Acaba de producirse la separación del cargo de Guillermo Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario. La separación de Luna, un hombre de Pedraza, fue forzada por el avance de su procesamiento a causa de la masacre de Once. La separación es, sin duda, un golpe a la burocracia sindical de Pedraza, que contaba con Luna en un puesto clave de control del conjunto del sistema ferroviario. Sin embargo, no implica un cambio de política por parte del gobierno. Los funcionarios de la burocracia en Sofse y Adifse las empresas que centralizan el funcionamiento ferroviario (Araya y Villafañe) integran aún los directorios de ambas empresas. La Justicia dictó el procesamiento de Angel Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas, junto a Aráoz de Lamadrid y el propio Pedraza. Sin embargo, Stafforini no fue removido de su puesto en esa empresa. Mientras tanto, dentro de la sala de audiencias el juicio va mostrando en forma contundente la trama que llevó al crimen: los vínculos entre los capitalistas del transporte, la burocracia sindical, los funcionarios del gobierno nacional, comenzando por la Secretaría de Transporte. La nueva etapa de la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra está en pleno desarrollo.
Finalmente, se inició el juicio a la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, incluidos José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria acusado de encabezar el plan criminal y los policías procesados por liberar la zona. Han sido llevados los responsables políticos y materiales de un crimen político, además de los encargados del operativo policial que garantizó la liberación de la zona para una acción impune por parte de la patota ferroviaria.
Con el comienzo del juicio, la lucha política por la condena a todos los responsables del crimen de Mariano ha entrado en una nueva etapa.
El juicio es, en sí mismo, una victoria, porque plantea la posibilidad de romper con la impunidad que han tenido históricamente los responsables políticos de los crímenes contra el pueblo.
Al día de hoy, por el asesinato de Fuentealba sólo está preso el policía Poblete, quien disfruta de salidas de la cárcel habilitadas por el comando de las fuerzas de seguridad. La causa "Fuentealba II", que tendría investigar las responsabilidades políticas, está prácticamente paralizada.
Lo mismo ocurre con los casos de Kosteki y Santillán, donde el condenado de mayor jerarquía de los dos que están presos ha sido trasladado a un penal donde podría gozar de salidas transitorias. La larga lista de funcionarios con responsabilidades políticas en el gobierno de ese momento y encargados de organizar el operativo represivo en el Puente Pueyrredón no fueron llevados a juicio comenzando por el entonces presidente Eduardo Duhalde.
La patota de Pedraza llegó al juicio en prisión, luego de que fueran superados una larga serie de pedidos de postergaciones y chicanas judiciales por parte de sus abogados, que trataron de postergar el inicio del juicio oral hasta que se cumplieran dos años de prisión, para llegar con Pedraza liberado al momento del juicio.
La causa toma en cuenta la existencia de un plan criminal para el asesinato de Mariano Ferreyra y los intentos de homicidio de Elsa Rodríguez, Ariel Pintos y Nelson Aguirre. El plan criminal involucra desde Pedraza y Fernández, como instigadores, hasta Favale y Sánchez, acusados de tirar, pasando por los patoteros que amenazaron e impidieron filmar a los camarógrafos de C5N, y aquellos que recogieron las armas luego del ataque.
A los policías que dirigieron el operativo se los juzga tan sólo por "abandono de persona", cuando en realidad fueron parte del plan que derivó en el homicidio y, por ende, deberían ser juzgados como partícipes del asesinato. No están imputadas en el juicio las jerarquías policiales, a pesar de que un plan de impunidad de tal magnitud, que involucró a tres divisiones de la Federal, tuvo que contar con el aval de las jefaturas y de sus responsables políticos. Recordemos que apenas asumió su cargo, la ministra Nilda Garré ascendió a uno de los actuales procesados, el comisario Lompizano. En vez de investigar a la policía, la ministra debutó con una cruzada política y judicial contra el Partido Obrero y los trabajadores tercerizados. Lompizano sólo fue destituido cuando las evidencias de su participación en el crimen de Mariano eran imposibles de ocultar.
