Las calles son de las mujeres en lucha
La marea verde que recorrió el país, que se hermanó bajo el reclamo de aborto legal, -que sacudió las bases de un Estado construido en un profundo entrelazamiento con la Iglesia católica, y de forma cada vez más creciente con algunas ramas de la evangélica-, tiene un auspicioso futuro de lucha y de victorias por delante.
El ascenso del movimiento de mujeres en Argentina durante 2018 fue la expresión más alta de un fenómeno social que, desde 2015, se desenvolvió con grandes manifestaciones y una experiencia política sumamente enriquecedora. El despliegue de este movimiento permitió la elaboración y difusión de un programa concentrado en la cuestión de la opresión específica que sufre la mujer bajo el capitalismo.
El movimiento de mujeres, que durante 2018 estuvo en las calles luchando por el aborto legal, por la educación sexual científica y laica y por la separación de la Iglesia del Estado, es un movimiento con pasado y con futuro. Fue cimentado por la acción de militantes que desde la década del ’80 levantaron las banderas del aborto legal, que han juntado millones de firmas y hecho todo tipo de campañas, y por la conformación, en 2005, de la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Este movimiento se abrió paso en un país en el que existe una izquierda que no abandonó el reclamo bajo ningún gobierno, que movilizó contra los intereses de gobiernos e iglesias en todos los escenarios y que llevó siempre en su programa la lucha por el aborto legal y por la separación de la Iglesia del Estado. El reagrupamiento más importante de la izquierda argentina, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, coloca la demanda por el aborto legal en los espacios cedidos por el Estado a los partidos políticos en las campañas electorales desde 2011 -fecha de su conformación.
Esta firmeza en el sostenimiento político del reclamo de aborto legal es un patrimonio político que colaboró para crear la mayoría social que, en 2018, se lanzó a las calles con enorme masividad y es un indicador de la importancia que tiene que reforzar al Partido Obrero y al FIT como alternativa política de las y los trabajadores. La gran Ola Verde es también hija de Encuentros de Mujeres que se suceden de manera ininterrumpida desde 1986, en los que, a pesar de los intentos contrarios de parte de corrientes maoístas y peronistas, se afianzó un rechazo a las alianzas con el clero.
Estos factores explican, en parte, el crecimiento de la demanda en nuestro país y es una de las razones por las que su fortaleza logró irradiar a mujeres de toda América. Las consignas ligadas a las demandas de las mujeres, centradas en la denuncia al Estado capitalista -impulsadas dentro del movimiento por las integrantes del Plenario de Trabajadoras-PO-, llegaron a impactar sobre un sector del feminismo norteamericano. Cinzia Arruzza, una catedrática italiana radicada en Estados Unidos, afirmó, en febrero de 2017: “Al plantear un feminismo para el 99%, nos inspiramos en la coalición argentina Ni Una Menos” -así se identificaba a todo el movimiento-, señalan en el texto y explican qué es lo que las acercó al movimiento en nuestro país: ‘la violencia contra las mujeres, como ellas la definen, tiene muchas facetas: es doméstica, pero también del mercado, de las relaciones de propiedad capitalista, y del Estado’”. Mencionamos esta lucha por la orientación de un movimiento -no como un vicio autoproclamatorio sino porque la batalla política librada en nuestro país para emparentar la violencia contra las mujeres como consecuencia del régimen social capitalista, y no como el efecto de la naturaleza masculina o de una primacía cultural abstraída de las relaciones de clase y de poder-, porque fue muy aguda, en particular con otras corrientes de izquierda.
Por entonces, en Estados Unidos se había protagonizado una marcha de más de dos millones de personas contra el recién asumido Donald Trump. Cinzia Arruzza, junto a Nancy Frazer, la ex dirigente del PC de Estados Unidos, Angela Davis y Tithi Bhattacharya, entre otras académicas, escribieron su texto como reflexión al respecto de aquellas jornadas y del ascenso del movimiento de mujeres, y en particular su identificación con el feminismo en el mundo.
Estado abortista
La mayoría de quienes luchan por este derecho afirman que el aborto es una cuestión de salud y que no hacerlo es negarle a las mujeres el acceso integral a la atención en salud, lo cual es claramente cierto. En realidad, las mujeres trabajadoras no acceden al derecho a la salud en varios aspectos, no exclusivamente en lo relativo al acceso al aborto o la anticoncepción. La clandestinidad del aborto tiene un alcance que va más allá de la habilitación por parte del Estado a realizarse una práctica sencilla, segura y de bajo costo para el sistema de salud. El costo que hoy asume el sistema público por mantener el aborto en la clandestinidad es mucho mayor al que debería afrontar si se legalizara, máxime si el Estado decidiera producir las drogas necesarias para la práctica de un aborto quirúrgico. En épocas en que el achicamiento del Estado es palabra santa, los dueños de la santidad buscan impedir una práctica que evitaría la muerte y mutilación de mujeres, y cuyo correcto abordaje permitiría evitar el ingreso de entre 50 mil y 80 mil mujeres al año con complicaciones por abortos clandestinos, lo cual implica para el sistema de salud costosas intervenciones para evitar las muertes.
Legalizar el aborto es una cuestión de salud, claro, pero su prohibición tiene una razón de ser político y religiosa. El aborto clandestino es un recurso del capital, porque la finalidad de someter a una mayoría social está puesta al servicio de la defensa de la tasa de beneficio capitalista y de sus intereses. Es una imposición sobre la capacidad reproductiva que tiene la clase trabajadora de esa sociedad, al servicio de la necesidad del capital y su demanda de reproducción de la fuerza de trabajo o al servicio de la necesidad de los requerimientos de la institución católica, como ideología oficial de los Estados capitalistas de la región.
El aborto clandestino es un recurso político, mediante el cual se establecen los principios de la familia cristiana fundada en el sometimiento material y emocional, el vínculo de tutelaje de las mujeres con el Estado y estableciendo desde allí el pulso que tendrán el conjunto de las relaciones en esas sociedades. Es también un enorme negocio, del que se llenan los bolsillos clínicas, laboratorios y profesionales, muchos de los cuales se presentan como enemigos de aborto.
Las principales causas de aborto están vinculadas con la acción directamaterial del capital o a su función ideológica de control social de los sectores populares. El fomento de relaciones sexuales basadas en el sometimiento hacia las mujeres y los niños, la ausencia de métodos anticonceptivos o su carencia en amplios sectores, el trabajo precario y no registrado, que en la Argentina supera el 40% de la población activa, son todos factores que impiden el desarrollo del libre derecho tanto a la maternidad como el derecho al goce sexual sin fines reproductivos.
Bajo el capitalismo no hay derecho a ser madres ni a no serlo. Lo que hay es una maternidad puesta al servicio de intereses enajenados. Una maternidad sin recursos, forzada, o una maternidad que es el fruto de otras carencias humanas, es la que se impulsa bajo este régimen social. La lucha por el aborto legal constituye otra cara de la misma lucha por el derecho a una maternidad plena, sin sufrimientos ni penurias sociales.
El 70% de las personas que viven en extrema pobreza en el mundo son mujeres. Estas realizan el 66% del trabajo en el mundo, producen el 50% de los alimentos y escasamente reciben el 10% de los ingresos. En nuestro país, donde la pobreza sobrepasa el 35,6% de la población, aunque aún no se han desagregado los datos correspondientes, podemos afirmar que entre el quintil más bajo de la población, en el que se concentran la pobreza y la indigencia, el 70% son mujeres. Entre las jóvenes de hasta 29 años se concentra la tasa de desocupación más alta del país. Casi diez nenas por día menores de 14 años paren niños que son el fruto de haber sido obligadas a llevar adelante una gestación que es el fruto de una violación. Entre 50 y 80 mil mujeres son internadas por año por complicaciones producidas por abortos clandestinos, aún con la extensión del uso de métodos más seguros como el misoprostol.
