiempo que lo aislaba de los trabajadores del resto del Estado.
Los "indignados"
Como se observa, el régimen que se está resquebrajando es nada menos que el montado ante la caída del franquismo para intentar remendar, una vez más, todas las tendencias centrífugas nunca resueltas de la España contemporánea. La fractura 'por arriba' entre las burguesías regionales y el Estado central, a lo que se agrega la fuerte caída de la legitimidad de la monarquía, acosada por diversos escándalos, se ve acompañada por la aparición, 'por abajo', de ese gran protagonista de la historia del siglo XX que todos creían desaparecido luego de décadas de 'éxito económico': los pueblos de España y su larga tradición de rebelión. Desde mayo de 2011, cuando hizo su aparición pública con una gigantesca movilización que conmovió primero a Madrid, luego a toda España y finalmente al mundo entero, la crisis española quedó definitivamente asociada al llamado movimiento de los 'indignados'. Aunque sorprendió a propios y extraños, su masividad y la velocidad con que se generalizó en decenas de ciudades en todo el Estado y también en el extranjero, el movimiento no era un rayo en cielo sereno, sino que hundía sus raíces en una larga y difícil experiencia de luchas y resistencias de la juventud en los años de la 'burbuja hipotecaria', en las enormes movilizaciones contra la intervención española en la guerra de Irak, en 2004 -que llevaron, aunque no suele recordarse, a la derrota electoral de Aznar- hasta las menos conocidas luchas y movilizaciones contra la carestía de la vivienda o las actividades de centros sociales y culturales en locales ocupados. En la mayor parte de los casos se trató de movimientos subterráneos que se desarrollaron al margen de la anquilosada burocracia de los sindicatos y la izquierda.
Uno de los grandes síntomas de que estaba en preparación un gigantesco estallido fue una manifestación realizada el 7 de abril de 2011, cuando unos dos mil jóvenes recorrieron las calles de Madrid en protesta por la precariedad laboral y los recortes sociales, sumándose así a la lucha de los jóvenes europeos, que había tenido como epicentro las luchas en Inglaterra, para protestar contra la subida de tasas universitarias y en Portugal, Italia, Grecia e Islandia contra la crisis, la precariedad laboral y contra los ajustes. En la primera semana de mayo, un pequeño grupo de jóvenes quiso instalar un campamento en la Puerta de Sol, y fue rápidamente desalojado por la policía. Lo que parecía un episodio represivo más contra los pequeños grupos de jóvenes que protestaban, en forma relativamente aislada, contra el impacto de la crisis, terminó siendo el catalizador de una gigantesca reacción. El 15 de mayo, veinte mil personas desbordaron la Puerta del Sol y modificaron por completo la escena política de la crisis española. Nacía así el movimiento llamado 15-M, por la fecha de su primera movilización.
Los críticos del movimiento no tardaron en pronosticar, una y otra vez, su decadencia. Lo hicieron muy tempranamente, a sólo una semana de las primeras movilizaciones, debido a que el domingo siguiente se realizaron las elecciones regionales que culminaron con una victoria del PP y ya preanunciaban la catástrofe electoral del PSOE, que lo llevaría a tener que abandonar el gobierno a fines de año. La movilización, decían, no había logrado evitar que el descontento con el gobierno de Zapatero se canalizara hacia el PP, suponiendo que entre el estado de ánimo de las masas y los resultados electorales existiría una correlación directa. El movimiento, sin embargo, creció y se expandió, llegando a mantener un acampe en la Puerta del Sol durante varios meses; algo absolutamente impensable tan solo unas semanas antes, cuando cualquier tipo de movilización debía requerir permiso a las autoridades y los acampes eran sistemáticamente desalojados. Durante ese verano el movimiento se expandió por decenas de ciudades y cristalizó en la formación de asambleas barriales; en algunos casos, como en Barcelona, se vinculó más directamente con distintos sectores obreros en lucha. Cuando ya ha pasado un año y medio desde su irrupción, el movimiento ha protagonizado una gran cantidad de actividades y medidas de lucha de acción directa, como 'huelgas de consumo', escraches a bancos y acampes frente a ministerios y oficinas públicas. Un lugar especialmente importante lo ocuparon diversas medidas de acción, movilizaciones y hasta ocupaciones para impedir desalojos, una reivindicación particularmente sentida en el contexto de la gravísima crisis de vivienda que atraviesa España.
