agosto 2022

Argentina: la crisis y la tarea de los revolucionarios

Eduardo Salas

A casi 30 meses del retorno del peronismo a la Casa Rosada, el gobierno del Frente de Todos debió encarar una nueva reestructuración de gabinete, la tercera de envergadura en ese lapso. La primera fue en respuesta al derrumbe electoral en las Paso 2021; la segunda a principios de julio ante la renuncia del entonces ministro de Economía Martín Guzmán; 24 días después la reemplazante de Guzmán, Silvina Batakis, terminó fuera de la cartera.

En un intento de “relanzamiento” de su gobierno, Alberto Fernández colocó en manos de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y tercera pata de la coalición que ganó las elecciones presidenciales de 2019, todos los resortes de la economía, aunque deberá convivir en esa área con funcionarios que responden al resto de los socios de la coalición. Massa asumió al frente de un “superministerio”, resultante de la fusión de Economía, Agricultura y Desarrollo Industrial.

La utilización del término “relanzamiento” en boca de los propios actores es la confirmación del fracaso del Frente de Todos en poder resolver la crisis que dejó Macri y la evidencia, sobre todo para ellos, de que las elecciones del próximo año los dejarían fuera del gobierno.

Guzmán renunció cuando los “mercados” le indicaron el fin y pusieron la deuda en pesos (única vía de financiamiento) al borde del default. Batakis pretendió evitar la misma suerte prometiendo un plan de austeridad con recortes de gastos y aplicando las “medidas dolorosas” que Kristalina Georgieva, la presidenta del FMI, le exigió a cambio de su apoyo. Batakis, quien respondía ante Cristina Fernández de Kirchner, no llegó a implementar su “plan de estabilización” ni siquiera en los papeles.

La inflación siguió su curso prometiendo estar por encima del 8% en sus escasos días al frente de Economía. Argentina está al borde de una hiperinflación, los pronósticos más optimistas ubican el índice de aumento del costo de vida superando el 90% para 2022. La inflación ha permitido al gobierno aumentar la recaudación impositiva que se nutre fundamentalmente de la carga sobre los consumidores (a través del IVA, ingresos brutos, etc.) y de esta manera una vía para obtener recursos y reducir el déficit fiscal (exigido por el FMI) sobre una desvalorización de los ingresos, esencialmente, de los trabajadores -con la inflación los capitalistas encontraron una vía para licuar sus deudas en pesos. Pero se ha convertido en un elemento de dislocamiento de la vida económica, con el desabastecimiento en auge. La pretensión de frenar la inflación con un aumento de las tasas de interés termina poniendo un freno a la débil recuperación de la industria que recién estaba saliendo del parate de la pandemia.

Las presiones para que se proceda a una devaluación del dólar oficial se potenciaron hasta llevar los llamados dólares financieros a un pico cercano a los $ 340 por unidad. El camino a la devaluación está alimentado, además de las presiones de los grupos exportadores, por el propio fortalecimiento del dólar a nivel mundial. La ausencia de dólares en las arcas del Banco Central provoca dos hechos concurrentes y explosivos a su vez.

Por un lado, el gobierno a pesar de haber acordado con los bonistas, primero, y luego con el FMI por la deuda de 45.000 millones de dólares contraída por Macri, no pudo resolver la imposibilidad de abrir un nuevo ciclo de endeudamiento a través del mercado mundial de capitales, herencia del fracasado gobierno de Cambiemos y que el Frente de Todos se proponía resolver como mandato de toda la clase capitalista. Como salida se apeló al endeudamiento en pesos, lo cual fue presentado como una forma “inocua” de acceder al crédito y poner la economía en marcha, y de esa manera establecer un “círculo virtuoso” que permitiera recuperar el crédito. Pero la deuda en pesos a través de las leliqs y letras del tesoro se convirtió en una bola incontrolable que alcanza los 7 billones de pesos, en el caso de la primera, y el 8,2% de la deuda pública. El crecimiento en espiral de este endeudamiento, con un Banco Central sin reservas líquidas, se ha convertido en una espada de Damocles cada vez que se trata de renovarlo; la amenaza del default está siempre presente y se llevó puesto a Guzmán. Por eso además de aumentar la tasa de interés que el Estado está dispuesto a pagar (tasa que es referencia para el conjunto de la actividad económica y por lo tanto encareciendo el crédito), Batakis estableció una suerte de seguro de cambio para los bonos del Tesoro permitiendo que los bancos que inviertan en ellos puedan retirarse en cualquier momento sin perder un peso y por lo tanto pasarse al dólar y salvar la inversión.

En este cuadro la quiebra de la moneda se llevaría puesto al propio Banco Central. Como todas estas operaciones tienen como actores fundamentales a los bancos y con ellos a los depósitos que estos reciben la corrida bancaria está a la vuelta de la esquina: la plata de los depósitos en pesos está en vidriosos bonos remunerados en el BCRA y hay reservas líquidas negativas porque están usando los dólares de los encajes para sostener el comercio exterior. La dramática ausencia de reservas no se condice con que este año el Banco Central recibió el mayor monto de liquidaciones de exportaciones de su historia (45.000 millones de dólares), en gran parte por la suba del precio de los granos. El gobierno ha pretendido frenar la sangría de dólares de las arcas del Central haciendo más estricto el cepo al cual ya había apelado CFK con Kicillof y el propio Macri en su gobierno. El cepo se convirtió a su vez en un freno fundamentalmente para la industria necesitada de insumos o maquinaria importada. El gobierno no solo ha sido impotente para evitar la fuga de capitales, sino que terminó financiándola. Ha dejado pasar un saqueo de las reservas por la vía de maniobras a través del comercio exterior con la subfacturación de exportaciones, como el caso del litio denunciado en los medios, y la sobrefacturación de importaciones. Esto a su turno ha actuado contra la propia moneda, abriendo un negocio con la brecha cambiaria de la cual se beneficiaron importantes grupos capitalistas.

