Las consecuencias de la guerra sobre Latinoamérica

Aunque América Latina esté lejos del escenario central donde se libra la guerra en Ucrania, entre el imperialismo y la Otan contra Rusia, su repercusión es directa y catastrófica.

La pandemia primero, y ahora la guerra imperialista, han profundizado las tendencias al estancamiento y/o retroceso económico de los Estados de América Latina.

La guerra ha terminado de cortar el reanimamiento pospandemia. Según datos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), los pronósticos del crecimiento del Producto Bruto (PBI) han caído del 3,3% al 1%. Pero lo que sí crece es la inflación, que ha pasado del 3% en el 2020, al 6,6% en el 2021 y al 8,1% en abril de este año. 

Estos pronósticos también anuncian aumento de la desocupación, frenan incluso el “crecimiento” del superexplotador trabajo precario que se venía desarrollando. La “pobreza extrema” estará en el 33%, casi 1% más que en el 2020. 7,8 millones de pobres se suman a los 86,4 millones hoy clasificados como “sin seguridad alimentaria”.

La guerra ha acelerado las tendencias catastróficas de la crisis capitalista mundial. Ha disparado un fenomenal aumento de precios en la energía (petróleo y gas), en los alimentos, en las materias primas (aluminio, etc.) y en los insumos productivos (fertilizantes, etc.). Estos aumentos repercuten en toda la economía pero más directamente en el bolsillo de los trabajadores que gastan sus ingresos en vivienda (calefacción, electricidad, etc.), transporte y alimentación. 

Las llamadas medidas antiinflacionarias que se están aplicando en los centros imperialistas (EEUU, Gran Bretaña, UE) con el aumento de las tasas de interés por parte de sus Bancos Centrales, aceleran una hecatombe en los países latinoamericanos. En primer lugar, por el flujo de capitales en fuga desde América Latina hacia las metrópolis imperialistas. Con la política de subsidios (préstamos de los Bancos Centrales a tasa 0%) desarrollada en los últimos años hacia las empresas en crisis, estas “desviaron” esos fondos hacia la especulación monetaria en los países atrasados, comprando bonos, depósitos indexados, etc. Ahora, el aumento de las tasas, unido a la inestabilidad y a la recesión, está provocando la reversión del flujo hacia las metrópolis. 

También es un golpe para los países con fuertes deudas externas (FMI, bancos, fondos de inversión): se hace más oneroso tomar nuevos créditos internacionales para refinanciar deudas preexistentes. El costo de los intereses a pagar por los Estados soberanos se potencia, colocando situaciones asfixiantes, en varios casos al borde de la cesación de pagos (Argentina, Ecuador). 

El aumento del precio de los commodities (materias primas) beneficia a ciertos sectores exportadores pero es un proceso desigual. Hay países, como la Argentina, que no tienen que importar alimentos porque son agroexportadores, pero sí energía porque no logran autoabastecerse siendo el gasto a pagar por el gas y las naftas superior a lo que entra por alimentos. Otros son exportadores de hidrocarburos (Ecuador, Venezuela, etc.) pero importadores de alimentos. Pero el aumento del precio de los commodities, luego de un primer salto con el inicio de la guerra, ha comenzado en muchos casos a descender, como sucede particularmente con varios minerales y otros materiales destinados a la explotación industrial (algodón, etc.). Este retroceso se debe fundamentalmente a los pronósticos de recesión económica mundial que provocaría un fuerte parate en la producción exigiendo menos materias primas. Ante esa expectativa, muchas empresas han cesado de aumentar sus stocks. Esto significa golpes fuertes en las economías minero-dependientes del continente (Chile con la caída del cobre, etc.). La diferencia entre el aumento de los precios de los commodities actual, respecto al vivido en los 2000, radica en la alta inflación y el agotamiento de divisas para el pago de una deuda usuraria que no cesa de crecer y, también, en la desaceleración de la recuperación productiva y el ingreso a fases recesivas.

Si bien Latinoamérica solo tiene un 0,6% de su comercio mundial con Rusia y Ucrania, el aumento internacional de los precios, potenciado por la guerra, tiene repercusión negativa directa sobre ella. Producto de la desaceleración productiva, la Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló que el comercio mundial ha retrocedido del 4,7% al 3%. Hay menos volumen de exportaciones (con precios más altos) y menor cantidad de importaciones, por el parate productivo. 

El agronegocio cuenta con mejores precios internacionales, aún superiores al inicio de la guerra, aunque en retroceso actualmente (trigo, etc.). Pero debe enfrentar mayores valores para cubrir la energía (combustibles) y los fertilizantes. Rusia fabrica (aprovechando su potencial petrolífero) más del 80% de los fertilizantes. 

Ya sean importadores o no, el aumento de precios de los commodities impacta directamente en los precios internos (tarifazos, pan, etc.). La producción nacional de estos bienes no beneficia a la población trabajadora sino a los grandes consorcios que establecen estructuras monopólicas y se embolsan ganancias no esperadas, manteniendo precios altos en sus mercados internos, ligándolos al precio internacional y no al costo de producción nacional. Aunque exporten, son importadores de inflación y carestía que paga el pueblo.

Todo este cuadro ha llevado a la CEPAL a pronosticar que “puede contribuir a un aumento de los niveles de malestar y a conflictos sociopolíticos, que ya son altos en algunos países de la región”. Una verdad de Perogrullo ante las sublevaciones en Ecuador y Panamá, pero que indican su preocupación.

