“Guerra y Política en El Salvador”

Se trata de una recopilación de artículos periodísticos, escritos durante 1930, que reúne, en su mayor parte, comentarios referidos a distintos momentos de la guerra civil salvadoreña. Gilly concentra sus análisis en el estudio del carácter político y de clase del conjunto de las organizaciones político-militares de la izquierda salvadoreña. Para Gilly estas organizaciones son “cualitativamente diferentes por programa, concepción política y relación entre dirección política y dirección militar, de los focos guerrilleros de los años sesenta. Estas organizaciones son el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -LP 28-, las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN) —FAPU—, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Marti (FPL) -BPR-, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) -UDN- y el Partido Revolucionario de los Trabajadores  Centroamericanos (PRTC) -MPL. Son estos agrupamientos los que integran desde principios de 1980 la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM)” (pág. 51).

Según el autor, estas organizaciones, de origen cristiano, nacionalista o stalinista, habrían experimentado “un proceso de doble ruptura” con el reformismo y con la concepción militarista de la revolución, lo que lo habría llevado a una maduración programática socialista (“el programa de revolución socialista adoptado por estas organizaciones, su superación de la concepción de la revolución por etapas y, por consiguiente, de la creencia en la posibilidad de una etapa democrático-burguesa a cumplirse en alianza con la burguesía "progresista”, con su Estado y con su Ejército (elemento este último determinante de la hegemonía burguesa en dicha alianza)” (pág. 61).

Gilly toma el pronunciamiento genérico de estas organizaciones “por el socialismo” para deducir que rechazan la concepción de la revolución por etapas y que son direcciones proletarias – socialistas, pero omite que postulan un Estado democrático basado en una alianza entre la socialdemocracia, la democracia cristiana y las fracciones “institucionalistas” de las FF.AA. (programa de la CRM, 23.2.80).

Gilly elogia la "maduración programática” de la CRM, pero en realidad ni siquiera se toma el trabajo de analizar en detalle el programa de ésta.

Uno está forzado a concluir que, para Gilly, el extendido programa de nacionalizaciones que prevé la CRM es idéntico al socialismo. Las nacionalizaciones no se oponen al régimen de la propiedad privada y están contempladas en el derecho burgués (¡Mitterrand!). No pueden confundir con la expropiación del capital una categoría social e históricamente diferente, puesto que apunta a la abolición de la propiedad privada. El carácter de las nacionalizaciones depende del régimen político que la ejecuta. Si encuadran en un régimen de "Estado democrático”, su propósito es usar los recursos del Estado (que se originan en el gravamen a los productores no capitalistas) para impulsar una acumulación capitalista. Históricamente, éste ha sido el planteo de numerosas fracciones burguesas nacionalistas, que redundó en una diferenciación capitalista ulterior más acentuada.

Gilly, en definitiva, adhiere al planteo que, en los últimos años, ganó cuerpo en un conjunto de organizaciones de la izquierda latinoamericana: la concepción de que el fracaso del stalinismo en América Latina tuvo por causa la incorrecta caracterización de la estructura social de los países latinoamericanos, como naciones que combinan la dominación del capital con sobrevivencia precapitalista. Contra la estrategia menchevique-stalinista (que afirmaba la vigencia de una revolución democrático-burguesa) se le opone la tesis de que los países latinoamericanos están -considerados en sí mismos- maduros para el socialismo. Si el stalinismo deduce del atraso y de la opresión imperialista la existencia de una etapa democrática liderada por la burguesía, se afirma la vigencia de una estrategia de revolución socialista sobre la base de negar ese atraso y sostener que el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas los hace aptos para el socialismo.

