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Crisis de la reforma política y golpe de estado

Por Pedro Ibañez (célula de la TCI de Barcelona)

El intento golpista del 23 de febrero pasado, ha venido a poner de relieve la situación de extrema fragilidad que atraviesa el régimen pseudodemocrático armado por la burguesía española con la colaboración de los partidos obreros de masas, luego de la muerte de Franco en 1975. Si bien es cierto que el pacto de los franquistas reagrupados bajo las siglas de UCD con el PSOE, el PCE y los grupos nacionalistas, ha permitido a la burguesía alejar el peligro de la conformación de una situación revolucionaria que se proyectaba en los últimos años de Franco, no lo es menos el hecho de que el régimen de la reforma política, se ha demostrado incapaz de dar un curso de solución a la gravísima crisis económica y al histórico problema de las nacionalidades, en particular, a la lucha del pueblo vasco, que no ha cesado de oponerse a los planes antinacionales y represivos del Gobierno. Es en estos dos problemas, cuestión nacional y crisis económica, donde deben ser rastreadas las causas fundamentales de la actual quiebra del régimen; allí se asientan los motivos que condujeron a la salida de Suárez del Gobierno, primero, y al golpe de Estado luego, como dos aspectos apenas diferenciados de la mayúscula crisis en que se debate la burguesía y el conjunto del armazón institucional y político de la reforma del franquismo por ella ideada. Intentaremos, pues, mostrar los hechos fundamentales que desencadenarán la crisis actual y, a partir de ello, analizar las perspectivas inmediatas que se delinean en el contexto postgolpista.