A pesar del cepo la fuga de capitales, que con Macri había tenido un pico, continuó viento en popa: “El Indec puntualizó que la formación de activos externos del sector privado no financiero, lo que vulgarmente se llama ‘fuga de capitales’, alcanzó al cierre del año pasado (2021) unos U$S 360.082 millones, de los cuales, unos U$S 235.564 millones correspondió a billetes y depósitos”¹. La fuga de capitales, de la cual la clase capitalista nacional es una activa participante, se produce en el marco de una “huelga de inversiones”, todo ello constituye un síntoma irrefutable de que la decadencia nacional obedece al dominio capitalista de los medios de producción, de los bancos, de las tierras, es decir, a la clase social que gobierna de la mano de los peronistas, radicales, etc.

El segundo aspecto es que se incrementan las presiones de los grupos exportadores, sobre todo de granos, para una devaluación oficial de la moneda que la acerque sustancialmente a los valores del mercado paralelo y así proceder a la liquidación de una parte restante de la cosecha que hoy está en lo grueso en las manos de los acopiadores. Batakis ofreció una suerte de desdoblamiento cambiario, creando el “dólar soja”, lo ofrecido no resulta atractivo para que se produzca una liquidación que desahogue la crisis; a su vez creó un “dólar turista” para que los turistas que visitan el país procedan a cambiar sus dólares (hasta 5.000) en el Banco Central y no en las “cuevas”. Lejos de lograr mejorar las reservas líquidas del Central, actuaron como un impulso mayor a proceder a una devaluación en regla, y otros sectores reclamaron el mismo trato. Estas medidas ponen de manifiesto sobre todo que el gobierno se mueve en un círculo vicioso.

Proceder a una devaluación “en regla” como reclaman muchos sectores capitalistas, aplicando una política de shock como pregona una parte de la derecha, entraña serios peligros. Milei ha salido a elogiar a Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de Isabel Perón y López Rega que el 4 de junio de 1975, de un día para el otro, produjo en el mercado oficial una devaluación del peso en relación al dólar, pasando, en el caso del comercial, a una depreciación promedio del 61% y en el financiero del 100%; junto con esto, un aumento de hasta el 75% en las tarifas eléctricas. El llamado Rodrigazo produjo reclamos salariales para compensarlo, lo que Isabel Perón trató de limitar a un 50% desatando la huelga general de junio-julio del ‘75 que terminó con López Rega y Rodrigo fuera del gabinete y la cuenta regresiva para Isabel Perón. ¿La era Massa reúne, acaso, las condiciones políticas para repetir una experiencia similar? Una irrupción popular, como la de junio-julio 75, se llevaría puesto al gobierno. El fantasma de la rebelión está presente en la cabeza de la coalición oficialista y en primer lugar de Cristina. Por otra parte, una devaluación terminaría por hacer detonar desequilibrios que exceden la capacidad del gobierno de pilotearlos.

Según especialistas, llevar el dólar oficial a $190 produciría una inflación de tres dígitos; la devaluación en los términos de reducir la brecha cambiaria a valores mínimos es el camino para desatar una hiperinflación con todas sus consecuencias. Asimismo, la devaluación trae aparejado el mayor peso de las deudas en dólares tanto del Estado nacional y los provinciales como la deuda privada, que totalizó al 31 de marzo casi U$S 80.000 millones. Esto sin los recursos para repetir el ciclo histórico de “estatizar” la deuda privada a través de una suerte de “seguro de cambio” como hizo Cavallo en la dictadura genocida o con la “pesificación” de Duhalde-Kirchner luego de la crisis de 2001. Estos mecanismos son los que en parte han llevado el endeudamiento público al paroxismo: hoy llega a los 380.000 millones de dólares luego de haber pagado, de haber privatizado, de haber realizado canjes, blindajes, etc.

El endeudamiento como constante de las crisis

La gravedad de la crisis ha llevado a analistas y periodistas a compararla con otros episodios de la historia argentina. Es común que en estos días, además del Rodrigazo, se hable de la hiperinflación de 1989 que obligó a la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín a la presidencia y la asunción del presidente electo, Carlos Menem, seis meses antes de la fecha establecida para ello. Ese momento es asociado a un derrumbe de los salarios y al canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo por títulos públicos denominados Bonex 89, ejecutado por Menem en sus primeros meses de gobierno en el cuadro de una inflación que no se frenaba. El peronismo utilizó su autoridad sobre los trabajadores para dar paso a una salida reaccionaria a la crisis, montada sobre una asociación con el capital financiero internacional (la presencia de los Alsogaray en el gobierno menemista fue la expresión de ese acuerdo), caracterizada por las privatizaciones a mansalva y la liquidación de convenios y conquistas, avanzando sobre los derechos laborales, cumpliendo la tarea que la dictadura se propuso y no pudo.

El otro “episodio” que vuelve a entrar en las comparaciones es la caída del gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001, como resultado de su incapacidad para abandonar la convertibilidad y dar paso a una devaluación. Diciembre de 2001 fue escenario de una fuerte intervención popular, que irrumpió para precipitar la salida del gobierno ante el deterioro creciente de las condiciones de vida, sobre todo el aumento sideral de la desocupación y la confiscación de los ahorros de centenares de miles de personas como resultado de una corrida bancaria, que fue armada por los impulsores de la devaluación. Diciembre de 2001 está asociado a los piquetes, fundamentalmente de las organizaciones de desocupados, a las cacerolas golpeando en los barrios y en los bancos; también a los saqueos impulsados por sectores ligados al peronismo, y por la represión que se cobró la vida de 38 personas en las jornadas del 19 y 20. La intervención popular en la caída del gobierno de la Alianza puso al conjunto del régimen al borde del abismo. Nuevamente fue el peronismo el que se colocó a la cabeza del operativo salvataje y obligó a una política de maniobras para sacar al movimiento popular de las calles, sobre todo luego de que Duhalde debió correrse de la escena como resultado de su fracaso en disciplinar al movimiento piquetero con la represión.

De las comparaciones surgen algunas conclusiones que la clase obrera debe tener en cuenta para encarar su propia intervención en la actual crisis, sobre todo partiendo de que es la principal víctima, por definición, de las mismas.

