Argentina se ha convertido en un laboratorio de la derecha a nivel mundial. Pasó de ser una referencia internacional por sus combativos movientos de lucha —en particular, en el último período, por la movilización de las mujeres y diversidades que irradió a todo el mundo con la rebelión de Ni Una Menos y la Ola Verde— a serlo por el ascenso al poder de Javier Milei y su camarilla “libertaria”, quienes representan una de las expresiones más derechistas y reaccionarias del capital.

En el terreno de los derechos de las mujeres y diversidades, ello se expresa en la adhesión sin fisuras de Milei y su tropa al lema trumpista “anti woke” y a la llamada “batalla cultural contra la ideología de género”, la cual actúa como cobertura de una ofensiva reaccionaria que alimenta la misoginia y el machismo. Apuntan a desmoralizar y quebrar a quienes protagonizaron masivos movimientos de lucha y choques con el Estado; así como a reforzar los mecanismos de opresión del colectivo femenino como forma de dividir a la clase obrera, disciplinar a toda una sociedad en torno al autoritarismo, la violencia y la sumisión, y justificar ideológicamente la descomposición y degradación social de quienes representan “vidas descartables”.

En un contexto de crisis y bancarrota no sólo se liquida capital sobrante, con la quiebra y el cierre de numerosas empresas que se lleva puesta una competencia más aguda, sino también fuerza de trabajo “excedente” (para la valorización del capital -no para las necesidades sociales) con millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo que pasan a engrosar masivamente el ejército de reserva y la mano de obra que el mercado no puede absorber. Las guerras y las masacres sobre poblaciones enteras son un mecanismo por excelencia que responde a este propósito. Pero también hay otros instrumentos del régimen sobre vidas que se tornan prescindibles y, por lo tanto, susceptibles de ser objetos de un desprecio particular -un fenómeno que se expresa tanto en el machismo, la homo-lesbo-transfobia, el supremacismo, como en el racismo y la xenofobia, cuando vemos el mayor impacto de la precariedad de la vida en estos colectivos. En la Argentina, esa violencia estructural del régimen que hunde sus raíces en la naturaleza clasista del Estado capitalista, ha escalado a la categoría de ideología oficial del gobierno, sin los disimulos propios de otras expresiones políticas de la burguesía como puede ocurrir con el nacionalismo capitalista, que la sostiene mientras malversa demandas de nuestro colectivo para fomentar una política que no contradice ni combate la discriminación y la violencia del capital contra las mujeres y diversidades o contra los migrantes, como parte de una violencia más general contra todo el colectivo de personas que vive de su trabajo.

A nivel internacional, esta corriente política tuvo y tiene expresiones como Vox en España o el primer ministro de Hungría, VictorOrban, pasando por Georgia Meloni en Italia, y también en América Latina. La Brasil de Bolsonaro fue ícono de este tipo de ofensivas, apalancado fuertemente por el exponencial crecimiento de las iglesias evangelistas que alimentó, en la etapa previa, el propio PT de Lula y Dilma Rousseff. El bolsonarismo sigue gobernando distritos clave como Río de Janeiro, donde vienen de cometer una inusitada arremetida de tipo fascista en las favelas con el asesinato a sangre fría de más de 100 jóvenes de los barrios más condenados por la miseria, la falta de trabajo, el copamiento narco amparado por las fuerzas represivas y el poder judicial del Estado, y la más extrema precariedad de la vida como destino fatal de millones de trabajadores. Otra de las expresiones fue la de Fujimori en Perú, que dejó huellas importantes en el cambio de régimen político y social del Perú, y que hoy sigue digitando el destino político del país, con una posición mayoritaria en el parlamento que controló la destitución de Dina Boluarte, acorralada por crecientes movilizaciones populares. La reacción peruana tuvo graves consecuencias para el movimiento de mujeres: ese país se convirtió en la cuna del “con mis hijos no te metas”, una campaña internacional apalancada fuertemente desde sectores evangélicos y católicos, contra “la ideología de género” y las instrucciones escolares tendientes a desarmar mitos y a proveer información en el terreno de las relaciones humanas sexuales y de género y que ha permitido en muchos casos, liberar a las niñeces del yugo del abuso intrafamiliar.

El gobierno de Milei se inscribe en este campo político que lidera Donald Trump y su cruzada contra la libertad de las mujeres que se rebelan ante el mandato excluyente de ser reproductoras de fuerza de trabajo, y de quienes lo hacen ejerciendo libremente una sexualidad que se escapa de los moldes de la imposición biológica que atiende al mismo objetivo de garantizar mano de obra abundante y barata. El propósito que persiguen con esta política es exacerbar todos los mecanismos de discriminación y opresión capitalista contra la clase obrera -en la misma clave que por ejemplo la cruzada xenófoba y racista anti migrantes-.

En un plano geopolítico más amplio, este alineamiento del gobierno libertario coloca a nuestro país en el terreno del guerrerismo imperialista de EEUU, que se propone revertir el declive norteamericano y avanzar en un realineamiento de fuerzas a nivel internacional que se expresa en la guerra comercial con China, el genocidio en Palestina y el avance militar en América Latina, como vemos con el asedio sobre Venezuela y las amenazas sobre Colombia. En un país con un desarrollo dependiente como el nuestro, esto se expresa en un reforzamiento brutal de la sumisión de tipo colonial, de la mano de una política de saqueo y ofensiva anti obrera que supera todo lo precedente.

La denominada “batalla cultural” contra las mujeres y diversidades: reposición del oscurantismo y del tutelaje estatal

La referencia épica a una “batalla” que es librada desde el aparato del Estado por parte de quienes detentan el poder económico y político en nuestra sociedad, con fines abiertamente represivos respecto de la sexualidad y las relaciones interpersonales, así como sobre la izquierda (“zurdos”, “comunistas”) y todo aquello que represente una lucha contra el capitalismo, es si se quiere la expresión consciente de quienes saben que encabezan un verdadero plan de guerra contra las y los trabajadores. Ocurre que la cultura y las construcciones culturales no pueden ser concebidas de manera escindida de las relaciones de producción social: relaciones sociales y económicas que le dan sustento, que en nuestra sociedad se rigen por la explotación del trabajo asalariado y la prepotencia de la ganancia capitalista. La cultura es un producto social, el resultado de una actividad social de individuos enajenados en la relación de explotación preponderante. La cultura capitalista no es otra cosa finalmente que la “ideología dominante” que se nos presenta como universal, pero expresa los intereses de la clase que detenta el poder del Estado -una minoría que vive de la explotación del trabajo ajeno.