Lo que no se ha comprendido en la supuesta crítica al stalinismo y al nacionalismo, es que el carácter socialista de la revolución no se deriva de una supuesta madurez de las fuerzas productivas de las naciones latinoamericanas. Si fuese por esto el stalinismo tendría razón ya que, dado el atraso nacional que realmente existe, habría que recorrer una larga etapa de desarrollo capitalista para que se alcanzara un grado de madurez económica que permitiera plantear el socialismo. No obstante, la revolución adquiere un carácter socialista por la presencia del proletariado como clase (lo que indica la madurez internacional de las fuerzas productivas) que le disputa a las otras clases sociales (burguesía y pequeño burguesía) la dirección de la revolución (dictadura del proletariado), no pudiendo, a partir de aquí, implantar un régimen político-social distinto de sus fines históricos (socialismo). Este es un primer aspecto de la revolución permanente: países "inmaduros" para el socialismo tienen, sin embargo, planteada una revolución proletaria porque la burguesía -ligada a la oligarquía y al imperialismo- es incapaz de impulsar un desarrollo capitalista independiente, en momentos en que ya el proletariado emerge como clase independiente. Es esta mecánica de clases de la revolución la que la transforma en socialista. Y es esto lo que elimina la distinción entre países maduros y no maduros para la revolución socialista, distinción propia del menchevismo, pues lo que importa no es la aptitud social de cada país considerado en sí mismo-sino la presencia dirigente del proletariado (clase internacional creada por el capital mundial).

Otra característica de este “socialismo puro” es atribuir un carácter objetivamente socialista o proletario a cualquier clase social explotada por el capitalismo (campesinado, capas plebeyas, pequeño burguesas y sectores burgueses débiles), atribuyendo a la lucha de éstos un resultado inevitablemente socialista.

Pero en realidad la escasa diferenciación de las clases sociales pequeño burguesas (campesinado) es una prueba del atraso del país, y la tendencia de esas clases es a desarrollar el capitalismo, aún en mayor medida si se las libera de la opresión imperialista. La dictadura del proletariado no elimina esta tendencia, pero puede limitarla y canalizarla mediante el uso económico del Estado obrero. La consecuencia de confundir al proletariado con la pequeña burguesía pobre es, precisamente, confundir “socialismo" con "gobierno popular”, "democrático-revolucionario", y negar la dictadura del proletariado.

Aunque se presenta como una crítica "radical” a los PCs (crítica que no sale del terreno idealista porque atribuye los errores de aquéllos a una incomprensión teórica y no a los intereses de una capa social -la burocracia del Kremlin) las conclusiones políticas no son diferentes de las del stalinismo (lo que explica, entre otros, que el PC Salvadoreño integre la CRM).

Se trata, en verdad, de planteamientos de organizaciones de origen pequeño burgués que levantan un programa nacionalista-democrático y que, en las condiciones de guerra civil, se han visto sometidas a una importante radicalización. Gilly confunde los pasos empíricos que estas organizaciones han dado con una comprensión histórica socialista-internacionalista. Para Gilly estamos en presencia de una fusión de estos movimientos con el programa del proletariado mundial y no de un planteo nacionalista.

Transpira en los artículos de Gilly su vieja tendencia a cobijarse detrás del éxito momentáneo de las direcciones pequeño burguesas, como en el pasado lo hiciera con el MNR boliviano (1952) o el peronismo de izquierda. Como sus planteos son justificatorios de lo que esas direcciones ya han hecho, tienen un carácter completamente conservador.

Gilly caracteriza al Frente Democrático Revolucionario (FDR) de El Salvador como un frente revolucionario antiimperialista, esto porque "se constituye en torno a la fuerza de masas de la Coordinadora y adopta desde el principio su pro-grama", y porque "las fuerzas de origen burgués y pequeño burgués que se incorporan quedan bajo la hegemonía de las organizaciones revolucionarias que detentan las armas y dirigen los organismos de masas, particularmente los grandes sindi-catos incorporados a la Coordinadora' (pág. 63).