La crisis actual tiene elementos de todas las anteriores porque están unidas por una política común que las atraviesa. Todas ellas han aparecido en el escenario como expresión de la inviabilidad de sostener el sometimiento al capital financiero internacional que la dictadura genocida estableció en plenitud. Esto implicó un endeudamiento “compulsivo” y parasitario en función de las necesidades de los países imperialistas que mediante la colocación de deuda en los “países en desarrollo” buscaron solventar la bancarrota del capital y la tendencia decreciente de la tasa de beneficio del capital productivo, alimentando la montaña de capital ficticio financiero. Esta política signa toda la época como una expresión de la crisis capitalista de conjunto.

La crisis actual tiene elementos de todas las anteriores porque están unidas por una política común: son expresiones de la inviabilidad de sostener el sometimiento al capital financiero internacional.

Todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura se comprometieron con el pago de la deuda usuraria a los acreedores internacionales, y se estableció un régimen político en función de garantizar esa premisa; la burguesía nacional, y por lo tanto responsable del manejo de su Estado en todas sus expresiones, se acopló como socia menor en medio de la crisis, sobre todo del sector industrial, pero sin ofrecer resistencia. No hay que olvidar que la burguesía está de los dos lados del mostrador. Una parte de la deuda son autopréstamos. El dinero fugado vuelve al país bajo la forma de deuda. La clase capitalista nativa se convirtió en la mayor defensora del proceso de saqueo, que el endeudamiento implica, en su propio beneficio; por ello es parte fundamental de la fuga de capitales y de que en cuarenta años se haya ido un PBI entero, empobreciendo a millones de habitantes de este país.

Massa, un agente del capital y el imperialismo

La llegada de Massa al “superministerio” ha sido saludada nada menos que por el periódico inglés Financial Times, vocero del capital financiero por excelencia, que lo califica como “el integrante más moderado de la coalición gobernante”², y que podría introducir las “tan necesarias reformas que ayuden a reducir la inflación y evitar una crisis”³. La prensa argentina también se ha dedicado a destacar las “virtudes” del nuevo ministro.

Sergio Massa puede ser considerado un “hombre de la embajada norteamericana” sin temor a exageraciones. Los vínculos con Washington vienen de lejos. En un informe confidencial, sacado a luz por WikiLeaks, la exembajadora yanqui en Argentina, Vilma Socorro Martínez, destacaba en 2009 la “orientación proestadounidense” del tigrense y su delimitación con el kirchnerismo gobernante en ese momento. Estableció relaciones con demócratas y republicanos; en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos fue a apoyar a Hillary Clinton para un año después ir a la asunción de Donald Trump, invitado por Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York mundialmente reconocido por sus políticas represivas de “tolerancia cero”, con quien mantenía relaciones comerciales ligadas a la seguridad; y llegó a establecer la colaboración para la “prestación de servicios de asesoramiento [en seguridad] para clientes corporativos y gubernamentales”⁴. Su entroncamiento con la política de seguridad montada por el imperialismo se extiende al Estado sionista de Israel, con quien mantiene fluidas relaciones.

Su alineación con Estados Unidos es muy profunda, incluso en los temas “sensibles” para el peronismo y sobre todo para el kirchnerismo: apoyó la política yanqui en Venezuela, recibiendo incluso a la “embajadora” de Juan Guaidó; así como condenó fuertemente la invasión rusa a Ucrania ubicándose sin tapujos del lado de la Otan. Por eso su llegada al “superministerio” ha sido bien recibida por el Departamento de Estado y el Fondo Monetario, según informa La Política Online⁵. Massa parece ser un buen lobista de los intereses norteamericanos en la disputa con China y su penetración en América Latina. Un dato no menor es que Massa a través del Ministerio de Transporte (primero con el ministro Meoni y luego con su sucesor Guerrera) controla la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde pasa el 50% del comercio exterior. Con la licitación pendiente, y en queja por parte de China, seguirá el rumbo para colocar la misma bajo el control de la Ocde como sostienen los administradores puestos por sus ministros. También se reunió, ya asumido, con el embajador yanqui, Marc Stanley, interesado en la participación norteamericana en Vaca Muerta. Para empezar el embajador hizo una visita a YPF y el 9 de agosto en Neuquén participó del Argentina-Texas Summit, organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas, para discutir “Geopolítica y perspectivas del mercado global de petróleo y gas”.

También mantiene muy buenas relaciones con grupos capitalistas nacionales. Uno de ellos es el grupo Vila-Manzano, dueño de Edenor, pero además del eléctrico tiene negocios con el petróleo y pretensiones de intervenir en el del litio; son además los dueños de A24 y América TV. Son conocidas sus relaciones con el Banco Macro y la familia Brito, lo que valió una denuncia pública en 2019 por usar a la empresa Excel Servicios Aéreos, una firma de familiares del banquero Jorge Brito, para realizar sus vuelos políticos de cabotaje.

A Massa se le conocen muy buenas relaciones con el grupo petrolero Pan American Energy y su CEO Marcos Bulgheroni, otro que tiene intereses en la explotación del litio, la joya de la corona; y para sumar: Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Francisco de Narváez, dueño de Walmart; en lo que seguramente es una lista incompleta. Los amigos de Massa se extienden a la construcción, cuya Cámara saludó la designación del nuevo ministro, lo mismo que la que nuclea a las pymes ligadas a la exportación, y la de los agroexportadores como la cámara aceitera. Muchos de ellos fueron parte de los 500 invitados a la ceremonia de jura como ministro de Economía el pasado 3 de agosto.

Massa no solo tiene fluidas relaciones con los hombres de negocios, estas las traslada al terreno político. Es socio de Gerardo Morales en el gobierno de Jujuy por lo que este saludó su nombramiento, interviene activamente en Chubut con el gobernador Mariano Arcioni (lobista de la megaminería), a su vez se le reconocen excelentes relaciones con Gustavo Sáenz de Salta y Horacio Rodríguez Larreta del PRO. Nada raro para un hombre que dirigía la juventud liberal de la UCeDé y pasó a ser un dirigente peronista de primer nivel.

Las perspectivas de la “gestión” Massa

La pregunta es: ¿alcanza todo esto para que Massa pueda revertir el curso catastrófico de la economía (y la política) argentina? Los elogios al nuevo ministro dan cuenta también de diversas maneras de las dudas de que este nuevo relanzamiento llegue a buen puerto. Massa debe desactivar varias bombas.