El término “batalla cultural” -robado al italiano Antonio Gramsci, que concebía de este modo una lucha contra lo que él denominó la “hegemonía cultural” de la burguesía- también había sido utilizado, y distorsionado, por el peronismo en el poder. Especialmente con el gobierno de Cristina Kirchner, bajo esta bandera se libró, con todos los recursos del poder del Estado, una fuerte política de cooptación estatal, que buscó arrogarse las banderas de lucha del movimiento popular para desnaturalizar su alcance y presentarlos como compatibles con los intereses del capital. El carácter trucho de aquella “batalla cultural” y la disputa del “relato” terminó con un gobierno perdiendo elecciones frente al macrismo, luego de haberse trazado el objetivo de “recomponer a la burguesía nacional” para lo cual fueron “pagadores seriales” de la deuda externa, incrementaron la precarización laboral de forma brutal, sostuvieron a la podrida burocracia sindical mientras confiscaban ingresos populares vía sucesivas devaluaciones -y la lista sigue-. Que Cristina haya sido la primera presidenta mujer electa (la segunda si contamos la asunción de la derechista Isabel Martínez de Perón) no significó ningún progreso para el colectivo femenino de la población, mientras su gobierno reforzó el papel de las iglesias. En el caso del último gobierno del Frente de Todos, llegamos al extremo de que Alberto Fernández proclamara el “fin del patriarcado” sin haber revertido nunca la friolera de un femicidio diario ni tomar medidas en tal dirección -el aborto legal no se le puede adjudicar, ya que fue arrancado con una impresionante movilización de la ola verde en todo el país.

Igual que ocurre con Milei, la izquierda era un problema político de importancia para los gobiernos peronistas. En los casos de Néstor y Cristina, veníamos de un período de asenso de las luchas luego del argentinazo en 2001. Se imponía en la agenda del gobierno el problema de sacar al pueblo de las calles, evitando una evolución política por izquierda, que supere los marcos de la contención y el régimen burgués.

Milei no asume en un cuadro de ascenso de la lucha de clases, pero es bien consciente de que su política puede derivar en una nueva rebelión popular, y lo peor que podría pasarles a los intereses que él defiende, es que progrese una unión entre el movimiento obrero y popular y la izquierda revolucionaria. En cierta medida, Milei avanza en los hechos con una ofensiva anti obrera y al mismo tiempo realiza una tarea preventiva. Porque lo cierto es que sólo de la mano de esa unión entre la izquierda y los trabajadores, bajo las banderas del socialismo, con una política de clase y lucha por el poder para la clase obrera, se puede librar una verdadera batalla cultural, política y social que reorganice la sociedad en función de las necesidades de la mayoría.

Es nítido que hoy la batalla cultural de Javier Milei, Patricia Bullrich y sus acólitos se libra para defender una Argentina donde los lesbicidios y femicidios no solo se naturalicen, sino que sean fomentados; que niega la brecha salarial como fundamento de una nueva ofensiva anti obrera contra los derechos laborales de toda la clase trabajadora; que le roba la comida a los comedores populares y persigue a las compañeras piqueteras, reforzando la tercerización de la asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables en organizaciones confesionales como Conin (alineada con el Opus Dei) o las evangelistas con fuerte predicamento sobre el propio gobierno; que pone como ministro de justicia a un defensor de pedófilos y abusadores como Cúneo Libarona; y que en definitiva, expresa una corriente política que sin tapujos fomenta y exacerba el machismo, el racismo y el fascismo como instrumentos políticos para doblegar a la clase obrera y avanzar en una arremetida histórica contra las y los explotados.

La “batalla cultural” que pregonan se nutre de una alianza de tipo estratégica con las iglesias evangélicas, uno de los sectores más recalcitrantemente oscurantistas y derechistas dentro del cristianismo. Este fenómeno también es de tipo internacional: las iglesias evangélicas tienen un fuerte peso dentro del Partido Republicano, con especial impulso a la prédica de este cristianismo conservador de derecha desde la época de Ronald Reagan durante su presidencia en la década de los ´80. En este segundo mandato, Trump creó una “Oficina de la Fé” bajo el comando de una pastora, Paula White-Cain, cuyo objetivo es “empoderar a las organizaciones religiosas para que sirvan a las comunidades”.

Como mencionamos previamente, Brasil es otro caso paradigmático de crecimiento de estas iglesias Según los datos del censo, en la década del 2.000 los creyentes evangélicos tuvieron su mayor crecimiento y en 2021 representaban aproximadamente el 31% de la población. En el país carioca cobró relevancia en los últimos 10 años la figura de Silas Malafaia, un líder evangélico brasileño de estrecho vínculo con Jair Bolsonaro, quien enfrenta ahora denuncias judiciales por su patrimonio y su participación en el intento de golpe de Estado en 2022.

En nuestro país, la mayoría de estas iglesias se congregan en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina -ACIERA. Esta institución ha sido, junto a la Iglesia Católica bajo el comando del difunto Bergoglio, punta de lanza de la campaña de tipo fascist ontra el derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando se discutía el derecho al aborto en el Congreso, el Papa enviaba a los curas villeros a intervenir en el debate parlamentario para decir que esta práctica era el equivalente a un genocidio (en nombre de la misma institución que bendijo a los Videla y a los Massera), y los evangelistas aportaban la mayor porción de gente movilizada detrás de prejuicios y preceptos reaccionarios para defender la clandestinidad y un mandato de minusvalía jurídica y social para las mujeres pobres, que son las mayores víctimas del aborto inseguro. El “izquierdista”/peronista Grabois, también se oponía al derecho al aborto.

El desprestigio de una iglesia católica asediada por escándalos de corrupción y abuso de menores, dio lugar al crecimiento de los evangelistas, que vienen protagonizando una progresión exponencial en su presencia y ascendente dentro de América Latina. Según el estudio nacional sobre creencias religiosas del Conicet de 2019, el 15,3% de la población argentina profesa la fe evangélica, más de siete millones de personas. En 2008, la cifra era del 9%. El crecimiento, del 70% en once años, bajo los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri respectivamente, se dio sobre todo entre jóvenes y sectores populares.

