septiembre 2022

El triunfo de las masas en la Revolución Boliviana de 1952

Entre la insurgencia proletaria, el poder obrero y el gobierno nacionalista

Patricio Grande

Introducción

El 11 de abril se cumplió el 70º aniversario de la “Revolución Boliviana del 52”. Esta insurrección de masas ocurrida en el corazón geográfico y político del altiplano boliviano constituye uno de los acontecimientos históricos más trascendentes y extraordinarios de todo el siglo XX latinoamericano y, muy probablemente, el más importante en la historia de Bolivia. Su principal protagonista fue la clase obrera, con los combativos mineros de estaño a la cabeza. La Revolución Boliviana irrumpió velozmente en el escenario político de toda América Latina y funcionó, además, como una prueba de fuego fundamental para el movimiento trotskista internacional de posguerra.

A lo largo de estos 70 años diversos analistas y estudiosos -historiadores, académicos internacionales, intelectuales, dirigentes y cuadros políticos de diferentes corrientes, protagonistas directos de esos episodios, etc.- coindicen en señalar que aquellas jornadas de abril tuvieron el carácter de una verdadera insurgencia proletaria triunfante, que liquidó al viejo ejército del régimen de “la rosca”¹.

Sin embargo, el proletariado boliviano triunfante en abril no logró hacerse del poder y abrirse paso hacia la construcción de un Estado obrero en el corazón de América del Sur. El destino de la revolución fue otro. Su lugar fue ocupado por la pequeña burguesía local, representada en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro y de Hernán Siles Zuazo. Al final del camino, esta experiencia mostrará la incapacidad del nacionalismo burgués para llevar a cabo una profunda y amplia transformación social y económica.

Con estas particularidades parece claro que estudiar la Revolución Boliviana (y sus múltiples derivas) excede cualquier pretensión meramente “academicista”. Por el contrario, su análisis contiene también un carácter político. Así, el estudio de este rico, polémico, contradictorio y apasionante proceso histórico, y de sus lecciones y balances, deben formar parte del acervo teórico en las actuales organizaciones políticas revolucionarias de la clase obrera.

En el desarrollo del presente artículo se recuperan y analizan las principales características de la sociedad y la estructura económica boliviana entre 1935 y 1952, la intervención de las masas en las jornadas de abril de 1952, las características y contradicciones centrales del proceso revolucionario, el “problema” del poder obrero, del “doble poder”, y, finalmente, algunas de las polémicas y de los balances políticos abiertos sobre la actuación de las organizaciones trotskistas en Bolivia y sobre sus alineamientos internacionales.

Características socioeconómicas y políticas de Bolivia hacia mediados del siglo XX

Luego de la guerra del Chaco (1932-1935) se abrió en Bolivia un largo período prerrevolucionario, signado por una gran convulsión social con marchas y contramarchas, que sentó las bases para la Revolución de 1952. Para comprender este período (1935-1952), y el nuevo ciclo político que se abrió con el triunfo de la insurrección de abril, resulta importante colocar de relieve algunas características generales de la sociedad boliviana.

Según el Censo Demográfico Nacional de 1950, la población boliviana alcanzaba los 3.161.503 habitantes; de los cuales 1.703.371 eran indígenas. El 66% de la población era rural y solo un 34% residía en áreas urbanas. La principal actividad económica nacional continuaba siendo la minería desarrollada en los departamentos del altiplano (Potosí, Oruro y La Paz). Esta actividad, donde se destacaba la extracción de estaño, era controlada por tres grandes familias conocidas como los “barones del estaño” o la “rosca minera”, que acaparaban el 79% de la producción estannífera: Patiño, Hochschild y Aramayo. Para 1950 Bolivia ocupaba el segundo lugar entre los productores de estaño, antecedido por Malasia (Lavaud, 1998).

La minería ocupaba un 27% de la población económicamente activa; y hacia mediados de los años 40, el número de trabajadores mineros alcanzaba unas 50.000 personas (Mires, 2001) distribuidas en grandes campamentos o centros mineros alejados de los núcleos urbanos, como Catavi-Siglo XX, Colquiri, Huanuni, Corocoro, etc. En esos campamentos todo parecía provisorio; tanto las instalaciones como los servicios eran precarios y deficientes (Lavaud, 1998: p. 203). La expectativa de vida de un minero era muy baja, rondaba apenas los 40 años.