La presencia física de los sindicatos o el hecho de que la izquierda esté armada no significa que el proletariado tenga la hegemonía del frente, ya que lo que importa es su orientación consciente, es decir, su programa (en los últimos dos años, sindicatos y organizaciones de masas han prácticamente desaparecido).

Gilly dice que el FDR se estructuró sobre la base del programa de la CRM. Pero este programa, como ya vimos, se encuadra en una perspectiva democratizante.

Es falso, pues, que la burguesía se somete al "programa socialista, revolucionario”- Pero si tal especie fuese cierta, tendríamos una burguesía nativa más que progresista, de lo que resultaría que aquello que Gilly dice sobre la inexistencia de una burguesía "progresista” se convierte en su contra.

En verdad, en el FDR están presentes sectores superminoritarios de la burguesía (el grueso apoya la contrarrevolución)- Su función ha sido canalizar la presión de la burguesía mundial sobre las organizaciones guerrilleras, para forzarlas a un compromiso con el imperialismo. Los planteos del FDR, que están dictados no por las organizaciones de la CRM sino que expresan un compromiso con esta burguesía, han sido el receptáculo de los de un sector de la burguesía mundial (Méjico, Francia, Internacional Socialista) y han resultado, por ejemplo, en el remplazo del planteo de la destrucción del Ejército por su “democratización”, y en el apoyo a negociaciones que conduzcan a la pacificación por medio de elecciones.

La presencia dirigente de los Ungo no ha ampliado la base social de las organizaciones guerrilleras, como dice Gilly, desde el momento en que los Ungo carecen de tal base y en cambio, sí, han servido para explotar al servicio de la burguesía las vacilaciones de las organizaciones guerrilleras. Por eso, Ungo, en una conferencia en Managua, señaló que el FDR no aspiraba al poder sino a una cuota de él, en un régimen con la democracia cristiana y con un ejército depurado de algunos elementos ultraderechistas y bajo control de la fracción Majano, coautora del golpe “frentepopulista” del 15 de octubre de 1979.

Gilly comete un grave error sectario cuando califica al FDR de frente revolucionario antiimperialista, con la peregrina tesis de que la burguesía se somete al pro-grama socialista. Un FRA es aquél que se estructura sobre la base de un programa de lucha real contra el régimen existente y no por el socialismo)- Nuestra crítica al FDR no es porque estén en él sectores burgueses sino porque estos le han impreso una perspectiva de conciliación con el imperialismo y porque ocupan un lugar dirigente que no corresponde a la posición real (contrarrevolucionaria) de la burguesía en el país.

Gilly compara, casi al final de su libro, la revolución boliviana de 1952 y la nicaragüense de 1979, para señalar que en Nicaragua ‘‘el viejo ejército ha sido destruido hasta las raíces y, al contrario de Bolivia, no es la dirección quién piensa reconstruirlo” (pág. 157). Con esto Gilly plantea una diferencia cualitativa entre el FSLN y el NMR en relación a la revolución.

Es cierto que el MNR usufructuó una revolución que no impulsó ni dirigió, y que, el sandinismo organizó y dirigió la insurrección nacional que estalló espontáneamente en Nicaragua (contra todas las especies de guerra prolongada y de foquismo). Esto prueba la diversidad de los movimientos pequeño-burgueses, desde las variantes contrarrevolucionarias hasta aquellas que pueden ir muy lejos en la dirección de un movimiento revolucionario. Pero en tanto no rompan con el capital, su diferencia es de grado, y tienen que convertirse más tarde o temprano, en un freno a la revolución. Gilly dice que el FSLN tiene una estrategia revolucionaria anticapitalista, pero no se toma el trabajo de analizar el régimen social y político nicaragüense, única forma de mostrar si el FSLN le ha impreso esa alternativa a la revolución.

