El derrumbe de la producción industrial en agosto; la profundización en la caída del PBI en el tercer trimestre; la continua merma de la recaudación impositiva; el crecimiento de la cartera irregular de los bancos; el fracaso de la recompra de títulos públicos, por parte del gobierno, para elevar las cotizaciones; y por último, el espectacular aumento de la desocupación, al 23%; todo esto ha servido para desmentir los pronósticos oficiales acerca del fin de la crisis y confirmar el espectacular derrumbe del ‘plan’ Cavallo. Un reciente informe de Fiel pronostica cuatro trimestres más de caída de la producción industrial, lo que convertiría a la crisis actual en la más prolongada de los últimos 70 años. No debe sorprender, entonces, que la crisis política no haya cesado, a pesar de todas las 'mediaciones’ emprendidas desde las principales metrópolis financieras.
La Marcha del 6 de setiembre
El ‘cese de actividades’ del 6 de setiembre fue una expresión de la presión creciente de las masas y del desarrollo de la crisis política. La burocracia ha establecido una alianza estratégica con sectores del gran capital a través de su asociación en las AFJP, ART y la Propiedad Participada, lo que le permite integrar los directorios de las empresas privatizadas. La amenaza de la desregulación de Obras Sociales implicaba la pérdida de las fuertes 'cajas’ que manejan los burócratas además del anuncio de una mayor ofensiva de conjunto contra el movimiento sindical en materia de salud y convenios colectivos. La masiva concentración en Plaza Congreso y los paros y movilizaciones en numerosas provincias pusieron de manifiesto la voluntad de lucha de los trabajadores.
La entregada de la CGT
Ante la perspectiva de que los sindicatos canalizaran esta tendencia a la resistencia activa de las masas, el gobierno menemista se apresuró a ‘concertar’. A cambio de un miserable descuento en la rebaja de los aportes patronales a las obras sociales, Gerardo Martínez y Cía. acordaron el inicio de la privatización de la salud en los plazos de dos años pactados con el Banco Mundial. Los burócratas aceptaron la rebaja de un 30 a 80% de los aportes patronales a la jubilación, a las asignaciones familiares, al PAMI, al Fondo de Empleo. Y de un 17% a las obras sociales. Este ‘paquete’ antiobrero significa una transferencia de 4000 millones de dólares por año a las grandes patronales, a costa de los jubilados, los trabajadores y los desocupados. A diferencia de la 'privatización’ inmediata que planteaba Cavallo y el Consejo Empresario Argentino (CEA), el plan del Banco Mundial prevé un lapso de 'transición’ de 20 meses, tiempo en el cual los burócratas piensan resguardar sus privilegios en una negociación con los banqueros, aseguradoras y prepagas. Durante la transición el servicio de las obras sociales sufrirá una brutal arancelización, que las emparejará con las privadas. La entregada burocrática envalentonó al gobierno, que en el proyecto de presupuesto ’96 plantea una reducción generalizada de salarios del orden del 15% para los trabajadores estatales; el desmantelamiento del PAMI, el congelamiento de los haberes jubilatorios, más privatizaciones y despidos masivos en la administración pública.
Corset burocrático
Los ataques del gobierno capitalista han impulsado una formidable resistencia de masas en las provincias. En Córdoba, ocupaciones, marchas y paros salieron a enfrentar los intentos de aplicar la ley de emergencia económica (reducción salarial, pago en bonos, despidos). Los trabajadores de Empleados Públicos (Sep), Obras Sanitarias y Luz Fuerza enfrentaron muy decididamente con ocupaciones y movilizaciones los intentos de reducción salarial. Las burocracias sindicales, sin embargo, se adaptaron a la ‘emergencia aprovechando la confusión creada por la renuncia de Angeloz, que fue presentada como una ‘victoria popular’.
En Río Negro existe una insurgencia generalizada. Paros y movilizaciones multitudinarias en todas las ciudades se oponen al paquetazo antiobrero (reducción salarial, etc.), a la privatización del banco provincial y al nombramiento del gobernador Massaccesi como senador nacional. En Neuquén, los desocupados han tomado varios municipios e impuesto una ley de subsidio al parado, aunque tremendamente recortada. Aquí la Iglesia y el CTA integran el Comité que distribuye el subsidio, transformándolos en agentes de la discriminación contra los extranjeros y las mujeres.
A estas luchas se suman las de Tucumán por el atraso en los salarios y contra el traspaso de la caja de jubilaciones a la Nación, en Salta, Jujuy, Tierra del Fuego.