Una de ellas es la falta de dólares. Al anunciar su “plan” Massa planteó la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central apelando a un nuevo endeudamiento. Para eso citó la posibilidad de acceder a fondos a través de los organismos internacionales de crédito (BID, CAF) lo que le aportaría, afirmó, cerca de 2.000 millones de dólares; a su vez aseguró tener cuatro ofertas de instituciones financieras internacionales (Repo). Es decir, sigue el camino de Macri, que llevó en gran parte a la crisis actual. Anunció, además, un acuerdo con “las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, que ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5.000 millones de dólares”⁶, sin aclarar en qué condiciones. También propuso un canje “voluntario” de la deuda en pesos en lo que es una virtual declaración de “default”, que seguramente empujará a nuevos aumentos de las tasas de interés para poder hacer ofertas “atractivas” y que agudizará el parate productivo que comenzó a vivirse.

Massa busca obtener dólares sin proceder a una devaluación brusca que active una hiperinflación, a la espera de que la cercanía del fin del invierno alivie la necesidad de importar para sostener el consumo energético.

Los primeros días de su gestión muestran serias dificultades para avanzar en este plan sin proceder a una devaluación. Los límites que se habría fijado estarían en 170 pesos para octubre. Sin embargo, un dólar de estas características no parece ser atractivo para que entre el grueso de los dólares de la cosecha que aún no se liquidó (cerca de 20.000 millones de dólares), tampoco servir para achicar la brecha cambiaria de manera significativa. Las presiones para proceder a una devaluación mayor se mantienen intactas, y el mercado seguirá “manejando” los ritmos de la situación.

La posibilidad de aflojar el cepo para dar oxígeno a una industria paralizada abre el camino a la fuga de capitales en una tendencia por ahora irreversible de la huelga de inversiones. Las empresas endeudadas en dólares han debido salir a negociar parte de sus acreencias en el mercado mundial, con altas tasas de interés, por la ausencia de dólares en el Central.

El apoyo internacional a Massa debe ser debidamente contextualizado; se produce en el cuadro de la guerra en Ucrania que conjuga todas las condiciones previas de la crisis capitalista, actuando como un agravante de la misma. El imperialismo juega en ella su propia salida. Para los países “emergentes”, y para Argentina en particular, lo que está planteado es viento de frente y no de cola: la caída de los precios de los commodities ya alcanza a varios minerales y al petróleo; la subida de la tasa de interés decretada por la FED está hundiendo las monedas restantes (sobre todo el euro y la libra esterlina) pero lo fundamental es que abre un período de recesión, EE.UU. ya entró técnicamente en recesión, China tiene una caída de su actividad económica. En un cuadro de estas características la caída de los precios de las materias primas se va a hacer más aguda y va golpear de lleno las exportaciones de granos, entre otras.

En ese apoyo recibido no es de descartar que prime el temor de llevar la situación argentina del borde del abismo a caer cuesta abajo. Lo último que necesita el gobierno de Biden es una nueva desestabilización de su patio trasero que le impida desplazar la injerencia China en la región y muestre una mayor debilidad, como de alguna forma se expresó en la fracasada Cumbre de las Américas de la cual participó Alberto Fernández.

La otra “bomba” a la que debe enfrentar es el compromiso de proceder a un ajuste para achicar el déficit fiscal. De la visita de Batakis a Washington, donde tuvo algo que Guzmán quiso y no logró: una reunión con David Lipton figura fuerte del tesoro norteamericano, esta se trajo la certeza de que el FMI y el gobierno norteamericano no están dispuestos a aflojar las exigencias de cumplir con las metas acordadas con Guzmán. ¿Lo harían con Massa? Difícil. Por el contrario, la buena acogida de su designación es porque se lo ve dispuesto a cumplirlas. Massa no puede zafar de implementar un programa de ataque a las masas.

En la conferencia de prensa en la que presentó los lineamientos de su gestión, Massa fue claro en avanzar en la reducción del déficit fiscal y cumplir con el 2,5% del PBI acordado con el FMI. El recorte de los gastos significa una severa política que incluye desde los empleados del Estado, a la asistencia social y a las inversiones en salud y educación, obras públicas, etc. Un blanco fundamental son las provincias, estableciendo un sensible recorte de las transferencias. También implica una mayor presión recaudatoria con el aumento de los servicios e impuestos (y tasas). El anuncio más destacado del ministro fue el referido al aumento de las tarifas de luz, gas y agua, y la quita de subsidios, lo cual no solo contemplará los ingresos del grupo familiar, sino también el consumo mensual. Un cálculo grueso indica que el 80% de los hogares pueden quedar fuera de los subsidios, o con estos sensiblemente disminuidos. Se trata de una declaración de guerra a las condiciones de vida de millones de trabajadores cuando la pobreza está arriba del 40% y la informalidad del trabajo crece, así como la desocupación. La persistente lucha de los trabajadores más golpeados por la crisis a través de la acción organizada por los movimientos sociales, sobre todo los que son independientes del gobierno, son una advertencia sobre los límites que afronta este plan.

En el plan de metas trazado con el Fondo figura el sistema previsional, y la exigencia de producir una reforma que convierta a las jubilaciones y pensiones en una suerte de subsidio (miserable) a la vejez, desligado del salario en actividad, y dejando en manos del propio trabajador asegurarse el futuro a través de un ahorro. En lo concreto está el deterioro creciente de la mínima -o menor- que cobra el 63% de los jubilados⁷, que no sale del nivel de indigencia, así como la situación de millones de trabajadores que no pueden acceder a una jubilación por no cumplir con los años de servicios aportados como consecuencia de las sucesivas crisis económicas que los arrojaron al trabajo en negro, la informalidad o la desocupación lisa y llana.