Latinoamérica es una región superavitaria en materia de exportación de alimentos, pero muchos de sus países tienen grandes déficits para alimentar a sus pueblos: hay hambre en la región. Casi el 80% de los fertilizantes que se usan en la agricultura (sin los cuales los rindes productivos caerían en picada), son importados desde Rusia. La guerra ha dificultado este aprovisionamiento. Países productores de petróleo (México, Perú, etc.) deben, sin embargo, importar derivados (naftas, gasoil, etc.) porque no tienen capacidad industrial para refinar. Esto evidencia el carácter parasitario de las clases burguesas dominantes que se han ido adaptando a las orientaciones fondomonetaristas que los fueron empujando a la primarización productiva y exportadora.

Los gobiernos latinoamericanos van descargando la inflación sobre las masas trabajadoras. En muchos casos les escasean los dólares para financiar importaciones. La posibilidad de acceso al crédito externo se ve dificultada por el aumento de los llamados “riesgo país” que califican las sobretasas leoninas que debieran pagar los Estados (en la Argentina el “riesgo país” está en 2600 puntos) por encima de las tasas “normales”.

La producción nacional de commodities no beneficia a la población trabajadora sino a los grandes consorcios que se
embolsan ganancias no esperadas.

La inflación es usada por los gobiernos para ir produciendo un ajuste contra los ingresos de las masas trabajadoras. Permite también el aumento de los ingresos fiscales, contribuyendo parcialmente a reducir sus déficits. La profundización de una recesión económica eliminará -por menor recaudación- este ingreso fiscal extra de los Estados. Las alzas en los combustibles han provocado reacciones y movilizaciones no solo de masas populares (campesinos, etc.) sino, incluso, de sectores patronales (movilización de camioneros y transportistas en Perú, Brasil, etc.) y ha sido detonante de estallidos populares como los de Ecuador y Panamá. La falta de fertilizantes (Urea, etc.) no está siendo solucionada por los gobiernos y perjudica a los sectores agrarios (Argentina, etc.), especialmente a los campesinos (Perú) que denuncian que, en el reparto de las escasas cantidades existentes, el gobierno privilegia al gran capital agropower

El imperialismo y las burguesías nacionales latinoamericanas

La guerra contra Rusia es un intento de Biden de recuperar la hegemonía en retroceso de EEUU y superar su propia crisis política. Necesita avanzar por el mismo camino en su llamado “patio trasero” latinoamericano. Este fue un objetivo central de la reciente Cumbre de las Américas realizada en los EEUU bajo la dirección del propio Biden: alinear a todos los gobiernos y burguesías latinoamericanas detrás del imperialismo yanqui en su guerra contra Rusia. Para que adhieran activamente a las sanciones económicas contra Rusia y, especialmente, contra la influencia china en la región. La Cumbre fue convocada en nombre de la “democracia” y los “derechos humanos”, excluyendo a los regímenes autoritarios de Nicaragua, Venezuela y Cuba, que, no casualmente, son de los que tienen relaciones económicas más estrechas con el régimen de Putin.

Pero solo el 0,6% de las importaciones provienen de Rusia. China en cambio ha tenido un avance consistente, particularmente en las exportaciones. Mientras que Latinoamérica ha exportado a los EEUU 66.000 millones de dólares (datos 2019), China casi duplica esa cifra con 119.000 millones de dólares y Rusia esta relegada con unos 5.000 millones.

Biden pretendía que los gobiernos latinoamericanos fueran sumándose al bloqueo -como los países de la UE-, retirando sus importaciones y exportaciones a Rusia y China y adhiriendo a las sanciones económicas decretadas por la Otan en defensa de la “democracia”. Este objetivo político-económico fue escasamente logrado. Para las burguesías latinoamericanas, el mercado chino es esencial para la colocación de su fuerte producción agraria y minera. Sin el mercado chino, los superávits comerciales de varios países latinoamericanos desaparecerían y entrarían directamente en default para el pago de los intereses de deuda con el capital financiero. Ya hoy en día, Argentina, máximo ejemplo, no logra retener los dólares recibidos por el superávit del comercio exterior, que se evaporan no solo en el pago de la deuda con el FMI (la misma burguesía nacional participa de la fuga de divisas). 