Las pruebas aportadas por la fiscalía para probar la culpabilidad de Pedraza son aplastantes. La patota de la Unión Ferroviaria actuó en defensa de un negociado: la tercerización laboral en el gremio. La movilización de los tercerizados del 20 de octubre era parte de un proceso de movilización que ya había organizado cortes de vías y movilizaciones. Este proceso de lucha de los tercerizados ponía en riesgo un enorme negociado, del cual participaba la Unión Ferroviaria.
El sindicato dirigía una "cooperativa" que actuaba como tercerizada en el Roca: Unión del Mercosur. Pedraza mismo reconoció que el gremio favorecía las tercerizaciones para "sacar al sistema ferroviario de la crisis en la que se encontraba". En realidad, la tercerización, la precarización laboral, son parte de un régimen de desfalco ferroviario a costa de trabajadores y usuarios. El mismo régimen que llevó a la masacre de Once.
La incorporación de más de 1.500 tercerizados a la planta en el ferrocarril, arrancada a fuerza de movilización luego del asesinato del 20 de octubre de 2010, demuestra (luego del asesinato, debe remarcarse) la justeza del reclamo frente a una herramienta estratégica de la precarización laboral.
La patota de la Unión ferroviaria buscaba, además, impedir el ingreso de los tercerizados a planta para evitar que fortalecieran a la oposición clasista y combativa en el gremio y, más en particular, en la línea Roca. La burocracia tiró a matar para "escarmentar" a los tercerizados y a la izquierda. El recurso a la patota contra la movilización independiente se ha convertido en habitual y caracteriza la reacción de la burocracia contra una nueva generación obrera que se pone en pie para pelear por sus reivindicaciones y renovar en forma profunda el movimiento obrero argentino, enfrentando a la burocracia sindical. La apelación a la patota define la llamada "tercerización de la represión" por parte de los gobiernos K, oculta detrás de la proclamada política de "no criminalización de la protesta social". Fue utilizada, antes del 20 de octubre de 2010, emblemáticamente, por la UTA contra los delegados del subte y la Línea 60, y en decenas de ocasiones por la burocracia de todos los pelajes.
En el negociado que defendía la Unión Ferroviaria aquel 20 de octubre, la parte del león se la llevaban los capitalistas del transporte, organizados en Ugofe, una unión transitoria de empresas que agrupa a los grupos Cirigliano, Roggio y Romero, y que cuenta con la concesión de la totalidad de las líneas de transporte. Los subsidios estatales para las siete líneas ferroviarias de transporte metropolitano llegaron a 2.500 millones de pesos en los primeros siete meses de este año.
La Ugofe emitió las licencias que permitieron a la UF armar la patota que salió, mayoritariamente, de los talleres del Remedios de Escalada. El celular de Pablo Díaz, el jefe de la patota en el terreno y secretario de la comisión de reclamos de la UF en el Roca, desde el cual se comunicó tanto con la jerarquía del gremio como con Favale, fue proporcionado por la empresa.
Las responsabilidad de los capitalistas del transporte en el crimen es total, porque prácticamente todas las tercerizadas del ferrocarril eran propiedad de uno u otro de los grupos empresariales, que recibían subsidios del Estado para el pago de salarios, y sostenían a los trabajadores con remuneraciones de 2.500 pesos mensuales. La defensa de la tercerización es una defensa de los negociados de los capitalistas del transporte. Sin embargo, ninguno de ellos está enjuiciado.
Esta casta empresarial parasitaria ha llevado al sistema de transporte a una crisis de fondo, cuya expresión más aguda es la masacre ferroviaria de Once. El gobierno defendió a capa y espada a esta jerarquía empresarial. El Partido Obrero, desde un principio, señaló la responsabilidad de los empresarios del transporte en el crimen de Mariano. De haber actuado acorde con esta idea, el gobierno debió haber desplazado a los concesionarios que fueron luego responsables de la masacre de Once. La reconstrucción del sistema de transporte urbano tiene como requisito número uno el desplazamiento de este consorcio capitalista.