Un punto central es la política salarial. La clase capitalista exige frenar las actualizaciones cada vez más cercanas entre sí por la cual los trabajadores registrados buscan hacerle frente a la inflación. Uno de los objetivos de Massa sería disponer un bono por una suma fija en lugar de los aumentos establecidos por paritarias, lo cual ha abierto una fricción con la burocracia que se resiste a esta medida. Las luchas de este sector de la clase obrera tienen como centro el salario, es lo que sucede con la aguerrida pelea de los trabajadores del neumático, o de los docentes de varias provincias que retornaron del receso invernal con planes de lucha. La burocracia sindical recibió a Massa con aplausos; desde Daer a Yasky elogiaron las “habilidades y conocimientos” del nuevo ministro. El tema es si esto alcanza para llegar a alguna suerte de pacto social que limite los aumentos sobre la base de un acuerdo de precios (sin cuestionar la disparada precedente) y lo segundo si los trabajadores están dispuestos a “poner el hombro”.

La adaptación de CFK y el kirchnerismo

De conjunto todo parece indicar que la estrategia del nuevo ministro es patear todo para adelante. Para muchos Massa es la última alternativa del gobierno del Frente de Todos no ya para no perder las elecciones de 2023 sino para que Alberto Fernández termine su mandato.

Lo que es evidente es que la asunción de Massa pone de relieve la total adaptación de Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo al rumbo derechista en la conducción del gobierno. Las traiciones que La Cámpora cantaba en sus actos contra el nuevo “superministro” pasaron a la anécdota y la burla viral. No se trata de una omisión o un “desensillar hasta que aclare” con el cual Perón y la burocracia sindical de la época recibió a Onganía y su golpe en 1966. Cristina asumió el mismo camino que Massa cuando nominó a Alberto Fernández como su candidato para darle garantías al capital financiero y en particular al FMI de que iban a honrar las deudas contraídas. Cuando, luego de que los legisladores que le responden votaron en contra del acuerdo con el Fondo, se encargó de dejar en claro que lo que no avalaba era la forma en que se había negociado, y para que no quedaran dudas de cuál es su posición sobre el punto se reunió dos veces con el embajador yanqui, Marc Stanley. En una de ellas le explicó su proyecto para que se destinara al pago de la deuda el resultado de un blanqueo de los capitales fugados, reconociéndola de lleno a pesar de haberla considerado un acto criminal de Macri. Más aún, se reunió con la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quien ha declarado la importancia estratégica del “triángulo del litio” que integran Argentina, Chile y Bolivia, y que está en disputa con China.

Massa es la última alternativa del Frente de Todos no ya para no perder en el 2023 sino para que Alberto Fernández termine su mandato.

El rol opositor del kirchnerismo, dentro del gobierno que integra (donde el 60% de los funcionarios provienen de esa corriente), y que empezó a hacerse visible luego de la derrota de las Paso, tuvo siempre la pretensión de despegarse del fracaso del mismo y de la evidencia que se lo llevaba puesto a él también. CFK se dio la táctica de ir bombardeando al gobierno, provocó varios cambios de gabinete y puso freno a algunas decisiones con la misma preocupación. Finalmente tuvo que comprometerse tras la crisis con la renuncia de Guzmán y avalar con Batakis una política de austeridad que golpeara fuertemente a su base electoral. Pero el kirchnerismo no extendió el papel opositor más allá; la burocracia sindical que le responde ha sido, y es, un puntal en contener una intervención de los trabajadores en la crisis. El aval de Yasky a Massa y el planteo de volver a la CGT están inscriptos en esta política. Lo mismo ha hecho en el terreno de las organizaciones sociales que se identifican con él.

Si Massa es la última carta que tiene Alberto para que su gobierno no caiga, un fracaso de esta tentativa coloca a CFK en la presidencia, algo que es resistido por la clase capitalista, por temor a mayores regulaciones, pero que sobre todo Cristina no tiene interés en que suceda. Lo que confirma que el kirchnerismo no tiene una orientación superadora de la crisis, y sus planteos de una intervención mayor del Estado como regulador de la economía terminaron fracasando y con Macri en la Casa Rosada. La pretensión de Cristina de nuclear tras de sí al viejo aparato de intendentes y gobernadores del PJ renunciando a disputarles sus territorios, por un lado, y haciendo causa común contra el movimiento de lucha de los trabajadores, sobre todo la piquetera, por el otro, fracasó y el elegido ha sido Massa seguramente por ser “el más moderado de la coalición gobernante” y el más dispuesto a hacer acuerdos sin mayores limitaciones.

La derecha

La asunción de Massa, por lo tanto, no cierra la crisis política que envuelve al Frente de Todos y al peronismo, solo la posterga sin que esté claro hasta cuándo. E incluso, podría acelerarse, si este último cartucho se frustra.

A su vez actúa como un factor en la crisis que envuelve a la derecha nucleada en Juntos por el Cambio que procesa una división que se arrastra desde hace tiempo. De conjunto hay una coincidencia en “hacer tiempo” para que la crisis obligue al peronismo a hacer el trabajo sucio del ajuste y libere a un eventual gobierno propio en 2023 de esa tarea. Pero las divergencias responden a intereses enfrentados. Los partidarios de proceder a una política de shock, incluida el “ala dura” del PRO que encabezan Bullrich y Macri, que coquetean con Milei y su propuesta de la dolarización, encuentran la oposición de quienes ven que las consecuencias de este rumbo las va a pagar un sector de la clase capitalista que va a sucumbir ante la crisis y que requiere una mayor asistencia del Estado. En esta línea se inscribe el sector del radicalismo que lidera el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, más partidario de llegar a un gran acuerdo que incluya a sectores del peronismo, un planteo que lo asocia a Larreta el otro peso pesado dentro del PRO. La crisis de la derecha tiene también como ingrediente la pelea por quién dentro de la propia alianza se alza con la presidencia que una casi segura derrota del peronismo en 2023 va a dejar en sus manos.

Por ahora la derecha interviene montada en las causas judiciales contra la corrupción que tienen a Cristina como imputada. En todos los gobiernos capitalistas la corruptela -y muy especialmente en la obra pública- es la norma, pero solo una ínfima cantidad de hechos son investigados y menos aún condenados. La causa de Vialidad, que parece tener a la actual vice muy comprometida, desnuda por un lado la corrupción y por el otro el intento de condicionar el proceso en marcha. Massa se reunió con CFK el mismo día que el fiscal alegaba fuertemente contra ella; este hecho se vivió como un apoyo de la vice al nuevo ministro, pero puede leerse también como un apoyo de Massa a la imputada, y condicionarla para que no obstaculice el plan de ajuste en marcha y valerse del juicio para ello.