El mismo estudio refleja que en el NEA y en el NOA “el catolicismo cae en todo el país a expensas de los evangélicos”. Gabriela Irrazábal, una de las investigadoras a cargo del estudio del Conicet, resaltó que “las instituciones religiosas son las más convocantes cuando se las compara con partidos políticos, sindicatos o clubes de barrio”. Asimismo destacó que “entre los evangélicos, la asistencia al culto es mucho más frecuente que entre los católicos”. El dato refleja el rol que cumplen las iglesias, en muchos casos, apuntaladas por el Estado que terceriza en ellas tareas de asistencia a cambio de contención social. En su informe sobre el tema, el medio Infobae agrega que “algunos pastores reconocen que son “utilizados” en tiempos de elecciones”. Otro informe de Delfina Celichini para La Nación, da cuenta de la campaña electoral de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, donde su estructura partidaria es más que endeble, buscó apoyarse en las redes de templos, pastores y fieles para ampliar su base y anclarse en el territorio. Para ello, no sólo explotó un discurso clerical y conservador, sino que dispuso importantes recursos como donaciones para las iglesias, la simplificación de sus trámites legales y la presencia directa de dirigentes libertarios en la vida eclesial.

Lo cierto es que el crecimiento de los evangélicos en nuestro país no puede ser atribuido exclusivamente al gobierno libertario. Por el contrario, este sector ha cosechado vínculos con los principales partidos capitalistas, incluyendo al peronismo que participó de actos de agasajo a estas iglesias con la presencia del ex presidente Alberto Fernández y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hace rato vienen ganando influencia en el aparato estatal con peso en las secretarías de Culto de municipios como el de La Matanza, bajo la intendencia peronista de Verónica Magario (actual vicegobernadora de Kicillof) o recientemente en la Ciudad de Buenos Aires con la designación de un pastor, Gabriel Mraida, al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, que acaba de impulsar un protocolo en salud para obligar a las mujeres pobres, mayoría entre las víctimas de violencia y abusos, a llevar un embarazo a término.

La política de tercerización de tareas del Estado, como la asistencia social y atención de cuidados de los sectores más vulnerables, en las iglesias, sean católicas o evangélicas, sacando provecho de la contención social que alimenta la prédica religiosa, viene asimismo de larga data, y cobró un fuerte impulso bajo los gobiernos peronistas de las últimas dos décadas. Lo mismo ocurre con el copamiento clerical en buena parte del sistema de salud y educativo -el privado, pero también el público, mediante designación de directores afines o representantes del ideario confesional. Hace mucho tiempo y bajo los distintos gobiernos, ha proliferado el desentendimiento del Estado en tareas que le corresponden para que avancen en la administración de dichos menesteres las instituciones confesionales. Mientras en las barriadas populares crecen la pobreza, el narco, las graves problemáticas de adicciones, la violencia y la descomposición social -los pastores, curas y párrocos están allí para contener, defender y sostener el statu quo.

La última campaña electoral cristalizó la búsqueda de varios gobernadores, dirigentes y candidatos del apoyo de este sector, con visitas a los templos y hasta conformando alianzas. El gobernador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro, por ejemplo, cuenta entre sus aliados con Walter Ghione, legislador santafesino y presidente del partido Una Nueva Oportunidad (UNO), quien también fue parte de la Reforma Constitucional que, entre otros puntos, impuso una reforma sumamente regresiva contra las y los jubilados de la provincia. En Santa Fe, de los 11 ministerios que componen la administración provincial, los evangélicos controlan la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD). El partido UNO también tiene su pata bonaerense. El espacio supo ocupar lugares en la gestión de María Eugenia Vidal, como así también en diferentes municipios gobernados por el peronismo y por el PRO. También tuvieron candidatos en 2021 y 2023 en las listas que encabezó Diego Santilli.

En Córdoba, la lista del outsider Gonzalo Roca estuvo integrada por la pastora Evelin Barroso, referente de la comunidad evangélica “Cita con la Vida”, que lidera su suegro Carlos Belart, una comunidad histórica de la ciudad capital. Fue candidata en octubre pero no logró entrar al Congreso.

En estos días, el pastor Gabriel Ballerini, un exponente local del evangelismo, viene de participar de un raid mediático con su militancia anti derechos. Ballerini, que ofició como uno de los oradores centrales de La Derecha Fest en Córdoba, fue director de bioética de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera). Le atribuye a su movimiento el “mérito” de haber logrado la frustración en 2018 del derecho al aborto legal, y no exacerba su compromiso con volver a ilegalizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. De igual modo se despacha contra la educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades, a las que descalifica como “disforias de género y patologías psiquiátricas”. Ballerini es también un militante de la islamofobia y un defensor del sionismo. Resulta interesante su calificación del gobierno de Milei como “palio-libertarismo”, en alusión a la enorme presencia de sectores conservadores en su gobierno y a que “no sólo le interesa lo económico, como lo demuestra su compromiso con la batalla cultural” en defensa de “los valores cristianos y valores bíblicos”. Lejos de la “destrucción del Estado” que prometían, avanzan en el reforzamiento de su papel como adoctrinador de una sociedad en los valores más arcaicos de sometimiento y regimentación social, contrarios a todo precepto de libertad. En realidad, lo que hace Milei es reforzar el aparato del Estado por medio del empoderamiento de las iglesias como usina ideológica y de propaganda al servicio de la dominación social y el embrutecimiento de las masas.

A mitad de año, el presidente Milei participó en la inauguración del “Portal del Cielo”, el mayor templo evangélico del país ubicado en la provincia Chaco, que lidera el pastor evangélico Jorge Ledesma -otro acérrimo enemigo de los derechos de las mujeres y del aborto legal. Ledesma, investigado judicialmente por lavado de dinero (“supuestos milagros” que hacen aparecer pesos depositados en sus cuentas bancarias, por gracia divina, en dólares para el financiamiento de su iglesia), califica a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo como “asesinas”. “Se pretende que el niño es propiedad de la madre y que ella puede decidir lo que quiera sobre esta vida en sus entrañas” declaró en su cruzada por imponer una cosmovisión donde el cuerpo de las mujeres y su decisión o no de maternar es propiedad tutelada por el Estado.

