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Chile, en una nueva etapa política

Por Partido Obrero Revolucionario (Chile)

Después de la victoria de una huelga histórica

La espectacular victoria de la huelga de los mineros subcontratados (tercerizados) de la estatal Codelco abrió una nueva situación en Chile. Tras 37 días de huelga, los mineros quebraron el marco laboral y sindical impuesto por Pinochet y mantenido por la Concertación: la eliminación de las negociaciones colectivas por sector. "No fue una huelga más: marcó un punto de inflexión en la agenda política y social'' advierte la corresponsal de Clarín (5/8) en Santiago.

Los mineros le impusieron una dura derrota política al gobierno de la Concertación y a toda la burguesía chilena.
La huelga de los 28.000 subcontratados de la Codelco (dos tercios de su fuerza laboral) fue histórica por muchos motivos: por su duración; por sus métodos (los piquetes “rigurosos” contra cameros y capataces, el bloqueo de los accesos a las minas, las movilizaciones, la resistencia a la represión policial); por la enorme combatividad demostrada por los trabajadores, que soportaron inauditas presiones del gobierno y la empresa para quebrarlos.
 
La huelga movilizó al sector más sumergido de los mineros, cuyos salarios son la mitad (o menos) de los contratados (trabajadores en blanco), con menores (o ninguna) cobertura previsional o de salud, con jomadas de trabajo más largas y ritmos de trabajo más duros.
 
Esta huelga fue el resultado de un largo proceso de organización que dio lugar al nacimiento de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los sindicatos de empresa de las sub-contratistas. Su objetivo era establecer la negociación colectiva de los contratados con la empresa principal (en lugar de negociar separadamente con cada una de las subcontratistas). Por su propio objetivo, la CTC es una organización ‘subversiva’ ya que la legislación chilena obliga a los sindicatos de los subcontratados a negociar con las subcontratistas.
 
La Federación de los Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a los trabajadores en blanco, se negó a organizar a los subcontratados; Raimundo Espinoza, presidente de la FTC, es, también, integrante del directorio de Codelco.
 
Durante la campaña electoral que llevó a Bachelet a la presidencia, los subcontratados de la mina El Teniente fueron a la huelga y obligaron a todos los candidatos a comprometerse a reformar la ley de subcontratación. En 2006, la Concertación impulsó una nueva “ley de subcontratación” que dejaba en pie lo esencial de la ley pinochetista. Para empeorarla todavía más, el Tribunal Constitucional, a pedido de los legisladores de la derecha, derogó uno de sus artículos permitiendo la existencia de “incontables subempresas de la misma casa matriz para intentar evadir el cumplimiento de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores” (Clarín, 5/8).
 
Luego de sancionada la ley, los subcontratistas volvieron a la huelga, pero no lograron imponer sus reivindicaciones. A pesar de ello, el proceso de organización de los subcontratados continuó extendiéndose.
 
Un gobierno antiobrero... derrotado
 
El 25 de junio comenzó la huelga. Un intento de último momento del partido comunista para evitar la huelga -según el diario El Siglo, el dirigente del PC J. Insunza se entrevistó en privado con directivos de la Codelco para que otorgaran algunas reivindicaciones que permitieran que no se declarara la huelga- fracasó.
 
Los huelguistas reclamaban negociar con la Codelco (empresa principal) un bono extraordinario (por las ganancias extraordinarias de la empresa a consecuencia del aumento del precio internacional del cobre) y la equiparación salarial, de condiciones de trabajo y beneficios sociales con los trabajadores contratados.
 
La patronal, el gobierno de Bachelet y la burguesía realizaron enormes esfuerzos para quebrar la huelga.
Inicialmente, la empresa, respaldada por el Ministerio de Minería, el de Hacienda y la propia Bachelet, rechazó cualquier negociación con la CTC. Mientras la empresa se negaba a negociar y despedía huelguistas (150 a lo largo de todo el conflicto), el Ministerio del Interior enviaba a la policía contra los trabajadores. Decenas de trabajadores fueron detenidos en el curso de la lucha.
 
La burocracia de la FTC, mientras tanto, atacaba a los huelguistas por los medios. Más ‘diplomática’, la burocracia de la CUT (central sindical), convocó a un paro general de apoyo a los mineros... para el ¡29 de septiembre!
 
Pero la huelga no cedía. Al contrario, las asambleas crecían y las medidas de lucha se radicalizaban.
 
El gobierno intentó dividir y desmoralizar a los trabajadores firmando acuerdos por las reivindicaciones reclamadas con los sindicatos de subcontratistas que no se sumaron a la huelga.
 
