Una serie de hechos parecería indicar la consumación de un arreglo político para rescatar al gobierno capitalista que preside Lula: la victoria de Ricardo Berzoini (candidato de la dirección partidaria “lulista”) en las elecciones internas del PT; la elección de Aldo Rebelo (del PC do B, agente de Lula) a la presidencia de la Cámara de Diputados; el entierro melancólico de las CPIs (comisiones parlamentarias de investigación) dedicadas a investigar los esquemas de corrupción y, en especial, al ex hombre fuerte del partido y el gobierno, el ex ministro y diputado José Dirceu; la confirmación de la política económica y de su ministro, Antonio Palocci -respaldado inclusive por la oposición derechista-, también acusado de liderar diversos esquemas de corrupción en la ciudad de la que fuera intendente, Ribeiráo Preto.
Este arreglo no obedece solamente al temor de que las investigaciones de corrupción también puedan alcanzar a los “opositores”, como ya comenzaba a ocurrir con el PSDB. También metió la mano el imperialismo norteamericano: “Los problemas enfrentados por el presidente Lula traen perspectivas negativas para el avance del libre mercado en América Latina, y para los intereses de los EEUU en la región”, advirtió The Wall Street Journal (12/8). Trascartón, en octubre y noviembre el representante del Tesoro yanqui (John Snow) y el propio Bush visitaron Brasil y se pronunciaron claramente en defensa del gobierno Lula. Lo mismo hicieron los principales diarios.
Con semejante coro, la filósofa “marxista” (?) oficial del PT, Marilena Chauí, creyó llegado el momento de romper “corajudamente” (?) el criticado “silencio de los intelectuales” y declarar seis meses después del inicio de la crisis que ésta no pasaba de una farsa montada (Folha de Sao Paulo, 15/11). La emérita profesora consiguió, finalmente, transformar el marxismo en papel higiénico.
En los dos últimos años, Lula-Palocei han pagado casi 300 mil millones de reales a les tenedores de la deuda pública (mientras aplicaban menos de mil millones para la reforma agraria, o cinco mil millones para las universidades públicas, lo cual tampoco sirvió para reducir la propia deuda, que era de 900 mil millones de reales en diciembre de 2003, y alcanza actualmente el billón de reales. Ei gobierno Luía na reforzado su alianza con los especuladores financieros internacionales.
La fiesta de los acreedores, en primer lugar los bancos “nacionales”, es orgiástica. El Itaú anunció, a mediados de 2005, el mayor beneficio de la historia bancaria nacional para un semestre: casi 2.500 millones de reales; la semana siguiente, el Bradesco le mató el récord anunciando lucros superiores a 2.600 millones de reales. ¿Y los industriales? Vale do Rio Doce (CVRD), principal empresa privada, anunció, para el mismo semestre, lucros de… 5.100 millones de reales. Petrobras, “estatal”, en realidad controlada por la Bolsa… 9.900 millones de reales. La “renuncia fiscal” del Estado en beneficio de los capitalistas crecerá 12% en 2005, alcanzando el récord histórico de 27 mil millones de reales.
¿Fin de la comedia? El problema es que no hubo ninguna comedia. La “nueva” dirección petista, un acuerdo de mayoritarios y opositores “izquierdistas”, finge oponerse al ajuste fiscal y la política económica. La nueva coordinadora política del gobierno, Dilma Rousseff, calificó el “ajuste fiscal de largo plazo” de Palocci como “rudimentario y suicida”, sin por eso plantear una crisis de gobierno, o sea exigir que Lula eche a Palocci. Se pretende demostrar que en el PT todavía hay una posibilidad de cambio o de reforma, a fin de mantenerlo unido para las elecciones de 2006.
La desintegración del PT, como consecuencia de las denuncias de corrupción, se ha hecho irrevocable. El resultado de la interna partidaria provocó la salida en masa de numerosos cuadros, incluidos más de una decena de diputados y senadores que, casi todos, han ido a engrosar las filas del recién legalizado PSOL. Cargado de deudas impagables, contraídas para financiar “por izquierda” las campañas del partido y el bolsillo de sus dirigentes, es probable que el PT acabe como cualquier empresa en quiebra, con la formación de un nuevo lema partidario y la imputación de los pasivos a un PT residual. El PT ha sido una creación oportunista construida en torno a la figura de Lula, no en torno a un programa y a cuadros formados por ese programa.
El PT se ha convertido desde hace mucho en un grupo de intereses creados: más de 400 intendentes, tres gobernadores, 90 diputados nacionales y más de 150 diputados estaduales (provinciales), todos con su cohorte de asesores y secretarios, sin hablar del aparato del gobierno federal (Lula) y sus miles de “cargos de confianza”. El aparato sindical (CUT) tiene más de 100 mil personas “liberadas” (del trabajo) y más de 20 mil directamente empleadas. La máquina partidaria del PT, a su vez, emplea a más de 50 mil funcionarios. Un verdadero ejército de “dependientes”.
La desintegración del PT no ha producido una modificación de los marcos ideológicos y programáticos que el partido dejó establecidos en Brasil al tiempo de su fundación y, en especial, cuando se acentuó el reflujo de las luchas populares. La crisis ha abierto un período de efervescencia entre los sectores politizados de la intelectualidad y entre los obreros más avanzados, que rápidamente comprobarán los límites de las respuestas improvisadas a la agonía del PT.