El Estado que abre paso a la creciente precarización laboral es un Estado que impulsa a las mujeres que deben caer en ese vínculo laboral a tener que recurrir al aborto clandestino para no perder un empleo, el que no se está dispuesto a proteger la maternidad. El avance de la violencia doméstica, sobre la que no se actúa más que para agravar el cuadro actual, es otro factor de impulso al aborto en la clandestinidad, porque en amplias franjas sociales la maternidad también es una decisión que sólo el cónyuge varón habilita.
Frente a la pretensión de avanzar en un “Pacto Social”, que fomenta el inmovilismo de las masas, mientras se toman decisiones que afectan su vida y sus intereses, la Iglesia aparece como un actor fundamental para garantizar este proceso político. El ministro de Desarrollo Social, el ex renovador Daniel Arroyo, prometió que el sistema de asistencia social será pactado con “curas y pastores”.
La burocracia sindical, que actuó en alianza con el clero durante 2018, formará parte de este entramado de contención, que busca que los sectores populares paguen en silencio una crisis que no provocaron.
No sólo en las filas del próximo oficialismo se refuerzan los clericales sino también en las filas de los macristas derrotados, que llevarán a militantes evangélicos al Congreso para que ocupen sus bancas junto a representantes del culto católico, que llevan años allí.
La rebelión de las pibas
Varios logros han sido patrimonio del año de la Ola Verde. El reciente fallo de la Suprema Corte cordobesa contra el Portal de Belén, después de que esta ONG católica cogobernara la provincia y decidiera sus políticas durante 20 años; la derogación del protocolo restrictivo y clerical de Salta para el abordaje del aborto no punible, y el fallo de la Corte Suprema derogando la ley de Urtubey, que instauró la educación religiosa obligatoria en la escuela pública, son decisiones tomadas al calor de la gran lucha callejera de 2018, de su peso político y de la necesidad del régimen de no chocar con una determinación, que si se desenvuelve en toda su potencialidad, sería motivo de enormes desequilibrios políticos en medio de una crisis económica y social brutal.
También son patrimonio de esta enorme lucha el protagonismo de la juventud, la creación de colectivos, como el de Actrices Argentinas, y otros reagrupamientos de mujeres trabajadoras, que ponen de relieve sus padecimientos como tales dentro de los colectivos laborales. La Ola Verde no se limitó a tomar contacto con la problemática del aborto, sino que avanzó en mirar de forma crítica el mercado laboral y la discriminación que en él se desarrolla contra las mujeres.
La iniciativa de profesionales de la salud, organizándose desde hace años para dar cumplimiento a las prácticas de abortos legales que ya existen en una Red Nacional de Profesionales por el Aborto Legal, le dio un marco de organización y lucha que, durante la pelea de 2018, se extendió en los centros de salud, logrando incluso en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, combatir las restricciones legales que impuso Macri en su momento y que Larreta continuó. Decenas de profesionales de la Ciudad y en todo el país se enfrentan a la amenaza política día a día, atendiendo casos de abortos no punibles y dándoles un curso sin interferencias judiciales ni de ningún tipo.
En algunas provincias cuesta mucho más que este esquema militante se abra paso, y la discriminación que sufren las mujeres y los profesionales dispuestos a hacer cumplir la ley es aún más profunda. En Tucumán, días antes del rechazo a la ley de aborto en el Senado, la Legislatura declaró próvida a la provincia e instó a los senadores Mirkin, Alperovich y Elías de Pérez a votar en contra, acción que le alcanzó a José Alperovich, que estaba indeciso, para votar en contra del aborto legal.
El caso “Lucía”, que se conoció a principios de 2019, fue otra muestra de la orientación reaccionaria con la que se dirige la provincia y del grado de asimilación que la Iglesia tiene con el Estado y sus funciones más elementales. Desde el secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco, hasta curas, llevaron adelante amenazas y extorsiones de todo tipo contra la madre y la niña para forzar la continuación de la gestación, fruto del abuso del abuelastro. La judicialización de los médicos que practicaron una cesárea corrió por cuenta de abogados y médicos organizados para bloquear abortos no punibles, bajo el amparo de una organización llamada “Médicos por la Vida” -una verdadera banda fascista en todos sus términos, amparada y fomentada por el propio Estado, que le aportó jueces y fiscales designados por el gobierno de Alperovich y de Manzur durante los últimos 15 años de gobierno peronista. Tal como reseña la abogada Soledad Deza en su libro Jaque a la Reina, fueron abiertas más de 600 causas por aborto en la Justicia provincial durante 20 años hasta 2013.
Las listas electorales no son una sumatoria de candidatos verdes o celestes que querríamos ver en tal o cual puesto del Estado, porque tal realidad no existe. Las listas representan bloques políticos con orientaciones claras. Alberto Fernández proclama que debe postergarse el tratamiento del aborto legal, distrae con la despenalización, y elige como principal aliado a José Luis Manzur, un agente clerical torturador de niñas sin atenuantes.
Mientras tanto, en los pasillos del poder…
El poder clerical dentro del Estado ha puesto en marcha su fuerza para contrarrestar el avance verde, obteniendo resonantes favores de los principales bloques políticos gobernantes.
En todo el país se han tejido acuerdos con el reagrupamiento evangélico patronal Aciera. Durante el debate aborto, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue oradora en una reunión de pastores de Aciera, que se realizó en Mar del Plata, presidida por quien fuera una referencia en la lucha contra el aborto legal, el pastor Rubén Proietti. En las listas de Juntos por el Cambio se afianzaron los militantes evangélicos. Miguel Pereda, pastor de la Iglesia “Centro Familiar Cristiano”, es el encargado de la distribución de alimentos en la provincia, como fruto de un acuerdo con el gobierno de Vidal.
La vicegobernadora Verónica Magario viene de coronar el apoyo político a los evangélicos designando como subsecretario de Culto de la intendencia de La Matanza al pastor Gabriel Ciulla, el representante de Aciera en ese distrito. Magario pasó de pugnar por subirse al escenario del 8 de Marzo de 2017, en el día de la Mujer trabajadora, a reforzar a los enemigos de las mujeres con la única mira puesta en el oportunismo electoral que traerá terribles consecuencias sociales. Como antecedente político en América Latina debemos recordar a la expresidenta desplazada con un golpe parlamentario de sus ex aliados, Dilma Rousseff, la que hizo campaña con evangélicos proclamando “Feliz la nación cuyo Dios es el Señor” y luego designó a un ministro neo-pentecostal. Bolsonaro y su fuerza evangélica son el fruto de las políticas del propio PT en beneficio de esas facciones religiosas durante sus presidencias.
En Chaco, por su parte, el actual gobernador Jorge Capitanich y Oscar Peppo, representantes de la contienda interna del PJ en la provincia, incorporaron en sus campañas los compromisos con grupos evangélicos, como el del pastor Jorge Ledesma, también de la rancia y bolsonarista Aciera, y formaron parte de grandes actos en estadios locales en los que Capitanich se dirigió a los presentes como un predicador más. Estos son los líderes políticos que el feminismo peronista del país pretendía vendernos como “aliados” en momentos en que se desarrolló el Encuentro Nacional de Mujeres del Chaco, que culminó con una feroz golpiza de punteros fascistas y represión contra las participantes del evento, sostenidos por el Estado.