Los sectores oligárquicos más reaccionarios de Brasil, Argentina y otros países, defienden la “libertad de comercio” con China, al igual que gran parte de los monopolios -incluso de origen imperialista- que controlan el flujo del comercio internacional. En este último caso contraviniendo y trampeando las propias indicaciones de sus gobiernos imperialistas. Es que el motor que mueve a los capitalistas es la ganancia, no un principio “democrático”, sino el del lucro capitalista. Esto ya se había evidenciado en la Argentina, bajo la dictadura de Videla, no solo represora y anticomunista, sino fuertemente proimperialista, que se negó en 1980 a plegarse al boicot cerealero decretado por el gobierno yanqui de Carter a la URSS (como presión para que retirara tropas enviadas a Afganistán en apoyo a “progresistas” locales). Esta reticencia negativa actual a frenar el comercio con China y Rusia no solo fue implementada por gobiernos nacionalistas burgueses, sino particularmente por los más reaccionarios neoliberales, incluso con tendencias fascistizantes. Tanto el peronista (nacionalista burgués) Alberto Fernández (Argentina), como Jair Bolsonaro (neoliberal fascistizante de Brasil, aliado de Trump) viajaron a Rusia, pocos días antes del inicio de la guerra de Ucrania, para sellar con Putin acuerdos económicos contrarios al boicot de Biden y la Otan. Fernández ofreció a la Argentina como puerta de entrada de Rusia en el Mercosur y Latinoamérica. Bolsonaro estableció fuertes acuerdos económicos con Putin: duplicó las importaciones desde Rusia y mantuvo las exportaciones que venía realizando. El presidente de Brasil casi no viaja a la Cumbre de las Américas. Esto fue resuelto por el envío de un emisario especial de Biden con la promesa a Bolsonaro de que no sería denunciada su política económica abierta frente a Rusia y China. Bolsonaro se ha declarado “neutral” justificando su política comercial y casi ha cerrado un acuerdo para incrementar la compra de diésel ruso “tanto como se pueda” para alimentar de combustible la producción brasilera, particularmente la agroexportadora. No se trata de un cambio ideológico, sino de la defensa de los intereses capitalistas (nacionales e imperialistas) instalados en Brasil. Frente al fulminante aumento de los hidrocarburos, azuzado por la guerra, Bolsonaro ha declarado su propósito de “comprarle a quien venda más barato”. Por supuesto, chantajea a Rusia pagándole menos que la cotización internacional, al igual que la India que compra más barato petróleo ruso para revenderlo más caro en una tercerización a países que por el boicot imperialista no le compran directamente a Putin. La “solidaridad” entre los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) está condicionada por la ganancia capitalista que se pueda obtener. Bolsonaro hace estas compras a Rusia con métodos semi conspirativos: ante la negativa del sistema financiero imperialista a recibir operaciones desde y hacia Rusia, ha resuelto triangular las mismas depositando los pagos en países donde hay sucursales rusas (China, Kazajstán, India, Turquía).

Similar política tiene respecto a China. En las licitaciones tecnológicas para introducir en Brasil la red móvil del 5G (Internet de las cosas) se está “imponiendo” China, pese a las presiones yanquis. El ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, apoyado por el poderoso ministro de Economía, Pablo Guedes, defendió este curso. Justificó esto en la experiencia mundial en la que 12 países, que optaron por restringir a las empresas chinas de sus subastas de 5G, derivaron en problemas económicos con el país asiático, como ser la suspensión de compras de productos agrícolas. “No sirve de nada comprar una pelea que no podemos ganar”, dijo.

El imperialismo yanqui no está consiguiendo que las burguesías latinoamericanas sigan por completo su orientación internacional. Es una “lucha” donde los yanquis tienen agarrados a los gobiernos latinoamericanos con el manejo de la deuda externa a través del FMI y otras “instituciones” crediticias (Banco Mundial, Fondos de Inversión, lobbies financieros, etc.) y los monopolios instalados desde hace décadas en esas naciones. Y, lógicamente, con su poderío político y militar. 

No se trata de una política antiimperialista de las burguesías nacionales semicoloniales de los países latinoamericanos. Históricamente, ha sido común que una burguesía semicolonial se enfrente a una potencia imperialista dominante en su país, recostándose en otra potencia que ofrece (para ganarse un área de influencia) algunas ventajas circunstanciales. La guerra agudiza la lucha entre potencias por conquistas y nuevos repartos del mundo. Son expresiones de esto la guerra contra Rusia así como también la “guerra comercial” de los EEUU contra China, antecedente directo de la guerra militar para avanzar en la recolonización imperialista de la restauración capitalista china.

El ministro español de Relaciones Exteriores, en reciente encuentro de empresas multinacionales de “origen” ibérico, ha declarado que en la próxima presidencia del Consejo de la UE defenderá como prioritaria la cuestión estratégica de avanzar sobre América Latina, empezando por la “actualización de los acuerdos comerciales con Chile y México”. 

El ingreso tardío de los países latinoamericanos al mercado mundial los ha llevado a ser dependientes de las potencias imperialistas. Si bien tienen cierta autonomía política, son económicamente semicoloniales y el imperialismo usa su fuerza y el dominio del mercado mundial para influir directamente en la vida y política de esas naciones. El desarrollo de un proletariado nativo, producto de las inversiones de los capitalistas nacionales y extranjeros, condiciona a los gobiernos latinoamericanos que se ven presionados por el capital financiero de un lado y la resistencia de las masas asalariadas del otro. La burguesía nacional de los países atrasados (respecto al desarrollo imperialista) no logra ejercer por completo su dominio soberano. Se ve obligada a compartirlo con el capital imperialista, en una competencia permanente por el usufructo de la plusvalía del trabajo nacional y tiende a dividirse frente a la presión imperialista buscando mejorar su posición dominante. Cuando la lucha de las masas obreras y campesinas emerge con potencia, la burguesía nacional o se une al imperialismo para contener y reprimir o se aprovecha de esta situación para mejorar su condición de clase dominante. Siempre lo hace bajo el principio del orden burgués: bloqueando la movilización independiente de las masas y el avance a la instauración de gobiernos obreros y campesinos.