En el fondo se impone un impasse que de conjunto afecta a todos los partidos capitalistas ante la evidencia de las consecuencias que implican avanzar en el acuerdo con el Fondo y en cómo pararse frente a la crisis mundial. La designación de Sergio Massa es el resultado de un agravamiento de la crisis y de la necesidad de salir de la parálisis política que afecta al gobierno y a la oposición.

Cada crisis se eleva a una crisis del conjunto del régimen y envuelve a todos los actores políticos que se han turnado relevándose mutuamente en un rumbo de sometimiento al capital financiero y al imperialismo. Así la crisis económica se convierte en una crisis política que pone de manifiesto el agotamiento del peronismo y el radicalismo (y las transformaciones de cada uno), pasando por el macrismo, la centroizquierda e incluso los militares, que después del fracaso de la última dictadura salieron del centro de la escena política, lugar que la ocuparon con enorme preponderancia durante más de 50 de los últimos 100 años. La crisis del peronismo constituye una crisis del conjunto del régimen político en la medida que el mismo ha sido un factor clave e imprescindible -tanto desde el gobierno como desde la oposición- en la gobernabilidad y sustentación de la dominación política de la burguesía.

La emergencia del ultraderechista Javier Milei es una expresión de ese agotamiento. Milei hace su centro en el ataque a los partidos del régimen, explotando el hartazgo que estos provocan, para levantar planteos fascistas que viabilicen un ataque profundo a derechos y conquistas económicas, sociales y democráticas conseguidas con años de lucha de la clase obrera. La intervención de los libertarios con las banderas contra la “casta política” es en defensa de los intereses de la “casta capitalista”.

Milei hace su centro en el ataque a los partidos del régimen, para levantar planteos fascistas de ataque a derechos
y conquistas conseguidas con años de lucha de la clase obrera.

Sin embargo, Milei tiene que lidiar con la contradicción de repudiar a la casta política y la necesidad de acordar con ella para acceder al gobierno; esto ya ha abierto una crisis en sus propias filas, sumada a la que provocan sus declaraciones alabando personajes y principios rechazados popularmente como el caso de sus elogios a Thatcher, a Cavallo o Menem, o la defensa del armamento general o el mercado de órganos, etc.

Independientemente de sus pretensiones y posibilidades, Milei juega un papel en la situación política nada despreciable. Su aparición y su crecimiento en las encuestas habilitaron planteos derechistas al resto de las fuerzas. La formación de un grupo de choque antipiquetero que el grupo de Milei propicia no se concretó, pero sí una fuerte campaña antipiquetera que abarca a todo el espectro político patronal y los medios de comunicación que le responden y a la propia Cristina que se sumó a la misma contra las planes sociales y, particularmente, contra los movimientos piqueteros nucleados en la Unidad Piquetera y en especial contra el Polo Obrero.

El ensalzamiento que Milei hace de Menem y Cavallo no debe ser menospreciado. Es parte de una campaña que pretende establecer una suerte de “cambio de frente” requerido por la burguesía para proceder a terminar con las regulaciones del Estado, privatizar parte de la actividad que aún está bajo control de este y dejar en libertad a las fuerzas del mercado para que hagan lo suyo. El atractivo que despierta, e incluso adhesión, en las capas más oprimidas es la denuncia del Estado, de su papel en la opresión impositiva, de los negociados a costa de los servicios que debe brindar, sin resolver las reivindicaciones más perentorias, las cuales solo son obtenidas en una lucha, que debe ser tenaz para recibir sus frutos, contra el propio Estado.

Milei ha logrado crecer explotando la responsabilidad en la crisis de los partidos que nos gobiernan desde hace décadas. Su crecimiento con un planteo de imputación a los partidos del régimen, un terreno propio de la izquierda, la interpelan a esta y en particular a su principal construcción: el FIT-U. En 2020, el XXVII congreso del Partido Obrero expresó como conclusión de sus caracterizaciones el planteo “No al pacto con el FMI. Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”, que dirige la lucha contra el conjunto del régimen político, planteándole una alternativa de salida. Con este planteo nos dirigimos, en su momento, a los partidos del FIT-U para que pusiéramos en marcha una campaña política, no limitada al proceso electoral. La lucha contra la derecha requiere una delimitación profunda con el nacionalismo burgués y en particular con el kirchnerismo, su fracción de “izquierda”. Esto no es solo la denuncia de la adaptación de este a la derecha sino particularmente la del papel del Estado como representante de los intereses capitalistas y por lo tanto la necesidad de combatirlo en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores. Implica delimitarse fundamentalmente en relación al programa que este levanta, en el cual pretende asociar a las masas trabajadoras a los intereses de la burguesía nacional. Todo lo otro termina siendo entendido como un “kirchnerismo de izquierda”, una suerte de “estatismo progresista”, que omite el carácter de clase del Estado. El electoralismo que envuelve a la mayor parte de nuestros aliados en el FIT-U ha colaborado con la percepción por parte de un sector de los trabajadores que en Milei hay un rechazo al carácter despótico y antipopular del Estado y a todo el régimen político.

Las luchas de los trabajadores

El problema que devela a todas las fuerzas políticas patronales, incluido Milei, es el fantasma de una intervención activa de los trabajadores en la crisis. No es para menos. América Latina ha estado en el candelero con rebeliones populares que salieron a enfrentar los planes de ajuste y terminaron provocando un quiebre político de gobiernos de derecha. El propio Macri lo vivió tempranamente cuando una movilización obrera impidió en diciembre de 2017 que se aprobara la reforma laboral en el Congreso Nacional e inició la cuenta regresiva de su gobierno, a pesar de que había ganado las elecciones un par de meses antes. Lo vivió Piñera en Chile dando lugar a un proceso electoral, que puso de manifiesto la disgregación de los partidos del régimen armado por Pinochet para su salida del poder, y al triunfo de Boric, un centroizquierdista. Lo padeció Duque en Colombia, terminando con dos décadas de dominio del uribismo. En la misma sintonía, el levantamiento campesino en Ecuador, la derrota del golpe derechista en Bolivia con la vuelta del Mas al gobierno, el derrumbe electoral de Bolsonaro y el retorno de Lula.