La caída de Suárez

En el mes de Septiembre del año pasado y bajo el acoso de la gran patronal (CEOE), la Banca, la Iglesia y el Ejército, Suárez forma el que habría de ser su último gobierno, en el que encuentran cabida todos los sectores del conglomerado ucedista, lo que intentó ser un gabinete de “unidad ucedista” para satisfacer las pretensiones de las divergentes facciones burguesas, concluyó rápidamente en una impresionante batahola interna entre las cabezas de fila de las tendencias del pseudopartido, lo que agravó y extremó la crisis política, al caer el gobierno en un inmovilismo y empantanamiento total. La pugna tenía como ejes: a) la discusión de las Leyes de Divorcio y Autonomía Universitaria, que chocaban de frente con el enorme peso económico e ideológico de la Iglesia; b) la entrada de España en la OTAN, cuestión en la que la presión norteamericana actuaba como un revulsivo de la crisis interior; c) la política a seguir frente al agravamiento de la crisis económica y su brutal secuela de más de un 12 por ciento de desempleo, que provocaba encarnizados y no saldados combates en el gobierno, y d) finalmente, el curso a adoptar ante la lucha y resistencia vasca a los planteamientos represivos gubernamentales, como aspecto central del irresuelto problema de las nacionalidades. La salida a luz de semejante crisis burguesa, se dio en las condiciones del importante retroceso al que fue conducido el movimiento obrero por sus direcciones políticas y sindicales, que, ante el agravamiento de la crisis económica y del desempleo masivo, entraron de lleno en una política de colaboración escandalosa con la patronal y el gobierno. Así y en cifras, esta situación de paulatina paralización y desmoralización obrera, se reflejaba en la reducción del número de horas de trabajo perdidas por huelgas que pasaron de 66 millones en el primer trimestre del año, a 19 y 9 millones en el segundo y tercero, respectivamente (“El País”, 12/11/80); ello en el marco de que a partir de 1979 se viene registrando una curva de descenso constante del número de huelgas y participación de trabajadores en las mismas. Es cierto, sin embargo, que durante 1980 se produjeron importantes combates del proletariado (Olarra, Crimidesa, Duro Felguera,etc.) y del campesinado (Andalucía básicamente), en los que por primera vez desde el inicio de la “Transición política” se cuestionaba y combatía abierta y conscientemente la orientación antiobrera de las burocracias sindicales stalinista y socialdemócrata. Pero por su carácter localizado y el número reducido de trabajadores que abarcaban, estas luchas, amén del boicot burocrático a su extensión, no afectaron de manera importante el desarrollo de la crisis y las maniobras burguesas. En este cuadro, no sólo avanza el cuestiona-miento abierto de Suárez por parte de los capitalistas y que se vehiculiza desde dentro de UCD, sino que comienzan a conocerse movimientos militares en el mismo sentido, y concretamente, se hace pública la existencia de un informe militar sobre el golpe turco de septiembre de 1980, al que algunos sectores de las FFAA estudiarían como un modelo para posibilitar el desbloqueo en que se encontraba la situación política. Uno de los tantos e importantes síntomas de que algo estaba en marcha en el Ejército, fueron unas declaraciones que efectuó Felipe González (sec. gral. del PSOE), y en las que se adelantaba a proponer el programa de un hipotético gobierno de coalición de su partido con UCD, si la situación “se encaminaba a un proceso a la turca”, subrayando que por el momento no poseía "más datos para decir que este gobierno no puede seguir” ("Cambio 16”, 3/11/80). Días después, un editorial del diario "El País comentaba: "Verdaderamente tarde será cuando la lástima que nos inspire el gobierno sea en realidad lástima por nosotros mismos, y cuando el empeoramiento de la situación internacional haga entrever que el apoyo exterior que cualquier militarismo a la turca necesita para hacer triunfar sus planes, y que ahora no existe, pueda venir solapada o abiertamente de la mano de naciones llamadas amigas” (23/11/80), en una directa referencia al operativo gol-pista que se gestaba y a la posibilidad de un apoyo norteamericano con el ascenso de Reagan. La profusa información y los debates públicos sobre la posibilidad de un golpe acentuaba la crisis y la parálisis de Suárez y su gobierno: pero Suárez callaba. Mientras tanto, las conversaciones patronal-gobierno-sindicatos sobre empleo y salarios se estancaba; la aprobación de la Ley de liberalización financiera disgustaba a la trenza bancaria y no terminaba de satisfacer a la burguesía industrial; la tensión militar crecía hasta límites desconocidos desde el comienzo de la reforma, como consecuencia de la “inacción” gubernamental para enfrentar la movilización vasca a la que se sumaba el irritante factor de los ataques del ETA. Al mismo tiempo, la fracción democristiana (derechista) de UCD se preparaba para pedir la dimisión de Suárez en el Congreso de UCD del mes de Enero. Suárez decreta la suspensión del Congreso sin plazos; pocos días más tarde, y sorpresivamente, Suárez dimite sin explicar causas, aunque pronunciando una frase que lo era todo: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España” (29/3/81). Es claro que con la dimisión, Suárez intentaba frenar los preparativos golpistas y eso se evidenció también en su propuesta de Calvo Sote-lo como sustituto, ya que éste, además de un conspicuo personaje del capital financiero y hombre colocado por encima de los distintos sectores del conglomerado ucedista, era el candidato de reemplazo que los militares y la burguesía barajaban desde hacía ya bastante tiempo (ver “5 Días” y "El País”-31/6/79). Por supuesto y en consonancia con el carácter no democrático del re-gimen, todos estos movimientos se hicieron absolutamente al margen de las Cortes (Parlamento), a las que Suárez obvió en su dimisión al igual que en la propuesta de Calvo Sotelo, haciéndolas por medio de la radio, televisión y ante el Comité Ejecutivo de UCD y el Rey. Sólo después se lo comunicó al Parlamento “soberano”. Ante la situación planteada, la actitud de los partidos obreros, lejos de exigir a Suárez las causas de su renuncia (lo cual suponía denunciar y enfrentar la conspiración gol-pista), fue la de acompañar y cubrir las maniobras de aquél, desarmando así al proletariado para cualquier intervención en la hasta entonces mayor crisis del régimen.