Esto explica la división en el seno de las burguesías nacionales y la existencia de movimientos nacionalistas burgueses en los países atrasados coloniales o semicoloniales. No se trata de un problema ideológico sino de movimientos que tienen que ver con la estructura de clases de cada país. Mientras exista imperialismo y naciones atrasadas tendrá inevitablemente vigencia el surgimiento de movimientos nacionalistas burgueses. No se trata solo del agotamiento político de estos. El hundimiento del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) en Perú fue reemplazado por otras formaciones nacionalistas (incluyendo la reciente de Perú Libre). El giro abierto a la reacción del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) boliviano fue “reemplazado” por el nacionalismo burgués indigenista del MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales. No se trata del simplismo de caracterizar que estos movimientos se han transformado en “cadáveres insepultos”. Solo la revolución proletaria que instaure gobiernos de trabajadores podrá terminar de enterrar a los nacionalismos burgueses cada vez menos progresistas y más reaccionarios y respetuosos del “orden” imperialista.

Lo tremendo de la crisis que llevó a la postración de las naciones latinoamericanas (fatal emergencia sanitaria evidenciada con la pandemia del coronavirus; hundimiento financiero frente a la usura del FMI; crisis energética y alimentaria; avance de la miseria social; etc.) no ha servido para que las burguesías latinoamericanas se unan contra la opresión imperialista. Por el contrario, ha agudizado las diferencias entre los distintos gobiernos. El derechista presidente del Uruguay, Lacalle Pou, está dando los pasos que llevan a la quiebra del Mercosur para llegar a un entendimiento por separado de un tratado de libre comercio privilegiado con China.

La crisis ha ido devorando la gobernabilidad de los países de Latinoamérica, sometidos a un sinfín de programas de “estabilidad”, impuestos por el FMI para realizar fuertes “ajustes” contra el pueblo trabajador, dando origen a las rebeliones populares. Los gobiernos derechistas, en varios casos, aupados por golpes (Honduras, Bolivia), fracasaron en sus gestiones de gobierno y las rebeliones populares abrieron nuevamente la posibilidad de que los partidos nacionalistas burgueses o frentepopulistas volvieran al poder. Estamos ante una segunda “ola rosa”, luego de un período intermedio donde la derecha latinoamericana había recobrado poder (Macri, Bolsonaro, Lasso, golpe de Añez en Bolivia). Hoy en día, la mayoría de los países más numerosos del continente cuentan con gobiernos que se autoproclaman progresistas y/o nacionalistas burgueses (México, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Colombia) y la perspectiva es que, en las elecciones de octubre en Brasil, triunfe un Frente Amplio que lleve a la presidencia a Lula conformado por el Partido de los Trabajadores (PT), el centroizquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y formaciones burguesas derechistas (Alckmin, etc.).

Esta nueva “ola rosa” se montó sobre la derrota de los gobiernos de la derecha más abiertamente ligados al imperialismo yanqui con sus planteos guerreristas y de reacción social. Derrota impuesta bajo los golpes de las movilizaciones de masas que obligaron al imperialismo a aceptar el ascenso de la centroizquierda y del nacionalismo burgués que, incluso, no estuvo al frente de esas irrupciones de masas (Chile, Colombia). Como parte de un compromiso para contener la tendencia de las movilizaciones populares, la derrota del golpe de Estado en Bolivia (ante el cual el régimen de Evo Morales se rindió huyendo) fue producto de una movilización de masas que culminó con una huelga general con piquetes y cortes de ruta. Esta situación obligó al gobierno golpista de Añez a convocar a elecciones adelantadas para ser también aplastado en las urnas en la primera vuelta electoral. Esto cerró el paso a un plan de golpes de Estado impulsado por Trump y Bolsonaro con el apoyo de los gobiernos de Piñera y Macri (que intervino directamente en Bolivia con el envío de “gendarmes-instructores” y armas para los paramilitares de la derecha fascistoide).   

En Colombia, el extraordinario levantamiento popular, con su huelga general y piquetes, aunque no logró la caída del gobierno represor de Duque, fue la base para el triunfo electoral del frente centroizquierdista de Petro y Francia, golpeando así a uno de los bastiones históricos imperialistas en América Latina. Colombia se transformó, con la excusa de la lucha común contra el narcotráfico (y el terrorismo), en socio de la Otan y de los yanquis, con la presencia de ocho bases militares en su territorio cuyo objetivo es no solo intervenir frente a un desborde revolucionario en Colombia, sino también actuar contra otros procesos revolucionarios latinoamericanos. Desde aquí partían los planes para invadir Venezuela y voltear al gobierno chavo-madurista.

Pero esta segunda “ola rosa” populista se presenta más conservadora que la anterior, que terminó siendo reemplazada -incapaz de movilizar a las masas e imponer transformaciones revolucionarias- por la derecha, sea por la vía golpista (Lula-Dilma, Lugo, etc.) o electoral (Kirchner, Correa, etc.). 

Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia subieron a caballo de movilizaciones de masas. Boric en Chile o Petro en Colombia no impulsaron los estallidos de lucha y accedieron al poder con el mandato de las clases dominantes de contener la movilización y radicalización popular dando amplias garantías de su compromiso en la defensa del Estado. Boric firmó un pacto para garantizar el derecho del veto a la derecha (aprobación de los artículos solo con dos tercios de los votos) en una Asamblea Constituyente convocada para salir de la crisis. Lo primero que han hecho estos gobiernos fue nombrar ministros de Economía y Relaciones Exteriores entre reconocidos personeros liberales (Chile, Colombia, Perú).