En el primer semestre de 2012, la Delegación del Gobierno registró 1.394 protestas en Madrid, una cifra récord en las últimas décadas. El repliegue del movimiento a los barrios tuvo derroteros diversos; dio lugar a un desenvolvimiento combativo y a vínculos con sectores obreros, pero también se enfrascó muchas veces en un deliberacionismo permanente y en no pocos casos debió enfrentar el bloqueo de organizaciones locales del PSOE, Izquierda Unida e incluso el PP, influyentes en asociaciones de vecinos preexistentes.
Surgido en el marco de una crisis que estalló luego de décadas de completa asimilación de la izquierda y la burocracia sindical al régimen político y a los marcos del capitalismo, y en buena medida como reacción a ellas, no debe sorprender que el movimiento de los 'indignados' esté marcado por profundísimas contradicciones políticas. Predomina en sus filas, desde sus primeras apariciones públicas, un rechazo generalizado a los partidos y en cierta forma a la política en general: sus reuniones y asambleas están marcadas por un planteo 'horizontalista' que llega incluso a rechazar las votaciones -planteando que debe resolverse 'por consenso'- y la propia toma de posicionamientos políticos.
La clase obrera y la burocracia de los sindicatos
El clima de movilización y agitación popular que recorre al Estado español no debe reducirse, de todas formas, al movimiento de los 'indignados'. Particularmente en los últimos meses se ha planteado una fuerte intervención del movimiento obrero, en respuesta a los brutales ataques lanzados por el gobierno para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. En los últimos meses la lucha obrera dio un gran salto con la enorme huelga desarrollada por los mineros de diferentes provincias del norte de España, en lucha contra los recortes impuestos por Rajoy a los subsidios que recibe el sector. El de la minería del carbón, espina dorsal del proletariado asturiano y también de otras regiones del norte, es un sector que viene sufriendo un deterioro tras décadas de vaciamiento: se calcula que, actualmente, emplea a unos 8 mil obreros en casi cincuenta explotaciones, mientras que hace 27 años empleaban a más de 50 mil. La producción ha caído de 20 millones a 8,5 millones de toneladas. El gobierno ha anunciado un recorte de más del 60% en los subsidios que recibe el sector, lo que implica el cierre de gran parte de las minas y con él la quiebra de pueblos y regiones completas, cuyas economías dependen de la minería para sobrevivir. Las imágenes de la lucha de los mineros recorrieron el mundo: no sólo fueron a la huelga y realizaron múltiples 'encierros' (ocupaciones) en las minas en conflicto, sino que cortaron vías y carreteras y enfrentaron decididamente las cargas de la policía y los antidisturbios, haciendo retroceder a las fuerzas represivas. La decisión de marchar sobre Madrid, desde los distintos puntos de todo el Estado donde se realizaban las huelgas y ocupaciones, convirtió a los mineros en un eje de reagrupamiento para un amplio activismo obrero y popular, que recibieron a la 'marcha negra' en diversos puntos de su camino y se movilizaron de a miles en Madrid para acompañar a los trabajadores a la sede del Ministerio de Industria.
Los mineros enfrentan, al igual que el conjunto del proletariado español, la losa de una burocracia sindical enormemente integrada y adaptada al aparato del
Estado y al régimen político. Sus dos centrales sindicales históricas, UGT y Comisiones Obreras, están directamente vinculadas con los viejos aparatos de la socialdemocracia y el stalinismo, y con todo el régimen montado desde los 'pactos de la Moncloa'. Luego de dos meses, la burocracia resolvió a principios de agosto levantar la huelga minera, luego de denunciar que el gobierno "mantiene una posición inmovilista que ha enquistado el conflicto" e informar que va a diseñar "una nueva estrategia que permita a los trabajadores y a sus familias una solución sostenible en el tiempo, sin renunciar a un acuerdo satisfactorio del conflicto" (Público, 2/8). El gobierno, en efecto, mantiene una política destinada a quebrar el conflicto, primero negando cualquier tipo de negociación para desgastar la huelga y luego creando una "comisión de seguimiento" que no aportó absolutamente ninguna propuesta, pero que ha servido a la burocracia como excusa para levantar la huelga sin proponer ninguna medida para llevar la lucha a la victoria.
