Contra las ‘Paso’

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El siguiente artículo es una versión ampliada de la intervención de Jorge Altamira en la mesa convocada por la Cámara Nacional Electoral, para discutir sobre sistemas electorales y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) en Argentina. La intervención tuvo lugar el 9 de agosto pasado, en el Hotel Panamericano, ante representantes de las cámaras electorales de las naciones de América Latina.

Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia, y al mismo tiempo agradecer a los organizadores la posibilidad que se nos ofrece de desarrollar una exposición sobre este tema, las primarias obligatorias.

La ley que establece la obligación, por parte de los partidos políticos, de elegir sus representantes parlamentarios y ejecutivos por medio de elecciones abiertas y simultáneas solamente puede ser caracterizada de un modo adecuado, una vez que se las ubica en un contexto histórico concreto. La norma en cuestión responde a una tendencia mundial.

El Estado moderno se caracteriza por la separación entre el poder político y la sociedad civil. Entendemos por «sociedad civil» a la sociedad burguesa, que se basa en la explotación del trabajo asalariado. Esta separación se distingue de los sistemas precedentes a la forma de gobierno que inaugura la era moderna, si se exceptúa, por cierto, el breve período de la democracia ateniense. El desarrollo del comercio universaliza el intercambio y, con ello, al dinero -la forma más abstracta y acabada de ese intercambio- y el fundamento de una organización social peculiar. Las revoluciones de los siglos XVII al XVIII darán una forma política concreta a la emergencia de una sociedad civil (burguesa), independiente de las relaciones personales que caracterizaban a las diversas formas precedentes.

La separación entre la sociedad civil, por un lado, y el Estado, por el otro, es, al mismo tiempo, una ficción y una realidad. Cada etapa de este nuevo desarrollo histórico se ha encargado de poner en evidencia y de acentuar la dependencia de la forma política de su contenido social. La identidad de la sociedad burguesa y el Estado burgués existe, sin embargo, como una contradicción, que se manifiesta en la separación entre una y otro. A través del sistema impositivo y de la deuda pública, e incluso del reclutamiento de la burocracia estatal entre los funcionarios de la clase capitalista, la burguesía asume la dirección efectiva del Estado. Los gobiernos se convierten, en la práctica, en el Consejo de Administración de la clase capitalista. A medida en que se refuerza la tutela de la burguesía sobre el Estado, aparecen la burocracia y el ejército permanente. El Estado internaliza las contradicciones propias del desarrollo de la sociedad capitalista. La acentuación de la lucha entre las clases desmitifica la función neutral del Estado y su distancia aparente de la sociedad civil. Incluso bajo las formas más extremas del poder personal, el Estado funciona siempre, en última instancia, como un árbitro que tiene partido tomado por una de las partes en conflicto. La afirmación del kirchnerismo, por ejemplo, de que gobierna sin dependencia de ‘las corporaciones’, está privada de fundamento.