El imperialismo yanqui no está consiguiendo que las burguesías latinoamericanas sigan por completo su orientación internacional.

Para la centroizquierda latinoamericana estos nuevos gobiernos, más el probable de Lula en Brasil, podrían constituir un “pacto progresista” continental para establecer una relación “más democrática” con EEUU. Se trata de una “línea” anti-Trump, para desactivar a la extrema derecha y coquetear con Biden. La lucha política dentro de las fracciones imperialistas yanquis (entre republicanos pro-Trump y demócratas pro-Biden) tiende a extenderse entre los elencos gobernantes latinoamericanos. En Brasil, Bolsonaro es pro-Trump y Lula pro-Biden.

El FMI y la acción diplomática y política del imperialismo irán presionando para el alineamiento de las burguesías en la guerra contra Rusia y China. El eje de los nuevos gobiernos nacionalistas burgueses latinoamericanos no gira en torno a planteamientos antiimperialistas, ni anticapitalistas. Rápidamente se verán las limitaciones de estos gobiernos para encarar tareas nacionales antiimperialistas y democráticas reales. El gran problema de Colombia es la reforma agraria y el desarme de la represión terrorista paramilitar. Probablemente Petro busque limitar y convivir con el accionar represivo como hizo López Obrador en México. Ya ha establecido un gobierno de “unidad nacional” con los históricos Partidos Conservador y Liberal que han venido participando del poder. Petro será rehén de la derecha.

La guerra acentuará la lucha del imperialismo por alinear Latinoamérica. El retroceso de la hegemonía imperialista yanqui no lo hace menos reaccionario y guerrerista, sino más aventurero para tratar de superar esta realidad. El pago de las deudas externas es fundamental para financiar la guerra imperialista. La burguesía latinoamericana no logra unificarse. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y otras construcciones de “unidad latinoamericana” están en desuso. El Grupo de Puebla constituido originariamente por López Obrador y Alberto Fernández -como medida defensiva frente a la Mesa de Lima alentada por Trump y Bolsonaro para armar la invasión a Venezuela y enfrentar a los gobiernos nacionalistas burgueses y “progresistas”- no ha logrado sacar un planteo unitario frente a la guerra. 

Biden se ha visto obligado por la guerra a abrir una vía de negociación con la “dictadura” venezolana a la que había jurado derrocar. El bloqueo al petróleo ruso en las importaciones yanquis por el boicot que él impulsa lo llevó a enviar una delegación oficial a discutir con Maduro una cierta normalización de relaciones, que permita exportar medio millón de barriles diarios de petróleo pesado (tipo venezolano) a los EEUU. Ante la falta de fondos y la crisis de la industria petrolera venezolana -producto del propio bloqueo yanqui- autorizaría al monopolio Chevron a invertir en Venezuela.

La unidad de América Latina será antiimperialista o no será, se forjará al calor de la lucha común de los trabajadores del continente contra el imperialismo. El no pago de la deuda externa y la ruptura de los acuerdos con el FMI son dos banderas elementales de cualquier lucha antiimperialista. Solo gobiernos de trabajadores harán realidad la unidad socialista de América Latina. 

Este es el panorama dentro de una guerra que el imperialismo piensa desarrollar, por ahora, en términos de desgaste prolongado, buscando cambiar el régimen putiniano. El avance de la crisis hacia una eventual guerra mundial abierta contra Rusia replanteará todas las relaciones del imperialismo yanqui con Latinoamérica.

El FMI y la acción diplomática y política del imperialismo irán presionando para el alineamiento de las burguesías Latinoamericanas en la guerra contra Rusia y China.

La irrupción de las masas

La segunda “ola rosa” de gobiernos nacionalistas burgueses y frentepopulistas detonada por una nueva seguidilla de levantamientos de masas (Ecuador, Colombia) evidencia que los ajustes fondomonetaristas no son aceptados pasivamente por los trabajadores. Las consecuencias de la guerra arriba analizadas (inflación, hambre, etc.) han agravado la tensión social. El aumento de las tarifas de combustibles ha sido motor de masivas movilizaciones en Ecuador (donde casi se derriba al gobierno, obligándolo a retrotraer parte de dichos incrementos), en Perú y ahora en Panamá. Apretados por las movilizaciones -y la amenaza potencial de su crecimiento- diversos gobiernos latinoamericanos han otorgado subsidios para afrontar el alza de los combustibles, retrocediendo incluso parte de los aumentos ya anunciados, la mayoría dirigidos a sectores patronales y marginalmente a la población trabajadora, que no ve aumentados sus salarios en la misma proporción. La inflación -más profunda en los alimentos- deteriora aceleradamente las condiciones de vida de las masas y empuja al movimiento obrero al camino de la lucha por aumentos salariales. Las huelgas obreras comienzan a poblar el panorama continental (huelga minera en Chile, Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), huelgas docentes, etc.). Las huelgas y movilizaciones de maestros y profesores tienen especial importancia, no solo porque luchan por sus salarios y condiciones laborales, sino además porque se van transformando en la vanguardia -junto a los estudiantes- de la defensa de la educación pública contra los avances reaccionarios clericales y privatizadores, llevados adelante por los planes de “reforma” del imperialismo y las corporaciones. 