La crítica de la izquierda que abandonó el PT frente al gobierno de Lula, plantea imponer un giro en la política económica (no la ruptura anticapitalista), que en la práctica significaría devaluación y default, una catástrofe para las masas. Se limita a criticar el superávit fiscal y las elevadas tasas de interés y a reclamar un mayor pacto social. En el plano político, planteó el juicio político a Lula (impeachment) incluso por medio de un plebiscito.
La izquierda del PT, la burocracia de la CUT y el MST (campesino) se lanzaron a reforzar el apoyo a Lula, con el pretexto de que había en curso un golpe aerecnista. ü/i presiüente ae ia uui ingreso ai Ministerio de Trabajo. En cuanto a la “izquierda” petista, con lazos con la administración directa e indirecta del Estado, posiciones y privilegios parlamentarios, optó por defender al gobierno con vistas a obtener mejores posiciones para la disputa electoral de 2006. En su documento dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, firmado conjuntamente por todas las tendencias de izquierda del partido, se llega a decir que “paradojalmente, nunca un gobierno hizo tanto contra la corrupción” (“Proposta de Resolucáo para a CEN do PT”).
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue formado por diputados y una senadora que fueron expulsados del PT cuando se negaron a votar una reforma privatista de las jubilaciones. Hasta ese momento, habían apoyado la Alianza PT-Partido Liberal y mantenido la disciplina cuando se formó el gabinete con la Federación de Industrias, la Sociedad Rural y el Banco de Boston. El PSOL, que se define como un partido “de ruptura democrática con el orden actual”, planteó, en la crisis reciente, “unificar las luchas que están en curso en este momento con la necesaria lucha por la investigación cuidadosa de las denuncias y el castigo de los culpables”. También inició una recolección de firmas para convocar un referéndum que destituyese a Lula y anticipase las elecciones.
El PSOL aspira a un rédito electoral de la crisis: su patrimonio es el carisma de su principal dirigente, Heloisa Helena, a quien las encuestas otorgan el 5% de la intención de votos para presidente, en 2006. El PSOL reivindica el retorno a las posiciones originales del PT. Recientemente obtuvo las adhesiones de nuevos parlamentarios afectados por el derrumbe político y moral del PT, incluido un senador que debió renunciar enseguida, luego de que fuera comprobada su propia participación en los esquemas de corrupción de Marcos Valerio. Esto agudizó las luchas internas en el PSOL, encendiendo la alarma en algunos sectores más avanzados, que no quieren limitarse a una repetición farsesca de la tragedia petista.
El PSTU (LIT), a su vez, presentó un recurso al Ministerio Público (fiscalía del Estado) para investigar la corrupción gubernamental en la perspectiva de producir un juicio político contra Lula. Dijo que había que “concientizar de que Lula es el responsable de la corrupción”: esto colocó al PSTU a remolque de la ofensiva del polo capitalista de copamiento del gobierno y de la demagogia de la conspiración golpista del Congreso.
En junio, el PSTU defendió el planteo de “instalación de la CPI ya, contra las maniobras del gobierno por impedirla”. Después pasó a defender la “prisión y confiscación de los bienes de corruptos y corruptores”, y una “investigación independiente, paralela a la de la CPI”. Posteriormente, comenzó a plantear “¡Fuera todos!” (Opiniáo Socialista N 230, 7/9), ignorando su caracterización anterior de que “la juventud y los trabajadores creen todavía en Lula”. En ese marco, la actividad del PSTU se centra en simultáneo, desde hace un tiempo, en proponer la ruptura con la CUT y la UNE, y crear organizaciones nuevas, intentando avanzar con la adhesión de nuevos desprendimientos del PT y del gobierno, al cual consideran “terminado”.
Ninguna de las dos principales fracciones de la izquierda fuera del PT consiguió remontar la retórica de la corrupción y de la crítica “desarrollista” al “ajuste”.
Brasil enfrenta, en realidad, una perspectiva de bancarrota capitalista que opacará a todos los episodios ocurridos hasta ahora, como el que tuvo lugar en 1992 cuando se congelaron todos los depósitos bancarios y se produjo la recesión más intensa de su historia; o como la inflación previa al “plan real”, en 1996, o la devaluación del real a principios de 2001. Un freno de la especulación internacional con la deuda brasileña provocaría una quiebra como la de Argentina en diciembre de 2001. Por eso, lo que se presenta como una crítica desde el “desarrollismo” o la “equidad social” es, objetivamente, una tentativa de repetir el “éxito” de la devaluación argentina. Pero como los precios internacionales actuales, muy altos, y las tasas de interés internacionales, que siguen bajas, siguen ofreciendo la posibilidad de obtener beneficios extraordinarios, la tendencia a la devaluación y al “desarrollismo” todavía no ha ganado fuerza en el seno de la clase capitalista. El escándalo de los “sueldazos” en el Congreso brasileño tiene tanto valor “moral” como el ocurrido con la ley laboral Banelco en el Senado argentino, que produjo la renuncia del vicepresidente de entonces, Carlos Alvarez, o sea un síntoma poderoso de la tendencia en curso a una bancarrota capitalista y a un estallido político. Esta es la caracterización que debería adoptar la izquierda brasileña para preparar en forma sistemática a las masas para
una acción anti-capitalista, no para un recambio “duhaldo-kirchnerista”.
