Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
Crisis fiscal y crisis política en Brasil
El monto estimado del esquema de “tráfico de influencias” armado por Collor a través del “esquema PC Farías”(entre 6y 8 mil millones de dólares), refleja apenas una parte de las comisiones pagadas por la burguesía brasileña para elevar o simplemente mantener su tasa de ganancias, ilustra el grado de crisis de la economía capitalista brasileña, (una enorme cantidad de dinero “negro” de las empresas que circula fuera de los circuitos comprendidos por el sistema impositivo). En efecto, comparemos ese monto con la totalidad del PBI brasileño, calculado por el IBGE en 352 mil millones de dólares (la Fundación Getulio Vargas calculó el PBI real en 400 mil millones de dólares, mientras que “el PBI tributable en Brasil no debe pasar de los 200 mil millones de dólares ” (1). El no pago de los impuestos es una de las modalidades burguesas para recomponer una tasa de ganacias declinante, y ha alcanzado en Brasil verdaderos récords mundiales. Sólo en el Fondo de Garantías de Despidos (FGTS), la evasión llega a los 160 mil millones de cruzados por mes (90 millones de dólares), mientras que en el Fin social la recaudación cayó un 41% en el primer trimestre (720 mil millones de cruzados, o sea 360 millones de dólares) (3). En Previsión, la evasión calculada para este año alcanza… los 86 billones de cruzados, “ocho veces más que los recursos que el gobierno fija como necesarios para pagar el reajuste de 147% a los jubilados y pensionados” (4). No existe mejor retrato de la falencia de la burguesía brasileña como clase dirigente de la nación.
La crisis fiscal, a su vez, se transforma en un factor directo de crisis política y cuestiona los propios objetivos del Estado (o sea, del conjunto de los explotadores). “Las grandes empresas e instituciones financieras, que son los mayores contribuyentes del impuesto de la renta (IR), están recurriendo a la Justicia y usando las brechas de la ley para pagar menos impuestos. La caída real de la recaudación del impuesto a la persona jurídica, de enero a marzo, fue del 52,7% contra el primer trimestre del ’91.
El gobierno también se comprometió con el FMI a garantizar un superávit en el Tesoro Nacional del orden de los 300 mil millones de cruzados en este trimestre. El Tesoro consiguió un superávit de tan sólo 92 mil millones de cruzados” (5).
Los objetivos inmediatos de la burguesía entran en contradicción con el proceso capitalista en su conjunto, o sea, el proceso capitalista entra en contradicción consigo mismo.
La crisis capitalista lleva a la que fue la burguesía más poderosa de América del Sur a abandonar toda veleidad de independencia en relación al imperialismo ahora: ése es el contenido de los recientes acuerdos con el FMI y del programa de estabilización, oficialmente apoyados por la Casa Blanca, a través de David Mulford, secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y ése es también el contenido de toda la política seguida en 1991: privatización, “apertura económica” (fin de la reserva de mercado y barreras aduaneras), pago de U$S 11 mil millones a 'los acreedores externos, contra U$S 5,5 mil millones en 1990, a pesar de que el PBI per cápita sufrió una brusca caída. El Citicorp, mayor acreedor privado del Brasil, anunció la triplicación de sus ganancias en el primer trimestre (6).
En cuanto a eso, un documento reservado del IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada) para el Ministerio de Bienestar Social del gobierno de Itamar Franco, revela una pérdida de 10,2 billones de cruzados (más de mil millones de dólares) en las cláusulas del FGTS destinado a la construcción de casas este año. A ello se le agrega que “apenas el 6% del valor aplicado en viviendas por el FGTS es destinado a familias con ingreso inferior a 3 salarios mínimos” (7).
Quien comanda el sistema de evasión es el sector llamado “más dinámico” de la economía brasileña (el exportador), justamente el generador de divisas para el pago de la deuda externa. Para 1989, se “estimaba que las exportaciones alcanzarían un monto superior a los 40 mil millones de dólares, muy por encima de los 33 mil millones registrados” (8). La sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones son el mecanismo central de evasión, en este caso.
