En Bolivia está perpetrándose la mayor operación de entrega nacional que haya registrado la historia del país. El 18 de julio, un plebiscito fraudulento aprobó la propuesta oficial que excluye la nacionalización de los hidrocarburos (gas y petróleo). El presidente Mesa, en gira en el extranjero, no se cansó de repetir que Bolivia posee 55 trillones de pies cúbicos de gas, de los cuales sólo podría consumir dos trillones en las próximas dos décadas (obviamente, en las actuales condiciones de pobreza y desindustrialización rampantes del Altiplano…), por lo que la salida “exportadora” es la única posible. No dijo, claro, que el costo internacional de extracción de un barril equivalente de petróleo es de 5,60 dólares, mientras que en Bolivia ese costo (bajos salarios, exenciones impositivas, disponibilidad natural e infraestructura estatal “regalada”) se reduce a un dólar para Repsol y a 0,97 para Amoco (Global Upstream Performance Review, 2003), el más bajo del mundo.
Casi el mismo día en que prestaba públicamente “homenaje” a los caídos ! en la insurrección de octubre de 2003 (cuando él era el vice del presidente minero-petrolero Sánchez de Losada), Mesa firmaba un contrato de exportación ; de gas a la Argentina con Repsol/Petrobrás. El contrato deberá rendir a las petroleras un lucro anual de 1.700 millones de dólares, dejando regalías fiscales a Bolivia por… 70 millones.
El proyecto de Ley de Hidrocarburos que fue enviado luego del referéndum, contiene un artículo (el 5) que establece “la recuperación para el Estado boliviano de todos los hidrocarburos en boca de pozo”. Aunque suena ‘radical’, constituye la réplica al reclamo de la “nacionalización total de la infraestructura y activos de las empresas” y se limita a establecer una modalidad de negociación del precio sobre el que deberán tributar los monopolios. Este artículo 59 no provocó ninguna fuga de capitales: la mayoría de los empresarios ya anunció su disposición a “convertirse a las nuevas modalidades de contratos” (Bolivia Press N°- 15, 22/11/04). El proyecto, mientras tanto, está siendo despedazado en el Congreso.
¿De dónde viene el sustento político de Mesa? En lo sustancial, del apoyo de la “izquierda” boliviana, tanto en su vertiente “moderna” (Evo Morales) como en la “radical-étnica” (Felipe Quispe). Incluso se estaría preparando una transición hacia una administración “de izquierda” a partir de 2007, cuestión ya admitida por Mesa (Clarín, 23/4/04). La dilación del debate del proyecto de Hidrocarburos hasta llegar a la transición es encabezada por un conjunto de diputados, entre los que sobresale el líder parlamentario del MAS de Evo Morales, Sandy (Bolivia Press N916, 14/12/04).
El movimiento de masas, pese a las declaraciones altisonantes de sus líderes, ha entrado, mientras tanto, en una fuerte impasse. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto suspendi ó el paro general de actividades que había convocado para el 29 de noviembre. Después de haber rechazado la presencia de ministros en la localidad, cedieron ante una presión conjunta de la Presidencia… y del MAS. El MAS ya había desarmado la gran movilización de octubre, cuando una vigilia minero-campesina se había instalado alrededor del Parlamento, en La Paz. Para sacarse de encima esta presión hubo una votación de la Ley de Hidrocarburos, después declarada “puramente formal”, que fue seguida de “una reunión de los jefes de los grupos parlamentarios, en la cual el líder y diputado del MAS, Evo Morales, se comprometió a pedir a sus seguidores en las calles que regresaran a sus pueblos” (El País, 22/10/04).
El MAS es el gran bombero; el problema es: ¿con qué alternativa política superarlo?
En esto marco se produjeron, a inicios de diciembre, las elecciones municipales. La prensa internacional las caracterizó como un gran viraje político, que importaba una derrota de los partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN, MBL, NFR) y una gran victoria del MAS. En realidad, hubo una abstención del 40% (el voto es obligatorio), el “gran victorioso” obtuvo solamente el 11% (o sea, poco más del 6% del padrón total), y no ganó en ninguna de las diez ciudades más importantes.
Las elecciones fueron una verdadera orgía de la “sociedad civil” y de las “autonomías étnicas”, pues se
presentaron 17 partidos políticos, 62 pueblos indígenas y nada menos que 337 “agrupaciones civiles”. Sería ingenuo subestimar los efectos de este carnaval. El débil desempeño de los “indígenas” “permite sospechar que quienes los registraron no representaban al pueblo en cuestión”; las tales “agrupaciones ciudadanas” vencieron en las ciudades más importantes, “pero en todos los casos con un candidato de vieja procedencia partidaria” (especialmente derechista). En las diez ciudades más importantes (las nueve capitales más El Alto), por ejemplo, “los ganadores han sido alcaldes hasta hace muy poco” (¡!); el MAS “ha avanzado muy poco en los municipios urbanos (y) por lo demás no está dando señales de un modo de hacer política que lo distinga de los partidos quebrados” (Bolivia Press NQ16,14/12/04). Asistimos a un reciclaje de la vieja rosca burguesa, que para ello no hesita en reivindicar la “nueva política (anti-partidaria)” y hasta la “autonomía étnica”.
Los “grupos ciudadanos” (Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, El Alto) y los partidos (Trinidad, Cobija, Tarija, Sucre) vencedores se vinculan explícita o implícitamente a Tuto Quiroga, el político más próximo a la Embajada norteamericana. Los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz, los distritos que poseen las mayores reservas de gas y petróleo, están planteando (con “paros ciudadanos” y todo) una reforma constitucional que habilite la “autonomía” a esos departamentos y, en consecuencia, la propiedad del subsuelo. Mesa y los altos mandos confirmaron que “el camino para la creación de autonomías en Bolivia es irreversible” (EFE, 16/11/04).
Bolivia presenta un potencial de disolución nacional que dificulta enormemente la tentativa de estructurar una variante de gobierno del tipo de Kirchner, Lula o Tabaré Vázquez.
En realidad, la presión que ejercen sobre Bolivia sus vecinos de izquierda, en defensa de Repsol o Petrobrás, acentúa la tendencia a la disgregación. Un ensayo de gobierno de la izquierda democratizante en Bolivia chocaría incluso con los apetitos de los gobiernos de la izquierda democratizante de la región. A este entrevero hay que sumar el factor principal de la ecuación, el imperialismo yanqui, cuyo proyecto principal es el envío de gas licuado al mercado norteamericano.
Sólo la continuidad de la revolución iniciada en 2003 puede sacar a Bolivia de esta impasse. Como ocurrió con el levantamiento de octubre, el principal enemigo de la revolución son los Kirchner y los Lula, es decir que se plantea una revolución continental. La vanguardia obrera boliviana, una de las más politizadas del continente, puede estar a la altura de la tarea planteada.