En esta línea, Alfonso Guerra (vicesecretario del PSOE) declaraba: “No serían convenientes unas elecciones anticipadas” (“El País”, 30/1/81), ya que, agreguemos nosotros, la sola probabilidad de un triunfo del PSOE en las mismas (y los sondeos lo anticipaban), amenazaba con provocar la intervención directa del ejército, pudiendo así producirse un choque con el proletariado, cuestión que la socialdemocracia ha venido evitando desde el comienzo de la transición para impedir cualquier situación revolucionaria. Igual posición adoptaba el PCE ante una convocatoria electoral, proponiendo en su lugar la entrada del PSOE al gobierno para “afianzar la democracia”, es decir, reforzar el dispositivo burgués de la reforma política con el concurso directo de un partido obrero en el gobierno. Así, con propuestas colaboracionistas a fondo y encubriendo las razones reales de la dimisión de Suárez, las direcciones stalinista y socialdemócrata prepararon el terreno para que el 23 de febrero, los golpistas encontraran un proletariado inmovilizado y con una confusión política enorme en relación a lo que realmente estaba ocurriendo en el país.

Las razones de la dimisión: fracaso de Suárez.

Es evidente que más allá del ropaje jurídico de la dimisión, lo de Suárez es una caída por anticipación propia, producto no del juego parlamentario sino de una ofensiva del Ejército, la Banca y la Iglesia. Su caída es consecuencia del fracaso de su política para dar respuesta a la crisis económica y a la cuestión de las nacionalidades, fundamentalmente, lo que se evidenciaba en la falencia del régimen para estructurar un cuadro político estable sobre la base de una evolución económica favorable. Superada la amenaza que supuso el proletariado movilizado hasta 1977, la burguesía necesitaba y exigía ir más a fondo en los ataques al movimiento de masas, para poder superar su crisis. La política que Suárez llevó adelante, con más o menos variaciones, consistía en los acuerdos con el PSOE básicamente, y con el PCL en menor medida, al mismo tiempo que consensuaba con las formaciones nacionalistas burguesas; esta política se hundía a pasos acelerados, bajo el peso de un proyecto de “Estado de las Autonomías”, inviable en su origen y de una política económica vacilante y de corto alcance frente a la vasta crisis española.

La cuestión nacional ha constituido uno de los factores centrales de la crisis históricas en España, ya que la unidad del país no se consumó de forma democrática sino sobre la base de la incorporación traumática de las nacionalidades vasca y catalana al Estado monárquico-centralista castellano, lo cual produce cíclicamente la aparición de poderosas tendencias centrífugas en cuanto se presenta un ascenso de masas en el país: así en la década del 30 y luego con la crisis del franquismo.

