Se paró la pena muerte de Mumia Abu-Jamal

Una importante movilización internacional y en los Estados Unidos ha logrado imponer la suspensión indefinida de la condena a muerte que pesa sobre Mumia Abu-Jamal, periodista y activista político del movimiento por los derechos de los negros. Jamal ha sido condenado a la pena capital bajo la acusación de haber asesinado a un policía en la ciudad de Filadelfia, Pennsylvania.

 

Conocido como “la voz de los sin voz” a la edad de 15 años Jamal colaboró en la fundación de la filial del Partido de las Panteras Negras (un movimiento nacionalista negro muy fuerte a fines de la década del 60) de Filadelfia. Como periodista de radio cubrió muchos casos de brutalidad de la policía notoriamente racista de Filadelfia. Hacia fines de los ‘70, apoyó al movimiento negro MOVE —una organización que fue objeto de repetidos ataques por parte de la policía: su sede fue asaltada por 600 policías en 1978 y bombardeada en 1985; muchos de sus militantes fueron encarcelados e, incluso, asesinados. Cuando fue arrestado, Jamal había sido elegido presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia.

 

La ‘democracia’ norteamericana le negó a Jamal toda posibilidad de defensa en juicio. El juez de su caso, Albert Sabo, un antiguo miembro de la Orden Fraternal de Policías (OFP) de Filadelfia, ha dictado el doble de condenas a muerte que cualquier otro juez en los Estados Unidos y es conocido en los pasillos de los tribunales como ‘el fiscal con toga1. La OFP lanzó una campaña pública por la condena de Jamal, que incluyó la realización de manifestaciones de policías en las puertas del tribunal y el sistemático amedrentamiento de los testigos de la defensa.

 

Jamal no pudo costearse un abogado y solicitó representarse a sí mismo, posibilidad legal que le fue negada. En cambio, el juez le designó un defensor oficial, que declaró no estar dispuesto a hacerse cargo del caso. Entonces, Sabo excluyó a Jamal de la corte durante gran parte del juicio.

 

Más tarde, el defensor público admitió que nunca le dio una adecuada defensa a Jamal. Se negó a llamar a importantes testigos y aceptó un jurado compuesto mayoritariamente por blancos y familiares de policías. No se realizaron las investigaciones necesarias. Un ejemplo: jamás se verificó el arma de Jamal para determinar si podría haber disparado la bala que mató al policía. Jamal fue encontrado culpable y sentenciado a muerte en julio de 1982, en Filadelfia, Pennsylvania —el Estado que tiene el porcentaje más alto de negros condenados a muerte de todos los Estados Unidos.

 

Jamal no es un ‘delincuente’ sino un preso político, que ha denunciado las brutalidades policiales; su condena fue una ‘advertencia’ a los militantes de la izquierda y de los movimientos negros norteamericanos.

 

Los archivos del Programa de Contrainteligencia Interna (Co-intelpro) del FBI revelaron que Jamal estaba bajo investigación y seguimiento sistemático desde finales de la década del ‘60. Ninguno de estos archivos, sin embargo, sirvió para que la policía pudiera demostrar la culpabilidad del acusado.

 

Con estos ‘antecedentes’, no es de extrañar que la corte denegara una vez tras otra los reclamos de los abogados de Jamal de celebrar un nuevo juicio. En una de esas audiencias, el juez Sabo pronunció una frase que pinta de cuerpo entero las ‘garantías jurídicas’ de que gozó Jamal: “Objeción denegada, cualquiera sea”, le gruñó a uno de los abogados del acusado.

 

Movilización

 

Cuando la fecha de la ejecución de Mumia Abu-Jamal ya estaba muy cerca, la flagrante negación de justicia que rodeaba su caso comenzó a llamar la atención alrededor del mundo. Las demostraciones en Estados Unidos comenzaron en pequeña escala pero crecieron en tamaño a principios de agosto. Periódicos importantes como The New York Times sugirieron que Jamal no había tenido un juicio justo: hubo demostraciones en Berlín, Roma, París, Londres, Johanesburgo, San Pablo y otras ciudades.

 

La presión de las movilizaciones en los Estados Unidos y en el exterior terminaron por derrumbar la resistencia de la justicia’ y la policía. El 7 de agosto justo una semana antes de la fecha estipulada para la ejecución mediante una inyección letal- el mismo juez se vio obligado a otorgarle a Jamal una postergación indefinida de la ejecución, que se extenderá hasta tanto complete su apelación (lo que puede llevar años). Leonard Weinglass, un miembro del equipo de abogados de Jamal, declaró que Sabo fue obligado a ceder por la presión de decenas de miles de personas alrededor del mundo que apoyaban a Mumia Abu-Jamal.

 

Abajo la pena de muerte

 

La lucha contra el asesinato ‘legal’ de Mumia Abu-Jamal sirvió para subrayar el carácter clasista y racista de la la justicia norteamericana, en general, y de la pena capital, en particular.

 

La pena de muerte no ha servido para reducir la incidencia de los crímenes violentos o los homicidios. La evidencia muestra lo contrario: la tasa de homicidios es más alta en aquellos estados en que las ejecuciones son más frecuentes. El uso de la condena a muerte no tiene virtualmente nada que ver con la naturaleza o severidad del crimen sino con la raza y la clase social. Los negros son el 12% de la población de los Estados Unidos, pero más del 40% de los condenados a muerte son negros. Stephen Bright, director del Centro de Derechos Humanos del Sur, revela cómo el sistema de pena capital está relacionado con la división de las clases

sociales en los Estados Unidos. “La pena de muerte es sólo para los pobres”, afirmó. En toda la historia de los Estados Unidos, ni una sola persona adinerada ha sido condenada a muerte. Hay más de 3.000 pobres norteamericanos que vegetan en las cárceles a la espera de su ejecución.

 

La pena capital es un arma extrema de terror estatal contra los explotados. Clinton anunció recientemente que planea promover una ley que limitará las apelaciones de los condenados a muerte a un simple habeas cor-pus, el cual debe tener lugar en los seis meses posteriores a la condena. Después de esos seis meses, incluso si nuevas evidencias prueban que el condenado en inocente, la pena será ejecutada.

 

La burguesía norteamericana ha recurrido sistemáticamente a la aplicación de la condena a muerte a militantes de izquierda. La movilización impidió que Abu Jamal Mumia fuera asesinado como los anarquistas Saccoy Vanzetti en la década del 20. La suspensión de la ejecución de Jamal es una victoria de la lucha contra la reacción política, aunque queda pendiente la lucha por su libertad y por la derogación de la pensa de muerte.

 

La campaña que salvó la vida de Mumia Abu-Jamal muestra el camino para lograrlo.