Muchas más acciones se tejieron a niveles nacional, provincial y municipal en gobiernos de todos los signos políticos, que refuerzan de manera abierta o en las sombras a estos bloques reaccionarios.
Argentina año verde, verde #AbortoLegal
En febrero de 2018 se produjo una reunión del llamado “cabildeo” de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en el anexo del Congreso de Diputados de la Nación. Por entonces, cuando aún no se había conocido la iniciativa gubernamental de habilitar el debate parlamentario, el Plenario de Trabajadoras -que participó de la reunión con la presencia de Romina Del Plá, diputada nacional, y de Juliana Cabrera y Vanina Biasi, dirigentes también del Partido Obrero y del PdT- intervino caracterizando que había condiciones políticas para el tratamiento del tema aborto en el Congreso. Dicha intervención se basó en una caracterización que incluía la participación del Vaticano en el armado del frente pejotista para desplazar a Macri y en el lugar que ocupaba por entonces los efectos de la crisis abierta por las jornadas del 14 y del 18 de diciembre de 2017.
“El macrismo, por el contrario, ha salido a levantar polvareda sobre el aborto en el contexto de ajuste que viven los trabajadores en general y las mujeres en particular”, decíamos en Prensa Obrera, el 1° de marzo. Junto a la caracterización sobre la puja con la Iglesia católica, planteamos también que el gobierno abría, con el polémico tratamiento de este tema, una agenda positiva para una importante parte de la población femenina, satisfaciendo el abordaje de un punto relevante de la agenda del movimiento de mujeres, centro de la movilización política en nuestro país desde 2015.
En aquella reunión se tomó la iniciativa de impulsar la nueva presentación del proyecto, el 6 de marzo, y una sesión especial el 8, que aunque no alcanzara las presencias necesarias para funcionar, hubiera colocado en el centro de la agenda el reclamo del tratamiento del tema, cajoneado sistemáticamente en el Congreso. Esta iniciativa, resistida por los diputados de los bloques mayoritarios, fue desarmada rápidamente cuando, un par de días antes, el gobierno anunció el tratamiento parlamentario.
El 19 de febrero concurríamos a la convocatoria del primer pañuelazo masivo en el Congreso de la Nación, donde se puso de manifiesto la voluntad de lucha que existía y la mayoritaria composición juvenil que adhería al movimiento.
Curas villeros contra las más pobres
El aparato clerical se puso en marcha con toda su fuerza luego de la media sanción en Diputados, concretada en la madrugada del 14 de junio de 2018. Con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención se aprobó una modificación del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, con un Congreso literalmente sitiado por miles de personas. A partir de aquel hecho, la Iglesia puso a todo su aparato en acción, no sólo de la mano de sus alas más fascistas sino también, y particularmente, de la mano de aquellos que buscan aparecer como una Iglesia ligada a los pobres, cuyo liderazgo directo ejerce Jorge Bergoglio. Entre los más de 700 expositores que pasaron por el Congreso, tenemos a dos referentes de los curas villeros, Gustavo Carrara, excura de la Villa 1-11-14, devenido en obispo y el más mediático, Pepe Di Paola, que presentaron una carta junto a otros curas en la que expusieron sus ofensivas tesis sobre el aborto en las audiencias. Las que luchamos por el aborto legal fuimos comparadas con “genocidas”, aunque como se trata de la mano derecha del Papa, la selectiva crítica del feminismo institucionalizado y ligado al peronismo, poco tuvo para decir sobre el tema. También afirmaron que “las pobres no abortan”, expropiando la voz de las mujeres que mueren y quedan mutiladas y/, usándolas para un fin político ajeno a nuestra realidad y nuestras necesidades. La beligerancia verbal usada nunca había sido puesta al servicio de ninguna causa justa por parte de estos sectores. Empezando por el silencio brutal que hacen ante la epidemia de casos de abuso sexual de niños al interior de la Iglesia y del monumental encubrimiento que llevan adelante.
La Iglesia católica tiene una puja interna entre su ala “neoliberal” y su ala considerada “populista”. Donde no hay brecha entre estos dos sectores es en la condena al aborto legal y en el encubrimiento a los abusadores, así como tampoco en recoger los beneficios materiales de su alianza con el Estado.
La campaña de la Iglesia católica está financiada desde el propio Estado, que paga los “sueldos” de obispos, monseñores y curas, subsidia sus escuelas y universidades, que los exime de pago de impuestos para sus emprendimientos comerciales y les obsequia predios e inmuebles costosísimos. Son el Estado y todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura los responsables de esta situación. La Ola Verde reclama la separación de la Iglesia del Estado y esta premisa programática resulta altamente nociva para los defensores de los ajustes y los intereses de la burguesía.
Contención sindical
Un capítulo especial merece una recorrida por los pronunciamientos y las acciones de las direcciones de la CGT y de la CTA. El alineamiento sindical con el PJ y el clero no tuvo como únicos protagonistas a la mayoría masculina de los sindicatos, entre los que se destacaron el judicial Julio Piumato y el telefónico Osvaldo Iadarola, dos hombres de la Iglesia sin atenuantes. Las representantes sindicales de ambas centrales accedieron a firmar pronunciamientos en los que no figuraba el reclamo de aborto legal. Frente al avance de la organización de las mujeres dispusieron, con la ayuda del triunvirato San Cayetano, un cerco en la gran movilización del 8 de Marzo, tratando de impedir el avance de las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Para completar, la CGT se pronunció contra la ley. Esta declaración generó una movilización a las puertas de la CGT, protagonizada por la izquierda y el sindicalismo antiburocrático, que fue recibida por la única integrante de la mujer de la mesa chica de la Confederación, la secretaria general del gremio de las Modelos, Noé Ruiz.
A su turno, el triunvirato de los movimientos sociales, cuya conducción política es el propio Bergoglio, y las centrales sindicales protagonizaron actos coronados por la virgen de Luján y marcharon a la Basílica un día antes de la gran convocatoria del 8A, realizando un acto junto a la cúpula de la curia, en el que tomaron la palabra, entre otras, la secretaria general del gremio paralelo de los judiciales y diputada de FpV, Vanesa Siley, de la Corriente Federal, quien rápidamente con el avance de la presión del aparato sindical y del PJ, abandonó los espacios de organización de las luchas de las mujeres. La lucha por los derechos de las mujeres puso de relieve una acción sindical que entregó los derechos de las mujeres trabajadoras durante años, que pretendió usar las luchas de las mujeres y disidencias para un carrerismo personal de dirigentes sindicales que dejan pasar los ajustes, las paritarias a la baja, la caída de los espacios de contención y el cuidado de los hijos de las trabajadoras, los trabajos en blanco y un sinfín de conquistas y demandas.
En la actualidad, respetando la férrea alianza política que las une al gobierno, han desaparecido de los espacios de organización de las jornadas del 8M, luego de haber hecho peligrar el último acto del 8M de 2019, retirando su parte del aporte financiero para el escenario cuando la concurrencia ya estaba en la Plaza de Mayo. El boicot fue convertido en una gran gesta de colaboración económica por parte de las presentes, que permitió cubrir la parte que las conducciones burocráticas no quisieron aportar.
Lo cierto es que la lucha por los derechos de las mujeres comienza por desplegar un gran programa en favor de las trabajadoras, salario, cobertura en salud, jardines para los hijos de todos los trabajadores y las trabajadoras, lactarios, licencias especiales, blanqueo salarial y una salida sin atenuantes para el millón de mujeres que trabaja en el empleo doméstico, con una de las paritarias más bajas del país. Nada de esto está, lógicamente, en la agenda de una burocracia postrada frente a los gobiernos y la Iglesia.