También esto fracasó. La continuación de la huelga puso en crisis al gobierno. El ministro de Interior y el ministro de Trabajo impulsaron que se negociara con la CTC; el ministro de Hacienda, respaldado por la burguesía, reclamó que se aplicara la Ley de Seguridad, se reprimiera a los piqueteros con la policía y se despidiera a los huelguistas. En otras palabras, que se aplicaran los métodos de Pinochet para dejar en pie el marco laboral y sindical legado por este.
 
Conocedora de los peligros, la Iglesia rechazó el recurso a la represión. Obligó a la empresa y al gobierno a aceptar la negociación con la CTC y actuó como ‘mediadora’. Codelco se vio obligada a satisfacer la mayor parte de los reclamos de los huelguistas: el pago del bono, la indexación semestral de los salarios, la indemnización para los subcontratados despedidos, el pago de horas extras proporcional al salario, la contratación de seguros por muerte o invalidez total, y un seguro complementario de salud. Codelco, incluso, tuvo que aceptar el pago de una parte de los días caídos.
 
“Todo culminó con una escena que hizo estallar a los gremios empresariales: la empresa matriz, Codelco, aceptando buena parte de las reivindicaciones de los trabajadores subcontratados” (Clarín., 5/8).
 
Los trabajadores le habían impuesto una derrota política fundamental al gobierno de la Concertación y a toda la burguesía chilena.
 
El significado de la victoria
 
“La subcontratación y la imposibilidad de negociar colectivamente en forma asociativa, evitando que los trabajadores de un mismo rubro o de una misma empresa se unan en sus demandas laborales, es parte de los mecanismos institucionales (de lo que se conoce como) el famoso modelo económico chileno (...) El enorme logro político de los trabajadores subcontratistas de Codelco (es) que han abierto la ruta para desmontar esta máquina demoledora de biología y vida (...) que es el milagro económico chileno” (Crónica Digital, Santiago de Chile, 1/8).
 
El ‘milagro’ chileno se apoya en dos millones de contratados con salarios de extrema miseria, sin cobertura ni protección de ninguna naturaleza (contra despidos, accidentes, etc.). La organización y movilización de los subcontratados quiebra el cuadro político y social armado por Pinochet y continuado por los demócratas. Por esta razón la burguesía reclamó a la Concertación la “máxima dureza” con los huelguistas. Por eso el gobierno fue tan intransigente y se negó durante un mes a otorgar reivindicaciones que apenas agregan un 1% a los costos de producción de la empresa (El Mercurio, 2/8).
 
La huelga minera empalma con la lucha de los estudiantes secundarios, que el año pasado ganaron las calles y ocuparon los colegios para reclamar la derogación de la ley educativa de Pinochet. Los secundarios no lograron torcer el brazo del gobierno; los mineros, sí. Por eso, el impacto de su lucha “fue más demoledor de la institucionalidad de Pinochet” (Clarín, 5/8). Después de los secundarios y los mineros, es claro que la auténtica democratización de Chile viene de la mano de la lucha obrera y popular y de la derrota del gobierno de la Concertación.
 
Lo que estaba en juego era, antes que nada, una cuestión política. Y en esa batalla política, el gobierno y la burguesía fueron derrotados. Por eso la corresponsal de Clarín dice que “la huelga cambió la agenda política y social” de Chile.
 
Se viene la maroma
 
La victoria de la huelga de los subcontratados de la Codelco desató un alud de reivindicaciones: se anuncian huelgas en la construcción, en las contratistas de las mineras privadas, en el transporte público, en el sector forestal.
 
Los subcontratistas de la petrolera estatal (Enap), organizados por el Sintrac (Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas), reclaman incrementos salariales a la empresa alemana DSD. La empresa fue contratada por Enap para la realización de trabajos en la refinería de Concón, 140 kilómetros al norte de Santiago. El sindicato denunció las “prácticas fascistas” de la empresa que despidió 203 trabajadores que habían participado en anteriores reclamos. En dos días de huelga, los trabajadores obtuvieron un 15% de aumento salarial.
 
De la mano de la movilización de los trabajadores y la juventud, Chile va entrando en el torrente latinoamericano. La declaración aprobada por la CRCI en junio pasado lo señalaba claramente: “El último en el pelotón, pero cada vez más importante, (es) Chile, conmovido por la rebelión adolescente en la educación, las crecientes huelgas mineras y las manifestaciones irrefutables de un agotamiento definitivo del régimen político de la Coalición democristiana-socialista y del gobierno de Bachelet”.
 

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