En el resto del país predominaba una estructura agraria basada en el régimen de colonato, donde las familias y las comunidades campesinas vivían en condiciones de miseria y de absoluta explotación. Alrededor del 70% de la población económicamente activa -cerca de 1 millón de personas- se ocupaban en el sector agrario. Predominaba el latifundio (haciendas), con una muy baja tasa de explotación de la tierra: un 6% de los propietarios, que poseían 1.000 o más hectáreas, controlaban el 92% de la tierra (Hernández, 2013). Hacia 1946 y 1947 existía en el agro boliviano un enorme descontento y una creciente movilización campesina (Gotkowitz, 2011; Wiurnos, 2014).

Por su parte, los obreros industriales representaban un número muy reducido de apenas un 4% de la población. La mayoría de los pequeños establecimientos fabriles (textiles, calzados, vidrio, etc.) se encontraban en la ciudad de La Paz. Los empleados de la administración pública constituían un 8% de la población, y pertenecían a un sector muy mal pago (Mires, 2001).

Entre la década de 1920 y los primeros años de la de 1940 las corrientes anarquistas tuvieron una notable influencia ideológica y política en el naciente movimiento obrero boliviano. El período 1927-1932 implicó el momento de mayor influencia y progreso organizativo del anarquismo en Bolivia, lo que provocó una sistemática represión estatal como respuesta al desarrollo de movilizaciones urbanas de masas (Margarucci, 2018).

Bajo estas condiciones socio-económicas, el dirigente trotskista Guillermo Lora, del Partido Obrero Revolucionario (POR), caracterizó a Bolivia como un país capitalista “semicolonial” y “atrasado”, con resabios “pre-capitalistas”, “sometido a la opresión y explotación de una fuerza internacional, el imperialismo”, y cuya economía y política se hallaba en manos del capital financiero de los grandes trust, generando un tipo de desarrollo “desigual y combinado” (Lora, 1963). En ese cuadro, Bolivia ocupaba la posición de segundo país más pobre del hemisferio, un ranking encabezado por Haití (Herbert Klein, 2003).

El período que va entre la posguerra del Chaco y la Revolución de 1952², fue un tiempo de grandes convulsiones políticas, que dio lugar a la formación de nuevos partidos, tendencias e importantes organizaciones de la clase obrera que tendrán una notable gravitación durante las siguientes décadas. Allí, por ejemplo surgieron el POR, en 1935³.; el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) -de orientación estalinista-, en 1940; el Partido Comunista Boliviano, en 1950; el MNR, en 1942, y la Falange Socialista Boliviana -de orientación fascista- (FSB), en 1937. (Rubio, 2022). Otro hito es la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en 1944, que rápidamente se colocará como la organización más consciente y combativa del movimiento obrero boliviano.

Dentro de este escenario político y social cabe destacar el Gobierno encabezado por el militar Gualberto Villarroel, entre 1943 y 1946, en cuyo gabinete se había integrado, inicialmente, el MNR. Con una orientación nacionalista/bonapartista, este Gobierno aprobó varias medidas sociales -como la abolición de los servicios de trabajo gratuito en las haciendas- y promovió la organización sindical regimentada de campesinos y de obreros.⁴

En julio de 1946 un golpe de Estado dirigido por “la rosca”, con la participación del estalinista PIR y de otros sectores agrupados en el llamado Frente Democrático Antifascista (FDA), provocó la caída y el asesinato público de Villarroel. Ante estos episodios los trotskistas del POR no tuvieron una respuesta unitaria. Por el contrario, primó la falta de homogeneidad política, y sus intervenciones fueron distintas en las ciudades más importantes del país: por ejemplo en Oruro el partido adoptó una posición de neutralidad, debido a la influencia de los mineros que simpatizaban con Villarroel; en La Paz y en Cochabamba los poristas fueron parte del levantamiento (Sándor John, 2016).