Este panorama confirma nuestra caracterización de que la crisis fiscal, el “agujero negro” de la economía brasileña, fue la base de la crisis política del gobierno de Collor (el “esquema PC”, pretexto de su caída, fue apenas la punta del iceberg del conjunto de la crisis): “El gobierno de Collor fracasó totalmente en su tentativa de congelar las tasas de interés de los Estados brasileños y refinanciar sus deudas, en ir a fondo en el congelamiento de los salarios de los estatales y en producir el desempleo en masa entre los funcionarios públicos. No consiguió imponer al Parlamento las reformas fiscales y tributarias exigidas por el FMI, porque la liquidación del déficit fiscal propone la perspectiva de un derrumbe de ramas económicas enteras, la quiebra del sistema financiero y una enorme crisis industrial. El vacío de poder nace de su impotencia frente a la crisis económica y fiscal y es precisamente esa impotencia la que dio lugar al surgimiento de las denuncias de corrupción y la que explica que, frente a las denuncias, el gobierno caiga como una “fruta madura”. La crisis política y el vacío de poder son, definitivamente, una enorme presión para imponer al Parlamento la legislación fiscal impositiva que reclaman el FMI, los bancos y que sería nada menos que el corazón de la salida negociada de la crisis” (9).
No por casualidad, la reforma fiscal fue el punto de partida del gabinete de Itamar Franco, y también el primer punto de crisis, sustituida por un “ajuste fiscal transitorio” {aún no definido) y dando lugar a una disputa pública entre ministros, así como la división pública de la coalición de sustentación del nuevo gobierno (que va del PDS al PT).
La crisis fiscal brasileña
La estructura fiscal brasileña es un formidable medio de extracción de plusvalía suplementaria (superbeneficios) a los trabajadores. Concebida en su forma actual por la dictadura militar instaurada en 1964 (a través de la reforma tributaria de 1966), para atraer capitales extranjeros (garantizando las ganancias extraordinarias de las multinacionales), fue la base del llamado “milagro económico” del Brasil y no ha sido modificada en nada esencial por la actual “democracia” (la Constituyente de 1988). Los impuestos indirectos (sobre el consumo) tienen una participación de alrededor del 50% del total de la recaudación tributaria. En los países capitalistas desarrollados, ese promedio se encontraba en el 30%, presentando los Estados Unidos un récord del 21%, Holanda el 24% y Suecia el 31%.
La estructura de la recaudación tributaria en Brasil es extremadamente clara en cuanto al peso de lo que se recauda del trabajador. En 1989, el valor recaudado con el impuesto a la Renta representó un 18,24% del total de la percepción tributaria. Sólo lo recaudado como Recursos para la Prevención superó este total: en el mismo año alcanzó el récord del 19,78%. ¡Las Contribuciones Sociales recaudan un valor dos veces mayor que lo recaudado por el impuesto a la Renta!
Un estudio reciente llega a la conclusión de que en Brasil “el impuesto a la Renta personal” es “esencialmente un impuesto sobre el rendimiento del trabajo asalariado urbano”. El autor menciona que “en 1964, del total del impuesto a la renta recaudado en origen, 18% se refería a rendimientos del trabajo y un 60% a rendimientos del capital. En 1970, los mismos porcentajes fueron del orden del 50% y 17% respectivamente” (10).
Según otro estudio, realizado por el ex presidente del Banco Central del gobierno de Collor de Mello, Ibrahim Eris, el sistema tributario grava las ganancias de quien percibe hasta un salario mínimo en un 36%, y las de quien gana más de 100 salarios mínimos en un… 14%! (y esto sin contarlas ganancias no declaradas de los capitalistas y la evasión fiscal de éstos). A pesar de esa carga tributaria excepcional sobre los asalariados de bajas ganancias, la carga tributaria en el Brasil es extremadamente baja, lo que demuestra que ella es prácticamente inexistente para los capitalistas (¡lo que no impidió al PT proponer “incentivos fiscales” a los capitalistas en su programa de gobierno, PAG, de 1989!).