Con el inicio de la reforma, la burguesía se dispone a hacer frente a la lucha de las nacionalidades, negociando con las burguesías vasca y catalana (al igual que bajo la II República) Estatutos de Autonomía que en el marco de un programa “autonomista” que englobaba al conjunto de las regiones y provincias, difuminaba el reclamo de autodeterminación nacional de vascos y catalanes. De otro punto de vista, este Estado de Autonomías era una maniobra demagógica de la burguesía tendiente a obtener un porcentaje electoral importante, que le permitiera a UCD hacer pie en las nacionalidades y la posibilidad de triunfar (como ocurrió en 1977) en las regiones atrasadas como Andalucía, a las que se prometía "autonomía” como “paso previo” a la solución de su problema agrario. La evolución del proceso político, sancionó a la demagogia burguesa y puso en crisis este plan, dando lugar al crecimiento del nacionalismo radical de ETA y Herri Batasuna (coalición electoral que expresa políticamente a ETA) , por un lado, y a la proliferación de pedidos autonómicos de regiones y provincias, por el otro, acabando en un inmovilismo brutal del gobierno y de los partidos obreros y burgueses, y de allí, a un recrudecimiento de la represión en el País Vasco como única solución. Lejos de liquidar los combates vascos, la represión inclinó más y más a las masas hacia Herri Batasuna, y al Ejército a reclamar algún tipo de intervención militar como única vía para derrotar al pueblo vasco. La situación en el País vasco, la negativa gubernamental a traspasar competencias de gobierno a la autonomía catalana y las interminables negociaciones para que el resto de regiones accedan a la autonomía, carcomieron el precario equilibrio de la política de Suárez, pues las formaciones nacionalistas burguesas presionaban fuertemente para no desprestigiarse ante las masas y los partidos obreros se hundían aceleradamente, consecuencia de su política antinacional y de su estrecha colaboración con el gobierno. Un viraje se imponía; comienza entonces la ofensiva burguesa y militar contra Suárez para abrir paso a un replanteamiento derechista de la mal llamada política “autonómica”. A la misma conclusión conducía a la burguesía el tratamiento gubernamental de la crisis económica. El agravamiento de la coyuntura económica internacional golpea a las puertas de la ya maltrecha economía española, con más fuerza que en el resto de los países europeos. La continua caída de la producción industrial se profundizó a lo largo de 1980, expresándose en Una expansión real de la misma de un 0,6%apenas, elevándose la cifra oficial (es decir no real) de desempleo a un 12,6% lo que significa unos 2 millones de trabajadores en paro sobre una población activa de alrededor de 12 millones. Esto significa a todas luces, un impulso de la crisis por la disminución del consumo interno que sumado a las medidas proteccionistas en el plano internacional, da como resultado la situación industrial que señalábamos. La caída de las exportaciones españolas tiene como contrapartida un aumento de las importaciones que conforman un cuadro negativo de la balanza de pagos que, a fines de 1980, se cierra con un incremento del déficit de 758 millones de dólares respecto a 1979. Por otra parte, la restrictiva política crediticia inaugurada con los Pactos de la Moncloa en 1977 se mantiene y profundiza en 1980, aumentando las quiebras y cierres de empresa como así también las exigencias de la CEOE (confederación industrial) de una revisión de esta política, a lo que el gobierno se niega a acceder con el argumento de la lucha contra la inflación, que de todas formas sigue estando por encima de la media de la OCDE (en 2.6 puntos) y de la Comunidad Económica Europea (en 3,4 puntos). Para agravar el cuadro, el gobierno toma tímidas medidas dirigidas a una apertura a la Banca extranjera que es contestada inmediatamente por la trenza financiera nacida al amparo del régimen franquista, que no quiere saber de nada que disminuya su cuota en el mercado nacional. Las negociaciones para la entrada al Mercado Común se encontraban y encuentran en una impasse enorme, como producto del rechazo de los países integrantes a abrirse a España si ésta no accede a las condiciones de reducir inmediatamente la política arancelaria y proteccionista, así como a una readecuación de la agricultura española que no ponga en peligro a las de Italia y Francia. En este contexto, las diferencias de los distintos sectores burgueses se avivan, agrietando las perspectivas iniciales del proyecto económico de la reforma política”; incluso el único punto en el cual todos coinciden, que es el de descargar la crisis sobre los trabajadores, no basta sino como cuestión de partidos para impulsar políticas económicas que son diferentes para cada sector. Lejos de tomar decisiones claras y orientadas en un sentido determinado, Suárez, como un aspecto más de su política general de acuerdos dirigidos a mantener el equilibrio inestable sobre el que se sustentaba, oscilaba permanentemente lo que motivó la pérdida de apoyo de todos los sectores aún cuando no se encuentren de acuerdo entre ellos sobre el curso a seguir.

El golpe de Estado.