Los votos celestes
El golpe final contra el aborto legal en el Senado apareció de la mano de una dirigente que votó en favor del proyecto, Cristina Fernández de Kirchner. Una integrante de su bloque, que había anunciado que votaría a favor, fue el voto número 37 que se dio vuelta y con esta decisión, anunciada el domingo 5 de agosto por radio Mitre, el espacio colocó el último clavo al ataúd de la ley. Silvia García Larraburu fue premiada por este espacio político con el segundo lugar en la lista de diputados por Río Negro. Mientras que el kirchnerismo intenta desligarse de los votos en contra que aportaron, lo cierto es que doce senadores del PJ que votaron en contra ingresaron a esa Cámara de la mano de las listas peronistas que impulsaba esa fuerza con la candidatura presidencial de Scioli. Entre la multitud movilizada se jugaba una partida de peso y un movimiento en falso podía hacer perder al kirchnerismo un apoyo con el que contaba en esa base social. En medio de tantas presiones, aunque CFK ha sido una clerical consecuente, no podía ser ella misma la que se diera vuelta, y esto fue convenido con el propio clero.
Durante la noche del domingo 5 de agosto y luego de que García Larraburu anunciara su nueva posición, Juan Grabois aparecía por primera vez en los medios afirmando que creía en Cristina Kirchner y que ella no debía ser juzgada por los datos que aparecían en la causa de los cuadernos de Centeno. El marco del comienzo de su raid mediático fue el programa de Luis Majul esa misma noche. Luego, Juan Grabois aparecería junto a Eduardo Valdés, exembajador ante el Vaticano, acompañando a Cristina a los tribunales, una ofrenda bergoglista sin vueltas. Como le hemos señalado en varias oportunidades a quienes quieren exculparse de esto, planteando que el bloque kirchnerista aportó muchos votos al aborto legal, volvemos a recordarles que para dar vuelta una ley o para sepultar sus chances, sólo hace falta un voto.
El radicalismo aportó nueve votos en contra de 12 senadores, y aunque la Franja Morada realizó un acting tomando el Comité Radical por unas horas, lo cierto es que el partido centenario se ha convertido en un reservorio de dinosaurios aún no extintos. El PRO aportó en ambas cámaras una mayoría de votos en contra (cinco sobre nueve senadores), pero logró distraer la atención con las intervenciones de la diputada Silvia Lospenatto, devenida por un rato en defensora de los derechos de las mujeres. Sólo por un rato, porque antes y después levantó la mano para todas y cada una de las leyes ajustadoras que su gobierno impulsó, afectando de manera notoria la vida de las mujeres trabajadoras de todo el país.
El kirchnerismo y el Vaticano comprendieron que necesitan recurrir a artilugios para desviar y para postergar la demanda del aborto legal, pero que no pueden recurrir sin más a las viejas recetas clericales, porque irían a un choque abierto con un sector que, aun habiendo votado a Alberto Fernández, no está dispuesto a bajarse de la demanda y que, por el contrario, fija sus esperanzas en que se concrete bajo su gobierno.
Antes CFK había boicoteado el tratamiento abiertamente en el Congreso durante doce años, en dos oportunidades, en 2011 y en 2014. Con mayorías propias en las Comisiones, los diputados (incluso varios de los que votaron a favor en 2018) se negaron a bajar a sesionar. En 2014 partió de un acuerdo entre la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (votada para ese cargo por los propios K) y la vice de la Comisión, Diana Conti.
Este dato ayuda también a reflexionar sobre otras polémicas entre la izquierda y el kirchnerismo, tales como analizar seriamente quiénes han empoderado a personajes reaccionarios como Patricia Bullrich, quien sin la anuencia del bloque K jamás hubiera llegado a presidir la Comisión de Legislación Penal, en la que se pactó la inviabilidad de la aquella sesión y desde donde preparó su llegada al Ministerio de Seguridad de la mano del macrismo.
La lucha por el derecho al aborto y la consulta popular
Muchos de los derechos de las personas no se otorgan bajo este régimen social. Si así fuera, no estaríamos aún reclamando que se legalice un derecho fundamental, como el del aborto. Los países llamados “avanzados” tienen derecho al aborto, en todos los casos arrancados con grandes luchas y movilizaciones populares, y en la mayoría mediante plebiscitos en los que las poblaciones torcieron el rumbo reaccionario del Estado capitalista. Cuando fracasó el aborto en el Congreso, desde el PdT-PO dijimos que había que impulsar una consulta popular vinculante, algo que hoy ya no está vigente porque estamos en vísperas de la conformación de un nuevo parlamento y corresponde retomar el camino de la movilización popular para forzarlos a que aprueben el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. La Consulta Popular siempre la concebimos como una herramienta para reforzar esa movilización y agotar todas las instancias disponibles para enfrentar a la reacción clerical y conquistar nuestro derecho.
Esta iniciativa que tomamos luego del 8A, contrastaba con la idea de esperar hasta 2020, que impulsó la Campaña Nacional, retirando al movimiento de las calles durante el año electoral. Hubo quienes plantearon que no correspondía la consigna porque “los derechos no se plebiscitan”.
Bajo este régimen social, los derechos han sido sometidos a múltiples formas de plebiscito, e incluso han sido completamente denegados -como el derecho al aborto. Cuando ocurren semejantes actos de rechazo a elementales causas democráticas, el pueblo no puede privarse de ningún recurso para avanzar y no lo ha hecho a través de la historia.
¿Por qué estamos discutiendo que el aborto se legalice? Porque no hemos tenido ningún gobierno representativo de las mujeres y de los trabajadores, que pusiera en práctica la adecuada atención del aborto sin requerir para ello de leyes de ningún tipo. El único gobierno que ejecutó el derecho al aborto sin someterlo a ningún plebiscito fue el de la URSS en 1920. Las revolucionarias rusas detectaron el problema, recogiendo la inquietud de las mujeres y redactaron un decreto que autorizó la práctica en el sistema de salud del joven gobierno obrero.
Los derechos bajo el capitalismo se niegan o se plebiscitan; no se otorgan, se arrancan. Hace cien años que penalizan el aborto en nuestro país, con excepción de causales que no se respetan. En otros puntos de América Latina, la prohibición ha sido siempre total.
La votación por parte de 329 diputados y senadores, por otorgar o no un derecho, es la forma más restringida de plebiscitar un derecho. La votación de un puñado de personas condicionadas directamente por intereses poderosos, como los económicos y los del clero, han dado muestra de estar supeditados a estos más que a “sus representados”.
Cuando un derecho no se puede arrancar a pesar de haber obtenido una mayoría social en favor del movimiento que puja por él, es porque la resistencia del régimen es brutal, como ocurre en este caso. Vamos a luchar por arrancarlo lo antes posible, peleando para que esta lucha, como tantas otras, abran paso a la conciencia socialista de que este régimen social es de clase, bajo el dominio de una minoría social, que está agotado en sus capacidades y que debe ser superado por un régimen superior, aquel que busca que la humanidad pase del reino de la necesidad al de la libertad.
Ellos no se privan de ningún recurso para cercenar nuestras vidas, nosotras no podemos privarnos del recurso que les dio el triunfo a las mujeres en varias partes del mundo. Es más importante conquistar el aborto legal, evitar más muertes y mutilaciones, que preservar un principio abstracto que no existe bajo el capitalismo, ni puede existir porque es un régimen de clase que niega derechos a las mayorías populares en pos de preservar la propiedad privada y los intereses del capital y de sus instituciones.