Carga tributaria en porcentajes del PBI 1992
Países – %
USA – 30,1
Suecia – 66,1
Alemania – 38,1
Francia – 43,8
Brasil – 21,9*
Fuente OCDE, FGV.
*Dato de 1989.
El deterioro de ese sistema por la crisis económica mundial y el proceso inflacionario resultante (que beneficia impositivamente a las empresas y sobrepenaliza a los asalariados de manera complementaria), está en la base de la crisis fiscal del Estado, por la estatización de las deudas y la licuación de las deudas de las empresas: “Las empresas con alto grado de liquidez y/o que financiaron sus activos fijos con recursos propios tendrían en teoría ventaja con el sistema (de “corrección monetaria”, en tanto aquéllas que tuvieran un alto grado de activos fijos y/o que financiaron sus activos fijos con recursos de terceros (préstamos o financiación) tendrían, en teoría, desventajas. Pero, en realidad, esas ventajas o desventajas son aparentes” (11).
En el origen del sistema está, como ya se dijo, la reforma tributaria hecha por la dictadura militar en 1966 que, atacando los salarios, elevó la carga tributaria del 18% del PBI en 1963 al 24% en 1966. Esto porque fue hecha “para dinamizar el mercado de capitales, promover las exportaciones, estimular a los sectores deprimidos e incentivar a las nuevas inversiones… Hubo un flujo de nuevas prebendas y exenciones, configurando verdaderas donaciones al capital” (12).
Un punto en común a todas las fuerzas pro capitalistas (incluso al PT) es caracterizar que la crisis fiscal del Estado brasileño se original en el costo representado por las empresas estatales y en el déficit fiscal resultante, para la cual se propone la privatización. En verdad, la actual crisis tiene sus orígenes en la recesión de 1982, donde la caída fantástica de las inversiones estatales, creó un desempleo estructural que hoy alcanza al 15% (con la consiguiente caída de la recaudación) inició la espiral creciente del refinanciamiento de las deudas externa e interna: “La caída de las ventas de los bienes de capitales continuó comandando la declinación en la producción industrial, pero no ya por el efecto de los altos intereses: a partir del inicio de 1983, cuando los intereses cayeron sensiblemente, esta caída fue alcanzada por la decisión gubernamental de cortar las inversiones de las empresas estatales y el gasto de las administraciones públicas. Este año las inversiones de las empresas estatales sufrieron una caída del 41%” (13). Esto llevó a otro autor a la conclusión lógica de que “el problema principal del déficit público reside en las voluminosas transferencias del Estado en favor del esfuerzo nacional del pago de las obligaciones financieras externas… en la sobrecarga con el blanqueo de la deuda externa, elevando los intereses internos y estatizando la deuda externa y en el hecho de que el Tesoro desistió de gravarlas ganancias realizadas en el exterior. Las exportaciones brasileñas están totalmente exentas de impuestos. Sólo en 1985 se suprimió el crédito-premio del IPI. Asimismo, los exportadores continuaron liberados de todos los otros impuestos directos e indirectos. Sin mencionar los créditos que el Estado puso a disposición de los exportares. Y todos esos subsidios al sector exportador no aparecen en las cuentas nacionales del Brasil… Fue en función de la caída de la recaudación impositiva y del monto de los intereses de la deuda pública que el déficit público se fue ampliando. De 10,2% del PBI, la percepción impositiva líquida pasó a 5,4% en 1984” (14).
El sostenimiento de las empresas estatales se vuelve, imposible en las condiciones de pago de la deuda externa y el blanqueo de la deuda interna. La supuesta “anulación” de esta última, a través del secuestro de activos financieros (80 mil millones de dólares) en el Plan Collor I (marzo de 1990) no pasó de un impuesto disfrazado sobre los asalariados y los jubilados (que perdieron un 33% de aquella cantidad a través de la devolución debidamente “licuada” por la inflación, en 18 partes) que no atacó las bases de la bicicleta financiera de las empresas: “El ahorro financiero del sector privado, sustraído por el plan Collor, está prácticamente recompuesto. La cifra total ya supera los 100 mil millones de dólares” (15). Uno de los principales negocios del “esquema PC Farias” fue, justamente, el cobro de comisiones de las empresas para la liberación, de una sola vez, de los cruzados nuevos bloqueados por el Plan Collor.