Este conjunto de responsabilidades políticas va más allá de quienes están hoy enjuiciados, y alcanza al Estado mismo. Las responsabilidades por el asesinato de Mariano Ferreyra involucran a los funcionarios de la Subsecretaría de Transporte, que montaron y dirigieron el armado de subsidios a favor de los empresarios del transporte, y fundamentalmente al Ministerio de Trabajo, que avaló tanto a la tercerización como a la burocracia de la UF. El entramado de colaboración entre los funcionarios del gobierno nacional y la burocracia de la UF estuvo lejos de terminar con el asesinato de Mariano. Las escuchas que constan en la causa muestran cómo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, intercambiaba ideas con Pedraza sobre cómo "trabajar políticamente" a los tercerizados ferroviarios que entrarían a planta, para erradicar la influencia de la izquierda. En otra escucha judicial se advierte cómo su viceministra, Noemí Rial, ofrece a Pedraza su colaboración el día que allanaron el departamento del jerarca sindical.
La que actuó el 20 de octubre es una burocracia profundamente integrada al Estado. El subsecretario de Transporte Ferroviario, recién desplazado, era Guillermo Antonio Luna, un viejo burócrata de la Fraternidad, hombre de Pedraza y Maturano. El director de Sofse (la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), Juan Rosauro Araya, es abogado de la Unión Ferroviaria.
La estatización de las organizaciones sindicales es un resorte central para el poder del gobierno nacional. El gobierno es responsable de haber cobijado una burocracia criminal para sostener un régimen de superexplotación laboral en beneficio de una camarilla capitalista afín.
El asesinato de Mariano Ferreyra fue un crimen político, de la clase capitalista y su Estado, contra los trabajadores y la juventud que se pone en pie contra el régimen de la tercerización, las patotas y los negociados capitalistas.
Gobierno y burocracia sindical
¿Es cierto que Pedraza se convirtió en un fusible para el gobierno, que le soltó la mano con facilidad? El "relato" del gobierno buscó de alguna forma abonar esta idea. El primer día del juicio, Cristina Kirchner defendió la idea de que la investigación judicial se disparó a raíz de un testigo presentado por el propio gobierno -un "arrepentido" de la patota que identificó a Favale, y que fue aportado por un intendente del conurbano. Así, la Presidenta pretendió adjudicarse el esclarecimiento del crimen y la detención de Pedraza y la patota. El relato no puede tapar, sin embargo, que se trató de un crimen de Estado por parte de un régimen asentado en las burocracias sostenidas por las patotas, la tercerización y la superexplotación laboral.
El aporte del gobierno del "testigo clave", días después del asesinato, se dio en el marco de fuertes ataques al Partido Obrero, mientras el gobierno seguía invitando a Pedraza a los actos oficiales. Días antes de su detención, Pedraza se quejaba ante su hija por tener que viajar a Mar del Plata en tren para un acto gubernamental (¡dijo que hacía décadas que no viajaba en tren!). El aporte del "testigo", en este cuadro, apuntó a señalar al tirador -Favale- y no las responsabilidades políticas del caso. Hoy por hoy, la misma Unión Ferroviaria busca separar a Favale -que no es ferroviario, pero fue recomendado por el "Gallego" Fernández para ingresar en el ferrocarril- del resto de los acusados, con el objetivo de diferenciar las penas y lograr la absolución. A Favale ninguno de los patoteros admite conocerlo, ni siquiera Alcorcel, un delegado de la línea Roca que intercambió con el propio Favale ¡40 llamadas! de Nextel el 20 de octubre, desde la mañana hasta las 23:54.