Hoy, con la modificación del Parlamento, y la mayoría que ha obtenido en él, el gobierno de Alberto Fernández urge exigir que aprueben el proyecto de ley. Importa aquí volver sobre esta cuestión, para madurar en toda su dimensión todos los aspectos de nuestra lucha y los recursos que tenemos a mano.
El plebiscito o consulta popular -impulsado por la militancia, arrebatando de las manos del poder clerical a miles de personas y niñes- resulta ser un recurso resistido por el régimen, porque puede abrir paso a una conciencia social todavía mayor respecto del rol reaccionario de las iglesias y de sus vínculos con los partidos políticos del régimen. Puede abrir la conciencia sobre el carácter antidemocrático del pretendido sistema democrático y muchas otras oportunidades que, claro, erosionan a este régimen social.
Toda iniciativa que implique la movilización de un frente único contra la Iglesia y en defensa de un derecho es fundamental que la apoyemos para reforzar nuestra lucha, porque de lo contrario avanzará la reacción clerical. En política no hay vacíos, el lugar que no ocupan unas, lo ocuparán otros.
Antecedentes de la Ola verde
En la Ciudad de Buenos Aires, 2017 fue el año de lucha del movimiento secundario contra “la secundaria del Futuro”, una reforma educativa precarizadora de jóvenes, así bautizada por el gobierno de Rodríguez Larreta. En aquella lucha, que incluyó tomas de una veintena de colegios en simultáneo, la gran protagonista fue la demanda de educación sexual integral. También en la encuesta “Aprender” de aquel año quedó claro que el 80% de los estudiantes que la hicieron reclamaban educación sexual. Sin embargo, en pos de conformar a evangélicos y católicos, Rodríguez Larreta no avanzó en nada en la materia. El único postítulo que existe y que refiere a la temática, tiene una larga lista de espera para el ingreso y el ahogo presupuestario al que es sometido, junto con la reforma Unicaba, amenazan con su extinción.
Por entonces, sólo la juventud del Partido Obrero, la UJS, hacía eje en la necesidad de modificar el artículo 5° de la ley ESI, que habilita a no impartir contenidos alejados de la religión y la superstición a directivos y colegios que así lo quisieran, ya fuera por su ideología o por su ideario institucional, una denuncia que hicimos cuando se aprobó la ley en 2006. La Ola Verde permitió que masivamente se conocieran los términos de leyes que, presentadas como avances legislativos, fueron instrumento de variantes reaccionarias. Fue justamente en este período cuando Juan Manuel Urtubey, aliado bajo los gobiernos kirchneristas, impuso, por ley, la educación religiosa obligatoria en toda Salta, con la complicidad de sus referentes nacionales. Sumando a que en los hechos, en las escuelas públicas de provincias como Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy y Tucumán se fomenta la educación religiosa de facto a través de diferentes recursos.
La ley salteña fue derogada por la Corte Suprema en diciembre de 2017, también en el marco del ascenso de la lucha de las mujeres y luego de nueve años de la primera demanda iniciada por padres de chicos escolarizados. En la audiencia pública convocada por la Corte, para recoger las opiniones a favor y en contra de la educación religiosa obligatoria en la escuela pública de la provincia de Salta, el único partido que se presentó y reclamó su derogación fue el Partido Obrero, con Gabriela Cerrano y Pablo López como representantes.
En el plano parlamentario, el FIT-PO presentó proyectos para adecuar la ley ESI en todo el país, una de ellas tiene media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense y duerme en un cajón del Senado. La propuesta de adecuamiento nacional en el Congreso de la Nación tiene dictamen de comisiones, pero los bloques mayoritarios de Cambiemos y del PJ se negaron a tratarlo.
En septiembre de 2017, cuando se reunió un plenario de comisiones para tratar la paridad de género, la diputada nacional y trabajadora judicial Soledad Sosa, del Frente de Izquierda-PO de Mendoza, había planteado que se colocara en tratamiento el proyecto de aborto legal y los relativos a las extensiones de licencias por maternidad y paternidad, para que el tratamiento de la paridad de género, que se hacía en nombre de derechos de “las mujeres”, representara una mejora real para ese colectivo y no terminara siendo solo un lobby del carrerismo de unas pocas mujeres de los partidos mayoritarios, impedidas de escalar al interior de sus partidos, como declaraban por entonces las propias diputadas radicales. Las y los diputados se negaron por entonces a tratar los reclamos urgentes de las mujeres con años de cajoneo en el Congreso. La paridad no era asociada en la práctica a la defensa concreta de los derechos de las mujeres, aunque su promoción se hacía en su nombre. Las consecuencias de estas políticas están a la vista, el cupo de género debe ser asociado al avance concreto de las mujeres; de lo contrario, se transforma en un caballo de Troya a través del cual se oculta el carácter misógino y de clase de las políticas que esas mujeres van a defender en los organismos parlamentarios. Los reiterados ajustes a las mayorías populares, los sucesivos recortes a las más vulnerables, las mujeres en edad jubilatoria, y la precariedad laboral son una muestra.
Si la paridad de género es un recurso que se proclama en nombre de los derechos de las mujeres, entonces es lícito plantear que esas mujeres, que estarían representadas a través del incremento de personas del sexo femenino en los poderes del Estado, reclamen para sí la aprobación de aquellas normas que redundan en una mejora real de sus condiciones de vida.
Las mujeres del Parlamento no dejan de ser, en su inmensa mayoría, por ahora, aquellas que están dispuestas a legislar contra la mayoría de las mujeres, o sea que prima una orientación de clase capitalista y patronal que, por definición, es misógina. Es así que no encuentran obstáculo de género cuando la pertenencia a un bloque las incluye entre las impulsoras de iniciativas patronales como la “ley ómnibus” de 2016, mediante la cual muchas feministas parlamentarias levantaron la mano para aprobar la extensión de la edad jubilatoria para las mujeres y la disolución del régimen de jubilación de las amas de casa. O como cuando lo hicieron en las jornadas del 18 de diciembre de 2017 para votar la reducción de los ingresos de 17 millones de personas beneficiarias de asignaciones o de jubilaciones, la gran mayoría de ellas mujeres, de las más pobres del país. La sororidad no trasciende las clases sociales cuando se trata de hambrear mujeres en beneficio del capital.
Caso Belén
El antecedente político inmediato más importante de la Ola Verde se dio entre 2016 y 2017, cuando se conoció que una joven que había llegado al Hospital Avellaneda de Tucumán con una hemorragia y había sido detenida acusada de causarse un aborto. Cuando Belén tomó contacto con la abogada militante de la causa del aborto legal, Soledad Deza, la joven tucumana ya hacía dos años que estaba detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de la Banda del Río Salí.
En 2014 gobernaba Cristina Fernández de Kirchner el país y en la provincia José Alperovich. Belén ingresó con una hemorragia al hospital, acompañada de su madre. La situación se volvió una locura cuando, de un diagnóstico de un aborto espontáneo, pasó a ser acusada de haber matado a un bebé, con declaraciones que aseguraban que había aparecido un feto en un baño. Desde el hospital pasó directamente a la cárcel y en un juicio exprés, en el que no se le dio derecho a defensa, fue condenada a 8 años de prisión, acusada de “homicidio agravado por el vínculo”. Ese mismo año detuvieron a otras mujeres en diferentes puntos del país y, otra vez, quienes hoy se muestran entusiastas seguidoras de un planteo que antes boicoteaban o rechazaban desde el poder del Estado fueron cómplices políticas y silenciosas de estos atropellos. Río Negro, Jujuy y Santiago del Estero fueron algunas de las provincias que mantuvieron detenidas a mujeres bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo” o cómplices del delito de abortar.