Las luchas siguen, sin embargo, a pesar de las vacaciones. El 3 de agosto se realizó una gran huelga ferroviaria, en rechazo a la decisión del gobierno de avanzar en una privatización de Renfe, la empresa pública que maneja los trenes. La huelga tuvo una adhesión de más del 80%, a pesar de los brutales 'servicios mínimos' que impone la reglamentación y en ocasiones llegan a superar el 60% de los habituales. La movilización es masiva también entre los empleados públicos, uno de los principales sectores afectados por el último plan de ajustes de Rajoy que liquida su aguinaldo de fin de año y otras conquistas. En este cuadro, la burocracia sindical anunció que las protestas "no tomarán vacaciones", pero se limitó a convocar concentraciones de media hora todos los viernes, frente al ministerio de Hacienda, y se concentró en la realización de una "Cumbre social", que convocó a una marcha sobre Madrid, procedente de toda España, para el miércoles 15 de septiembre. La "cumbre" fue presentada como una multisectorial que reúne a los sindicatos mayoritarios y también a otros grupos y asociaciones profesionales, como las de fiscales, médicos, arquitectos, abogados, ingenieros, sindicatos de policías y asociaciones de jueces. La convocatoria a una movilización y el reclamo de una 'consulta popular' sobre las medidas que lleva a cabo el gobierno fueron correctamente interpretadas por casi todo el mundo como una excusa para encubrir que no se fijó ninguna fecha para una próxima huelga, ni siquiera en los próximos meses. Según las crónicas periodísticas, el punto fue objeto de debate en las reuniones de la "cumbre" y primó la posición partidaria de limitarse a anunciar que se convocará a una huelga "general y social" en algún momento "del otoño".
El papel reaccionario de la burocracia de los sindicatos ha quedado al desnudo de una manera aún más brutal cuando trascendió que los dos líderes de UGT y CC.OO. se reunieron en secreto, a comienzos de julio pasado, con el canciller alemán Angela Merkel. La realización de la cumbre, que fue confidencial a pedido de la propia Merkel, sólo trascendió semanas más tarde y por iniciativa de la Moncloa, cuando Rajoy también aceptó conceder una reunión con los sindicalistas.
Según los informes periodísticos, "Méndez y Toxo le entregaron un resumen, escrito en alemán, de los acuerdos firmados por los sindicatos y la patronal sobre pensiones y salarios y flexibilidad interna que no habían podido entregar a Rajoy", y su objetivo ante Merkel fue "tratar de desmontar la imagen sobre ellos que se haya podido transmitir desde el gobierno de Rajoy, que tiene el dudoso honor de haber sido el presidente español al que antes le han convocado una huelga general" (El País, 28/7). Los sindicatos hicieron saber a Merkel, además, "que esperaban que fluyera pronto el crédito en España para desatascar el bloqueo del consumo, aunque se mostraron incrédulos sobre la eficacia inmediata" y "reseñaron la importancia de acabar con el problema de la deuda y reducir la prima de riesgo con la alemana" (ídem).
La izquierda
Las organizaciones históricas de la izquierda española fueron la pieza clave del régimen que se montó a fines de los setenta para salvar la estructura política y económica de la dictadura, al amparo de la monarquía y bajo el ala del imperialismo. La aceptación del PCE del régimen monárquico tuvo un costo muy elevado para el partido de Santiago Carrillo, que era la principal fuerza de la izquierda a la salida de la dictadura y en unos pocos años perdió aceleradamente su influencia electoral. Bajo la batuta de Felipe González, el PSOE logró convertirse en el principal recambio para el agotado régimen de la UCD de Suárez y llegó al gobierno en 1982. También se integraron al régimen de la "España de las autonomías" diversos grupos de la izquierda nacionalista de Cataluña y de Euskadi, como Esquerra Republicana y diversas rupturas de la izquierda abertzale vasca, algunos de los cuales ingresaron directamente al Partido Socialista de Euskadi y otros formaron grupos independientes (Aralar, Eusko Alkartasuna) que "repudiaron la violencia" y aceptaron las reglas del juego del régimen de la monarquía. El PCE, muy debilitado y marginado por el ascenso del PSOE y la estructuración de un régimen político de alternancia con el Partido Popular, se reagrupó en Izquierda Unida, una coalición que actuó durante todos estos años como virtual rueda de auxilio del PSOE, llegando a gobernar en conjunto en diversas ciudades y comunidades autónomas.