La renuncia de Suárez, no sólo no logra paralizar a los golpistas, sino que acelera sus preparativos, pues ante aquella aumenta el temor de los militares comprometidos y del conjunto de los mandos, ante la incertidumbre que suponía el ascenso de Calvo Sotelo sostenido por los únicos votos de su partido y con un programa y un gabinete que poco diferiría del anterior, excepto en la dureza verbal de las primeras exposiciones del candidato. Era evidente para todo el mundo que el programa de Calvo Sotelo si bien contenía algunas innovaciones en la línea de los reclamos de la burguesía y del Ejército, estaba falto de toda base social y política, lo cual tornaba a su futuro gobierno en algo débil y sin perspectivas quedando así planteado el problema de que su inviabilidad abriera camino a unas elecciones anticipadas que pudieran dar el triunfo al PSOE, ante la disgregación de UCD y la carencia, por tanto, de un partido burgués capaz de enfrentar a aquel. En este sentido, Fraga Iribarne (ex ministro e importante personaje del franquismo, actual líder de Coalición Democrática) declaraba: "No podemos seguir con un gobierno en minoría (...) sino que hace falta unir como en Francia o en Portugal, a la mayoría natural del Parlamento” ("El País”, 1/2/81); esto es, marchar a un gobierno de coalición burgués UCD-CD, que es la línea que viene propugnando Fraga desde el comienzo de la reforma. El rechazo ucedista a esto (índice de la división burguesa), por un lado, y las movilizaciones de masas en el País Vasco a mediados de febrero, a raíz de la muerte bajo torturas policiales de un militante de ETA por el otro, son los dos factores inmediatos que precipitan el golpe del 23 de febrero. Este constituye un intento de superar la tremenda crisis de orientación burguesa, que se demostraba incapaz de armar una salida real a los gravísimos problemas que la situación planteaba; pero, y como no podía ser de otra manera, la división de la burguesía se reflejó de manera particular en las FFAA y allí está la causa del fracaso de la intentona de Tejero, Armada y Milans del Bosch. ¿Qué sucedió? Como se supo después, había en realidad por los menos tres golpes en marcha, lo cual denota con claridad el estado de debate en las filas militares y la dominante tendencia golpista del mismo. Pero mientras unos (Tejero, Milans del Bosch) buscaban la liquidación lisa y llana del proceso de "reforma” y una vuelta a la dictadura militar, otros como el General Armada y un colectivo militar denominado "Almendros”, apuntaban, al parecer, a la formación de un gobierno "fuerte”, de coalición de los partidos y con un militar como presidente, para "reencauzar” la cuestión autonómica y económica. La renuncia de Suárez, si bien impulsó a todos los sectores a una coincidencia apresurada, no resolvió sus diferencias sino que por el contrario las extremó, como se vio en las horas decisivas del golpe, en las que cada sector se movió guiado por su proyecto originario. La taita de una alternativa programática de los golpistas, su división y la confusión general del Ejército son los motivos políticos de su fracaso. Más allá de los bandos rituales y las proclamas resabidas, no había en ningún sector golpista una plataforma precisa sobre los grandes problemas en que se debatía la burguesía. La inmediata condena contra los golpistas de la CEOE y la Banca, así como su posterior participación al frente de las movilizaciones de apoyo al Rey y la Constitución convocadas por los partidos obraros, UCD y CD, hablan a las claras sobre la posición de los capitalistas frente a este golpe. Pero no menos significativo resulta el silencio de la Iglesia hasta después de abortado el intento, así como la demora de los mandos regionales del Ejército en pronunciarse, lo que motivó que el mensaje del Rey demorase 7 horas en llegar a la población. Las informaciones posteriores en relación a la participación de algún Banco importante y otros menores en la financiación de los golpistas, no dejan dudas tampoco, junto con lo anterior, al hecho de que los golpistas no se movían en el vacío sino sobre una base material y política burguesa, cierto que minoritaria. Juan Carlos, que conocía los movimientos hacia el golpe al igual que la burguesía y el Gobierno, no intervino sino para garantizar la preservación de la unidad militar, a la que el accionar golpista marginal y la confusión que se produjo ante la intentona, ponía en cuestión al posibilitar la movilización de masas que hiciera estallar la crisis interna, abriendo una situación caótica y peligrosa para la burguesía. Desde este punto de vista, la postura de freno y de llamados a la desmovilización, lanzado por los partidos y los sindicatos obreros, stalinista y socialdemócrata, además de los nacionalistas burgueses en Cataluña y País Vasco, apuntaban en el mismo sentido que las gestiones reales: impedir la intervención del proletariado en la crisis abierta, para evitar una posible quiebra de la institución garante "de la unidad de España”. El rol del PSOE y del PCE, así como de UGT y de CCOO (sindicatos dirigidos por la socialdemocracia y el stalinismo), llamando a confiar en las "instituciones democráticas” y en el papel "salvador” del Rey, configuran una traición histórica a la clase obrera española, ya que de esa manera permitieron la resolución de la crisis por arriba, en las negociaciones del Rey y el Estado Mayor, dejando a los trabajadores en una situación de desmoralización, temor y pasividad que ha permitido a la burguesía profundizar el retroceso obrero y la derechización de la situación política.