El Estado en Nicaragua sigue siendo burgués, aunque la burguesía como clase no esté físicamente en una posición dominante (tampoco lo estaba en Bolivia en 1952). La pequeño burguesía la ha suplantado en la defensa de un orden social basado en la propiedad privada. El proletariado no ocupa ninguna posición dirigente y el ejército sandinista ha actuado como árbitro entre las masas y la burguesía (prohibición de huelgas y ocupaciones de tierras y fábricas y medidas de coerción ante el sabotaje capitalista). Esto significa que el Ejército sandinista se ha ido independizando de la presión revolucionaria de las masas y que ha actuado para desmantelar esa presión. El programa sandinista prevé un régimen parlamentario (pluralismo) lo que combinado con la diferenciación social creciente, conduce al refuerzo del capital.

Gilly analizó también el golpe de García Meza en Bolivia y sostiene que la tarea de la izquierda allí debería ser ‘‘constituir un vasto frente, nacional e internacional, en defensa de las libertades democráticas, contra la represión y el terrorismo militar y por el reconocimiento y el establecimiento en el poder del presidente electo en julio último, Hernán Siles Suazo (pág.164). Plantea, entonces, un frente con los partidos burgueses (¿e ‘‘internacional con el Departamento de Estado que se opuso de palabra al golpe?) detrás de la estrategia democratizante de la proimperialista UDP o sea, detrás de la burguesía boliviana y el imperialismo. La concepción que Gilly tiene sobre el FRA está muy clara.

El libro de Gilly tiene un capítulo titulado “Partidos y sindicatos, la autorganización obrera en América Latina”. Aquí Gilly sostiene que como "en la mayor parte de los países latinoamericanos la clase obrera, organizada sindicalmente, continúa bajo la influencia ideológica de direcciones burguesas o pequeño burguesas nacionales”, hay que “atrincherar-se” en las fábricas, como vía de superación de esas direcciones. A partir de aquí teoriza sobre las virtudes de la fábrica, en oposición al sindicato y llega a afirmar que “mientras el sindicato tiende a privilegiar o a absolutizar la disputa por el monto del salario (disputa a nivel del mercado plenamente aceptable para la burguesía) su órgano de fábrica elegido por los obreros tiende a privilegiar la disputa sobre la organización del proceso de trabajo en la empresa misma (disputa en el plano de la producción inaceptable para el capital porque pone en cuestión el núcleo mismo del poder, el derecho de decidir en qué y cómo utilizar la fuerza de trabajo que ha comprado con el salario)” (pág. 178). Gilly propone volver la espalda a los sindicatos y considera el “núcleo del poder”, no a los destacamentos armados del capital, sino a los patrones considerados aisladamente. Ha suprimido beata y anarquistamente al Estado de su cabeza.

Todo el esfuerzo histórico de la clase obrera fue pasar de su organización atomizada, fabril, a su organización como clase nacional. Gilly propone volver atrás. Como no se podría recuperar a los sindicatos para la revolución, ni hacer en ellos un trabajo revolucionario, Gilly propone suprimirlos (qué serían sin la organización en las fábricas). No se entiende de dónde saca que suprimirlos es más fácil que con-quistarlos; por qué cree que dejarle a la burocracia los sindicatos ayudaría a los revolucionarios a organizar las fábricas; y cómo le vino a la cabeza que la cuestión salarial no es la más importante cuestión reivindicativa de los explotados en un sistema monetario de explotación del trabajo asalariado.

Gilly llega a decir que las huelgas de junio-julio de 1975 en Argentina fueron dirigidas por las coordinadoras interfabriles, que la huelga metalúrgica brasileña de 1979 fue protagonizada por las comisiones de fábrica y que idéntico camino siguió el proletariado boliviano. Se trata de una pura fantasía. Los metalúrgicos paulistas fueron dirigidos por el sindicato de Lula. Las huelgas de junio-julio fueron dirigidas por los sindicatos controlados por la burocracia peronista, y esto explica que fueran traicionadas. Y las movilizaciones mineras fueron dirigidas por sus organizaciones sindicales clandestinas.

Abril 1981