Un “panel do notablou", nombrado por ni Bocretario General de la ONU, Knfl Atinan, acaba de plantear una serie de cambios para el funcionamiento de las Naciones Unidas. Son “los más exhaustivos desde su creación en 1945” (El País, 2/1). Cuando la ONU fue creada, la conducción quedó entonces en manos de los cinco miembros “permanentes” de su Consejo de Seguridad, con poder de veto (Estados Unidos, URSS, Inglaterra, Francia, China). Otros diez miembros “no permanentes” rotan anualmente en la integración del Consejo.
La reforma en curso propone incorporar otros seis miembros “permanentes”, aunque sin poder de veto, al Consejo de Seguridad (Alemania, Japón, Brasil, India, Egipto y Nigeria -o Sudáfrica-). Otra variante sería crear una nueva categoría de miembros “semipermanentes” que participarían del Consejo durante un período de cinco años. El argumento es que se trata de tener en cuenta, en cualquier caso, la nueva realidad mundial.
El otro aspecto de la “reforma” se refiere a garantizar la “legalidad” de una “fuerza militar preventiva” capaz de intervenir en cualquier parte del planeta con el argumento de la lucha “contra el terrorismo”, lo cual implica dejar de lado las normativas vigentes sobre las “soberanías nacionales”. Luego de violar todas las normas del propio “derecho internacional” en los casos de Yugoslavia, Afganistán e Irak, el imperialismo pretende ahora adaptar la ley y el derecho. Con la “fuerza militar preventiva” se pretende una licencia para matar.
La cuestión de la reforma de la ONU pone de relieve que la organización imperialista del planeta ha entrado en contradicción con el andamiaje jurídico internacional montado en la década de 1950. La vigencia del estado de derecho, entre golpes de Estado y masacres de poblaciones, y de la economía de mercado, bajo el comando del más fuerte, enfatizaba la defensa del derecho de propiedad, del Estado y de la libre circulación de personas y “bienes”. Sobre estas bases se firmaron todos los tratados que encaminaron la restauración capitalista en la ex URSS: los de Helsinki (1975), de Cooperación y Seguridad, y los de la Organización Mundial de Comercio.
Esta arquitectura política y jurídica ha cumplido su función y se ha transformado en anacrónica. El derrumbe de los ex estados obreros ha puesto a la orden del día el desmantelamiento de sus regímenes de estatismo económico y planificación burocrática, lo que ha abierto un período de convulsiones sociales y políticas, desintegraciones estatales y rebeliones populares. Los yanquis han tomado la delantera en la denuncia de las limitaciones del “derecho internacional” (para sus propios intereses). La burguesía norteamericana cuestiona sistemáticamente todo el esquema de “pactos” que forman parte del sistema legal de Naciones Unidas (medio ambiente, Corte Penal Internacional), en defensa de su propio Estado de excepción, la Patriot Act.
En la misma línea, el gobierno yanqui viene atacando sistemáticamente a Kofi Annan y a la ONU. Pretende así un nuevo cuadro de negociaciones con las potencias rivales. Los partidarios de ‘democratizar’ la ONU, por su lado, se la pasan reculando, limitándose ahora a la ampliación del Consejo de Seguridad. Pero incluso esto chirria, como lo demuestran los enfrentamientos entre Alemania e Italia, y Brasil y Argentina, que reclaman para sí un lugar en el Consejo.
Mientras se discute, la crisis internacional y las guerras siguen su curso. EEUU está aprovechando la catástrofe del tsunami para instalarse militarmente en Indonesia. En otro escenario, los gobiernos progresistas a la Kirchner, Lula y Tabaré Vázquez están en Haití, sosteniendo a un gobierno impuesto por Bush. Reprimen con el “paraguas” del organismo internacional y en nombre también… de la paz mundial.
En definitiva, el propósito de la “reforma” de la ONU es reforzar los instrumentos de intervención del imperialismo, aunque sus ideólogos intente^ [-presentar la cuestión como una suerte de “democratización” del poder en el escenario internacional. El proyecto reformista, de todos modos, enfrenta un cuadro mundial dominado por tendencias a la catástrofe económica y social, la rivalidad entre las grandes potencias, la guerra de los pueblos oprimidos, la descomposición interior de los regímenes políticos… Son los factores que condicionan la propia “reforma” y evidencian los límites insuperables de la decadencia del orden mundial capitalista.
