El gobierno de Hugo Chávez busca más mecanismos de regimentación y control de la clase obrera. Reguero de conflictos sindicales en todo el país.
El gobierno de Hugo Chávez procura introducir una novedad histórica: la creación de “consejos obreros”… por ley. Aunque la idea recién tiene estado legislativo y se encuentra en debate de comisiones, esos “consejos” ya empiezan a proliferar, impulsados por organismos públicos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Entretanto, en el Parlamento se discuten dos proyectos en ese sentido: uno del Frente de Trabajadores Boliviarianos (FBT) y otro del Partido Comunista.
Si durante toda una época (1958-1998) el partido Acción Democrática tuvo el control de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), ahora Chávez busca todos los mecanismos posibles para tener él mismo sindicatos dóciles. Los “consejos de trabajadores” en formación serán otra de esas herramientas y no la menos importante, al punto que tendrán amparo legal y potestad para decidir una huelga. O, mejor dicho, no habrá huelga legal sin el permiso de esos organismos propugnados por el Ministerio de Trabajo.
Entretanto, con “consejos” o sin ellos, se suceden conflictos obreros en todo el país.
Movimiento obrero en lucha
En la región de Guayana, donde funcionan empresas básicas o de bienes primarios como la extracción y refinación de hierro y aluminio, está la compañía más grande del país: Siderurgia del Orinoco (Sidor), cuyos principales accionistas son el Estado venezolano y el grupo argentino Techint. Antes de su privatización, algunas acciones fueron entregadas a una franja de trabajadores, principalmente a retirados.
Hace poco, Chávez amenazó con nacionalizar Sidor, pero poco después -tras recibir un llamado telefónico de Néstor Kirchner- sus portavoces anunciaron que eso no sucedería. Los trabajadores de la planta permanente, organizados en el sindicato Sutis, y los subcontratados, se movilizan por la expropiación de la empresa. Unos y otros denuncian las condiciones de sobreexplotación e inseguridad en las operaciones de la compañía.
En Maracay, capital del estado de Aragua -junto con el estado Carabobo constituyen la región donde se asienta la mayoría de las manufactureras del país- se desarrolla el conflicto más importante de los últimos años, sobre todo por el nivel político que ha logrado: la ocupación y puesta en producción por sus trabajadores de Sanitarios Maracay.
Al cerrar, esa empresa tenía 800 trabajadores. Ahora, los compañeros han rechazado la propuesta gubernamental de organizar una cooperativa y convertirse en socios minoritarios del Estado, para lo cual debían renunciar al sindicato. La lucha de los trabajadores prosigue y se ha conseguido, junto con la UNT regional, que se lanzara un paro de un día en el Estado para respaldar el conflicto.
También en Maracay hubo un referéndum entre los trabajadores del principal diario de la región, El Siglo, acerca de qué sindicato debía representarlos. En esa pugna venció Sinbotrasiglo, en contra del “sindicato” patronal. Empero, el dueño de la publicación, Tulio Manasés Carriles, se negó a reconocer el triunfo de los trabajadores y fue respaldado en esa postura por los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los mismos que impulsan los “consejos de trabajadores”. Enseguida, tres periodistas del diario fueron despedidos porque, según gritó el mismo patrón, “aquí se hace lo que me da la gana porque para eso yo lo mando al Didalco” (Didalco Bolívar Graterol es el gobernador de Aragua).
A veinte minutos de Caracas, en Guarenas, estado de Miranda, el sindicato Suprofard de Acumuladores Duncan, empresa beneficiada con el proyecto gubernamental “Venezuela Móvil”, está en conflicto desde octubre de 2006, porque, apenas esa organización sindical presentó su anteproyecto de convenio colectivo de trabajo, la empresa dejó de ingresar materia prima en la planta y trasladó la producción a Cagua (estado de Aragua). La planta de Guarenas empezó a ser desmantelada.
En Valencia, otra zona manufacturera, se desarrollan, entre otros, conflictos en Empresas Diversas 2000 (empacadora de autos), Asados Los Miñotos (restaurante), Cofbel (mangueras y correas para automóviles y para la industria petrolera) y Rualca (riñes de aluminio). La presión patronal y la colaboración de funcionarios del gobierno forzaron a trabajadores de algunas de esas firmas a ceder, doblegados por el desgaste y por el hambre.
Petroleros
Los trabajadores de PDVSA, la petrolera estatal, se ven entrampados en un pacto antiobrero anudado entre el directorio de la empresa, el Ministerio de Trabajo, los patrones privados de las empresas mixtas y la burocracia sindical.
El contrato colectivo de los trabajadores petroleros venció el 21 de octubre del año pasado. Sin embargo, por un acuerdo entre PDVSA y la burocracia -lleva varios años sin convocar a elecciones- se acordó una prórroga, vencida el 21 de enero. Han transcurrido cinco meses y el convenio sigue pendiente. Los trabajadores de base no reconocen a la actual comisión negociadora del convenio, que ya aceptó quitar de la convención colectiva la tarjeta electrónica de alimentación (TEA) y dio su visto bueno para que los préstamos de vivienda se rijan por las normas internas de PDVSA -es decir, a discreción de la empresa y de acuerdo con sus parámetros- en vez de ser parte de la negociación de la contratación colectiva. En pocas palabras: lo que antes eran conquistas obtenidas por la lucha obrera, ahora quedan al arbitrio patronal.
Además, los petroleros denuncian la pretensión de postergar las elecciones de su federación hasta después de que la burocracia y PDVSA pacten el nuevo contrato. Se trata de una maniobra vil, que atenta contra elementales garantías democráticas y violenta la soberanía e independencia de los trabajadores.
Privatizaciones
El gobierno privatiza los hipódromos. Ya ocurrió en el Zulia y ahora preparan la misma jugada en Valencia y Caracas.
Primero se saneó la administración hípica, se pagaron las cuentas pendientes y se recuperaron infraestructuras. Luego se empezó a pagar a los empleados con cheque en mano y gran eficacia, muy distinta a la desidia que llevó al colapso el negocio hípico.
Ahora, cuando la explotación de hombres y de caballos vuelve a ser rentable, el Estado la entrega en bandeja a un pequeño grupo, sin licitación conocida. El trabajo de limpieza de establos y de instalaciones administrativas se lo darán a cooperativas, para hacer creer que el pueblo participa.
Así se transfiere toda la explotación de la jugada, la transmisión de las carreras por el circuito interno, la explotación de la señal de satélite y el manejo completo de las apuestas a un grupo conocido como “Los Galápagos”, que pagará un canon al Instituto Nacional de Hipódromos.
La revolución por aquí no pasó
La revolución bolivariana no frecuenta los sitios donde el capital manda al trabajo. La lucha por la transformación social tiene que ser obra de la clase obrera. Su tarea es construir el partido de los trabajadores, tomar el poder político y eliminar a la clase social que vive de nuestro trabajo, la burguesía.