Las masas cubanas también se suman al auge de los levantamientos populares contra los ajustes impuestos por la burocracia (11J). La guerra ha tenido repercusión directa sobre la economía de la isla potenciando la crisis preexistente consecuencia de la pandemia. Los vuelos de Rusia con contingentes turísticos a Cuba han sido prohibidos por el bloqueo imperialista, hundiendo aún más las finanzas. La burocracia responde a esto con diferenciación social: capas de burócratas y sectores especiales viven cómodamente, mientras que los cortes de luz y el racionamiento se descargan sobre las masas. 

La juventud latinoamericana se encuentra con un futuro de miseria y superexplotación, sumergida en la precariedad laboral con salarios fuera de convenios colectivos y sin conquistas que los defiendan. Esto explica su participación protagónica en las movilizaciones y levantamientos populares (Chile, Ecuador, etc.).

Los desocupados son directamente condenados al hambre y a la miseria mientras las patronales pretenden utilizarlos como un “ejército de reserva” para forzar la baja salarial de los trabajadores ocupados. Esto está siendo enfrentado por la organización de los trabajadores desocupados que luchan para que los capitalistas y sus Estados se hagan cargo de sostener la asistencia social necesaria contra la degradación y por trabajo genuino. Y buscan la unidad de las filas obreras: ocupados, precarizados, desocupados y jubilados. Una de sus expresiones más activas es la formación de las organizaciones piqueteras en Argentina, que, a través de sus marchas, cortes de ruta y otras medidas de lucha han ido obligando a los gobiernos a incrementar la asistencia social (considerada un gasto improductivo por las corporaciones capitalistas). Las mujeres trabajadoras protagonizaron grandes jornadas de lucha por el derecho al aborto y contra la violencia de género. La “marea verde” impuso en Argentina este derecho contra la reacción clerical. Esto ha entusiasmado al movimiento de lucha por el derecho al aborto en Latinoamérica (Chile, México, etc). El triunfo obtenido ha escindido en Argentina al frente pluriclasista que se movilizó por este reclamo democrático, pero también ha sido un puntapié en la incorporación y organización de las mujeres trabajadoras a la lucha por sus reivindicaciones y contra los ajustes capitalistas. 

Uno de los terrenos más importantes de los ataques capitalistas se da contra los trabajadores jubilados. No solo reducen sus ingresos, sino que pretenden alargar el período de años necesarios para acogerse a la jubilación. El capitalismo en su crisis busca aumentar la plusvalía absoluta extendiendo el período laboral en la vida del obrero. En casi todos los países del continente se han llevado o se piensan llevar a cabo estas reformas que no solo hunden a los jubilados de hoy, sino especialmente a los futuros. El gobierno uruguayo de LaCalle Pou ha anunciado esta reforma previsional y la central obrera, presionada por el Frente Amplio, se apresta a “negociar” en lugar de salir a la lucha contra este atentado a la vida del trabajador. 

En todo el continente se han ido creando -con diferentes grados- las tendencias a la descomposición política de los gobiernos y las fuerzas políticas tradicionales de la burguesía y a la resistencia y estallidos populares. 

Pero el balance del rumbo adoptado por las alternativas nacionalistas burguesas y frentepopulistas a los levantamientos populares contra los gobiernos ajustadores ha sido negativo. Se han empeñado en primer lugar en bloquear la extensión de las movilizaciones populares y su profundización hasta encarar el derrocamiento de los gobiernos ajustadores, abriendo la perspectiva de la instauración de gobiernos obreros y campesinos. Se han empeñado en desviar la lucha de clases sacándola de las calles y de la acción directa, llevándola hacia procesos electorales. Defienden y juran respetar las instituciones del Estado burgués que actúa como órgano de dominación de clase contra el pueblo explotado.

La consigna de Asamblea Constituyente ha sido usada por estas corrientes como un desvío frente a la lucha por el derrocamiento de los gobiernos antipopulares represores y como un bloqueo a cualquier evolución que plantee la instauración de gobiernos de trabajadores que modifiquen radicalmente la estructura social de las naciones expropiando al imperialismo, las corporaciones y los latifundistas. La consigna de Asamblea Constituyente ha sido usada por el llamado “progresismo” como un trámite institucional donde a través del “diálogo” y el “debate”, con la burguesía y la reacción, se pueda modificar un texto normativo sin tocar las bases de la propiedad capitalista de los medios de producción y la resolución de los graves problemas sociales existentes. Uno de los ejemplos más rotundos de esto es la rápida experiencia que se viene desarrollando con el nuevo gobierno chileno de Boric. Las masas se sublevaron en el 2019 rechazando de plano las consecuencias sociales de la sangrienta dictadura pinochetista. Reclamaron la anulación del sistema de jubilación privada; la gratuidad total de la educación y la salud hoy bajo arancelamiento y en manos privadas; los derechos de la mujer (derecho al aborto, a igualdad salarial, etc.) y de las diversidades sexuales; la expropiación de la minería; la quita del control del agua de las manos latifundistas; el desmantelamiento de los carabineros y las fuerzas represivas; la libertad incondicional de los presos políticos; el cese de la militarización y de la represión contra los pueblos indígenas; etc. Pero el gobierno frentepopulista (PC, Frente Amplio, etc.) de Boric no lleva adelante estos reclamos populares sino que se empeña en el salvataje de la dominación burguesa, dejando en pie lo esencial del edificio pinochetista.