Ese temor está fuertemente visualizado en el multitudinario y masivo movimiento piquetero que ha crecido exponencialmente con el agravamiento de la crisis social, con el crecimiento de la pobreza, de la precariedad laboral y de la falta de perspectiva sobre todo para la juventud. La lucha de los desocupados ha logrado resquebrajar el dominio de las organizaciones ligadas al Estado y ha desenvuelto una irrupción de un movimiento basado en la independencia política, el frente único sobre esa premisa y un programa de reivindicaciones que lo convierte en la oposición más fuerte a los gobiernos, tanto nacional como provinciales o municipales, a los planes de ajuste y a la subordinación al FMI. Es decir, que con su acción aborda el centro de la política de ataque a las masas por parte del régimen. Esto explica la feroz campaña contra el movimiento piquetero, la persecución y represión sobre el mismo, la denigración de sus activistas, que persigue quitar de la calle la lucha contra el ajuste e impedir que el ejemplo cale entre el conjunto de los trabajadores y el pueblo agraviado por la crisis y se produzca una fusión. El desarrollo del Polo Obrero como parte de este movimiento, su extensión territorial, su crecimiento en las principales barriadas del país, y principalmente la dirección política del mismo en manos de la izquierda revolucionaria lo convierte en la preocupación mayor, y es lo que Cristina advirtió en su discurso en Ensenada: el problema no son los que cortan las calles sino los que lo hacen con banderas políticas.

La lucha de la Unidad Piquetera ha calado en la base de las organizaciones oficialistas, nucleadas en la Utep, que huyen de la parálisis de estas en el medio del agravamiento de la situación, y es lo que las ha llevado a maniobras llamando a jornadas de lucha que les permita recuperar la iniciativa y contener un éxodo mayor, aunque también son parte de medidas en apoyo a las fracciones del gobierno en disputa. La asunción de Massa ha sido saludada por el Movimiento Evita, que no está dispuesto a coquetear siquiera con una medida de lucha en medio de la crisis desatada en el gobierno.

De la misma manera interviene la burocracia sindical que actúa en función de la interna oficial, pero que juega un papel en la situación política. Con la pandemia por un lado y el papel de la burocracia sindical por el otro el gobierno logró mantener al movimiento obrero atomizado y contener una intervención generalizada de los trabajadores. Se apeló a las negociaciones salariales, los acuerdos en cuotas, para impedir una lucha generalizada por el salario, pero mientras tanto se procedió a una mayor precarización laboral. Los acuerdos “sectoriales” garantizaron a las patronales introducir una reforma laboral de hecho, es lo que sucedió con el Smata y Toyota. A pesar de la burocracia los reclamos y las luchas obreras no cesan y se reiteran tanto en defensa del salario como del resto de las reivindicaciones, lo cual es una advertencia de la potencialidad de la clase obrera para intervenir activamente. La imponente lucha del Sutna, con un plan de paros y movilizaciones que han ido escalando en amplitud y profundidad, es un indicador de esta tendencia. Es por ello que la burocracia le huye como a la peste a tomar alguna medida de acción ante el agravamiento de las condiciones de vida de los trabajadores por temor a que esto sea el detonante para una irrupción masiva de los trabajadores que hoy están bajo el control de los gremios y que confluya con el masivo movimiento de lucha piquetero.

Por una salida obrera, por un movimiento popular con banderas socialistas

Es claro que en el cuadro de gravedad de la crisis política y económica, que hemos tratado de detallar y caracterizar, la intervención de los trabajadores se hace más que necesaria. Primero en defensa de sus reivindicaciones. De conjunto el movimiento de lucha, incluso el piquetero, lo hace movido por reivindicaciones frente a los agravios que la crisis le produce, es decir, contra el costo que los capitalistas y su gobierno le cargan sobre sus espaldas. La organización de la lucha reivindicativa se convierte en una de las principales tareas para los revolucionarios y la izquierda porque es allí donde se quiebra con mayor facilidad la contención de las burocracias, tanto las sindicales como las del propio aparato del Estado. La lucha reivindicativa, además, permite desenvolver un programa que enfrenta la política de los capitalistas y sus partidos.

La intervención de los trabajadores en la crisis debe darse a partir de su acción. Los reclamos del salario igual a la canasta familiar, el mínimo de $ 105.000, del 82% móvil para jubilados, del acceso a la jubilación de todos aquellos que fueron víctimas del trabajo en negro, precarizado o la desocupación, del trabajo genuino, de la universalización de los planes sociales y su elevación hasta tanto haya trabajo, de la asistencia alimentaria, etc. son la base sobre la cual se estructura la lucha.

La asunción de Massa agudiza la necesidad de una intervención activa de los trabajadores porque sus intentos de estabilización son reaccionarios, busca consagrarse sobre la capacidad de descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores y atarse al carro del imperialismo yanqui para asociar a la burguesía nacional a los réditos del saqueo al país. La debilidad que ostenta el gobierno debe ser evaluada por los trabajadores. El fracaso de la política que pretende poner en marcha el nuevo ministro, como parte del relanzamiento de un gobierno agotado, no debe ser dictado por los mercados sino por la acción de los trabajadores. Por eso está vigente la necesidad de un congreso que una a los delegados de los lugares de trabajo y de los movimientos sociales para establecer un programa de salida. Por ello es necesario un paro nacional y un plan de lucha que debe ser impuesto a las direcciones gremiales mediante una gran campaña de agitación, deliberación y organización.

La organización de la lucha reivindicativa se convierte en una de las principales tareas para los revolucionarios y la
izquierda, porque es allí donde se quiebra con mayor facilidad la contención de las burocracias.