La posición adoptada por las CCOO de Cataluña y saludada por todos los grupos izquierdistas como la LCR (pablista) y el Movimiento Comunista (centristas ex maoístas), de convocar a un paro general de 48 horas al margen de las directivas de no hacer nada de la dirección nacional del sindicato, no constituyó ni en las palabras ni en los hechos una actitud de combate y resistencia antigolpista. En primer lugar, se llamó a parar “en defensa del orden constitucional” y “de todas las instituciones democráticas y de los poderes legalmente constituidos” (incluida la Monarquía, claro está), cuidándose bien de no atacar al Ejército, lo que revela una actitud de subordinación al Estado burgués que blanquea el rol antiobrero que juegan las llamadas instituciones democráticas, al mismo tiempo que limita cualquier movilización a la defensa de aquellas cortándole toda proyección revolucionaria de ataque al Estado y al Ejército. Además, y en la práctica, la burocracia lejos de garantizar la realización de la medida de huelga, dejó en muchísimos lugares de trabajo que “los trabajadores resuelvan democráticamente”, es decir, boicoteaba sus propias resoluciones; y en cuanto se visualizó el fracaso del golpe, ordenó el levantamiento del paro, inmeditamente. Más lamentable y derrotista resultó la posición adoptada por los dirigentes de Herri Batasuna en el País Vasco, que, en nombre de “no sacar la gente a la calle para que la masacraran en defensa del régimen"(El País, 25/2/81), desaparecieron para ponerse a buen recaudo cruzando la frontera francesa por si el golpe triunfaba. Esto deja absolutamente claro, la desconfianza absoluta en las masas de la pequeña burguesía nacionalista, que aunque no dudan en predicar el carácter ultrarrevolucionario del foquismo etarra, desprecian la lucha de masas y la unidad del proletariado español, para en definitiva apostar a una política de “solución de la cuestión vasca en el marco del Capitalismo y del Estado Español” (El Periódico, Nov. 1978, Francisco Letamendía, dirigente de Herri Batasuna). Finalmente, y aunque no tenga la relevancia de las posiciones mencionadas hasta aquí, no se puede dejar de señalar la actitud de la LCR (sección del SU en España) que el 24 de febrero firmaba junto a la burguesía nacionalista catalana, la UCD, los partidos obreros y otros grupos menores, una declaración en defensa de las instituciones democráticas”, que no es sino una prueba más del deslizamiento del pseudotrotskismo al campo de la burguesía. El pablismo, como ampliamente lo ha demostrado en todo el proceso de “reforma”, se suma así al coro de los defensores del Estado burgués ayudando a confundir y desorientar al proletariado. Y mientras los pablistas mostraban la coherencia de sus planteos una vez más los lambertistas del POSI consumaban uno de los virajes más profundos en su política española Después de cinco años de expandir \la idea de que en España no existe la democracia sino el franquismo sin solución de continuidad, en una declaración de 24/2/81 convocaban “a todas las organizaciones (...) de la clase obrera y las que se reclaman de la democracia a... defender la democracia” (subrayado nuestro). En lugar de agitar y organizar el frente único de la clase en defensa de las libertades y las organizaciones obreras como único eje real de oposición al golpismo, el sectarismo infernal de cinco años se convierte en la defensa del sistema democrático-parlamentario de dominación burguesa, es decir, un pasaje al campo del enemigo de clase, con el agravante que para el POSI este régimen no existía hasta el 22/2.