Gobierno y funcionarios
El gobierno omitió señalar los responsables políticos dentro de sus propias filas que, sin embargo, eran fácilmente identificables el 20 de octubre. ¡El subsecretario de Transporte, Schiavi, se encontraba con Pedraza y Fernández en el congreso de Latinrieles, mientras este último dirigía a lo lejos el ataque asesino! Ambos, Pedraza y Fernández, reconocieron haber informado a Schiavi sobre el corte de los tercerizados.
Sin embargo, lejos de apuntar en esta dirección, los primeros cañones de los K se dirigieron contra los compañeros de Mariano Ferreyra. La Presidenta levantó el dedo acusador para decir que "el Partido Obrero, que ayer exigía la intervención de fuerzas policiales, es el mismo que ingresó por la fuerza al Ministerio de Educación la semana pasada" (Infobae, 22/10/10). La señora confundía adrede el reclamo de que no fuera reprimida una protesta estudiantil, con la denuncia de una zona liberada y de la colaboración fundamental de la policía en el asesinato de Mariano Ferreyra.
En otro discurso, Cristina K, señaló: "Voy a defender todas las manifestaciones, pero no con armas o palos" (Clarín, 21/10/10). Apuntando del lado de los responsables a las movilizaciones populares, cuando es la burocracia sindical, protegida por el Ministerio de Trabajo, la que ha recurrido sistemáticamente a la patota.
La Presidenta recurrió, como vemos, a todo el viejo arsenal del poder político para atacar las movilizaciones populares, incluso luego de los crímenes contra el pueblo. El ataque al Partido Obrero recuerda al gobierno de Duhalde, que atribuía la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a "enfrentamientos entre grupos piqueteros".
El ataque al Partido Obrero y a la lucha de los tercerizados cerró su círculo el 23 de diciembre de 2010. Los tercerizados ferroviarios del Roca siguieron sin ser incorporados a planta, incluso después del asesinato de Mariano Ferreyra. El 23 de diciembre, luego de dilaciones interminables del Ministerio de Trabajo, un grupo decidió realizar un corte de vías para exigir una negociación y una respuesta al reclamo.
A partir del corte, se consiguió una reunión en el Ministerio de Trabajo. Cuando se estaba arribando a un principio de acuerdo, se desataron en Constitución incidentes provocados por la burocracia sindical con el objetivo de "pudrir" las negociaciones y evitar el ingreso de los tercerizados.
Inmediatamente, los voceros del gobierno lanzaron un ataque en cadena contra el Partido Obrero. La recién asumida Nilda Garré acusó al PO, en una conferencia de prensa bochornosa, por los incidentes, presentando como prueba de la pertenencia al PO de quienes los provocaron… que llevaban mochilas.
La ministra de Seguridad acusó, frente al juez federal de Quilmes, Luis Armella, a los militantes del Partido Obrero que se movilizaban con los tercerizados, obteniendo la detención de Hospital y Merino, de Causa Ferroviaria, y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.
La bajeza de la política oficial llevó al encarcelamiento de los compañeros de Mariano Ferreyra antes que al de los asesinos, por levantar el mismo reclamo que
exigía la movilización del 20 de octubre: el fin de la tercerización en el ferrocarril.
La liberación -y luego la absolución- de los compañeros encarcelados el 23 de diciembre fue el producto de la enorme movilización popular y de la fuerza con la que caló el reclamo de justicia por Mariano Ferreyra.
Durante estos primeros meses, el gobierno complotó con Pedraza y no cesó de hostigar al Partido Obrero y a los tercerizados que reclamaban el pase a planta. La detención de Pedraza fue el producto de una derrota política del gobierno, producto -a su vez- de la enorme movilización popular en respuesta al crimen.
La extraordinaria movilización política
Fue, en efecto, esa movilización popular la que colocó sobre el tapete la necesidad del castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. La movilización del 21 de octubre de 2010, con más de 60 mil personas en Plaza de Mayo y 100 mil en todo el país, conmovió a la Argentina. Pararon los docentes, estatales, la CTA, se movilizaron con paro fábricas de decenas de gremios, universidades, escuelas y el pueblo a lo largo y lo ancho de todas las plazas argentinas.