A pesar de las políticas desplegadas por “la rosca” proimperialista para conservar el poder (represiones obreras, golpes, persecuciones a dirigentes trotskistas y de otros grupos opositores, proscripciones, etc.), entre la caída de Villarroel y la Revolución de 1952 en líneas generales el descontento, la convulsión social y la lucha de clases marchó en ascenso: la movilización de los trabajadores mineros, fabriles, campesinos y sectores medios urbanos fue la característica central de la etapa.

Dentro del sexenio 1946-1952, un lugar destacado merece la “Tesis de Pulacayo”. Este documento programático, presentado por la delegación de Llallagua, fue aprobado en el Congreso Extraordinario de la poderosa FSTMB que se realizó en noviembre de 1946, en la localidad minera de Pulacayo (Potosí). La redacción original del documento estuvo a cargo del dirigente porista Guillermo Lora Escóbar, hecho que muestra la creciente inserción del trotskismo en el sector más avanzado del proletariado boliviano.

De modo general, el documento sigue la tesis y los planteos de la Revolución Permanente: sostiene que las tareas democráticas y antiimperialistas serán llevadas a cabo por la clase obrera y no por sectores “progresistas” de la burguesía, como una “fase” de la revolución social dirigida por el proletariado; el documento proclama la independencia del movimiento obrero del Estado y los partidos burgueses y denuncia el colaboracionismo reformista o de clases; además, se plantean un conjunto de reivindicadores inmediatas (de carácter transicional) de los mineros como el salario básico, las 40 horas semanales de labor, los convenios colectivos de trabajo, la ocupación de las minas, el control obrero de la producción, la apertura de los libros contables de las empresas, etc. (Hernández, 2013; Sándor John, 2016; Bidulias, 2018; Rubio, 2022).⁵

Las repercusiones y reacciones inmediatas en torno de este nodal documento fueron enormes. Por ejemplo, también en 1946 el dirigente del MNR (“ala derechista”) Walter Guevara Arze publicó un documento conocido como “Tesis de Ayopaya”.⁶ El texto, según su autor, “fue la declaración de principios del MNR (….) y una respuesta indirecta a la Tesis de Pulacayo” (Guevara Arze, 1988: p. 71). Este documento planteaba la imposibilidad de la revolución socialista y la dictadura del proletariado en Bolivia, en su reemplazo proponía “la Revolución Nacional, que no niega la lucha de clases, pero no se funda en ella”.

Como uno de los efectos prácticos más inmediatos de la Tesis de Pulacayo, en 1947 se conformó el Frente Único Proletario para competir en las elecciones generales de aquel año.⁷ Bajo la tesis de llevar un bloque obrero al parlamento y de convertir a este en tribuna revolucionaria, la FSTMB y el POR presentaron una lista de candidatos parlamentarios integrada en su totalidad por sindicalistas mineros (algunos pertenecientes al MNR) y por dirigentes poristas. El Frente Proletario, a pesar del sistema de voto calificado que regía en el país, conquistó una importantísima cantidad de bancas y conformó el “Bloque Minero Parlamentario” (BMP), compuesto por dos senadores y por ocho diputados: Juan Lechín (Secretario General de la FSTMB e integrante del MNR), Mendivil y Pérez A (Depto. de Potosí y Prov. Cercado); Lora (Prov. Bustillo); Torres (Prov. Quijarro); Vargas (Prov. Sud Chichas); Salamanca (Prov. Dalence); Costa La Torre (Prov. Pacajes); Rojas (Prov. Inquisivi) y Aspiazu (Prov. Loayza).

Si bien la experiencia del Bloque Minero fue muy breve, adquirió una relevancia mundial para el movimiento cuartainternacionalista: “Junto con Sri Lanka, y Vietnam⁸ antes de la Segunda Guerra Mundial, Bolivia fue uno de los tres países en los que voceros trotskistas hablaron desde la tribuna parlamentaria” (Sándor John, 2016: p. 138). Los tribunos obreros desarrollaron su actividad mediante la articulación de la acción directa (callejera) con la labor parlamentaria. Así, entre 1947 y 1949 el POR había logrado dirigir importantes conflictos obreros.

