Juicio de la masacre de Avellaneda: Se cierra un capítulo, la lucha continúa
Los comienzos del año 2006 se han visto conmovidos en la Argentina por la culminación del juicio oral de la denominada Masacre de Avellaneda, que “juzgara” los asesinatos de los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán además de la represión criminal contra centenares de manifestantes heridos por munición de guerra el 26 de junio de 2002 en la localidad de Avellaneda, situada en las adyacencias de la Ciudad de Buenos Aires.
El carácter impune de todo el proceso judicial montado por el Estado -y particularmente el gobierno nacional “centroizquierdista” del presidente Kirchner- ha resultado ser aleccionador en lo referente al carácter de clase de la dirección de un Estado (aún aquella que se reclama ser “defensora de los derechos humanos”).
En primer lugar, previo al comienzo del juicio oral en el mes de mayo de 2005, la causa principal fue “descabezada” en cuatro partes distintas de acuerdo a los distintos focos represivos que se dieron durante la Masacre del 26 de junio de 2002, con el fin de encubrir la unicidad del plan represivo de Estado del entonces presidente peronista Eduardo Duhalde; por otro lado, y también previo al inicio del juicio oral, el presidente Kirchner pretendió desactivar la lucha de las organizaciones populares (encabezada por el Polo Obrero y los movimientos donde militaban los jóvenes Kosteki y Santillán) por el esclarecimiento de la masacre y el castigo a los responsables materiales y principalmente políticos (comenzando por el mismo Duhalde y quienes fueran sus ministros, algunos de los cuales hoy se desempeñan como funcionarios del actual gobierno nacional) con el ofrecimiento de una “comisión mixta de investigación” (la cual nunca existió)… pero fracasó.
Los familiares de los jóvenes asesinados, las organizaciones de lucha y un grupo de heridos y sobrevivientes de la Masacre, junto a organizaciones sociales, estudiantiles y organismos de derechos humanos argentinos e internacionales conformaron una Comisión Independiente para masificar e instalar de cara al comienzo del juicio la denuncia sobre el rol encubridor del gobierno nacional en relación a las responsabilidades políticas de ¡a camarilla duhaldista en la planificación de la feroz represión del 26 de junio de 2002.
El juicio oral que duró casi ochos meses, conmovió a la opinión pública nacional, casi de manera similar al llamado “juicio a las juntas militares”. Cada paso del proceso judicial fue confirmando la denuncia política de las organizaciones previa a su comienzo, y además en simultáneo a su desarrollo. El rol de la fiscalía (representación acusatoria del Estado) fue descargar a lo largo del juicio toda su acusación a los dos responsables materiales de los asesinatos de los jóvenes Kosteki y Santillán, mientras que fueron sobradas las maniobras de la misma fiscalía (con la venia del Tribunal) para que los responsables políticos (el ex presidente Duhalde y sus funcionarios) ni siquiera se presentaran a declarar como testigos, contrariamente a la solicitud de las querellas de los familiares de las víctimas. Ala par, en otro juicio, un joven manifestante llamado Hernán Gurián, que fuera juzgado por enfrentar la represión y defender a los manifestantes heridos el 26 de junio de 2002, resultó condenado a un año y medio de prisión condicional.
También, la fiscalía se limitó a solicitar una pena menor para los policías juzgados (por fuera de los dos
responsables materiales) solamente por “encubrimiento”.
En síntesis, la correa de transmisión de la actual dirección del Estado argentino (Kirchner) en la tarea de encubrimiento fue la fiscalía con el consentimiento del Tribunal. Con la omisión de todo castigo para el ex presidente Duhalde y todos sus ministros como responsables políticos de la Masacre del 26 de junio de 2002 y las leves sanciones para parte de su aparato represor, el Estado queda resguardado desde sus pies a la cabeza para conservar prácticamente intacta su estructura. La moneda de cambio de este operativo fue, por supuesto, la condena a cadena perpetua de dos policías. Así, todo se trató del “exceso” de un comisario y un cabo en el marco de una represión ‘legal y ordenada”.
Más que elocuentes fueron las mismas palabras del padre de Darío Santillán, uno de los jóvenes asesinados: “no podemos pretender que se juzguen a sí mismos”.
El resultado del juicio fue presentado a la sociedad argentina por el gobierno de Kirchner como “el fin de la impunidad”; siguiendo libre quien le entregara la banda presidencial (Eduardo Duhalde) y siguiendo intacto el aparato represivo. Misión cumplida.
Sin embargo, lejos de haberse cerrado un proceso, el resultado judicial de este caso “testigo” de impunidad en la lucha popular en la Argentina, ha despertado, producto de la agitación de las organizaciones populares y los mismos familiares de las víctimas, un cuadro de ira creciente en el seno mismo del pueblo argentino.
Al mismo tiempo que encubrió, el Estado también se desenmascaró en una causa todavía muy sentida en la tradición histórica de la lucha popular. Además de distintas instancias judiciales todavía abiertas por la Masacre de Avellaneda, este juicio y su resultado, amenazan con convertirse en un “boomerang” contra el Estado y el Gobierno. Un capítulo en la lucha que permanece abierto y que dependerá de la profundización del movimiento de lucha independiente del Estado y el gobierno contra la impunidad del régimen burgués.
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