A estos líderes evangélicos, nucleados en ACIERA, recibió hace pocos días el presidente en la Casa Rosada, en el marco del día de las iglesias evangélicas. Milei premió a este sector con la reglamentación de la personería jurídica -una disposición que les otorga un status jurídico similar al del Estado, y que ya estaba contemplado en el Código Civil de Cristina Kirchner, pero hasta ahora solo se había hecho efectivo para la Iglesia Católica. Por medio del Decreto 486, el gobierno les otorgó a las iglesias evangélicas la posibilidad de administrar bienes sin ser asociaciones civiles, o sea, pagando menos impuestos y con menos controles encima. Antes de ello, un dictamen de la Procuración del Tesoro, emitido en enero, eximió a una congregación del pago de aportes sindicales por motivos de conciencia religiosa, medida que favoreció al sector evangélico y debilitó el poder sindical.

También, a través de la llamada “ley de rezagos”, la Secretaría General de la Presidencia distribuyó miles de bienes incautados por la Aduana a fundaciones vinculadas a congregaciones religiosas. Entre las más beneficiadas figuran la Fundación Cristiana Cielos Abiertos (Mendoza), con más de 800 mil artículos; la Fundación Portal del Norte (Chaco), con 7.500; y la Asociación Visión de Campeones (Corrientes), con más de 30 mil productos, entre ropa, utensilios y artículos de higiene.

El citado festival “anti zurdos” de la Derecha Fest, del que participó Javier Milei, fue un rejunte de fascistas, con denuncias de abuso, junto a pastores evangélicos, negacionistas del terrorismo de Estado y de la opresión y violencia de género. Allí estuvieron también Ballerini, junto con Rigoberto Hidalgo, predicador costarricense y director de Reasonable Faith, un influyente ministerio cristiano, y Evelin Barroso, pastora de la iglesia Cita con la Vida -una de las más grandes de Córdoba- y dirigente libertaria cercana al diputado Gabriel Bornoroni. Hidalgo es el autor de una de las tantas provocaciones contra la comunidad LGTBI al afirmar que “solo hay dos sexos y 50 formas de hacer el ridículo”.

Entre los organizadores de “la fiesta de la derecha” estuvieron personajes como Agustín Laje o Nicolás Márquez, que predican la defensa de un modelo familiar oscurantista donde se organiza una sociedad basada en jerarquías, autoritarismo, tutelas de género, subordinación y humillación de las mujeres, las diversidades y las infancias. Son los “ideólogos” detrás del ultra reaccionario discurso de Milei en Davos, donde junto con todo tipo de agravios contra las diversidades sexuales y de género, amenazó con eliminar la figura de femicidio del Código Penal y el derecho al aborto legal. Lo que motivó una formidable reacción popular con masivas movilizaciones el #1F.

Estos fachos aciertan al definirse “anti zurdos”, porque identifican al socialismo efectivamente como la única oposición real.

El pasado 7 y 8 de noviembre, el pastor Franklin Grahan, uno de los maximos referentes de la iglesia evangélica y una suerte de “capellán” de Donald Trump, llenó dos estadios Vélez Sarsfield —un total de 70 mil personas— con un fuerte discurso contra el aborto y las diversidades. Desde el estadio predicaba: “Dios quiere que uses el sexo, pero debe ser usado dentro de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres. No entre dos mujeres”- apuntando fuertemente contra la libertad sexual. Graham -que en su país promueve un discurso antiimigrante y afirma que Trump es un “enviado de Dios”- continuó su prédica en defensa de la familia tradicional, en contra del aborto y llamando al arrepentimiento de los “pecadores sexuales”.

El evento en la cancha de Vélez fue organizado por la Billy Graham Evangelistic Association y la ONG Samaritan Purse, que dirige Franklin (ambas valuadas en 765 millones de dólares, según la revista New Yorker).

En su crónica del evento, el Diario AR describe que “Entre las luces, flameaban banderas argentinas y del Estado de Israel, mezcladas en una misma exaltación espiritual.” Esa alianza entre fe evangélica y sionismo -que sintetiza el propio gobierno liberfacho- se reflejó también en La Derecha Fest, donde pastores evangélicos compartieron escenario con figuras del liberalismo libertario fuertemente alineadas con el genocida Estado de Israel.

Ariel Goldstein, investigador del Conicet y autor de “Poder Evangélico y La cuarta ola: Líderes, fanáticos y oportunidades en la nueva era de la derecha extrema” sostiene que: “El evangelismo pentecostal mantiene un fuerte alineamiento con el Estado de Israel, promovido desde Estados Unidos y basado en una creencia teológica: el regreso del Mesías y la refundación del mundo ocurrirán en Jerusalén. Esa convicción sustenta su respaldo político a medidas como el traslado de embajadas y su afinidad con el gobierno israelí”. Y completa con otro punto de contacto entre la fe pentecostal y la visión libertaria: “Los pastores se presentan como modelos de éxito bajo la teología de la prosperidad, que combina fe, mérito y autosuperación. Sus iglesias funcionan como organizaciones con poder económico y presencia mediática. Esa fusión de religión, emprendimiento y eficiencia las convierte en un actor político en ascenso” (el Diario AR).

Grahan también fue recibido en la Casa Rosada por Javier Milei.

En las listas de La Libertad Avanza para las últimas elecciones se destacó la presencia de pastores y personajes vinculados a la Iglesia Evangélica, que ahora tendrán mayor representación en el Congreso. La pastora Nadia Márquez, referente de la iglesia “Jesús es Rey” e hija del vicepresidente de Aciera, Hugo Márquez, fue electa senadora por Neuquén. Los Márquez poseen relaciones con elementos ligados al Estado de Israel. En Diputados estarán Gastón Riesco y Soledad Mondaca por Neuquén, María Frías por Chubut, Mónica Becerra por San Luis y Miguel Rodríguez por Tierra del Fuego.

Nadia Márquez declaró que buscan una mayor incidencia en organismos como la Defensoría de los Derechos del Niño. Su objetivo es trasladar al plano legislativo el ideario moral y religioso más reaccionario contra toda perspectiva de emancipación y libertad para el pueblo trabajador -y para la mayoría femenina que integra las filas de una clase obrera absolutamente golpeada por años y décadas de agravios capitalistas. De esto se trata la mentada “batalla cultural” de los libertarios.