Si en 2004, luego de las enormes movilizaciones contra la guerra, el intento del gobierno del PP de atribuir a ETA el atentado de Atocha provocó un vuelco en el último tramo de la campaña electoral que dio una inesperada victoria a Rodríguez Zapatero y llevó nuevamente al socialismo al gobierno, con el voto de todo un sector de la juventud y los trabajadores que se habían movilizado contra Aznar, luego de siete años de gobierno y en el marco de la bancarrota económica el PSOE sufrió un derrumbe electoral y político que lo han convertido en centro del repudio por parte de todo el movimiento popular, al mismo nivel que el PP. El rechazo "a la política", por parte de todo un sector del movimiento de los 'indignados', de hecho no puede analizarse sin tener en cuenta este largo proceso de asimilación y adaptación política de la izquierda y de sus organizaciones a ese régimen, que ahora es repudiado por amplios sectores de masas.
No deja de llamar la atención que ETA se haya disuelto precisamente en las vísperas del estallido de todas las contradicciones de la celebrada "España de las autonomías", un régimen "democrático" que sin embargo se ocupó de perseguir y reprimir durante décadas a todas las manifestaciones de protesta de la juventud nacionalista, caratulándolas como 'terroristas'. En Prensa Obrera caracterizamos tempranamente la crisis de ETA y las tendencias que llevaban a todo un sector de la "izquierda abertzale" no a una superación revolucionaria del foquismo sino a un repudio a la violencia que se procesaba en término de una adaptación al centroizquierda. El anuncio formal de "abandono de la violencia", por parte de ETA, se enmarca en la integración de la izquierda abertzale en un frente político con otros sectores centroizquierdistas -expresado en nuevos sellos como Bildu primero y luego Amaiur- que obtuvo un gran éxito electoral y han permitido ingresar varios representantes al parlamento de Madrid, además de gobernar en diversas ciudades de Euskadi. En el marco de la crisis, la adaptación centroizquierdista y nacionalista de la izquierda abertzale se ha profundizado. Los sindicatos nacionalistas convocan medidas de lucha sin conexión con las acciones realizadas en el resto del Estado, y el eje de sus reivindicaciones es reclamar "que los ajustes no se apliquen en Euskal Herria". Los diputados de Amaiur han planteado que "para salir de la crisis hay que actuar por la vía fiscal, abordando una reforma del IRPF" y "potenciar la economía productiva", invirtiendo en áreas como "la innovación, el sector primario y el sector público". En Catalunya y en Euskadi -también, aunque en menor medida, en Galicia, Navarra y Valencia- hay un sentimiento nacional al que la burguesía no es capaz de dar respuesta puesto que ella, por sí misma, no es capaz de mantener a sus regiones como Estados independientes y sólo juega con esa posibilidad como forma de arrancar mayores concesiones del gobierno central. Ese sentimiento nacional está vivo entre los trabajadores y las generaciones jóvenes, que además han sido educadas en un sentimiento de orgullo nacional reforzado por la recuperación de una lengua propia. La incapacidad histórica de la monarquía y de la burguesía española para lograr la unidad nacional, por un lado, y las limitaciones profundas de los nacionalistas, que nunca se han salido de las faldas de sus propias burguesías, por el otro, recrean una y otra vez una situación de empantanamiento que ahora han llegado a un punto de combustión, con la crisis y las convulsiones que sacuden a toda Europa.
Las encuestas recientes dan cuenta de que, a pocos meses de haber asumido con mayoría absoluta, el PP pierde casi diez puntos y el PSOE sigue sin recuperar terreno, pero Izquierda Unida aumenta y podría superar el 10%. IU ha intentado acercarse, con dificultad, al movimiento de los 'indignados': denuncia los planes de ajuste y reclama "la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores". Recientemente han tenido gran difusión las tomas a supermercados dirigidas por un alcalde de Izquierda Unida en Andalucía, que han abierto toda una crisis a nivel político: todos los exponentes del régimen político se apresuraron a condenar una medida que, en caso de generalizarse, abriría las puertas a un escenario de gigantescos choques sociales (la propia conducción de Izquierda Unida puso en cuestión "los métodos" utilizados por su dirigente). La delimitación de IU con el golpeado PSOE, por otra parte, es puramente oportunista, dado que tuvo y tiene numerosos acuerdos con este partido, e incluso gobiernan en conjunto en Andalucía y en Asturias. Izquierda Unida reivindica "la necesidad de forjar el socialismo del siglo XXI, algo que todavía no sabemos muy bien qué es (!), pero que tenemos que construir juntos", y plantea una mayor "intervención pública para corregir la política neoliberal que diseña la UE" (El País, 15/11/11). Al igual que Amaiur, reclama una "Europa social". No sólo no plantea la condonación de la deuda hipotecaria que cargan los trabajadores, ni la nacionalización de la usurera banca española, ni el reparto de las horas de trabajo, ni la ruptura política con la Unión Europea, sino que, abiertamente, reclama que el Banco Central Europeo intervenga comprando bonos en el mercado secundario, un planteo similar al que levantan el PSOE y el PP.