La separación de la sociedad civil frente al Estado es, sin embargo, una condición para el desarrollo de la sociedad capitalista. Ofrece al capital la condición sine qua non del desarrollo capitalista: la libertad de iniciativa y de emprendimiento. Sin esta separación del Estado y la sociedad civil, y sin la libertad de empresa que la acompaña, no se concibe el surgimiento y el desenvolvimiento ulterior de la burguesía. La burguesía, sin embargo, reivindica esta libertad hasta un cierto límite, esto porque necesita del Estado para proteger su propia condición hegemónica frente a las clases antagónicas -es decir el proletariado- y frente a los Estados capitalistas rivales. El Estado capitalista reproduce las condiciones generales de su modo de producción: libertad, por un lado, para emprender y competir, y despotismo, por el otro, para explotar y exaccionar. Este último aspecto es el decisivo. A partir de él se desarrolla la tendencia a suprimir la separación entre la sociedad civil y el Estado, a acentuar la reglamentación pública de las relaciones sociales, a invadir la esfera civil -en definitiva, al totalitarismo (cuyas peculiaridades acompañan la desigualdad del desarrollo histórico). La tendencia a estatizar las relaciones sociales se manifiesta con todo su vigor en el período histórico de la decadencia capitalista, pero hace sus primeras armas allí donde el antagonismo entre las clases adquiere puntos extremos, como ocurriera con los dos primeros bonapartismos en Francia y Alemania. El bonapartismo viene acompañado por la reglamentación de la vida social y por una tutela creciente sobre los contratos privados. La ‘empresa’ cede parte de su ‘libertad’. Pero la estatización de la sociedad civil nunca puede desarrollarse hasta el final sin contradecir el fundamento, tanto de la sociedad como del Estado, que la encarna bajo esta forma contradictoria. La supresión del antagonismo entre la sociedad civil, por un lado, y el Estado, por el otro, no puede tener lugar bajo el capitalismo -es sólo una utopía liberal. La soberanía de la sociedad civil plantea la superación de la sociedad civil que necesita del Estado para su protección; es decir, la superación de la sociedad capitalista y la transformación de esa falsa sociedad civil en una civilidad socializada.

Lo ocurrido con las tentativas ‘neo-liberales’ para lidiar con esta contradicción -o sea, dentro de sus propios límites (el capitalismo)- ha sido ilustrativo. La experiencia auto-regulatoria de los años ’20 en el siglo pasado culminó con la gigantesca bancarrota de 1929/40 y una guerra mundial. Fue enfrentada por un intervencionismo estatal que no tenía precedentes -el New Deal norteamericano y el fascismo europeo. Luego, el neoliberalismo de Reagan, Thatcher y otros -saludado como una recuperación excepcional de la iniciativa empresarial- remató en la crisis mundial que el planeta se encuentra atravesando en la actualidad, sin salida a la vista y con numerosas rebeliones populares. La ficción anti-estatista de los círculos capitalistas ha fracasado en forma clamorosa: todo el capital mundial reclama un ‘retorno’ al Estado, para rescatar a la burguesía por medio de una expropiación gigantesca de las clases populares.

El desarrollo de la crisis mundial acentúa potencialmente la contradicción entre la sociedad civil y el poder político, no importa lo que proclame el discurso ‘populista’. Los Estados salen al rescate de bancos y naciones, por medio de la confiscación impositiva y de los fondos acumulados de pensiones, así como también mediante la imposición de reducciones de salarios y jubilaciones, y de despidos masivos. Pero la crisis mina la capacidad financiera del Estado y de las monedas nacionales -o sea que mina su capacidad para seguir rescatando al capital. La crisis fiscal, partera de numerosas revoluciones, hace su trabajo de topo en el sistema político.

Las Paso son una expresión de la estatización de la ‘sociedad civil’; afecta nada menos que a los partidos políticos. No es, sin embargo, un proceso que comienza con las Paso. La dictadura militar había establecido, para las elecciones de 1983, que los programas de los partidos debían contar con la aprobación del Poder Judicial. Es decir que la autonomía de pensamiento del Partido Obrero, por ejemplo, fue convertido en un asunto judicial. En este caso concreto, el juez impugnó la parte del programa del Partido Obrero relativa a las nacionalizaciones. El PO rechazó la impugnación y defendió su programa. La impugnación fue retirada, bajo la presión de las circunstancias convulsivas del país.

En el caso de las Paso, que la reglamentación estatal establezca la realización de elecciones primarias generales no desmiente que se trate de una estatización de los partidos. Las Paso asumen que el Estado se encuentra por arriba de los partidos; o sea, por arriba de la sociedad civil que ha parido, históricamente, a los partidos (como forma de expresión de la diferenciación clasista de la sociedad civil). Suponen que la llamada ‘crisis’ de esos partidos no tiene una causa histórica y que sería una ‘anomalía’ que el Estado debería reparar. Invierten la fórmula democrática: la soberanía popular se encuentra en el Estado y baja al pueblo, al que se veda la formación de partidos que no estén reglamentados por el Estado.