El BMP tuvo serios problemas y fuertes contradicciones internas que le impidieron transformarse en una herramienta adecuada para desarrollar una clara delimitación política del nacionalismo. Empero, como explica el propio Guillermo Lora “uno de los mayores méritos del Bloque Minero radica en haber llevado hasta los trabajadores la enseñanza de la experiencia sangrienta y dolorosa, en sentido de que no deben esperar que el parlamento solucione sus problemas vitales”. Finalmente, en 1949 el Bloque Minero fue expulsado del Parlamento e ilegalizado en medio de una escalada represiva de “la rosca”, con importantes masacres en las minas. Lora fue obligado a exiliarse⁹ junto a otros dirigentes.

Ese año comenzó el declive del POR y el crecimiento de la influencia del MNR en el movimiento obrero. Ello se debió a la conjunción de varios factores, como: la creciente represión gubernamental de 1949 y 1950; las debilidades organizativas en su estructuración partidaria; el desarrollo de una estrategia de “colaboración” o “seguidismo” político al MNR, que además careció de una delimitación dentro de un movimiento de lucha en común, relegando así la disputa por la dirección política de las masas; y, centralmente, las intricadas condiciones en que se desarrollaba el movimiento trotskista mundial¹⁰ bajo la dirección del Secretariado Internacional reconstituido en París desde 1946 (Bidulias, 2018), en el cual, además, la sección boliviana se encontraba en una situación de relativo aislamiento geográfico.

El triunfo de las masas en abril de 1952

En las elecciones presidenciales realizadas en junio de 1951, con un 43% de los votos triunfó el binomio Paz Estenssoro (en el exilio) – Siles Zuazo, del MNR.¹¹ Sin embargo, el oficialismo, encabezado por el presidente Mamerto Urriolagoitia, no reconoció los resultados electorales y promovió un autogolpe, entregando el poder a una Junta Militar. La maniobra fue conocida como el “Mamertazo”.¹²

Algunos meses después de este episodio, el MNR organizó un golpe de Estado, con la ayuda del general Antonio Seleme (jefe del Cuerpo de Carabineros de La Paz) y de la Falange Socialista Boliviana. La maniobra se concretó el 9 de abril. Empero, el golpe encontró la resistencia del Ejército, la retirada de la FSB y abrió una crisis política que favoreció la intervención directa de trabajadores mineros y fabriles durante los días subsiguientes, dando curso a un auténtico proceso insurreccional-revolucionario, con el proletariado como su principal protagonista.

El 11 de abril los mineros de Milluni (La Paz) y de Oruro, armados con dinamita, bajaron a La Paz. En algunas pocas horas el proletariado logró doblegar al Ejército “rosquero”, ocupar los cuarteles y apoderarse de las armas (ametralladoras, rifles, etc.). En cuestión de horas el Ejército regular quedó literalmente destruido, en ruinas. En su lugar, se pusieron en pie las milicias obreras. Este hecho es un elemento central y distintivo de la Revolución Boliviana.

El jefe emenerista, Walter Guevara Arze, describe ese momento de la siguiente manera:

“Lo único que había en ese momento como grupo capaz de imponerse por la fuerza eran las milicias armadas de los mineros de Milluni y otros distritos próximos que llegaron apresuradamente a La Paz. El nuevo gobierno estaba a merced de ellos. Ese era el momento histórico preciso y apropiado que podía aprovechar el sindicalismo revolucionario para instaurar un gobierno de la clase con la consiguiente dictadura obrera-campesina” (Guevara Arze, 1988: p. 78).

Sin embargo, la historia fue otra. Según la versión (interesada) del porista Hugo González Moscoso, Juan Lechín, que había jugado un papel central en el levamiento, “entregó el poder” a Siles Zuazo (Sándor John, 2016). Algo similar sostuvo Guevara Arze: “Fue el apoyo de los dirigentes sindicales responsables (…), gracias a esa decisión, el alzamiento popular de abril no se precipitó (…) en una dictadura de clase (…), un gobierno obrero-campesino” (Guevara Arze, 1988: p. 80). Con esto, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿se podía esperar otra acción política de un dirigente emerista como Lechín?