Para 1992, el Banco Central admitía que “la cuenta de los intereses sobre el stock de la deuda interna total podría alcanzar la marca de los 21 mil millones de dólares para fines de año. Eso equivale al 4,9% del PBI” (16). O casi al 25% de la recaudación impositiva (que equivale al 20/21% del PBI). A eso debe agregarse el pago ya mencionado de los intereses de la deuda externa. Y también la fuga de capitales, parte del circuito de evasión, que configura actualmente un monto, según la consultora Solomon Brothers, de 40 mil millones de dólares (17).
En resumen, la crisis fiscal resulta de una gigantesca operación de saqueo del Estado (o sea, de los contribuyentes, (principalísimamente de los asalariados) por el conjunto de la burguesía, con hegemonía del capital financiero internacional (el imperialismo) que, al cuestionar la propia base financiera del Estado, expresa a fondo el carácter contradictorio del proceso capitalista, evidenciado en su período de crisis. La corrupción es la superficie del proceso, y consiste en la utilización del poder político para administrar y dirigir el saqueo en favor de determinados sectores (los económicamente más poderosos) de acuerdo con la ley de oferta y de demanda. O sea, resulta de la aplicación de los principios del liberalismo económico hasta las últimas consecuencias, a los propios dominios del Estado. El choque en relación a la dirección que se le imprime a esa operación, o sea, la de los beneficios de los incentivos fiscales, de evasión y de privatización (realizada justamente con títulos de la deuda pública o “monedas podridas") minó las bases del gobierno de Collor, determinando su crisis y caída. Estas expresan la profunda crisis de la economía capitalista brasileña, cuyas bases profundizan las soluciones propuestas e instrumentalizadas, afirmando la hegemonía del capital imperialista: la apertura de la Bolsa al capital extranjero, realizada por Collor, se desdobla ahora en la apertura, para el capital financiero internacional, de las privatizaciones, proyectada por el gobierno de Itamar Franco, apoyado por el conjunto de las fuerzas políticas brasileñas.
Una reforma antiobrera
Lo esencial del proceso descripto fue aceptado por la “democracia” brasileña, en todas sus variantes, incluso en su momento más glorioso (la Constituyente de 1988): “La reforma impositiva realizada en el seno de los trabajos constituyentes en el período 1987/88 e incorporada a la nueva Constitución… se demostró insuficiente para permitir al Estado la recuperación de sus inversiones y el cálculo del stock de sus deudas, cuyas obligaciones son las principales responsables de la deficitaria administración pública” (18).
En este cuadro, la “democracia” significó, para la burguesía y el imperialismo, una verdadera orgía de superbeneficios a través de la calesita financiera y un verdadero festival de evasión impositiva. Hoy se calcula que el 16% del PBI, aproximadamente 60 mil millones de dólares, se pierden con la evasión (19). Además, “empresas y gobierno disputan judicialmente cerca de U$S 22 mil millones de pagos impositivos. Cerca de U$S 10 mil millones o no fueron cobrados o fueron depositados enjuicio, mientras que otros U$S 12 mil millones no serán recaudados hasta 1996, en función de la Ley N2 8.200 del año pasado, que permitió la revaluación de los activos de las empresas y, consecuentemente, la reducción de los impuestos a ser pagados en los años siguientes” (20).
De las 500 mayores empresas contribuyentes, apenas 49% pagan el Finsocialy 35% el PIS/Pasep, según la dirección de recaudación federal (21). Segtjn el Sindifisco, la evasión alcanza el 47% de los impuestos. De enero a julio de 1992, se recaudaron 48,9 billones de cruzados, 10,07% menos de lo que recaudó en igual período del año anterior (22). La incapacidad del Estado en recaudar los impuestos traduce la transformación de la crisis económica capitalista en crisis institucional del Estado capitalista.
