La ‘reforma tributaria’ impulsada por el Frente Amplio, que entró en vigencia el pasado 19 de julio, realiza los viejos planteos fiscales del FMI: ampliar la “base tributaria” para seguir reciclando la deuda pública y el gerenciamiento internacional de la acumulación capitalista en el país. Antes de la ‘reforma’, más del 75% de los ingresos fiscales provenían de impuestos al consumo y al salario, mientras que más del 60% de los ingresos fiscales se destinaban al pago de la deuda externa y a cubrir el déficit de la seguridad social creado por la evasión de aportes patronales. Luego de la ‘reforma’, nada de esto habrá cambiado.
La ‘reforma tributaria’ fue uno de los ejes centrales de la campaña electoral del FA. Danilo Astori, ministro de Economía y posible candidato del FA en las presidenciales de 2009, señaló reiteradamente que su objetivo era lograr una “mayor equidad contributiva”, “simplificar el régimen impositivo” y “promover la inversión productiva”. La reforma reduce, o en algunos casos elimina, una serie de impuestos que pagan los capitalistas, en particular los bancos.
El nuevo régimen impositivo reduce la alícuota general del IVA (del 23 al 22%) y la alícuota sobre los artículos de primera necesidad (del 14 al 10%). En una situación de inflación internacional, en especial de productos básicos, esta medida no reducirá los precios que pagan los consumidores. Pero lo esencial de la reforma del IVA es que extiende el cobro del impuesto a una serie de artículos de primera necesidad hasta ahora exentos, como el agua y la leche.
No hay, entonces, una reducción de los impuestos al consumo pagados por los trabajadores. Uno, porque junto con la inflación crece el monto que se paga de IVA (y por lo tanto crece la proporción del salario del trabajador que debe destinarse al pago de impuestos). Dos, porque ahora se deberá pagar impuestos sobre todos los productos, incluidos los más elementales.
El otro punto central de la ‘reforma’ frenteamplista es el IRFP (impuesto al salario), que grava los salarios superiores a 8.200 pesos (un poco más del 25% de la canasta familiar, de 30.000 pesos) y las jubilaciones superiores a los 9.800 pesos. Es una confiscación sobre salarios que están por debajo del nivel de subsistencia.
Inicialmente, el número de trabajadores que deberán aportar al IRPF se reduce; ese fue el gran argumento que utilizó el FA, y en particular su ‘ala izquierda’, para apoyarlo. Pero es falso. Los trabajadores de menores ingresos han sido excluidos del pago sólo en forma temporaria; conforme aumenten sus salarios, una sección tras otra de la clase obrera comenzará a tributar. Además, los que aportan ahora (y los que comiencen a aportar cuando sus salarios alcancen el mínimo) sufrirán descuentos mayores que en el régimen anterior. Los cálculos oficiales estiman una duplicación de la recaudación del impuesto a los salarios, de 150 a 324 millones de dólares.
La ‘equidad’, según el FA
La ‘reforma’ frenteamplista refuerza el carácter confiscador del salario del régimen impositivo uruguayo. Tras la ‘reforma’, los capitalistas pagarán 90 millones de dólares menos; los asalariados y jubilados, 130 millones más. Bajo el FA, como bajo los blanqui-colorados y los militares, el funcionamiento del Estado, el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas seguirán siendo pagados por las mayorías explotadas.
¿En qué consiste la ‘mayor equidad’ entonces?
El reforzamiento de la carga impositiva a los trabajadores con ‘mejores’ salarios, más calificados, y a las capas medias de la población, simplemente ignora que estos ‘mejores’ salarios… están en la mayoría de los casos por debajo de la canasta familiar. Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, el 94% de los hogares tiene ingresos inferiores a la canasta familiar. Es un impuesto a la miseria social.
Para el FA, como para todo el centroizquierdismo, la ‘equidad impositiva’ no consiste en gravar al capital y terminar con los impuestos al consumo y al salario. Consiste en ‘redistribuir la miseria’.
No hay en esto ninguna ‘sensibilidad social’. Un sistema impositivo que pesa sobre los sectores de menores recursos, no puede garantizar el pago de la deuda externa y la continuidad del subsidio a los capitalistas. Al gravar los salarios más altos y a la clase media, el FA busca ‘estabilizar’ el sistema impositivo, es decir, asegurarse los recursos para cumplir con los acreedores internacionales y los capitalistas.
El rechazo de los trabajadores
La burocracia sindical apoyó firmemente la ‘reforma tributaria’. Juan Castillo, principal referente sindical del PCU, frecuentó la televisión para apoyarla. Lo mismo hicieron los ‘izquierdistas’ del FA: la reforma tributaria y el presupuesto que establece el pago de la deuda externa fueron votados por la totalidad de los diputados y senadores del Frente Amplio, incluyendo a los representantes del Partido Comunista.
A pesar de ello, la ‘reforma’ comienza a ser rechazada por los trabajadores. Una asamblea de delegados de la Cofe (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), el sindicato con mayor número de afiliados, la rechazó en forma unánime. Algo similar sucede en los municipales de Montevideo y en los bancarios del Estado; la “rebelión” comienza a extenderse, a medida que se aplican los impuestos (a partir del salario de julio de 2007).
La ‘reforma tributaria’ confirma que el FA es un enemigo jurado de la clase obrera. Los trabajadores deben romper con el Frente Amplio y poner en pie una alternativa obrera y socialista.