El movimiento de mujeres y diversidades no solo debe tener la guardia alta por el peligro que para nuestras conquistas representa el avance de estos sectores, que tienen un lobby muy desarrollado hacia el interior de todos los bloques capitalistas que pueblan un Congreso postrado ante Javier Milei. Sino porque ya están recrudeciendo los ataques como la tentativa de reemplazar la ESI, desfinanciada por todos los gobiernos, por contenidos reaccionarios de “gestión de las emociones” para educar en la tolerancia frente a los abusos y los agravios que esta sociedad le imparte a jóvenes destinados a la super explotación y precariedad laboral, como ocurre con la llamada “educación emocional” en CABA (que se aprobó con los votos del peronismo incluido). Lo mismo está ocurriendo con el aborto legal: hace meses que el gobierno suspendió la compra y distribución a las provincias de misoprostol y mifepristona.

Ocurre que bajo el capitalismo ninguna conquista es para siempre en la medida que no terminemos con el régimen de explotación. La única verdadera y genuina batalla cultural es la que debemos librar contra este régimen que se apresta a cada paso a arrebatarnos conquistar para imponer una mayor degradación de nuestras vidas. Lo que necesitamos es una batalla anticapitalista y por el socialismo.

Escalada femicidios y las mentiras de Patricia Bullrich

Como las construcciones culturales siempre se nutren de una base material, hay un relato reaccionario que no opera solo en el plano discursivo, sino que se expresa en un recrudecimiento de la violencia y una escalada de femicidios.

Según el Observatorio Lucía Pérez, para el momento de escritura de este artículo ya se contabilizan al menos 234 femicidios y travesticidios. Tuvimos en el mes de octubre, la friolera de 9 femicidios en 5 días. Entre ellos, el doble femicidio de Luna y Mariel por parte de Pablo Laurta -un activista libertario de la organización “Varones Unidos” que milita los planteos de Agustín Laje y Nicolás Márquez, los inspiradores ideológicos de la ofensiva de Milei contra nuestros derechos. Este asesino de mujeres es el prototipo de quienes reclaman eliminar la figura de femicidio del Código Penal.

En septiembre el país se vio conmocionado por el triple femicidio de Lara, Brenda y Morena, que puso en evidencia el copamiento impune de las bandas narco en los barrios más pobres, así como la saña contra el cuerpo de las mujeres que crece de la mano de la descomposición social. La persecución al movimiento piquetero y la destrucción de comedores populares alimentan el poder de los narcos. El narcotráfico es un gran negocio capitalista, que crece al amparo y con la participación de todos los poderes del Estado -policías y fuerzas represivas, la Justicia y el poder político- de igual modo que la trata y la explotación sexual de mujeres y niñxs. Ambos crecen de la mano, introduciendo a la juventud en circuitos de consumo, adicciones, prostitución y explotación sexual, explotando la vulnerabilidad social de los sectores más golpeados por años y años de ajuste y abandono por parte de los gobiernos. El mismo trasfondo tienen el femicidio de Lucía Pérez, Cecilia Basaldúa, Luna Ortiz y tantas pibas pobres que el régimen condena a este destino, que ponen sobre la mesa el entrelazamiento entre la violencia de género, abusos, femicidios, narcotráfico, impunidad del poder y negocios protegidos y promovidos por el Estado.

Las responsabilidades estatales en el crecimiento de estas verdaderas lacras también se reproducen a escala de los poderes provinciales -sin que podamos encontrar distinciones entre la podredumbre de la maldita Policía Bonaerense, la correntina involucrada en la desaparición de Loan, la porteña o cualquier otra.

La ministra Bullrich, que debería dar respuestas por el crecimiento del negocio narco que compete especialmente a su jurisdicción por tratarse de un delito federal, en lugar de combatir este delito, lo protege y lo premia con blanqueos de capitales, y utiliza a la Gendarmería y a la Policía Federal exclusivamente para reprimir a jubiladas y jubilados y luchadores populares. Se dedica a negar la violencia de género y define a las víctimas como "demasiado empoderadas" que “pisotean a los hombres” y que por ello recibieron su merecido. De ese modo, justifica a los femicidas y les indica a las mujeres que deben mantenerse sumisas sino quieren ser asesinadas.

Para esta causa manipula estadísticas y miente cuando sostiene que este gobierno de fachos y misóginos bajó la tasa de femicidios. Bullrich no es original en la maniobra, sino que hace uso de un recurso que emplearon todos los gobiernos que se han adjudicado falsamente la baja de los femicidios. Las estadísticas oficiales del Estado están segmentadas según quién las mide y viciadas en muchos aspectos. El Ministerio de Seguridad suele guiarse por los registros policiales, donde los uniformados en todo el país se niegan a tomar denuncias de las mujeres y en su lugar las humillan. Estos registros ocultan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra. De hecho, el primer femicidio del año 2025 fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, construye otro registro, también limitado a los casos judiciales existentes -en un país donde el acceso a la justicia es un calvario de trabas que no muchas logran superar. Desde el año 2014, la CSJN publica su informe anual, que se limita al registro de las causas y sentencias judiciales que llegan a esta instancia en todo el país.

El Observatorio Lucía Pérez, que solemos tomar como referencia debido a que realiza una seria labor en base a la carga de 12 padrones de manera diaria, denuncia que “el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales”. Y agregan en su respuesta a Patricia Bullrich: “En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información” (lavaca.org, 29/10/2025).

En ocasión del último 3J, a 10 años del primer Ni Una Menos, Bullrich recurrió al informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación para mentir con una supuesta baja de femicidios en 2024, pero comparando mentirosamente el año entero de 2023 con un recorte parcial de meses de 2024 -lo cual invalida establecer una variación interanual aún usando la misma fuente y sin considerar incluso sus límites.

Las provocaciones de los Milei, Laje y Bullrich son expresión de una ofensiva de fondo contra el movimiento popular, que necesita de este tipo de instrumentos para mantener a raya a una mayoría social. Del mismo modo que bregan por la militarización de las calles para reprimir al pueblo, necesitan que haya hombres sometiendo a las mujeres en cada uno de los hogares como medio para disciplinar al conjunto de la sociedad. De esa manera, refuerzan la animadversión entre los géneros que integran a la clase trabajadora para desalentar que emprendan una lucha en común contra el poder. Al mismo tiempo buscan mantener a raya al colectivo de lucha feminista, a sabiendas de que éste ha sido protagonista de levantamientos populares a lo largo de la historia, que en nuestro país incluyen desde la reciente ola verde, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, la rebelión por Ni Una Menos y al combativo movimiento piquetero, entre tantos otros.