El principal beneficiario de la crisis es el gran capital, en especial el sector financiero. Según el Secretario de Recaudación Federal, “la recaudación del IR a la persona jurídica cayó de 8 a 4 mil millones de dólares, debido a los cambios en la legislación, siendo los bancos los principales beneficiarios” (23). El gobierno de Collor cayó a pesar de adscribirse a esa tendencia, a través de un proyecto de reforma fiscal que contemplaba la “reducción del límite de exención para personas físicas (asalariados) y la reducción del IR para personas jurídicas (empresas), así como la unificación de la contribución previsional en un 10% para empleados y empleadores. Los empleados pagan hoy día el 8% y los empleadores el 20%” (24). La reforma fiscal de Collor, y ahora la de Itamar, se inscriben de lleno en la tendencia burguesa de descargar todo el peso de la crisis económica sobre los trabajadores. Durante el gobierno Collor, “la caída acumulada de los gastos en programas sociales fue de cerca del 19%, prácticamente equiparando el gasto social de 1991 al de 1980. La simple lectura de ese dato no da la magnitud del retroceso, pues fue aún mayor la pérdida per cápita. Los sectores más comprometidos fueron exactamente aquéllos elegidos por la Constitución de 1988, como espina dorsal del sistema de protección social, esto es, Salud, Educación y Previsión Social. El total de los recursos destinados a esas áreas disminuyeron en un 43%, 49% y 10,5% respectivamente” (25).
La recuperación de la capacidad de recaudación del Estado, base de su funcionamiento (o sea, de salvaguardia del conjunto de los intereses capitalistas) implica el sacrificio de sectores enteros de la burguesía capitalista, que existen gracias a la evasión fiscal y a la corrupción: de allí surge la disputa violentísima entablada alrededor de la reforma fiscal (y también en torno a la participación en las privatizaciones).
El conjunto de los sectores capitalistas es partidario de una mayor carga impositiva incluso sobre los asalariados, esto es, propuestas antiobreras. Los representantes del gran capital y del sector financiero son partidarios de una presión impositiva igual sobre todos los sectores burgueses (lo que implica consolidar sus ganancias sobre los sectores más débiles: “Nosotros tenemos que pagar más impuestos por algún tiempo. Todos tienen que pagar más impuestos. Todos”, declaró el miembro del directorio del grupo Pan de Azúcar y ex presidente del Banespa, Luiz Carlos Bresser Pereira) (26).
Los sectores más golpeados por la crisis y por la recesión, que se expresan en el PNBE (Pensamiento Nacional de las Bases Empresarias, derrotado en las recientes elecciones de la FIESP) son partidarios de una presión impositiva diferenciada, que penalice a los sectores más concentrados del capital. El PT adhirió plenamente a las propuestas de este sector, menos beneficiado por la evasión (“La reforma fiscal debe ser simplificada, aumentar su influencia, incidir sobre la economía informal y aliviar al sector organizado”, declaró el diputado petista Aloyzio Mercadante) (27), inclusive en sus aspectos más antiobreros, como la propuesta del ITF (Impuesto sobre las Transacciones Financieras) que, como declaró el nuevo ministro y presidente de Bamerindus, Andrade Vieira, será costeado esencialmente por los asalariados, que no tienen cómo huir del sistema bancario, en tanto que las empresas poseen los medios para realizar operaciones económicas sin pasar por la red bancaria. Se trata de la propuesta de los sectores que pretenden sobrevivir basándose en el mantenimiento de la bicicleta financiera: “¿Quién pagaría el ITF? …Los tomadores de préstamos en moneda indexada, principalmente el gobierno (80% del total), bajo la forma de intereses mayores: cerca de diez puntos más por año sobrecargando pesadamente el servicio de la deuda pública” (28), o sea, en última instancia, el saqueo a los asalariados. De ahí que uno de los aspectos de la propuesta sea el fin de la estabilidad de los funcionarios públicos federales.