Lo concreto fue que el 15 de abril Paz Estenssoro retornó de su exilio en Argentina y ocupó la presidencia de la nación. Dos días después se fundó la Central Obrera Boliviana (COB), que nucleó a los principales sindicatos del país. Con la FSTMB como su piedra basal, se constituyó en el auténtico órgano de poder de un proletariado en armas. Lechín fue designado al frente del COB, como su Secretario Ejecutivo. Guillermo Lora describió este excepcional momento histórico de la siguiente manera: “Hemos sostenido que en ese período Paz no era más que un prisionero de la COB” (Lora, 1963). Esta situación expone la existencia, concreta y real, de un poder dual¹³ durante estos primeros días revolucionarios. No obstante, con el correr de las semanas el poder se iría inclinando en favor del partido (policlasista) MNR. Sobre este medular tema se profundizará en las siguientes páginas, destinando un acápite específico para su análisis.

Una cuestión interesante, y con ciertas polémicas, es la participación del POR durante las jornadas de abril. Si bien es un hecho conocido que los trotskistas bolivianos lucharon en las barricadas (y días después intervinieron activamente en la formación de la COB y en las luchas campesinas de Cochabamba)¹⁴, hay versiones contrapuestas sobre la participación orgánica u organizativa del POR entre el 9 y el 11 de abril. Guillermo Lora, quien ya era uno de sus máximos cuadros dirigentes, se encontraba en el exilio europeo y el partido aún no se lograba recuperar de la represión sufrida en 1949-1950.

Sándor John recupera y analiza diversos testimonios que exponen versiones contradictorias de los hechos: por ejemplo, el propio Lora expuso, algunos años después, que durante las jornadas de abril el POR no intervino de una manera coordinada, sino que lo hicieron sus militantes de forma aislada. En contrastaste, un informe interno del POR (de abril del 52) señalaba: “nuestro partido se hizo presente en los acontecimientos, buscó fijar un objetivo concreto de la lucha armada de las masas y publicó una declaración” (Sándor John, 2016: p. 178).

Durante los meses que siguieron a la insurrección, bajo la presión de obreros y de campesinos movilizados y armados, el Gobierno de Paz Estenssoro dictó las siguientes medidas fundamentales: el sufragio universal (1952); la nacionalización parcial -con indemnización- de la gran minería y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (1952); y una reforma agraria parcelaria y moderada, que no se propuso afectar al conjunto de la gran propiedad gamonal (1953).

Si bien estas medidas centrales del Gobierno movimientista fueron bastantes modestas, y lejos se encontraban intentar atacar la raíz profunda del régimen social de explotación, no dejaron de ser una conquista de las propias masas explotadas, pero colocadas, en última instancia, al servicio de preservar de los intereses de la burguesía nacional y contrarias la formación de un Estado obrero y campesino.

El “problema” del poder obrero y la intervención de la izquierda luego de la insurrección

En la clásica obra de Liborio Justo¹⁵, “Bolivia: la revolución derrotara…”, su autor presenta algunas de las razones y principales medidas (contrarrevolucionarias) adoptadas rápidamente por el nacionalismo (MNR) para reducir y, finalmente, destruir el poder de la COB y, por extensión la situación de “doble poder”: 1. Acallar la oposición trotskista (con la complicidad del estalinismo); 2. La liquidación de las milicias obreras de la COB; 3. La “concesión” del voto universal, valiéndose del voto campesino para estrangular a los obreros; 4. La anulación y la burocratización del control obrero con derecho a veto que se había establecido en las minas; 5. La reorganización del ejército regular, decretada en julio de 1953 bajo el pretexto de crear un Ejército de la Revolución Nacional.¹⁶

También Liborio Justo planteó en su obra una crítica profunda a las direcciones de todos los partidos marxistas que

“(…) aparecían como revolucionarios, inclusive los trotskistas (…) que se presentaban como los más avanzados, en ese momento ignoraron la circunstancia fundamental de la dualidad de poderes que se había establecido el 9 de abril de 1952 y, en lugar de exigir que dicha dualidad se resolviera a favor del proletariado (…) se contentaron con que la COB designara a sus burócratas como ministros ‘obreros’ de Paz Estenssoro, estableciendo lo que se dio a llamar el ‘cogobierno’ (Justo, 2007: p. 259).