Con el respaldo de esta movilización, el Partido Obrero le reclamó a la Presidenta una audiencia que ella nunca concedió.
La movilización incluyó a artistas, incluso internacionales, que reclamaron justicia por Mariano Ferreyra. Con los artistas y músicos, el reclamo volvió a copar la Plaza de Mayo al mes del asesinato.
Esta respuesta popular emplazó al gobierno a desprenderse de sus aliados, a los que había considerado un ejemplo del "sindicalismo que construye" en noviembre de 2009, para que pagaran los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. La respuesta popular condensó todo el rechazo popular a la burocracia sindical y la superexplotación laboral y, de fondo, el cuestionamiento a un régimen social asentado sobre estos pilares.
El juicio a Pedraza y su patota comenzó el 6 de agosto, también en el marco de una enorme movilización popular. En todas las capitales del país, decenas de organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, volvieron a movilizarse por el castigo a todos los responsables del asesinato del 20 de octubre. Detrás de esta movilización profunda, que generó una verdadera conmoción popular, hay una clave política: la condena a los asesinos tiene todo un camino de lucha por atravesar y el comienzo del juicio marca una nueva etapa encarnizada de esta lucha, una etapa decisiva.
El desafío
Es que la burocracia de la Unión Ferroviaria abordó el juicio con la determinación de utilizar todos los resortes que aún maneja del aparato del Estado para lograr la impunidad. Su política es abrir un curso de impunidad, habilitando un curso de investigación sobre la propia movilización de los trabajadores sometidos a la tercerización, pretendiendo colocar a las víctimas en el lugar de los victimarios.
En el marco de la crisis de la CGT, Pedraza envió su voto desde la cárcel a favor de la convocatoria al congreso de la CGT oficialista. La Unión Ferroviaria se colocó del lado de la CGT gubernamental con un objetivo político claro: utilizar la prenda del voto, un voto absolutamente decisivo para lograr el quórum de convocatoria al congreso, para negociar con el gobierno su apoyo en función de lograr la impunidad. En la delegación de la CGT que se entrevistó con Cristina estuvo Mario Rodríguez, un miembro del secretariado nacional de la UF, que hoy da su "respaldo incondicional" a los asesinos de Mariano. ¿Se puede tolerar que un asesino de obreros tenga voto en la Confederación General del Trabajo? Sin embargo, el voto de la burocracia no depende de la deliberación colectiva del movimiento obrero, sino de la presión política desesperada de un gobierno que se desvive por tener una CGT adepta para hacer pasar los topes salariales, el aumento de tarifas y la perpetuación de la flexibilidad laboral.
Desde la tribuna del 6, el Partido Obrero puso el voto de Pedraza en discusión, denunciando las posibilidades de un acuerdo de impunidad, y señalando además el reclamo de un congreso de bases de la CGT para resolver un plan de lucha y enfrentar la burocracia sindical y la estatización de los sindicatos.
El secretariado nacional de la Unión Ferroviaria publicó, luego de dar el voto, una solicitada en la que llega a afirmar que el gobierno, del cual "no tenemos dudas, estará del lado de la verdad y la justicia para nuestros compañeros, injustamente encarcelados". Esta solicitada apunta a reforzar la pelea para ganarse la colaboración del gobierno en la impunidad.
Los recursos de la burocracia no se agotan aquí. En efecto, como consta en la causa, Pedraza trató de coimear, a principios de 2011, por medio del ex juez Aráoz de Lamadrid, a los camaristas que debían decidir sobre la libertad condicional de la patota. ¿Con qué recursos? Los 50 mil "verdes" de Pedraza, como consta en las escuchas, fueron aportados por Angel Stafforini, uno de los directores del Belgrano Cargas.