En 2016, la abogada Soledad Deza y sus colegas defensoras de los derechos de las mujeres tomaron contacto con la causa y con el movimiento de mujeres, para poner en acción la movilización popular por su libertad. Luego de numerosas movilizaciones, charlas, acciones internacionales, expresiones de solidaridad de mujeres, periodistas y personalidades de la cultura de todo el país -a las que el Plenario de Trabajadoras aportó fuertemente-, el Tribunal Superior de Justicia anuló la condena y Belén pudo salir en libertad cuando estaba por cumplir tres años presa.
Belén fue acosada por elementos clericales que dirigen la vida de los hospitales públicos de la provincia y por una Justicia totalmente digitada por la Iglesia católica tucumana. Igual que ocurrió cinco años después con Lucía. Esta influencia es el fruto de designaciones de funcionarios políticos que proceden del peronismo que gobierna la provincia desde hace 15 años y que ahora ve reforzado su poder de la mano de la alianza estrecha entre Juan Manzur y Alberto Fernández.
La despenalización es la devaluación del reclamo de aborto legal
La legalización del aborto y su reconocimiento como práctica propia del sistema de salud resultan elementos fundamentales para recorrer el camino de poner fin a la clandestinidad, aunque esa es solo una parte del proceso. Con legalización, la clandestinidad no estará asegurada mientras el sistema de salud y el judicial estén inficionados por la penetración clerical, mientras esta influencia llegue a las barriadas, lugares de trabajo y estudio en forma de condena social a la práctica, mientras prime el control material de los recursos por parte de estos sectores y el ascendente ideológico del clero, mientras ocultar un embarazo y un aborto sean una necesidad para no morir molidas a golpes por una pareja con la cual se continúa estando por imposición social, por miedo a la soledad, por la asociación de eso con el amor, que son el manto ideológico de una imposición material ante la dificultad cada vez más profunda de gozar de independencia económica.
Mediante la “objeción de conciencia”, admitida por el poder político como un recurso para negar el acceso a la práctica del aborto, se bloquea la atención en hospitales que, en algunos casos, no cuentan con ningún profesional dispuesto a hacer la práctica. La organización Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir ayudó a extender esta presencia, pero allí donde prima la dirección ejercida directamente por los elementos clericales que han sido colocados por el poder político al frente de los servicios, como los de obstetricia, un no objetor es impensable. El médico recientemente condenado por obstaculizar la práctica del aborto, Rodríguez Lastra, jefe de Obstetricia del hospital público de Cipoletti, es un ejemplo de esto. En Uruguay hay departamentos enteros en los cuales no existe un profesional que realice la práctica y el Estado no se ha hecho cargo de designar a aquellos que sí lo practiquen, condenando a las mujeres a tener que trasladarse a Montevideo. Un cuadro similar ocurre en España o en Italia. Este es un recurso con el que la Iglesia pretende avanzar, frente a Estados que protegen a estos elementos en detrimento de la atención adecuada de las mujeres y niñas.
Durante 2018, varias veces apareció en escena la cuestión de la despenalización como alternativa a la legalización. El referente del PJ Santa Fe en el Senado, ahora gobernador, Omar Perotti, sostuvo que hubiera apoyado una despenalización y colaboró así con su abstención a que naufragara la ley. La defensa de la despenalización como peldaño previo a la legalización, tal como declaró en campaña Alberto Fernández, es una maniobra. Exploró primero esa declaración y se encontró con un fuerte rechazo, luego dijo que estaba por la legalización en el sector público, y el freno no fue tan grande. Es que en muchos casos no se visualiza el nivel de presencia y gravitación que tiene el sector privado de salud, comenzando por la constelación de prestadores de obras sociales, que deben atender a millones de mujeres afiliadas directas o a través de los grupos familiares.
“No quiero que se muera ni una mujer más. Hay que despenalizarlo inmediatamente. Tengo la decisión política de despenalizar y legalizar el aborto porque no quiero que se muera ninguna mujer más. Lo primero debería ser despenalizar para terminar con la clandestinidad. No podemos hacer caso omiso de lo que está pasando. Es un problema de salud pública”, dijo Alberto Fernández en agosto de 2019.
En Argentina, el aborto está despenalizado por tres causales desde 1921, hace casi cien años. Aquella despenalización no tuvo como contrapartida la eliminación de la clandestinidad como afirma AF, ni evitó las muertes. ¿Por qué otra despenalización 100 años después sí tendría ese efecto, cuando la experiencia jurídica argentina muestra otra cosa?
De acuerdo con el Código Penal argentino, desde 1921 a las mujeres que abortan se las penaliza hasta con cuatro años de prisión de acuerdo con el artículo 88, que señala: “Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”. Este artículo prácticamente no se usa, su eliminación resulta inocua a los fines de frenar las persecuciones judiciales existentes. Las mujeres que abortan y van presas son imputadas, en la gran mayoría de los casos, por el artículo 80 del Código Penal, que dice: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1°) a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”, y el artículo continúa enumerando hasta doce situaciones en las que se encuadran los agravantes por vínculos. En el caso de que se le aplique algún atenuante a la situación, las penas se encuadran entre los 8 y los 25 años de prisión. A Belén le habían aplicado esta figura. También a Patricia, que murió atada a una cama en un hospital penitenciario de José León Suárez.
Si la vida de la persona comienza desde la concepción (como fija el Código Civil reelaborado y aprobado por el kirchnerismo y por la oposición en octubre de 2014), entonces eliminar embriones es un asesinato. Toda la actuación de la Iglesia y sus representantes políticos en el campo legal se concentró en esta orientación, particularmente desde la modificación de la Constitución de 1994 y la introducción del Pacto de San José de Costa Rica en el plexo jurídico local.
Aún después de la maravillosa acción de la Ola Verde, sufrimos el impacto de conocer la muerte de Patricia Solorza, presa por abortar, acusada de “homicidio agravado por el vínculo” y fallecida por no ser atendida adecuadamente dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Patricia no podía decir que estaba embarazada, porque su padre era un violento. Todas las formas de complicidad del Estado con la violencia hacia la mujer se concentraron en su caso. Si la Ola Verde hubiera sabido de su caso, sin dudas hubiéramos podido liberarla, como ocurrió con Belén, pero con la fuerza de muchas más mujeres movilizadas.
En 2014 también se llevaron presa a Melisa, del Alto Bariloche (la zona más pobre), cuando acababa de parir en una letrina. Melisa, de 23 años, fue detenida por el juez Ricardo Calcagno, un reaccionario amigo del poder político de Río Negro, empoderado por los Pichetto y los Wereltineck. También Melisa fue liberada por la acción del movimiento de mujeres de Bariloche. Ese mismo año conocimos otro caso, el de Soledad, en Jujuy, detenida junto a dos amigas a las que acusaron de complicidad. Santiago del Estero acumula causas escandalosas también contra las mujeres integrantes de una familia por la muerte de quien llamamos por entonces “María”, detenciones que se produjeron luego de que conquistamos la libertad para Belén.
La despenalización planteada no pondría freno al uso jurídico del “homicidio agravado”. Y tampoco a la clandestinidad como único recurso para realizarse la práctica. El gobierno de AF viene de la mano de los gobernadores responsables de colocar en las instituciones de salud y en la Justicia a los elementos clericales que conspiran contra las mujeres pobres, quienes designan a los jueces y fiscales militantes de esta causa, que luego demandarán a los médicos que intenten mitigar el daño de una violación contra una niña, como en el caso de “Lucía”, en Tucumán, iniciando causas contra los profesionales Ousset y Gigena, quienes practicaron una cesárea a la menor embarazada por su abuelastro.