Sobre esta nodal cuestión, años más tarde el propio Guillermo Lora (protagonista directo de los acontecimientos) realizó el siguiente balance:

“No cabe duda de que la dualidad de poderes planteaba la posibilidad de que los explotados se convirtiesen en clase gobernante. La falta de una clara compresión del problema impidió que el objetivo estratégico de la conquista del poder fuese formulado con la debida claridad y oportunidad. En los documentos poristas es posible encontrar una respuesta confusa a la cuestión, que se tornó incomprensible para el grueso de la masas” (Lora, 1982: p. 182).

El historiador Juan Luis Hernández, afirma:

“(…) no existió un partido u organización política que planteara con claridad que la dualidad de poderes se resolviese a favor de la COB. El Partido Comunista (…) apoyaba abiertamente al Gobierno, y el POR no cuestionó la participación de los dirigentes obreros en el gabinete. Su estrategia inicial fue defender al Gobierno ante las amenazas imperialistas, desarrollar una política de ‘apoyo crítico’ y exigir la radicalización de las reformas propuestas, con el objeto de presionar el ala izquierda del MNR. Al no surgir una dirección obrera que buscase conscientemente resolver la dualidad de poderes a su favor, se trabó la posibilidad de avanzar en la revolución social, imponiéndose finalmente la política del Gobierno” (Hernández, 2015).

En esa dirección de análisis, Sándor John sostiene que “no hay indicios de que los voceros del POR dentro de la COB se hayan opuesto a la participación de Lechín y Butrón en el gabinete. Al contrario, el POR la presentó como una conquista del movimiento obrero” (Sándor John, 2016: p. 186).

Pablo Rieznik, en su análisis sobre la intervención y la orientación adoptada por el POR, llega a la conclusión de que:

“El POR se quebró bajo las presiones de la clase enemiga y se transformó en apéndice del MNR; es decir, del nacionalismo burgués. El trotskismo abandonó posiciones ya conquistadas, convirtió a las tesis de Pulacayo en una referencia literaria y las dejó de lado, cuando podía basarse en estas como punto de partida de una acción revolucionaria” (Rieznik, 1991).

El historiador Pierre Broué, en un artículo publicado por primera vez en 1983, explica:

“En cuanto al POR, que a principios de abril de 1952 era un partido muy reducido y, sobre todo, carecía de recursos materiales, no entendió bien la situación. Incluso en su dirección había algunos que se hacían ilusiones en la izquierda del MNR, como Lechín, a quien la burguesía había colocado allí precisamente para ese fin. El POR no planteó la consigna ‘Todo el Poder a la COB’. Cojeaba detrás de Lechín, quien hablaba de ‘controlar’ el Gobierno, en momentos en que el Gobierno excluía sistemáticamente a la COB de los puestos de poder, y fomentaba el doble proceso de integrarla al aparato gubernamental y burocratizarla.

Pronto, un ala revisionista en la dirección del POR apoyó la idea de que las masas bolivianas tomarían el poder dentro del marco de sus organizaciones existentes, lo que, en términos reales, significaba bajo la dirección del ala izquierda del MNR. Esta crisis del POR abrió la puerta a la política de estabilización y al contraataque del MNR” (Broué, 1992).

En síntesis, durante las semanas/meses decisivos que siguieron a la revolución triunfante del 11 abril, no hubo ninguna corriente revolucionaria (en el orden nacional y dentro de la Cuarta Internacional) que haya planteado la consigna de “todo el poder a la COB”, ignorando claramente, y de fondo, la existencia de un doble poder en Bolivia: es decir el poder de la burguesía, representado en el MNR, por un lado, y un poder del proletariado, encarnado en la COB, por el otro.