La cultura burguesa de la violencia

La cultura capitalista es la cultura de la violencia, la discriminación y el sometimiento de una mayoría social para sostener el dominio de una minoría que se vale de estos recursos para preservarse en el poder. La primera forma de violencia es ejercida por el Capital y el Estado, colocando a la inmensa mayoría de la población, obligada a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, bajo la explotación laboral, única fuente de la ganancia capitalista. Esa es la forma de violencia más extendida, pero a la vez la más invisibilizada y naturalizada dentro de la sociedad en la que vivimos. No es externa, ni independiente del modo de producción de la vida social.

La doble opresión de las mujeres y las diversidades de la clase trabajadora está en el ADN de la sociedad capitalista. Bajo este régimen social las mujeres tienden a realizar un trabajo no pago de sostén de la familia obrera que explota el capitalista. Paralelamente, la mujer es incorporada al mercado laboral en los trabajos más precarizados y peores pagos -mayormente actividades laborales “feminizadas”, asociadas a las tareas domésticas, de cuidados y de enseñanza. La brecha salarial de género es un dato evidente, y se asocia a la degradación laboral de actividades vinculadas con los mandatos de reproducción social que el régimen delega en el colectivo femenino. Las grandes fábricas, en las que prima el trabajo registrado y que escasean fuerte en nuestro país, están repletas mayoritariamente de hombres. Las mujeres son menos productivas de acuerdo a la concepción del capital, faltan más por tener a su cargo los cuidados familiares, se ausentan más tiempo si deciden maternar y tienen menos tiempo para dedicarle a la formación que ciertas tareas requieren. Esto hace que incluso aquellas que logran ingresar a ámbitos con derechos laborales, mejores remuneraciones y salarios en blanco, no puedan acceder a las tareas mejor remuneradas. Por otra parte, el mercado laboral feminizado es precario y el que no lo es, tiene como característica salarios menores (docencia).

La violencia contra las clases subalternas, explotadas y oprimidas, así como la discriminación por motivos de género, no son fenómenos ajenos a períodos anteriores de la historia de la humanidad. Pero el capitalismo somete a la clase obrera a sus propias leyes y dinámica en la búsqueda de la burguesía por la ganancia, y somete a las trabajadoras a una doble opresión que representa también una forma de abaratar la fuerza de trabajo y garantizar su reproducción.

Una sociedad dividida en clases de forma opresiva tiende a vincularse con esa misma violencia de forma dominante en todos sus niveles, incluso en las relaciones interpersonales. Por eso la llamada violencia machista es intrínseca a la cultura burguesa de la violencia. El principal agente de violencia machista en el capitalismo es el Estado y sin embargo es la violencia más invisibilizada. El Estado no distingue en su definición jurídica de violencia aquella que pueda ser impartida por el propio Estado, que aparece entonces invisibilizada y legalizada. La responsabilidad del Estado frente a la violencia contra las mujeres y diversidades, que ha denunciado con claridad nuestro movimiento de lucha, no se debe a “una retirada” de ámbitos de pretendido cuidado a este sector (el “Estado ausente” que propagandiza el kirchnerismo), sino a su propia naturaleza de garante de las relaciones capitalistas de dominación y explotación social. El Estado es el eslabón fundamental directo de actividades enteras que constituyen un acto de violencia social contra las mujeres, por ejemplo en las redes de trata de personas para explotación sexual, con la tutela que ejerce sobre el cuerpo de la mujer cuando la criminaliza por la interrupción de un embarazo -o aún con la conquista de este derecho, continúa obturando su práctica-, cuando sostiene situaciones de violencia como la precarización y el cobro de salarios un 27% inferiores, cuando monopoliza en las madres la crianza y le da al hombre licencias insignificantes cuando es padre, etc. El Estado es responsable también por brindar no sólo las condiciones materiales sino también condiciones culturales, como cuando le ceden la educación pública a la Iglesia (incluida la educación sexual bajo su “ideario institucional” como retrata el artículo de la Ley de ESI del kirchnerismo) o reproducen esquemas de sometimiento a través de códigos de convivencia escolares que refuerzan ideas tales como que una niña que se viste de determinada manera justifica la provocación en el hombre, etc.

El gobierno de Milei ha emprendido asimismo una ofensiva particular sobre el colectivo de las diversidades, a quienes quiso asociar con la pedofilia en su nefasto discurso a principios de año en el foro económico de Davos. Para las diversidades, la exclusión del hogar, del colegio, del trabajo, del acceso a la salud, y sucesivas situaciones de violencia son parte de la cotidianidad de sus vidas. El rechazo social a otras formas de identidad u orientación de género para la clase obrera fuerza a alguien que no tiene más que su fuerza de trabajo para vivir a exponerse a la marginalidad y los peligros de la calle. Esto explica por ejemplo que el colectivo travesti-trans tenga una expectativa de vida de solo 35 años, la mitad que el resto de la clase obrera. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT los asesinatos aumentaron en 2024 de 10% a 24%. En 2024 hubo un incremento inédito de la violencia contra las diversidades: más golpizas en la vía pública, más violencia contra las lesbianas y más crímenes de odio. Estos datos sólo contemplan los casos que cobraron relevancia mediática y casos que fueron denunciados, por lo que se puede deducir que este número en realidad es mayor.

Un debate estratégico sobre la lucha contra la violencia y los femicidios

Hace 10 años atrás, la convocatoria al primer Ni Una Menos, el 3J de 2015, impulsada por escritoras, periodistas y organizaciones de mujeres, con una concentración en el Congreso bajo la consigna “Ni una mujer menos por femicidios”, abrió un importante proceso de deliberación. En asambleas de mujeres y diversidades, en los barrios, las escuelas, facultades y lugares de trabajo, se puso en el centro del debate el andamiaje capitalista de la violencia contra las mujeres y las diversidades, y el papel de los gobiernos que defienden intereses de clase antagónicos al fin de la opresión, la explotación, la discriminación y la violencia.