La organización de un partido, que merezca ese nombre, incluida la designación de sus representantes, debe responder al programa de ese partido, a sus objetivos estratégicos. Debe responder a la razón de su programa, no a la razón de Estado. Las Paso reclaman transparencia, pero lo único que consigue es que el aparato partidario que antes designaba a los candidatos a representantes, ahora designe a los candidatos a las Paso. Las Paso pretenden dar transparencia a las disputas internas, pero sólo acentúan el faccionalismo. La deformación de la vida partidaria no puede ser corregida por una ley y, menos dictada por los representantes de esos mismos partidos; hay que dejar que haga su trabajo la historia, por medio de confrontaciones ideológicas y sociales. Las Paso facilitan a la burocracia del Estado la infiltración de los partidos por parte de aparatos propios, que luego se postulan para disputar su representación. Es una forma bastarda de borocotización.

La reglamentación de los partidos por el Estado priva a los ciudadanos del único órgano político que el sistema constitucional reconoce a la sociedad civil: la formación voluntaria de agrupaciones partidarias (de otro modo, «el pueblo no delibera ni gobierna»). La reglamentación de los partidos, por parte del Estado, es un acto de preservación del Estado. Es, obviamente, una contradicción en sus términos, porque es por la vía de los partidos que la sociedad civil modela al Estado; de lo contrario, es éste quien modela aquélla.

La intención de rescatar a los partidos por medio del Estado supone el agotamiento histórico -al menos de los partidos tradicionales. El artificio estatista aparece cuando los partidos tradicionales mismos ya han perdido su rol histórico y no son más que aparatos y camarillas que pugnan por una porción del presupuesto estatal. El final catastrófico de todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 es una prueba contundente de que esos partidos se han convertido en entelequias. En verdad, el ciclo de formación de partidos políticos concluyó con el golpe de 1930. La reglamentación estatal apunta a enchalecar o condicionar a los partidos emergentes (que enarbolan una nueva perspectiva histórica) y mantener a los tradicionales en estado vegetativo. Es un operativo contrarrevolucionario, bajo una máscara democrática.

Determinar la organización de un partido -para colmo por ley- es pretender determinar su programa. La forma de organización corresponde a los fines estratégicos que señala el programa. Un partido que aboga por la transformación social se organiza para desarrollar la movilización popular y la conciencia política; uno bonapartista o contrarrevolucionario reemplaza el partido por el caudillo; un partido convencional se construye en torno de comités electorales. La selección de los candidatos a una representación popular debe estar en conformidad con su forma de organización y su objetivo estratégico. El burocratismo -corrupción o decadencia de los partidos tradicionales- debe ser enfrentada por medio de una lucha política absolutamente libre, no lo puede hacer un decreto o una ley.

Las formas organizativas de un partido dependen de los objetivos estratégicos del partido. Los estatutos del Partido Obrero, por ejemplo, prevén un congreso anual y reivindican una militancia activa regular como método de organización. El voto no es pasivo, es siempre la conclusión de un debate político. La política del partido y la militancia de sus afiliados son sometidas a la prueba de la experiencia social. Se desenvuelve por medio del debate de esa experiencia; nadie es elegido en función de apariencias o como resultados de encuestas. Resignar este modo de organización es desnaturalizar el objetivo estratégico que se ha asignado. La estatización de los partidos procura enchalecar a los que cuestionan el orden vigente. Enfrentado a una situación similar, el PT de Brasil, en sus primeros años, realizaba encuentros regulares que determinaban su línea de acción y congresos ‘truchos’ para cumplir con requisitos legales. Fue la época combativa del PT; eso, ahora, es harto diferente. La estatización de los partidos convierte al parlamento en una escribanía: en una burocracia legislativa. Es una tendencia a reprimir al parlamentarismo que alienta la intervención popular -o sea, que se apoya en métodos extra- parlamentarios.