Separar a la Iglesia del Estado, la tarea central
La penetración clerical es constitutiva del Estado argentino, por lo tanto, la pretensión de llevar adelante esta separación conlleva a un choque con el régimen, totalmente dependiente del poder clerical, de su rol de contención y de su absoluta gravitación en el terreno económico. Junto a esta realidad se produce un fuerte ascenso de otras ramas del cristianismo, fogoneado por el poder económico imperialista y con fuerte presencia en gobiernos como el de Brasil.
La Iglesia ocupa un status jurídico privilegiado en el ordenamiento local. Desde la Constitución, pasando por el Código Civil y terminando en leyes y decretos que los benefician. Los curas de la curia y los que ocupan parroquias en zonas desfavorables o de frontera cobran ingresos que el Estado paga por orden de “leyes” emanadas de la dictadura militar. Aunque es un monto menor dentro de los grandes beneficios económicos que recibe la Iglesia, ni siquiera estos decretos de Videla fueron anulados. Si los obispos reciben el 80% del salario de un juez ordinario, como dicta el decreto, los contribuyentes por igual estamos pagando ingresos mensuales de alrededor de 300 mil pesos al valor de hoy. El texto del Código Civil y Comercial es el fruto de un trabajo de juristas, que luego fue modificado por el clero en lo relativo al capítulo del comienzo de la vida y eliminando también un artículo sobre la subrogancia altruista de vientres. Leyes como la de educación sexual también contaron con la mirada final de la Iglesia para garantizar su seguridad jurídica a la hora de impartir una educación alejada de la ciencia y del respeto a la diversidad de géneros.
Para observar el profundo alcance que el clero tiene en el entramado de la sociedad, sólo hay que echar un vistazo al listado de integrantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (Acde), cuyo staff está integrado, a modo de ejemplo, por Federico Quintana de D’Accord SA, empresa de Sanitarios; Juan Manuel Vaquer, de la secta metodista y durante 30 años gerente de Dupont o Luis Alejandro Bameule, gerente de múltiples empresas como Accenture o Freddo.
Manejar los hilos de la economía le da a la Iglesia un poder de lobby muy superior. Cuando se concretó la media sanción en Diputados, un conglomerado de prestadoras de salud privadas salió a pronunciarse en rebeldía con el Congreso, un hecho que fue ocultado por los representantes del régimen. En sus pronunciamientos, empresas como el grupo Basterrica, San Jerónimo, Sagrada Familia, y muchos más prestadores privados que tienen mayoritariamente el monopolio de la salud mediante el sistema prepago o el sistema de obras sociales, desafiaban no solo a una futura norma, sino que confesaban que no cumplían con las actuales, en algunos casos, negándose incluso a practicar fertilización asistida, no solo abortos legales.
Las empresas de la curia y la propia Iglesia gozan de beneficios económicos millonarios. Exenciones impositivas no solo de sus negociados educativos, sino también de otros como el negocio de estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires y tantos otros en todo el país, que en la campaña electoral de la Ciudad sólo fueron denunciados por Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda, quien también tiene proyectos legislativos para derogar estos privilegios. También reciben subsidios millonarios para una función educativa que asciende, solo en la Ciudad, a 4.000 millones anuales, o a través de la tercerización paga de la asistencia social de mujeres que sufren violencia de género o de niñas y niños judicializados.
Este es el marco en el que en el ámbito de la Iglesia se producen miles de abusos a menores. El Estado es totalmente responsable de dar continuidad a esta relación de poder de una institución que tiene a más de 70 curas presos (casi todos siguen detentando estatus sacerdotal), representando esto una minoría absoluta dentro de lo que es el engranaje de denuncias que existen. El novel arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, alias “Tucho”, cuenta en su haber con ser un férreo defensor del cura Eduardo Lorenzo, confesor del cura abusador Grassi, cura de la parroquia de Gonnet y denunciado por al menos cinco casos de abusos. Ante el avance de la lucha por su procesamiento, el protegido de las dos alas del Vaticano, tanto de monseñor Aguer como de “Tucho” Fernández, se suicidó. El Estado dejó en manos de una congregación, que ya contaba con denuncias en Italia (Próvolo), el cuidado de niños hipoacúsicos en Mendoza y en La Plata, y éstos fueron violados sistemáticamente. Esta congregación llegó a nuestro país con el aval del Episcopado, que recurre a la política de traslados de curas abusadores para protegerlos de condenas judiciales o sociales. El Vaticano está repleto de estos violadores. El papa Jorge Bergoglio, cómplice activo de Julio César Grassi, responsable de traslados de abusadores en nuestro país, cómplice de la protección de Justo Ilarraz, abusador de seminaristas en Paraná, protegido durante años en Tucumán, no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para inspirar políticas progresivas.
La lucha por la separación de la Iglesia del Estado es una pelea fundamental para luchar por los derechos de las mujeres y, como se puede ver, lo es también para pelear por los derechos de las mayorías populares y para golpear a una institución que cumple un rol central en la contención social que el régimen necesita para avanzar con las políticas ajustadoras y los pactos sociales, que no tienen otro objetivo que amordazar a los trabajadores para que la burguesía recupere su tasa de beneficio.
Misoprostol en Precios Cuidados y el lobby de los laboratorios
Cuando se denuncia que Cristina Fernández bloqueó el tratamiento del aborto legal en el Parlamento durante sus mandatos, militantes pejotistas y kirchneristas responden que bajo el kirchnerismo había “misoprostol en Precios Cuidados”.
Sin embargo, la realidad es muy diferente. Bajo el kirchnerismo estaba prohibida la producción y comercialización de misoprostol para uso abortivo, por resolución delaAdministración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El Ministerio de Salud proveía a los hospitales de oxaprost, una mezcla de diclo y miso para enfermos reumáticos, producido por el Laboratorio Beta, al cual el Estado accedía a pagarle sumas millonarias, muy por encima del costo de producción y comercialización de dichas drogas.
La producción y comercialización de Miso 200 mg recién se autorizó para el laboratorio Domínguez en 2018. En medio de la gran Ola Verde, también el gobierno de la provincia de Santa Fe prometió que a fin de 2018 iba a lanzar una producción propia de misoprostol de 200 mg, algo que finalmente se puso en práctica para la distribución en los hospitales provinciales, pero no aún para su comercialización.
El Laboratorio Beta, una empresa especializada en la fabricación de productos relacionados con el reuma, ha sido una de las empresas más beneficiadas con la clandestinidad del aborto que promueve el Estado.
A raíz de que se habilitó,por parte del gobierno kirchnerista, el monopolio del uso de misoprostol en manos del laboratorio Beta, esta empresa incrementó a niveles insultantes el precio de este medicamento, que está hoy en más de 6.000 pesos (un plan social para un desocupado es de 8.000 pesos). La venta ilegal de pastillas “genéricas” que, particularmente en los barrios y villas, significaron y significan un enorme negocio, y un factor de grandes riesgos para las mujeres que gastan sumas muy importantes de dinero en productos de dudosa procedencia. La ausencia de producción nacional de medicamentos habilita todos estos atropellos.
Entonces, ¿qué hay que agradecer a CFK? Los únicos que deben agradecer a la expresidenta son los dueños del Laboratorio Beta (de Gregorio Zidar, exdirectivo de Boca Juniors bajo la conducción de Mauricio Macri), al cual se le permitió elevar los precios sin techo, luego se les pidió congelar por un tiempo, cuando ya tenía el precio recontrainflado, y se les ofreció, también, un medio de propaganda gratuita, publicitándolo dentro de los “precios cuidados”: un analgésico (de precio promedio de 200 pesos, los 16 comprimidos) y un cobertor gástrico (120 pesos, los 14 comprimidos) a 3.000 pesos (costo aproximado en 2014). Mucho menos cuando esa administración mantuvo prohibida la comercialización del misoprostol a través del ANMAT durante todo el tiempo que duró su gobierno.