Continuidad de la Crisis

Si bien el golpe de Estado no ha logrado imponerse, ha servido para operar un importante desbloqueo de la impasse en que se encontraba la crisis política burguesa bajo Suárez y agudizada con su dimisión. Esto ha sido posible porque la falta de respuesta del proletariado, extremada con la traición de sus direcciones, le permitió a la burguesía resolver el golpe por arriba, resultando así una derechización de la situación, que aquella trata de aprovechar para profundizar sus ataques y rearmar su dividido frente interno. La convocatoria del Rey a los partidos a los dos días del golpe, expresa claramente lo señalado, pues mientras agita el peligro de que él no podría controlar una nueva intentona, conmina a aquellos en las siguientes términos: “Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión en las últimas horas, pero aún resultaría más contraproducente dicha reacción con carácter de generalidad a las FFAA y a las de seguridad” (El País, 25/2/81). Esto, además de confirmar la actitud del monarca en defensa de la unidad militar de la cual él es cabeza, constituye una amenaza abierta a los partidos obreros buscando presionarles para que profundizasen su línea de colaboración con el régimen, como efectivamente lo hicieron posteriormente. La reacción inmediata del PSOE pidiendo su entrada al gobierno con UCD, es una prueba importante de que los plazos de la reforma como método de dominación se agotan y el rechazo de UCD al reclamo socialdemócrata indica el veto que los militares han impuesto a una coalición social-franquista.

Otro síntoma que revela el carácter  de la situación y las poderosas tendencias golpistas en el Ejército, lo da el informe de Santiago Carrillo al Comité Central del PCE: “Decíamos (…) que estábamos en el punto más bajo de un proceso de cambio democrático y me parece que lo sucedido en estos dos meses largos lo confirma” (Mundo Obrero, 8/5/81). La propuesta del PCE de apoyar la entrada del PSOE al gobierno de UCD, expresa también la utópica idea de que por ese camino se logre frenar un nuevo golpe de Estado. Ahora bien, la formación del gobierno Calvo Sotelo, aunque en condiciones distintas a las que hubiera supuesto su acceso antes del 23 de febrero, no resuelve la crisis burguesa. Porque lo que el golpe ha venido a poner de relieve es la inexistencia de una gran fuerza burguesa unificada, capaz de mantenerse en el poder y derrotar al PSOE en las próximas elecciones. Este gobierno no es más que una salida de crisis, y constituye un gobierno de interregno y débil que se mantiene por la colaboración de los partidos obreros en un grado muy superior que con Suárez y sometido a una presión enorme del poder militar, sin cuyo permiso no toma resoluciones. Desde el vamos, Calvo Sotelo se orientó, con el apoyo directo del PSOE y semiencubierto del PCE, a propiciar una seguidilla de leyes y medidas institucionalizadoras del ya existente dominio militar: Ley de regulación del Estado de Sitio, Ley de “defensa” de la democracia, de “armonización” de las autonomías, intervención aún restringida del Ejército en el País Vasco, etc., las cuales significan pasos decisivos hacia la militarización y que atacan las desvalorizadas y formales libertades democráticas y nacionales. Estas se insertan en la búsqueda de un cuadro de base para la formación de un gobierno de amplia coalición burguesa en la línea que desde siempre viene impulsando Fraga Iribarne, quien impulsa “la formación de un gobierno de emergencia con plenos poderes para hacer frente en un año a los desafíos urgentes del terrorismo separatista, de la crisis económica y del desempleo” (El País, 17/5/81). Sus objetivos son la ¿legalización de Herri Batasu. na en el País Vasco y el “congelamiento” de la legalidad de los grupos menores de izquierda, la intervención militar abierta en el País Vasco, la entrada de España en la OTAN, que junto con una reforma ultrarreaccionaria de la ley electoral, “de sentido a una consulta a las urnas con resultados convincentes” (ídem) esto es, posibilite la derrota del PSOE Estas ideas han encontrado eco en la burguesía y sobre todo en la UCD (donde Fraga cuenta con simpatizantes desde hace tiempo), que por boca del líder del ala democristiana, Oscar Alzaga así lo expresa: “La actual situación política exige un gran gobierno nacional o al menos la modificación de la ley electoral de modo que se pongan las bases para ampliar el espectro de una futura coalición, que incluya a los diputados de Coalición Democrática” (El país, 26/5/ 81).