El sistema de reglamentación de los partidos resalta por su anacronismo. ¿Acaso el movimiento peronista hubiera podido surgir de unas Paso? ¿Alguien imagina a Juan Perón disputando la candidatura a Presidente del peronismo? ¿El radicalismo no llegó acaso al gobierno luego de la revolución del ’90 y un abstencionismo revolucionario o putchista que duró un cuarto de siglo? Argentina nunca saldrá de su enorme decadencia con partidos conservados en formol; en la actualidad, no existe un solo partido tradicional que pueda reclamarse como tal. En la izquierda hay un tenaz empeño histórico por llevar a la clase obrera a construir su propio partido.

La actualidad de este anacronismo es impactante. El gobierno que tomó la iniciativa de las Paso no solamente no realizó internas: la jefa del FpV impuso sus candidatos a dedo. Otra anomalía flagrante es que el principal rival electoral del oficialismo, él mismo un oficialista, ex jefe de la Anses y de Gabinete, ni siquiera intentó dirimir la candidatura en una interna del partido oficial, para evitar que su triunfo anunciado creara una crisis política límite para el gobierno nacional, que se habría quedado sin candidato propio y obligado a sostener a su adversario.

Las internas han sido un fracaso elocuente, incluso entre quienes recurrieron a ellas. La coalición Unen ni siquiera sirvió como recurso de supervivencia para algunas etiquetas -como lo demuestra la desaparición de Libres del Sur y sus candidatos de los bancos. La lista que emergió de esta aventura carece de programa y de cohesión. De acuerdo con los analistas, su lista de diputados empalmará con la de senadores del PRO. Introducirá en el parlamento a un sinnúmero de minibloques. El resultado general de las Paso ha sido una mayor fragmentación de los partidos y círculos tradicionales. La Presidenta que concibió el engendro acabó llamando «suplentes» a los candidatos que surgieron de su criatura.

Hay un tema adicional para completar esta crítica: el gobierno alega que la reglamentación de los partidos por parte del Estado habilita el acceso de aquéllos a los medios de comunicación. Este argumento pone de manifiesto la fosa que existe entre la ficción política y la autoproclamada democracia en la sociedad actual. Es muy simple: pone en evidencia que el instrumento de la sociedad civil para intervenir en los asuntos del Estado -o sea los partidos- carecen de la posibilidad de expresarse, debido al monopolio capitalista de los medios de esa expresión. La contradicción partidos-medios desnuda toda la hipocresía de los sistemas políticos modernos; ‘la’ política ha sido secuestrada por los medios de comunicación privados. Lo único que le queda a ‘la política’ es el maridaje con los monopolios de la comunicación.

El negocio capitalista de los medios de comunicación es incompatible con la política -es decir con la democracia. La contradicción no se supera con el otorgamiento de doce segundos de publicidad política a los partidos. Estamos ante una farsa, que contrasta con el abuso de comunicación que ejercen los gobiernos de la Nación y las provincias -o sea por sus partidos o camarillas.

La contradicción entre la política y su posibilidad de expresión solamente puede ser superada por la socialización de los medios de comunicación; es decir, su gestión por la sociedad civil, de acuerdo con el peso social respectivo de cada una de las tendencias que activan en la vida social, en especial la gestión de la clase obrera, y en función de las corrientes de ideas que circulan dentro de ella. Los medios de comunicación no deben ser un negocio capitalista ni deben ser un monopolio del Estado, deben estar gestionados con pluralidad ideológica por todas las organizaciones sociales que hacen a la vida de este país.

Curiosamente, el gobierno que ha pregonado «la democratización de la palabra» ha sido incapaz de asegurar esa palabra para los partidos políticos y, aún peor, pretende reglamentar la vida interna de esos partidos con el pretexto del acceso a los medios de expresión.

El Partido Obrero considera a estas primarias como otra forma de estatización de la política. Como partidarios del monopolio público de los medios de producción, declaramos nuestra completa oposición de la estatización de la política, de la palabra, de la actividad cultural.

Tenemos con las Paso una divergencia de principios.

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