El gobierno en ese entonces de Cristina Kirchner, destinatario de las múltiples demandas que empezaban a surgir desde el campo de las mujeres, puso a las personificaciones mismas de la represión, el machismo y el encubrimiento de las redes de trata, Berni y Anibal Fernández, a sacarse fotos con la consigna #NiUnaMenos. El resto de las fuerzas políticas patronales replicó el mismo tipo de demagogia.

El movimiento debatía la exigencia de políticas de prevención y educativas, de asistencia y acceso a la justicia para las víctimas, de arrancarle derechos al Estado para que “paren de matarnos”. Las periodistas organizadoras de la marcha propusieron levantar como demanda la creación de un “Ministerio de Igualdad de Oportunidades”. En ese momento existía el Consejo Nacional de las Mujeres que copado por dirigentes de la Cámpora y Kolina, se dedicaban a hacer propaganda de las figuras de Alicia y Cristina Kirchner, y en relación a la violencia de género, sólo promovía políticas que descargan la acción de defensa y prevención sobre las propias mujeres. El punto abrió una polémica de la que fuimos animadoras el Plenario de Trabajadoras respecto de si la salida era la creación de un nuevo organismo burocrático del Estado, bajo la dirección política de los gobiernos de turno, o el desarrollo de una lucha contra ese Estado capitalista.

En el marco de esa polémica, elaboramos el planteo de creación de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades y presentamos un proyecto de ley en el Congreso antes del propio 3 de junio. Se trata de un instrumento de las luchadoras para enfrentar al Estado que promueve la violencia, la discriminación y el rol subalterno del colectivo femenino y de la diversidad. Un organismo con independencia política del Estado, electo por el voto directo de las mujeres y diversidades desde los 13 años y con un directorio que deba responder y rendir cuentas ante las organizaciones de lucha, con mandatos revocables. Hicimos un planteamiento para apuntalar la autonomía política del movimiento de lucha frente a los gobiernos, con un organismo como el Consejo Autónomo que le diera poder a las mujeres y diversidades en su lucha contra “el Estado responsable” en un cuadro de ascenso de la movilización y organización. Un organismo de doble poder para reforzar la pelea contra los femicidios y por la asistencia a las víctimas de violencia de género, por el acceso a la justicia, contra la brecha salarial y precarización laboral, contra el oscurantismo reproducido desde las mismas instituciones del Estado, para separar a las iglesias del Estado. Un planteo opuesto por el vértice al fortalecimiento del aparato estatal al servicio de la cooptación y el desvío de nuestras luchas.

Finalmente, la propuesta de creación del ministerio fue eliminada de la proclama que convocaba a la movilización, pero recuperada no ya por un pujante movimiento de lucha que se abre curso desde abajo, sino por los sucesivos gobiernos. El planteo de “elevar a mayor rango institucional” organismos estatales de mujeres como salida a nuestras demandas lo tomó Mauricio Macri primero, que convirtió al Consejo de la mujer en Instituto Nacional designando como directora ejecutiva a Fabiana Tuñez -quien pasó de activista feminista a funcionaria macrista- y luego vino la creación del ministerio de mujeres y diversidades con Alberto Fernández, otro gobierno preocupado por integrar, contener y desviar un movimiento de lucha tan poderoso como fue la ola verde, por la vía de la cooptación estatal. En esta línea, último gobierno peronista creó un ministerio y anunció que le ponía “fin al patriarcado”.

El cierre del ministerio por parte de Milei buscó generar un impacto simbólico de una ofensiva que, lejos de destruir al Estado capitalista, busca reforzar su potencia represiva y su intervención contra las mujeres y toda la clase obrera. El cierre reciente de más de 13 programas de asistencia a víctimas, que fueron vaciados de presupuesto por todos los gobiernos, con el argumento sostenido por Cúneo Libarona de que eran “ideológicos” en realidad es lo contrario: son los liberfachos los que usan estas herramientas para reforzar una ideología oscurantista y retrógrada de regimentación y tutela estatal de la sexualidad, las relaciones personales y familiares, basadas en jerarquías de clase y de género y la autoridad despótica del capital sobre el trabajo y de los varones sobre las mujeres. El “Pakapaka libertario” es expresión de esta guerrilla de adoctrinamiento “contra el comunismo y contra el wokismo”, es decir contra la ESI, que buscan implementar con los recursos de los medios públicos: puro intervencionismo del Estado, de carácter abiertamente reaccionario.

La lucha para derrotar a Milei no podría valerse de un ministerio dirigido por funcionarias libertarias. Cobra plena actualidad nuestro planteo de creación de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades con independencia política, electo por las mujeres y diversidades, supervisado por las organizaciones de lucha, para de esta manera promover la organización independiente como herramienta fundamental para avanzar en la pelea contra este régimen de explotación y violencia. Un organismo con poder de intervención y denuncia de situaciones laborales o familiares de violencia contra las mujeres y diversidades, así como facultades para exigir la inmediata intervención judicial y estatal, para la protección integral de las víctimas.

Cooptación estatal y desmovilización: la política del peronismo que pavimentó la ofensiva derechista

Para el ascenso de Milei al poder, ha sido clave la desmovilización de las mujeres, que en el último período fue uno de los factores más dinámicos de la lucha de clases, proyectando la potencia de esta lucha a escala internacional.

La Ola Verde que conquistó el aborto legal en nuestro país tuvo un alcance muy profundo. Se trata de la conquista de un derecho democrático que la burguesía nacional no era capaz de otorgar por su fuerte entrelazamiento con las iglesias, que tienen un poder enorme en toda la estructura de poder del Estado y prestan un servicio valiosísimo para el disciplinamiento social. Aportan sensiblemente a la tarea de educar a toda una población en la resignación, la tolerancia a las humillaciones y a la violencia y el sometimiento al imperio de la ganancia capitalista, “poniendo la otra mejilla”. Para que se abra paso y hacer posible superar la clandestinidad -como medio de regimentación y tutela estatal de las mujeres (su cuerpo y el destino de sus vidas)- fue necesario volcar a las calles y a la movilización política un verdadero tsunami de lucha.