La producción estatal de medicamentos (de todo tipo) es una necesidad fundamental para reducir los costos de los monopolios de los laboratorios y de las patentes, que encarecen sin techo el precio de los medicamentos.
#AbortoLegal2020 y más
El gobierno de Alberto Fernández se encuentra en medio de una crisis de pago de deuda de alcance muy peligroso. Apenas inauguradas las sesiones ordinarias, deberá pagar la deuda con el Club de París, renegociada por Axel Kiciloff cuando era ministro, a tasas altísimas. De igual manera busca llegar a acuerdos de reperfilamiento con bonistas y con el FMI, que hasta ahora no han dado ningún tipo de resultado. Lo cierto es que acaban de producir un “ahorro” de 60 mil millones de pesos con una rebaja jubilatoria feroz, como antes lo habían hecho los macristas. No repusieron la jubilación del ama de casa (deberían modificar la fecha tope que quedó congelada por la ley de 2016, llamada Omnibus, que votaron muchos de los que hoy están en el gobierno), frenaron las paritarias, dicen que buscan desindexar el salario mientras le mantienen la indexación a subsidios patronales y a los usureros internacionales. Este cuadro de situación requiere poder obtener por parte del gobierno una “agenda positiva”. Su base social reclama aborto legal y las grandes movilizaciones hicieron que el exembajador en el Vaticano y actual diputado, Eduardo Valdés, un hombre del clero, contrario a la legalización del aborto, declarara antes de fin de año que la legalización es un hecho irreversible en la Argentina. A pesar de esta realidad, el papa Francisco dio continuidad al apoyo de las negociaciones argentinas con el Fondo, tal como corresponde a uno de los artífices del frente peronista que ganó las elecciones en 2019. No obstante, la Iglesia no baja los brazos y ha montado un escenario de confrontación el propio 8 de Marzo, porque si no puede frenar la ley, al menos intentará arrancar la mayor cantidad de beneficios en el camino. La movilización callejera para enfrentar estas presiones y para arrancar la mejor ley requiere que prime la independencia del movimiento en relación con el gobierno.
La marea verde que lucha por el aborto legal fue la máxima exponente de lucha contra el macrismo durante sus cuatro años de gobierno y es el movimiento que enfrenta con mayor conciencia y decisión el ascenso evangélico junto a instrumentos fascistas, como el combate a una “ideología de género” en ascenso, que es como nominan a las mujeres que luchan y al feminismo, la presentación de los hijos como una propiedad de sus padres, acción que colabora con flagelos tales como el abuso intrafamiliar y el silencio de las víctimas, entre otras cuestiones.
El feminismo institucionalizado -incorporado al Estado, que opone al estado actual de situación “políticas públicas” que ese Estado de clase y, por lo tanto, misógino y discriminador, que extiende la pobreza y los ataques a los sectores populares, no puede cumplir- lo único que hace es debilitar y construir un espejismo reaccionario. El feminismo de la burguesía, el que gobierna, el que busca la igualdad en términos capitalistas, o sea igualdad para explotar, igualdad para representar a explotadores, igualdad para bajar jubilaciones o para pagar la deuda, no puede dar respuestas a las demandas de nuestro movimiento, aunque sí puede distraerlo y confundirlo. El feminismo que marchó el 12 de febrero ante la presencia del FMI al Congreso -bajo la consigna de “La deuda es con el pueblo”, mientras apoyaban negociaciones de un gobierno que conducirá sin atenuantes a más hambre de la que hay hoy- antepone sus intereses de sector y de clase al programa de defensa de las mujeres y de las diversidades. Esta delimitación tajante tiene, sencillamente, un contenido de clase. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, no pasó la primera prueba, llamándose a silencio en la conferencia de la Copal en Chile, compartiendo un evento sin objetivos prácticos concretos, con golpistas bolivianas, con representantes del asesino y violador de mujeres gobierno de Chile y con bolsonaristas, sin levantar la voz ni mencionar el aborto legal en América Latina y el Caribe y en apoyo a las luchadoras de todos los pueblos. El Estado capitalista lo único que puede ofrecer es funcionarias mediocres, atornilladas a protocolos de clase y cómplices de las políticas fondomonetaristas, sin vueltas.
Las consecuencias de esta complicidad son muy agudas. A 25 años de uno de los eventos más paradigmáticos de esta cooptación femenina a nivel internacional por parte de los Estados, la Conferencia de Beijing, las mujeres de América Latina son más pobres que antes o ascendieron un peldaño dentro del quintil de la pobreza extrema sobre la base de una redistribución de ingresos de hambre al interior del conjunto de la clase trabajadora del continente. Los derechos políticos obtenidos en el plano jurídico no redundaron en un mejoramiento de la situación material de las mujeres y, lejos de esto, la capitulación de la centroizquierda en América Latina habilitó el ascenso reaccionario de evangélicos y católicos en el continente.
Las calles son de las y los que luchan
Las grandes enseñanzas de 2018 están grabadas en la memoria colectiva de nuestro movimiento. Sin miles de personas en las calles no teníamos un 13J ni tampoco hubiéramos conquistado tantos votos en el Senado, empezando por el de la propia expresidenta, cuyo espacio político se negó durante doce años a tratar el tema en el Parlamento, a incluir mínimas modificaciones en el Código Penal y hasta otorgó al clero el derecho a veto sobre leyes específicas. La recuperación de la movilización callejera, el estado asambleario, y todo aquello que nos permita defender nuestra organización y programa y crecer más, será el eje de nuestro triunfo. Porque con ella y sólo con esa movilización, yendo a los barrios, lugares de estudio y de trabajo, reuniendo asambleas, vamos a conquistar nuestros derechos.
Junto a la del cambio climático, las luchas de las mujeres están en el epicentro de la agenda política a nivel mundial. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos volviendo sobre temas que fueron eje de la segunda ola del feminismo, que el avance nunca es lineal, y que el capitalismo no podrá despojarse de aquello que forma parte de su esencia, porque en su etapa de descomposición, no puede obtener un incremento de su tasa de beneficio sin destruir las legislaciones obreras, sin precarizar el trabajo y sin rebajar los costos capitalistas de inversión, que provocan la destrucción más acelerada del medio ambiente. Esta perspectiva afecta particularmente a las mujeres trabajadoras.
Conquistar el aborto legal sería un progreso en la lucha y eso siempre es inspirador para que triunfen otras peleas, no sólo en el terreno de las demandas de mujeres y disidencias.
Golpear al poder clerical es colaborar con debilitar a un cómplice fundamental del hambre en nuestro país y en el mundo.
Nuestras demandas no se agotan con una ley de aborto. Queremos todo lo que nos corresponde.
Nuestro movimiento, que tiene un amplio programa, debe conquistar su ley en las calles, no contraer deudas con nada ni nadie, avanzar en todas sus demandas y en garantizar este y todos los derechos.
Para hacer converger estas aspiraciones debemos debatir la necesidad y la urgencia del socialismo como estrategia política que debe guiar el conjunto de nuestras luchas. Desde el Plenario de Trabajadora intervenimos con fuerza en este y en todos los movimientos de lucha, con la perspectiva de transformar este régimen social de raíz.
¡Viva el gran movimiento de mujeres! ¡Viva la Ola Verde! ¡Vivan las luchas de la clase obrera!