En ese derrotero, Nahuel Moreno y su corriente, recién plantearon esta consigna en 1953, es decir muy tardíamente (Magri, 1991). En mayo de 1952, Moreno había recomendado a los trotskistas bolivianos integrarse al Gobierno de Paz Estenssoro: “Exigid la integración del Gobierno de Paz Estenssoro con ministros obreros elegidos y controlados por la Federación de Mineros y la nueva Central Obrera. Exigid a vuestros ministros obreros el fiel y rápido cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la FSTMB” (Frente Proletario, 29/5/1952).¹⁷

La sostenida línea de adaptación de los poristas hacia el “ala izquierda” del MNR y de “apoyo crítico” al nuevo régimen, preparó el camino para una crisis interna que estallaría en 1954-1955.¹⁸ Esta estrategia de adaptación fue, ni más ni menos, la orientación oficial dada desde la dirección de la Cuarta Internacional, encabezada por el dirigente greco-chipriota Michel Raptis (cuyo seudónimo era “Pablo”). Así, la orientación de los trotskistas bolivianos entre 1951 y 1953 proseguía, al menos en sus aspectos centrales, las tesis -revisionistas y liquidacionistas- “pablistas” aprobadas en el III Congreso (1951) de la Cuarta Internacional (Villordo, 2022).

La siguiente década (1954-1964) estará signada por el fracaso del programa del emenerista. El Gobierno nacionalista no logró concretar “tareas democrático-burguesas” elementales, como: la emancipación del imperialismo estadounidense¹⁹, mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales, desarrollar económicamente el país; no resolvió la “cuestión nacional” e “indígena” ni el profundo racismo arraigado en las oligarquías blanco-mestizas. Finalmente, en 1964 el segundo Gobierno de Paz Estenssoro caerá a manos de un golpe militar (liderado por su vicepresidente, René Barrientos) perpetrado por el mismo Ejército contrarrevolucionario que el MNR había fundado una década atrás.

Algunas conclusiones

A lo largo del presente artículo se expusieron y analizaron algunas de las principales características de la Revolución Boliviana de 1952, muy posiblemente, el acontecimiento más importante en la historia de Bolivia, desde su creación en 1825 hasta el presente.

Aquel 11 de abril del 52, el proletariado boliviano logró derrotar al Ejército “rosquero”, apoderarse de los cuarteles y poner en marcha las milicias obreras. Seis días después de la insurrección, las masas subvertidas fundaron la Central Obrera Boliviana, un órgano del poder obrero con rasgos “sovietistas” que materializaba una situación de doble poder. Por aquellos días, la COB era la única autoridad real para las mayorías nacionales.

Sin embargo, y de un modo dramático, el proletariado boliviano no logró hacerse del poder y abrirse paso hacia la construcción del primer Estado obrero y campesino en la historia del continente americano. Como pudo observarse aquí, no existió en ese decisivo momento, donde la historia se acelera, un partido político que planteara con claridad que la dualidad de poderes se resolviese a favor de la COB, que los órganos de poder obrero se ensanchen, que se acentúe el doble poder y se creen así las condiciones para la toma del poder por parte del proletariado.

En ese derrotero los trotskistas del POR (bajo la orientación y presión de la dirección “pablista” de la Cuarta Internacional), debido a problemas organizativos, pero, fundamentalmente, a decisiones del orden político, se diluyeron y se adaptaron a la llamada “ala izquierda” del MNR y dieron su “apoyo crítico” al nuevo régimen.

Este hecho coloca de relieve la ausencia de un partido, estructurado entre las masas, que durante este proceso histórico haya sido capaz de orientar a los organismos de poder obrero, bajo la independencia política del proletariado, hacia un rumbo revolucionario. No obstante, como dice el viejo refrán, tampoco es cuestión de “tirar al niño con el agua sucia”. Como se vio aquí, la experiencia de la rica Revolución Boliviana dejó importantísimas lecciones y aprendizajes políticos que ameritan ser reconsiderados y analizados historiográfica y políticamente.

A modo de cierre, cabe manifestar que el estudio, la compresión y las lecciones de este complejo y extraordinario proceso histórico, que constituye una las experiencias políticas más elevadas de las clases y capas explotadas del mundo entero, es una herramienta imprescindible para la formación teórica de las nuevas generaciones de militantes que integran (e integrarán) las filas de la izquierda clasista, revolucionaria, internacionalista y socialista. Ello, bajo el actual escenario sociopolítico de grandes rebeliones y protestas populares que recorren América Latina como respuesta de las masas ante el intento de los Gobiernos de descargar la crisis capitalista sobre sus espaldas.

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