El crecimiento y la irrupción del movimiento piquetero en la escena política son la expresión de la masividad popular que adquirió el enfrentamiento con el ajuste y las consecuencias del acuerdo con el FMI. Y no es la única. Las movilizaciones masivas contra los intentos de avanzar con la megaminería en Chubut y Mendoza o contra las perforaciones petroleras en el Atlántico apuntaron al corazón de los planes de salida montados en la entrega de los recursos nacionales y la depredación del ambiente. Algo similar sucede con la emergencia de un sindicalismo combativo que va buscando recuperar las organizaciones de los trabajadores contra la burocracia sindical. Todo ello constituye el movimiento popular que hoy se desarrolla y crece en la Argentina sobre la base de la oposición activa y de lucha contra la política de un gobierno peronista, que aparece responsable de la entrega, la pobreza, la pérdida de derechos y conquistas históricas de la clase obrera, que es un agente de los intereses imperialistas.

Un dato relevante a tener en cuenta es que la oposición de las masas a la política oficial la enfrentan al conjunto de las fracciones peronistas. El peronismo, que actuó como salvataje de los gobiernos de la oposición en defensa de los intereses capitalistas y para ello puso en juego su papel de contención, está ahora en el centro. A su vez el agravamiento de la crisis terminó de clarificar la asimilación del kirchnerismo al rumbo dictado por el FMI, con lo cual se limita su capacidad de actuar como un relevo y un refugio para salvar la autoridad del peronismo sobre los trabajadores.

Las banderas del nacionalismo burgués que dominaron políticamente la intervención de los trabajadores durante 70 años son las que levantan los responsables de las penurias populares, no sirven para enfrentar esta crisis y sus consecuencias. Por ello es necesario para ese movimiento popular que hoy enfrenta al gobierno del PJ dotarse de otras banderas. Nuestra lucha y nuestro esfuerzo, y es la campaña que le proponemos al conjunto de la izquierda, están al servicio de que el movimiento popular se organice bajo las banderas del socialismo, es decir, la bandera del gobierno de los trabajadores. Que se dote de estas banderas representa un salto fundamental para superar al peronismo agotado en el altar de la defensa de una política rabiosamente antiobrera y antipopular.

Un programa de salida en los términos de las necesidades populares tiene que impedir la sangría que implica responder a los intereses capitalistas que hoy dominan. Para ello, a la satisfacción de las reivindicaciones señaladas más arriba, y como medidas de emergencia es necesario luchar por:

Romper con el FMI y desconocer la deuda usuraria, una de las razones fundamentales de la decadencia nacional y con ella de los trabajadores como confirma cada episodio de la crisis que envuelve desde hace décadas al país. De ese endeudamiento es responsable la burguesía nacional que ha hecho negocios a costa del mismo y se ha terminado de convertir en acreedora ella misma.
Tener una banca única, bajo control de la clase obrera, para impedir la fuga de capitales y utilizar el ahorro nacional en función del desarrollo del país de acuerdo a los intereses generales de la población y no los que dicta la bancarrota capitalista.
Colocar bajo monopolio estatal y control obrero el comercio exterior, quebrando el monopolio que tienen hoy los grandes capitales exportadores y que es la fuente del saqueo de riquezas, el contrabando y los negociados.
Nacionalizar la producción, distribución y comercialización de los recursos energéticos, dominadas por las grandes corporaciones que reciben subsidios del Estado a libro cerrado.

Estas son las medidas que delimitan a la clase obrera de la clase capitalista y que orientan a los trabajadores a intervenir en la crisis con su propia perspectiva de salida. La tarea de poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas es una tarea que corresponde a los revolucionarios. La conclusión de que el carácter de popular iría en desmedro del programa y el papel que debe tener la clase obrera en la construcción del socialismo es equivocada y antojadiza. Lo que está en debate es qué banderas adquiere un movimiento que hoy existe e interviene como un factor en la crisis política y económica. Las banderas del socialismo son las banderas de la clase obrera como clase. El peronismo, el chavismo, el Mas boliviano, entre otros, han pretendido asociar el socialismo al nacionalismo burgués (ya antes lo había hecho el propio Hitler), es la pretensión de erigirse como líderes de la clase obrera para hacer pasar el programa capitalista y sujetar políticamente a las corrientes obreras que buscan romper con él. Recordemos que la izquierda peronista, empezando por Montoneros y hasta corrientes que se autoproclamaban marxistas, pretendieron conciliar el socialismo con el nacionalismo burgués, reivindicando una suerte de “socialismo nacional” y llamando a construir una “patria socialista”. John William Cooke, tempranamente, fue uno de los pioneros e inspiradores de esta orientación y apostó -y bregó por ello- que el socialismo estaba en condiciones de materializarse a través de una transformación y evolución interna del peronismo. Estas expectativas resultaron infundadas. El movimiento popular solo puede tener un desenlace victorioso no a partir del peronismo sino rompiendo con él. Viene al caso tener presente que cuando sus partidarios -empezando por el propio Perón y siguiendo por los dirigentes sindicales- definen el lugar del movimiento obrero señalan que es la “columna vertebral”. Lo cual retrata con mucha fidelidad la naturaleza de la fuerza política que ha logrado ocupar el centro de la escena nacional durante décadas. El movimiento obrero es el que pone el cuerpo y sostiene el movimiento, pero su cabeza es la burguesía. Estamos frente a un movimiento pluriclasista cuya base social mayoritaria han sido históricamente los trabajadores, pero cuya conducción ha quedado reservada a la clase capitalista.

Pero la experiencia recorrida develó para un movimiento popular cada vez más multitudinario la incompatibilidad entre nacionalismo burgués y socialismo. Es necesario poner en pie un movimiento popular pero cuya cabeza, dirección política, pase a ser la clase obrera. Las banderas socialistas son las de la clase obrera, no otras, son las del gobierno obrero y el socialismo.

La crisis, el papel del peronismo en ella, la intervención masiva de profundas capas de trabajadores golpeados por la política del nacionalismo burgués allanan el camino para que se produzca un viraje en la conciencia política de los trabajadores que puede y debe ser organizado bajo las premisas históricas de la clase obrera mediante una tenaz campaña. Concentrar esta necesidad de carácter estratégico en los marcos de la propaganda electoral, además de meternos de lleno en una vía con que la burguesía busca paliar la crisis, la saca del único terreno donde puede desarrollarse: el de la lucha de clases, el de la intervención activa en la crisis política.

En ello nos concentramos.