Con ocupaciones de colegios -muchos de ellos confesionales-, el compromiso y la batalla mediática de referentes del arte y la cultura (se puso en pie el colectivo de Actrices Argentinas), una fuerte deliberación en las barriadas y los lugares de trabajo -a expensas de la burocracia sindical y el fuerte aparato de las iglesias católicas y evangelistas en los barrios- se logró derribar prejuicios, elevar conciencias y ganar una mayoría social favorable a nuestro derecho. Fue necesario rodear con 2 millones de personas el Congreso, y que tuvieran lugar concentraciones masivas en simultáneo en todo el país, para derrotar al lobby capitalista y clerical en los días de votación que culminaron consagrando el derecho al aborto legal.

El alcance de esta lucha fue una señal de alerta para la burguesía. La movilización de las mujeres y diversidades abrió un campo de choque del movimiento popular con el Estado, derribando barreras de contención. Fue entonces el peronismo el que se puso al frente de la tarea de sacarnos de las calles, preparando las condiciones para una reacción conservadora contra la rebelión de las mujeres. Abrió paso de este modo a un verdadero Termidor en el escenario político y en cada hogar. El terreno que dejamos de ocupar con nuestro grito de rebeldía y emancipación social contra la opresión y la explotación capitalista, lo ocuparon las expresiones más derechistas que alimentan la “batalla cultural antifeminista” del Milei y su tropa de liber fachos.

El llamado de Cristina Kirchner a “no enojarse con las iglesias” cuando se frustra el derecho al aborto legal 2018 -gracias a la contribución decisiva que ella misma hizo con el voto en contra de una senadora de su riñón político como Silvina García Larraburu- anticipaba el operativo de rescate político de la institución clerical fuertemente cuestionada y desprestigiada, entre otras cosas, gracias a la acción de la Ola Verde. Como dijimos, bajo el último gobierno pejotista del Frente de Todos, que asumió a finales de 2019, ello se tradujo en una fuerte política de cooptación y desmovilización, en paralelo a un reforzamiento del papel de las iglesias en la vida política y social, necesario para poder avanzar con una política rabiosamente fondomonetarista. Crearon un Ministerio de Mujeres cuyas funcionarias ni nombraban el problema de la educación sexual y los renovados bloqueos a su implementación -librada al esfuerzo y el empeño de docentes que cada vez encuentran más dificultades para la tarea sin el apalancamiento de una movilización popular. El pañuelo verde en estas funcionarias significó un desprestigio para nuestras luchas, porque el pueblo las veía como un aparato de burócratas gestionando el ajuste que hundió a millones de argentinos en la miseria y elevó a niveles récords la feminización de la pobreza.

Sobre ese desprestigio se montó La Libertad Avanza para dar impulso a su cruzada contra las mujeres y diversidades.

Milei no gobierna solo

Aunque el gobierno se muestra envalentonado luego de los recientes comicios, no estamos, sin embargo, frente a una experiencia consolidada del mileismo en nuestro país. El triunfo de La Libertad Avanza en las recientes elecciones de medio término fue impulsado por el chantaje y la extorsión montada por el rescate del tesoro de Estados Unidos y la intervención directa del magnate yankee, por un lado, y por un retraimiento de la lucha de clases, sin un movimiento de lucha generalizado que permita alterar la relación entre clases, por el otro. Se aproximan grandes batallas: Milei quiere imponer una derrota y retroceso de la clase obrera y los explotados para profundizar los planes antiobreros (reformas laboral, previsional e Impositiva reaccionarias).

La colaboración de los gobernadores y la oposición política patronal sigue siendo un aspecto clave en múltiples sentidos. No solo aplicando en sus propias provincias la motosierra contra las y los trabajadores o con la votación de leyes clave en el Congreso. El hecho de que todos son representantes de la misma política capitalista de agravios contra el pueblo, es lo que posibilitó que Milei llegara hasta acá. Como consecuencia de esa misma orientación, en especial el peronismo ha contribuido muy fuertemente a la desorganización y desmovilización de los sectores obreros y populares.

La CGT y las CTA se han inscripto abiertamente en un campo de colaboración política con el gobierno, sin dar ninguna batalla contra los ataques de la “ley Bases” y firmando paritarias del “cero coma” y el 1% -contra una inflación muy superior no solo durante la gestión Milei, sino por la nula recomposición del poder adquisitivo del salario obrero luego del descalabro inflacionario que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Tampoco organizaron ninguna lucha contra los despidos y cierres de fábrica que se han vuelto una verdadera epidemia. Más aún, todo indica que en el próximo periodo se aprestan a negociar con el gobierno una reforma laboral absolutamente regresiva y esclavista, en función de preservar el poder de los sindicatos devenidos en estructuras burocráticas y pro patronales al servicio de bloquear un ascenso obrero.

Ganar las calles es la tarea

Esta política reaccionaria no puede encontrar a nuestro poderoso movimiento de lucha sin dar respuestas. Menos que nunca podemos confiar en un Congreso arrastrado ante el gobierno de Milei, que cuenta con un bloque más numeroso y la colaboración de los gobernadores de todos los signos políticos. El incremento de evangelistas en el parlamento ya envalentonó al nefasto Agustín Laje a reclamar a viva voz que se apruebe el retorno a la clandestinidad del derecho al aborto legal -que ya están implementando por la vía de los hechos al no distribuir las drogas necesarias para la práctica en el país. Como ya dijimos: quieren reponer un instrumento poderoso de disciplinamiento que educa a la sociedad en el rol inferior y tutelado de las mujeres.

Cuando Milei dio su nefasto discurso en el foro económico de Davos, amenazando con eliminar la figura de femicidio del código penal y acusando a las diversidades de pedofilia, le respondimos el 1F con una contundente movilización en todo el país. Antes, cuando ganó el balotaje en 2023 y faltaban escasos días para su asunción presidencial, pusimos en pie una masiva marcha ese 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia por motivos de Género.

La única manera de enfrentar esta barbarie es volviendo a recuperar las calles. Nuestra desmovilización es lo que alimenta el monstruo de la reacción y no al revés. No nos pasamos tres pueblos con la lucha, sino que sin nuestra fuerza en las calles el pueblo pierde capacidad de reacción contra sus verdugos.

Tenemos que dar batalla contra este régimen de miserias, violencias y penurias para las mayorías populares, y sus representantes. El método es el de la organización independiente para preparar la rebelión de las, los y les oprimidos en las calles, con paros, huelgas y movilizaciones, luchando por nuestros derechos con la perspectiva estrategica del poder y por el socialismo.