La izquierda petista, ahora encabezada por la sección brasileña del Secretariado Unificado de la IV Internacional (Democracia Socialista) fue incapaz de diferenciarse siquiera un poco, aun en este punto, de la dirección proburguesa del partido. Propone un ‘nuevo sistema tributario que se debe organizar como un verdadero corredor polaco que lleve el capital hacia la producción… el aparato fiscal y organismos como la Policía Federal deben ser capaces de ejercer un control riguroso del comercio externo (29). (Fue necesaria una crisis semejante para ver a los mandelistas proponer… el refuerzo de la policía!).
Una política revolucionaria debe partir de la crisis fiscal del Estado y del ataque contra las masas, que se prepara bajo el pretexto de “reforma”, para proponer que las luchas inmediatas de los trabajadores por el salario y contra el desempleo se desarrollen colocando la reivindicación del fin del secreto comercial y bancario, el no pago de la deuda externa, el control obrero de la producción, la apertura de los libros de las empresas, la estatización del sistema financiero bajo control de los trabajadores, impuesto progresivo y creciente sobre el gran capital, el monopolio estatal del comercio exterior bajo control obrero. Este es el programa de un frente y de un partido obrero revolucionario.
NOTAS:
(1) Conjuntura Económica I'T 6, vol. 43 San Pablo, 30 de junio de 1989.
(2) Folha de Sao Paulo, 26 de abril de 1992.
(3) Idem, 20 de abril de 1992.
(4) Idem, 23 de abril de 1992.
(5) Idem, 14 de abril de 1992.
(6) Idem, 23 de abril de 1992.
(7) Idem, l°de noviembre de 1992.
(8) Conjuntura Económica, cit.
(9) Luis Oviedo, “El derrumbe del gobierno de Collor”, Prensa Obrera N° 360, 2 de julio de 1992.
(10) Fernando Rezende da Silva, O Imposto sobre a Renda e a Justicia Fiscal, Sao Paulo, 1988, pp 46 y 49.
(11) Faus Fescol, Sistemas tributarios y ajustes por inflación en América Latina, Caracas, Nueva Sociedad, 1991, p.46.
(12) Fabricio Augusto de Oliveria, A Reforma Tributária de 1966 e a Acumula?áo de Capital no Brasil, Belo Horizonte, Oficina de Libros, 1991, pp.92, 95 y 120.
(13) J. C. Braga y M. L. P. Lima, “Empresas estatais, déficit publico e reordenamento financeiro”, en E.Lozardo, Déficit público brasileiro: política económica e ajuste estrutural, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p.188.
(14) Carlos Alberto Cinquetti. Acumulafáo de capital na crise das dividas; a economía brasileira no ciclo 1981-1986, Sao Paulo, Bienal, 1992, pp.93 y 94.
(15) “Um dinheiro parado”, Gazeta Mercantil, Sao Paulo, 16 de mayo de 1992.
(16) Idem, 25 de mayo de 1992.
(17) Jornal do Brasil, 29 de junio de 1992.
(18) Fabricio A. de Oliveira, op. cit., p.190.
(19) Folha de Sáo.Paulo, 21 de octubre de 1992.
(20) Idem, 1Q de noviembre de 1992.
(21) O Estado de Sao Paulo, 14 de agosto de 1992.
(22) Folha de Sao Paulo, 6 de setiembre de 1992.
(23) Idem, 31 de octubre de 1992.
(24) Idem, 4 de octubre de 1992.
(25) R. M. Marques y S. L.Cerqueira Silva, “O gasto social no governo Collor e a reforma fiscal”, Folha de Sao Paulo, 4 de agosto de 1992.
(26) Folha de Sao Paulo, 2 de noviembre de 1992.
(27) Idem.
(28) José Serra, “Ajuste ou marketing?”, Folha de Sao Paulo, 7 de julio de 1992.
(29) Eduardo Albuquerque, “Jmpostos: a reforma necessória”, En Tempo ne 260, Sao Paulo, julio de 1992.
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