Este proceso de combativa resistencia de masas plantea una centralización nacional. Las direcciones del CTAy el MTA, sin embargo, que el 6 de setiembre abandonaron la Plaza Congreso denunciando el discurso colaboracionista de Gerardo Martínez, han ido en la misma dirección. Han mantenido una parálisis total y han sido corresponsables en el hundimiento de numerosos conflictos (Área Material Córdoba, etc)
Neuquén: Las mafias patronales reprimen a los desocupados
En Neuquén los desocupados se están organizando y con su movilización han logrado imponer al gobierno provincial el pago de un seguro al parado. Pero el conjunto de las bancadas de la Legislatura provincial —incluyendo a la de centroizquierda— ha aprobado un subsidio-limosna de sólo 200 pesos que, por otra parte, es excluyente (no lo cobran las mujeres, es sólo para residentes con más de 5 años en la provincia, etc). Y encima, se esfuerzan por no pagarlo en fecha. Ante ello, los desocupados, organizados en Coordinadoras barriales, han manifestado y ocupado en varias oportunidades los municipios. El 2 de octubre una movilización sobre la gobernación fue provocadoramente reprimida. Y a partir de ahí se lanzó una campaña política del gobierno provincial que fue apoyada por el P-J, la UCR, el Frepaso y… las direcciones del CTAy MTA.
La provocación que inició una caza de brujas contra los partidos de izquierda (Mas, Mst, PO) y los activistas del movimiento de desocupados pretende quebrar lo que puede ser la columna vertebral de un movimiento de resistencia contra el ‘ajuste’ que se vendrá luego de las elecciones en la provincia —privatización del banco y la empresa energética provincial, anulación de estatutos del empleado público y del docente, desmantelamiento de la educación y salud públicas, mayores impuestos y… mayor desocupación.
Neuquén amenaza con ir por el camino de Río Negro. El gobierno quiere enviaron con la represión. El centroizquierda se pone del lado del ‘orden’ contra las movilizaciones de las masas.
El agravamiento de la crisis política
El desbarranque del ‘plan’ Cavallo ha potenciado la lucha entre los grupos capitalistas por el pillaje de los recursos de la economía y del Estado. La crisis política se está manifestando como un choque abierto entre diferentes mafias menemo-capitalistas. Ya han rodado las cabezas de Dadone y el directorio del anco Nación. El fraude electoral en Santa Fe (y en otras provincias) indica que a crisis política se está transformando en una crisis del régimen. Los paliativos para frenar el desbarranque político del gobierno, como la vigencia e as eyes de lemas —que han permitido albergar a 600 sublemas— son un síntoma de descomposición política. La situación se está volviendo ‘ingobernable’ .
Los resultados electorales del domingo 8 de octubre son elocuentes. En particular, los de la Capital, donde el menemismo perdió 400.000 votos. Este estrepitoso derrumbe electoral no es sino la consecuencia directa, por un lado, esa fractura política en el gobierno, y por el otro, del repudio del electorado a una política económica de desocupación y miseria. Cavallo apoyó en forma abierta a la Fernández Meijide, mientras atacaba a Erman González como uno os agentes del corrupto grupo Yabrán. El candidato menemista no tuvo el apoyo de los poderosos sectores económicos, internacionales, políticos (Francos presen o can id atura independiente, etc.) y de prensa (la Meijide tuvo un inusi a o espacio en los medios de comunicación) que responden al ministro de economía. Frepaso se ha alineado en la disputa interna del oficialismo junto a cavallísmo. Si bien es cierto que, como afirma Menem, en estas elecciones no se juega a ningún resorte vital del poder” (¿y en qué otra elección sí? cuando el aparato del Estado es inelegible —jueces, militares, policías, Banco Central) es evidente que la capacidad de gobierno’ ha sufrido un nuevo golpe. La crisis del plan plantea alternativas de fuerza por parte de diversos sectores burgueses. Macri se niega a pagar los 700 millones de dólares que le debe a la DGI, la cual se encuentra presionada a recaudar a como sea por parte del FMI. El Banco Mundial reclama que se inicie la privatización del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Consejo Empresario Argentino quiere poner ya en marcha la ‘segunda reforma del Estado’ arrasando con las Obras Sociales. El desmoronamiento electoral menemista en la Capital es otra etapa que fuerza un recambio en la cúpula.
La intervención de la vanguardia
Las alternativas de la crisis política siguen confinadas a distintas alas de la burguesía. “La elección del domingo ha planteado un cóctel explosivo. Es que, por un lado, fue repudiado el sector político del gobierno, que quiere modificar el ‘plan’ Cavallo, como lo reclama confusa y violentamente la mayoría de los trabajadores que le votó en contra, mientras que, por el otro salió ganando en la disputa palaciega el sector que defiende a rajatablas ei ‘plan’, a pesar de que el electorado votó contra el oficialismo, precisamente como reacción al hundimiento del ‘plan económico" (PO, 10/10/95).
Los trabajadores observan la crisis política y van armando sus conclusiones. Una salida cordobesa no pararía la explosión popular en Río Negro; el estallido en Santa Fe sólo está esperando que el nuevo gobernador largue el ajuste; lo mismo vale para Sapag en Neuquén o Bussi en Tucumán. La burguesía debe reajustar su dominación (gobierno de coalición, renuncia de Cavallo, juicio político a Menem) si quiere intentar la prevención de un ‘argentinazo’.
