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La burocracia sindical y el gobierno de centroizquierda pactan la destrucción de la jubilación

Por Marco Ferrando
En beneficio del negocio de los fondos de pensión

La burocracia de los sindicatos italianos ha llegado a un acuerdo verdaderamente escandaloso con el gobierno centroizquierdista de Prodi sobre la reforma del régimen previsional. El acuerdo establece que a partir del l9 de enero de 2008, la edad de retiro aumentará de 57 a 58 años, manteniendo la exigencia de 35 años de aportes. Pero hay más.

A partir de julio de 2009, el trabajador deberá “sumar” 95 años entre edad y aportes para jubilarse (60 años de edad más 35 de aportes; 61 más 34, etc.). Esa “suma” deberá llegar, a partir del 2011, a 96 años (61 años de edad más 35 de aportes) y, a 97 a partir del 2013 (62 años de edad más 35 de aportes). En resumen, el acuerdo eleva la edad jubilatoria en cinco años en un plazo de seis años.

De esta manera, el centroizquierda -con el concurso de la burocracia sindical- pretende que da cumplimiento a su promesa electoral de no aplicar el proyecto de Berlusconi de elevar la edad jubilatoria de 57 años a 60 de una sola vez. La estafa es evidente: con la ley de Berlusconi, la actual generación de trabajadores hubiera debido trabajar hasta los 60 años; con el proyecto del centroizquierda y los sindicatos, deberá trabajar hasta los 62.
Para ‘vender’ su traición, la burocracia aduce que el acuerdo alcanzado favorece a los más jóvenes. Un trabajador de 18 años que comience a aportar hoy podría jubilarse a los 58 años (con 40 años de aportes).
¿Pero cómo hará un joven para llegar a la ‘cuota 97’ si la mayoría son trabajadores precarios que trabajan apenas cuatro o seis meses en el año? Los que dicen que este acuerdo “defiende a los jóvenes” son unos mentirosos.
 
Jubilación privada

La reforma previsional pactada por el gobierno de Prodi y la burocracia apunta a promover el negocio de la jubilación privada.
 
El gobierno Prodi anticipó en un año la sanción de la ley sobre los fondos de pensión. Se trata de la columna vertebral de toda la ofensiva contra la previsión social pública. La ley, en varias formas, fuerza efectivamente a varios millones de trabajadores a transferir su propia liquidación (el salario acumulado a cobrar al finalizar la relación laboral) a la previsión privada, es decir a títulos financieros.

El argumento adoptado es esclarecedor: como las jubilaciones públicas serán de hambre, es conveniente para los trabajadores confiar en el mercado.

La destrucción de la previsión social pública -comenzada hace doce años por otro gobierno de centroizquierda y completada ahora con la elevación de la edad jubilatoria a los 62 años- es utilizada para destruir el derecho a la jubilación. Esto porque la transformación progresiva de las jubilaciones en títulos accionarios, inevitablemente fluctuantes, significa la transformación de las jubilaciones en una pura variable de mercado. Naturalmente, empresas, aseguradoras y bancos aplauden todo esto; se está promoviendo una gigantesca campaña publicitaria, con ayuda de los medios, a favor de los fondos de pensión, en una despiadada competencia por el acaparamiento del nuevo y atractivo mercado.

Las grandes empresas, las aseguradoras y los bancos son, más en general, los que determinan la política de Prodi y se benefician con ella. El regalo del negocio de la previsión privada agrega, en los hechos, 10.000 millones de euros al régimen que el último presupuesto le ha regalado a las empresas (a los mismos bancos y aseguradoras), auténtico récord en los últimos años (como admitió cándidamente el propio Prodi).

Todo esto se agrega a las nuevas privatizaciones (Alitalia, Tirrenia, Fincantieri) previstas en el nuevo documento de programación económica (DPEF) que establece el futuro presupuesto. Estas privatizaciones tienen a los bancos como principales compradores.

Las direcciones del centroizquierda, y en particular Prodi y D’Alema, han sido y son la principal orilla política de las grandes fusiones bancarias que se realizaron en el 2006/2007 (Banca San Paolo con Banca Intesa, Unicredito con Capitalia), con un efecto de reforzamiento del peso específico del capitalismo italiano en las finanzas capitalistas europeas, y en su capacidad de proyección hacia Europa Oriental. Hoy, la combinación de la ley sobre los fondos de pensión con la culminación de la contrarreforma previsional, pretende extender significativamente la base de acumulación del capital financiero y por lo tanto de la base material del imperialismo italiano. El hecho de que el mayor regalo al capital bancario haya coincidido con la participación de todos los grandes bancos italianos en el escándalo Parmalat (200 millones que los bancos traspasaron a los ahorristas en las vísperas de la quiebra), habla por sí solo de la medida de la proclamada ‘moralidad’ del centroizquierda y de la burguesía ‘honesta’ en la cual se apoya.

El compromiso público de los aparatos burocráticos a los ojos de millones de obreros -llamados otra vez a realizar sacrificios por sus patrones- ha abierto una contradicción profunda entre esos aparatos y las masas. Hay una profunda crisis de confianza, todavía mayoritariamente pasiva pero que comienza a registrar las primeras reacciones combativas de sectores crecientes de la vanguardia.

El Movimiento por la constitución del Partido Comunista de los Trabajadores -principal oposición de izquierda- trabaja para unificar estas reacciones de clase en torno a un proyecto anticapitalista autónomo.

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