La popularidad de Boric ha caído en picada, desilusionando a gran parte del pueblo que se movilizó fuertemente en las calles y lo apoyó electoralmente. 

La consigna de Asamblea Constituyente puede jugar un papel movilizador y revolucionario si se desarrolla enfrentando al poder político y no de la mano de este. En el segundo caso se trata de una constituyente amañada, donde el poder reaccionario contrario a cualquier transformación sigue gobernando efectivamente, mientras que la Constituyente se resigna a discutir un texto normativo. Para que la Constituyente pueda jugar un real papel transformador debe ser soberana, debe tener el poder. Es decir, debe ser revolucionaria. Donde debata los grandes problemas de los explotados y de la nación oprimida, sometidos a la intervención directa de las masas en lucha, que los vote y ejecute directamente. 

La centroizquierda y la izquierda democratizante usan el espantapájaros de la amenaza derechista y fascista para subordinarse y llamar a las masas a apoyar estos procesos de colaboración de clases, como el mal menor. La preocupación central del imperialismo y de las clases dominantes es sacar a las masas de las calles y de la lucha, llevándolas al terreno de la colaboración de clases y de las instituciones burguesas organizadas para imponer la dictadura de los intereses del capital. 

La ausencia de organizaciones obreras independientes de la burguesía como alternativas de peso les ha permitido derivar estos procesos de luchas al terreno institucional “democrático” a través de las ilusiones que se recrean en las masas sobre las corrientes frentepopulistas, nacionalistas burguesas y pseudo progresistas.

La constitución de frentes populares que subordinan a las organizaciones obreras y de la izquierda a dirigencias burguesas está a la orden del día de la política capitalista. Así subió Boric en Chile. Así ha creado Lula un Frente Amplio del PT con partidos burgueses derechistas llevando como garantía a Gerardo Alckmin, un claro dirigente de derecha, como vicepresidente. Lula se ha empeñado en construir una alternativa frentepopulista al retroceso del gobierno de Bolsonaro que ha profundizado la polarización social amenazando con estallidos populares. Teniendo el apoyo de las burocracias sindicales de la Central Única de Trabajadores (CUT) y demás centrales obreras y de masas, bloquea cualquier tipo de resistencia y movilización. Quiere llegar al gobierno sin estar presionado por una movilización obrera y popular. Ya ha declarado que no derogará las reformas antiobreras (laboral, previsional, etc.), impuestas por la derecha sino que buscará una “adecuación” de las mismas a través del “diálogo” con las cámaras patronales, resaltando reiteradamente que no habrá ninguna imposición de su parte.

Así ha sido relanzado, también en Paraguay, un nuevo frente popular, la “Concertación Nacional”: un amplio abanico de organizaciones que van de la derecha neoliberal a la centroizquierda representados por el Frente Guasu (FG) del expresidente Fernando Lugo, volteado por un golpe “institucional”, la articulación Ñemongeta, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras organizaciones para enfrentar electoralmente en abril 2023 al gobierno de Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado.

“Es la hora de la izquierda” repiten analistas políticos que la asocian a esta llamada “ola rosa”.

Para que el giro político que se constata en el continente tenga un futuro es necesario que la izquierda que se reclama revolucionaria defienda e impulse la organización independiente de la clase obrera y los explotados en oposición al frentismo de colaboración de clases e intervenga activamente en organizar las luchas obreras y de las masas explotadas. Pero, por el contrario, una parte de la izquierda democratizante se ha subordinado o integrado -con “críticas” y “consejos”- a los movimientos nacionalistas burgueses, centroizquierdistas y frentes populares. Durante 18 años fue parte integrante del PSOL en Brasil, un partido “amplio” que se subordinó al PT y que termina integrándose al Frente Amplio en alianza con direcciones burguesas y de la derecha liberal. Una parte de esa izquierda acaba de alejarse del PSOL. Otra, como el MES o Resistencia se han integrado abiertamente. Los que se alejan han marchado a un frente electoral con el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Pero no hay un análisis autocrítico de 18 años de “entrismo” a una organización pequeñoburguesa, ausente de la lucha obrera y de clases y de neto corte electoralista. Ninguna reflexión de esa experiencia fracasada.

Esta falta de balance es importante porque el PSTU lanzó la convocatoria a conformar un Polo Socialista Revolucionario hace un año atrás. Nosotros lo apoyamos inmediatamente: “La iniciativa del PSTU de constituir este polo revolucionario y socialista ha sido avalada por mil firmas de dirigentes y activistas sindicales y de izquierda. Y está creciendo con nuevas adhesiones. Es un paso progresivo que hay que defender; y luchar en su seno por profundizar un verdadero curso de independencia obrera”1Santos, R. (4/10/21). Brasil: convocatoria a constituir un polo revolucionario y socialista. Prensa Obrera. https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-convocatoria-a-constituir-un-polo-revolucionario-y-socialista