Perspectivas
La irrupción masiva de la juventud y los explotados en España es un producto del estallido de todas las contradicciones de la crisis capitalista y pone de relieve la miopía de aquellos que, al negar las tendencias del capital hacia su colapso, fueron incapaces de advertir el modo en que las convulsiones de la crisis capitalista producen este tipo de virajes en el estado de ánimo de las masas. Precisamente por ello es que toda una generación está haciendo una acelerada experiencia política, en buena medida al margen de los grupos que tradicionalmente ocuparon la izquierda del espectro político; incluso en oposición a ellos. La aparición en escena del movimiento obrero presenta un gigantesco desafío para el movimiento de los 'indignados': está en pleno desarrollo un debate al interior de la juventud que ha salido a movilizarse, en muchos casos por fuera y en repudio a la burocracia sindical, respecto de la política a adoptar frente a las huelgas y acciones obreras, muchas de las cuales aún se procesan en los marcos de las repudiadas "instituciones sindicales". En el marco de la huelga minera, la "Asamblea de Medio Ambiente" del movimiento de la Puerta del Sol se despegó de la lucha de los trabajadores del carbón y manifestó su posición contraria a la minería y todas las actividades que implican una "destrucción de la naturaleza", reclamando que las ayudas se utilicen para una "reconversión hacia otras actividades". La llegada de los mineros a Madrid, sin embargo, estuvo atravesada por enormes muestras de solidaridad de amplios sectores del activismo y las asambleas barriales, con un protagonismo destacado de la llamada plataforma "Hay que pararles los pies", en la cual se nuclea buena parte de la izquierda anticapitalista y las centrales y grupos sindicales opositores a la burocracia, que boicoteó las manifestaciones.
Enormes sectores de la juventud y la clase trabajadora de toda España están procesando una experiencia política acelerada en el marco de la rebelión popular y las convulsiones de la bancarrota capitalista. Las tendencias a la desintegración del Estado montado a la salida del franquismo son profundas, y se ven potenciadas por la crisis mundial, que también acelera y convulsiona la reacción de las masas. En este cuadro, la estructuración de una vanguardia de la izquierda revolucionaria en el Estado español se ha convertido en una tarea urgente. Las condiciones son apasionantes para dar una lucha política con el objetivo de reanudar los lazos, que no se han perdido, entre las nuevas generaciones que salen a la lucha y las históricas tradiciones revolucionarias del proletariado español, traicionadas una y otra vez por la socialdemocracia y el stalinismo. Con una desocupación juvenil que supera el 50%, es imperiosa la organización de los desocupados, una tarea que rechazan tanto los sindicatos como todas las formaciones de la izquierda parlamentaria y que aún las asambleas barriales y el movimiento 15-M no han sido capaz de tomar en sus manos; lo mismo ocurre con la ocupación y la puesta en funcionamiento de las empresas que cierran y despiden.
Está planteado trabajar para unificar el conjunto de las luchas a nivel de todo el Estado español, articulando la acción de los movimientos de 'indignados' junto con los de los trabajadores, por la huelga general, para derrotar al gobierno de Rajoy y desarrollar una alternativa socialista.
Fuera Rajoy y la troika, abajo el ajuste. Que la crisis la paguen los capitalistas.
Ruptura con la Unión Europea. Por los Estados Unidos Socialistas de Europa.
Abajo el "Estado de las autonomías" post-franquista. Abajo la monarquía. Por la unidad socialista de la península ibérica. Por un gobierno de trabajadores.
11 de agosto de 2012
Temas relacionados:
Artículos relacionados
