Rebelión popular en Perú
Alan García cumplió su primer año de gobierno jaqueado por una rebelión popular.
La oleada huelguista en Perú abarca a sectores cada vez más amplios de la población. En febrero, se perdieron “20 mil horas hombre por huelgas y paros”; en mayo, 30.000 mineros marcharon sobre Lima después de cinco días de paro; en junio “se perdieron 300 mil horas hombre” (Argenpress, 22/7).
A mediados de junio, doce regionales opositoras del sindicato de maestros (Sutep) convocaron a la huelga general contra una reforma educativa privatista, que reduce los salarios, posterga cualquier aumento hasta 2011 y sujeta la estabilidad en el cargo a evaluaciones anuales. Los docentes, con corte de rutas y vías férreas, ocupación de aeropuertos y edificios públicos, vencieron la dispersión impuesta por los aparatos sindicales y unificaron el descontento obrero y campesino. Mineros, docentes, estudiantes y otros sindicatos marcharon junto con comunidades rurales arruinadas por la minería, el aumento de combustibles y fertilizantes, que progresivamente se sumaron a la “huelga indefinida”.
El Sutep, dirigido con el PC Patria Roja (maoísta), apoyó la reforma. Pero la presión de abajo lo obligó a sostener la huelga docente durante quince días. La central sindical CGTP (dirigida por el PC), que llama a un “pacto social”, votó un paro activo de 48 horas. Once gobiernos regionales se sumaron al paro, denunciando el saqueo minero, que destruye las economías agrícolas locales. En Lima, “una multitud vociferante” impuso que el docente opositor Roberto Huaynalaya subiera al palco (La República, Lima, 16/7). La consigna más gritada fue “Caerá, caerá, el Caballo Loco (García) caerá”.
García apeló a las Fuerzas Armadas y todo el país fue escenario de enfrentamientos que dejaron una veintena de trabajadores muertos, decenas de heridos y centenares de presos y procesados sin que se lograra quebrar el paro.
Maniobras, traiciones y represión
Enfrentado a la rebelión popular, García intentó dividir el movimiento satisfaciendo algunas demandas. Eliminó por decreto los aranceles a la importación de harina de trigo para evitar el alza del pan y los impuestos a la importación de fertilizantes y creó un fondo para estabilizar el precio de los combustibles de consumo popular.
Algunas regiones declararon la tregua pero se negaron a descontar los días caídos a los docentes. El Presidente respondió con un decreto que prohíbe que las autoridades regionales participen de manifestaciones, lo que fue respondido con nuevas movilizaciones. “Trata de amedrentamos para tener presidentes regionales sumisos, dóciles, pero nosotros no estamos para eso”, contestaron presidentes de nueve regiones. En las elecciones de noviembre del año pasado, el Apra sólo retuvo tres de los doce gobiernos regionales.
Simultáneamente, el gobierno convocó a negociar al Sutep. Pese a la oposición masiva de los delegados, la directiva levantó el paro sin condiciones, aceptó la ley privatista y los descuentos, y sólo obtuvo la promesa de reincorporar a los cesantes. El opositor Huaynalaya (candidato a diputado por el etnocacerista Ulises Húmala) denunció la traición… pero también levantó el paro. Algunas regiones que sostuvieron la huelga y los cortes por más de una semana quedaron libradas a su suerte. En Pasco todavía seguían los paros a fines de julio: “decenas de maestros detenidos es el saldo de un paro general de 24 horas” (Andina, 27/7).
Patria Roja celebró “el triunfo” mientras buchoneaba a los huelguistas: “No somos responsables de la estupidez de los ‘continuadores’ sin fin de la huelga (…) Tampoco de la afirmación ‘radical’ y tonta de que en la malhadada Carrera Pública ‘se privatizará la educación’; menos de los actos de provocación como quema de aeropuertos y otros” (www.pa-triaroja.org. pe).
Con este aval, el gobierno reforzó la represión, suspendió los derechos constitucionales y dejó a las FFAA el control del orden interno. La Procuraduría “evalúa juzgar por terrorismo a los docentes que bloquean aeropuertos”. Un fiscal pidió 18 años de prisión para Huaynalaya… por hechos sucedidos en 2004. Alan García firmó once decretos con carácter retroactivo en los que “exime de responsabilidad penal a los integrantes de las FFAA y de la Policía que en cumplimiento de su deber causen lesiones o muerte” (La República, Lima, 24/7). “Las centrales sindicales amenazan con una segunda huelga general en apenas 15 días en protesta por esta medida” (El País, 28/7).
Pero el levantamiento de la huelga docente no cerró el ciclo de huelgas. Los judiciales “anunciaron una huelga general indefinida por efectivización y aumento de salarios” (La República, Lima, 30/7). El 11 y 12 de agosto, un plenario de los docentes opositores discutirá cómo reanudar el plan de lucha.
Crisis política
En su discurso anual, García pidió “a los peruanos más pobres” una “tregua a la cólera histórica” y planteó a los empresarios concretar un “pacto social” que aumente los salarios. Sus principales respaldos políticos -industriales y agro-exportadores, legisladores fujimoristas-“inmediatamente se pronunciaron en contra” (La República, 31/7). Es que quieren preservar intactas las leyes antiobreras dictadas por Fujimori, que son la causa fundamental del agravamiento de las condiciones laborales y, también, de la desigualdad de la distribución del ingreso.
La crisis política abierta plantea, según algunos analistas, “un endurecimiento que va a terminar en la tendencia de un régimen cívico-militar” (La República, 28/7).
La rebelión popular
Con la rebelión popular, los explotados peruanos se suman al ciclo de las rebeliones populares que vienen recorriendo el continente desde hace más de cinco años. Quienes daban por cerrado este ciclo, deberán revisar sus pronósticos.
La rebelión popular peruana se suma a este ciclo continental aportando una novedad de enorme significación. A diferencia del Argentinazo u otras rebeliones latinoamericanas (que estallaron como reacción a una bancarrota generalizada), la rebelión popular estalla en Perú en un período de celebrada prosperidad. Perú ha tenido “72 meses consecutivos de alto crecimiento económico (8% del PBI en 2006), con una rentabilidad promedio empresarial del 32% anual” (La República, 31/7). Las exportaciones mineras se han quintuplicado y suman más de 24 mil millones de dólares anuales; el banco central tiene un récord <Ie reservas. “La agricultura, los textiles, la industria y la construcción muestran un crecimiento impresionante” (Financial Times, 27/7).
Estos indicadores, “que deslumbran a Wall Street”, no se apoyan sólo en el alto precio internacional de los minerales. Los salarios han perdido 7% del PBI desde 1991 y siguen cayendo. En la rica Huancavélica, el índice de pobreza es del 90%; en Ayacucho, del 78%. En Catamarca y Ancash, donde están las minas de oro más ricas de América, el 63,8% de la población está por debajo de la línea de pobreza (Argenpress, 22/7).
El saqueo de los recursos naturales han arruinado a las comunidades rurales. “El peor de los conflictos latentes es el de la ciudad andina de Andahuaylas, donde alrededor de 10.000 campesinos se alzaron en petición de mejoras salariales” (El País, 28/7).
Los trabajadores peruanos han puesto de relieve las contradicciones de un régimen que combina extraordinarias ganancias capitalistas con niveles de hundimiento de las masas más extraordinarios aún. La voluntad de lucha de los obreros y campesinos peruanos no necesita pruebas. Necesita romper el corsé de los aparatos sindicales y un programa político propio, independiente de las variantes nacionalistas y de las direcciones traidoras, de viejo y nuevo cuño.
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