Señalamos entonces que sectores crecientes de la burguesía estaban alentando la constitución de un frente popular de colaboración de clases, como alternativa preventiva ante la creciente polarización social y la ola de levantamientos populares que se estaban desarrollando en Latinoamérica. Bloqueando por un lado cualquier desarrollo de movilizaciones obreras y populares por parte de las centrales sindicales (CUT, etc) y de masas (estudiantiles, de campesinos, etc.) controladas por una burocracia apéndice del PT, desviándola hacia la contienda electoral un año después. Esto era también, una prueba de la capacidad de Lula para contener la lucha de clases y evidenciar que sería capaz de pilotear un gobierno que defendiera las conquistas antiobreras y antipopulares impuestas por Temer-Bolsonaro. Y vaya si se empeñó en ese rol. El PT y Lula se dedicaron a levantar las marchas por el “Fora Bolsonaro” que, sin embargo, realizadas mensualmente venían creciendo en concurrencia. También dejaron aislados a los conflictos obreros y populares que se han ido desarrollando (huelga de los recolectores de residuo de Río de Janeiro, etc.) y no se movilizaron contra las salvajadas represivas de Bolsonaro sobre las favelas (villas miseria), etc. y concentrándose en el armado del frente popular con el apoyo del expresidente neoliberal, Fernando Henrique Cardoso, etc. y la integración de políticos derechistas, empezando por Geraldo Alckmin como candidato a vicepresidente.

La consigna de Asamblea Constituyente puede jugar un papel movilizador y revolucionario si se desarrolla enfrentando al poder político y no de la mano de este.

La reciente participación de la Corriente Socialista de los Trabajadores -de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (Uit-Ci), que integra Izquierda Socialista en Argentina- en el Polo Socialista Revolucionario marca justamente que el centro de su accionar en todo este período giró en la “interna” del PSOL en torno a las candidaturas electorales. Glauber Braga, el candidato alternativo levantado por la llamada “izquierda del PSOL” ha declarado que apoya la unidad amplia en torno a Lula-Alckmin y sus candidatos para derrotar a la derecha de Bolsonaro. Una pequeña corriente, ligada al MAS argentino, salió ahora con “un llamado público para poner en pie un frente único de izquierda para luchar contra el neofascismo” de Bolsonaro (a menos de tres meses de las elecciones). Un apoyo indirecto a Lula quién convoca todo el tiempo a votar por su fórmula electoral contra el golpismo fascistoide.

El Polo Socialista Revolucionario en Brasil es un paso adelante de independencia obrera pero se ha centrado básicamente en el proceso electoral. El problema central es cómo hacer para que la fuerte clase obrera brasileña rompa con las ataduras burocráticas burguesas que la aprisionan y dividen y salga masivamente a luchar por sus reivindicaciones y las del conjunto de la nación oprimida. La necesidad de agitar y organizar a favor de un Congreso Nacional de Trabajadores con delegados electos por las bases a fin de votar una estrategia de independencia obrera, una plataforma reivindicativa y un plan de lucha para imponerlo está a la orden del día en Brasil y en toda América Latina para sacarse de encima la loza que aprisiona la voluntad de lucha de las masas. 

En Chile se ha roto el débil frente de izquierda que se había constituido en oportunidad de las elecciones de constituyentes del año pasado. No ha tenido continuidad en la lucha de clases y sectores ligados a la UIT llaman ahora, en el próximo referendo, a votar “apruebo” a una constitución diseñada por el gobierno Boric y sus alianzas con la “concertación”.

En el 2020, convocada por el Frente de Izquierda de Argentina se realizó una Conferencia Latinoamericana que contó con la asistencia de 50 organizaciones del continente con planteamientos y resoluciones para avanzar en un reagrupamiento de frente único bajo banderas de independencia de clase. Lamentablemente no se pudo lograr su continuidad. La izquierda democratizante privilegió sus “trabajos” nacionales en el Frente Amplio de Perú (Uit-Ci) o en el PSOL (Uit-Ci, Izquierda Socialista, LIS MST, Ft-Ci, PTS). El eje de esa militancia de la izquierda democratizante giraba en torno a los procesos electorales. La Uit-Ci integró el Frente Amplio peruano hasta pocos días antes de que este asumiera la presidencia del parlamento unicameral como producto de la crisis por el golpe de Merino. Y el eje del PSOL ha sido y son los procesos electorales, apoyando la izquierda candidaturas de elementos arribistas derechistas y represores de las luchas obreras (Erundina). La izquierda democratizante tiene una clara tendencia electoralista-parlamentarista. Activa dentro del régimen institucional “democrático” como elemento de presión. Tiene una fuerte tendencia a confluir en las iniciativas “democráticas” con el imperialismo (Venezuela, Siria, y ahora Ucrania). 

En la Argentina el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) ha unificado a las principales corrientes de izquierda y es el que ha estado a la vanguardia en la organización de algunas importantes movilizaciones. Pero también está recorrido por el accionar de algunas de las tendencias electoralistas arriba señaladas, que a más de un año de las elecciones centran su accionar en ese norte en momentos de fuerte agudización de la lucha de clases y crisis del régimen.

Con sus defectos, estos frentes de independencia de clase (Brasil, Argentina, Chile antes de las elecciones) son un punto de apoyo para desarrollar una fuerte batalla por el frente único clasista. 

La guerra ha acelerado los ajustes fondomonetaristas y relanzado las resistencias y sublevaciones populares en nuestro continente.

La necesidad de un reagrupamiento continental en torno a posiciones de independencia de clase que permita organizar mejor la intervención de la izquierda y el movimiento obrero combativo en la crisis en marcha, tiene renovada vigencia y actualidad. La independencia política y el frente único son los dos pilares para retomar esta iniciativa.

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