El uso de los recursos del Ferrocarril Belgrano Cargas para operar por la libertad de Pedraza es sintomático. En 2006, el principal FC de cargas del país dejó de estar en manos de la UF y pasó a la Sociedad Operativa de Emergencia, un conglomerado con mayoría de Franco Macri, pero donde tiene una participación del 6% la UF, 6% la mutual de Camioneros y 6% La Fraternidad, además de capitales chinos. El Belgrano Cargas, por entrar en el régimen de emergencia ferroviaria, fue subsidiado por el Estado, en 2006, con 22 millones de pesos mensuales. En 2012, la cifra de los subsidios suma más de 2.000 millones de pesos en el año.
El gobierno no se tomó la tarea de desplazar de la concesión a la Unión Ferroviaria, con el resultado de que la mujer de Pedraza (Graciela Coria) sigue co-controlando esta gigantesca caja de subsidios. Tampoco fue desplazado Stafforini, quien consiguió el dinero para la coima a favor de la patota. El gobierno que se atribuye la paternidad del juicio a Pedraza le dejó una caja de más de 2.000 millones de pesos en subsidios -más la recaudación del FC- a los Pedraza para operar por su impunidad.
Otro tanto sucede con Sofse. La Sociedad Operativa Ferroviaria Sociedad Estatal maneja ramales ferroviarios en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, que también funcionan subsidiados. El tercer directivo de Sofse -Juan Rosauro Araya- es abogado de la Unión Ferroviaria. El segundo, Agustín Special, es un burócrata de La Fraternidad, también aliado de Pedraza. No han sido desplazados por el gobierno y manejan aún una caja de subsidios e ingresos del Estado monumental.
La burocracia de la UF también tiene parte en el control de Adifse. Se trata de una empresa que toma parte en licitaciones de obras de mantenimiento de vías y controla terrenos y bienes ferroviarios anteriormente correspondientes a la Onabe. El director de Adifse es Juan Nicanor Villafañe, un hombre de La Fraternidad (plazademayo.com, 6/8).
Además, Villafañe es accionista, junto con Maturano, de la empresa SignoBaires, una tercerizada del Belgrano Sur y de Ferrovías. Como puede verse, la burocracia de La Fraternidad no se queda atrás en materia de sindicalismo empresarial.
Por la victoria
Todo lo anterior deja en claro que la lucha política por el juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra es una batalla aún más dura y encarnizada, y a librarse dentro y fuera de los estrados judiciales. Se trata de una lucha política que enfrenta a un régimen responsable de un crimen político: con la burocracia sindical como ejecutora y el concurso necesario de la Policía Federal, los capitalistas de la concesión y el aparato ministerial de Transporte y Trabajo.
El gobierno sostuvo y sostiene a los representantes de la burguesía "nacional" en el transporte: cuando los subsidios han hundido el presupuesto del Estado, Cristina K se prepara para volver a rescatar a los concesionarios, esta vez con un aumento de tarifas generalizado contra los usuarios.
La pelea por justicia para Mariano empalma, por supuesto, con la pelea por erradicar la tercerización del ferrocarril, que han retomado los ferroviarios tercerizados del Sarmiento y el Mitre, y que vuelven a chocar, como en 2010, con la intransigencia empresaria y gubernamental.
Para garantizar el castigo a todos los responsables hay que desmantelar la estructura de negocios del sindicalismo empresarial con los capitalistas del transporte, ambos enquistados en el poder del Estado. El gobierno tolera en su seno a quienes operan por la libertad de Pedraza y su patota en forma incondicional -o sea, con independencia del resultado del juicio.
Son éstos los desafíos que se le presentan, en esta etapa, al enorme movimiento de lucha que se ha desenvuelto por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.
Transformemos el juicio en un reclamo popular imparable y en un factor de agitación y organización política en los lugares de trabajo. Tenemos un antecedente que alienta el esfuerzo en esta dirección: el juicio es el producto de una movilización popular que doblegó, hasta ahora, las maniobras políticas de la impunidad.
Encaremos la nueva etapa con un espíritu de lucha creciente y la conciencia de que no se juzga un crimen individual sino un crimen político contra la clase obrera, su juventud militante y la democracia política.