Afirmando que si se quiere evitar una salida golpista, hay que marchar en esta línea, Fraga señala: “Si las cosas siguen como hasta ahora, no nos sorprendería un triunfo del socialismo o un golpe de Estado o ambas cosas a la vez” (El País, 7/6/81). Aunque este proyecto de “gran derecha” como ha venido a llamarse, es la nota dominante en las actuales discusiones interburguesas, las corrientes favorables a una salida golpista no cejan de batallar por ella. El asalto al Banco Central de Barcelona el 21 de mayo pasado por parte de un grupo que reclamaba la libertad de Tejero y demás golpistas, amén de la continua campaña de Fuerza Nueva (organización fascista) propiciando la intervención militar, supuso un importante hecho en el planificado accionar de estas fuerzas que amparadas en la impunidad absoluta buscan crear una situación de confusión, temor y desesperación que influyendo en el ánimo militar arrastre a la burguesía y al Ejército al golpe. Que no se trata de fuerzas "aisladas” lo dicen las declaraciones del presidente del Banco Español de Crédito, Gonzalo Aguirre: "Puede llegar el momento en que tengamos que hacer una cruzada nacional en que todos prescindamos de muchas de nuestras cosas que quisiéramos defender y nos dedicáramos a sacar adelante a España” (El País, 21/4/81), para agregar que por el momento, "hay que apoyar al actual presidente” (idem). Igualmente, un destacado dirigente patronal, ex senador por designación real, Luis Olarra señalaba "O somos capaces de hacer el pacto social que necesita urgentemente el país o al final alguien tendrá que imponerlo,-(...) si no lo hacen los políticos lo tendrán que hacer otros” (idem). La reciente firma del pacto social por parte del gobierno patronal y sindicatos, que sanciona una drástica reducción del salario y de las condiciones de trabajo, así como un seguro aumento del desempleo indica hasta qué punto el amenazante golpismo se hace presente, pues luego de dos años de interminables discusiones las burocracias han accedido a aceptar los brutales planteamientos patronales. Es evidente, sin embargo, que las intenciones de la burguesía se encauzan en la conformación de la "gran derecha”, pero de caer en una nueva y prolongada impasse las negociaciones en esta línea, no cabe duda qúe el golpismo se convertirá en una amenaza directa. Cualquiera sean los plazos y ritmo, así como los resultados del actual debate burgués, la perspectiva para el proletariado y las masas es de un ataque feroz a su nivel de vida y a las libertades políticas, sindicales y de las nacionalidades. Se trata hoy, de estructurar la lucha contra el pacto social, los ataques a las nacionalidades, por las libertades y en contra del gobierno de Calvo Sotelo que prepara nuevos golpes antiobreros y se esfuerza en el encubrimiento de los golpistas, preparando el camino para la absolución y liberación de Tejero y sus secuaces. Sólo la movilización podrá imponer el castigo de los golpistas e impedir el accionar de las bandas de Fuerza Nueva. Pero el avance y logro de estos objetivos no podrá ser conseguido al margen de una recomposición de abajo arriba de los sindicatos, hoy inmovilizados por la política de la burocracia; es a partir de su revitalización que será posible emprender la lucha, lo cual exige la expulsión de las burocracias stalinista y socialdemócrata y la construcción de una dirección revolucionaria del proletariado español. La intervención de los trotskistas revolucionarios se orienta en ese sentido, como un aspecto decisivo de la construcción del partido revolucionario en España.

 

Junio 1981

 

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